Sentencia 2006-00039/39881 de marzo 10 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “B”

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Proceso: 85001233100020060003901 (39881)

Actor: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional

Demandado: Herney Fernando Abril

Acción: Repetición

Bogotá D.C., diez de marzo de dos mil diecisiete

Extracto: «II. Consideraciones.

Previo a resolver el presente asunto, se hará un análisis de los presupuestos procesales (i) y se formulará el problema jurídico (ii). Posteriormente, se identificarán los hechos probados (iii) con el fin de determinar si hay lugar a imputar responsabilidad a la parte demandada (iv).

I. Presupuestos procesales.

1. Jurisdicción y competencia.

De conformidad con el artículo 82 del C.C.A., modificado por la ley 1107 de 2006, para que la jurisdicción administrativa conozca de un asunto debe verificarse que una de las partes del litigio o controversia sea de naturaleza pública. En este caso, se tiene que la entidad demandante es la Nación —Ministerio de Defensa — Policía Nacional.

2. Competencia:

Esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación, puesto que el numeral 1º del artículo 129 del C.C.A., con las modificaciones del artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 1º de la Ley 954 de 2005, le asigna el conocimiento en segunda instancia, entre otros asuntos, de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por parte de los tribunales administrativos.

3. Caducidad:

El término para formular pretensiones relativas a repetición está contemplado en el artículo 11 de la Ley 678 de 2011, con arreglo al cual el mismo será de dos años que se contarán a partir del día siguiente al de la fecha del pago total efectuado por la entidad pública.

De modo que la demanda fue interpuesta en tiempo, vale decir dentro del término señalado por la ley, porque para la fecha en la cual se instauró, 1 de febrero de 2006, no había transcurrido todo el plazo legal para su presentación, toda vez que el pago fue efectuado 17 de febrero de 2004 (fl. 41 cdno. primera instancia).

4. Legitimación en la causa:

Las partes se encuentran legitimadas, toda vez que el demandante, la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional es la entidad administrativa que fue condenada a la reparación patrimonial por un daño antijurídico que le fue imputable y el accionado es el agente a quien ella endilga la conducta dolosa o gravemente culposa que desencadenó dicha condena.

III. Problema jurídico.

El problema jurídico consiste en establecer si se deducen o no los presupuestos para la procedencia de la acción de repetición en contra del señor Herney Fernando Abril y la declaración de responsabilidad patrimonial del mismo frente al Estado, por los hechos a que se refiere él presente proceso.

IV. Análisis de la Sala.

Como los hechos sub examine tuvieron lugar el 20 de mayo 2000, se impone su análisis con arreglo a lo dispuesto por los artículos 77 y 78 del Decreto-Ley 1º de 1984, Código Contencioso Administrativo, normas que en su momento previeron en consonancia con el inciso segundo del artículo 86 eiusdem la acción de repetición.

En efecto, según las voces del citado artículo 77 del C.C.A., sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a la Nación y a las entidades territoriales o descentralizadas, o a las privadas que cumplan funciones públicas, los funcionarios serán responsables de los daños que causen por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones.

En consonancia con dicho mandato, el artículo 78 eiusdem determinó que los perjudicados podrán demandar, ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo según las reglas generales, a la entidad, al funcionario o a ambos y que si llegase a prosperar la demanda contra la entidad o contra ambos y —además— se consideraba que el funcionario debía responder, en todo o en parte, la sentencia dispondría que satisficiera los perjuicios de la entidad. Pero al efecto dejó en claro que en este caso la entidad debía repetir contra el funcionario por lo que le correspondiere(1).

En tal virtud, al tenor de lo previsto por los citados artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo, para que una entidad pública pueda ejercer la acción de repetición se deben presentar las siguientes condiciones dé aplicación de estos preceptos: (i) La condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular; (ii) el pago efectivo a la víctima del daño y (iii) la conducta dolosa o gravemente culposa del agente como factor determinante de la condena.

Tal y como ha señalado esta Corporación(2), criterio que hoy reitera, en los preceptos antes mencionados se facultó a la entidad pública condenada en sede judicial, para repetir contra el funcionario que con su conducta dolosa o gravemente culposa hubiera ocasionado la condena. Además, se puso de manifiesto que en el evento de la declaratoria de responsabilidad, la sentencia siempre dispondría que los perjuicios fueren pagados por la entidad, rompiendo con el concepto de la responsabilidad solidaria que traían tanto el Decreto - ley 150 de 1976 como el Decreto extraordinario 222 de 1983; referidos exclusivamente al ámbito contractual.

