Sentencia 2006-00100/48086 de marzo 23 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A”

Radicación: 180012331000200600100 01 (48.086)

Actor: Pedro Antonio Clavijo Alfonso y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa y otro

Referencia: Reparación directa

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Bogotá D.C., veintitrés de marzo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por las partes en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá el 24 de enero de 2013, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación, pues la mayor pretensión que se estimó en la demanda supera los quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes exigidos para la fecha de interposición del recurso(16).

2.2. Ejercicio oportuno de la acción.

En el presente asunto, advierte la Sala que la demanda se interpuso dentro del término de dos (2) años que establece el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo(17), toda vez que la responsabilidad administrativa que se impetra se originó en los perjuicios sufridos por los demandantes a raíz del ataque perpetrado por un grupo al margen de la ley en la noche del 7 de mayo de 2004, mientras que la demanda se interpuso el 15 de febrero de 2006(18), razón por la cual se impone concluir que fue instaurada oportunamente.

2.3. Lo probado en la actuación.

De conformidad con el material probatorio obrante en el expediente, la Sala encuentra debidamente acreditados los siguientes hechos:

— En el año 2003, el señor Luis Enrique Fierro Imbachí fue elegido popularmente como concejal del municipio de Puerto Rico - Caquetá, para el período comprendido entre los años 2004 y 2007. Así fue certificado por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el concejo municipal de dicha entidad territorial(19).

— El 8 de mayo de 2004 el comandante de la Estación de Policía de Puerto Rico - Caquetá rindió informe ante el Departamento de Policía respectivo, en el cual señaló que en la noche del 7 de mayo de 2004, desconocidos lanzaron una granada IM-26 en la residencia del señor Pedro Antonio Clavijo, resultando lesionada y posteriormente fallecida la menor Leidy Lorena Clavijo Cardona. El uniformado agregó que el artefacto explosivo también había provocado heridas a los señores Pedro Antonio Clavijo e Irma Patricia Cardona Arcila, y que en el momento y el lugar de los hechos, se encontraba de visita el concejal Luis Enrique Fierro(20).

— El respectivo registro civil de defunción señala que la niña Leidy Lorena Clavijo Cardona falleció el 8 de mayo de 2004(21); asimismo, en protocolo Nº 119 del 8 de mayo de 2004, el Instituto Nacional de Medicina Legal determinó que la menor Leidy Lorena Clavijo Cardona había muerto por un shock neurogénico, debido a la laceración del encéfalo que era secundaria a “esquirla de artefacto explosivo”(22).

— El 3 de marzo de 2005, el mismo estamento forense practicó reconocimiento médico legal a los señores Pedro Antonio Clavijo Alfonso e Irma Patricia Cardona García, en el cual dictaminó que las lesiones sufridas por ellos les produjo incapacidades médicas de 15 y 20 días, respectivamente(23).

— El 28 de mayo de 2004, el comando de la decimosegunda brigada del Ejército Nacional instauró denuncia penal por la posible comisión de los delitos de homicidio en persona protegida y lesiones personales en persona protegida, refiriéndose a la menor fallecida Leidy Lorena Clavijo Cardona y a los dos civiles hoy demandantes que resultaron lesionados tras la detonación provocada el 7 de mayo de 2004, en su vivienda. El comandante de la indicada unidad militar aseguró que el mencionado ataque le era atribuible a los miembros del grupo guerrillero FARC y, que tal acto debía sancionarse penalmente, por cuanto se trataba de “conductas cometidas reiteradamente por grupos armados al margen de la ley”(24).

— A raíz de estos hechos, la fiscalía 18 seccional de Puerto Rico dio apertura a una investigación previa(25). El 28 de abril de 2006 la fiscalía tercera especializada de Florencia profirió resolución inhibitoria, por cuanto no era posible iniciar la acción penal al no haberse logrado la identificación e individualización de ninguna persona que pudiera ser sindicada de haber cometido el atentado(26).

Con todo, en dicha actuación obra una declaración juramentada rendida por el señor Luis Enrique Fierro Imbachí ante la fiscalía tercera especializada de Florencia el 22 de abril de 2005, en la cual reiteró los hechos aquí señalados, además de mencionar que, de acuerdo con la información que le había suministrado un comandante de la Policía Nacional, los perpetradores del atentado eran miembros de las FARC que posteriormente fueron ultimados a manos de ese grupo guerrillero, por haber fallado en el intento de dar muerte al mencionado servidor público(27).

— El 15 de abril de 2005, el Departamento de Policía del Caquetá certificó ante la fiscalía tercera especializada de Florencia que en esa región operaban y hacían presencia el frente XIV y la columna móvil Teófilo Forero de las FARC(28).

— En declaración testimonial rendida en este proceso, el ciudadano Marcian Losada Trujillo señaló que, hallándose en su residencia, escuchó la explosión provocada en la vivienda de los hoy demandantes, dado que eran vecinos suyos. Señaló que, una vez acudió al sitio de los hechos, prestó su ayuda para trasladar al hospital a la niña Leidy Lorena Clavijo Cardona, no sin advertir las heridas sufridas por los señores Pedro Antonio Clavijo Alfonso e Irma Patricia Cardona Arcila. Manifestó tener conocimiento de que el atentado había sido dirigido por los miembros de las FARC contra el concejal Luis Enrique Fierro Imbachí, dado que en esos días habían circulado panfletos y amenazas contra quienes ostentaban dicha investidura, además de saber que días después de lo ocurrido, miembros del citado grupo fueron a buscar al señor Luis Enrique Fierro Imbachí, sin éxito, y destruyeron la vivienda de otro servidor público(29).

— En esos mismos términos rindieron testimonio los señores Yesid Portela Valencia e Idelfonso Ramírez Gómez, quienes también afirmaron ser vecinos de los hoy demandantes y haber acudido a su casa una vez ocurridos los hechos. Asimismo, señalaron que en la época del ataque los miembros de las FARC habían efectuado amenazas contra los concejales del municipio y los declararon objetivo militar(30).

