Sentencia 2006-00061 de noviembre 23 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 1100131030282006-00061-01

Magistrado Ponente

Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez

Bogotá, veintitrés de noviembre de dos mil doce.

Aprobado en sala el veintisiete de septiembre de dos mil doce

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. El numeral 3º del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil consagra que el escrito por medio del cual se provoca esta vía extraordinaria debe contener “[l]a formulación por separado de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación en forma clara y precisa”, derivándose para el censor la obligación de respetar las reglas de técnica que faciliten la comprensión de los argumentos con que pretende rebatir los sustentos del proveído atacado. Precisamente esa característica dispositiva impide que las deficiencias observadas sean subsanadas por la corporación.

Así lo tiene advertido la Sala al exigir que “sin distinción de la razón invocada, deben proponerse las censuras mediante un relato hilvanado y claro, de tal manera que de su lectura emane el sentido de la inconformidad, sin que exista cabida para especulaciones o deficiencias que lo hagan incomprensible y deriven en deserción, máxime cuando no es labor de la Corte suplir las falencias en que incurran los litigantes al plantearlos” (Auto ago. 16/2012, Exp. 2009-00466).

2. Se exponen dos ataques con base en la causal primera del artículo 368 ibídem, los cuales sustenta en los siguientes términos:

a.) El inicial acusa la violación indirecta por falta de aplicación de los artículos 1494 a 1503, 1505, 1602, 1603, 1613, 1614, 1618 a 1622, 1757, 1849, 1857, 1864, 1866, 2053, 2056, 2060 y 2061 del Código Civil; 2º, 822 a 824, 830, 832, 833, 840, 842, 845, 855, 863, 864, 871 y 905 del Código de Comercio y 175, 177, 187, 194, 195, 198, 200, 210, 203, 233, 241, 251 a 255, 258, 262, 264, 276 y 279 del Código de Procedimiento Civil; así como los 851 y 854 del estatuto mercantil por aplicación indebida; como consecuencia de error de hecho manifiesto y evidente en la valoración de algunas pruebas; que sustenta así:

Se equivocó el fallador al negar las pretensiones principales, por considerar que no existe prueba del perfeccionamiento del contrato, y las subsidiarias, al estimar que no se demostró la mala fe de la accionada en el rompimiento unilateral durante la etapa precontractual “pasando por alto, ignorando o haciendo caso omiso de la existencia en el proceso de pruebas documentales y testimoniales y restringiendo ostensiblemente el contenido real y objetivo de otros documentos probatorios, siendo todas estas pruebas idóneas y eficaces para la acreditación de los hechos sustento de las pretensiones”.

Vulneró con ello las normas relativas a la aceptación condicional o extemporánea de la oferta, lo que ocurrió en este caso; las preceptivas del Código Civil sobre el contrato de obra y de compraventa, las de las obligaciones en general y sus efectos; las mercantiles, en cuanto al modo de ejecutarse los contratos de buena fe y demás aspectos relacionados; además que no aplicó “las normas del procedimiento relativas a la prueba de confesión ficta o presunta corroborada por la prueba documental, a la posibilidad de probar los hechos aducidos en la demanda por cualquier medio probatorio, la asunción de la carga de la prueba, la valoración en conjunto de las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica sin que para el caso la ley sustancial exija solemnidad alguna para la existencia y validez del contrato objeto de la demanda y la imposibilidad de escindir la prueba documental”.

A pesar de que en el proceso hay pruebas idóneas y fundamentales que acreditan los hechos del libelo, omitió el juzgador, en primer lugar, la confesión ficta o presunta del representante legal de la demandada, pues, al no comparecer en la oportunidad señalada se realizó audiencia de calificación del cuestionario, en la cual se tuvieron por ciertos los aspectos asertivos implícitos de las preguntas 1 a 3 y 5 a 10, refiriéndose las tres primeras a la existencia del contrato, el precio y el ingreso autorizado de los equipos al sitio donde debía ejecutarse la obra, mientras las restantes aluden a la vinculación de algunos profesionales con Hyundai Corporation, la entrega que esta hizo del contrato a la accionante y la devolución del mismo firmado, la permanencia de los equipos en el lugar, el cumplimiento por parte de subsuelos hasta donde lo permitió su oponente y el incumplimiento de este. Infringió con ello los artículos 198 y 210 del Código de Procedimiento Civil.

