Sentencia 2006-00104 de diciembre 18 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 11001 3103 036 2006 00104 01

Magistrada Ponente:

Dra. Margarita Cabello Blanco

Bogotá, D.C., dieciocho de diciembre de dos mil doce.

Decide la Corte el recurso de casación que los demandantes Luis Fernando Delgado Castaño, Luz Stella Delgado Castaño y Lila Castaño Cruz interpusieron contra la sentencia proferida el 1º de diciembre de 2010, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario que los recurrentes promovieron frente a Grandes Superficies de Colombia S.A.

Antecedentes

Los convocantes en el escrito genitor del litigio, cuyo conocimiento asumió el Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá, pidieron que se declarara a la sociedad demandada civilmente responsable por los daños y perjuicios a ellos causados con ocasión de los sucesos en que resultó lesionado Luis Fernando Delgado Castaño, acaecidos en las instalaciones del hipermercado Carrefour de la calle 170 de Bogotá, el día 6 de abril de 2004.

1.1. Solicitaron, a título de indemnización por perjuicios materiales concretados en la disminución de la capacidad física, motriz, intelectual y laboral y por pérdida patrimonial debido a la mengua en el funcionamiento de las empresas que dirigía el señor Delgado Castaño, esto es Fresas Santa María y Tech Water E.U., la suma de $ 2.000.000.000.

1.2. Imploraron los libelistas, además, un reconocimiento de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos, por perjuicios morales.

1.3. Por último, sobre todas las condenas, suplicaron indexación e intereses moratorios “a la tasa máxima autorizada por la ley a partir de la notificación de la demanda”.

2. Para soportar sus pedimentos señalaron los accionantes lo siguiente:

2.1 Que en la data reseñada, al ingresar a las instalaciones del hipermercado Carrefour de la calle 170, por la puerta eléctrica de acceso destinada a los proveedores, el señor Delgado Castaño —hermano e hijo de las también demandantes— fue atropellado intempestiva y abruptamente por la puerta eléctrica, la cual lo golpeó en el cuello, ocasionándole la fractura de la clavícula y afectándole la vena carótida y otras venas secundarias.

2.2 Informaron, que a raíz de ese suceso el precitado señor ha sido tratado por profesionales de la salud en Colombia y Cuba y, en la actualidad, presenta pérdida del lenguaje, totalmente a nivel de expresión y parcialmente a nivel de comprensión, además de parálisis en toda la parte derecha de su cuerpo, alteraciones que le impiden comunicarse y realizar ejercicios escriturales, trastornos cognoscitivos, afasia y dificultad en la deglución de líquidos.

2.3. Aseveraron, que las empresas Fresas Santa María y Tech Water E.U. han disminuido sensiblemente sus operaciones dado que la víctima no ha podido continuar gerenciándolas.

3. Admitida la demanda, el extremo pasivo por conducto de mandatario judicial contestó la acción instaurada y se opuso a la totalidad de las pretensiones. Igualmente excepcionó: “inexistencia de la obligación”, “inexistencia de la responsabilidad”, “culpa exclusiva de la víctima”, “caso fortuito o fuerza mayor”, “inexistencia de presupuestos de hecho y de derecho para que Grandes Superficies de Colombia S.A. sea responsable por el daño y pago pretendido por los demandantes”, “ausencia de relación de causalidad entre la conducta y el resultado dañoso”, “documentos soporte de los gastos no dan cumplimiento a los requerimientos exigidos para ser admitidos como prueba”, entre otras. También como medio exceptivo genérico indicó que se acoge a cualquier excepción que resulte probada dentro del proceso y que conlleve a su exoneración.

Frente a los medios de defensa planteados, precisó fundamentalmente la parte demandada que ella no podía prever que la víctima de manera repentina, decidiera ingresar por la puerta de acceso vehicular tratando de forzar la entrada en el pequeño espacio que quedaba entre el filo de la puerta y el muro de apoyo lateral. De manera que, en todo caso, fue solamente su actuar negligente el que causó el hecho dañoso, lo que rompe cualquier asomo de responsabilidad.

4. A la primera instancia puso fin la sentencia de 20 de abril de 2010, dictada por el Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá, mismo que redujo la condena a imponer en un (20%) dada la culpa en que también incurrió la víctima. En efecto, acogió en cuantías inferiores las pretensiones del libelo demandatorio, así: (i) A Luis Fernando Delgado Castaño, por perjuicios materiales, reconoció una indemnización por $ 878.895.009 (lucro cesante), al igual que las cantidades de US$ 25.448 (gastos en Cuba) y $ 19.436.560 (gastos en Colombia) por daño emergente; la suma de $ 28.840.000, por daño fisiológico y $ 20.600.000 en razón al daño moral establecido. (ii) A Lilia Castaño Cruz y Luz Stella Delgado Castaño, por perjuicios morales, reconoció $ 8.240.000 a la primera y $ 4.120.000 a la segunda. (iii) Por último, dispuso el juzgador a quo, que las antedichas condenas deberían ser pagadas dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria del fallo so pena de que se causen intereses a la tasa del 6% anual.

Frente al descrito proveído ambas partes apelaron, pues en criterio de los extremos recurrentes la causación del accidente en cuestión era atribuible a su contraparte.

La sentencia del tribunal

El fallador, luego de destacar la concurrencia de los presupuestos procesales y la ausencia de vicios que pudieran dar al traste con lo actuado, anunció que la providencia se referiría al medio exceptivo que la demandada denominó “culpa exclusiva de la víctima” y advirtió que, de prosperar, ello determinaría la suerte de los recursos de apelación “sin que revistiera utilidad ocuparse de los demás temas de discusión que plantearon los inconformes”. Seguidamente esbozó, a manera de aclaración previa, que los litigios relacionados con la reclamación de perjuicios derivados de accidentes como los relativos a la manipulación de artefactos a través de energía eléctrica y que multiplica su potencialidad de causar daños a personas o cosas, se inscribe en la responsabilidad originada por las actividades peligrosas —institución a la que dedicó un sucinto análisis— cuyo fundamento normativo se encuentra en el artículo 2356 del Código Civil, norma que consagra una “presunción de responsabilidad de quien promueve o se lucra de dicha actividad”.

Señaló que aquel fue un punto sin repulsa de las partes, distinto a la contienda advertida frente al extremo causante del accidente, pues al sustentar sus recursos ellas mutuamente se lo atribuyeron. Consideró el tribunal, que al señor Delgado Castaño le es imputable, en gran parte, la causación del daño que sufrió como consecuencia del siniestro, para lo cual echó mano de la declaración de parte que rindió la víctima y con la cual dejó ver las múltiples conductas imprudentes en que incurrió, cuando precisó que de acuerdo con esa versión: “... no fueron pocas las conductas imprudentes que acometió la víctima, quien en la misma declaración de parte no solo admitió que su ingreso al lugar lo hizo por su propia iniciativa y a espaldas del personal de vigilancia y portería de Carrefour, sino también aceptó que para ese momento portaba una bandeja con fresas para degustación, todo esto pese al aviso de “peligro” y de prohibición de ingresar si la puerta estaba en movimiento, cuya presencia no le podía ser desconocida, puesto que, amén del considerable tamaño de esa señal de advertencia (...) la víctima no era para nada ajena al lugar y sus características, ya que lo frecuentaba en razón de su rol de vendedor de frutas...”.