— En audiencia celebrada el 11 de septiembre de 2007, el concejal Luis Enrique Fierro Imbachí se ratificó en las declaraciones vertidas ante la fiscalía tercera especializada de Florencia y, adicionalmente, señaló:

“… En el año 2002 sucedieron unos hechos en Puerto Rico, los cuales dejaron como resultado la destrucción de la alcaldía municipal (…) y el puente sobre la quebrada Monte Cristo; anteriores a estos hechos fueron asesinados dos alcaldes (…9 y a esos hechos le fueron sumados prácticamente la expulsión de la administración municipal y el concejo. Posteriormente algunas instituciones como Fiscalía, juzgados y creo que Procuraduría también recogieron sus despachos del municipio y todos estos hechos fueron atribuidos a los grupos armados que operan en esa región, cual es la guerrilla de las FARC. Se conocieron panfletos, especialmente la (sic) columna Teófilo forero de las FARC que amenazaban a los servidores públicos y les decía (sic) que abandonaran sus cargos, de lo contrario serían declarados objetivo militar; como resultado de todos estos hechos de violencia y amenazas el municipio quedó huérfano de presencia institucional o del Estado…”(31).

Agregó que, este estado de las cosas, motivó a un grupo de líderes populares a lanzarse al concejo municipal para recuperar la gobernabilidad del municipio y que, tras obtener el éxito electoral, una vez fueron posesionados en sus cargos lograron que la administración volviera a operar en sus propias sedes. Señaló que tras un tiempo de relativa y aparente calma, se produjo un “primer atentado”, tratándose precisamente del que tuvo lugar el 7 de mayo de 2004, el cual dio origen a la demanda que hoy analiza la Sala.

Por otro lado, manifestó que la Policía Nacional y el Ejército, nunca abandonaron el municipio de Puerto Rico, pero que los concejales sólo comenzaron a tener cuerpos de seguridad después del referido atentado del 7 de mayo de 2004(32).

— Ahora bien, en denuncia penal instaurada el 24 de junio de 2004 por el delito de amenazas, el ciudadano Willard Villegas González —quien manifestó ser concejal del municipio de Puerto Rico—, señaló que en el mes de febrero de ese mismo año, un grupo de subversivos interrumpió una reunión comunitaria que se adelantaba en una escuela rural de esa municipalidad, para manifestar que todos los concejales serían declarados objetivo militar si no renunciaban a dicho cargo en forma perentoria(33).

— Durante el mismo mes de junio de 2004, la Brigada Decimosegunda del Ejército Nacional puso en conocimiento del Ministerio Público y de la Cruz Roja Internacional seis episodios violentos —entre homicidios, atentados y ataques selectivos—, cometidos por las FARC durante esas semanas, contra concejales y miembros de la Fuerza Pública en varios municipios del departamento del Caquetá(34).

— La Fiscalía General de la Nación certificó ante este proceso que, en el año 2005, adelantó investigación penal por varios actos violentos perpetrados en dicha época por integrantes de las FARC, los cuales produjeron la muerte de cinco concejales del municipio de Puerto Rico(35).

En oficio de fecha 31 de julio de 2007, el presidente del concejo municipal de Puerto Rico certificó que el 11 de febrero y el 9 de abril de 2005 fueron asesinados los concejales Armando Antonio Zafra Duque y Myriam Martínez Hurtado, en tanto que el 24 de mayo de 2005, un “grupo de hombres fuertemente armados” se adentró en el recinto de sesiones del Concejo y dio muerte a cuatro de sus miembros y al secretario de la corporación, además de dejar heridos a otros dos cabildantes(36).

Señaló que la información atinente los atentados cometidos contra los miembros del concejo municipal entre los años 1998 y 2002 había desaparecido completamente, puesto que los archivos y las instalaciones oficiales de esa corporación habían sido destruidos en su totalidad en el mes de septiembre del mismo año 2002.

A la referida certificación, el presidente del concejo municipal anexó la copia de un panfleto sin fecha, en el cual la columna Teófilo Forero de las FARC señaló que los concejales y alcaldes de los municipios de su “área”, debían renunciar a sus cargos so pena de ser declarados objetivo militar(37).

— Obran en el proceso dos denuncias instauradas durante el año 2006 por la señora Luz Estella Puertas Cabrera, por presuntas amenazas realizadas por el grupo armado FARC contra los concejales del municipio de Puerto Rico - Caquetá, durante ese año(38).

2.4. Análisis de la sala.

2.4.1. El contexto de la situación fáctica demostrada en el proceso.

Los hechos acreditados en la presente actuación, ocurrieron en una zona del territorio nacional afectada por una fuerte presencia de grupos armados organizados al margen de la ley, en un momento histórico caracterizado por la agudización del conflicto armado interno a causa del incremento de las acciones bélicas cometidas por la guerrilla de las FARC, dada la terminación de los diálogos de paz y el levantamiento de la zona de distensión a partir del año 2002. Con base en esta circunstancia se puede inferir que los habitantes del municipio de Puerto Rico - Caquetá, especialmente las personas que encarnaban la autoridad civil y estatal en esa localidad, se encontraban en situación permanente de riesgo que, por su gravedad y notoriedad, era conocida ampliamente por las autoridades demandadas.

Asimismo, tal como lo certificó el Departamento de Policía con competencia en el Caquetá, para la época de los hechos operaba en esa región la organización guerrillera FARC, a través del frente XIV y de la columna móvil Teófilo Forero(39).

Adicionalmente, de conformidad con el informe rendido por el concejo municipal de Puerto Rico, en los años previos al hecho dañoso esa corporación y las demás entidades de la referida población fueron blanco de operaciones violentas perpetradas por grupos subversivos, al punto que la administración municipal y el mismo Concejo se vieron obligados a abandonar sus sedes y a despachar por un tiempo desde la ciudad de Florencia(40).