Restringió, igualmente, el contenido real y objetivo de dos documentos privados provenientes de Hyundai, uno de fecha 29 de diciembre de 2000 firmado por el gerente del proyecto en el que subcontrató con Subsuelos S.A. la realización de la obra al aceptar la oferta que este les presentó “bajo unas nuevas condiciones, que aunque extemporánea tiene los efectos de una nueva propuesta (...) la cual a su vez fue aceptada por subsuelos S.A, según documento que obra a folio 26 del cuaderno 1”, que se desvertebró para considerarlo solo por la intencionalidad de desarrollar las obras y no en cuanto a la forma como quedaron los aspectos negociados.

El otro del 23 de marzo de 2001 que solo se apreció en lo que “expresa que Hyundai no emitió orden de inicio ni solicitud de movilización de equipos” pasando por alto que también se “expresó de manera clara que ‘como lo menciona en su carta, hicimos con ustedes un acuerdo para la construcción del pilotaje por el sistema de bandas’”, lo que confirma lo expresado en el anterior.

Se ignoraron los documentos privados que obran a folios 28, 72, 99, 418 a 484, 697 a 700 y 738 a 741 del cuaderno 1 y 21 a 113 del 9, que demuestran: el inicio de la ejecución del acuerdo; la solicitud de devolución de las pólizas de cumplimiento; los trámites ante tribunal de arbitramento para solucionar el conflicto entre Hyundai Corporation y la Sociedad Portuaria de Buenaventura, en las que aquella “vinculó en su pretensión la reclamación que a su vez subsuelos le había formulado con ocasión del subcontrato” y su posterior retiro; la existencia de Hyundai Corporation y su representación en cabeza de Kim Giseob “para la fecha de la diligencia de interrogatorio a la cual no asistió”; y el laudo arbitral que “ratifica la actividad de representación de Hyundai por parte de las personas que suscribieron la prueba documental que obra en el proceso y no tenida en cuenta, vista o ignorada por el tribunal”.

Pasó por alto los testimonios de Abelardo Buelvas, Edgar Torres, Sergio Hernán Velásquez Ruiz y Agenor García Gutiérrez, recepcionados de conformidad con la ley, que dan razón de “las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos narrados”, fundamentalmente “en relación con la aceptación de la oferta mediante contra propuesta, la celebración del contrato de obra objeto del proceso y los actos de ejecución del mismo”.

b.) En el segundo señala como vulneradas en esencia las mismas normas del anterior, además del 210 del Código de Procedimiento Civil, como consecuencia de error de derecho en la valoración de las pruebas obrantes a folios 24, 25, 94 y 95 del cuaderno 1, infringiendo los artículos 258 y 187 ibídem, que desarrolló así:

Los documentos indicados acreditan la aceptación extraordinaria de la oferta y, por ende, la celebración del contrato de obra, los cuales fueron valorados fraccionadamente en su contenido, adjudicándoles solemnidades que no requiere esa clase de pacto por ser eminentemente consensual, de acuerdo a los artículos 1857 y 2053 del Código Civil y 905 y 845 del de Comercio.

El tribunal encontró establecido un período precontractual “en el cual se presentó una oferta no aceptada ni expresa ni tácitamente, y que por lo tanto toda la documentación cruzada entre las partes solo quedó en eso”, incurriendo en yerro de jure “al considerar que la existencia del contrato de obra celebrado entre las partes debía aparecer en el proceso en un escrito firmado por ambas partes, y que para su existencia debían, de entrada, encontrarse definidos todos los aspectos relacionados con la obra contratada”.

