Sentencia 2006-00086 de febrero 14 de 2013

 

Sentencia 2006-00086 de febrero 14 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad. 11001-03-24-000-2006-00086-00

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Ref. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Actor: Crown Cork & Seal Company Inc.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Bogotá, D.C., catorce de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de las resoluciones 6058 de 28 de marzo de 2005 y 528323 de 27 de octubre del mismo año, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales, en síntesis, se declaró la caducidad del privilegio de patente de invención denominada “Cierre indicador de violación”.

Los actos administrativos acusados, son del siguiente tenor:

“RESOLUCIÓN 6058

“Por la cual se declara la caducidad de un título de concesión de patente”.

Ref. Exp. 93423808

El Superintendente de Industria y Comercio

en ejercicio de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ‘para mantener vigente la patente, o en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberán pagarse las tasas anuales de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente. Las anualidades deberán pagarse por años adelantados’.

Que la misma norma establece que ‘La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que fue presentada la solicitud’, y que ‘una tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses contados desde la fecha de inicio del período anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido’.

Que el último inciso del artículo 80 señala que, ‘La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente’.

2. Que mediante la Resolución 25987 del 30 de noviembre de 1999, el Superintendente de Industria y Comercio concedió el privilegio de patente a la invención denominada ‘Cierre indicador de violación’, con vigencia desde el 21 de diciembre de 1993 hasta el 21 de diciembre de 2013. La Resolución 25897 quedó finalmente ejecutoriada el 27 de diciembre de 1999.

3. Que el interesado no acreditó dentro de los términos que establece el citado artículo 80, el pago de los derechos legales correspondientes a las anualidades comprendidas entre el 21 de diciembre de 2000 y el 21 de diciembre de 2001, como tampoco de las siguientes, o sea, de las comprendidas entre el 21 de diciembre de 2001 y el 21 de diciembre de 2002 y 21 de diciembre de 2002 y el 21 de diciembre de 2003.

4. Que los pagos acreditados el 21 de noviembre de 2003 y el 22 de noviembre de 2004, y que obran a folios 166 a 169 del expediente, definitivamente resultan extemporáneos con respecto a las oportunidades de pago de las anualidades anotadas en el considerando precedente, además corresponden al pago de las anualidades 2003-2004 y 2004-2005, según lo anuncia el interesado en los escritos por medio de los cuales adjunta los comprobantes de los pagos respectivos.

RESUELVE:

ART. 1º—Declarar la caducidad del título contentivo de la concesión de la patente contenido en el expediente de la referencia.

(...)”.

“RESOLUCIÓN 28323

“Por la cual se resuelve un recurso de reposición”.

Ref. Exp. 93-423808

El Superintendente de Industria y Comercio

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los artículos 4º, numeral 24 del Decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO:

(...).

El caso en estudio

(...).

Al respecto comparte esta oficina el que, en efecto, la patente en cuestión fue concedida dentro de la vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, mientras que la caducidad se declaró con fundamento en lo previsto por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Debe recordarse que de acuerdo con lo previsto por la disposición transitoria primera de la Decisión 486: ‘Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta decisión ...’.

(...).

Debe aclararse que no fue a partir de la vigencia de la Decisión 344 que surgió la obligación de ‘pagar tasas periódicas para mantener vigente la patente, puesto que ya la Decisión 313 y antes la 311 contemplaban esta disposición en iguales términos (ver artículos: 52 de la Decisión 311 y 52 de la Decisión 313)’.

Señala el recurrente que el Ministerio de Desarrollo Económico expidió el Decreto 2357 de 1996 ‘(...)’.

Comparte la oficina con el recurrente el hecho de que la mencionada disposición reglamentaria se ha repetido a lo largo de las distintas resoluciones de tasas.

También es cierto que el superintendente delegado para la propiedad industrial expidió la Circular Externa 1 el 6 de enero de 1997 con el propósito de hacer claridad sobre la aplicación del Decreto 2357 de 1996 sobre tarifas para el año 1997.

De la mencionada circular, en efecto, se desprende que la obligación de pagar los quinquenios se da a partir del 1º de enero de 1997.

(...).

En efecto, considerando que la solicitud en este caso fue presentada el 21 de diciembre de 1993, el período para pagar tasas quinquenales surgiría a partir del 21 de diciembre de 1997 (primer quinquenio), pero como en ese momento no había patente concedida el pago debe efectuarse para el quinquenio siguiente. Al respecto el Decreto 2357 de 27 de diciembre de 1996 en el parágrafo del artículo primero dispone: ‘(...) PAR.—La obligación de pagar tasas quinquenales para mantener el vigor las patentes de invención, surge a partir del quinto año de vigencia de las mismas. Dichas tasas pueden cancelarse en cualquier momento durante ese último año del primer quinquenio y dentro de los seis (6) meses del año siguiente, pero en este último caso, con un recargo adicional del 25% sobre la tasa quinquenal. No obstante, si a las fechas señaladas la patente aún no hubiere sido concedida, el titular pagará solo el quinquenio siguiente, en los plazos señalados’ (subrayas de la oficina).