6. De otro lado, en desarrollo del artículo 90 superior la Ley 678 de ;2001 se ocupó de regular los aspectos sustanciales de la acción de repetición(3) y al efecto no sólo previó lo relativo al objeto, noción, finalidades y deber de ejercicio de esta acción, sino que además —al tratar el presupuesto del dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del agente— consagró en sus artículos 5 y 6 una serie de definiciones y de “presunciones legales” en las que estaría incurso el funcionario, lo cual por supuesto tiene una incidencia enorme en el ámbito probatorio(4).

A tiempo que reglamentó asuntos procesales como los atinentes a jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, caducidad, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución y las medidas cautelares en el proceso.

7. Ahora bien, la Sala ratifica(5) que los hechos y actos ocurridos bajo el imperio y vigencia del régimen jurídico precedente a la expedición de la Ley 678 de 2001, potencialmente constitutivos de la acción de repetición contra funcionarios o exfuncionarios o particulares en ejercicio de función pública, tenían un régimen integrado por varias disposiciones que si bien no estaban contenidas en un solo cuerpo normativo, como hoy sucede, permitían exigir la responsabilidad del agente del Estado.

8. La situación descrita plantea, inevitablemente, un conflicto de leyes en el tiempo d nado de un tránsito normativo para el que el legislador de 2001 no previó medida alguna. Asunto que ha sido ampliamente tratado por la jurisprudencia que tiene determinado que los mismos continúan rigiéndose por la normatividad anterior, sobre todo si se tiene presente que este tipo de procesos supone un estudio de la responsabilidad subjetiva del agente, que impone el respeto del artículo 29 constitucional, que contempla la garantía universal según la cual nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa. Derecho fundamental solemnemente expuesto en el artículo 7º de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 26 de agosto de 1789, que siguió las enseñanzas de Locke, padre del liberalismo filosófico(6). Al efecto, la jurisprudencia ha precisado que:

a) Si los hechos o actos que originaron la responsabilidad patrimonial del servidor público, son posteriores a la vigencia de Ley 678 de 2001, para determinar y enjuiciar la falla personal del agente público será aplicable esta normativa en materia de dolo y culpa grave, sin perjuicio de que dada la estrecha afinidad y el carácter “civil” que se le imprime a la acción en el artículo 2 de la misma ley, excepcionalmente se acuda al apoyo del Código Civil y a los elementos que doctrinal y jurisprudencialmente se han estructurado en torno a la responsabilidad patrimonial por el daño, en lo que no resulte irreconciliable con aquella y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (arts. 6, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política).

b) Si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la demanda y posterior condena contra la entidad, fueron anteriores a la expedición de la Ley 678 de 2001, las normas aplicables para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta del agente público que es la fuente de su responsabilidad patrimonial frente al Estado.

c) Por consiguiente, si los hechos o actuaciones que dieron origen a la demanda y su posterior condena, son anteriores a la Ley 678 de 2001, la normatividad aplicable será la vigente al momento de la conducta del agente público, que correspondía a los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo(7).

De manera que lo relativo a la culpa grave o dolo en la conducta del agente público, se debe estudiar de conformidad con las normas vigentes a la fecha o época en que se presentaron las acciones u omisiones que dieron lugar al fallo contra el Estado y que desencadenó la responsabilidad y el ulterior pago a la víctima del daño.

9. En cuanto refiere al ámbito procesal, por el contrario, por tratarse de normas de orden público rigen hacia el futuro con efecto general e inmediato y, por lo mismo, prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deban empezar a regir, conforme lo pregona el artículo 40 de la Ley 153 de 1887. De ahí que las nuevas disposiciones instrumentales de la Ley 678 de 2001 se aplican a los procesos iniciados con posterioridad, como sucede en el sub lite(8).

Evaluación de las condiciones de procedencia de la acción de repetición en el sub lite. 

De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso en punto de los elementos de la responsabilidad objeto de estudio, se tiene lo siguiente:

Primer presupuesto: La condena a la entidad pública a reparar un daño antijurídico

14. El primer presupuesto para que haya lugar a la procedencia de este medio de control consiste en que el Estado se haya visto compelido a la reparación de un daño antijurídico, por .virtud de un fallo condenatorio. Circunstancia que está acreditada en el plenario.