De la comunicación a folios 24 y 25 del cuaderno 1 solo le dio valor al aparte en que Hyundai confirma su “firme intención de desarrollar las obras de cimentación y pilotaje del proyecto” y restárselo al resto en que se expusieron los principales aspectos de la negociación, como son el valor acordado, el anticipo y la fecha en que sería desembolsado este.

Igual situación ocurrió respecto del escrito a folios 94 y 95 del cuaderno 1 que tuvo en cuenta únicamente “en donde se expresa que no se dio orden de inicio ni solicitud de movilización de equipos”, dejando de lado el párrafo segundo.

Infringió, por ende, por falta de aplicación los preceptos aludidos pues “sí existen en el proceso los pruebas idóneas y suficientes que demuestran la aceptación condicional o extemporánea de la oferta y por ende la existencia del contrato de obra celebrado entre las partes, por lo que no podía predicarse la inexistencia de la aceptación de la oferta, expresa o tácitamente, dentro del término de los seis (6) días siguientes al recibo de la misma, pues al haber sido aceptada extemporáneamente se trataba de una nueva oferta que a su vez fue aceptada expresamente por Subsuelos S.A. , según los términos de los folios 24, 25, 26”.

El fraccionamiento erróneo de esas pruebas es manifiesto y trascendente, pues de haberlos “valorado de manera indivisible, se hubieran valorado de acuerdo a las reglas de la sana crítica en conjunto con las demás pruebas obrantes en el proceso y sin exigir formalidades no pedidas por la ley sustancial”.

3. Cuando se acude en casación aduciendo la vulneración de normas sustanciales, tiene dicho la Corte que “aunque todas las especialidades del primer motivo que contempla la ley para agotar está vía extraordinaria, coinciden en la necesidad de individualizar los preceptos atributivos o declarativos de derechos, que se consideren afectados, su sola cita no es suficiente sino que debe existir un planteamiento claro y detallado respecto a la forma como se produce tal infracción. Así, cuando se invoca la vía recta, prescindiendo de la comprensión que del aspecto fáctico de la controversia hubiera hecho el fallador, debe señalarse si se tuvieron en cuenta fundamentos legislativos que no correspondían, si a pesar de ser los idóneos se les dio una hermenéutica contraria o si simplemente fueron pasados por alto. Si se acude a la indirecta, debe precisarse si se han infringido normas probatorias, explicando su dicho, o, en su defecto, si es producto de una equivocación manifiesta en la apreciación de la demanda, su contestación o determinada prueba, en cuyo caso debe formular un planteamiento lógico que lo demuestre” (Auto feb. 21/2012, Exp. 2008-00322).

Cualquiera de los anteriores casos debe responder a unas especificaciones que le son propias, así, si el reclamo obedece a violación indirecta en clara alusión al material de convencimiento recaudado, es necesario tener en cuenta que “[l]a Corte de vieja data, ha iterado la natural dicotomía de los errores de hecho y de derecho e imposibilidad de invocarlos al mismo tiempo respecto de unos mismos elementos de convicción. (...) En tratándose de yerros fácticos, menester señalar la suposición, preterición o alteración, ya por adición, ora por cercenamiento de las pruebas, y ‘si la violación de la norma sustancial ha sido consecuencia de error de derecho, se deberán indicar las normas de carácter probatorio que se consideren infringidas explicando en qué consiste la infracción’ (artículo 374, in fine, Código de Procedimiento Civil)” (Sentencia del 23 de junio de 2011, Exp. 73001-3103-003-2003-00388-01).

