Sentencia 2006-00076 de julio 14 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC9141-2014

Radicación: 20001-31-03-003-2006-00076-01

Magistrado Ponente:

Dr. Jesús Vall de Rutén Ruiz

Bogotá, D.C., catorce de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

En el marco de las limitaciones establecidas por el legislador en el ordenamiento en lo atañedero a la actividad jurisdiccional del tribunal de casación, procede la Corte a decidir el cargo propuesto.

En la confusa formulación de los argumentos tendientes a demostrar la incongruencia de que se acusa la sentencia, cree ver la Corte que la esencia de la censura estriba en que si no se había ejercitado una acción de cumplimiento contractual no podía el tribunal declarar de oficio la nulidad del contrato de promesa de compraventa y, por esa vía, omitir todo pronunciamiento en relación con las pretensiones de las demandas y las excepciones formuladas por las partes.

Sin embargo, esa afirmación parte de la base de que la demanda no fue de cumplimiento contractual y que sin embargo, el tribunal así la percibió, con lo cual se atribuyó facultades para declarar oficiosamente la nulidad, planteamiento que a no dudarlo desvía el cargo hacia la causal primera, esto es, hacia la violación indirecta de normas sustanciales como consecuencia de una equivocada interpretación de la demanda, incurriendo el censor en una inadmisible mixtura de causales de casación, en contra de su autonomía e independencia, y por esa vía, de la claridad y precisión que debe ostentar el cargo.

Con todo, es lo cierto que nítidamente se lee en los poderes que recibió el apoderado que formuló la demanda de reconvención, que las hermanas A… P… lo facultaron para “obtener el cumplimiento del contrato celebrado por H… J… C… y E… A… A…” (fls. 1 y 2, cdno. demanda de reconvención). Y en ejercicio de los mismos, en el escrito de mutua petición planteó como pretensión principal que se declarara el incumplimiento de H... de J... C... sobre la promesa de compraventa celebrada el 4 de mayo de 1993 y que como consecuencia de ello, se le ordenara el cumplimiento de dicho contrato otorgándole escritura pública a favor de B... H... y L... M... A... (fl. 7).

Tan insoslayable resulta el sentido de la demanda de reconvención propuesta por B... H... A... P... y L... M... A... P..., que luego de desarrollar la argumentación orientada a sustentar el cargo, solicitan que la Corte, luego de casar la sentencia recurrida y de revocar la de primera instancia, concluya su cometido “ordenando el cumplimiento del contrato de compraventa y el otorgamiento de su correspondiente escritura pública” (fl. 25, cdno. Corte), con lo cual se vuelve sobre la que fuera prístina intención del libelo de mutua petición.

Por tanto, teniendo claro que la promesa de compraventa celebrada entre H... de J... C... y E... A... A... es el puntal o fundamento de la demanda de reconvención, como que precisamente se pide allí que se conmine al demandado a que la cumpla, debe memorarse que el artículo 1742 del Código Civil, subrogado por el artículo 2º de la Ley 50 de 1936, atribuye al juez no solo la potestad, sino el deber de privar de eficacia al contrato, declarando la nulidad absoluta del mismo, aun sin petición de parte, siempre que el motivo invalidante, sancionado con la nulidad absoluta, “... aparezca de manifiesto en el acto o contrato”.

Sobre el particular, ha dicho reiteradamente la Corte que:

“La previsión legal en comentario consagra una aplicación particular del principio inquisitivo, en tanto autoriza la oficiosidad del juez, atribución cuya justificación se halla en el fundamento mismo de tal especie de nulidad, establecida como se sabe en interés de la moral, el orden público y el respeto debido a las normas de carácter imperativo, postulados cuya protección no puede quedar sometida exclusivamente a la iniciativa particular, como ocurriría si el aniquilamiento de los negocios jurídicos que los contrarían solo pudiere declararse a ruego suyo.