En efecto, se encuentra demostrado que la entidad pública demandante fue declarada patrimonialmente responsable mediante sentencia del 5 de septiembre de 2002 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare que declaró la responsabilidad de la Nación —Ministerio de Defensa— Policía Nacional por los perjuicios ocasionados a los demandantes con motivo de las lesiones sufridas por el señor Luis Alberto Solano el 20 de mayo de 2000 y la condenó al respectivo pago.

Así consta en las copias auténticas aportadas al proceso de dicha providencia (fls. 42 a 56 cdno p.pal).

Segundo presupuesto: El pago efectivo a la víctima del daño

15. La segunda condición de aplicación de los mandatos que gobiernan la materia es la prueba del pago de la condena impuesta a la entidad pública en una sentencia en su contra y con base en la cual se sustenta la acción de repetición incoada. Presupuesto que también se configura en el sub lite.

La Sala reitera el criterio sentado en punto a la forma y la carga que pesa sobre el actor para acreditar dicho pago:

El artículo 1625(9) del Código Civil establece una enumeración, no taxativa, de los modos de extinción de las obligaciones dado que toda obligación está llamada a ser cumplida y por lo tanto a extinguirse a través de la ejecución de la prestación debida(10). Dentro de ese listado previsto en la norma está contemplado el pago(11), modo de extinción de la obligación entendido como la ejecución total da la prestación debida. Es decir, para que exista el pago es menester la preexistencia de una obligación entendida como el vínculo jurídico existente entre dos sujetos de derecho, en la cual se busca la satisfacción del acreedor y la liberación del deudor a través de la materialización de una prestación(12) de dar, hacer o no hacer.

Y, respecto de ésta relación jurídica y de su extinción, el artículo 1757 del Código Civil señala que ‘Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta’ O sea, que el acreedor deberá probar la existencia de la prestación con miras a hacerla valer ante su deudor y contrario sensu, el deudor debe probar la extinción de la misma, es decir, su liberación como sujeto pasivo dentro de la relación obligacional.

En otras palabras, el acreedor debe demostrar el surgimiento de la obligación con la prueba del hecho jurídico generador de la misma y el deudor debe demostrar la ocurrencia del hecho extintivo, lo que aplicado en el caso en concreto, para efectos del cumplimiento de los requisitos de la acción de repetición se materializa en el deber, por parte de una entidad pública de probar el pago efectivo de la indemnización contenida en una sentencia a la víctima.

Por consiguiente, al analizar el artículo 1626 del Código Civil ‘...el pago efectivo es la prestación de lo que se debe...’ con lo cual se extingue la obligación, en consonancia con el artículo 1757 ibídem en el que se señala que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta; se concluye que corresponde a la entidad demostrar el pago, y en virtud de esa carga aducir, dentro de las oportunidades legales, los elementos de convicción al proceso, que permitan al juez llegar a la veracidad de la ocurrencia de este acto por parte del Estado, en este caso por una conciliación aprobada judicialmente.

En materia probatoria, a pesar de la consagración del principio de libertad probatoria y de apreciación conforme a las reglas de la sana crítica, la prueba por excelencia del pago, es de conformidad con nuestro Código Civil, la carta de pago,(13), y en derecho comercial, el recibo(14), documentos que reflejan que la obligación fue satisfecha.(15) (...)(16).

Aplicadas las reflexiones que anteceden al sub examine, se advierte que está acreditado en el plenario que la entidad pagó a la víctima del daño las sumas correspondientes a los valores ordenados en la sentencia condenatoria dentro del proceso de reparación directa, con las copias de los siguientes documentos aportados al proceso:

a) copia auténtica de la Resolución 00567 de 18 de diciembre de 2003, expedida por el Director Administrativo y Financiero de la Policía Nacional “Por medio de la cual se ordena el pago de sentencias”, a través de la cual se dispuso pagar a favor del señor Luis Alberto Solano García la suma de $80.131.565.01 (fls. 37 a 40 cdno. primera instancia).

b) copia auténtica del comprobante de egresos donde se registra la orden de pago 11224 para “atender sentencias varios beneficiarios Res. 567/18/12/03 radicado 114 S 02 Actor Luis Alberto Solano García” por el valor indicado en la resolución arriba citada (fl. 41 cdno. primera instancia).

c) copia simple del recibo de consignación por el valor dispuesto en la resolución 00567 de 18 de diciembre de 2003 (fl. 41 cdno. primera instancia).

