Sentencia 2006-00058 de enero 27 de 2011 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “A”

Rad.: 110010325000200600058 00 (1143-2006)

Consejero Ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Actor: Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Demandado: Gloria Himelda Piragua Riveros.

Bogotá, D.C., veintisiete de enero de dos mil once.

EXTRACTOS: «Considera

El problema jurídico se contrae a establecer si el Procurador General de la Nación tenía competencia para revocar los fallos sancionatorios impuestos a la señora Gloria Himelda Piragauta(sic) Riveros por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Como motivos de inconformidad contra el acto acusado señala la parte actora los siguientes:

En el presente asunto se juzgaron los actos administrativos de primera y segunda instancia, procedimiento que era propio de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

La Procuraduría General no podía pronunciarse respecto de la solicitud de revocación, por cuanto la señora Gloria Himelda Piragauta ya había hecho uso de los recursos ordinarios contra el fallo sancionatorio de primera instancia.

La revocatoria directa no se enmarca dentro del ejercicio del poder disciplinario preferente, ni dentro de la supervigilancia administrativa, en razón a que el proceso no se encontraba en curso puesto que ya había culminado.

La decisión demandada vulnera el derecho a la igualdad al ofrecer un trato preferencial a la sancionada, quien fue negligente al dejar de acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativa para demandar los fallos sancionatorios.

Para efecto de decidir, se tiene lo siguiente:

Mediante Auto 190 de 18 de diciembre de 2000 la oficina de control interno disciplinario del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dispuso abrir investigación disciplinaria contra la señora Gloria Himelda Piragauta Riveros por estar incurriendo presuntamente en causal de incompatibilidad constitucional, al recibir simultáneamente dos asignaciones provenientes del tesoro público, esto es, de una parte la pensión gracia y de otra la asignación salarial proveniente de su empleo en dicho ministerio. El jefe de la oficina de control interno disciplinario a través del Auto 6 de 26 de enero de 2000, formuló cargos contra la investigada.

Mediante Providencia 59 de 11 de mayo de 2011 la señora Gloria Himelda Piragauta Riveros fue declarada responsable disciplinariamente por los hechos por los que se le investigaron, y fue sancionada con la sanción de destitución del cargo de profesional especializado 3010-16 de la entidad, y el 31 de mayo de 2001 el Ministro de Hacienda y Crédito Público confirmó la anterior decisión.

Mediante Resolución 1160 de 14 de junio de 2001 se ejecutó la sanción disciplinaria.

El 30 de enero de 2006 el Procurador General de la Nación revocó la sanción de destitución del cargo impuesta por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la señora Gloria Himelda Piragauta Riveros, y sustituyó la sanción por la absolución de responsabilidad disciplinaria.

Sobre la revocatoria directa, la Ley 734 de 2002 dispone:

ART. 122.—Procedencia. Los fallos sancionatorios podrán ser revocados de oficio o a petición del sancionado, por el Procurador General de la Nación o por quien los profirió.

ART. 123.—Competencia. Los fallos sancionatorios podrán ser revocados por el funcionario que los hubiere proferido o por su superior funcional.

PAR.—El Procurador General de la Nación podrá revocar de oficio los fallos sancionatorios expedidos por cualquier funcionario de la procuraduría, o asumir directamente el conocimiento de la petición de revocatoria, cuando lo considere necesario, caso en el cual proferirá el fallo sustitutivo correspondiente.

De las normas transcritas se infiere que las decisiones disciplinarias sancionatorias pueden ser objeto de revocación directa a solicitud del sancionado o por iniciativa de la misma administración, además que la solicitud de revocatoria puede ser conocida no sólo por la autoridad que profirió la decisión sino también por el Procurador General de la Nación.

Es preciso destacar que la revocación de los fallos sancionatorios tiene como causal la infracción manifiesta del ordenamiento jurídico (Constitución, ley o reglamento) o, la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, en los términos del artículo 124 ibídem:

ART. 124.—Causal de revocación de los fallos sancionatorios. Los fallos sancionatorios son revocables sólo cuando infrinjan manifiestamente las normas constitucionales, legales o reglamentarias en que deben fundarse. Igualmente cuando con ellos se vulneren o amenacen manifiestamente los derechos fundamentales.

Afirma el Ministerio de Hacienda y Crédito Público que la procuraduría no podía pronunciarse sobre la solicitud de revocación elevada por la sancionada, teniendo en cuenta que ya había hecho uso de los recursos ordinarios, puesto que había interpuesto recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, situación que a la luz del artículo 125 del Código Disciplinario Único hace improcedente la solicitud.

Dispone el artículo 25(sic) ibídem:

ART. 125.—Revocatoria a solicitud del sancionado. El sancionado podrá solicitar la revocación total o parcial del fallo sancionatorio, siempre y cuando no hubiere interpuesto contra el mismo los recursos ordinarios previstos en este código.