Con todo, explicó el juzgador ad quem, que la conducta de la víctima no fue la causa exclusiva del accidente, “ni en ella fue irrelevante la actividad peligrosa desplegada por Carrefour al manipular, a través de uno de sus agentes, un artefacto cuyo peso estimó en 1000 kilos la testigo Gladys Elena Rojas Pion, empleada de Carrefour, a quien encargaron la investigación del accidente sufrido por Delgado Castaño”.

Desarrolló ese corolario al explicar que Carrefour incumplió su propio protocolo de seguridad, en tanto que permitió que el accionante ingresara por la puerta vehicular, sin que hubiera evitado, tampoco, que este resultara golpeado por la misma y sin que su operario hubiera procedido a detenerla en forma oportuna, de suerte que, remata, “lo peligroso de la actividad ejercida por la demandada y la negligencia de esta en su deber de evitar desenlaces como el que aquí se comenta, influyeron por igual en la causación de las lesiones sufridas por Delgado Castaño, como el propio descuido de este último, por manera que no se configuró la culpa exclusiva de la víctima (...) ni tampoco merecía pleno aval lo apreciado al respecto por el juez de primera instancia, quien redujo apenas en un 20% las indemnizaciones a reconocer a los demandantes”.

Prosigue señalando, que con la concurrencia de responsabilidades, queda desvirtuado el sustrato fáctico de la excepción de culpa exclusiva de la víctima, circunstancia en que la opositora sustentó casi todos sus medios exceptivos. Inmediatamente, estableciendo que la demandada debía responder en un (50%) por los perjuicios causados a los convocantes, se procedió a cuantificar la indemnización por los daños patrimoniales irrogados, discriminado por (i) daño emergente; (ii) lucro cesante pasado y (iii) lucro cesante futuro. Al mismo tiempo, se procedió de idéntica manera en relación con la indemnización por perjuicios extrapatrimoniales, diferenciando los morales y fisiológicos.

Indicó el sentenciador de segundo grado al respecto, en relación con los perjuicios patrimoniales lo que sigue: sobre el daño emergente, que se reduciría el monto de la condena fijado en la primera instancia, no solo por cuanto la víctima y sus litisconsortes habrán de asumir el 50% de los perjuicios por ellos sufridos, sino debido a que la base de su liquidación es inferior a la deducida por el a quo, “esto ante las deficiencias formales que afectan una gran cantidad de los documentos privados que con tal propósito fueron adosados a la demanda que dio origen a este proceso ordinario”.

En cuanto al lucro cesante, advirtió el tribunal: “Para combatir la condena que por este rubro se le impuso, en su escrito de apelación alegó la opositora que no se probó, con la requerida certeza, que el percance sufrido por la víctima hubiera redundado en un verdadero menoscabo en punto al monto de los ingresos por ella obtenidos, los cuales, destacó la censura, incluso aumentaron para el año 2005, según cotejo de las declaraciones de renta correspondientes a esa anualidad y el año en que acaeció el accidente (2004), documentos privados que para el impugnante no podían ser valorados como prueba, por haberse aportado en copias. (...) Desde luego, si esa prueba no fue debidamente aportada, mal puede tenerse por acreditado —con base en ella— el episódico incremento de ganancia por actividades agrícolas que trajo a cuento la censura, quien de paso olvidó decir las razones por las cuales tendría que darse por cierto que esa prosperidad iría a mantenerse, por lo menos, durante los años que le faltarían a la víctima para alcanzar el promedio de vida...”. Cumple poner de presente, además, que en razón de los mismos sucesos, Delgado Castaño quedó con una incapacidad laboral definitiva del 67,40%, según valoración efectuada por la respectiva junta regional de invalidez (...) porcentaje que se tendrá en cuenta para los efectos resarcitorios de rigor. En esto sí se modificará lo decidido por el juez de primera instancia, quien dejó de lado que esa incapacidad fue a penas parcial...”.

Luego de fijar la indemnización por perjuicios extrapatrimoniales, parcialmente concedidos, procedió a hacer la sentencia el siguiente resumen:

“Recapitulación - liquidación de perjuicios. Perjuicios materiales. Hechas las deducciones y actualizaciones referidas en el acápite que precede, se tiene: Daño emergente. Se reducirá, a $ 9.480.986,39 (suma indexada hasta octubre de 2010), lo concedido por el juez a quo al señor Delgado Castaño, pues baja el porcentaje de la condena (de un 80% a un 50%), lo mismo que la base de su liquidación por cuanto para el tribunal no es factible reconocer los gastos causados en el extranjero, ni muchos otros rubros que sí acogió el juzgado de primera instancia. Lucro cesante (pasado y futuro): se reduce. Aunque se conserva la base inicial de la liquidación, baja el porcentaje de la condena (de un 80% a un 50%), y por cuanto el tribunal reparó en que la incapacidad de la víctima no fue total, sino solo de un 67,40%. Lucro cesante pasado, $ 140.806.959,52. Lucro cesante futuro, $ 242.236.367,40. Perjuicios morales. Efectuados los ajustes antes registrados, se reconocerá, por este rubro, al señor Delgado Castaño, $ 25.000.000; a su señora madre, $ 15.000.000, y a su hermana, $ 7.500.000. Perjuicios fisiológicos. Únicamente al señor Delgado Castaño, en cantidad de $ 18.025.000” (destacado original del texto).

Colofón de lo reseñado, el tribunal confirmó el fallo apelado en cuanto desestimó las excepciones de mérito formuladas, pero lo modificó en lo que atañe a la tasación de los resarcimientos a disponer a favor de la parte actora, disminuyendo en todo caso su valor.

La demanda de casación

Con sustento en la causal primera de casación que consagra el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil se formularon tres cargos, los cuales se despacharán en el mismo orden propuesto.

Cargo primero

Se acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, en particular de los artículos 1613, 1614, 2341, 2342, 2343, 2347, 2349, 2356 y 2357 del Código Civil por vía indirecta, como consecuencia de error de derecho por violación de una norma probatoria, especialmente, del artículo 11 de la Ley 1395 de 2010, de los incisos 1º, 3º y 5º del artículo 252, y de los artículos 276, 277, 279, 177 y 187 del Código de Procedimiento Civil.

Explica, en primer lugar, que la providencia recurrida desconoció pruebas documentales que se reputan auténticas en virtud de las normas adjetivas precitadas, dado que, según el tribunal, la parte actora allegó varios documentos privados dispositivos emanados de terceros, como recibos de pago, facturas de productos y servicios, los cuales, en su inmensa mayoría (fls. 5 a 252, excepción hecha de los obrantes a fls. 230, 233 a 236 y 240, cdno. ppal.) por carecer de autenticidad, no pueden ser observados como prueba...” resultando irrelevante que, prima facie, pudieran guardar relación con medicinas, tratamientos y otras erogaciones atinentes a las lesiones físicas y funcionales irrogadas a la víctima con el percance en cuestión.

Al mismo tiempo cuestiona que la sentencia atacada, precisara que no resultaba posible reconocer a la víctima el importe de la factura de venta obrante a folios 128 y 129, pues a más de la antedicha deficiencia, la misma tiene una constancia de pago efectuada, aunque no por el extremo activo, si por un tercero: Colsanitas, sin que revistiera importancia que el desembolso se hubiera verificado en desarrollo de un plan de medicina prepagada. Y concluyó el tribunal diciendo, refiriéndose a esto la censura que: “No se olvide que el pago es la forma normal de extinción de las obligaciones y que es válido y eficaz así no provenga del deudor (C.C., art. 1630) (...)”.