Complementariamente, la corporación ha expuesto que “desde el punto de vista de la técnica del recurso..., la demostración de los yerros de apreciación probatoria por cuya causa puede el sentenciador llegar a transgredir una norma de índole sustancial (...) asume diferente significación según sea la clase de error, pues al paso que en el de hecho la apreciación cumplida por el juzgador debe ser examinada teniendo como punto de referencia la objetividad del medio probatorio, en el de derecho la estimación cumplida se ha de pasar por el tamiz de las normas que disciplinan la actividad probatoria. Sin embargo, vista la cuestión desde otra perspectiva, se trata, en ambas clases de error, de llevar a cabo una labor de confrontación, cuyos pasos deben ser los siguientes: (...) En el error de hecho debe ponerse de presente, por un lado, lo que dice, o dejó de decir, la sentencia respecto del medio probatorio, y, por el otro, el texto concreto del medio, y, establecido el paralelo, denotar que existe disparidad o divergencia entrambos y que esa disparidad es evidente. (...) En el error de derecho —cuyo ineludible punto de partida es la percepción material u objetiva del medio por parte del sentenciador—, también es del caso llevar a cabo una comparación entre la sentencia y el medio, según se ha anticipado, mas en este supuesto lo será para patentizar que conforme a las reglas propias de la petición, decreto, práctica o apreciación de las pruebas, el juicio del sentenciador no podía ser el que...consignó. En consecuencia, si dijo que la prueba era apta para demostrar el hecho o acto, debe hacerse notar que no lo era en realidad; o si la desestimó como idónea, debe puntualizarse que sí era adecuada. Todo, con sujeción a las susodichas normas reguladoras de la actividad probatoria...” (sent. oct. 13/95, Exp. 3986; reiterada en la de abr. 6/2011, Exp. 54001-3103-004-2004-00206-01).

4. El incumplimiento de las reglas descritas es evidente como se pasa a exponer:

a.) En lo que atañe al primer ataque, a pesar de que se anuncia como error de hecho en la apreciación de varios elementos de convicción, indica como afectados los artículos 175, 177, 187, 194, 195, 198, 200, 210, 203, 233, 241, 251 a 255, 258, 262, 264, 276 y 279 del Código de Procedimiento Civil, todos ellos de estirpe netamente probatoria y cuya vulneración solo puede acusarse por la senda del yerro de jure, confundiéndose ambos medios de censura, lo que repugna a la técnica de esta vía extraordinaria.

Precisamente estas normas se refieran a la producción, carga y apreciación de la prueba, los requisitos y la indivisibilidad de la confesión, procedencia de la peritación y apreciación del dictamen, aportación y examen de los documentos, aspectos estos que distan mucho de los postulados propios de la equivocación de facto planteada, en la que se debe sopesar únicamente el estudio realizado por el sentenciador de la demanda, su contestación o las pruebas, ya sea por no haberlas tenido en cuenta, suponerlas o alterar su alcance.

La Corte, en sentencia del 18 de julio de 2012, Expediente 1995-04020, señaló al respecto que “la exigencia de precisión de las demandas de casación, establecida en el artículo 374 ídem, ‘obliga a que ‘la acusación sea exacta, rigurosa (...) que contenga todos los datos que permitan individualizarla dentro de la esfera propia de la causal que le sirve de sustento’ (sent. cas. civ. Nº 114 de sep. 15/94)’ (Auto de oct. 13/2011, Exp. 00269) y de la pifia que se denuncia’ (Sent. Cas. Civ. de feb. 29/2012, Exp. 00103-01), entonces, cuando quiera que en un cargo estructurado bajo la perspectiva del yerro fáctico se endilga al fallador la vulneración de normas de carácter probatorio, se incurre en un indebido entremezclamiento que atenta contra el aludido requisito en sede de casación; así lo puntualizó la Corte en pretérita ocasión cuando desechó la prosperidad de una censura por cuanto ‘a pesar de denunciar el quebrantamiento de la ley sustancial por desatino ‘manifiesto de hecho en la apreciación de’ ciertas probanzas, concluyen que ‘con este yerro se dejó de aplicar por parte de la sentencia demandada, los artículos 174, 175, 187, 194 y 197 del Código de Procedimiento Civil’, normas probatorias cuya vulneración debe denunciarse por error de derecho en la vía indirecta’ (Sent. Cas. Civ. de feb. 29/2012, Exp. 00103-01)”.

b.) Respecto del segundo cargo, presenta las siguientes falencias:

(i) El sustento de que el ad quem afirmó “que la existencia del contrato de obra celebrado entre las partes debía aparecer en el proceso en un escrito firmado por ambas partes, y que para su existencia debían de entrada, encontrarse definidos todos los aspectos relacionados con la obra contratada”, aparece desenfocado si se contrasta con el contenido del fallo que se ataca.

