Sentencia 2006-00087 de abril 29 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Radicación: 250002326000200600087

Expediente: 35545

Consejero Ponente (E):

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Bogotá Distrito Capital - Secretaría de Salud, Fondo Financiero Distrital de Salud

Demandado: Caja de Previsión Social de Comunicaciones Caprecom

Referencia: Ejecutivo

Bogotá, D.C., veintinueve de abril de dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

La Sala seguirá el siguiente orden de razonamiento: 1) competencia del Consejo de Estado, 2) pruebas; 3) determinación de la materia litigiosa; 4) requisitos del título ejecutivo; 5) análisis de las excepciones: 5.1. título ejecutivo complejo, 5.2. exigibilidad de las obligaciones, 5.3. pago parcial; 6) consideraciones sobre la liquidación de intereses moratorios; 7) costas y agencias en derecho.

1. Competencia del Consejo de Estado.

1.1. Competencia para conocer del proceso ejecutivo.

La Sala precisa que es competente(10) para conocer del presente asunto, toda vez que se trata del recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida en un proceso ejecutivo adelantado para hacer efectivas obligaciones de los acuerdos de pago celebrados entre dos entidades estatales, toda vez que el artículo 75 de la Ley 80 de 1993 dispone:

ART. 75.—Del juez competente. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativo” (resaltado no es del texto).

En igual forma, en el presente caso se encuentra procedente la segunda instancia teniendo en cuenta la fecha de presentación de la demanda (dic. 15/2005) y el monto de la mayor pretensión, por la suma de $ 725’803.989, valor que resulta superior al monto equivalente a 500 SMLMV ($ 190’750.000)(11), exigido en la Ley 446 de 1998 en concordancia con la Ley 954 promulgada el 28 de abril de 2005, para efectos de la segunda instancia(12).

La referida determinación de la cuantía se desprende del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, numeral 5º(13), tal como fue modificado por la Ley 446 de 1998, en concordancia con la Ley 954 de 2005, en relación con los procesos contractuales, habida cuenta que no existió norma especial para el proceso ejecutivo contractual.

Respecto de la pertinencia en el ejercicio de la acción ejecutiva, se tiene presente que el procedimiento propio de la ejecución de obligaciones no fue específicamente regulado en el Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto 1 de 1984, por lo cual corresponde acudir a las reglas del Código de Procedimiento Civil, según estableció el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, así:

“ART. 267.—En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo”.

Al margen, se observa que existió igual procedimiento para el cobro de las obligaciones impuestas en las sentencias proferidas en procesos entablados en ejercicio de la acción contractual, de conformidad con las disposiciones del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo(14).

1.2. Oportunidad en el ejercicio de la acción.

En relación con la oportunidad para presentar la demanda, en tratándose del proceso ejecutivo la Sala estima aplicable el término de cinco (5) años contado a partir de la fecha en que se hizo exigible la respectiva obligación, el cual se respetó en el presente caso.

Para el efecto se toma como base el término de la caducidad de las acciones ejecutivas ante el contencioso administrativo, previsto para el evento de la ejecución de las decisiones judiciales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, en la forma en que fue modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998(15), norma que resulta aplicable en forma analógica a la caducidad de las acciones ejecutivas instauradas para el cobro de las obligaciones de carácter contractual, según lo ha sostenido la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, acerca de la observancia del plazo consagrado en el citado artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, de la siguiente manera:

“En un principio se utilizó la figura de la prescripción de las acciones judiciales para determinar si una demanda ejecutiva se presentaba en tiempo; dicha institución está consagrada en el artículo 2512 del Código Civil, que la define como un modo de adquirir las cosas o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por no haber ejercido las acciones y derechos durante cierto tiempo. En cuanto a la prescripción de las acciones judiciales, el artículo 2536 ibídem, señalaba los términos de prescripción. La anterior disposición fue modificada por la Ley 791 de 2002(16), para reducir los términos de prescripción. Cabe precisar que antes de la reforma del Código Civil se expidió la Ley 446 de 1998, la cual entró en vigencia el 8 de julio de ese mismo año e introdujo el término de caducidad de la acción ejecutiva derivada de decisiones judiciales, en 5 años(17).

(…).

Teniendo en cuenta que, antes de la vigencia de la Ley 446 de 1998 no existía una disposición legal en materia caducidad de los procesos ejecutivos contractuales, el Consejo de Estado aplicaba lo dispuesto en el artículo 2.536 del Código Civil, esto es, el término de prescripción de 10 años para dicha acción. Luego, a partir del 8 de julio de 1998, la Sala [auto, nov. 12/98, exp. 15.299] interpretó el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, y previó el término de caducidad de 5 años para las acciones ejecutivas derivadas de providencias judiciales. Así, con fundamento en la figura de la analogía consagrada en el artículo 8º de la Ley 153 de 1887, esta corporación explicó que a pesar de que la Ley 446 de 1998 no señaló el término de caducidad respecto de los procesos ejecutivos contractuales, lo cierto es que como el artículo 44 ibídem previó el término de 5 años para las acciones ejecutivas derivadas de providencias judiciales, dicha disposición resulta aplicable a los títulos ejecutivos contractuales. Cabe precisar que, en los casos en los cuales el título ejecutivo hubiere nacido a la vida jurídica antes del 8 de julio de 1998, resultará aplicable el término de prescripción de 10 años previsto en el artículo 2536 del Código Civil, sin reforma; y aquellos que se originaron con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998, tendrán un término de caducidad de 5 años. En cualquier caso, el término se cuenta a partir del momento en el cual la obligación sea exigible”.

Sin desconocer las diferencias que existen entre las figuras jurídicas de la caducidad y la prescripción de las acciones, se hace notar que en el presente caso el referido término de caducidad —de 5 años— coincide con el previsto para la prescripción de la acción ejecutiva en el artículo 2536 del Código Civil, en la forma en que fue modificado por la Ley 791 de 2002, vigente para la época en que se suscribieron los acuerdos de pago que el demandante exhibe para su cobro.

Descendiendo al caso concreto, las obligaciones contenidas en los acuerdos de pago debían pagarse en las siguientes fechas: en el acuerdo de pago 10 de 2003, entre el 30 de diciembre de 2003 y el 30 de diciembre de 2004(18) y en el acuerdo de pago 275 de 2004, entre el 1º de septiembre de 2004 y el 1º de enero de 2005(19). La demanda se presentó el 15 de diciembre de 2005, de manera que en caso alguno se superó el término de cinco (5) años, por lo cual no tuvo lugar la caducidad de la acción ejecutiva y se concluye que en este aspecto, también, asiste competencia a la Sala para conocer del presente recurso.

2. Pruebas.

A continuación se relacionan los documentos aportados por las partes, que fueron decretadas como pruebas en este proceso:

2.1. Acuerdo 20 de 1990 expedido por el Concejo del Distrito Especial de Bogotá, D.C., por el cual se organizó el sistema distrital de salud de Bogotá, se creó el Fondo Financiero Distrital de Salud, encargado de recaudar y administrar los recursos captados por el Distrito Especial de Bogotá y los provenientes de diferentes fuentes públicas y privadas destinadas al sector salud, cuyo ordenador del gasto es el Alcalde Mayor de Bogotá o su delegado, el secretario de salud “en consonancia con el artículo 13 de la Ley 90 de 1990”(20).

2.2. Documento suscrito el 24 de junio de 2003, titulado “Cesión de créditos a favor del Fondo Financiero Distrital de Salud - Secretaría Distrital de Salud y la Unión Temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé de las Casas, y cruce de cuentas entre el Fondo Financiero Distrital de Salud, Secretaría Distrital de Salud y la Caja de Previsión Social de Comunicaciones Caprecom”. Este documento fue suscrito por el director ejecutivo y secretario distrital de salud de Bogotá, D.C., el representante legal de la Unión Temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé de las Casas y el director general de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, Caprecom(21). En la parte inicial de dicho acuerdo se lee, la siguiente consideración:

“De conformidad con las leyes 715(22) y 716 de 2001(23), así como en especial los artículos 35 y 50 del Decreto 50 de 2003(24), viable el cruce de cuentas entre el Fondo Financiero Distrital de Salud - Secretaría Distrital de Salud y la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, Caprecom”.

2.3. Acuerdo de pago 10 suscrito 4 de diciembre de 2003 entre la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, Caprecom, y el Fondo Financiero Distrital de Salud - Secretaría de Salud. Del texto del acuerdo de pago 10 de 2003, se destaca lo siguiente:

“Cláusula primera: Antecedentes: (…)

c) A la fecha, Caprecom ha auditado facturas correspondientes a la prestación de servicios del régimen contributivo por la suma de $ 1.025’310.187 y facturas correspondientes a la prestación de servicios del régimen subsidiado por valor de $ 41’297.015.7, según certificación suscrita por el subdirector financiero y la jefe del departamento de cuentas de Caprecom valores éstos que suman $ 1.066’607.202,70 y que se cancelarán en la forma estipulada en el presente acuerdo de pago.

d) De la facturación cedida quedan pendientes por auditar, del régimen subsidiado la suma de $ 0 y del régimen contributivo la suma de $ 154’932.028 (…).