A la par con estas circunstancias, se cuenta con los informes del Ejército Nacional atinentes a los homicidios y atentados cometidos por las FARC contra concejales y personal uniformado del Estado durante el mes de junio de 2004(41), obrando además la denuncia penal que el señor Willard Villegas González instauró ante las autoridades por las amenazas que, apenas tres meses antes de los hechos analizados en el sub lite, había efectuado el grupo guerrillero contra la vida de todos los concejales de Puerto Rico(42).

En este marco o estado de cosas tuvo ocurrencia el hecho dañoso examinado en el sub examine, razón por la cual, la responsabilidad administrativa de las autoridades demandadas será analizada teniendo en cuenta este contexto histórico.

2.4.2. El daño antijurídico y su imputación a las entidades demandadas.

A la luz de las pruebas referidas anteriormente, se encuentra demostrado el daño antijurídico aducido en la demanda, consistente en el deceso de la niña Leidy Lorena Clavijo Cardona y en las lesiones sufridas por sus progenitores Pedro Antonio Clavijo Alfonso e Irma Patricia Cardona Arcila tras el ataque perpetrado por desconocidos en la vivienda de las víctimas, con un artefacto explosivo, en la noche del 7 de mayo de 2014.

De igual manera, el material probatorio obrante en el proceso permite establecer que el acto violento que dio lugar al daño fue cometido por miembros de un grupo guerrillero en el marco de las acciones subversivas que, se reitera, se presentaban en el país para la época de los hechos y, de manera particularmente acentuada, en el departamento del Caquetá.

En efecto, de conformidad con los testimonios rendidos en la actuación y el informe rendido por la Policía Nacional al día siguiente del ataque, en el momento de la detonación de la granada las víctimas se encontraban con el concejal Luis Enrique Fierro Imbachí quien, por razón de su investidura —demostrada en este proceso—, estaba en la mira del grupo guerrillero que operaba en la zona, merced a las amenazas que éste había lanzado recientemente contra los cabildantes del municipio de Puerto Rico. Tales amenazas fueron referidas por los testigos que rindieron declaración en este proceso, aunado a lo cual el Ejército Nacional, a través del comandante de la Decimosegunda Brigada, señaló que el ataque perpetrado el 7 de mayo de 2004 había provenido de las FARC(43).

Resulta palmario, a la luz de lo anterior, que la muerte de Leidy Lorena Clavijo Cardona y las lesiones sufridas por sus padres, fueron consecuencia de un ataque cometido por un grupo subversivo, y que el destinatario de tal acción violenta era el concejal Luis Enrique Fierro Imbachí, puesto que así lo indican las pruebas sobre las amenazas y los actos que las FARC habían lanzado previamente contra todos los integrantes del cabildo.

Responsabilidad patrimonial del municipio de Puerto Rico.

En su memorial de apelación adhesiva, la entidad territorial demandada manifestó que la autoridad responsable de velar por la seguridad de los ciudadanos es la Fuerza Pública, no correspondiéndole tal función al municipio, menos cuando éste carece de los recursos técnicos y logísticos para repeler los ataques de los grupos criminales.

Sobre el particular precisa la Sala que, si bien, el ordenamiento no le asigna a los municipios funciones de defensa y seguridad del territorio, no es menos cierto que, de conformidad con el artículo 315 - numeral 2º de la Constitución Política, los alcaldes municipales son la primera autoridad de policía del municipio, lo cual supone un papel preponderante en la salvaguarda del orden público dentro de cada entidad territorial. En punto a lo anterior y, de cara al presente asunto, es del caso resaltar que, frente a los hechos que precedieron al daño, el municipio de Puerto Rico tenía la potestad y el deber de tomar medidas concretas orientadas a proteger la vida del concejal Luis Enrique Fierro Imbachí, a fin de disminuir el riesgo de ataque o al menos conjurar los efectos de su ejecución.

Como quedó establecido en el sub lite, el atentado cometido el 7 de mayo de 2004 iba dirigido contra el mencionado cabildante y, para la fecha de los hechos, el concejo municipal de Puerto Rico había tenido un historial considerable como destinatario de violentos ataques perpetrados por el grupo insurgente que operaba en la región.

El mismo servidor Luis Enrique Fierro Imbachí señaló en su testimonio que, una vez alcanzada la curul en las elecciones del año 2003, él y sus compañeros, así como la nueva administración central del municipio, lograron retornar a la población a fin de ejercer sus funciones en sus propias instalaciones, pero la situación de tranquilidad fue interrumpida precisamente a partir del año 2004, merced al recrudecimiento de la violencia implantada por las FARC.

Tal cadena de sucesos, unida a las amenazas que poco antes del hecho dañoso había proferido el grupo guerrillero contra los integrantes del concejo municipal, debió ser tenida en cuenta por las autoridades territoriales con miras a procurar la seguridad de los funcionarios y cabildantes amenazados, máxime cuando a la luz de la Constitución Política le corresponde al alcalde municipal, entre otras cosas, “conservar el orden público en el municipio”, al punto que la Fuerza Pública debe seguir sus órdenes e instrucciones. Por ello, aunque la administración local hubiera carecido de los medios para prever y conjurar directamente los ataques subversivos, sí tenía la facultad y el deber constitucional de gestionar ante las unidades policiales y militares que allí operaban, la adopción de medidas de protección para sus servidores públicos, teniendo en cuenta los sucesos que, siendo recientes en ese momento y conocidos de primera mano por la Administración municipal, evidenciaban una constante amenaza sobre la vida de los funcionarios.

Ahora bien, a pesar de que no existe prueba de que la Fuerza Pública y la alcaldía municipal hubiesen sido advertidos sobre el plan del grupo subversivo de detonar una granada en una vivienda particular en la que no residía ningún agente del Estado, lo cierto es que —reitera la Sala— las pruebas del proceso sí permiten advertir que el municipio de Puerto Rico tenía conocimiento de la vulnerabilidad de sus servidores frente a las intimidaciones y actuaciones del grupo armado ilegal, de modo que estaba en la obligación de haber dispuesto medidas para obtener mayor presencia de los cuerpos estatales de seguridad, con miras a brindar protección a los servidores amenazados.

Cierto es que el municipio no contribuyó con su actuar a la comisión del hecho dañoso y que el conjuro y enfrentamiento de los ataques subversivos les corresponde primordialmente a los cuerpos armados del Estado, sin embargo, el territorio sujeto a su administración, habiendo sido en múltiples ocasiones el escenario de los atentados y demás acciones de los grupos ilegales, debía también ser intervenido por las autoridades municipales con el fin de cumplir y lograr en la medida de lo posible los cometidos constitucionales.

Responsabilidad de la Policía Nacional.

Con respecto a la Policía Nacional, en consonancia con el contexto ya reseñado, advierte la Sala que no le habría de resultar inesperado y sorpresivo el daño producido, ya que, se insiste, era conocida para las fuerzas y autoridades estatales la situación de violencia generalizada que azotaba al departamento del Caquetá y el riesgo que circundaba de manera particular a los servidores públicos vinculados en esa época al municipio de Puerto Rico. Es precisamente allí, en ese conocimiento del despliegue militar de los grupos subversivos tras el fin de la zona de distensión, en donde se recalca la posición de garante institucional(44) asumida por el Estado, así como vulneración y desconocimiento de la suficiente y necesaria protección que debió ser suministrada a los habitantes de esa zona, especialmente a sus funcionarios y servidores locales.

Por lo tanto, aun cuando en el proceso no se demostró que el señor Luis Enrique Fierro Imbachí hubiera puesto en conocimiento de las autoridades la existencia de amenazas contra su vida e integridad, ello no significaba que no se le debía brindar protección, máxime cuando existían serios y palmarios motivos para inferir el grave riesgo en que se encontraba el referido concejal —y por ende, las personas que llegaran a rodearlo— en razón de su investidura, dada la presencia de los grupos subversivos que se habían asentado en la población.

En su defensa, la Policía Nacional señaló que el daño no le era atribuible por haber sido cometido por un tercero. No obstante, la autoridad de policía conocía, por ser un hecho público y notorio(45), que los concejales del municipio habían sido calificados como objetivo militar por parte de la guerrilla de las FARC, circunstancia que ameritaba especial protección, sin que dicha obligación hubiera sido atendida por la Policía Nacional, de tal manera que por incumplir su obligación de garantía, el daño le resulta imputable.

Así las cosas, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se produjeron los hechos y el palmario obrar de las FARC en el territorio donde ocurrió el daño antijurídico, era esperable que el grupo subversivo que operaba en la zona atentara contra la vida e integridad de alguno de los concejales del municipio de Puerto Rico, por lo cual debía adoptar la entidad demandada, medidas eficaces para evitar el resultado dañoso y, comoquiera que esa intervención no se produjo, se configuró una omisión que contribuyó a la producción del daño, circunstancia que desencadena la responsabilidad patrimonial de la administración pública.

Ahora bien, cabe destacar que, en tratándose de los daños sufridos por las víctimas de hechos violentos cometidos por terceros, esta sección del Consejo de Estado ha considerado que los mismos pueden ser imputables al Estado cuando, entre otras cosas, i) en la producción del hecho dañoso intervino o tuvo participación la administración pública a través de una acción u omisión constitutivas de falla del servicio; ii) o, iii) porque en razón de las especiales circunstancias que se vivían en el momento, el hecho era previsible y no se realizó actuación alguna dirigida a su protección(46).

Respecto de los deberes de seguridad y protección del Estado para con las personas residentes en el territorio nacional, esta sección del Consejo de Estado, de tiempo atrás, ha precisado que el Estado debe responder patrimonialmente a título de falla del servicio por omisión en el deber de prestar seguridad a las personas, cuando: a) Se deja a la población a merced de los grupos de delincuencia, sin brindarles protección alguna, en especial cuando se tiene conocimiento de que los derechos de esa población vienen siendo desconocidos por grupos organizados al margen de la ley; b) se solicita protección especial, con justificación en las especiales condiciones de riesgo en que se encuentra la persona; c) no se solicita expresamente dicha protección pero es evidente que las personas la necesitaban, en consideración a que existían pruebas o indicios conocidos que permitieran asegurar que se encontraban amenazadas o expuestas a sufrir graves riesgos contra su vida, en razón de sus funciones(46)(sic).

En similar sentido, la subsección C de esta sección del Consejo de Estado ha planteado varios criterios para valorar la falla del servicio con base en la cual cabe endilgar la responsabilidad patrimonial al Estado: i) que con anterioridad y posterioridad a la ocurrencia de los hechos hubiese “conocimiento generalizado” de la situación de orden público de una zona, que afecte a organizaciones y a personas relacionadas con éstas; ii) que se tuviere conocimiento de “circunstancias particulares” respecto de un grupo vulnerable; iii) que exista una situación de “riesgo constante”; iv) que haya conocimiento del peligro al que se encuentre sometida la víctima debido a la actividad profesional que ejerza, y; vi) que no se hubiesen desplegado las acciones necesarias para precaver el daño(47).

En términos generales, cabe señalar que la jurisprudencia del Consejo de Estado respecto del tema, se ha servido de este criterio de imputación —posición de garante institucional—, en múltiples eventos, para declarar la responsabilidad del Estado por falla del servicio en supuestos en los cuales se esperaba una conducta activa de la administración pública en la protección de los ciudadanos que se han visto afectados por la acción de grupos criminales, lo que ha supuesto un significativo avance, ya que al margen de que causalmente el daño haya sido producto del actuar de un tercero, el mismo en esos casos específicos, se ha declarado imputable a la organización estatal como consecuencia del desconocimiento de la posición de garante institucional mencionada(48).

