Sentencia 2006-00058/39247

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Rad.: 11001-33-31-032-2006-00058-01(39247)

Actor: Eduviges Martínez Mariño y otra.

Demandado: Nación - Rama Judicial - Dirección de administración judicial y otros.

Referencia: Apelación sentencia - acción de reparación directa

Bogotá, D.C., cinco de diciembre de dos mil dieciséis.

Consejero ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

7. La Sala observa que es competente para resolver el caso sub judice, iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en atención de la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, para lo cual fijó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía(2).

II. Hechos probados

8. De conformidad con las pruebas incorporadas al expediente, que pueden ser valoradas, están debidamente acreditados los siguientes hechos relevantes:

8.1. El Juzgado cincuenta y seis Civil Municipal de Bogotá, libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva de menor cuantía a favor de Janneth María Rojas y Eduviges Martínez Mariño en contra de Carlos Otálora por la suma de $ 4.945.000, representados en una letra de cambio cuya fecha de vencimiento era el 26 de mayo de 2001, más los intereses corrientes y de mora liquidados conforme la tasa autorizada por la Superintendencia Bancaria (copia del auto mediante el cual se libró el mandamiento de pago, expedido el 4 de marzo de 2002, f. 42, c. 2.).

8.2. Mediante auto del 12 de abril de 2002, el Juzgado cincuenta y seis Civil Municipal de Bogotá decretó, entre otros bienes, el embargo de la quinta parte que excediera del salario mínimo legal mensual que devengara el señor Carlos Otálora como empleado del Instituto Nacional de Radio y Televisión – Inravisión, dentro del proceso de ejecución de menor cuantía promovido en su contra por las señoras Janneth María Rojas y Eduviges Martínez Mariño. Como límite de la medida cautelar estableció el monto de $ 7.500.000 (copia del auto que decretó, entre otros, el embargo de la quinta parte del salario mínimo del ejecutado, f. 4, c. 2.).

8.3. El 27 de enero de 2004, el juzgado de conocimiento ordenó seguir adelante con la ejecución y, en consecuencia, decretó la liquidación del crédito y de sus costas. Mediante auto del 3 de mayo del mismo año y ante la ausencia de objeción, la autoridad judicial aprobó la liquidación del crédito presentado por las ejecutantes cuyo monto ascendió a la suma de $ 9.198.812. Por auto separado del 13 de julio de 2004, el juzgado impartió aprobación de la liquidación de las costas del proceso en cuantía de $ 581.860 (copia de la providencia que ordenó seguir adelante con la ejecución, fls. 58-59, c. 2; memorial contentivo de la liquidación del crédito, f. 62, c. 2; auto aprobatorio de la liquidación del crédito, f. 65, c. 2; auto mediante el cual se aprobó la liquidación de las costas procesales, f. 67, c. 2.).

8.4. El Juzgado cincuenta y seis Civil Municipal de Bogotá, a través de auto del 19 de enero de 2005, dispuso la entrega de los títulos judiciales consignados a órdenes del proceso ejecutivo adelantado por las señoras Janneth María Rojas y Eduviges Martínez hasta la concurrencia de la liquidación del crédito (copia del auto mediante el cual se ordenó la entrega del dinero consignado, f. 69, c. 2).

8.5. Mediante escrito presentado el 3 de diciembre de 2004, las ejecutantes solicitaron el embargo de la indemnización reconocida en favor del señor Carlos Otálora en el proceso de liquidación del Instituto Nacional de Radio y Televisión – Inravisión. El Juzgado cincuenta y seis Civil Municipal de Bogotá, en respuesta a este requerimiento, amplió el límite del embargo que pesaba sobre el sueldo del ejecutado hasta por cuantía de $ 2.500.000, decisión comunicada a través de oficio del 2 de febrero de 2005 a la entidad liquidada. En atención a esta solicitud, el instituto público informó de la imposibilidad de hacer efectiva la medida adoptada, en virtud de la supresión del cargo que el ejecutado ocupaba por motivo de su disolución y liquidación (copia de la solicitud elevada por el ejecutante, f. 28, c. 1; copia del auto que decretó la ampliación del límite del embargo; f. 29, c. 1; comunicación enviada a Inravisión, mediante auto del 2 de febrero de 2005; f. 30, c. 1; respuesta del Instituto Nacional de Radio y Televisión, f. 31, c. 1.).