(…)

Cláusula segunda: Forma y plazos de pago. El pago de las obligaciones antes señaladas será efectuado por Caprecom en doce cuotas mensuales iguales de $ 88’883.933,56 cada una, la primera de las cuales será cancelada el 30 de diciembre de 2003 y así sucesivamente el día treinta (30) de cada mes, hasta cubrir el monto total de la obligación”.

El acuerdo de pago 10 de 2003 se aportó con cuatro (4) anexos(25) que contienen las certificaciones suscritas por el subdirector financiero y la jefe del departamento de atención de proveedores de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, Caprecom, en las cuales se detallan las facturas y valores objeto del acuerdo, que se resumen así:

Fecha de la certificaciónConceptoFacturas (número)Valor
20 de noviembre de 2003 Facturación cedida, régimen contributivo, numeral 3º del acuerdo de cesión. 1754, 1755, 1761, 1758, 1757, 1756 $ 780.418.618
20 de noviembre de 2003 Facturación cedida, régimen contributivo, numeral 3º del acuerdo de cesión. 1762, 1223, 1765, 1777, 1211, 1784 y 1766$ 244’891.569
24 de noviembre de 2003 Facturación cedida, régimen subsidiado, numeral 2º del acuerdo de cesión Anticipo (sin número de factura) $ 20’247.217
1º de diciembre de 2003 Facturación cedida, régimen subsidiado, numeral 2º del acuerdo de cesión 1759, 1374, 1692, 1376, 1377, 1375, 1378, 1700, 1369, 1368 21’049.798,70
Total   $ 1.066’607,292,70

2.4. Certificación expedida con fecha 29 de enero de 2004, suscrita por la jefe del departamento de atención al proveedor y control de cuentas y el subdirector financiero de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, Caprecom, en la cual indicaron que a 30 de enero de 2004, el valor adeudado ascendía a $ 154’929.028, correspondiente a la facturación del numeral 3º del acuerdo de cesión, relacionado con la facturación cedida del régimen contributivo. En esta certificación se relacionaron tres facturas, a saber “1078ª”, “1077ª” y “1076ª”, con fecha de radicación 20 de enero de 2004(26).

2.5. Acuerdo de pago 275 suscrito el 1º de julio de 2004, entre el Fondo Financiero Distrital de Salud - Secretaría de Salud y la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, Caprecom, en el cual se lee:

“Cláusula primera: Antecedentes: Que según certificación expedida por Caprecom en fecha 29 de enero de 2004, el valor adeudado al Fondo Financiero Distrital de Salud - Secretaría Distrital de Salud asciende a ciento cincuenta y cuatro millones novecientos veintinueve mil veintiocho pesos ($ 154’929.028) m/cte., valor que está sujeto a auditoría y por lo tanto a las deducciones a que haya lugar por glosas, impuestos y retenciones, y corresponde a la facturación del régimen contributivo cedida por la Nueva Clínica Fray Bartolomé de las Casas al Fondo Financiero Distrital de Salud, de acuerdo a lo establecido en el numeral tercero de la cesión de créditos a favor del Fondo Financiero Distrital de Salud - Secretaría de Salud y la Unión Temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé de las Casas y Cruce de Cuentas entre el Fondo Financiero Distrital de Salud - Secretaría Distrital de Salud y la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, Caprecom, suscrita el 24 de junio de 2003. Cláusula segunda: Forma de pago: Teniendo en cuenta que el Fondo Financiero Distrital de Salud descontó a la deuda de la FRAY (sic), el valor de la certificación desde el 29 de enero de 2004, fecha de la certificación y que han transcurrido más de tres (3) meses sin que dicho ingreso se haga efectivo, las partes acuerdan que el pago se realizará en tres cuotas bimestrales, la primera de las cuotas se cancelará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la firma del presente acuerdo de pago y así sucesivamente hasta cancelar el monto total, precisando que la primera y la segunda cuota serán cada una de $ 51’643.000 y la tercera por el saldo restante o sea $ 51.643.010”(27).

2.6. Memorando 111735 de 6 de diciembre de 2005, suscrito por el director financiero de la secretaría de salud, en el cual informó a la jefe de la oficina jurídica acerca de las acreencias derivadas del contrato de cesión de créditos suscrito con la Unión Temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé de las Casas y Caprecom(28). En este memorando se relacionaron los pagos recibidos entre septiembre 24 de 2003 y junio 29 de 2004 por valor total de $ 1.148’385.085 y se adjuntaron los anexos 1 a 4 que detallan saldos y valor de intereses de mora, con el siguiente contenido:

Anexo 1

Cesión de créditos y acuerdos de pago FFDS y Caprecom

Aplicación pagos acuerdos de septiembre 3, diciembre 4 de 2003 y julio 1º de 2004

Fecha de corte: noviembre 30 de 2005

Fecha acuerdo de pagoVr. acuerdo de pagoPagosAplicación capitalAplicación interesesSaldo de capital
Septiembre 3 de 2003 982.778.284,50 767.746.216,00 765.142.910,23 2.603.305,77 217.635-374,27
Diciembre 4 de 2003 1.066.607.202,70 380,638.869,00 340.803.213,32 39.835.655,68 725.803.989,38(29)
Julio 1º de 2004 154.929.028 0 0 0 154.029.028,00(30)
Total acuerdos 2.204.314.515,20 1.148.385.085.00 1.105.946.123,55 42.438.961,45 1.098.368.391,65

Anexo 2

Acuerdo de pago Caprecom - Secretaria Distrital de Salud 10 de diciembre 4 de 2003

Valor del acuerdo $ 1.066.607.202.70

Valor de la deuda

Fecha de corte: Noviembre 30 de 2005

ConceptoSaldo o valor adeudadoValor intereses de moraTotal adeudado Capital e Intereses de mora a la fecha del cortePeriodo de intereses moratorios
(31) Saldos de cuarta cuota y valor de las cuotas quinta a doceava    
Total 725.803.989 270’706.767 996’510.756 (…) Hasta 30-Nov-2005

Anexo 3

Acuerdo de pago Caprecom - Secretaría Distrital de Salud 275 de julio 1º de 2004

Valor del acuerdo $ 154.929.028

Valor de la deuda

Fecha de Corte: Noviembre 30 de 2005

ConceptoSaldo o valor adeudadoValor intereses de moraTotal adeudadoCapital e intereses de mora a la fecha del cortePeriodo de intereses moratorios
(32) Primera, segunda y tercera cuota.

    
Total 154.929.028 47.861.479 202.790.507 (…) Hasta 30-Nov-2005

Anexo 4

Secretaría Distrital de Salud - Fondo Financiero Distrital de Salud

Detalle del saldo de la deuda

Acuerdos de pago diciembre 4 de 2003 y julio 1º de 2004

Fecha de corte: Noviembre 30 de 2005

Concepto Saldo de capital $Vr. Intereses de mora $Total adeudado capital más intereses de mora $
Acuerdo de diciembre 4 de 2003: Saldo cuarta cuota y total cuota quinta a cuota doce 725.803.989 270’706.767 996’510.756
Acuerdo de julio 1º de 2004: Valor total cuotas primera, segunda y tercera 154’929.028 47’861.479 202’790.507
Total adeudado a noviembre 30 de 2005 880’733.017 318’568.246 1.199’301.263

En calidad de anexos del memorando 111735 de 6 de diciembre de 2005, constan igualmente, los siguientes comprobantes de ingreso de la secretaria distrital de salud - Fondo Financiero Distrital de Salud, recibidos de la Unión Temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé de la Casas:

Por concepto de abono a la cuenta de cobro por contrato de arrendamiento, los comprobantes 0016435, 0016615, 177362, 018586 y 19826; por concepto de intereses de mora causados a la Unión Temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé de las Casas según acuerdo de pago con Caprecom, los comprobantes 0016617 intereses de mora liquidados a 23 de enero de 2003, 0016436 intereses de mora liquidados a junio 24 de 2003(33), 0016616 intereses de mora liquidados a agosto 12 de 2003(34). En la misma forma se anexó comprobante 0027083 contentivo del ingreso por $ 380.638.869(35).

2.7. Certificación expedida por el subdirector financiero de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, Caprecom, con fecha 19 de diciembre de 2006, en la cual indicó el saldo de la deuda proveniente del Acuerdo 10 de 2003, en la suma de $ 709’566.998 y el saldo proveniente del acuerdo 275 de 2004, en la suma de $ 26’456.130,50, así.

“CERTIFICA QUE:

Revisados los soportes de las cuentas y/o facturas que hacen parte del acuerdo de pago 10 de diciembre 4 de 2003, a la fecha se adeudan las siguientes cuentas:(36) Total deuda: $ 709.566.998.

(…) “De estas obligaciones la suma de $ 30’597.265,10 no es exigible a la fecha, por cuanto su pago está supeditado al cruce de cuentas con el Distrito, según lo previsto en la cláusula quinta de la cesión de créditos y en la cláusula tercera del acuerdo de pago 10”

De otra parte, respecto de las deudas del acuerdo de pago 275 (…) se aclara que el valor final de las mismas una vez efectuadas las glosas y demás descuentos legales, asciende a $ 50’051.795,50 según el siguiente detalle (…).

De esta suma, $ 50.051.795,50 a la fecha se ha cancelado un valor total de $ 23’595.665 y se está adeudando la diferencia por $ 26’456.130,50”(37).

