Sentencia 2006-00095 de agosto 3 de 2011

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicado: 270011102000 2006 00095 01

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Aprobado según acta 75 de la misma fecha.

Bogotá, D.C., tres de agosto de dos mil once.

Ref.: Consulta sentencia disciplinario contra Milton Yecibt Pera Mosquera Juez Civil del Circuito de Istmina —Chocó—.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Al no haberse apelado la sentencia proferida, conforme lo dispone el artículo 208 de la Ley 734 de 2002, Código Único Disciplinario, previo traslado a los sujetos procesales quienes guardaron silencio, procede esta Superioridad a su revisión por vía de consulta, limitándose el presente pronunciamiento a lo desfavorable al disciplinado.

De acuerdo a lo anterior, la controversia jurídica objeto de definición en el sub lite, se circunscribe a determinar si el entonces funcionario sancionado incurrió en incumplimiento de sus prohibiciones incurriendo en la falta disciplinaria descrita a numerales 15 del artículo 153 y, 3º del artículo 154 de la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de administración de Justicia.

Se encuentra probado que el proceso ordinario civil adelantado por Osiris Mosquera Mosquera contra Silda Eugenia Moreno Perea, radicado bajo el número 2003-00092, asumió su total conocimiento el doctor Milton Yecibt Perea Mosquera, como titular del Juzgado Civil del Circuito de Istmina —Chocó—, quien conoció de dicho trámite desde la fecha del 30 de enero de 2004 y sólo hasta el 3 de julio de 2007, se pronunció de fondo en el asunto, resolviendo decretar la nulidad de todo lo actuado desde el auto admisorio de la demanda, por cuanto tal libelo carecía del requisito previo de conciliación, conforme lo exigía la Ley 640 de 2001.

Así las cosas, el caso puesto bajo consideración del funcionario disciplinado y aquí en estudio, tardo aproximadamente 3 años y 6 meses como lo acotó la Sala a quo, para que se tomara finalmente la decisión ya antes anotada, término que resulta exagerado y que sin mayor esfuerzo evidencia falta de diligencia y atención en el trámite de un asunto incurriendo en una demora injustificada, vislumbrándose sin esfuerzo acreditado el aspecto objetivo, es decir la certeza de la existencia de la falta.

De igual forma, se debe observar que dicho trámite civil ingresó al despacho del señor juez aquí implicado para la toma —presuntamente— de la decisión de sentencia, para el día 23 de mayo de 2005 y sólo hasta el día 3 de julio del año 2007, profirió una decisión anulatoria de lo actuado y de rechazo de plano de la demanda incoada, configurándose así de manera cierta el marco objetivo de la falta imputada al funcionario encartado, por el desconocimiento de lo dispuesto en el artículo 124 del Código de Procedimiento Civil, referente al término con el cual se cuenta para la toma de decisiones dentro de los trámites puestos a su cargo.

Respecto del ámbito subjetivo, no se observa justificación válida en la conducta omisiva del funcionario judicial aquí cuestionado, máxime que debió estar atento al cumplimiento de sus deberes funcionales dada el nivel de conocimiento y versación jurídica de un juez civil de la categoría de circuito que desempeña el doctor Perea Mosquera, propia de su condición de profesional del derecho, por ende conocedor de la normativa y la ritualidad procesal de los diferente procesos de orden civil, comportamiento que amerita el reproche disciplinario que ocupa la atención de esta Sala.

Considera esta colegiatura, no ser aceptable de ninguna manera que el Juez de conocimiento del asunto aquí en estudio, hubiere permitido el transcurso exagerado del tiempo, para la toma de la sencilla decisión adiada 3 de julio del año 2007, siendo sin lugar a duda, una tarea de simple revisión del escrito de demanda y sus anexos, la cual como es de llana lógica, debía realizar al momento en que llegó a sus manos dicho negocio jurídico y así proceder a su admisión, inadmisión o rechazo de plano del mismo, tal y como finalmente ocurrió, viéndose claramente afectados los intereses de quien acudió a la administración de justicia, al recibir luego de transcurrido más de tres años, una decisión nugatoria y no frente a sus pretensiones, sino respecto de la admisión de su demanda, habiendo tenido el señor juez investigado, tiempo suficiente para adoptar dicha decisión, la cual no exigía un mayor esfuerzo mental o dedicación de tiempo, sino la mera revisión acuciosa del expediente.