En tercer orden, arremete contra lo indicado por el sentenciador de segundo nivel a propósito de los escritos que se avistan a folios 235 y 236, el primero por haberse aportado en copia simple, y el otro, alusivo a la asistencia de la víctima a un gimnasio con instructor personalizado, documento este último que, junto con el encontrado a folio 240, que alude a honorarios de un “entrenador personal”, no guardan relación con el hecho dañoso.

Prosigue su ataque, en cuanto que se desconoció el dictamen pericial recaudado en la primera instancia puesto que según el juicio del tribunal, “el perito se circunscribió a efectuar sus cálculos sobre la base de lo reportado por la parte actora en punto al reclamado daño emergente (fls. 1111 a 1113) (...)”.

Continúa su alegación señalando, que los documentos privados objetados por el juzgador ad quem, son, en unos casos, títulos valores sobre los que la parte demandante, al aportar el instrumento privado que los contiene, en original o en copia, reconoce su autenticidad, a más que aquellos aluden a procedimientos, fisioterapias, tratamientos, ejercicios etc., que se originaron a raíz del accidente que provocó el juicio, y agrega que el fallo que finiquitó la actuación, a pesar de que se demostró el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, no le dio aplicación a las reglas sustanciales cuyo supuesto de hecho se encontraba demostrado en el proceso.

Asegura igualmente, que se desconocieron los documentos privados (fl. 29, cdno. 6) porque supuestamente no guardan correspondencia con la recuperación o el tratamiento requerido por la víctima, cuando aquellos “hacen relación a terapias físicas ordenadas por los médicos tratantes para recuperar su motricidad. (...) A folio 30 del cuaderno 6 se desestiman gastos médicos hospitalarios y de transporte causados en la República de Cuba”.

lnadvirtió también el alcance probatorio de los artículos 252, 276, 279, 187 y 177 del Código de Procedimiento Civil y por ello estableció el daño emergente en la suma irrisoria de $ 9.480.986,39, cuando de todos los documentos dejados de apreciar se desprende que el valor por aquel concepto, asciende a la suma de $ 600.000.000, a más “que la circunstancia de que algunos documentos se hayan aportado en copia en ningún momento desdicen de su eficacia y valor probatorio”.

Y recalcó, para aclarar en cuanto a la nueva normativa que en algunos aspectos gobierna la materia probatoria que: “es de claridad meridiana que la sentencia emanada del Tribunal Superior de Bogotá hizo caso omiso del artículo 11 de la Ley 1395 de 2010 vigente para el momento en que se profirió la sentencia de segunda instancia en el sentido de que en todos los procesos, los documentos privados manuscritos, firmados o elaborados por las partes, presentados en original o en copia para ser incorporados a un expediente judicial con fines probatorios, se presumirán auténticos, sin necesidad de presentación personal o autenticación...”.

Consideraciones

1. Auscultado el primer cargo en su exacta dimensión, el inconforme, en rigor, protesta un error de derecho, al combatir la consideración del ad quem, luego de denegar el mérito probativo de unas piezas procesales, en unos casos por ausencia de autenticidad, y en otros, por no apreciarse varias copias simples de gran parte de la documentación allegada con la demanda. Y soporta su réplica, en los artículos 177, 187, 276, 277 y 279 del Código de Procedimiento Civil, como también en el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010.

En relación con la acusación por la vía indirecta, invocando errores de derecho, ha dicho la Sala que, cabe “cuando el sentenciador se equivoca en punto a la aplicación de las normas legales que regulan la aducción, pertinencia o eficacia de la prueba, o cuando admite un medio que el legislador precisamente rechaza para comprobar un hecho o deja de estimar el medio preciso que estima indispensable para comprobarlo”.

“Y es que en materia probatoria, por lo específico del tema, no puede confundirse el demandante ni en cuanto hace al medio probatorio en sí, como a las reglas que gobiernan su aportación y valoración frente a un proceso” (sents. Cas. feb. 15/90, feb. 23/90 y jul. 10/90. Reiterada en Cas. Civil dic. 19/2007, Exp. 2000 00167).

2. Dado que el casacionista en el decurso de su demanda, parece confundir lo relativo al valor de las copias con la autenticidad de los documentos, es lo primero advertir, la necesidad de acometer en lo pertinente, algunas precisiones relativas a la prueba documental, para que, fijada esa distinción, se aborde la situación planteada. Al efecto, conforme al desarrollo normativo de los medios de convicción, se tienen por establecidas distintas categorías de documentos que responden a la naturaleza de quien los expide, esto es, públicos o privados; a la relación procesal, vale decir, si son de parte o emanados de terceros; y a la información que contienen, ora por ser representativos, declarativos o dispositivos. Claro está que en un único documento es posible que confluyan varias de las anteriores categorías, por lo que pueden aportarse indistintamente uno u otro de aquellos, en los que hayan intervenido o no los contradictores y que contemplen manifestaciones de voluntad, narraciones o simplemente escenifiquen algo que tenga relevancia para el debate.

La anterior clasificación tiene trascendencia en el marco de la valoración probatoria que corresponde al fallador, toda vez que no es equiparable el dicho de quien interviene activamente en el debate litigioso frente a lo expresado por quien es ajeno al mismo, de ahí que cuando se pretenda hacer valer verbigracia “documentos privados de terceros de naturaleza dispositiva o simplemente representativa”, su “estimación” solo es viable si se tiene certidumbre sobre su procedencia, ante su reconocimiento, en los términos de los artículos 252 y 277 del Código de Procedimiento Civil, normas que también contemplan una presunción de autenticidad que los libera de igual carga para aquellos de “contenido declarativo”.

En términos generales, también, cuando se trata de la prueba documental, la ley señala que las parles deberán aportar el original de los documentos privados, cuando estuvieren en su poder” (CPC, art. 268), entendiéndose por documento original aquel que se aporta tal como fue creado por su autor. Es claro, entonces, que la trasuntada disposición, impone a las partes el deber de llevar al proceso los originales que estén en su poder, pues así lo explicita incontestablemente aquella regla. No obstante, conforme a lo dispuesto por los artículos 253 y 254 ibídem, es factible aportar documentos en copias, caso en el cual estas solamente tendrán el mismo mérito que el original, en las hipótesis previstas en la última norma mencionada. Así emerge de dicho precepto, pues textualmente prescribe que “las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos: 1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada. 2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente. 3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa”. De donde, cual lo asentó esta misma Sala: “Como es evidente, el valor de las copias aparece previsto por el legislador de manera francamente específica, esto es, en cuanto se presente cualquiera de los referidos eventos” (Cas. Civil, sent. nov. 4/2009, Exp. 15001 3103 004 2001 00127 01).