En efecto, luego de plantear la naturaleza del debate, relacionada con la existencia de un contrato de obra entre los intervinientes, su incumplimiento por uno de ellos y la obligación indemnizatoria, pasó a hacer algunas precisiones respecto del estado precontractual y la oferta, como pasos previos al mismo constitutivos de derechos, para relacionar los documentos allegados con el libelo y rematar con que “del estudio sistemático e integral del material probatorio recaudado en la actuación, necesariamente se concluye que no existe prueba que demuestre que el destinatario comunicó al oferente, en el término perentorio de seis días, la aceptación del contrato propuesto en los términos del artículo 851 del Código de Comercio” y complementar que “[n]o aparece pues en la documentación allegada, prueba de la aceptación expresa de la oferta por parte de Hyundai Corporation a través de sus representantes, que diera como resultado el nacimiento a la vida jurídica del contrato de obra objeto de las pretensiones. Tampoco se observa que [en] el asunto debatido se haya presentado una aceptación tácita de la oferta manifestada, según las palabras del artículo 854 del Código de Comercio, por un hecho inequívoco de ejecución del contrato propuesto”.

De lo transcrito no emana que se hubiera establecido por el fallador una tarifa legal o unos requerimientos ajenos a la normatividad, en relación con la demostración del contrato de obra ni mucho menos respecto de la oferta o su aceptación, sino que del estudio en conjunto de las pruebas obrantes en el expediente no lo percibió, ya fuera que se hubiera dado de manera expresa o tácita.

Sobre esta falencia, como se advirtió en auto de 2 de noviembre de 2011, Expediente 2003-00428, “la Corte ha señalado que ‘[d]e manera, pues, que en esas condiciones el reproche resulta desenfocado, en la medida en que no guarda una estricta y adecuada consonancia con lo esencial de la motivación que se pretende descalificar’ (auto de dic. 18/2009, Exp. 6800131030012001-00389 01) o que ‘resulta desenfocado, pues deja de lado la razón toral de la que se valió el ad quem para negar las pretensiones (...) Ignorado fue, entonces, el núcleo argumentativo del fallo impugnado, haciendo del cargo una embestida carente de precisión, pues apenas comprende algunas de las periferias del asunto, lo cual anticipa su ineficacia para propiciar el pronunciamiento de la Corte.’ (Auto de ago. 30/2010, Exp. 11001-31-03-005-1999-02099-01)”.

(ii) Surge incompleto en su formulación pues se limita a citar dos comunicaciones que considera fraccionadas en cuanto a sus alcances demostrativos, al no darle valor a unos apartes que resalta, sin que se formule una exposición razonada y fundamentada que permita establecer cuáles son los otros medios de convicción que reafirman los puntos que advierte omitidos, o como operaba la cohesión entre los diferentes elementos de convicción, limitándose a señalar que “de haber actuado sin violar los artículos 187 y 258 del Código de Procedimiento Civil, los documentos citados se hubieran valorado de acuerdo a las reglas de la sana crítica en conjunto con las demás pruebas obrantes en el proceso y sin exigir formalidades no pedidas por la ley sustancial”.

La exposición, por lo tanto, se queda en el esbozo de una inconformidad respecto a la valoración de dos documentos individualmente considerados, como si se tratara de un yerro de facto, obviando que lo que justifica la cita del artículo 187 en cita es precisamente el incumplimiento del deber legal del funcionario al proferir sentencia de realizar un examen “conjunto” a todas las pruebas legal y oportunamente aportadas, explicando la razón del mérito que les asigne, labor que para ser derruida requiere de un esfuerzo argumentativo íntegro del impugnante.

