Sentencia 2006-00077 de febrero 8 de 2006 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 2006-00077

Magistrado Ponente:

Dr. Manuel Isidro Ardila Velásquez

Bogotá, D.C., ocho de febrero de dos mil seis.

Decídese la acción de tutela promovida por Ceneida Tascón de Piña y Álvaro Piña Tascón contra el magistrado Julián Alberto Villegas Perea del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, Sala Civil-Familia.

I. Antecedentes

Aduciendo vulneración del derecho al debido proceso, los accionantes solicitan revocar el auto de 9 de noviembre de 2005 proferido por el accionado, por el cual declaró “inadmisible” el recurso de apelación que interpusieron contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Palmira dentro del hipotecario que en su contra adelanta el Banco Colpatria, para que en su lugar se ordene tramitar el recurso en debida forma.

Como soporte de tal pedimento exponen, en compendio, lo siguiente:

Apelaron de la mentada sentencia, proferida el 19 de agosto del año anterior, que les fue desfavorable; concedido el recurso, procedieron entonces a pagar los portes de envío a la ciudad de Buga, donde tiene sede el tribunal.

Mas, arribado el expediente a la corporación, el magistrado ponente, por auto de 9 de noviembre de 2005, lo declaró “inadmisible” por no haberse consignado el citado porte en la administración postal dentro de los diez días siguientes a la llegada del expediente a esa oficina, determinación que encarna una vía de hecho, pues no es cierto que tal cosa haya acontecido, toda vez que los días sábados no computan para dicho término.

El accionado replicó el amparo ateniéndose a los argumentos esbozados en la decisión que en su momento adoptó al definir el punto.

Consideraciones

Cierto que, como lo aduce el accionado, la jurisprudencia de la Corte sentó el criterio de que al cómputo del término establecido por el artículo 132 del Código de Procedimiento Civil resulta relevante averiguar cuáles son los días en que efectivamente se presta el servicio postal, pues ellos debían incluirse en tal conteo.

La Sala sin embargo, ante un nuevo examen del punto llega hoy a una conclusión diferente. Todo lo más porque es lo que mejor consulta con derechos fundamentales atinentes al debido proceso. En verdad, no parece ser lo más acertado desconectar el cariz judicial que indiscutiblemente tiene la cuestión con ese cómputo.

Es perfectamente comprensible que la función judicial no podría tener cumplido efecto si no existiese toda una gestión operativa y logística, cuya naturaleza no tiene en verdad un carácter judicial propiamente dicho. Diligencias varias como las tendientes a poner en práctica las decisiones del juez, verbi gratia las notificaciones, son más de gestión y administración, y de ahí que en ciertas latitudes se abogue porque dichas tareas sean cumplidas por órganos diferentes a la autoridad judicial. El caso es que en nuestro medio, donde unas y otras labores, están por lo general bajo el control del juez, y son cumplidas por ende dentro del proceso mismo, es harto difícil despojar el carácter procesal y judicial al término que para la remisión de expedientes estatuye el citado artículo 132. Y de ahí que el cómputo en cuestión deba sujetarse a esa circunstancia, lo cual significa que se regula entre otras por lo que dispone el inciso 1º del artículo 121 ejusdem, según el cual se descuentan los días de vacancia judicial.

En síntesis, no por tratarse de un acto que, estricto sensu, es administrativo, cabe despojarlo de su carácter procesal para entonces computarlo conforme al calendario postal y no judicial. Estima la Sala que así se garantiza aún más el derecho de contradicción, habida cuenta que la norma será general y uniforme para todos los casos sin que el litigante deba someterse a la incertidumbre de lo que en particular sucede en cada oficina postal del país.

Y es precisamente tomando en consideración estos conceptos, desde luego, armonizándolos con eso que la doctrina constitucional define como una vía de hecho, que puede decirse que la actuación del accionado, en cuanto declaró la deserción del recurso de apelación interpuesto por los accionantes al no haberse acatado lo previsto en el artículo 132 del Código de Procedimiento Civil, se erige indudablemente como ejemplo indiscutible de una vía de esa naturaleza.

Porque, en verdad, si el expediente llegó a la oficina postal el 22 de septiembre de 2005, como lo expresa la decisión fustigada en la tutela, y el pago del porte debía efectuarse dentro de los 10 días siguientes, es evidente que este podía hacerse, después de descontar en el cómputo del término a que alude el predicho artículo 132, los días de vacancia judicial, esto es, los días sábados en que fijó su atención el accionado, a más tardar el 6 de octubre siguiente; de donde se sigue que si el pago efectuado por los apelantes tuvo lugar el día 5 de dicho mes, como también lo señala el proveído cuestionado en la tutela, es protuberante que se hizo conforme a la ley.

De acuerdo con lo anterior, debe entonces concederse el amparo solicitado, para lo cual se revocará el auto rebatido en la tutela, y se ordenará al accionado que provea nuevamente sobre la admisión de la apelación prescindiendo del argumento que en relación con la tempestividad del porte expuso en la determinación objeto de la tutela.

II. Decisión

Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve:

Conceder a Ceneida Tascón de Piña y Álvaro Piña Tascón la tutela del derecho al debido proceso de cara al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, Sala Civil-Familia.

En consecuencia, revócase el auto de 9 de noviembre de 2005 proferido por el magistrado ponente del tribunal accionado que declaró “inadmisible” el recurso de apelación contra la sentencia de 19 de agosto del mismo año, emitida por el Juzgado 3 Civil del Circuito de Palmira dentro del proceso de la referencia, y en su lugar le ordena que se pronuncie nuevamente sobre el mismo, prescindiendo del argumento sobre extemporaneidad en el porte.

Comuníquese esta decisión a los interesados mediante telegrama u oficio y remítanse los autos a la Corte Constitucional para la eventual revisión.

Magistrados: Jaime Alberto Arrubla Paucar—Manuel Isidro Ardila Velásquez—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—Pedro Octavio Munar Cadena—Silvio Fernando Trejos Bueno—Cesar Julio Valencia Copete—Edgardo Villamil Portilla.

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