Copia simple que es valorada, por cuanto estuvo a disposición de las partes y no fueron tachadas de falsas. La Sección Tercera de esta Corporación en fallo de unificación de jurisprudencia(17), consideró que las copias simples tendrán mérito probatorio, en virtud de los principios constitucionales de buena fe y lealtad procesal, en tanto se hayan surtido las etapas de contradicción y su veracidad no haya sido cuestionada a lo largo del proceso. Adujo la Sala que una interpretación contraria, implicaría afectar el acceso a la administración de justicia y la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal.

Tercer presupuesto: La conducta dolosa o gravemente culposa del agente.

Como ya se precisó, además de los dos presupuestos anteriormente analizados, es menester acreditar que la actuación del agente —que originó la condena contra el Estado— es imputable a título de dolo o de culpa grave.

Sobre el alcance de dichos conceptos la Sala, a partir de lo prescrito por el artículo 63 del C.C., la doctrina y la jurisprudencia tiene determinado que la “culpa” es la conducta reprochable de un agente que generó un daño antijurídico, no querido por él, pero que se desencadena por omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado, al no prever los efectos nocivos de su acto o, cuando habiéndolos previsto, confió imprudentemente en poder evitarlos. Y reviste el carácter de “culpa grave” aquel comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, al paso que el dolo es asimilado a la conducta realizada con la intención de generar un daño a una persona o a su patrimonio: Una y otra nociones, que aunque propias del ámbito del derecho común, deben ser acompasados con la órbita del servidor público, esto es, a la luz del “principio de legalidad”(18):

Al no haberse precisado o definido legalmente, de manera específica para efectos de la acción de repetición, los conceptos de ‘culpa grave’ y ‘dolo’, la jurisprudencia (...) acudió inicialmente a la noción recogida y desarrollada por el ordenamiento civil, en cuyo artículo 63 (…) se distingue entre la culpa grave, la culpa leve y la culpa levísima, para efectos de señalar que culpa o negligencia grave es el descuido en que ni siquiera incurrirían las personas negligentes o de poca prudencia en el manejo de sus propios negocios. Así mismo, el aludido artículo 63 precisa que en materia civil esa culpa se equipara al dolo que, a su vez, se concibe como ‘la intención positiva de inferir injuria a la persona o a la propiedad de otro’.

(…)

En términos generales la doctrina autorizada ha sostenido, que el dolo hace referencia a ‘la intención dirigida por el agente del Estado a realizar la actividad generadora del daño’, mientras que la culpa grave tiene que ver con ‘aquella conducta descuidada del agente estatal’, causadora del daño que hubiera podido evitarse con la diligencia y cuidado que corresponde a quien debe atender dicha actividad en forma normal.(19).

De ahí que en sede de repetición la responsabilidad del agente sólo puede predicarse en la medida en que se compruebe su actuación dolosa o gravemente culposa.

En tal virtud, el juez de la acción de repetición debe evaluar la conducta del agente público a la luz de las nociones de culpa grave o dolo para determinar si hay lugar a atribuirle responsabilidad, a través de un juicio de valor de su conducta.

Una nueva evaluación de la conducta del agente.

Debe subrayar la Sala que el apelante no le asiste razón cuando afirma que uno de los presupuestos para que prospere la presente acción de repetición es que un proceso anterior se hubiere indicado que el llamado en repetición actuó con culpa grave o dolo.

Recuérdese que la acción de repetición es una acción autónoma que tiene justamente como propósito determinar si la conducta del agente que dio lugar a una sentencia condenatoria patrimonial en contra del estado fue dolosa o gravemente culposa. De aceptarse la tesis del actor, la acción de repetición no tendría razón de ser pues el juez ya no podría, dentro del ejercicio autónomo de su función jurisdiccional, hacer una valoración de la conducta del agente sino ser simplemente un ejecutor de lo dispuesto en el proceso ordinario que llevó a una condena en contra del Estado.

Establecido lo anterior, y al descender estas consideraciones al caso que se estudia, se tiene que de conformidad con el acervo probatorio allegado al proceso aparece acreditado que el accionado actuó con dolo al causar los daños al señor Solano.