2.8. Certificación de la jefe de la división de tesorería nacional de Caprecom, expedida con fecha 19 de diciembre de 2006, en la cual relacionó pagos por valor total de $ 357’040.240, por concepto de “Prestación de servicio médico asistenciales hospitalarios del régimen contributivo”, correspondiente a las facturas distinguidas con los siguientes números: 1761, 1758, 1756, 1757, 1777, 1765, 1223, 1211, 1784(38).

2.9. Certificación de la jefe de la división de tesorería nacional de Caprecom, expedida con fecha 19 de diciembre de 2006, en la cual relacionó un pago por valor total de $ 23’595.665, por concepto de “Prestación de servicio médico asistenciales hospitalarios del régimen contributivo”, correspondiente a los valores pagados por concepto de las facturas 1078 A y 1078 B(39).

2.10. Certificación del subdirector financiero de Caprecom de fecha 19 de diciembre de 2006 en la cual detalló el saldo adeudado por las cuentas del régimen contributivo en la suma de $ 26’456.130, 50. Este cuadro relaciona las facturas 1076 A y 1077 A, radicadas el 20 de enero de 2004, con valores brutos, monto de las glosas y el valor neto a pagar(40).

3. Determinación de la materia litigiosa.

Para decidir sobre las excepciones que constituyeron materia de la alzada, se plantean los siguientes problemas jurídicos: i) ¿existió un título ejecutivo complejo, en tal caso integrado por el acuerdo de cesión de créditos, los acuerdos de pago y las certificaciones acerca del valor adeudado expedidas por la deudora(41)? ii) ¿ la exigibilidad de las obligaciones que se cobran en este proceso estaba sometida a condición por razón de la auditoria médica de las facturas o por la compensación de cuentas por liquidación de los contratos a favor de Caprecom? En tal caso, ¿era procedente la imputación de los pagos recibidos a intereses de mora? y, iii) ¿se acreditó en este proceso el pago parcial?

Con el propósito de esclarecer los problemas jurídicos que se enuncian, procede recabar en el contenido de los títulos que se exhiben como base del cobro y de los pagos que se pretende acreditar.

4. Los requisitos del título ejecutivo.

El artículo 488 del Código de Procedimiento Civil establece:

“Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso-administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia”.

Con fundamento en la anterior disposición la Sala ha precisado en varias providencias(42) que el título ejecutivo debe reunir condiciones formales, las cuales consisten en que el documento o conjunto de documentos que dan cuenta de la existencia de la obligación i) sean auténticos y ii) emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva de conformidad con la ley.

De igual manera se ha señalado que también deben acreditarse condiciones sustanciales del contenido del título ejecutivo, las cuales se traducen en que las obligaciones por cuyo cumplimiento se adelanta el proceso ejecutivo sean claras, expresas y exigibles.

La obligación es expresa cuando aparece manifiesta de la redacción misma del título; es clara cuando el contenido obligacional se revela en forma nítida en el título y es exigible cuando puede imponerse su cumplimiento en la oportunidad en que se demanda, porque no está sometido a plazo pendiente o condición no ocurrida.

Los anteriores requisitos serán estimados en el análisis de las excepciones que fueron propuestas por la parte ejecutada y reiteradas en el recurso de apelación que ahora ocupa la atención de la Sala.

5. Análisis de las excepciones.

5.1. Título ejecutivo complejo

Con fundamento en la descripción normativa contenida en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil se advierte que el título base del proceso ejecutivo puede estar constituido en uno o más documentos, de donde se suele distinguir entre el título simple y el complejo.

Por otra parte, acerca de la existencia del título ejecutivo complejo en materia de contratación estatal, se observa la consideración legal de su integración con base en uno o más documentos o en uno o más actos jurídicos, según se desprende del artículo 68 del Código Contencioso Administrativo, el cual dispone el mérito ejecutivo por jurisdicción coactiva para los documentos conformados por los textos contractuales, las garantías, los actos administrativos y también, para los demás documentos que provengan del deudor, así:

“ART. 68.—Prestarán mérito ejecutivo por jurisdicción coactiva, siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible, los siguientes documentos:

(…).

4. Los contratos, las pólizas de seguro y las demás garantías que otorguen los contratistas a favor de entidades públicas, que integrarán título ejecutivo con el acto administrativo de liquidación final del contrato, o con la resolución ejecutoriada que decrete la caducidad, o la terminación según el caso.

(…)

6. Las demás que consten en documentos que provengan del deudor”.

La Sala advierte que el título ejecutivo que se exhibió en este proceso, era complejo, por las siguientes razones:

i) Las cláusulas contenidas en los acuerdos de pago que se presentaron como base de la obligación ejecutiva, se refieren al acuerdo de cesión y cruce de cuentas según se detalla en la cláusula de antecedentes de cada documento(43) y en la cláusula referida a la compensación de cuentas(44), reiterada en la cláusula tercera del acuerdo de pago 10 de 2003.

En este aspecto, la Sala se aparta de la apreciación del tribunal a quo según la cual, para efectos de considerar el título ejecutivo sólo debe tenerse en cuenta la cláusula de valor y forma de pago, toda vez que no existe una razón jurídica para desconocer el contenido integral del acuerdo de pago que se exhibe como base del título obligacional que se pretende ejecutar. Por el contrario, se impone la interpretación sistemática de los textos contractuales que contienen las obligaciones de conformidad con el artículo 1622 del Código Civil(45).

ii) Se agrega a lo anterior que el documento de cesión de créditos y cruce de cuentas fue incorporado como uno de los anexos del acuerdo de pago 275 de 2004, de conformidad con invocación que se hizo en la cláusula séptima de este último(46).

Desde este ángulo se establece que el acuerdo de cesión de créditos y cruce de cuentas suscrito el 24 de junio de 2003 no fue un simple antecedente del título ejecutivo contenido en los acuerdos de pago 10 de 4 de diciembre de 2003 y 275 de 1º de julio de 2004, sino que constituyó un negocio jurídico que fue expresamente llamado a aplicarse en el seno de estos últimos y dio lugar a los actos jurídicos subsiguientes, contenidos en los referidos acuerdos de pago, a las certificaciones provenientes de la deudora que se aportaron como parte de los mismos.

Así las cosas, resulta imperativo concluir que el título que se presentó en el sub lite era complejo, integrado por todos los documentos que dan cuenta de los distintos actos jurídicos que regularon las obligaciones que se pretende cobrar y por lo tanto, la Sala establece que procede tener en cuenta el contenido de los distintos documentos ya referidos, para efectos de desatar las excepciones.

5.2. Exigibilidad de las obligaciones.

5.2.1. Análisis del acuerdo de cesión de créditos y cruce de cuentas

De conformidad con el acuerdo de cesión de créditos y cruce de cuentas suscrito el 24 de junio de 2003, existían obligaciones de diferente origen entre las tres partes que concurrieron a celebrar el negocio jurídico, las cuales fueron descritas así:

”1. La Unión Temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé de las Casas, adeuda al Fondo Financiero Distrital de Salud por concepto de cánones de arrendamiento un cifra de mil quinientos cuarenta y cinco millones ciento treinta y cuatro mil ciento sesenta y seis pesos moneda corriente m/cte. ($ 1.545’134.166) m/cte. y a la fecha carece de liquidez para cancelar este valor, valor que corresponde a cánones de arrendamiento, sanciones e intereses liquidados a la fecha.

2. La Caja de Previsión Social de Comunicaciones, Caprecom, adeuda a la Unión Temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé de las Casas facturación por servicios de salud, prestados a afiliados de los regímenes subsidiario y contributivo (…).

3. (…).

4. Que el Fondo Financiero Distrital de Salud, ha suscrito contratos con Caprecom, uno vigente y otros por liquidar, de los cuales existen sumas de dinero a su favor”(47).

En términos prácticos, la situación jurídica que se evidencia con la prueba transcrita se puede expresar así: La Unión Temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé de las Casas era deudora del Fondo Financiero Distrital de Salud por razón de un contrato de arrendamiento; el referido fondo era deudor de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, Caprecom, por razón de ocho (8) contratos de prestación de servicios de salud —uno vigente— y los otros liquidar, según fueron relacionados en el acuerdo de cesión y cruce de cuentas y, la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, Caprecom, a su vez, era deudora de la Unión Temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé de las Casas, por razón de las facturas correspondientes a los servicios de salud prestados por la unión temporal en el régimen contributivo y en el régimen subsidiado, según fueron relacionadas en el respectivo acuerdo.

Ahora bien, con fundamento en la negociación tripartida de cesión de créditos y cruce de cuentas, la Sala aprecia los siguientes compromisos entre las partes: i) un convenio de pago mediante la cesión de las facturas a favor de la Unión Temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé de las Casas, por el cual se acordó cancelar las deudas, a cargo de ésta última originadas en un contrato de arrendamiento, mediante los pagos que la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, Caprecom, haría directamente al fondo por razón de las facturas cedidas que fueran y aprobadas por Caprecom; ii) un convenio de cruce de cuentas mediante el cual se acordó el pago por compensación de obligaciones entre Caprecom y el Fondo Financiero Distrital de Salud, hasta por el valor de las acreencias que resultaran de la ejecución de un contrato vigente y la liquidación de los otros ya terminados, en total ocho (8) contratos(48), los cuales fueron relacionados en el acuerdo sin especificación de los valores a favor de Caprecom(49) y iii) el compromiso de celebrar un acuerdo de pago a cargo de Caprecom, sobre las obligaciones contenidas en las facturas restantes.