8.5. A través de apoderado, el 10 de febrero de 2005 las ejecutantes solicitaron nuevamente el embargo de la indemnización reconocida a favor del señor Carlos Otálora la cual fue reiterada mediante escrito radicado el 4 de marzo del mismo año. A la primera solicitud, mediante providencia del 23 de febrero de 2005, la autoridad judicial instó a las solicitantes para que especificaran el bien objeto de la medida cautelar y en su segunda respuesta ordenó estarse dispuesto en la decisión anterior. En una tercera oportunidad, las ejecutantes radicaron petición el 12 de abril del mismo, en aras de obtener el embargo sobre la prestación de carácter laboral reconocida en favor del deudor, la que finalmente fue ordenada por auto del 17 de mayo de 2005 una vez prestada la caución correspondiente (memorial radicado el 10 de febrero de 2005, f. 33. c. 1; auto proferido por el Juzgado Cincuenta y Seis Civil Municipal el 23 del mismo mes y año, f. 34, c. 1; segundo memorial presentado el 4 de marzo, f. 36, c. 1; auto que ordenó estarse a lo dispuesto en el auto anterior, f. 37, c. 1; tercera solicitud elevada por las ejecutadas, f. 39, c. 1; auto mediante el cual se ordenó el embargo de la indemnización reconocida en favor del ejecutado con destino al Instituto Nacional de Radio y Televisión, f. 40, c. 1.).

8.6. Enviada la orden de embargo referida, el Instituto Nacional de Radio y Televisión —Inravisión en liquidación— dio respuesta en los siguientes términos (copia del escrito suscrito por el coordinador del área de personal de la entidad liquidada, f. 42, c. 1.):

En atención a su oficio 1.628 de fecha junio 8 de 2005 y radicado en esta entidad el 14 del mismo mes y año, atentamente le informo que el señor Carlos Otálora Izquierdo, por motivo de la disolución y liquidación de la entidad mediante Decreto 3550 de octubre 28 de 2004 y el 30 de diciembre del mismo año se le suprimió el cargo que ocupaba en la institución.

Por lo anterior, la medida adoptada por ustedes no es posible atenderla, toda vez que la indemnización a que tenía derecho el señor en la demanda de la referencia, le fue cancelada dentro del término de ley.

8.7. El apoderado de las ejecutantes presentó acción de tutela en contra del Instituto Nacional de Radio y Televisión —Inravisión en liquidación—, por la presunta vulneración del derecho fundamental de petición, el que entendió configurado ante la falta de respuesta acerca de la fecha exacta en que canceló la indemnización laboral al señor Otálora. El Juzgado cuarenta y uno Penal de Circuito, autoridad judicial al que correspondió el asunto, mediante sentencia del 5 de julio de 2006, amparó el derecho fundamental trasgredido, decisión que fue revocada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, en el sentido de decretar la nulidad de todo lo actuado por el juez de primera instancia y en su lugar rechazar por ilegitimidad la acción formulada (copia del escrito de acción de tutela presentado, fls. 86-87, c. 2; copia de la providencia que en primera instancia amparó el derecho fundamental, fls. 140-144, c. 2: copia de la sentencia de segunda instancia proferida el 8 de septiembre de 2006, fls. 162-166, c. 2.).

III. Problema jurídico

9. La Sala debe establecer si se encuentra acreditado el acaecimiento de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, consistente en la mora en que incurrió el Juzgado cincuenta y seis Civil Municipal en la expedición del auto que ordenó el embargo de la indemnización reconocida en favor del demandado en el proceso ejecutivo singular de menor cuantía promovido por las aquí demandantes, situación que originó la imposibilidad del pago total de la obligación perseguida.