Empero, como desde antaño lo ha venido exponiendo la doctrina de la Corte, ese poder excepcional que al fin de cuentas comporta un control de legalidad en torno a la actividad negocial, está sujeto o limitado por los condicionamientos que la propia norma consagra y que la corporación ha identificado así: ‘... 1ª. Que la nulidad aparezca de manifiesto en el acto o contrato, es decir, que a la vez que el instrumento pruebe la celebración del acto o contrato, demuestre o ponga de bulto por sí solo los elementos que configuran el vicio determinante de la nulidad absoluta; 2ª. Que el acto o contrato haya sido invocado en el litigio como fuente de derecho u obligaciones para las partes; y 3ª. Que al pleito concurran, en calidad de partes, las personas que intervinieron en la celebración de aquel o sus causahabientes, en guarda del principio general que enseña que la declaración de nulidad de un acto o contrato en su totalidad no puede pronunciarse sino con audiencia de todos los que lo celebraron” (G. J. T. CLXVI, pág. 631). Criterio que ha reiterado entre otras, en sus sentencias del 10 de octubre de 1995, 10 de abril de 1996 y 20 de abril de 1998’ (Cas. Civil, mar. 11/2004, Exp. 7582)”.

Por consiguiente, disponiendo el tribunal de la facultad oficiosa de decretar la nulidad del convenio base de la acción incoada, mal puede sostenerse que cuando usó dicha atribución, se abstuvo de fallar sobre las pretensiones planteadas por ambas partes, pues en primer lugar, el tribunal desestimó la procedencia de la acción reivindicatoria propuesta por el actor al advertir que había mediado un contrato que sirvió de título a la posesión del causante E... A... En segundo lugar, si las pretensiones de las reconvinientes tenían venero en un contrato a la sazón nulo, implícitamente decidió denegándolas al privar de todo efecto la fuente de la que, para el actor, provenía el derecho que reclamaba. Y en tercer lugar, si por disposición legal tiene el deber de declarar la nulidad absoluta, con las restricciones anotadas, al proceder de ese modo no hace más que producir un fallo congruente, pues ha de recordarse que los artículos 305 y 306 del Código de Procedimiento Civil le ordenan, el primero, que su decisión guarde consonancia con “las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley”, y el segundo, que cuando “halle probados los hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia”. Y la nulidad absoluta del contrato es justamente una excepción que enerva el cumplimiento del mismo, o por mejor decir, la prosperidad de las pretensiones, nulidad que de hallar probada el juez, en los términos del artículo 1742 del Código Civil debe declarar de oficio, pues de no hacerlo, ahí sí podría producir un fallo disonante.

Es esa la doctrina de la Corte:

“la actividad que cumple el funcionario investido de la potestad de administrar justicia, está regulada por cuatro vectores cuya conjugación delinean o delimitan la misma: 1) las pretensiones de la demanda; 2) los hechos que la sustentan; 3) las excepciones invocadas por el demandado (cuando así lo exige la ley); y, 4) las excepciones que debe declarar de oficio. Y, por supuesto, cuando el agente del Estado quebranta esos hitos, incursiona en predios que destellan un exceso de poder o un defecto del mismo; algunas veces, en la medida en que decide sobre cuestiones no pedidas o más allá de lo solicitado o cuando deja de resolver sobre las pretensiones o excepciones aducidas; tal vicio, se estructura, igualmente, cuando el sentenciador desdeña pronunciarse sobre aspectos no enarbolados por las partes, pero que, por disposición legal, debían ser objeto de decisión oficiosa” (Sent. Cas. Civil, dic. 16/2010, Exp. 1997 11835 01).

El cargo no se abre paso.

V. Decisión

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2010 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, dentro del proceso ordinario de H... de J... C... S... contra B... H... A... P... y L... M... A... P...

Costas del recurso a cargo de las recurrentes. Para su tasación, inclúyanse como agencias en derecho la suma de $ 3.000.000, en atención a que no hubo réplica.

Notifíquese y devuélvase al tribunal de origen».