En este punto resulta de la mayor importancia advertir que a la fecha de la cesión de créditos y cruce de cuentas, los valores correspondientes a los antedichos acuerdos de pago no estaban totalmente determinados, como pasa a explicarse a continuación:

Se detallaron las facturas entregadas en pago por la Unión Temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé de las Casas en los siguientes términos y condiciones: en el numeral 1º, las facturas con comprobante de reconocimiento y pago, sobre las cuales Caprecom reconoció una “obligación cierta y exigible”; en el numeral 2º, las facturas relacionadas por concepto de servicios del régimen subsidiado, pendientes de auditoría médica, certificación de Caprecom y autorización del fondo, sobre las cuales se acordó el pago “hasta por el valor certificado y no glosado” y en el numeral 3º, se relacionaron las facturas del régimen contributivo, igualmente pendientes de auditoría médica, certificación de Caprecom y autorización del fondo, sobre las cuales se acordó el pago “hasta por el valor finalmente certificado y no glosado”.

En materia del cruce de cuentas que se acordó con apoyo en el Decreto 50 de 2003, no se encontró determinado el monto de la facturación realizada por Caprecom a cargo del Fondo Financiero Distrital de Salud, sobre lo cual las partes acordaron que ese valor, por concepto de los ocho (8) contratos existentes entre esas dos partes, uno en ejecución y los otros por liquidar, sería compensado por el Fondo Financiero Distrital de Salud, siempre y cuando se tratara de servicios prestados a los afiliados del régimen subsidiado en Bogotá(50).

Es decir, en el acuerdo de cesión de créditos y cruce de cuentas celebrado el 24 de junio de 2003, se establecieron dos tipos de condiciones con incidencia sobre las obligaciones emanadas del mismo: de una parte la auditoría médica y aprobación de las facturas expedidas por la Unión Temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé de las Casas a cargo de Caprecom, en cuanto al grupo de facturas relacionadas en los numerales 2º y 3º y, de otra parte, la identificación y aprobación de las facturas provenientes de la ejecución y liquidación de los ocho (8) contratos que generarían facturas materia del cruce de cuentas a cargo del Fondo Financiero Distrital de Salud y a favor de Caprecom.

Según se expondrá a continuación, de las pruebas aportadas al proceso, se evidencia que la situación condicional derivada la auditoría de cuentas sólo fue superada en relación con un grupo de facturas objeto del acuerdo de pago 10 de 2003.

5.2.2. Análisis de los acuerdos de pago.

Acuerdo de pago 10 de 2003

En el acuerdo de pago 10 de 4 de diciembre de 2003, se hizo constar que:

“c) A la fecha, Caprecom ha auditado facturas correspondientes a la prestación de servicios del régimen contributivo por la suma de $ 1.025.310.187 y facturas correspondientes a la prestación de servicios del régimen subsidiado por valor de $ 41’297.015,7 según certificación suscrita por el subdirector financiero y la jefe del departamento de cuentas de Caprecom valores estos que suman $ 1.066’607.202, 70 y que se cancelan en la forma estipulada en este acuerdo de pago” (resaltado no es del texto).

De acuerdo con la citada consideración, la Sala concluye que si bien el acuerdo de pago 10 de 4 de diciembre de 2003 no constituyó un título independiente del documento de cesión de créditos y cruce de cuentas, realmente incorporó una modificación al estatus de las obligaciones en dos sentidos: i) otorgó valor cierto a las facturas aprobadas hasta esa fecha, soportado en las certificaciones expedidas por el subdirector financiero de Caprecom que se anexaron al acuerdo, por valor total de $ 1.066’607.202, 70 y ii) determinó los plazos para el pago de esas facturas, unificados en 12 cuotas mensuales de igual valor, contenidos en la cláusula segunda, de valor y forma de pago.

En consecuencia, el acuerdo de pago 10 de 2003 acreditó el cumplimiento del proceso de auditoría médica sobre un grupo de facturas que correspondían a las obligaciones a cargo de Caprecom y dispuso una forma de pago para las mismas.

De lo anterior se desprende que en relación con las obligaciones referidas en el acuerdo de pago 10 de 2003 la demandante cumplió con acreditar los requisitos de claridad, declaración expresa de su contenido y exigibilidad, para efecto de constituir el título idóneo para el cobro ejecutivo.

Sin embargo, en torno al plazo de las obligaciones, es importante observar que en el mismo el acuerdo de pago 10 de 2003, las partes ratificaron el compromiso de la compensación o cruce de cuentas previsto en relación con la facturación correspondiente a los contratos celebrados con la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, Caprecom, lo cual significó que continuó vigente el convenio consistente en que parte del pago de las obligaciones se permitió a través del cruce de cuentas.

Por lo anterior, resulta evidente que la interpretación acerca de la mora de las obligaciones se debe establecer considerando que existió una condición bilateral derivada del contenido de las cláusulas tercera y octava del acuerdo 10 de 2003, en las cuales se dispuso:

“Cláusula tercera: Las partes ratifican lo pactado en relación con la compensación frente a la deuda que resulte de la liquidación de los contratos tal y como se estipuló en a) El numeral quinto (5) del documento denominado ‘Cesión de créditos (…) y cruce de cuentas entre el Fondo Financiero Distrital de Salud - Secretaría Distrital de Salud y Caja de Previsión Social de Comunicaciones, Caprecom’ (…)

Cláusula octava: Efectos. A) la compensación extingue las obligaciones de Caprecom para con el fondo y viceversa hasta la cuantía de lo compensado. Adicionalmente, el pago de las cuotas acordadas extingue las obligaciones correlativas a la totalidad de los derechos cedidos por la IPS Unión Temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé de las Casas al fondo y las oficinas de contabilidad quedan autorizadas para hacer el ingreso y descargar la cartera los montos compensados”.

Así las cosas, no habiendo existido plazo específico para efectuar el pago por compensación de cuentas que fue ratificado en la cláusula tercera del acuerdo de pago y cuyos efectos se pactaron en forma expresa en la cláusula octava del mismo acuerdo, se establece que para hacer exigible el pago por compensación que también hizo parte del acuerdo 10 de 2003, la deudora contó con el plazo total estipulado para ejecutar el acuerdo de pago.

De lo anterior se concluye que frente al título ejecutivo allí contenido, los intereses de mora previstos en la cláusula séptima solo podían causarse a partir del vencimiento del plazo final del acuerdo, esto es de la última cuota del mismo, prevista para el 30 de diciembre de 2004, tal como se consideró en el mandamiento de pago adoptado en la sentencia de primera instancia para efectos de seguir adelante con la ejecución.

Para soportar lo anterior se agrega que existieron obligaciones cruzadas entre las partes, con diferentes plazos y no se estableció una cláusula de moratoria sobre las cuotas vencidas, ni convenio de aceleración en el vencimiento de los plazos individuales, por manera que ello incide sobre la configuración de la mora a cargo de la deudora, en virtud del artículo 1609 del Código Civil, en el cual se dispone:

“ART. 1609.—Mora en los contratos bilaterales. En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos”.

Igualmente se observa que la cláusula de intereses se pactó en forma bilateral(51), como correspondía a la situación contractual entre las partes, de manera que si bien procede el cobro de las obligaciones a cargo de la ejecutada, la pretensión de morosidad sólo se configura a partir del vencimiento del último plazo de las obligaciones, esto es al término del acuerdo de pago.

Por lo anterior, se anticipa que en relación al acuerdo de pago 10 de 2003 prosperará la excepción de pago parcial de la suma indebidamente abonada a intereses de mora, por manera que se modificará el valor de la orden de seguir adelante la ejecución, en la suma de $ 39’385.655,68 que ambas partes reconocieron como pagada y recibida, sobre la cual se discutió la aplicación a intereses moratorios.

Más adelante en esta providencia, la Sala se referirá a las falencias en la prueba de otros pagos o abonos que en la dinámica del proceso ejecutivo corrían a cargo de la parte ejecutada y hará unas precisiones para efectos de la liquidación de intereses de mora en la liquidación del crédito materia de la ejecución.

Acuerdo 275 de 2004.