Esta corporación en sentencia del 16 de diciembre de 2004, Expediente 7459, memoró que “[s]obre la apreciación de las pruebas en conjunto y la exposición razonada que se le debe dar a cada una de ellas, exigencias impuestas al sentenciador por el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, ha expuesto la Corte que como de conformidad con la presunción legal de acierto en la estimativa probatoria de un fallo que llega en casación, se entiende que el fallador da cumplimiento al deber de apreciar en conjunto o globalmente (integración mediante la relación o causación de similitud, disimilitud, oposición, convergencia, etc.) todas las pruebas que se dan por existentes en el proceso sometiéndose en ello a las reglas de la sana crítica y sus limitaciones (las solemnidades esenciales y de validez de los actos), dando la razón del mérito de cada prueba (CPC., art. 187), es menester concluir que su impugnación en casación por error de derecho no queda ajustada del todo a la técnica por la indicación abstracta de la violación de la citada preceptiva, sino que además, es indispensable, entre otros, que el defecto sea en la apreciación normativa de la prueba y no se sustente en deficiencia fáctica, como la preterición de la prueba, porque el yerro que debe endilgarse debió ser el de hecho y no el de derecho. Además, es imperativo, por lo arriba expuesto, que la indicación de tal yerro de derecho, a pesar de referirse a falta de apreciación global, debe ir acompañada de la determinación o singularización (como lo exigen CPC., arts. 368, num.1º, y 374, num. 3º) de todas y cada una de las pruebas, que a juicio del recurrente no fueron objeto de apreciación conjunta; indicación esta que, por lo demás, debe ser completa en el sentido que abarque la apreciación en conjunto de todo (y no de una parte o grupo) el acervo probatorio que sostiene el fallo, la que debe ir acompañada de su comprobación con la indicación de los pasajes donde quede demostrada completamente la falta absoluta de la mencionada integración y estimativa global, pues no apareciendo de esta manera, se mantiene la presunción de acierto en esta materia, que, por lo tanto, deja invulnerable el fallo por ese motivo’ (Sent. 103 de mayo 6/91, no publicada aún oficialmente). (...) Y también ha sostenido que, por cuanto el artículo 187 ibídem exige la apreciación de los elementos de certeza en conjunto, ‘el desconocimiento de tal mandato por parte del fallador da lugar a un error de derecho’, porque en tal supuesto ‘se desconocería una prescripción de la ley instituida para evaluar las pruebas”, por lo que, con el propósito de que ese dislate aflore, debe el impugnador “demostrar que la tarea evaluativa de las distintas probanzas cumplida por el sentenciador se llevó a cabo al margen del análisis de conjunto pedido en el artículo 187, o sea, poniendo de manifiesto cómo la apreciación de los diversos medios lo fue de manera separada o aislada, sin buscar sus puntos de enlace o de coincidencia. Ese y no otro debe ser el criterio a seguirse cuando de individualizar este tipo de yerro se trata. En consecuencia, si, con prescindencia de las conclusiones obtenidas en el campo de los resultados de la prueba, pues es asunto que cae en el terreno rigurosamente fáctico, la referida tarea valorativa se ciñó a la norma citada, no será admisible la prédica del error cuando bajo el pretexto de su demostración, lo que persigue es la sustitución del examen de conjunto realizado por el sentenciador por el que proponga el recurrente. Expresado de otra manera, se debe tener un cuidado sumo para que el planteamiento no derive hacia el aspecto de la objetividad de los hechos pues en este la cuestión queda ya bajo el influjo del error de hecho que, como se sabe, tiene una naturaleza distinta a la del error de derecho’ (G. J, t. CCVIII, págs.151 y 152).

5. De tal manera, toda vez que las acusaciones propuestas no se avienen a los requerimientos formales que debe reunir la sustentación de la impugnación extraordinaria examinada, no procede su admisión.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,

RESUELVE:

1. Declarar inadmisible la demanda y, en consecuencia, desierto el recurso de casación interpuesto en el proceso de la referencia por Subsuelos S.A.

2. Devolver por conducto de la Secretaría el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese».