Sentencia 2006-00091 de junio 3 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Rad.: 11001-03-24-000-2006-00091-00

Actor: Flavio Fernando Fajardo Monroy

Demandado: Consejo Nacional de Seguridad Social en salud

Ref.: Acción de nulidad.

Bogotá, D.C., tres de junio de dos mil diez.

La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad instituida en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo ha sido interpuesta contra varios apartes de un Acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

Se predica de los apartes inicialmente subrayados del Acuerdo 306 de 2005 que violan los artículos 172, parágrafo 1, de la Ley 100 de 1993; 15, parágrafo 1, del Acuerdo 31 de 1996; 3º, numeral 1, del Decreto 246 de 2004, por razones que se resumen en que por sus implicaciones fiscales requerían concepto favorable y firma del Ministro de Hacienda y Crédito Público, y en este caso fueron adoptados por el Consejo, sin dicha autorización.

Para despachar tal cuestionamiento, lo primero a dilucidar es la existencia yalcance de ese requisito, para lo cual se ha de traer el texto de la norma que aduce el actor como fuente jurídica del mismo, esto es, el artículo 172, parágrafo 1, de la Ley 100 de 1993, así como del artículo 3º, numeral 1, del Decreto 246 de 2004, que a la letra dicen:

“ART. 172.—Funciones del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud tendrá las siguientes funciones:

(...).

PAR. 1º—(Subrogado D.E. 2150/95, art. 120843). Las decisiones anteriores que tengan implicaciones fiscales requerirán el concepto favorable de los ministros de Hacienda y de Salud; y las que tengan implicaciones sobre la calidad del servicio público de la salud requerirán únicamente el concepto favorable del Ministro de Salud”.

“ART. 3º—Funciones. (Derogado D. 4646/2006, art. 51). El Ministerio de Hacienda y Crédito Público tendrá, las siguientes funciones:

1. Participar en la definición y dirigir la ejecución de la política económica y fiscal del Estado”.

El acto acusado fue expedido en ejercicio de la función señalada en el numeral 1º del precitado artículo 172, luego en todo aquello que tenga implicaciones fiscaleses cierto que está sujeto a lo dispuesto en el parágrafo transcrito, que para el efecto realmente constituye un requisito de forma o de trámite de dicho acto.

Ahora bien, la pregunta pasa a ser, entonces, cómo y cuándo se debe surtir esa formalidad? La respuesta no puede ser otra que la de la disposición no señala nada al respecto, de suerte que puede darse como cumplido con cualquier manifestación expresa e inequívoca de la aprobación en que la misma consiste, por los mencionados ministerios, cuando sea del caso la aprobación de uno u otro o de ambos.

En este caso, se tiene que el Acuerdo fue adoptado el 16 de agosto de 2005, y en el plenario obra copia auténtica del Acta de la respectiva reunión del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, distinguida con el número 166, y consta en ella que como uno de sus miembros asistió la doctora Mónica Uribe Botero, Delegada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y que en esa reunión se sometió a discusión y aprobación el Proyecto de Acuerdo “Por medio del cual se define el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado”.

Revisado el texto de esa acta, no aparece que en sus intervenciones la delegada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público hubiera hecho objeción alguna a las disposiciones acusadas, en el debate que se dio al correspondiente proyecto de acuerdo.

A lo anterior se suma la circunstancia de que ese proyecto de acuerdo fue aprobado por los miembros del Consejo, según se lee en el siguiente aparte de la página 11 del Acta, folio 85 del expediente:

“Acorde con lo solicitado por la Dra. Paredes se acepta la inclusión de un artículo para definir el POS para los subsidios parciales, en donde se retoma los contenidos del Acuerdo 267 y de adapta a los definidos en el presente acuerdo. El artículo es aprobado. Se pone en consideración el acuerdo el cual es aprobado por los miembros del Consejo, con las salvedades ya expresadas de la Dra. Paredes”.

Así las cosas, se puede inferir de manera inequívoca que el trámite y adopción del Acuerdo 306 de 2005 objeto del sub lite contó con la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de su Delegada en el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, y que de esa forma también participó en la definición y dirección de la ejecución de la política fiscal del Estado, en cuanto concierne al servicio de salud que se ha de financiar con recursos del fisco nacional.

En consecuencia, sin necesidad de mayores consideraciones, la Sala concluye que los cargos no tienen vocación de prosperar, de donde habrá de negar las pretensiones de la demanda, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda que presentó el ciudadano Flavio Fernando Fajardo Monroy para que se declarara la nulidad de varios apartes del artículo 2º del Acuerdo 306 de 2005 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, “Por medio del cual se define el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiario”.

2. En firme esta decisión y previas las anotaciones de rigor, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de 3 de junio de 2010».

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