En similar sentido al derecho interno, en el sistema interamericano de derechos humanos la Corte IDH ha precisado que, en relación con las violaciones y daños provocados por el hecho de particulares, el Estado está llamado a responder dependiendo de las circunstancias de cada caso concreto, de acuerdo al grado de previsibilidad del evento dañino y de los medios que tenía para contrarrestarlo. Sobre el particular ha discurrido de la siguiente manera:

“Lo decisivo es dilucidar si una determinada violación a los derechos humanos reconocidos por la Convención ha tenido lugar con el apoyo o la tolerancia del poder público o si éste ha actuado de manera que la trasgresión se haya cumplido en defecto de toda prevención o impunemente. En definitiva, de lo que se trata es de determinar si la violación a los derechos humanos resulta de la inobservancia por parte de un Estado de sus deberes de respetar y de garantizar dichos derechos, que le impone el artículo 1.1 de la Convención(49) (negrillas adicionales).

En otra oportunidad, al pronunciarse sobre la responsabilidad internacional del Estado colombiano por el hecho ilícito de un grupo paramilitar, la Corte IDH razonó de la forma que sigue:

“Para la Corte es claro que un Estado no puede ser responsable por cualquier violación de derechos humanos cometida entre particulares dentro de su jurisdicción. En efecto, el carácter erga omnes de las obligaciones convencionales de garantía a cargo de los Estados no implica una responsabilidad ilimitada de los Estados frente a cualquier acto o hecho de particulares, pues sus deberes de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus relaciones entre sí se encuentran condicionados al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo. Es decir, aunque un acto, omisión o hecho de un particular tenga como consecuencia jurídica la violación de determinados derechos humanos de otro particular, aquél no es automáticamente atribuible al Estado, pues debe atenderse a las circunstancias particulares del caso y a la concreción de dichas obligaciones de garantía”(50) (negrillas adicionales).

De esta forma, en el SIDH el Estado puede ser responsable por las violaciones convencionales cometidas en forma directa por sus agentes (de cualquier órgano del Estado), o bien como resultado de una omisión suya en aquellos casos en losque los particulares afectan los que los derechos convencionales, pues se ha de entender que el Estado no realizó una adecuada labor de control sobre tales actos ilícitos, pese a que eran previsibles y, de esta manera, incumplió la obligación de garantizar activamente el libre y pleno ejercicio de los derechos contenidos en la Convención(51).

Bajo esa perspectiva reitera la Sala que, el no haber implementado la administración actividades de prevención y protección eficaces y proporcionales en el municipio de Puerto Rico, facilitó la consumación del hecho, razón por la cual el daño antijurídico resulta imputable a las autoridades demandadas, con fundamento en lo que se viene de señalar.

A la luz de lo que hasta aquí se ha dicho, se deben desestimar los argumentos de la parte demandada en lo que se refiere al hecho de un tercero como causal eximente de responsabilidad. Por consiguiente, habrán de mantenerse incólumes las declaraciones, imputaciones y condenas impuestas en la sentencia de primer grado a las citadas entidades públicas, teniendo en cuenta, además, lo que la Sala analizará a continuación respecto de los perjuicios dejados de reconocer por el a quo.

2.5. Indemnización de perjuicios.

2.5.1. Legitimación de los demandantes excluidos de indemnización.

Como anteriormente se señaló, el fallo apelado dispuso la indemnización de los perjuicios morales señalados en el libelo, a excepción de los que fueron reclamados por los demandantes Héctor Emilio Clavijo Alfonso y Luz Marina Clavijo, a quienes se les excluyó de la reparación por carecer de legitimación en la causa por activa, según el tribunal de primer grado, ya que no demostraron su parentesco con las víctimas del hecho dañoso.

En su alzada, la parte actora solicitó que dichos demandantes fueran tenidos, siquiera, como terceros perjudicados, con base en los testimonios rendidos en el proceso.

Al respecto, se advierte que los señores Héctor Emilio Clavijo Alfonso y Luz Marina Clavijo Alfonso manifestaron ser los tíos paternos de la fallecida Leidy Lorena Clavijo Cardona, no obstante lo cual se abstuvieron de aportar los registros civiles de nacimiento que así debían acreditarlo. Adicionalmente, ninguna de las declaraciones testimoniales vertidas durante el trámite procesal refirió la relación familiar aducida entre los mencionados demandantes y las víctimas directas del daño, como tampoco el padecimiento moral supuestamente sufrido por tales personas.

En efecto, los testigos Marcian Losada Trujillo e Idelfonso Ramírez Gómez sólo se refirieron a este aspecto cuando fueron interrogados por el despacho judicial sobre las relaciones entre los afectados y sus “abuelos, tíos y demás familiares”. En sus respuestas, los declarantes se limitaron a manifestar que dichas relaciones eran buenas, pero no señalaron nombres propios ni hicieron afirmaciones concretas sobre los tíos paternos de la menor occisa(53) (sic).

Por su parte, el señor Yesid Portela Valencia declaró que, de la familia del señor Pedro Clavijo sólo conocía a “doña Mariela, hermana de don Pedro, Álvaro Clavijo Alfonso, hermano de don Pedro y doña María del Carmen Alonso, que es la mamá de ellos”. En su restante testimonio, no refirió el dolor moral de estas personas ni de los señores Héctor Emilio Clavijo Alfonso y Luz Marina Clavijo Alfonso.

Por lo tanto, dado que no obra ninguna prueba del vínculo familiar aducido entre dichos ciudadanos y las víctimas directas del daño, como tampoco del dolor moral que aquellos manifiestan haber sufrido, la Sala deberá confirmar la declaratoria de falta de legitimación en la causa por activa, puesto que las mencionadas personas no demostraron la condición en la que acudieron al proceso.

2.5.2. Indemnización del daño moral para los demandantes.

La sentencia apelada les reconoció a los señores Pedro Antonio Clavijo Alfonso e Irma Patricia Cardona Arcilla la suma de 125 salarios mínimos legales mensuales a título perjuicios morales, dada su condición de directos afectados con las lesiones físicas, siendo a la vez padres de la occisa Leidy Lorena Clavijo Cardona. Asimismo, concedió indemnización del daño moral sufrido por los hermanos de la indicada fallecida en un monto de 62.5 salarios mínimos legales mensuales, mientras que a los demás demandantes, en cuanto parientes de las víctimas directas —en segundo y tercer grado—, les reconoció la reparación del perjuicio moral en la suma individual de 12.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La parte actora solicita que se incrementen las mencionadas cantidades otorgadas por concepto de daño moral, toda vez que la afectación sufrida por dichos demandantes no provino de un solo daño, sino de dos, a saber: la muerte de la niña Leidy Lorena Clavijo Cardona y las lesiones corporales padecidas por sus progenitores, tras el atentado ya descrito.