Además establece la Circular Externa 1 de 1997 que deben pagarse quinquenios por las patentes que a partir de esta fecha (ene. 1º/97):

‘Comiencen a disfrutar su quinto (5º), décimo (10) o quinceavo (15) año de vigencia, o que,

Vengan disfrutando de su quinto (5º), décimo (10) o quinceavo (15) año de vigencia.

En consecuencia, no existe obligación de pagar con retroactividad por los quinquenios ya disfrutados antes del 1º de enero de 1997; o sea que las patentes cuyo(s) quinto (5º), décimo (10) o quinceavo (15) año de duración ya haya finalizado, pagarán solo por los quinquenios que se disfruten en el futuro ...’.

De acuerdo con lo anterior, en este caso el primer quinquenio a pagar, efectivamente, sería el que va de 21 de diciembre de 1998 a 21 de diciembre de 2003, teniendo en cuenta que la patente se concedió el 30 de noviembre de 1999.

No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que a partir de la vigencia de la Decisión 486 (dic. 1º/2000) las tasas para mantenimiento de las patentes se pagan anualmente, como se puede ver en su artículo 80.

Al reglamentar esta disposición la Resolución 701 del 30 de enero de 2001, en su artículo 5º, estableció:

‘Quienes a la entrada en vigencia de la presente resolución hayan cancelado la tasa de mantenimiento de la patente en la modalidad de quinquenios, entenderán los pagos efectuados como pagos adelantados de las anualidades que en la nueva Decisión 486 se establecen, sin que deba cubrirse ningún tipo de diferencia económica, y mantendrán como fecha de vencimiento para empezar a pagar conforme a lo previsto en el artículo 80 de la Decisión 486, el último día del mes en el cual se cumpla dicho quinquenio ...’.

De esta disposición resulta claro que el cambio de modalidad en el pago de tasas de mantenimiento de quinquenios a anualidades en ningún momento puede llevar a pensar que por producirse tal cambio se generen lapsos en los que no se paga una tasa de mantenimiento. Se reitera lo dicho en el sentido que ‘Quienes a la entrada en vigencia de la presente resolución hayan cancelado la tasa de mantenimiento de la patente en la modalidad de quinquenios, entenderán los pagos efectuados como pagos adelantados de las anualidades que en la nueva Decisión 486 se establecen ...’.

En este caso solo se pagó lo correspondiente a los años 2003-2004 (ver fl. 166) y 2004-005 (ver fl. 169).

(...).

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que en este caso no se cumplió con las disposiciones legales que obligan al titular de la patente a pagar la tasa establecida para su mantenimiento; en consecuencia, no encuentra esta superintendencia que sea del caso revocar la decisión de declarar la caducidad de la patente a que se refiere este expediente.

RESUELVE:

ART. 1º—Confirmar la decisión contenida en la Resolución 6058 de 28 de marzo de 2005 por medio de la cual se declaró la caducidad de un título de concesión de patente.

(...)” (subrayas y negrillas fuera del texto).

De conformidad con lo anterior, se observa que la Superintendencia de Industria y Comercio declaró la caducidad de la patente “Cierre indicador de violación”, por la falta de pago de la tasa establecida para mantener su vigor, según los preceptos establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Por su parte, la sociedad Crown Cork & Seal Company Inc. consideró que la entidad demandada dio aplicación a una norma errada, toda vez que la patente se concedió en vigencia de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, cuyo artículo 53, que remitió la regulación del pago de la tasa de vigor a la oficina nacional —Superintendencia de Industria y Comercio— (D. 2357/95), fue el que estableció la obligación de pagar tales tasas en forma quinquenal, a partir del quinto año de vigencia de las patentes.

En virtud de lo anterior, consideró que en el sub lite, el primer quinquenio se cumplió el 21 de diciembre de 1998 cuando la patente aún no había sido concedida, pues esta se otorgó a través de la Resolución 25987 de 30 de noviembre de 1999, notificada el 20 de diciembre de la misma anualidad, por lo que el citado quinquenio se debía cancelar en los plazos señalados, es decir, hasta el 21 de diciembre de 2003.

En este orden de ideas, entra la Sala a determinar si es procedente dar aplicación a las reglas de vigor establecidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a la patente “Cierre indicador de violación”, concedida a la actora, en vigencia de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

Para resolver el problema jurídico planteado, es menester analizar la interpretación prejudicial rendida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del expediente núm. 111- IP-2010(5), allegada al proceso, en la que expresó lo siguiente:

“(...).

1. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

(...).

Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de la irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

... Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.

(...).

Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la disposición transitoria primera de la Decisión 486 y en razón de la ultractividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencias se rijan por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

(...).

Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata, respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

El tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera:

‹El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (art. 85), y a través de las decisiones 311 (disposición transitoria cuarta), 313 (disposición transitoria cuarta) y 344 (disposición transitoria primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La disposición transitoria primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a ‘las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento’, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade a titulo de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha decisión.

Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido. (Proceso 46-IP-2005, caso: ‘Denominación TQ’, publicado en la Gaceta Oficial 1210, jun. 24/2005)›.

De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el juez consultante y de los documentos anexos, se desprende que el artículo 80 de la Decisión 486 se encontraba vigente al momento de declararse la caducidad de la patente ‘Cierre indicador de violación’, por lo que dicha norma será aplicable en el presente caso. 

2. La caducidad de la patente en la Decisión 344 y Decisión 486.

La figura de la caducidad de la patente se concibe como una sanción administrativa en la legislación comunitaria, establecida para garantizar que los titulares cumplan los compromisos de pago de las tasas por servicios que presta el Estado a través de las oficinas nacionales correspondientes.

 Régimen de la Decisión 344Régimen de la Decisión 486
Caducidad de la patenteART. 56.—Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberán pagarse las tasas periódicas de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente(*).

Antes de declarar la caducidad de la patente, los países miembros concederán unos plazos referidos, la patente o la solicitud en trámite mantendrán su plena vigencia.

(*) En el presente caso de forma quinquenal.
ART. 80.—Para mantener vigente la patente en trámite, deberán pagarse las tasas anuales, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente. Las anualidades deberán pagarse por años adelantados.
La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que se fue presentada la solicitud. Podrán pagarse dos o más tasas anuales por adelantado.

Una tasa anual podrá pagarse dentro un plazo gracia de seis meses contado desde la fecha de inicio del período anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente mantendrá su vigencia plena.

La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho caducidad de la patente o de la solicitud de patente.

 

En la Decisión 344, la caducidad de la patente, se encuentra regulada en el artículo 53, y opera cuando el titular no cumple con su obligación de pagar las tasas periódicas establecidas conforme a las disposiciones de la oficina nacional competente; en el presente caso, de forma quinquenal.

Según la citada decisión, la oficina nacional competente, antes de declarar la caducidad de la patente, debe conceder a los titulares, un plazo de gracia de seis meses, con el fin de que cumplan con sus obligaciones incumplidas.

Las disposiciones contenidas en la Decisión 344, en lo referente a la caducidad de una patente, forman parte de lo que podría llamarse régimen penal administrativo, al que son aplicables, en cuanto a su interpretación, las normas de favorabilidad del derecho penal, según el cual en materia penal se aplicarán, de preferencia, las reglas que favorezcan al reo. 

En cambio, en la Decisión 486, que regula la caducidad de la patente en el artículo 80, se establece el pago de una tasa anual para mantener vigente la patente y de conformidad con las disposiciones de las oficinas nacionales competentes. En caso de que exista falta de pago de la referida tasa anual se produce la caducidad de pleno derecho. 

Según esta disposición, la oficina nacional competente deberá reconocer la caducidad, pero su actuación no es constitutiva pues la caducidad se constituye por la ocurrencia del hecho, es decir, el no pago de la anualidad.

Pago de tasas para mantener vigente la patente

En cuanto al pago de tasas en período de tránsito legislativo, estas deberán efectuarse de acuerdo a la norma vigente según el punto 1 de la presente providencia; y, en consecuencia, en concordancia con la fecha de nacimiento de la nueva obligación. En el presente caso, de acuerdo con el siguiente gráfico:

 Decisión 344 (Antes dic. 1º/2000)Decisión 486 (Luego dic. 1º/2000)
Obligación de pago

Ejecución del pago
Obligación de pagar las tasas de forma quinquenal(*).

Si se efectuaron pagos en la modalidad de quinquenios, que abarquen un período más allá del 1º de diciembre de 2000, se entenderán los pagos efectuados como pagos adelantados de las anualidades según la Decisión 486.

(*) En concordancia con la legislación nacional.
Obligación de pagar las tasas de forma anual.

Se reconocerán los pagos realizados bajo la normativa anterior.
Si no se efectuaron pagos en la modalidad de quinquenios, antes de 1º de diciembre de 2000, se deberán efectuar los pagos de forma anual.

 

3. Principio del complemento indispensable.

Sobre las normas nacionales alegadas en el presente proceso, este tribunal considera pertinente desarrollar el principio del complemento indispensable.