A esta consideración llega la Sala al observar que el demandado confesó haber agredido físicamente, estando en estado de embriaguez, a su víctima con ayuda del bastón de mando.

En efecto, la Nación —Ministerio de Defensa— Policía Nacional al exponer el hecho segundo de la demanda indicó:

2. En desarrollo de la prestación de su servicio militar, el día 20 de mayo de 2000, el conscripto Solano se encontraba en el casino del comando de policía de Yopal. De repente llegó al lugar otro auxiliar de nombre Herney Fernando Abril quien por encontrarse en estado de embriaguez, comenzó una discusión que terminó en una inusitada agresión física con ayuda del bastón de mando que causó graves lesiones en la persona de Solano” (resaltado fuera texto) (fl. 1 cdno. primera instancia).

Y al contestar la demanda, el demandado señaló que lo arriba señalado era cierto, así:

Ante los hechos:

(...)

Al segundo: Es cierto

La Sala debe indicar que la confesión hecha reviste las características que el ordenamiento jurídico exige para que ella pueda tener valor probatorio pues la confesión hecha por el apoderado judicial se presume autorizada para la demanda y las excepciones y las correspondientes contestaciones. En efecto, el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil señala sobre la confesión por apoderado judicial:

“ART. 197.—Confesión por apoderado judicial. La confesión por apoderado judicial valdrá cuando para hacerla haya recibido autorización de su poderdante, la cual se presume para la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones y la audiencia de que trata el artículo 101.

En este sentido, la doctrina ha considerado que:

El artículo 197 habla de la confesión por apoderado judicial prescribiendo que para hacerla se requiere de autorización del poderdante, la que, sin embargo, se presume para la demanda y para las excepciones, las correspondientes contestaciones y la audiencia de que trata el artículo 101; esto es, si el apoderado judicial confiesa en la demanda o en la contestación, aunque no medie autorización expresa, se tiene como tal(20).

En este orden, para la Sala resulta evidente que al confesar la agresión física, bajo los efectos del alcohol y utilizando un elemento contundente para golpear en la cabeza al señor Luis Alberto Solano, el señor Henry Abril tuvo la intención positiva de causar las lesiones que dieron lugar a la sentencia condenatoria en contra de la hoy actora.

Si bien hacen parte del plenario otras pruebas, como lo son la sentencia condenatoria a la demandante dentro del proceso de reparación directa en la que se encontró acreditada, —la agresión que en el presente proceso confiesa el demandado—; parte del libro de minutas de anotaciones —donde se dejó constancia de la agresión —y distintas certificaciones— por ejemplo, del Instituto de Medicina Legal y de la propia entidad demandante; ninguna de ellas tiene vocación para desvirtuar el valor probatorio de la confesión hecha.

Al contrario, las pruebas obrantes en el plenario permiten a la Sala concluir que hubo dolo en la conducta desplegada por el demandado.

En efecto, en el libro de minutas se registró lo sucedido el día 20 de mayo de 2000 y se indicó, de manera clara, que el señor Henry Fernando Abril agredió con bastón de mando al señor Luis Alberto Solano. En el citado libro de minutas, se lee:

200500: Hora: 17.20: asunto (inentendible). Anotaciones: A la hora se presenta un altercado entre dos A Bachilleres cuando el auxiliar Abril golpeó al AB Solano con el bastón de mando quedando aturdido” (fl. 63 cdno. primera instancia) (negrilla fuera de texto)

200500: Hora: 17.35: asunto. Herido. Anotaciones: Con bastón de mando señor Auxiliar: Solano Abril Luis Alberto, por parte del Señor Auxiliar bachiller: Henry Fernando Abril como agresor (negrilla fuera de texto) (fl. 65 cdno. primera instancia).

Y en la sentencia de reparación directa en la que se tuvieron por acreditados los hechos que el demandado ahora confiesa en el presente proceso. Así, se lee en la sentencia:

Dentro del plenario quedó acreditado que el señor Luis Alberto Solano Abril cuando se desempeñaba como auxiliar bachiller de policía, en la Policía Nacional, es decir, prestando su servicio militar obligatorio, el día 20 de mayo de 2000, hacia aproximadamente las cinco y media de la tarde y estando disponible para prestar sus servicios en la sede social de la Policía del Casanare, fue agredido por uno de sus compañeros, el auxiliar bachiller Henry Fernando Abril, quien en estado de embriaguez le causó un trauma craneano con objeto contundente, el bastón que portan los policías auxiliares, cuando el agresor se encontraba en franquicia pero ingiriendo bebidas alcohólicas en la sede social del Comando de la Policía del Departamento de Casanare (negrilla fuera de texto).