A su turno, de igual modo había expuesto la Sala sobre el particular que: “siguiendo las directrices trazadas por el legislador en el capítulo VIII del título XIII de la sección III del libro II del Código de Procedimiento Civil, lo mismo que en el Decreto 2651 de 1991, algunas de cuyas disposiciones fueron acogidas por la Ley 446 de 1998 (arts. 10 a 13), fácilmente se advierte que, en orden a otorgarle valor probatorio a un documento privado, debe el juez distinguir la naturaleza de su contenido. (...) En tratándose de los documentos de naturaleza dispositiva y representativa, su valor probatorio dependerá de la autenticidad, sin importar si provienen de una de las partes o de un tercero, según lo establecen los artículos 277 numeral 1º y 279 del código de los ritos civiles, así como el artículo 11 de la Ley 446 de 1998, que reprodujo —con algunas modificaciones— lo otrora establecido en el artículo 25 del Decreto 2651 de 1991. Por consiguiente, mientras no se tenga certeza sobre quién es el autor del documento, no se le podrá dar crédito a su contenido...” (mar. 18/2002, Exp. 6649) (destacado fuera de texto).

Así mismo, más recientemente, amplio análisis dedicó la Corte a efectos de precisar la autenticidad del documento privado y su valor probativo, como también el mérito que tienen en el juicio las copias simples, pues dijo: “El censor afirma que la presunción de autenticidad estipulada en la comentada normatividad cobija a todos los documentos privados presentados por las partes, incluyendo las copias informales, dejando de lado los emanados de terceros, en razón a que ellos no solo son auténticos en los casos contemplados en los artículos 254 y 268 ibídem sino también en los previstos en el artículo 252, modificado por el artículo 26 de la Ley 794 de 2003, en armonía con lo dispuesto en el artículo 269, porque así se desgaja de la norma reformatoria en cuestión, la cual fue expedida con posterioridad y su aplicación presupone únicamente que los susodichos elementos de convicción vayan a ser incorporados a un expediente judicial con fines probatorios, amén que consagra casos de autenticidad adicionales a los relacionados en los dos primeros preceptos mencionados.

La Corte, por el contrario, considera que las copias que carecen de la atestación de que son idénticas al original no prestan mérito probatorio, salvo que reúnan las condiciones del artículo 254 del Código de Enjuiciamiento o de cualquier otra norma que así lo señale. Varias y de muy distinto temperamento son las razones que conducen a esa conclusión. De un lado, porque en los términos en que fue concebido el artículo 25 del Decreto 2651 de 1991, así como los artículos 11, 12 y 13 de la Ley 446 de 1998, es evidente que todos ellos hacen referencia a la autenticidad del documento, vale decir, a la certeza que debe tenerse respecto de quién es su autor, requisito ineludible para efecto de establecer su valor demostrativo.

Tal elucidación deviene en axiomática, en cuanto se advierte que el legislador al reformar el estatuto procesal civil, mediante la Ley 794 de 2003, incorporó esas normas, justamente, en el citado artículo 252, el cual, como es sabido, gobierna lo relativo a la autenticidad de la prueba documental, esto es, reitérase aún a riesgo de fatigar, lo concerniente con la certeza de la autoría del mismo, cuestión que, y ello es evidente, es muy distinta a la relacionada con la identidad de la copia con el original. Puede acontecer, ciertamente, que a pesar de que la copia esté debidamente autenticada, vale decir, que sea idéntica al original, no por ese mero hecho adquiere la condición de auténtica, pues si el original no lo es, es decir, si respecto de él no se tiene certeza de quién es su autor, otro tanto ocurrirá con la copia. Es evidente que si se hubiere querido que esas normas tuvieren alguna relación con el crédito probatorio de las copias las habría integrado al artículo 254 ibídem” (Cas. Civil, sent. nov. 4/2009).

2.1. Acorde con la postura trazada en las providencias transcritas, no se observa ninguna contradicción, como tampoco reparo cuando el tribunal señaló: “En efecto, en la anunciada oportunidad procesal, la parte actora allegó un sinnúmero de documentos privados dispositivos emanados de terceros (recibos de pago y facturas de distintos productos y servicios que incluyen todos los gastos en el exterior y la mayor parte de los causados en Colombia), los cuales, en su inmensa mayoría (fls. 5 a 253, excepción hecha de los obrantes a fls. 230, 233 a 236 y 240, cdno. ppal.), por carecer de autenticidad, no pueden ser observados como pruebas”. O sea, que reconvino el juzgador de segundo nivel, respecto de esos documentos, su falta de autenticidad, presupuesto incontestable para efectos de su aducción y subsecuente valoración.

Ciertamente, síguese, la valía que le restó la sentencia acusada a la reseñada documentación, se hizo, como no podía ser de otra manera, porque no se hallaron colmados los presupuestos procedimentales para su regular aportación, toda vez que los referidos documentos, carecen de poder demostrativo en tanto que no cumplen las formalidades previstas en el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, pues tratándose de documentos privados dispositivos provenientes de terceros, debieron allegarse debidamente autenticados o ratificando dentro del proceso su contenido por quienes los otorgaron, lo que no aconteció en las presentes diligencias.

2.2. Al mismo respecto, el ataque casacional cuestiona que no se hubiere aplicado “el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010 vigente para el momento en que se dictó la sentencia de segunda instancia” en el entendido de que en todos los procesos, los documentos privados manuscritos, presentados por las partes, en original o en copia para ser incorporados a un expediente judicial con fines probatorios, se presumirán auténticos sin necesidad de presentación personal ni de autenticación; con lo que olvida, de un lado, que acorde con la previsión contenida en la última parte del mismo dispositivo se estableció: “Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en relación con los documentos emanados de terceros”. Y por otro, que en todo caso, la regulación a que alude la Ley 1395 de 2010 “por la cual se adoptan medidas de descongestión judicial”, solamente entró en vigencia desde el 12 de julio de esa anualidad, mientras que la demanda para reclamar las pretensiones en el presente debate se presentó el 15 de febrero de 2006 (fls. 186 a 194, cdno. 1) y la sentencia que clausuró la primera instancia se profirió el 20 de abril de 2010 (fls. 146 a 154, cdno. 4).

Sobre el particular no huelga resaltar que las leyes positivas son perecederas y están sujetas tanto en su nacimiento como en su extinción a límites temporales; sin contar los problemas de la obsolescencia, el desuso, la desaparición de los sustratos subjetivos, objetivos o causales de la norma, etc.

Tratándose de las leyes procesales, estas tienen en línea de principio un efecto general inmediato, —porque también excepcionalmente pueden aplicarse de forma ultractiva— según lo reza el segundo inciso del artículo 40 de la Ley 153 de 1887; tal directriz, a su turno, fue recogida para la época en que se adoptó el Código de Procedimiento Civil (decretos 1400/70 y 2019/70); conjunto de reglas jurídicas cuyo artículo 699, alusivo a la vigencia de las nuevas disposiciones, asentó pautas de cómo abordar el tránsito legislativo, mediante disposiciones que traslucen un tratamiento similar al dispensado por aquella norma. No obstante, como es apenas obvio advertirlo, no resultaba posible la aclamada aplicación de unas reglas cuando se había empezado y aún incluso decidido la primera instancia al abrigo de otra normatividad.

2.3.- Ahora, no solamente fue el argumento de la carencia de valor probatorio con el que la sentencia enjuiciada desestimó parte importante de la documentación arrimada con el libelo introductorio, debido a que, cual lo anotó el juzgador ad quem: “Tampoco puede dejarse de lado que muchos de esos escritos allegados en forma defectuosa, refieren a conceptos cuya conexión con los daños soportados por la víctima no se vislumbra (v. gr., comprobantes de retiro de cajeros automáticos; gastos de papelería; bebidas y alimentos, lo mismo que elementos normales de aseo personal”.

2.3.1. Baste subrayar con fines meramente enunciativos, para revalidar lo señalado por el fallo, la siguiente documentación: (I) un pedazo de papel escrito con lapicero, desprovisto de firma, sello o fecha sin posibilidad de identificar su autoría (fl. 6); (II) factura expedida por almacén ONLY que no discrimina las mercancías adquiridas a favor de quienes la compraron (fl. 6); (III) registro de pago a través de Redeban Multicolor de 3 de agosto de 2004, donde no se especifica el detalle de la mercancía, a favor de quién se compró y mucho menos la relación con la demanda (fl. 6); (IV) factura de bolsa para almacenar, sin señalarse su destino y la relación con la demanda (fl. 7); (V) un retiro de fondos de cajero Bancolombia por $ 200.000 y una factura de venta de almacén Olímpica S.A., por mercancías ajenas a la prestación de servicios médicos y que dan cuenta de la compra de un molinillo de madera, seda dental, maíz tierno, maní moto, spaghetti, etc. (fl. 11); (VI) registro de transacción por $ 400.000 sin que se especifique el destino de ese dinero (fl. 12); (VII) recibos de venta emitidos por Panamericana, que detalla solamente material de papelería, sin que guarde ninguna conexidad con las pretensiones de la demanda (fl. 13); (VIII) factura de venta expedida por Olímpica, la que solo da cuenta de productos de la canasta familiar (fl. 13); (IX) pedazo de papel escrito con bolígrafo, registrando una serie de valores sin que exista firma, autoría, sello y fecha de expedición (fl. 14); (X) registro de pagos por conceptos desconocidos a un individuo de nombre Javier Ecaramaño (fls. 18 y ss.); (XI) constancia de pago de gasolina y peaje por un monto de $ 80.000 (fl. 28); (XII) facturas correspondientes a productos alimenticios, sin concordancia alguna con la demanda (fls. 38, 44); (XIII) contrato de arrendamiento de una silla de ruedas marca Medicare, al parecer celebrado con Xtracare Ltda., pero sin la firma del arrendatario que lo valide (fls. 59, 60); entre otros.

2.3.2. En suma, para probar lo relativo a los gastos médicos, hospitalarios y compra de medicinas, el actor se valió de medios de convicción como los relacionados precedentemente, documentos que carecen de poder demostrativo en tanto que, repítase, no cumplen las formalidades previstas en los artículos 277 y 252 instrumentales civiles, en la medida que, debieron aportarse correctamente autenticados o certificando dentro del proceso su contenido por quienes los otorgaron.

2.3.3. Pero también reparó el tribunal, con tino, en lo que hace a los “escritos que se avistan a folios 235 y 236”, el primero por haberse aportado en copia simple, y el otro, alusivo a la asistencia de la víctima a un gimnasio con instructor personalizado, documento este último que junto con el encontrado a folio 240, que alude a honorarios de un “entrenador personal”, no guardan relación inmediata y directa con el hecho dañoso. Nótese que son varias las condiciones para restarle valor a las piezas en mención: por una parte, que la prueba, como resulta exigible en los ataques por error de derecho, no contó con la suficiente eficacia jurídica para traerla a los autos, y por otro, la ausencia de causalidad entre el documento y el daño, misma que se evidenció por cuanto, cual lo esgrimiera el juzgador de segundo nivel, la asistencia de la víctima a un gimnasio con “instructor personalizado”, nada demuestra, en la medida que de su contenido no se puede inferir el conexo vínculo con el accidente sufrido, ni tampoco permite cuantificar el monto del menoscabo, dado que ni siquiera se consignó el tiempo por el cual el señor Delgado Castaño, habría asistido a la correspondiente entidad deportiva.

Ninguna de las circunstancias anteriores fueron superadas por el opugnador, por ello destacó el tribunal la falta de conexión entre dos de los requisitos de la responsabilidad civil: el hecho y el daño. Memórese que, para que la pretensión de responsabilidad civil extracontractual por actividad peligrosa sea próspera, el demandante debe acreditar que el perjuicio causado derive directa y adecuadamente de aquella acción imputable al demandado y de la que sobrevino la consecuencia lesiva. Y en este caso, de las antedichas documentales aducidas, no se comprobó la ligadura de la causalidad exigida. Baste ver que de su contenido no aparece claramente el vínculo con el accidente, ni tampoco, cual lo advirtiera el juzgador ad quem “permite cuantificar su monto”.

Por otro lado, en cuanto a la aducción de copias simples, indicó sin soporte argumentativo el recurrente en su libelo, ahora en sede de casación “que la circunstancia de que algunos documentos se hayan aportado en copia en ningún momento desdicen de su eficacia y valor probatorio”, lo que no se aviene, sin dubitación alguna, a las reglas de disciplina probatoria comentadas. Adicionalmente, a propósito de las documentales con las que se quisieron soportar los gastos médicos, de transporte y hospitalarios en Cuba, al igual que como se expuso en el párrafo precedente, tales consumos se encontraron desprovistos de una relación fundada con el siniestro.

2.4. Similar prédica es la llamada a realizarse en punto al cuestionamiento referido al pago de una factura de venta que hizo Colsanitas, la que según dijo, descalificó el tribunal como daño emergente, por cuanto tal desembolso no lo hizo la entidad de medicina prepagada para extinguir la obligación a cargo de la sociedad demandada, y añadió: “no se trata pues, del pago de la obligación por cuenta del deudor que regula el artículo 1630 del Código Civil, a contrario sensu, se trata de un pago hecho por Colsanitas a nombre y por cuenta de su asegurado conforme lo dispone el artículo 1080 del Código de Comercio...”.

Aquí, tuvo también razón el sentenciador de segundo nivel en desestimar la prenombrada factura (fls. 128 y 129, c.p.) y por consiguiente no encontrar factible reconocer a la víctima el importe vertido en el documento de cuenta. Recuérdese que primeramente y sobrando cualquier otro análisis, merced a su evidente carencia de autenticidad, pero además porque, más allá de que el pago, como forma natural para finiquitar el lazo obligacional puede hacerse incluso sin intervención del deudor según lo enseñan los artículos 1630 y siguientes del Código Civil, el asunto aquí no era de si la obligación se reputaba o no extinguida por haberse realizado por un tercero. El aspecto era sencilla y llanamente que eran dos obligaciones con distinciones evidentes en sus causas y consecuencias. En efecto, unos son los compromisos que dimanan de un plan de medicina prepagada, y otros, sustancialmente diferentes, los que derivan de la responsabilidad aquiliana, por surte [sic] que los efectos del desembolso realizado en el primer caso no era menester tratarlos dentro del marco de la responsabilidad civil extracontractual que sirvió de estribo a las pretensiones de la demanda.

Por consiguiente, el cargo no prospera.

Cargo segundo

El recurrente le atribuye a la sentencia opugnada la violación de los artículos 1613, 1614, 2341, 2342, 2343, 2347, 2349, 2356 y 2357 del Código Civil por vía indirecta, al incurrir en error de hecho manifiesto en la apreciación de las siguientes pruebas:

a. Las documentales que obran a folios 3 a 185 del cuaderno 1 y a folios 1 a 396 del cuaderno 2.

b. El interrogatorio de parte rendido por el representante legal de Grandes Superficies de Colombia S.A., que obra a folios 285 a 288 del cuaderno 1 y del rendido por Luis Fernando Delgado Castaño dentro de la diligencia de inspección judicial.

c. Los testimonios rendidos por Luis Alfonso Mancera Rodríguez, Adriana Gómez Prieto y Luis Fernando Valvuena.

d. Los dictámenes periciales que se avistan, uno, a folios 323 a 349 del cuaderno 1 junto con su aclaración y complementación; el rendido por el grupo de clínica forense de la dirección regional del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de 16 de julio de 2007 y, el emitido por la junta regional de calificación de invalidez de Bogotá (fl. 57-61, cdno. 4).

e. Las historias clínicas, los conceptos y dictámenes médicos y del examen de resonancia magnética que militan a folios 425 a 439 del cuaderno 2.