IV. Análisis de la Sala

10. La Sala estima que el estudio de la responsabilidad que se endilga a la Nación-Rama Judicial se origina en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, supuesto consagrado en el artículo 69 de la Ley 270 de 1996(3), que se predica exclusivamente de las actuaciones necesarias para adelantar el proceso o para ejecutar las decisiones del juez. Esta circunstancia permite diferenciarlo claramente de lo que constituye un error jurisdiccional, el cual se configura o materializa a través de una providencia proferida en ejercicio de la función de impartir justicia. Al respecto, la doctrina española ha puntualizado que:

(…) nos encontramos en el dominio de la responsabilidad por funcionamiento anormal de la administración de justicia, siempre y cuando la lesión se haya producido en el ‘giro o tráfico jurisdiccional’, entendido éste como el conjunto de las actuaciones propias de lo que es la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (excluidas las actuaciones de interpretar y aplicar el derecho plasmadas en una resolución judicial que, como se acaba de indicar, caerán en el ámbito del error judicial); a sensu contrario, no entrarían en este concepto aquéllas actividades que produjesen un daño —incluso si éste fuese identificado plenamente como achacable a la actuación de un Juez o Magistrado— si su actuación no se hubiese realizado en el mencionado ‘giro o tráfico jurisdiccional’, sino en otro tipo de actuaciones distintas.

En definitiva, en el régimen establecido para la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la administración de justicia habrán de incluirse las actuaciones que, no consistiendo en resoluciones judiciales erróneas, se efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho”(4),(5).

10.1. Dentro del concepto “defectuoso funcionamiento de la administración de justicia” están comprendidas todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no sólo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales. Al respecto, la jurisprudencia ha señalado que:

En cuanto al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, habría que decir que éste, a diferencia del error judicial, se produce en las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias judiciales.

Dentro de este concepto están comprendidas todas las acciones u omisiones constitutivas de falla, que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia. Puede provenir no sólo de los funcionarios, sino también de los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, de los empleados judiciales, de los agentes y de los auxiliares judiciales. Así también lo previó el legislador colombiano cuando dispuso que, fuera de los casos de error jurisdiccional y privación injusta de la libertad, “quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación(6).

10.2. De acuerdo con lo anterior, se puede señalar que el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia presenta las siguientes características: (i) se predica de actuaciones u omisiones, diferentes a providencias judiciales, necesarias para adelantar un proceso; (ii) puede provenir de funcionarios judiciales y particulares que ejerzan facultades jurisdiccionales; (iii) debe existir un funcionamiento defectuoso o anormal, partiendo de la comparación de lo que debería ser un ejercicio adecuado de la función judicial; y (iv) se manifiesta de tres formas: la administración de justicia ha funcionado mal, no ha funcionado o funcionó tardíamente(7).

11. El daño aducido por la parte actora se encuentra acreditado pues dentro del expediente aparece demostrado que la medida de embargo decretada sobre la indemnización reconocida en favor del deudor dentro del proceso de ejecución adelantado, no pudo ser materializada en tanto la prestación de carácter laboral fue pagada directamente al extrabajador con anterioridad a que le fuera informado al empleador tal medida.

12. La Sala abordará el estudio de la responsabilidad que se endilga a la Nación-Rama Judicial por la actuación desplegada por el Juzgado Cincuenta y Seis Civil Municipal de Bogotá, autoridad que según el relato de las actoras, omitió dentro del término legal, expedir el auto mediante el cual decretó el embargo de la indemnización reconocida en favor del ejecutado.

12.1. De conformidad con la acepción legal las medidas cautelares se constituyen en los instrumentos procesales, de carácter temporal, que permiten proteger la efectividad de las decisiones adoptadas al interior de los procesos judiciales y que materializan la integridad de los derechos controvertidos en su trámite. Dentro de la universalidad de estas medidas de cautela se encuentran el embargo y secuestro de bienes, figura contemplada en el artículo 513 del Código Procedimiento Civil, vigente para el momento de los hechos, que recae tanto sobre bienes muebles como inmuebles siempre y cuando se demuestre que su propiedad está en cabeza de quien es perseguido en el proceso de ejecución. Por regla general estas medidas de cautela son decretadas junto con el auto mediante el cual se libra el correspondiente mandamiento de pago(8), sin que esté vedado al juez conductor del proceso hacerlo en un momento posterior cuando considere insuficiente la garantía económica afectada. Así se pronunció la Corte Constitucional(9) al respecto:

De otro lado, la Carta busca asegurar un acceso efectivo e igual a todas las personas a la justicia (C.P., art. 229), y es obvio que ese acceso no debe ser puramente formal. Las personas tienen entonces derecho a que el ordenamiento establezca mecanismos para asegurar la efectividad de las decisiones judiciales que les son favorables. La tutela cautelar constituye entonces una parte integrante del contenido constitucionalmente protegido del derecho a acceder a la justicia, no sólo porque garantiza la efectividad de las sentencias, sino además porque contribuye a un mayor equilibrio procesal, en la medida en que asegura que quien acuda a la justicia mantenga, en el desarrollo del proceso, un estado de cosas semejante al que existía cuando recurrió a los jueces.