Se insiste en que lo acreditado en el proceso de reparación directa se valora: por la Sala en la medida en que esa situación fáctica fue objeto de confesión por el demandado.

No está por demás agregar que el demandado, al presentar el recurso de alzada, no cuestionó su confesión, hecho que hizo parte de los argumentos empleados por la sentencia recurrida para fundamentar la condena que habrá de confirmarse.

Debe indicar la Sala que, conforme a las pruebas arrimadas al proceso, se tiene que no hubo investigación disciplinaria ni penal adelantada en contra del señor Henry Fernando Abril por los hechos que dieron lugar a la presenta acción de repetición.

Así, en comunicaciones de fecha 8 de abril de 2009 (fl. 6 cdno. de pruebas) y del 28 de mayo de 2009 (fl. 19 cdno. de pruebas) el jefe de la Oficina de Control Disciplinario de la Policía Nacional en Casanare señaló que “en este despacho no reposan antecedentes disciplinarios del señor AB Abril Herney Fernando” y la Procuradora Regional dé Casanare manifestó que “no se encontró investigación alguna en contra del patrullero Herney Fernando Abril.

Y, en oficio 0197 del 341 de marzo de 2009, del Departamento de Policía Casanare- Juzgado 152 de Instrucción Penal Militar, la jueza 152 de Instrucción Penal Militar manifestó que “revisados los libros radicadores de sumarios y preliminares que se adelantan en este despacho, no se encontró en instrucción investigación alguna contra el señor Hemey Fernando Abrir (fl. 4 cdno. de pruebas).

Conforme a lo expuesto, la Sala comparte la decisión apelada.

Así, conforme lo estableció el a quo, se condenará por el valor de $64.272.000 conforme con lo solicitado en la demanda y lo aprobado en el incidente de liquidación de perjuicios y dado que el demandado no tiene el deber de soportar la carga de pagar los intereses cancelados por la parte actora.

Con el fin de que el monto de la condena no pierda con el paso del tiempo su poder adquisitivo, se procederá a actualizar el valor de la misma, conforme a la siguiente fórmula:

FORMULA:

30881
 

No hay lugar a la imposición de costas, ya que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, para que se proceda de esta forma.

FALLA

MODIFÍCASE la sentencia de la Sentencia del 19 de agosto de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, la cual quedará así:

1. DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por el demandado.

2. DECLARAR responsable patrimonialmente al demandado, 1 Hemey Fernando Abril, por la conducta desplegada, a título de dolo, e día 20 de mayo de 2000, mientras se desempeñaba como auxiliar, bachiller en la Policía Nacional, que causó lesiones personales a Luis Alberto Solano Abril y por las que la entidad actora fue declarado extracontractual y patrimonialmente responsable en sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare el 5 de septiembre de 2002.

3: Consecuencialmente a la anterior declaración, CONDENAR al señor Herney Fernando Abril, identificado con C.C, 74.770.508, a reintegrar la suma de Ochenta y tres millones seiscientos cuarenta y siete mil seiscientos veinte pesos $83.647.620 a la Nación —Ministerio de Defensa— Policía Nacional.

4. FÍJASE el plazo de seis (6) meses para el cumplimiento de esta sentencia, a partir del día siguiente a su ejecutoria.

5. Sin condena en costas

6. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE al Tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase»

1. Normas que deben estudiarse en concomitancia con los artículos 6, 90, 95, 121, 122 y 124 de la Constitución Política; los artículos 63 y 2341 del Código Civil; los artículos 65 70 de la Ley 270 de 1996; el artículo 54 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 31 y 44 numeral 9, 40 y 42 de la Ley 446 de 1998.

2. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 12 de diciembre de 2.007, rad. 25000232600020000081401 (27.006), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

3. Lo mismo que del “llamamiento en garantía”.

4. Preceptos de suyo más rigurosos que lo previsto en las normas anteriores aplicadas en esta materia (artículos 63 y 2341 del Código Civil).

5. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 12 de diciembre de 2007, rad. 25000232600020000081401 (27.006), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

6. Es importante destacar que Locke “luego de, poner en lugar privilegiado a los derechos en tanto que, históricamente, preceden a la noción de Estado de derecho, estructura toda una organización del poder político para que no queden en una simple formulación retórica (...) De modo que la segunda dimensión de su teoría de los derechos pasa por construir una estructura política que pugne por la limitación del poder a través de la técnica de su separación; al tiempo, para que esa estructura tenga la suficiente legitimidad, será necesario elegir periódicamente a los miembros de la cámara legislativa mediante sufragio universal. El sistema liberal de gobierno con predominio claro del legislador funciona en un todo para garantizar esos derechos. Ninguno de los poderes concebidos puede ser arbitrario, pues todos deben velar por el bien común (...) La organización tripartita del poder político es, de este modo, la mejor garantía de los derechos naturales positivizados. (…) la teoría de la división de poderes adquiere en Locke una lectura moderna: su thelos es la garantía de los derechos y libertades del hombre. Locke se anticipará a una reflexión más propia del constitucionalismo de la segunda posguerra: hay un condicionamiento mutuo entre Estado de derecho y derechos fundamentales”, Cfr. “Locke: una lectura de los derechos, vigente trescientos años después de su muerte”, en Delgado Sánchez, Oscar Alberto (compilador) Ideas políticas, filosofía y derecho, Liber amicorum en homenaje a Alirio Gómez Lobo, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, 2006, pp. 303 y ss.

7. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 12 de diciembre de 2007, rad. 25000232600020000081401 (27.006), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

8. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencias de 31 de agosto de 2006, Rad. 17.482 y Exp. 28.448 C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

9. “Artículo 1625. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. Las obligaciones se extinguen además en todo o parte:
1) Por la solución o pago efectivo
2) Por la novación
3) Por la transacción
4) Por la remisión
5) Por la compensación
6) Por la confusión
7) Por la pérdida de la cosa que se debe
8) Por la declaración de nulidad o por la rescisión
9) Por el evento de la condición resolutoria
10) Por la prescripción”.

10. Entendiéndose que la ejecución de la prestación debida — pago— no es la única forma de extinción de la obligación pero si es la que encierra una mayor relevancia, dado que existen otros modos que tienen como finalidad finiquitar la obligación como la novación, la transacción, la remisión etc.

11. Artículo 1626 del Código Civil. El pago efectivo es la prestación de lo que se debe.

12. Hinestrosa, Fernando, Tratado de las Obligaciones, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2002.

13. Artículos 1628, 1653, 1654 y 1669 del Código Civil.

14. Artículos 877 y 1163 del Código de Comercio.

15. El Inciso segundo del artículo 232 del Código de Procedimiento Civil, señala que “Cuando se trate de probar obligaciones originadas en contrato o convención, o el correspondiente pago, la falta de documento o de un principio de prueba por escrito, se apreciará por el juez como un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, a menos que por las circunstancias en que tuvo lugar haya sido imposible obtenerlo, o que su valor y la calidad de las partes justifiquen tal omisión.”

16. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de diciembre de 2006, rad. 25000232600020000145401 (28.238), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

17. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, exp. 25022, M.P. Enrique Gil Botero.

18. Por cuya virtud, “la autoridad administrativa, en tanto ejecutora de la ley, sólo puede ejercer las facultades que ésta le haya encomendado, toda’ vez que la ley es la más importante garantía de los derechos frente a la tentativa de abuso del gobernante. Principio de legalidad qué busca la limitación del papel del ejecutivo (De Laubadére), en tanto éste se encarga de traducir la ley en la realidad y por lo mismo ella constituye a la vez fundamento y límite a su accionar (Rivero). De modo que la Administración actúa secundum legem en tanto actividad estatal sub-legal (Marienhoff)”: “La acción de cumplimiento en Colombia: ¿Un medio de control judicial de la administración que no produjo los efectos que se esperaban’?”, en AAVV, El derecho público en Iberoamérica, Libro homenaje al profesor Jaime Vidal Perdomo, Tomo II, Bogotá, Universidad de Medellín y Temis, 2010, pp. 481 y ss.

19. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 4 de diciembre de 2006, Exp. 16887, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

20. Parra Quijano Jairo, Manual de Derecho Probatorio, décima octava edición, librería ediciones del profesional, Bogotá, 2011, pág. 429