Previa estructuración del ataque, el casacionista hizo una remembranza del estudio del ad quem, en el apartado que ubicó el litigio, dentro del marco legal previsto en el artículo 2356 del Código Civil, norma que dice, “consagra una presunción de culpa y de responsabilidad en cabeza de quien promueve o se lucra de dicha actividad” o sea, de las denominadas peligrosas.

Informa que el tribunal, incurrió en una “grosera tergiversación de los hechos y de las pruebas arrimadas al expediente...” máxime cuando dijo que la conducta de la víctima no fue la exclusiva causa del accidente, ni que en ella fue irrelevante la actividad peligrosa que desplegó Carrefour.

Prosigue la sustentación del cargo, con un frontal cuestionamiento de la calificada participación por igual de las partes en el suceso (50%), luego de concluir la existencia de una culpa compartida, entonces, desconoció los verdaderos valores a reconocer por concepto de daño emergente, lucro cesante pasado, lucro cesante futuro y los perjuicios extrapatrimoniales bajo la modalidad de perjuicios morales y fisiológicos o perjuicios derivados de la vida de relación, a los que igualmente les descontó un 50% “al amparo de la supuesta concurrencia de culpas”.

Finalmente, procedió a hacer un análisis de cada medio probatorio del proceso para desvirtuar esa cuantificación, así:

a. Interrogatorios de parte. En relación con el rendido por el representante legal de la sociedad demandada, cuestionó una presunta inconsistencia en que incurrió el deponente respecto de si la puerta que produjo el accidente estaba o no en movimiento. En cuanto al interrogatorio del demandante, únicamente se limitó a destacar “las dificultades insalvables para comunicarse como se expresa en la misma acta” y reprodujo un apartado de su versión.

b. Prueba testimonial. Se refirió el recurrente a la testifical de Luis Alfonso Mancera Rodríguez, Adriana Gómez Prieto, Gladys Helena Rojas y Luis Fernando Valbuena, resaltando la del primero por ser testigo presencial y quien señaló que el demandante se dirigió a entrar una caja de fresas por la puerta de acceso a proveedores e ingresó estando la puerta semiabierta aproximadamente un 20% y quieta.

c. Dictámenes periciales. Relaciona las experticias de Carlos Alberto Ariza Puerto, contador público; el que produce el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que según él, resulta determinante en sus conclusiones, para lo cual se permitió transcribir parte del mismo. Por último, da cuenta del dictamen de la junta regional de invalidez de Bogotá y Cundinamarca, quien calificó la pérdida de capacidad laboral del actor Delgado Castaño en un 67,4%, de la que atestó: “invalidez que a mi parecer es mucho mayor si se tiene en cuenta la conclusión del médico forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de la cual es fácil inferir que la invalidez de la víctima es total...”.

Y explicó más adelante respecto al mismo punto: “Sobre el dictamen de pérdida de la capacidad laboral es necesario tener en cuenta lo siguiente: 1. El Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá mediante Oficio 3670 de 31 de octubre de 2007 le solicitó a la junta regional de calificación de invalidez de Bogotá D.C. y Cundinamarca, que determinara el porcentaje de la disminución de la capacidad laboral del señor Luis Fernando Delgado Castaño y le señaló que dicho experticio debería hacerse con fundamento en el dictamen de Medicina Legal de fecha 16 de julio de 2007 (...) En consecuencia, este dictamen emitido por la junta regional de calificación de invalidez de Bogotá y Cundinamarca por no haberse sujetado al mandato del operador judicial debe desestimarse, por cuanto de dicho dictamen de medicina legal se infería una pérdida total de capacidad laboral de mi mandante”.

d. Inspección judicial. Informa que con una revisión detenida de aquella, se encuentra que los avisos existentes al momento de practicar la diligencia, que dicen: “Peligro, no transitar cuando la puerta se encuentre en movimiento”, fueron colocados posteriormente a la ocurrencia del accidente, pero aún si se hubieran colocado anteriormente, es necesario aclarar que cuando el señor Delgado Castaño ingresó por la puerta eléctrica de acceso vehicular, esta no estaba en movimiento.

Advierte igualmente, según se pudo establecer con la diligencia “que la denominada puerta de acceso peatonal a proveedores, en primer lugar no tiene ninguna señalización que indique el acceso peatonal, y en segundo lugar, permanece con llave y candado, por esta razón es más fácil para el operario que atiende, abrir la puerta de acceso vehicular un pequeño trayecto para que por él ingresen peatones...”.

e. Historias clínicas - conceptos médicos y exámenes de resonancia magnética. De las que enumera el listado de alteraciones que el accionante Luis Fernando Delgado Castaño presenta en lo “físico, motriz, nervioso y neurológico como consecuencia del accidente”.

f. Prueba documental. En este aparte el casacionista censura cómo el tribunal se abstuvo de valorar y de concederle eficacia demostrativa a la prueba documental arrimada con la demanda. Así lo reveló al indicar: “Como lo señalamos en el primer cargo el tribunal...”.

Consideraciones

1. Tratándose de un ataque que se perfila por la vía indirecta, “es indispensable que el recurrente demuestra el error de hecho manifiesto que le enrostra a la sentencia, para lo cual no basta exponer de manera panorámica su inconformidad con el juicio del fallador, o expresar una opinión diversa sobre el mayor o menor crédito que debe dársele a un determinado medio de prueba, ni insistir en conclusiones empíricas distintas de aquellas a que llegó el tribunal, pues la mera divergencia conceptual no demuestra por sí sola error de hecho” (CXXIV, pág. 95. Reiterado en Cas. Civil, sent. dic. 10/99, Exp. 5320).

A efectos de despachar este cargo, sea lo primero advertir por refulgir palmario, que el casacionista olvidó que le correspondía como carga procesal mínima, no solamente discrepar, pues debió también, como incansablemente lo ha señalado la Corte, confrontar la totalidad del haz probatorio con las conclusiones que extrajo el sentenciador.

Es preciso reiterar, al mismo tiempo, que con relación a la primera de las causales de casación, como ocurrió en este asunto, cuando aquella se enfoca por la vía indirecta respecto a la apreciación de las pruebas por parte del tribunal, ha de respetarse el principio rector de la autonomía con que este cuenta de acuerdo con la ley para formar su propia convicción sobre la configuración fáctica del asunto en litigio, razón por la cual la corporación “... ha de recibir la cuestión fáctica tal como ella se encuentre definida en el fallo sujeto al recurso extraordinario, descalificando en consecuencia aquellos recursos que (...), se estructuran sobre la base de planteamientos que tienden a disentir en simple contraste de pareceres, del criterio empleado por el tribunal en lo que respecta a la elección y valoración de las pruebas que en realidad pesan y tienen por ello influencia decisoria...” (Exp. 4996, mayo 22/98).