En el texto del acuerdo 275 suscrito el 1º de julio de 2004 se lee:

“Cláusula primera: Antecedentes: Que según certificación expedida por Caprecom en fecha 29 de enero de 2004, el valor adeudado al Fondo Financiero Distrital de Salud - Secretaria Distrital de Salud asciende a ciento cincuenta y cuatro millones novecientos veintinueve mil veintiocho pesos ($ 154’929.028) m/cte., valor que está sujeto a auditoría y por lo tanto a las deducciones a que haya lugar por glosas, impuestos y retenciones, y corresponde a la facturación del régimen contributivo cedida por la Nueva Clínica Fray Bartolomé de las Casas al Fondo Financiero Distrital de Salud, de acuerdo a lo establecido en el numeral tercero de la cesión de créditos a favor del Fondo Financiero Distrital de Salud - Secretaría de Salud y la Unión Temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé de las Casas y cruce de cuentas entre el Fondo Financiero Distrital de Salud - Secretaría Distrital de Salud y la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, Caprecom, suscrita el 24 de junio de 2003. Cláusula segunda: Forma de pago: Teniendo en cuenta que el Fondo Financiero Distrital de Salud descontó a la deuda de la FRAY (sic), el valor de la certificación desde el 29 de enero de 2004, fecha de la certificación y que han transcurrido más de tres (3) meses sin que dicho ingreso se haga efectivo, las partes acuerdan que el pago se realizará en tres cuotas bimestrales, la primera de las cuotas se cancelará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la firma del presente acuerdo de pago y así sucesivamente hasta cancelar el monto total, precisando que la primera y la segunda cuota serán cada una de $ 51’643.000 y la tercera por el saldo restante o sea $ 51.643.010”(52) (resaltado no es del texto).

Acerca de lo transcrito y acordado por las partes, se observa lo siguiente: en la cláusula segunda del acuerdo 275 las partes hicieron constar que la suma de $ 154’929.028 correspondiente a facturación del régimen contributivo, estaba basada en la certificación de enero 29 de 2004, sujeta a la auditoría pactada, es decir que a diferencia de lo establecido en el acuerdo de pago 10 de 2003, el monto referido en el acuerdo de pago 275 de 2004 continuaba pendiente del procedimiento acordado en la cesión de créditos y cruce de cuentas, en orden a determinar los valores glosados y los aprobados, según lo afirmaron las partes, en la referida cláusula segunda.

Llama la atención que las partes hicieron constar que el Fondo Financiero Distrital de Salud había registrado el valor total de las facturas a la deuda a cargo de la Unión Temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé de las Casas con base en la certificación de enero 29 de 2004, a pesar de no haber concluido la auditoría de cuentas, por lo cual existen elementos de juicio para determinar que el acuerdo obedeció a la necesidad de registrar la partida correspondiente, pero no modificó la condición del procedimiento pendiente para determinar los valores finales.

Además, se tiene en cuenta que la certificación de enero 29 de 2004 proveniente de la deudora, expresamente citada en el acuerdo 275 y como tal parte del título complejo a su cargo, no puede desligarse del contenido del referido acuerdo y por lo tanto, constituye prueba suficiente para acceder a declarar probada la excepción de falta de exigibilidad de las obligaciones respectivas.

Nuevamente la Sala se aparta de la apreciación aislada de las cláusulas del título ejecutivo contractual, que aceptó el tribunal a quo, por no encontrar argumento alguno en orden a soportar la independencia de esa cláusula, en relación con las otras contenidas en el mismo acuerdo.

En el mismo sentido, teniendo en cuenta que en el acuerdo de pago 275 de 2004 las partes invocaron como anexo la cesión del crédito de 24 de junio de 2003, se estima que permaneció vigente la posibilidad de rechazar algunas facturas de conformidad con el procedimiento pactado en el documento de cesión de créditos.

En resumen, el entendimiento del acuerdo 275 de 2004 y de los trámites referidos en la certificación de enero 29 de 2004, en concordancia con el acuerdo de cesión y cruce de cuentas de junio 24 de 2003, lleva a la Sala a concluir que las pruebas en este ítem dan la razón al argumento de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, Caprecom, en varios aspectos:

i) El título ejecutivo era complejo, estaba en efecto integrado por el acuerdo de cesión, el acuerdo de pago 275 y la certificación de enero 29 de 2004, por lo tanto en la fecha en que se suscribió, el 1º de julio de 2004, se predicó su condicionamiento en el texto mismo del título, así “el valor está sujeto a auditoría y por lo tanto a las deducciones a que haya lugar por glosas impuestos y retenciones”.

De acuerdo con lo anterior, se debe entender que la claridad de la obligación a pagar estaba condicionada a un procedimiento que no se demostró concluido sobre el cual tampoco se fijó un plazo o término de realización. Se recuerda que las glosas para soportar el rechazo de las facturas presentadas por la unión temporal estaban a cargo de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones Compensar(sic), pero no por ello se puede inferir la renuncia a la revisión de la cuenta en torno al servicio prestado, ni el nacimiento de una obligación independiente al hecho de que se hubiere presado el servicio de salud, puesto que no existió un pacto al respecto y la fuente de la obligación a cargo de Caprecom no puede construirse en contravía de lo que expresó en la certificación que es la base del título.

ii) Teniendo en cuenta que el mismo título permite establecer que la determinación de los valores finales no se había finiquitado con respecto a las obligaciones del acuerdo 275 de 2004, se establece que no configuró título ejecutivo claro, expreso y exigible, respecto de las obligaciones en él contenidas.

En consecuencia, se revocará la sentencia de primera instancia y se declarará probadas las excepciones de título ejecutivo complejo e inexigibilidad de la obligación por estar sometida a condición, en relación con el acuerdo de pago 275 de 1º de julio de 2004 presentado al cobro por la suma de $ 154’929.028.

5.3. Pago parcial.

5.3.1. Por la suma de $ 39’835.655,68.

Una parte de la excepción de pago parcial, consistió en el análisis del pago aceptado por la ejecutante, por la suma de $ 39’835.655,68 realizado el 29 de junio de 2004, el cual se declaró recibido pero imputado a intereses de mora.

En las consideraciones anteriores la Sala advirtió que lo procedente era la imputación a capital, por tratarse de un pago realizado en vigencia del acuerdo 10 de 2003, que tenía como vencimiento final el 30 de diciembre de 2004.

Se reitera que el acuerdo 10 de 2003 no contenía ningún convenio de cláusula aceleratoria para poder declarar vencidas la totalidad de las cuotas pactadas a cargo de Caprecom, además de que el pago en dinero efectivo no era el único mecanismo posible para descargar las obligaciones, por razón de los compromisos de compensación cruzados entre las partes que eran recíprocamente deudora y acreedora y de los diferentes plazos establecidos en el respectivo título ejecutivo.

En consecuencia, en vigencia del acuerdo 10 de 2003 no tuvo lugar la aplicación del artículo 1653 del Código Civil(53) toda vez que en el sub lite, la parte ejecutada logró demostrar que si bien se habían pactado cuotas y plazos para el pago a su cargo, también en el mismo texto contractual se ratificó la vigencia del acuerdo de cesión de créditos y cruce de cuentas y de los efectos de la compensación de cuentas, de manera que se impidió la configuración del derecho a cobrar intereses de mora, por encontrarse vigente el plazo total del acuerdo de pago, dentro del cual podía tener lugar el derecho al cruce de cuentas.

Por esta razón, procede la excepción de pago parcial, en el sentido de reducir el valor de $ 725’803.989 por el cual se impetró la demanda, por razón del acuerdo de pago 10 de 2003, con el abono a capital de la suma de $ 39’835.655,68, de manera que para efectos de este proceso, el saldo de la obligación contenida en el acuerdo 10 de 2003, a la fecha en que se presentó la demanda se establece en el monto de $ 685’968.333,32.

5.3.2. Otros pagos.

Por otra parte, en el trámite de las excepciones la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, Caprecom, presentó una certificación de 19 de diciembre de 2006, en la cual relacionó las facturas pendientes de pago a esa fecha, algunas con su número (1754, 1755, 1762, 1766 y 1759), otras bajo el ítem de “varias” y otro rubro identificado SN (al parecer corresponde a obligaciones sin número), como resultado de lo cual la deudora especificó un saldo a su cargo por concepto de capital, sin incluir el abono de intereses antes referido, por la suma de $ 709’566.998, correspondiente al acuerdo 10 de 2003. Esta suma supone un abono adicional de $ 16’236.991 respecto del valor de $ 725.803.989 por el cual se presentó la demanda. Sin embargo, el supuesto pago parcial por tal valor, carece de una prueba idónea que permita su consideración para efectos de modificar la suma por la cual se ordena llevar adelante la ejecución, sin perjuicio de que se pueda tener en cuenta el abono que llegue a demostrarse para efectos de la liquidación final del crédito.

Resulta improcedente modificar la orden de llevar adelante la ejecución, por razón del supuesto pago teniendo en cuenta que de acuerdo con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil(54), le correspondía a la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, Caprecom, probar el pago parcial que alegaba, bien fuera realizado por la vía de la compensación o cruce de cuentas, por la transferencia bancaria o consignación a la cuenta del Fondo Financiero Distrital de Salud. Se observa que la demandada se concentró en relacionar y certificar sus propios saldos, lo cual solo evidencia la diferencia entre sus registros y las certificaciones de la parte ejecutante, derivada probablemente del tratamiento disímil en la imputación de la cuentas en los registros contables de cada parte, lo cual se pretendía depurar de conformidad con la Ley 716 de 2001 citada en los considerandos del acuerdo de cruce de cuentas entre ellas(55). Empero, en el proceso ejecutivo la prueba de la disparidad en los registros contables del acreedor y del deudor no tiene la fuerza suficiente para hacer prevalecer la certificación de pagos provenientes del deudor ni permite dar por descargado el titulo ejecutivo que se utilizó el acreedor como base de la demanda, toda vez que el pago debe ser efectivamente demostrado por quien lo afirma.