5. Conforme a lo anterior, las medidas cautelares tienen amplio sustento constitucional, puesto que desarrollan el principio de eficacia de la administración de justicia, son un elemento integrante del derecho de todas las personas a acceder a la administración de justicia y contribuyen a la igualdad procesal (C.P., arts. 13, 228 y 229). Sin embargo, el Legislador, aunque goza de una considerable libertad para regular el tipo de instrumentos cautelares y su procedimiento de adopción, debe de todos modos obrar cuidadosamente, por cuanto estas medidas, por su propia naturaleza, se imponen a una persona antes de que ella sea vencida en juicio. Por ende, el actor tiene razón en que los instrumentos cautelares, por su naturaleza preventiva, pueden llegar a afectar el derecho de defensa y el debido proceso, en la medida en que restringen un derecho de una persona, antes de que ella sea condenada en un juicio. Existe pues una tensión entre la necesidad de que existan mecanismos cautelares, que aseguren la efectividad de las decisiones judiciales, y el hecho de que esos mecanismos pueden llegar a afectar el debido proceso, en la medida en que se imponen preventivamente, antes de que el demandado sea derrotado en el proceso. Precisamente por esa tensión es que, como bien lo señala uno de los intervinientes, la doctrina y los distintos ordenamientos jurídicos han establecido requisitos que deben ser cumplidos para que se pueda decretar una medidas cautelar, con lo cual, la ley busca que esos instrumentos cautelares sean razonables y proporcionados. Por ejemplo, en algunos ordenamientos, como el español, la ley establece tres exigencias: para que pueda decretarse la medida cautelar, a saber, que (i) haya la apariencia de un buen derecho (“fumus boni iuris”), esto es, que el demandante aporte un principio de prueba de que su pretensión se encuentra fundada, al menos en apariencia; (ii) que haya un peligro en la demora (“periculum in mora”), esto es que exista riesgo de que el derecho pretendido pueda verse afectado por el tiempo transcurrido en el proceso; y, finalmente, que el demandante preste garantías o “contracautelas”, las cuáles están destinadas a cubrir los eventuales daños y perjuicios ocasionados al demandado por la práctica de las medidas cautelares, si con posterioridad a su adopción, se demuestra que éstas eran infundadas.

13. En el caso que nos ocupa, se acreditó que las demandantes promovieron proceso ejecutivo de mínima cuantía en contra del señor Carlos Otálora dentro del cual solicitaron, entre otros, el embargo de lo que excediera el 25% del salario mínimo que como trabajador del Instituto Colombiano de Radio y Televisión aquel devengaba, medida que fue decretada mediante auto del 12 de abril de 2002, (ver párrafo 8.2.). Posteriormente, surtido el trámite del proceso, el Juzgado cincuenta y seis Civil Municipal ordenó seguir adelante con la ejecución y en consecuencia ordenó la liquidación del crédito perseguido y las costas procesales, suma que una vez presentada por las ejecutantes fue aprobada por la autoridad judicial, ante la falta de oposición del deudor.

13.1. Así mismo, se encuentra acreditado que las demandantes, una vez expedido el auto que ordenó seguir adelante con la ejecución solicitaron, a través de memorial radicado el 3 de diciembre de 2004, (supra 8.5.), y ante la inminente liquidación del Instituto Nacional de Radio y Televisión, Inravisión, el embargo del dinero que producto de la indemnización laboral le llegase a corresponder al demandado, la que fue resuelta de manera inapropiada por el juez al ordenar ampliar el límite de la medida de embargo que pesaba sobre el sueldo hasta por la suma de $ 2.500.000, decisión que no respondió a lo pretendido por las ejecutantes, pero frente a la cual sin embargo, no se formularon los recursos de ley.