Es que es en los primeros niveles, donde se produce a plenitud el debate sobre los hechos sometidos a conocimiento de la jurisdicción, no en el trámite del recurso extraordinario de casación. De ahí que, la Corte, cuando de desatar esta opugnación se trata, no puede cumplir funciones de juzgamiento que, también por regla general, quedaron agotadas en dos instancias antes que el asunto llegara a su conocimiento.

2. Realizadas esas precisiones, se observa que en el asunto que reclama la atención de la Sala, el tribunal modificó la sentencia de primer grado y luego de definir la existencia de la llamada concurrencia de culpas entre víctima y demandado, varió los valores a reconocer a favor del extremo activo de la litis por concepto de indemnización de perjuicios, pues dedujo que el concurso de ambos extremos procesales se produjo en idéntica proporción para la consumación del hecho dañoso.

Compendió esa deducción la sentencia atacada al exponer: “En conclusión, lo peligroso de la actividad ejercida por la demandada, y la negligencia de esta en su deber de evitar desenlaces como el que aquí se comenta, influyeron por igual en la causación de las lesiones personales sufridas por Delgado Castaño, como el propio descuido de este último, por manera que no se configuró la culpa exclusiva de la víctima que la opositora esgrimiera con el propósito de salvar la responsabilidad patrimonial que su contraparte le endilga, ni tampoco merecía pleno aval lo apreciado al respecto por el juez de primera instancia, quien redujo apenas en un 20% las indemnizaciones a reconocer a los demandantes. La ya advertida concurrencia de culpas, que según se anotó, influyeron en igual proporción para que se dieran las cosas, frustra de tajo lo que en forma principal plantearon en sede de apelación las partes en contienda”.

Recuérdese, a propósito de las actividades peligrosas, que la corporación tiene por sentado, de antaño, en forma constante, invariable, uniforme y reiterada, que es suficiente para estructurar la responsabilidad por este tipo de acciones, probarla con el daño y la relación de causalidad, y para exonerarse no basta acreditar diligencia y cuidado, o sea, ausencia de culpa, sino el elemento extraño, concurrente o exclusivo de otro (sents. feb. 28/56, LXXXII, 107; abr. 5/62, XCVIII, págs. 341-344; feb. 13/69 y mayo 8/69, CXXIX, 112-118 y CXXX, 98-107; abr. 17/70 y jul. 28/70, CXXXIV, 36-48 y CXXXV, 54-59; jul. 16/85 y jul. 17/85, CLXXX, 138-151 y 152-159; ago. 29/86, CLXXXIV, 222-238; sep. 18/90; mayo 5/99 (Exp. 4978) y oct. 25/99 (CCLXI, 874-885), mar. 14/2000 (Exp. 5177), sep. 7/2001 (6171), oct. 23/2001 (LIX, pág. 1101), Exp. 6315, no publicada oficialmente), sep. 30/2002 (Exp. 7069), mar. 3/2004 (Exp. 7623), jun. 30/2005 (Exp. 1998-00650-01), dic. 19/2006 (Exp. 2000-00011-01) y mayo 2/2007 (Exp. 1997-03001-01).

2.1. Retomando la aserción del tribunal, aquella la basó el ad quem, entre otras, en el interrogatorio de parte que rindió el demandante, señor Delgado Castaño (fls. 474 y 475), las constancias registradas en el acta de inspección judicial (fls. 350 a 353), debido a que, cual lo extrajo en el proveído enjuiciado “la víctima no era para nada ajena al lugar y sus características, ya que lo frecuentaba en razón de su rol de vendedor de frutas...”. Al mismo tiempo, como se dijo, la conducta del actor no fue la causa exclusiva del accidente, ni tampoco resultó irrelevante la actividad peligrosa desplegada por Carrefour al manipular, por conducto de uno de sus agentes, un artefacto cuyo peso estimó en 1000 kilos la testigo Gladys Rojas, empleada de Carrefour a quien le correspondió la investigación del siniestro (fl. 422).

2.2. Se refirió igualmente el juzgador a la declaración de parte de la convocada (fl. 406), y concluyó que de las versiones que dispensaron ambos extremos procesales, “Carrefour incumplió su propio protocolo de seguridad...”.

2.3. Seguidamente y estando establecido que la demandada debía responder en un 50% por los perjuicios causados a los accionantes, procedió a cuantificar los daños, descartando para el efecto unos documentos pero exceptuando otros, según se analizó en el primer cargo, y frente al dictamen pericial practicado en el curso de la primera instancia indicó: “Resta destacar, la inocuidad del dictamen pericial recaudado en la instancia inicial, dado que el perito se circunscribió a efectuar sus cálculos sobre la base de lo reportado por la parte actora en punto al reclamado daño emergente (fls. 1111 a 1113), sin que quepa entender que —por no haber sido objetado el dictamen— se pudieran dar por sorteadas las graves deficiencias de índole formal que se destacaron (...) con referencia a la mayor parte de la comentada prueba documental”, deficiencias que extendió a los medios de convicción destinados por los demandantes para acreditar gastos médicos, de transporte y hospitalarios que se habrían causado en Cuba. Con todo, sí atribuyó pleno valor probativo a los gastos a que aluden los escritos visibles a folios 230, 233 y 234 del cuaderno principal, los cuales, por tratarse de documentos privados declarativos emanados de terceros, relativos a constancias hechas de personal médico y asistencial, no requieren autenticación merced a las previsiones del numeral 2º del artículo 277 del Código de Procedimiento Civil.

2.4. Para todos los efectos cuantitativos de definir el monto a indemnizar, se refirió la sentencia a la incapacidad laboral que le sobrevino al señor Luis Fernando Delgado, según la evaluación que en su momento hizo la junta regional de calificación de invalidez, obrante a folios 1176 a 1180 y que sumados los valores de: a. deficiencia 40%; b. discapacidad 9,90% y c. minusvalía 17,50%, arroja un total de 67,40% de pérdida de la capacidad laboral.

3. Pues bien, cual irradia, en primer término, no estuvo huérfana la sentencia atacada de la valoración probatoria que resultaba exigible, y aunque este segundo embate alude a los errores de hecho atribuibles al fallador de segundo grado respecto del mérito que atribuyó a las probanzas recaudadas, recuérdese que comienza la acusación por indicar que la providencia tiene fundamentalmente tres (3) líneas de análisis, siendo la primera la de ubicar el hecho litigioso dentro del marco de la responsabilidad civil derivadas de actividades peligrosas —pero nunca precisó el casacionista en el desarrollo de su memorial, cuáles fueron los otros dos puntos basilares en que se soportó la decisión—.

3.1. Obsérvese que sobre los testimonios transcritos nada dijo, infirió o reprochó al estudio de la sentencia de segundo nivel. Es más, únicamente hizo una relación de ellos sin derivarle cuál era el aporte que cada una de las testificales tendría para que se hubiere arribado a una conclusión distinta de la vertida en el fallo combatido.

3.2. Ahora, según se observa, la crítica en punto al resto del haz probatorio se contrae a realizar “un análisis (...) ponderado de las pruebas recabadas en el proceso” y en ese orden se allanó la demanda casacional a los interrogatorios de parte, los dictámenes periciales, la inspección judicial, las historias clínicas y nuevamente la prueba documental —punto este último ya zanjado en esta providencia—. Sin embargo, se exhibe como evidente, la falta de demostración exigible al casacionista, pues una relación de probanzas junto con el estudio que de ellas hace en el recurso no son bastantes para la casación, mucho menos cuando la sentencia arriba al escrutinio de la Corte acompañada de una presunción de legalidad y de acierto, solo desvirtuable, tratándose de la causal primera por un yerro de facto, si se demuestra, sin reticencia alguna, que la providencia aparece como absurda, fronteriza, si se quiere, con lo irracional.