La solicitud de revocatoria del acto sancionatorio es procedente aun cuando el sancionado haya acudido a la jurisdicción contencioso administrativa, siempre y cuando no se hubiere proferido sentencia definitiva. Si se hubiere proferido, podrá solicitarse la revocatoria de la decisión por causa distinta a la que dio origen a la decisión jurisdiccional.

La solicitud de revocación deberá decidirla el funcionario competente dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su recibo. De no hacerlo, podrá ser recusado, caso en el cual la actuación se remitirá inmediatamente al superior funcional o al funcionario competente para investigarlo por la Procuraduría General de la Nación, si no tuviere superior funcional, quien la resolverá en el término improrrogable de un mes designando a quien deba reemplazarlo. Cuando el recusado sea el Procurador General de la Nación, resolverá el viceprocurador.

En consideración a lo anterior, el Procurador General de la Nación hizo la siguiente precisión en el acto acusado:

“Dicho lo anterior, siguiendo la línea argumentativa del ministerio, debe observarse que según establece el artículo 125 del CDU, el sancionado podrá solicitar la revocación total o parcial del fallo sancionatorio cuando no lo haya impugnado mediante la interposición de los recursos ordinarios previstos en el código. En tal orden de ideas no sería viable atender la solicitud elevada por Gloria Himelda Piragauta Riveros, en la medida que, como ya se dijo, esta interpuso recurso de apelación contra el fallo proferido por la oficina de control interno disciplinario.

Con todo, en aras de cumplir con la función misional de este ente de control, referida al deber de velar por el apego de las decisiones disciplinarias a la Constitución y a la ley, se procederá de oficio, a examinar la decisión adoptada dentro del trámite disciplinario seguido contra la peticionaria, así como las razones invocadas por esta en su escrito del 1º de abril de 2005” (fl. 410, cdno. 2).

En esas condiciones y establecido como está que el Procurador General tiene competencia para revocar directamente los fallos sancionatorios emitidos al interior de las diferentes entidades públicas, y que además puede aprehender de oficio el conocimiento de tales asuntos, el argumento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público resulta infundado.

Respecto del argumento según el cual la revocación no se enmarca dentro del ejercicio del poder preferente ni dentro de la supervigilancia administrativa, considera la Sala que el poder disciplinario preferente hace referencia al predominio de la Procuraduría General de la Nación en relación con el control disciplinario que ejercen internamente las entidades estatales por medio de sus autoridades competentes. Para el efecto, puede iniciar, proseguir o asumir cualquier investigación o juzgamiento de competencia de los órganos de control disciplinario interno de las entidades públicas, así como conocer el proceso en segunda instancia, y avocar el conocimiento de aquellos asuntos que se tramitan internamente en las demás dependencias del control disciplinario.

La supervigilancia administrativa está prevista para que la Procuraduría General de la Nación, a través de sus dependencias, ejerza de manera selectiva la defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos fundamentales, dentro de las actuaciones disciplinarias de los órganos de control interno disciplinario.

Por su parte, la revocación directa opera frente a actos administrativos que están en firme, como excepción al principio de inmutabilidad de las decisiones administrativas la cual se rige por los artículos 122 a 127 de la Ley 734 de 2002.

Ahora bien, el hecho de que se hubiera elevado una petición de revocación directa ante otra autoridad no implica que la procuraduría pierda su competencia para conocer de oficio o a petición del afectado la revocatoria directa.

Respecto de la afirmación según la cual en el presente asunto se juzgaron los actos administrativos de primera y segunda instancia, procedimiento que era propio de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no de la Procuraduría General de la Nación, es del caso tener presente que el artículo 125 de la Ley 734 de 2002 dispone que la solicitud de revocatoria es procedente aunque el sancionada haya acudido a la jurisdicción de lo contencioso administrativa, siempre que no se haya proferido sentencia definitiva.

Es decir que la acción judicial no excluye la procedencia de la solicitud de la revocación directa, y el hecho de que la sancionada haya decidido no hacer uso de las acciones judiciales que le asisten no hacía improcedente la petición ante la Procuraduría General de la Nación.

Finalmente y en lo que tiene que ver con el desconocimiento del derecho a la igualdad, no encuentra la Sala de qué manera la procuraduría dio un trato “preferente” a la señora Gloria Himelda Piragauta Riveros; contrario a ello, al darle aplicación a los precedentes jurisprudenciales que sobre el particular se han emitido, respetó su derecho a la igualdad con relación a aquellas personas que se encuentran en una situación similar a la suya.

En esas condiciones, se negarán las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A” administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Niéganse las pretensiones de la demanda, dentro del proceso promovido por la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público contra la Procuraduría General de la Nación.

Cópiese, notifíquese y ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Discutida y aprobada en sesión celebrada en la fecha».