A efectos de establecer la vocación de los demandantes para que opere respecto de ellos la presunción del daño moral, del caso resulta subrayar que los solicitantes de la indemnización acreditaron con registro civil su vínculo familiar con las víctimas. Así, los señores Pedro Antonio Clavijo Alfonso e Irma Patricia Cardona Arcila probaron ser los progenitores de la hoy fallecida Leidy Lorena Clavijo Cardona(54); los demandantes Diego Fernando y María Alejandra Clavijo Cardona demostraron su calidad de hijos de aquellos y hermanos de la indicada menor(55); a su turno, las señoras María del Carmen Alfonso y María Lucelly Arcila de Cardona, demostraron ser las madres de Pedro Antonio Clavijo Alfonso e Irma Patricia Cardona Arcila, respectivamente, lo cual las acredita como abuelas de la menor fallecida(56).

Por su parte, los ciudadanos Álvaro, Elicenia y Mariela Clavijo Alfonso allegaron los registros que los acreditan como hermanos del lesionado Pedro Antonio Clavijo Alfonso(57); mientras que los actores Mariela de Jesús, Eduin Ferney, Rigoberto, Mildrey Alexandra y Nelly Amparo Cardona Arcila(58), probaron su condición de hermanos de la lesionada Irma Lorena Clavijo Cardona. Con lo anterior se encuentra demostrado que todos estos demandantes eran tíos de la fallecida Leidy Lorena Clavijo Cardona.

Con respecto a la doble afectación moral que aduce la parte actora, sabido es que, en materia de responsabilidad, todo perjuicio —material e inmaterial— derivado del daño antijurídico imputable al Estado debe ser indemnizado, pues de otra manera se estaría desconociendo lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política. En el presente caso, un mismo hecho dañoso —cual fue el atentado cometido por miembros de un grupo subversivo— ocasionó el fallecimiento de una menor de edad y la afectación física de dos adultos, todos ellos pertenecientes a una misma familia, lo cual, naturalmente, tenía la virtud de causar profundo sufrimiento moral a los parientes cercanos de las víctimas.

Bajo esta óptica y, en lo atinente al daño moral derivado de la muerte de Leidy Lorena Clavijo Cardona, es palmario su carácter indemnizable a favor de todos y cada uno de sus familiares más cercanos, debidamente acreditados en el proceso. No obstante, en lo que respecta a las lesiones personales padecidas por los progenitores de la fallecida, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

En primer lugar, tales afectaciones físicas fueron provocadas en el contexto de un conflicto armado, y durante una explosión que, naturalmente, causó un impacto considerable en el estado emocional de quienes se encontraban en el lugar de los hechos, más que en las personas adultas que no presenciaron el ataque ni sus inmediatas consecuencias.

En segundo término, de conformidad con los reconocimientos médico-legales practicados por el Instituto Nacional de Medicina Legal, las mencionadas lesiones les acarrearon a los afectados incapacidades de 15 y 20 días, lo cual es indicativo de que, desde el punto de vista físico, anatómico y funcional, las heridas causadas por la explosión no revistieron una gravedad con la entidad de causar padecimiento moral a los familiares adultos que no se encontraban en el lugar y el momento del atentado.

Por lo anterior, la indemnización que debe otorgarse como compensación del daño moral provocado por las indicadas lesiones operará, no en atención al porcentaje de incapacidad médico legal ni al número de días que esta cubrió, sino al impacto que la explosión causante de tales heridas, les produjo a las víctimas y a los familiares que estaban con ellas en el momento del ataque.

Con fundamento en lo anterior, pasa la Sala a fijar el monto de la indemnización del daño moral, como sigue:

Perjuicios morales por la muerte de la menor Leidy Lorena Clavijo Alfonso

Como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia(58)(sic) respecto del daño consistente en la muerte de una persona, basta con que el demandante acredite su vínculo de parentesco con la víctima para que se presuma que el deceso de su familiar le causó un padecimiento moral. Tal presunción opera a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política(59) y de las máximas de la experiencia, que hacen posible inferir que el peticionario ha sufrido el perjuicio por cuya reparación demanda.

En efecto, es lo común, lo esperable y comprensible, que los seres humanos sientan tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afecciones cuando se produce la muerte de una persona.

Ahora bien, la tasación del daño moral se deberá ajustar a los criterios y parámetros fijados por el Consejo de Estado en la Sentencia de unificación jurisprudencial proferida el 28 de agosto de 2014, y según la cual, los perjuicios morales por muerte, deben calcularse por regla general, en los siguientes términos(60):

“Nivel Nº 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno-filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar [1er. grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables]. A este nivel corresponde el tope indemnizatorio (100 smlmv).

Nivel Nº 2. Donde se ubica la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio.

Nivel Nº 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio.

Nivel Nº 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio”.

En consonancia con lo anterior, serán indemnizados los demandantes por el perjuicio moral padecido a raíz de la muerte de la menor Leidy Lorena Clavijo Cardona, en la forma que sigue:

a) Para cada uno de los señores Pedro Antonio Clavijo Alfonso e Irma Cardona Arcila, como padres de la víctima, la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

b) Para cada uno de los demandantes Diego Fernando y María Alejandra Clavijo Cardona, como hermanos de la fallecida, la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

c) Para cada una de las demandantes María del Carmen Alfonso y María Lucelly Arcila de Cardona, en su condición de abuelas de la fallecida, la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

d) Para cada uno de los demandantes Álvaro, Elicenia y Mariela Clavijo Alfonso; Mariela de Jesús, Eduin Ferney, Rigoberto, Mildrey Alexandra y Nelly Amparo Cardona Arcila; todos ellos tíos de la menor fallecida, la suma de 35 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Perjuicios morales por lesiones personales

En el asunto sub lite, tanto el municipio de Puerto Rico como la Policía Nacional manifestaron inconformidad con la indemnización de los perjuicios derivados de las lesiones padecidas por los demandantes, por considerar que su magnitud y el grado de incapacidad que pudieron provocar, quedaron sin prueba en el proceso.