Respecto del ordenamiento jurídico comunitario se puede presentar, en relación con el papel del derecho interno de los países miembros frente al derecho comunitario, la pregunta:

¿Las normas del derecho interno pueden reglamentar el ordenamiento jurídico comunitario?

Acerca de este cuestionamiento el tribunal ha acudido a la figura del complemento indispensable para resolverlo. En ese sentido ha reiterado que la facultad reglamentaria por la legislación interna de los países miembros es excepcional y que se rige por el principio de complemento indispensable que se consagra de la siguiente manera: ‘no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas’. (Proceso 107-IP-2008, asunto: ‹Competencia desleal›, publicado en la Gaceta Oficial 1702, feb. 26/2009).

Así, para que las normas de derecho interno puedan desarrollar o reglamentar las normas comunitarias sobre propiedad industrial, es preciso que dicha reglamentación sea necesaria e indispensable para su correcta ejecución> (subrayas y negrillas fuera del texto).

Teniendo en cuenta el criterio planteado en la interpretación prejudicial transcrita, es menester para la Sala analizar el acervo probatorio allegado al expediente, del cual se extrae y se concluye lo siguiente:

• Que mediante Resolución 25987 de 30 de noviembre de 1999, la Superintendencia de Industria y Comercio le otorgó a la actora el privilegio de patente de invención de la creación denominada “Cierre indicador de violación” (fls. 161 y 162, cdno. anexo al expediente).

• Que según recibo de pago núm. 03-80 464, la sociedad Crown Cork & Seal Company Inc., acreditó el pago de la tasa de vigor de la referida patente por el período comprendido desde el 21 de diciembre de 2003 al 21 de diciembre de 2004 (fls. 166 y 167, cdno. anexo al expediente).

• Que según recibo de pago núm. 04-87 119, la sociedad Crown Cork & Seal Company Inc., acreditó el pago de la tasa de vigor de la referida patente por el período comprendido desde el 21 de diciembre de 2004 al 21 de diciembre de 2005 (fls. 168 y 169, cdno. anexo al expediente).

En virtud de lo anterior, es claro que la sociedad actora adquirió los derechos sobre la patente “Cierre indicador de violación” a partir de diciembre de 1999, concesión que se rigió por la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

Ahora bien, la Comisión de la Comunidad Andina, el 14 de septiembre de 2000 expidió la Decisión 486, la cual entró en vigencia a partir del 1º de diciembre de dicha anualidad, sustituyendo la Decisión 344 mencionada.

Se observa que la norma comunitaria vigente, 486 de 2000, dentro de sus normas transitorias de vigencia y de vigor de las patentes, estableció las siguientes reglas, a saber:

“CAPÍTULO X

De la caducidad de la patente

ART. 80.—Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberán pagarse las tasas anuales, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente. Las anualidades deberán pagarse por años adelantados.

La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que fue presentada la solicitud. Podrán pagarse dos o más tasas anuales por adelantado.

Una tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses contado desde la fecha de inicio del período anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente mantendrá su vigencia plena.

La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente”.

“Disposiciones transitorias

1. Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

De conformidad con lo anterior, es evidente que si bien es cierto que la patente “Cierre indicador de violación” se concedió en vigencia de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, también lo es que a partir de 1º de diciembre de 2000, el vigor de la misma se encontraba bajo los preceptos de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En dicho sentido, la sociedad Crown Cork & Seal Company Inc. debió proceder a efectuar los pagos de las pluricitadas tasas de vigencia dentro de los términos establecidos en la nueva legislación de propiedad industrial, es decir, en la modalidad anual, no obstante según el material probatorio relacionado en párrafos precedentes, omitió dicho deber, el cual se consagró claramente en la norma comunitaria transcrita.

En efecto, la actora efectuó pagos extemporáneos de las referidas tasas de vigor, pues solo canceló la vigencia de los años 2003 a 2004, y, 2004 a 2005, echándose de menos los años 2000 a 2001, y, 2001 a 2002, ya que según la disposición transitoria de la Decisión 486, debió adecuar los pagos quinquenales a anuales, según los parámetros allí consagrados.

Aunado a lo anterior, de conformidad con lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial allegada al sub lite, se entiende que en el caso de pagos quinquenales que abarquen un período más allá del 1º de diciembre de 2000, se presumen como pagos adelantados de las anualidades según la Decisión 486; por ende, si no se efectuaron tales pagos en la modalidad mencionada (quinquenio), antes del 1º de diciembre de 2000, se deberán efectuar en forma anual, lo cual no ocurrió en el sub examine, pues como ya se dijo, la actora solo pagó tales tasas hasta el año 2003.

Consecuente con lo anterior, se denegarán las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de febrero de 2013».

(5) Visible a folios 170 a 183 del expediente.