De esta manera, la Sala concluye que la entidad ejecutada no aportó elementos para revocar la sentencia de primera instancia en cuanto se refiere a la ejecución de las obligaciones contenidas en el acuerdo 10 de 2003, salvo en la aplicación del pago imputado a intereses de mora, el 29 de junio de 2004, el cual se relacionó en el punto anterior de esta providencia.

Se agrega a ello la falla en la oportunidad de la prueba de otros pagos, teniendo en cuenta que en el alegato que presentó dentro de la alzada, la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, Caprecom, informó que había realizado una transferencia bancaria el 28 de diciembre de 2007, con anterioridad a la sentencia de primera instancia, por la suma de $ 668’268.983 la cual debía ser abonada a la obligación pendiente, por lo cual a su juicio el saldo a pagar por capital habría sido totalmente cancelado.

La parte ejecutada ha debido acreditar ese pago en el proceso en momento en que lo realizó, encontrándose entonces en la primera instancia, para efectos de traer al proceso la realidad de esa transferencia bancaria, pago y someter el tribunal a quo la procedencia de decretar la prueba correspondiente para definir los efectos del pago invocado.

Sin embargo, el 6 de marzo de 2008, en la oportunidad en que se produjo el fallo de primera instancia, el aludido pago no había sido acreditado en el proceso ejecutivo y por lo tanto constituye, si acaso, una realidad extraprocesal que no puede ser utilizada para apoyar una revocatoria de la sentencia de primera instancia, sin perjuicio de que se tenga en cuenta en la liquidación del crédito correspondiente.

En la segunda instancia, no procede decretar nuevas pruebas con el propósito de debatir la revocatoria de la sentencia de primera instancia, según se desprende de las reglas del debido proceso en el marco de la acción ejecutiva que se ventila. En efecto, dentro del proceso ejecutivo, la etapa probatoria está restringida al trámite de las excepciones. De acuerdo con los artículos 497, 498 y 509 del Código de Procedimiento Civil, por virtud de la fuerza obligatoria del título ejecutivo, presentada la demanda con los requisitos de ley, el juez procede directamente a librar el mandamiento ejecutivo, frente al cual, los hechos que configuren excepciones previas deberán alegarse y probarse mediante recurso de reposición contra el mandamiento de pago y aquellos que constituyen excepciones de fondo se deben proponer y probar dentro del término fijado por la ley procesal para el trámite de las respectivas excepciones. Por lo tanto, no se accede a la solicitud de incorporar las pruebas de nuevos pagos con el objeto de modificar la decisión que en su momento se adoptó conforme a lo probado en el proceso.

Igualmente se advierte que el deudor no se libera de la condena en las costas procesales con base por el pago extemporáneo, si se tiene en cuenta que el mismo artículo 507 del Código de Procedimiento Civil dispone que en el caso del cumplimiento de la obligación en el término del mandamiento ejecutivo se condenará en costas al ejecutado, de donde se desprende que —con mayor razón— el pago posterior a la ejecutoria del mandamiento no sirve como soporte para liberar al ejecutado de la obligación de asumir las costas que el acreedor demuestre por haberse visto precisado a entablar la acción, con apoyo en la suma que en su momento se encontraba exigible ante el incumplimiento del deudor.

Se adiciona a lo anterior que el pago parcial extemporáneo carece de fuerza para liberar al deudor, toda vez que no corresponde a la prestación en la oportunidad debida y por ello no se puede imponer al acreedor, salvo convención contractual o autorización de juez, de conformidad con las normas del Código Civil que se transcriben a continuación:

“ART. 1627.—El pago se hará bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación; sin perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan las leyes.

El acreedor no podrá ser obligado a recibir otra cosa que lo que se le deba, ni aún a pretexto de ser de igual o mayor valor la ofrecida”.

“ART. 1649.—El deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le deba, salvo el caso de convención contraria; y sin perjuicio de lo que dispongan las leyes en casos especiales.

El pago total de la deuda comprende el de los intereses e indemnizaciones que se deban”.

“ART. 1650.—Si hay controversia sobre la cantidad de la deuda, o sobre sus accesorios, podrá el juez ordenar, mientras se decide la cuestión, el pago de la cantidad no disputada”.

Finalmente, la potestad de decretar pruebas en la segunda instancia consagrada en el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo es restringida y en manera alguna se ha considerado viable con el propósito de introducir hechos nuevos, de acuerdo con lo que observado por esta Subsección, en un caso referido al proceso contractual bajo el trámite ordinario:

Aunque puede parecer obvio cabe señalar que los puntos dudosos u oscuros de la contienda se limitan a la controversia o conflicto planteado en la causa petendi, por manera que la prueba de oficio que se ordena en la etapa para fallar debe versar sobre un asunto que es necesario —sí o sí— esclarecer para definir los supuestos normativos cuya aplicación se controvierte mas no puede constituir en modo alguno un mecanismo para reabrir o extender el debate a nuevos hechos o a supuestos fácticos que no han sido objeto de la controversia, ni con ello se puede sorprender a las partes con nuevas pruebas que serían arrimadas al proceso después de que presentaron sus alegatos de conclusión.

Así las cosas se observa que en la oportunidad para decidir la Sala tiene una facultad para decretar pruebas de oficio, empero debe obrar en forma extremadamente cautelosa y con respeto a los derechos de las partes del litigio, lo cual a juicio de la Sala supone que la decisión se debe motivar en la necesidad sine qua non de la específica prueba de oficio dentro de un punto concreto que aparece oscuro o en duda y que tiene necesariamente que ser resuelto dentro del marco que se debate, para efectos de poder proferir el fallo”(56).

6. Consideraciones sobre la liquidación de intereses moratorios.

Para efectos de orientar la liquidación del crédito, la Sala estima necesario detallar los siguientes aspectos relacionados con los intereses de mora, en el caso sub lite.

El mandamiento de pago se libró con invocación de los intereses de mora del artículo 4º de la Ley 80 de 1993, con base en la siguiente explicación de la metodología a aplicar:

“La tasa equivalente al doble del valor histórico actualizado, la actualización se hará aplicando a la suma debida el índice de precios del consumidor: el índice inicial del acuerdo 10 de 4 de diciembre de 2003, a partir de 31 de diciembre de 2004, día siguiente a aquel del vencimiento del último plazo pactado para el pago de la obligación. (…).

Pero se deberá observar al momento de liquidar los intereses, que la tasa aplicada para los intereses de mora no supere el límite legal a partir del cual la usura se configura”.

La redacción de la primera frase del mandamiento de pago es imprecisa(57), no obstante lo cual se recuerda que el artículo 4º de la Ley 80 de 1993, invocado en el auto respectivo, estableció los intereses moratorios a la tasa del equivalente al doble del interés legal civil, sobre el valor histórico actualizado, así:

“ART. 4º—De los derechos y deberes de las entidades estatales. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales:

(…).

8. Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación, o de contratar en los casos de contratación directa. Para ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y pactarán intereses moratorios.

Sin perjuicio de la actualización o revisión de precios, en caso de no haberse pactado intereses moratorios, se aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado”.

La parte ejecutante solicitó en la demanda el reconocimiento de intereses moratorios con base en el artículo 884 del Código de Comercio a la tasa máxima legal permitida, con apoyo en la cláusula séptima del acuerdo de pago 10 de 2003(58), la cual pretendió aplicar a partir del vencimiento de cada cuota. Empero, cuando se produjo el mandamiento de pago invocando los intereses de la Ley 80 de 1993, la ejecutante no presentó recurso alguno, ni tampoco apeló la sentencia de primera instancia en la cual se ordenó “seguir adelante con la ejecución, de acuerdo con el mandamiento ejecutivo”.

Por lo anterior, la decisión de liquidar los intereses de mora a cargo de la deudora, con base en el artículo 4º de la Ley 80 de 1993, no será modificada en esta instancia, menos aún si se tiene en cuenta que resultaría lesivo un pronunciamiento para retomar los intereses del artículo 884 del Código de Comercio, por cuanto agravaría la posición de la única apelante. En efecto, los intereses del Código de Comercio se liquidan con base en el interés bancario corriente, el cual correspondió a un porcentaje superior al doble del legal civil, durante todo el periodo en cuestión.

La citada consideración se realiza en respeto del principio de la no reformatio in pejus, en su momento consagrado en el artículo 377 del Código de Procedimiento Civil(59), según el cual el apelante único no puede ser compelido a una carga mayor en asuntos que no fueron objeto de la apelación, como la que se derivaría de la modificación de una tasa de interés por otra más alta que aquella que se determinó en la sentencia como aplicable a la liquidación del crédito, cuando ese aspecto no ha sido materia de la alzada.

En este orden de ideas, en el presente proceso la liquidación del crédito debe adelantarse con fundamento en la disposición del artículo 4º de la Ley 80 de 1993, lo cual indica que se tomará como tasa aplicable el doble del interés legal civil previsto en un 6% anual en el artículo 1617 del Código Civil(60), es decir, interés moratorio liquidado a la tasa del 12% anual sobre el capital adeudado, proporcional al número de días, en este caso, a partir del 31 de diciembre de 2004 y hasta la fecha de cada pago.