Advierte la Sala que en este punto no les asiste razón a los recurrentes de la parte demandada, toda vez que el reconocimiento médico legal que les fue practicado a los señores Pedro Antonio Clavijo Alfonso e Irma Patricia Cardona García en el Instituto Nacional de Medicina Legal, determinó que las afecciones corporales que sufrieron dichas víctimas, les generaba incapacidad de 15 y 20 días, respectivamente(61). En el caso del actor Pedro Antonio Clavijo Alfonso, tales lesiones consistieron en “cicatriz oblicua de 3 centímetros de longitud en doro de pie derecho” provocada por “artefacto explosivo”, mientras que la señora Irma Patricia Cardona García sufrió, a raíz del ataque, “masa en párpado superior izquierdo [esquirla?], masa dolorosa a la palpación […] en región deltoidea derecha, tres cicatrices (…) en cara lateral de hemitórax derecho, cicatriz oblonga, hipercrómica y ostensible de 3x2 centímetros de diámetro en cara medial tercio distal de pierna derecha. Manifiesta visión borrosa por ojo izquierdo. MECANISMO CAUSAL: artefacto explosivo”(62).

Luego, resulta claro que a raíz del hecho dañoso, los indicados demandantes sufrieron lesiones personales que les ocasionaron incapacidad médico legal, lo que en principio daría lugar a inferir la ocurrencia de dolor moral, angustia y aflicción a las personas que las padecen(63). Más aún, en esta misma línea de pensamiento la jurisprudencia ha considerado que dicho dolor moral también se genera en sus seres queridos más cercanos, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades(64).

No obstante lo anterior, y, en consonancia con lo dicho en el acápite precedente, en el caso sub judice la indemnización del daño moral derivado de las lesiones corporales que padecieron los esposos Clavijo Cardona, no se definirá con fundamento en las líneas jurisprudenciales generales —vale decir, sobre el porcentaje de incapacidad médico legal— ya que tales heridas físicas no alcanzaron una magnitud capaz de afectar moralmente a los familiares adultos que no presenciaron el hecho dañoso. Por lo tanto, en esta oportunidad el parámetro para indemnizar el perjuicio moral causado por dichas lesiones, se derivará del impacto que el ataque explosivo les causó a las víctimas y a los familiares que estaban con ellas en el momento del ataque, ya que el atentado naturalmente les debió ocasionar un profundo temor de perder la vida propia y la de los seres queridos presentes, además de una inefable angustia ante la gravedad misma de los acontecimientos.

En consecuencia, al resultar indiscutible la afectación, la angustia, el temor y el pánico, que para cualquier persona acarrea el hecho de experimentar una situación como la que debieron soportar los moradores del inmueble en el cual se perpetró el ataque, se reconocerá en favor de los demandantes Pedro Antonio Clavijo Alfonso, Irma Cardona Arcila, Diego Fernando Clavijo Cardona y María Alejandra Clavijo Cardona(66)(sic), a título de indemnización por daño moral, la suma equivalente a cincuenta 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno(67).

De conformidad con todo lo anterior, el valor total de la indemnización que deberán recibir los demandantes por concepto de perjuicios morales, queda establecido de la siguiente manera:

a) Para cada uno de los señores Pedro Antonio Clavijo Alfonso e Irma Cardona Arcila, como padres de la víctima, la suma de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

b) Para cada uno de los demandantes Diego Fernando y María Alejandra Clavijo Cardona, como hermanos de la fallecida, la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

c) Para cada una de las demandantes María del Carmen Alfonso y María Lucelly Arcila de Cardona, en su condición de abuelas de la fallecida, la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

d) Para cada uno de los demandantes Álvaro, Elicenia y Mariela Clavijo Alfonso; Mariela de Jesús, Eduin Ferney, Rigoberto, Mildrey Alexandra y Nelly Amparo Cardona Arcila; todos ellos tíos de la menor fallecida, la suma de 35 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2.6. Condena en costas.

Comoquiera que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el presente caso, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia apelada, esto es la proferida el 24 de enero de 2013 por el Tribunal Administrativo del Caquetá, disposición que quedará así:

“TERCERO: Se condena a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y al municipio de Puerto Rico - Caquetá, en forma solidaria, a pagar a título de perjuicio moral las siguientes sumas de dinero:

a) Para cada uno de los señores Pedro Antonio Clavijo Alfonso e Irma Cardona Arcila, como padres de la víctima, la suma de CIENTO CINCUENTA (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

b) Para cada uno de los demandantes Diego Fernando y María Alejandra Clavijo Cardona, como hermanos de la fallecida, la suma de CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

c) Para cada una de las demandantes María del Carmen Alfonso y María Lucelly Arcila de Cardona, en su condición de abuelas de la fallecida, la suma de CINCUENTA (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

d) Para cada uno de los demandantes Álvaro, Elicenia y Mariela Clavijo Alfonso; Mariela de Jesús, Eduin Ferney, Rigoberto, Mildrey Alexandra y Nelly Amparo Cardona Arcila; todos ellos tíos de la menor fallecida, la suma de TREINTA Y CINCO (35) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

2. CONFIRMAR, en lo demás, el fallo apelado.

3. Sin condena en costas.

4. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase».

(16) La cuantía del proceso supera la exigida para que esta corporación pueda conocer en segunda instancia respecto de un proceso de reparación directa, esto es 500 SMLMV. En efecto, en la demanda se solicitó, entre otras cosas, la suma de 501 SMLMV por concepto de los perjuicios morales sufridos por el actor Pedro Antonio Clavijo Alfonso.