13.2. El proceso ejecutivo singular promovido por la señora Martínez Riaño, entre otra, se tramitó, dada su cuantía(10), ante los jueces civiles municipales en primera instancia, es decir las decisiones interlocutorias allí adoptadas eran susceptibles de los recursos de reposición y apelación, medios de impugnación inobservados por las ejecutantes en aras de conjurar el error cometido por el juez de conocimiento, por lo que no es de recibo el argumento expuesto en el recurso de apelación en el sentido de convalidar la negligencia de no interponer los recursos de ley dada la naturaleza de única instancia del proceso de ejecución tramitado, situación que de haberse presentado tampoco dispensaría aquella omisión, pues la providencia era atacable mediante el recurso de reposición.

13.3. Continuando con el desarrollo cronológico del proceso de ejecución, se tiene que las demandantes a través de memorial radicado el 10 de febrero de 2005, reiterados por escritos el 4 de marzo y 12 de abril del mismo año, (ver párrafo 8.5.), instaron al Juez cincuenta y seis Civil Municipal de Bogotá para que decretara el embargo de la indemnización reconocida en favor de su deudor, solicitudes que fueron despachadas favorablemente mediante auto del 17 de mayo de 2005. Acusan las demandantes que el operador judicial incurrió en una mora en el decreto de la medida cautelar, que originó la defraudación del pago de la acreencia perseguida, pues al momento del recibo de la orden impartida por parte de la entidad en liquidación ya se había adelantado el pago de la indemnización por despedido pretendida.

13.4. La Sala de cara a establecer el posible retardo en la expedición de esta orden judicial, examinará cada una de las solicitudes formuladas y sus correspondientes respuestas por parte de la autoridad judicial, estudio que le permitirá establecer el acaecimiento de la falla en la prestación del servicio que originó el daño alegado y su imputación a la entidad demandada.

13.5. Para adelantar este examen es indispensable acudir, como marco normativo, a lo establecido en el artículo 124 del Código de Procedimiento Civil(11) de conformidad con el cual, el término dado al operador judicial para proferir las providencias de naturaleza interlocutoria, como la que aquí nos ocupa, es de 10 días hábiles contados desde su entrada al despacho para tal fin, tiempo que el legislador contempló como suficiente para la toma de la decisión respectiva, pero que en juicio de responsabilidad por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial se torna exiguo, pues además del desconocimiento del carácter perentorio de los términos debe evaluarse el gran número de los procesos asignados a cada despacho judicial, la complejidad de los temas a solventar y los escasos recursos tanto humanos como materiales con los que cuenta la rama judicial.

13.6. Ahora bien, analizado solamente el aspecto temporal referido, que se itera, se torna insuficiente para atribuir responsabilidad en cabeza de la rama judicial, como primera medida tenemos la solicitud de embargo sobre la indemnización de índole laboral reconocida radicada el 3 de diciembre de 2004, y respondida por el juzgado de conocimiento el 19 de enero del año inmediatamente siguiente en el sentido de ampliar el límite del embargo decretado sobre el sueldo del ejecutado hasta en cuantía de $ 2.500.000. Frente a esta primera actuación adelantada por el Juzgado cincuenta y seis Civil Municipal, la Sala considera que se surtió dentro del término de los 10 días hábiles contemplados en la norma, si se tiene en cuenta que entre el 17 de diciembre de 2004 y el 10 de enero de 2005, no corrieron términos por vacancia de judicial, de lo que se concluye que la expedición del auto se dio dentro del término legal. Ahora, si bien es cierto que lo allí resuelto no correspondió a lo pretendido por las ejecutantes, también lo es que el posible yerro cometido en aquella providencia no fue recurrido por las interesadas, como se anotó en el párrafo 13.1., a través de los medios de defensa judicial instituidos, lo que torna improcedente realizar algún reproche al operador judicial bajo el escenario de responsabilidad de error judicial, en la medida en que no se superan los supuestos contemplados en el artículo 67 de la Ley 270 de 1996, esto es, la interposición de los respectivos recursos.

13.7. En lo que tiene que ver con la segunda solicitud, la presentada el 10 de febrero de 2005, igual consideración realiza la Sala, pues la misma fue contestada mediante auto del 23 de febrero de 2005, (supra 8.5.), en la cual se ordenó a las solicitantes especificar el bien objeto de la medida, es decir el operador judicial dio respuesta dentro del término legal conferido.