Por otra parte, de conformidad con el mandamiento de pago y la norma ya citada, además del interés de mora a la tasa del 12%, se liquidará el ajuste del valor histórico sobre el capital adeudado, tomando como fuente los datos de las series de empalme publicadas por el DANE, para determinar el índice inicial con fecha 31 de diciembre de 2004 y como fecha para el índice final, la de cada uno de los pagos.

Para efectos de respetar el límite de la tasa de interés a partir del cual se configuraría la usura, se ha de tener en cuenta que el valor liquidado por los dos conceptos antes mencionados se encuentre dentro del límite que resultaría de la liquidación a la tasa máxima establecida de conformidad con el artículo 884 del Código de Comercio, fijada a partir de la certificación de la Superintendencia Financiera de Colombia para el respectivo periodo(61).

Se precisa que de conformidad con la sentencia de primera instancia, en el aspecto no apelado, la fórmula de liquidación del crédito debe excluir toda modalidad de interés compuesto (intereses de intereses) y de capitalización de intereses, por cuanto ello excedería lo previsto en el mandamiento de pago invocado en la sentencia de primera instancia.

Para apoyar lo anterior, se advierte que el ajuste anual de la cifra base de cálculo de intereses, puede dar lugar a una modalidad de anatocismo(62) en violación del artículo 1617 del Código Civil que determina el interés legal civil llamado a ser aplicado en el supuesto que ahora ocupa la atención de la Sala, toda vez que el título ejecutivo en cuestión careció de cláusula o pacto habilitante para el cálculo de intereses sobre intereses y la sentencia de primera instancia tampoco instauró esa posibilidad.

7. Costas y agencias en derecho.

La Sala reitera la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado(63), acerca de la norma especial aplicable en el proceso ejecutivo para efectos de tasar la condena en costas con fundamento en el artículo 510 del Código de Procedimiento Civil, aplicable para el presente proceso, por manera que se ordenará la liquidación de costas de conformidad con la norma citada, acogiendo el siguiente razonamiento:

“La institución de la condena en costas es una figura de derecho procesal que busca sancionar a la parte que resulta vencida en un proceso, incidente o recurso(64), teniendo ésta que efectuar erogaciones económicas a cargo de la parte vencedora, correspondientes a las expensas y las agencias en derecho.

Los procesos ejecutivos que se tramitan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, según disposición expresa del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, están sometidos a las normas del Código de Procedimiento Civil que regulan el proceso ejecutivo de mayor cuantía, por lo que en materia de costas deberá aplicarse lo preceptuado por el artículo 510 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 51 de la Ley 794 de 2003.

En atención a lo anteriormente mencionado cabe concluir que no deberá aplicarse en este evento el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, ni los parágrafos 2º y 3º del artículo 75 de la Ley 80 de 1993 por existir norma especial y posterior que regula la materia de las costas en los procesos ejecutivos, como lo es la normatividad del estatuto procedimental civil.

Ahora bien, dicho estatuto procesal es claro en señalar que procederá la condena en costas a favor del demandado y en contra del demandante cuando el juez considere que las excepciones propuestas prosperaron —según lo establecido por el literal d(65) y e(66) del artículo 510 del Código de Procedimiento Civil— e, igualmente, cuando se compruebe la causación de las costas dentro del proceso —según lo establecido por el numeral 9º(67) del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil— (resalta la Sala).

Significa lo anterior que en materia de costas se aplica un régimen objetivo para determinar su procedencia, por lo que, con la simple comprobación de que se procedió o no a la ejecución y que se demuestre su causación de las costas dentro del juicio, el operador judicial deberá proceder a decretarlas, no como pasa en el proceso declarativo en el cual el juez debe verificar la buena o mala fe desplegada por la parte vencida. Así lo tiene entendido la Sección Tercera de esta corporación, la cual en un caso semejante al que ahora se decide razonó como sigue:

“A diferencia de lo dispuesto sobre la materia respecto del proceso declarativo sometido al Código Contencioso Administrativo, en el proceso ejecutivo no es dable realizar consideraciones subjetivas respecto de la posición asumida por la parte vencida en el desarrollo del mismo, para determinar la procedencia de la condena en costas”(68)”.

Finalmente, en relación con las agencias en derecho, se revocará la sentencia en el punto correspondiente, en orden a que sean liquidadas sobre la suma de $ 685’968.333, la cual corresponde al valor que será reconocido como base de la cobranza ejecutiva que podía adelantarse en el presente caso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia apelada, proferida por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Subsección A, el 6 de marzo de 2008 y en su lugar, se dispone:

1. Declarar probada las excepciones de título complejo y pago parcial, en relación con la suma de $ 39’835.655,69, recibida el 29 de junio de 2004, la cual deberá aplicarse al capital de la obligación contenida en el acuerdo 10 de 2003.

2. Declarar probadas las excepciones de título complejo y falta de exigibilidad de la obligación, en relación con el acuerdo 275 de 2004, por las razones expuestas en esta providencia.

3. Ordénase seguir adelante con la ejecución, por la suma de $ 685’698.333, correspondiente al acuerdo de pago 10 de 2003, exigible desde el 31 de diciembre de 2004 y hasta la fecha en que se verifique su pago.

4. Practíquese ante el tribunal a quo, la liquidación del crédito, con base en el ajuste correspondiente al valor histórico actualizado entre el 31 de diciembre de 2004 y la fecha en que se verifique su pago. Para lo anterior se tendrán las siguientes bases: i) los índices de las series de empalme del periodo correspondiente establecidos por el DANE, más ii) los intereses del 12% anual sobre el capital adeudado, liquidados entre el 31 de diciembre de 2004 y la fecha en que se verifique el respectivo pago, en la forma en que ha sido expuesta en esta providencia. En todo caso, la suma de los dos conceptos no podrá exceder el límite de la tasa máxima de interés de usura aplicable en la fecha en que se verifique el respectivo pago.

5. Ordénese ante el tribunal a quo, la liquidación de la condena en costas de acuerdo con lo que se demuestren en el respectivo trámite y la fijación de las agencias en derecho, por el valor que corresponda a la ejecución de la suma de capital establecida en el punto tercero de esta providencia.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen.»

(10) Artículos 75 Ley 80 de 1993, 351, inciso 1º y 510 del Código de Procedimiento Civil.

(11) De acuerdo con el salario mínimo mensual legal vigente del año 2005, toda vez que la demanda se presentó el 15 de diciembre de 2005 y el recurso de apelación se interpuso el 14 de marzo de 2008, en vigencia de la Ley 954 de 2005 (fl. 82, cdno. ppal.).

(12) Diario Oficial 45.983

(13) Artículo 37. Ley 446 de 1998. El artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, quedará así:

“ART. 129.—Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión”.

Artículo 40, Ley 446 de 1998. “El artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, quedará así:

ART. 132.—Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 5. “De los referentes a contratos de las entidades estatales en sus distintos órdenes (…) cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales”.

(14) Artículo 87. Código Contencioso Administrativo. De las controversias contractuales. “Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas.

(…).

En los procesos ejecutivos derivados de condenas impuestas por la jurisdicción contencioso administrativa se aplicará la regulación del proceso ejecutivo singular de mayor cuantía contenida en el Código de Procedimiento Civil”.

(15) Artículo 136, Código Contencioso Administrativo. Modificado por el artículo 44, Ley 446 de 1998. Caducidad de las acciones.

“(…).

11. La acción ejecutiva derivada de decisiones judiciales proferidas por esta jurisdicción, caducará al cabo de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad del respectivo derecho. La exigibilidad será la señalada por la ley o la prevista por la respectiva decisión judicial.

(…).

PAR. 1º—Cuando el objeto del litigio lo constituyan bienes estatales imprescriptibles e inenajenables la acción no caducará”.

(16) Ley 791 de 2002. Artículo 8º. El artículo 2536 del Código Civil quedará así:

“El artículo 2536. La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años y la ordinaria por diez (10).

La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y convertida en ordinaria durará solamente otros cinco (5).

Una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse nuevamente el respectivo término".

(17) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. (E): Mauricio Fajardo Gómez, 26 de mayo de 2010, radicación: 25000-23-26-000-1998-02996-01(25803), actor: Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial, Codeter, demandado: Departamento de Cundinamarca, referencia: apelación sentencia ejecutiva.

(18) Acuerdo de pago 10 de 2003. “El pago de las obligaciones antes señaladas será efectuado por Caprecom en doce cuotas mensuales iguales de $ 88’883.833,56 cada una, la primera de las cuales será cancelada el 30 de diciembre de 2003 y así sucesivamente el día treinta (30) de cada mes, hasta cubrir el monto total de la obligación”.

(19) Acuerdo de pago 275 suscrito el 10 de julio de 2004. “El pago se realizará en tres (3) cuotas bimestrales, la primera de las cuales se cancelará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la firma del presente acuerdo”.

(20) Artículo 9º, folios 21 a 23, cuaderno 3.

(21) Folios 10 a 19, cuaderno 1.

(22) “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (A.L. 1/2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”.

(23) “Por el cual se adoptan unas medidas para optimizar el flujo financiero de los recursos del régimen subsidiado del sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones”.

(24) “Por la cual se expiden normas para el saneamiento de la información contable en el sector público y se dictan disposiciones en materia tributaria y otras disposiciones”.