(17) De conformidad con lo previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente “del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos”.

(18) Fl. 78 del cuaderno principal.

(19) Fls. 244 y 245 del c. 2.

(20) Fl. 39 del c. 2.

(21) Fl. 92 del c. 2.

(22) Fls. 10 al 13 del c. 2.

(23) Fls. 15 y 16 del c. 2.

(24) Fls. 53 y 54 del c. 2.

(25) Fl. 37 del c. 2.

(26) Fls. 27, 208 y 209 del c. 2.

(27) Fls. 136 y 137 del c. 2.

(28) Fl. 141 del c. 2.

(29) Fls. 229 y 230 del c. 2.

(30) Fls. 232 al 237 ibídem.

(31) Fl. 276 del c. 2.

(32) Fl. 277 del c. 2.

(33) Fls. 271 y 272 del c. 2.

(34) Fls. 102 al 123 del c. 2.

(35) Fl. 26 del c. 2.

(36) Fls. 242 y 243 del c. 2.

(37) Folio 246 del c. 2.

(38) Fls. 260 al 265 del c. 2.

(39) Fl. 141 del c. 2.

(40) Fls. 242 y 243 del c. 2.

(41) Fls. 102 al 123 del c. 2.

(42) Fls. 271 y 272 del c. 2.

(43) Fls. 53 y 54 del c. 2.

(44) Al respecto, consultar entre otras, la sentencia proferida por la sección tercera de esta corporación el 18 de febrero de 2010, Exp. 18.274, M.P. Enrique Gil Botero.

(45) En cuanto tiene que ver con el concepto de “hecho notorio”, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que “el hecho notorio además de ser cierto, es público, y sabido del juez y del común de las personas que tienen una cultura media. Y según las voces del artículo 177 del C. de P.C. el hecho notorio no requiere prueba; basta que se conozca que un hecho tiene determinadas dimensiones y repercusiones suficientemente conocidas por gran parte del común de las personas que tiene una mediana cultura, para que sea notorio”. Consejo de Estado, sección segunda, Sentencia del 27 de noviembre de 1995, Exp. 8045, C.P. Diego Younes Moreno. En idéntica dirección, el profesor Hernando Devis Echandía existe notoriedad de un determinado hecho y por lo tanto se debe eximir de prueba a aquél hecho “cuando en un medio social donde existe o tuvo ocurrencia y en el momento de su apreciación por el juez, sea conocido generalmente por las personas de cultura media en la rama del ser humano a que corresponda, siempre que el juez pueda conocer esa general o especial divulgación de la certeza del hecho, en forma de que no le deje dudas sobre su existencia presente o pasada” En HERNANDO DEVIS ECHANDÍA, “Teoría General de la Prueba Judicial”, T. I, Ed. Víctor de Zabalía, Buenos Aires, 1970, p. 231.

(46) Cfr. Consejo de Estado, sección tercera, subsección A, sentencias de 8 de noviembre de 2016, Exp. 40.341, del 26 de febrero de 2015, Exp. 30.885 y del 26 de agosto de 2015, Exp. 36.374, entre otras.

(46) (sic) Ver, entre otras, sentencias de 11 de octubre de 1990, Exp. 5737; 15 de febrero de 1996, Exp. 9940; 19 de junio de 1997, Exp. 11875; 30 de octubre de 1997, Exp: 10958 y 5 de marzo de 1998, Exp. 10.303. más recientemente, consultar sentencias de esta subsección proferidas el 26 de agosto de 2015, Exp. 36374 y el 8 de noviembre de 2016, Exp. 40341, entre otras.

(47) Consejo de Estado, sección tercera, subsección C, sentencias del 31 de enero de 2011, Exp. 17.842 y del 1º de febrero de 2016, Exp. 48.842, ambas con ponencia del Consejero Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(48) Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 4 de diciembre de 2007, Exp. 16894, M.P. Enrique Gil Botero; Sentencia del 26 de marzo de 2009, Exp. 17994, M.P. Enrique Gil Botero, Sentencia del 11 de agosto de 2011, Exp. 20.753, entre muchas otras.

(49) Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, Caso Velásquez Rodríguez v. Honduras, Sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 173 y, en similar sentido, consultar, caso Masacre de Pueblo Bello, Sentencia del 31 de enero de 2006, párr. 123.

(50) CIDH, caso Masacre de Pueblo Bello, Sentencia del 31 de enero de 2006, párr. 123.

(51) Claudio Nash Rojas, Las Reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos, Segunda Ed., Santiago de Chile, 2009. p. 30.

(53) (sic) Fls. 229 al 231 del c. 2.

(54) Fl. 19 del c. 1.

(55) Fls. 21 y 22 ibídem.

(56) Fls. 17 y 18.

(57) Fls. 23 al 25.

(58) Fls. 26 al 31.

(58) (sic) Consultar, entre otras, la sentencia proferida el 25 de junio de 2014 por la sección tercera - subsección A del Consejo de Estado. Exp. 50001-23-31-000-2000-00129-01(29709).

(59) “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”.

(60) Consejo de Estado - sección tercera. Unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Exp. 27709.

(61) Fls. 15 y 16 del c. 2.

(62) Ibídem.

(63) Entre otras, Sentencia del 30 de junio de 2011, Exp. 19001-23-31-000-1997-04001-01(19836) M.P. Danilo Rojas Betancourth.

(64) Sentencia de 28 de enero de 2015, Exp. 05 001 23 31 000 2002 03487 01 (32912). M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(66) (sic) Estos dos menores se encontraban en la vivienda en el momento del ataque con granada, según lo declaró en audiencia pública el testigo Marcian Losada Trujillo (Fls. 229 y 230 c. 2).

(67) Sentencia del 13 de febrero de 2015, Exp. 25565, Sentencia de 9 de mayo de 2012; Exp. 23300 y Sentencia del 26 de febrero de 2014; Exp. 28231. M.P. Olga Mélida Valle de la Hoz.