Así, a guisa de ejemplo, nótese que en cuanto a las declaraciones de parte, respecto de la del convocante, solamente se limitó a destacar el opugnador “las dificultades insalvables para comunicarse como se expresa en la misma acta” (fl. 38, cdno. de la Corte), reproduciendo un apartado de su versión. En la misma línea y a propósito del dictamen de la junta regional de invalidez de Bogotá y Cundinamarca, quien calificó la pérdida de capacidad laboral del actor Delgado Castaño en un 67,4%, señaló que en su opinión aquella debe ser mayor si se considera la conclusión a la que arribó el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, “de la cual es fácil inferir que la invalidez de la víctima es total...” (fl. 43, cdno. de la Corte).

3.3. Acorde con lo esbozado, pareció entonces olvidar el impugnante el laborío de cotejo, por cuanto, como lo tiene sentado esta corporación, en tratándose de un ataque por errores de facto, “el acusador, en su gestión de demostrar los yerros del juzgador (...) tendrá que precisar los apartes relativos a cada una de las falencias de valoración probatoria, confrontando la realidad que resulta de la prueba con la errada ponderación efectuada por el sentenciador, tarea esta que no queda cabalmente satisfecha si el censor se contrae apenas a plantear, por más razonado que ello resulte, lo que desde su perspectiva debió ser el juicio del tribunal, por supuesto que un relato de ese talante no alcanza a constituir una crítica al fallo sino apenas un alegato de instancia” (Sent. 56 de abr. 8/2005, Exp. 730).

Puestas así las cosas, el cargo no prospera.

Cargo tercero

También dentro del marco de la causal primera de casación, se enjuicia a la sentencia impugnada, por quebranto de los artículos 1630 del Código Civil y 1080 y 1139 del Código de Comercio por vía directa, en el caso de la norma del estatuto civil por aplicación indebida y en punto a las normas de la codificación mercantil, por falta de aplicación de las señaladas disposiciones.

Lo anterior, a propósito de la posición del juzgador ad quem, quien no reconoció a la víctima el importe de la factura vista a folios 128 y 129 del cuaderno principal, por cuanto que, a más de carecer de autenticidad, la misma contiene una constancia de pago efectuado por un tercero (Colsanitas), siendo indiferente que la cancelación se hubiere realizado en un plan de medicina prepagada, razonamiento que refrendó conforme a lo dispuesto por el artículo 1630 del Código Civil, con base en el cual, es el pago la forma natural de extinguir obligaciones.

Al respecto arremetió el memorialista con lo siguiente: “El pago realizado por Colsanitas no se hizo propiamente para extinguir la obligación de la sociedad demandada, no se trata pues, del pago de la obligación por cuenta del deudor que regula el artículo 1630 del Código Civil, a contrario sensu, se trata de un pago hecho por Colsanitas a nombre y por cuenta de su asegurado Luis Fernando Delgado Castaño en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 1080 del Código de Comercio que señala la obligación del asegurador de efectuar el pago del siniestro que el asegurado o beneficiario acredite, aún extrajudicialmente, en este caso por tratarse de un seguro de personas no opera la subrogación a favor del asegurador que establece el artículo 1096 del Código de Comercio, según lo dispuesto por el artículo 1139 del estatuto mercantil”.

Con lo que infiere que inequívocamente el tribunal dio una indebida aplicación al artículo 1630 del Código Civil, dado que el pago de Colsanitas en ningún caso resultaba asimilable al desembolso que se realiza a nombre del deudor.

Consideraciones

1. Por sabido se tiene, que la vulneración recta de las normas sustanciales, que como motivo de casación contempla la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, solo se produce cuando, al margen de toda discusión probatoria, el sentenciador deja de emplear en el caso controvertido, la norma a que debía sujetarse y, consecuencialmente, hace actuar disposiciones materiales extrañas al litigio, o cuando habiendo acertado en la norma rectora del asunto yerra en la interpretación que de ella hace.

Por lo mismo, ha señalado la Corte “cuando el ataque en casación se funda en la causal que se comenta, compete al recurrente centrar sus juicios exclusivamente sobre los textos legales que considere inaplicados, indebidamente aplicados o erróneamente interpretados, prescindiendo de cualquier consideración que implique discrepancia con las apreciaciones fácticas del fallador, cuestión esta que solo puede abordarse por la vía indirecta de la misma causal” (Cas. Civil. feb. 18/2004, Exp. 7037).

1.1. Incluso, también ha sido criterio reiterado de la Sala, que cuando la denuncia se orienta por la vía directa, presupone que el censor viene aceptando plenamente las conclusiones fácticas y probatorias deducidas por el tribunal.

2. En este caso, el cargo se perfila sobre la base del presunto quebranto de los artículos 1630 del Código Civil y 1080 y 1139 del Código de Comercio, en las modalidades de aplicación indebida la primera y, en cuanto a las disposiciones del estatuto mercantil, por falta de aplicación, ataque basado en un similar argumento al utilizado en un segmento del primer cargo, que ya fue despachado.

2.1. En la empresa de acometer el análisis del cargo, sea del caso acotar, que la mera enunciación de normas no satisfacen el requisito de técnica de explicar en qué consistió la omisión atribuible al fallador, debido a que no bastaba con trasuntar, dentro del marco de esta acusación, las normas presuntamente dejadas de aplicar o aplicadas defectuosamente, como se hizo.

2.2. Pero más allá de ello, mal puede abordarse lo relativo a (i) la falta de aplicación y (ii) la aplicación indebida denunciada, puesto que cuando el tribunal no encontró factible reconocer a la víctima el importe vertido en el documento de cuenta visible a folios 128 y 129 del cuaderno principal dada su carencia de autenticidad —lo que no tuvo reparo al analizarse el cargo número 1— huelga examen alguno sobre las modalidades en que se planteó la violación directa de las normas sustanciales a que se refieren los artículos 1630 del Código Civil y 1080 y 1139 del Código de Comercio.

2.3. Además de lo dicho porque, de todas formas y cual se explicó en el análisis de la primera acusación, no solo no se superó el examen de la legalidad formal exigible a la factura de venta aludida, sino que, las obligaciones en mención advierten, evidentes diferencias en sus causas y consecuencias, por cuanto unos son los compromisos que proceden de un plan de medicina prepagada, y otros, por entero diferentes, el que deriva de la responsabilidad aquiliana.

Corolario de lo dicho, el cargo no puede abrirse paso.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

RESUELVE:

1. NO CASA la sentencia proferida el 10 de diciembre de 2010, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual identificado en el encabezamiento de esta providencia.

2. CONDENAR en costas del recurso de casación al recurrente. Por concepto de agencias en derecho inclúyase la suma de seis millones de pesos ($ 6.000.000) m/cte.

Notifíquese.

Magistrados: Fernando Giraldo Gutiérrez—Margarita Cabello Blanco—Ruth Marina Díaz Rueda—Ariel Salazar Ramírez—Arturo Solarte Rodríguez—Jesús Vall de Rutén Ruiz, ausencia justificada.