Ahora, menos aceptable es para esta superioridad, que habiendo ingresado al despacho el trámite civil para la toma de la respectiva decisión, haya trascurrido el término que se tomó el doctor Milton Yecibt Perea Mosquera, pues como ya se expuso, era una tarea de mínima observación del plenario, aunándose a ello que en diferentes oportunidades la parte actora a través de su apoderado judicial solicitó al señor juez se dictara la decisión de fondo en el asunto, a lo que de manera inentendible luego de un grueso lapso respondió el funcionario disciplinado, que no se había podido proceder al análisis respectivo del proceso, debido al cúmulo de trabajo, lo cual es para esta Sala inaceptable por lo ya antes expuesto, tratándose de la baja complejidad que denota la toma de la decisión adiada 3 de julio de 2007.

Quedando así acreditada la responsabilidad en cabeza del funcionario investigado, en ese orden de ideas, la Sala observa que existen suficientes elementos probatorios según los cuales el doctor Milton Yecibt Perea Mosquera, con su proceder quedó incurso en el incumplimiento a su deber enmarcado en el numeral 15 del artículo 153 de la Ley 270 del año 1996, y de la prohibición prevista a numeral 3º del artículo 154 Ibídem, al inobservar las disposiciones traídas por el artículo 124 del Código de Procedimiento Civil, que a la letra expresan:

“ART. 153.—Deberes. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:

(…)

15. Resolver los asuntos sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios y garantías que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional.

ART. 154.—Prohibiciones. A los funcionarios y empleados de la rama judicial según el caso, les está prohibido:

(…).

3. Retardar o negar injustificadamente el despacho de los asuntos o la prestación del servicio a que estén obligados.

ART. 124.—Términos para dictar las resoluciones judiciales. Los jueces deberán dictar los autos de sustanciación en el término de tres (3) días, los interlocutorios en el de diez (10) y las sentencias en el de cuarenta (40), contados todos desde que el expediente pase al despacho para tal fin”.

De igual modo, considera esta colegiatura que la Sala a quo acertó cuando consideró la falta en que incurrió el funcionario disciplinado, como grave y a título de culpa, imponiendo en consecuencia la sanción consistente en suspensión de seis (6) meses en el ejercicio del cargo al doctor Milton Yecibt Perea Mosquera, conforme con los criterios previstos en los artículo 43 a 47 de la Ley 734 de 2002, la cual es razonable y proporcional a la gravedad de los hechos aquí investigados y la manera culposa del proceder del funcionario encartado como Juez Civil del Circuito de Istmina —Chocó—, y por tal razón es claro que la sentencia consultada debe ser confirmada, pues se encuentra ajustada a derecho.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia consultada de 2 de febrero de 2011, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó, por medio de la cual se sancionó con suspensión de seis (6) meses en el ejercicio del cargo al doctor Milton Yecibt Perea Mosquera, en su condición de Juez Civil del Circuito de Istmina, como autor responsable del incumplimiento de los deberes consagrados en el artículo 153 numeral 15 y 154 numeral 3º de la Ley 270 de 1996, lo anterior teniendo en cuenta las consideraciones de éste proveído.

2. REMITIR copia del presente fallo, con constancia de su ejecutoria, a la Unidad de Registro Nacional de Abogados, para efectos de su anotación, fecha a partir de la cual empezará a regir la sanción impuesta.

3. DEVOLVER el expediente a su lugar de origen.

Notifíquese y cúmplase.»