13.8. De igual manera, la Sala advierte que el memorial radicado el 4 de marzo de 2005, y contestado por el Juzgado cincuenta y seis Civil Municipal de Bogotá a través de auto del 15 de marzo de mismo año, que ordenó estarse a lo dispuesto en la providencia que solicitó la determinación del bien objeto del embargo, lo fue dentro del término legal, pues no transcurrieron más de los 10 días hábiles otorgados, decisión que además, tampoco fue objeto de la formulación de ningún recurso. Respecto del escrito presentado el 12 de abril de 2005, y decidido el 17 de mayo del mismo año, pese a exceder el término legal, el que acaeció el 27 de abril, la Sala evidencia que para el momento mismo de la solicitud, la indemnización laboral pretendida ya había sido pagada al ejecutado, tal y como se advierte de la comunicación enviada por el Instituto Nacional de Radio y Televisión —Inravisión en liquidación—, en el trámite de la acción de tutela promovida en su contra de la que se lee a folio 153 del cuaderno 2, que el cheque mediante el cual se pagó la prestación adeudada fue entregado el 7 de abril 2005, de lo que se concluye que la medida cautelar adoptada, pese a su extemporaneidad, no fue la causante del daño patrimonial infringido a las actoras, pues se insiste para la fecha en la que se surtió la solicitud del embargo, el dinero producto de la prestación de carácter laboral reconocida ya había sido pagado al deudor.

13.9. Bajo estos supuestos de hecho, la Sala estima que es procedente confirmar la sentencia recurrida, en tanto el daño padecido por las demandantes no le es imputable a la Nación-Rama Judicial, si se tiene en cuenta, de un lado, que el Juzgado cincuenta y seis Civil Municipal de Bogotá dio respuesta a los requerimientos formulados dentro del término legal establecido, y si bien es cierto en una oportunidad lo sobrepasó, es claro que para el momento en que fue radicada la solicitud de embargo, la indemnización reconocida en favor del ejecutado ya le había sido pagada. En este sentido la Sala considera, al igual que lo hizo el a quo, que se configuró la causal eximente de responsabilidad del hecho exclusivo de la víctima, como pasa a explicarse.

14. El juez de la responsabilidad del Estado debe analizar, de oficio o a petición de parte(12), la existencia de las causales de eximentes de responsabilidad del Estado, aplicables en los regímenes subjetivos y objetivos de responsabilidad, entre ellas, el hecho de la víctima, a partir de lo cual puede concluir, por ejemplo, que esta última se expuso a la causación de su propio daño. Ello en tanto que(13):

…mal puede perderse de vista que con el propósito de determinar la existencia de responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia de la acción o de la omisión de alguna autoridad pública, se tiene que según las voces del artículo 90 constitucional, uno de los elementos que insoslayablemente debe establecerse como concurrente en cada caso concreto es el de la imputabilidad del daño a la entidad demandada —además de la antijuridicidad del mismo, claro está—, análisis de imputación que de modo invariable debe conducir al Juez de lo Contencioso Administrativo, propóngase, o no, la excepción respectiva por la parte interesada, esto es de oficio o a petición de parte, a examinar si concurre en el respectivo supuesto en estudio alguna eximente de responsabilidad, toda vez que la configuración de alguna de ellas impondría necesariamente, como resultado del correspondiente juicio de imputación, la imposibilidad de atribuir la responsabilidad de reparar el daño sufrido por la víctima, total o parcialmente, a la entidad accionada.

Dicho de otra manera, si el juez de lo contencioso administrativo encuentra, en el análisis que debe realizar en cada caso en el cual se demanda la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado, que efectivamente hay lugar a estimar las pretensiones de la demanda, ello necesariamente debe tener como antecedente la convicción cierta de que se reúnen todos los elementos que estructuran dicha responsabilidad, lo cual excluye de plano la existencia de alguna causal eximente, puesto que si al adelantar ese análisis el juez encuentra debidamente acreditada la configuración de alguna o varias de tales causales —independientemente de que así lo hubiere alegado, o no, la defensa de la entidad demandada—, obligatoriamente deberá concluir que la alegada responsabilidad no se encuentra configurada y, consiguientemente, deberá entonces denegar la pretensiones de la parte actora.

14.1. Tradicionalmente se ha considerado que, para que se configure alguna de las causales de exoneración —fuerza mayor, hecho de la víctima y hecho exclusivo y determinante de un tercero—, se requiere la concurrencia de tres elementos: i) su irresistibilidad; ii) su imprevisibilidad y iii) su exterioridad respecto de la demandada(14).