(25) Folios 4 a 7, cuaderno 3.

(26) Folio 45, cuaderno 1.

(27) Folio 8, cuaderno 3.

(28) Folios 36 a 52, cuaderno 3.

(29) Se destaca en negrilla para efectos de este proceso. Corresponde al saldo cobrado con base en el acuerdo de pago 10 de 2003.

(30) Se destaca en negrilla para efectos de este proceso. Corresponde al saldo cobrado con base en el acuerdo de pago 275 de 2004.

(31) El cuadro contiene el detalle cuota a cuota. Se extracta el total para los efectos de la descripción de la prueba correspondiente.

(32) El cuadro contiene el detalle cuota a cuota. Se extracta el total para los efectos de la descripción de la prueba correspondiente.

(33) Folio 44, cuaderno 3.

(34) Folio 46 y 47, cuaderno 3.

(35) El concepto aparece ilegible, folio 32, cuaderno 3.

(36) Tabla con la relación de facturas 1754, 1755, 1762, 1766, “varias”, “SN” y 1759.

(37) Folios 44 y 45, cuaderno 1.

(38) Folio 48, cuaderno 1.

(39) Folio 49, cuaderno 3.

(40) Folio 47, cuaderno 3.

(41) Anexas al acuerdo de pago 10 de 2003, folios 4 a 7 de cuaderno 3.

(42) Entre otros puede consultarse el auto proferido el 4 de mayo de 2000, expediente 15679, ejecutante: Terminal de Transporte de Medellín S.A., y la sentencia de la Sección Tercera, C.P. (E): Mauricio Fajardo Gómez, 18 de marzo de 2010, radicación 25000-23-26-000-1997-4694-01(22339), actor: Instituto de Fomento Industrial Concesión Salinas, demandado: Cóndor S.A. Compañía de Seguros Generales.

(43) Acuerdo 10 de 2003. “Cláusula primera. Antededentes. a) La IPS Unión Temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé de las Casas, cedió al fondo las facturas que se encuentran relacionadas en el documento de cesión de créditos de fecha 24 de junio de 2002, (…); sin embargo Caprecom, asumió la responsabilidad de pago por la prestación de los servicios de salud (…) hasta por el valor finalmente certificado y no glosado”.

Acuerdo 275 de 2004. “(…) hemos convenido hacer el acuerdo de pago en aplicación al acuerdo de cesión de créditos y cruce de cuentas, suscrito el 24 de junio de 2003, como solución de pago en los siguientes términos (…)”

(44) “Acuerdo 10 de 2003. “Cláusula tercera: Las partes ratifican lo pactado en relación con la compensación frente a la deuda que resulte de la compensación de los contratos tal y como se estipuló en: a) El numeral quinto (5) del documento denominado cesión de créditos”.

(45) Artículo 1622 Código Civil. Interpretaciones sistemática, por comparación y por aplicación práctica. “Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad.

Podrán también interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia.

O por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con aprobación de la otra parte”.

(46) Cláusula séptima: Anexos, a) Certificación de la subdirección financiera, b) Cesión de crédito, de fecha junio 24 de 2003.

(47) Folios 10 y 11, cuaderno 3.

(48) Según cuadro obrante en el numeral 5º del acuerdo, los contratos eran el 98 de 2003, los números 160 y 18 de 2002 y los distinguidos con los números 67, 79, 305, 69 y 405 de 2001.

(49) “5. (…) acuerdan que los dineros a favor de Caprecom que resulten de la ejecución del contrato vigente y de la liquidación de los contratos que a continuación se relacionan, serán compensados por el fondo (…) en los montos acordados por las dos entidades, siempre y cuando se trate de servicios prestados a afiliados del régimen subsidiado de Bogotá, para lo cual Caprecom deberá informar al fondo (…) el valor aceptado y el número de factura”. (Texto tomado del acuerdo de cesión y cruce de cuentas, el resaltado no es de texto, fls. 17 y 18, cdno. 3).

(50) Numeral 5º, del documento de cesión de créditos.

(51) “Cláusula séptima. En caso que las partes incurran en mora en el cumplimiento de las obligaciones aquí estipuladas, reconocerán a favor de la otra intereses por mora calculados a la tasa máxima permitida, establecida en el artículo 884 del Código de Comercio”.

(52) Folio 8, cuaderno 3.

(53) “Artículo 1653 Código Civil. Si se deben capital e intereses, el pago se imputará primeramente a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que se impute al capital.

Si el acreedor otorga carta de pago del capital sin mencionar los intereses, se presumen éstos pagados”.

(54) Artículo 1777 Código de Procedimiento Civil. Carga de la Prueba. “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

(55) “ART. 1º—La presente ley regula la obligatoriedad de los entes del sector público de adelantar las gestiones administrativas necesarias para depurar la información contable, de manera que en los estados financieros se revele en forma fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial de las entidades públicas.

Para el efecto, deberá establecerse la existencia real de bienes, derechos y obligaciones, que afectan el patrimonio público depurando y castigando los valores que presentan un estado de cobranza o pago incierto, para proceder, si fuera el caso a su eliminación o incorporación de conformidad con los lineamientos de la presente ley”.

(56) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 27 de marzo de 2014, radicación 730012331000200 100945 01, expediente 32905, demandante Visisalud Ltda., demandado Caprecom EPS.

(57) En la metodología sugerida en esta sentencia, la base del cálculo deben ser los valores en dinero, no los porcentajes. Se cita como apoyo un aparte del Manual del Índice de Precios al Consumidor, Teoría y Práctica, Copyright © 2006, Organización Internacional del Trabajo / Fondo Monetario Internacional / Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos / Oficina Estadística de las Comunidades Europeas / Naciones Unidas / Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/ Banco Mundial (publicado en http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/cpi_sp.pdf) (se resalta) .

“10.31. (…). Este ejemplo sencillo sirve para ilustrar la noción muy importante de que los porcentajes (tasas de interés, tasas impositivas, etc.) no son precios ni pueden utilizarse como tales. Los porcentajes deben ser aplicados a algún valor monetario a fin de determinar un precio monetario”. (…) 13.11. Por definición, el IPC es un índice y, por lo tanto, no es un nivel ni una serie de cambios absolutos en los precios” (resaltado no es del texto).

(58) “Cláusula séptima. En caso que las partes incurran en mora en el cumplimiento de las obligaciones aquí estipuladas, reconocerán a favor de la otra intereses por mora calculados a la tasa máxima permitida, establecida en el artículo 884 del Código de Comercio”.

(59) El artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, que en su parte pertinente reza: ‘La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones’.

(60) ART. 1617.—Indemnización por mora en obligaciones de dinero. “Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes:

(1a) Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés superior al legal, o empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario; quedando, sin embargo, en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos casos.

El interés legal se fija en seis por ciento anual”.

(61) ART. 884.—Límite de intereses y sanción por exceso: “Cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique por convenio el interés, éste será el bancario corriente; si las partes no han estipulado el interés moratorio, será equivalente a una y media veces del bancario corriente y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72, Ley 45 de 1990.

Se probará el interés bancario corriente con certificado expedido por la Superintendencia Bancaria.

(62) “Articulo 1617 Código Civil. Indemnización por mora en obligaciones de dinero. “Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes:

(…)

2a) El acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando solo cobra intereses; basta el hecho del retardo.

3a) Los intereses atrasados no producen interés.

4a) La regla anterior se aplica a toda especie de rentas, cánones y pensiones periódicas”.

Artículo 2235, Código Civil. Anatocismo. “Se prohíbe estipular intereses de intereses”.

A juicio de la Sala, en este caso por razón de la aplicación de la norma especial del artículo de 4(sic) de la Ley 80 de 1993, no tiene lugar la posibilidad de acudir a la causación de intereses sobre intereses, permitida excepcionalmente en el Código de Comercio, así:

Artículo 886, Código de Comercio. Anatocismo. “Los intereses pendientes no producirán intereses sino desde la fecha de la demanda judicial del acreedor, o por acuerdo posterior al vencimiento, siempre que en uno y otro caso se trate de intereses debidos con un año de anterioridad, por lo menos”.

(63) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia 25 de agosto de 2011, radicación: 25000-23-26-000-1996-02052-03(39030), actor: Ecosalud, demandado: Sociedad Inversiones Keno S.A. y otros, referencia: proceso ejecutivo.

(64) Cita original de la sentencia: “Sentencia de 5 de octubre de 2001, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié. 12425”.

(65) “d) La sentencia de excepciones totalmente favorable al demandado pone fin al proceso; en ella se ordenará el desembargo de los bienes perseguidos y se condenará al ejecutante a pagar las costas y los perjuicios que aquél haya sufrido con ocasión de las medidas cautelares y del proceso. La liquidación de los perjuicios se hará como dispone el inciso final del artículo 307”.

(66) “e) si las excepciones no prosperan, o prosperen parcialmente, la sentencia ordenará llevar adelante la ejecución en la forma que corresponda, condenará al ejecutado en las costas del proceso y ordenará que se liquiden” (se resalta para efectos del presente caso).

(67) “9) Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación” (se resalta para efectos del presente caso).

(68) Sentencia de 30 de agosto de 2007, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. 26767.