14.2. Ahora bien, es indispensable aclarar que, como lo ha recordado esta subsección(15), en las acciones de responsabilidad patrimonial, el dolo o culpa grave se definen a partir de los criterios establecidos en el artículo 63 del Código Civil(16); razón por la que se ha reiterado(17):

…culpa se ha dicho que es la reprochable conducta de un agente que generó un daño antijurídico (injusto) no querido por él pero producido por la omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado que le era exigible de acuerdo a sus condiciones personales y las circunstancias en que actuó; o sea, la conducta es culposa cuando el resultado dañino es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. También por culpa se ha entendido el error de conducta en que no habría incurrido una persona en las mismas circunstancias en que obró aquella cuyo comportamiento es analizado y en consideración al deber de diligencia y cuidado que le era exigible. Tradicionalmente se ha calificado como culpa la actuación no intencional de un sujeto en forma negligente, imprudente o imperita, a la de quien de manera descuidada y sin la cautela requerida deja de cumplir u omite el deber funcional o conducta que le es exigible; y por su gravedad o intensidad, siguiendo la tradición romanista, se ha distinguido entre la culpa grave o lata, la culpa leve y la culpa levísima, clasificación tripartita con consecuencias en el ámbito de la responsabilidad contractual o extracontractual, conforme a lo que expresamente a este respecto señale el ordenamiento jurídico. De la norma que antecede (artículo 63 del Código Civil) se entiende que la culpa leve consiste en la omisión de la diligencia del hombre normal (diligens paterfamilias) o sea la omisión de la diligencia ordinaria en los asuntos propios; la levísima u omisión de diligencia que el hombre juicioso, experto y previsivo emplea en sus asuntos relevantes y de importancia; y la culpa lata u omisión de la diligencia mínima exigible aún al hombre descuidado y que consiste en no poner el cuidado en los negocios ajenos que este tipo de personas ponen en los suyos, y que en el régimen civil se asimila al dolo(18).

14.3. En este mismo sentido es importante anotar que las consideraciones relativas a si el hecho de la víctima, esto es, la actuación dolosa o gravemente culposa de la persona afectada con el daño que se intenta reparar, es decir, si fue o no su causa eficiente, se circunscriben al análisis de imputabilidad de este último, indispensable en cualquier juicio de responsabilidad. En efecto, lo que interesa para el estudio de la causal eximente de responsabilidad del hecho de la víctima es que su conducta, dolosa o gravemente culposa desde la perspectiva civil, haya sido la causa eficiente del daño, es decir, la razón sin la que aquél no se habría producido. Así pues, al analizar el carácter determinante y exclusivo del hecho de la víctima como causal eximente de responsabilidad, el juez de lo contencioso administrativo se limita a verificar que si la que ahora, y desde la perspectiva civil, se califica como conducta dolosa o gravemente culposa de la persona afectada con el daño alegado, fue la que llevó a la concreción del mismo.

14.4. Así pues, el estudio de esa causal eximente de responsabilidad no puede, de ninguna manera, llevar a poner en entredicho lo antijurídico del daño; aunque, sin lugar a dudas, sí supone admitir que aquel puede ser imputable a la misma víctima cuando quiera que, por haber actuado de forma dolosa o culposa, esto es, con incumplimiento de los deberes de conducta que le eran exigibles, se expuso a la consolidación del mismo.

15. En el caso concreto la Sala observa que la conducta de las demandantes fue determinante en la producción del daño, en tanto la imposibilidad de embargar la indemnización reconocida en favor de su deudor al cabo de su contrato laboral, se originó en la falta del impulso procesal del trámite ejecutivo, pues si bien medió una solicitud en ese sentido, lo cierto es que una vez fueron notificadas de la decisión que profirió el juez de conocimiento, la cual no les era favorable, no interpusieron los recursos de ley, sino que por el contrario optaron por formular otra nueva solicitud pasados casi tres meses desde el momento en que fue despachada desfavorablemente, lo que sin lugar a dudas, demoró aún más, el decreto de la medida solicitada. Así las cosas, la Sala encuentra que el daño antijurídico padecido por las actoras, les es atribuible de manera exclusiva, por lo que es procedente exonerar de responsabilidad a la entidad demandada.

VI. Costas

16. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente, y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en este sentido.

17. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, se

FALLA:

CONFIRMAR la sentencia del 16 de junio de 2010 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B”.

Ejecutoriada la presente sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de primera instancia para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

(3) “ART. 69.—Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 [error jurisdiccional] y 68 [privación injusta de la libertad] de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”.

(4) [5] COBREROS MENDAZONA, Eduardo. La responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento anormal de la administración de justicia. Madrid. Cuadernos Civitas. 1998, pág. 25. Citado por el Consejo de Estado, Sección Tercera, en la Sentencia de 22 de noviembre de 2001, exp. 13.164, C.P. Ricardo Hoyos Duque, reiterada luego en la Sentencia de 15 de abril de 2010, exp. 17.507, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(5) Sentencia de 22 de noviembre de 2001, exp. 13.164, C.P. Ricardo Hoyos Duque, reiterada en la Sentencia de 15 de abril de 2010, exp. 17.507, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(6) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 16 de febrero de 2006, exp. 14307, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(7) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 12 de febrero de 2014, exp. 28857, C.P. Olga Valle de De La Hoz.

(8) La Sala considera importante aclarar que el decreto de esta medida cautelar también procede antes de librarse el mandamiento de pago cuando “falte únicamente reconocimiento del título, o la notificación al deudor de la cesión del crédito o la de éste a los herederos de aquél o el requerimiento para constituir en mora al deudor, y en la demanda se pida que previamente se ordene la práctica de dichas diligencias”.

(9) Corte Constitucional, Sentencia del 4 de mayo de 2000, exp. C-490, actor: Rodrigo Campo Ossa, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(10) “ART. 19.—Cuando la competencia o el trámite se determine por la cuantía de la pretensión los procesos son de mayor, de menor y de mínima cuantía. Son de mínima cuantía los que versen sobre pretensiones patrimoniales inferiores al equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales; son de menor cuantía los que versen sobre pretensiones patrimoniales comprendidas desde los quince (15) salarios mínimos legales mensuales, inclusive, hasta el equivalente a noventa (90) salarios mínimos legales mensuales; son de mayor cuantía los que versen sobre pretensiones patrimoniales superiores a noventa (90) salarios mínimos legales mensuales.
El valor del salario mínimo mensual al cual se refiere el presente artículo, será el que rija al momento de la presentación de la demanda”. Las pretensión del proceso promovido por la aquí demandantes, ascendió a la suma de $ 4.945.000.

(11) “ART. 124.—Los jueces deberán dictar los autos de sustanciación en el término de tres días, los interlocutorios en el de diez y las sentencias en el de cuarenta, contados todos desde que el expediente pase al despacho para tal fin.
En los mismos términos los magistrados deberán dictar las providencias que les corresponde o presentar los proyectos de las que sean del conocimiento de la Sala; ésta dispondrá de la mitad del respectivo término para proferir la decisión a que hubiere lugar, que se contará desde el día siguiente a aquél en que se registre el proyecto en un cuadro especial que se fijará en lugar visible de la secretaría.
En caso de que haya cambio de magistrado o de juez, los términos correrán de nuevo a partir de su posesión.
Cuando el vencimiento de un término sea ostensible, el juez resolverá lo conducente sin necesidad de informe previo del secretario.
En lugar visible de la secretaría deberá fijarse una lista de los procesos que se encuentren al despacho para sentencia, con indicación de la fecha de ingreso y la de pronunciamiento de aquélla”.

(12) Se recuerda que, de conformidad con el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, en la sentencia definitiva el juez de lo contencioso administrativo debe pronunciarse “sobre las excepciones propuestas y sobre cualquier otra que el fallador encuentre probada”.

(13) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, exp: 23354, actor: Luis Carlos Orozco Osorio, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(14) Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 24 de Marzo de 2011, exp. 19067, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(15) Op. cit., Sentencia de 30 de abril de 2014, exp. 27414.

(16) “ART. 63.—Clases de culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido. // Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo. // Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone al a diligencia o cuidado ordinario o mediano. // El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. // Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpas se opone a la suma diligencia o cuidado.// El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”.

(17) Subsección B, Sentencia de 18 de febrero de 2010, exp. 17933, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(18) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección B, Sentencia de 18 de febrero de 2010, rad. 52001-23-31-000-1997-08394-01(17933), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.