Sentencia 2006-00112 de febrero 7 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN B

Expediente: 54.545

Radicación: 810012331000200600112-02

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Bernardo Alza Hernández y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional

Referencia: Reparación directa

Bogotá, D.C., siete de febrero de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

6. El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de una sentencia del Tribunal Administrativo de Arauca, en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos de los artículos 37 y 40.6 de la Ley 446 de 1998, modificatorios del 129 y 131 del Código Contencioso Administrativo, dado que la cuantía de la demanda supera la exigida por la norma para el efecto(4).

6.1. Ahora bien, teniendo en cuenta que la parte actora es apelante única, en virtud de la prohibición de la no reformatio in pejus, derivada de lo consagrado por el artículo 31 de la Constitución Política(5), la Sala debe abstenerse de desmejorar su situación, salvo que se encuentren probadas circunstancias que el juez deba declarar probadas de oficio, como son aquellas que tienen que ver con la falta de presupuestos procesales como la aptitud de la demanda o la acción ejercida en tiempo.

6.2. Asimismo debe aclararse que, de conformidad con el criterio adoptado por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sesión del 26 de enero de 2017, el presente asunto puede resolverse sin sujeción estricta a su entrada para fallo(6).

II. Validez de los medios de prueba

7. A propósito de los medios de prueba obrantes en el expediente la Sala considera oportuno precisar que:

7.1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 252(7) y 279(8) del Código de Procedimiento Civil, se abstendrá de valorar: i) el documento titulado “Puente José Antonio Páez, un punto clave para la integración Atlántico-Pacífico” (fl. 35-41, cdno. 1), por cuanto que, pese a que sobre el mismo obra un sello original de recibido en la oficina de planeación departamental el 14 de enero de 2004, se desconoce la persona que lo realizó y las circunstancias de elaboración; y ii) las fotografías obrantes a folios 65 a 69 y 110 a 112 del cuaderno 1, así como las contenidas en el CD que figura a folio 160, respecto de las cuales se ignora tanto el nombre del autor como el momento en el cual fueron tomadas(9). Por la misma razón tampoco se valorará el video contenido en el CD mencionado.

7.2. Por haber sido ratificadas en el marco del presente proceso, con observancia de lo prescrito sobre el particular en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil(10), valorará las declaraciones extraproceso rendidas por los señores Dionicio Rojas Quiroga (fl. 48, cdno. 1) y Diosenel Solano Contreras (fl. 653, cdno. 2); no así la de la señora Zaida Idalí Santamaría Rodríguez (fl. 49, cdno. 1) en tanto que, por no haberse cumplido con dicha formalidad, no se surtió respecto de ella el principio de contradicción, garantía del derecho de defensa de la entidad demandada.

7.3. En un sentido similar y en tanto se trata de documentos declarativos emanados de terceros cuyo contenido fue ratificado dentro del proceso en diligencias de recepción de testimonios, la Sala, de conformidad con lo prescrito en el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil(11), valorará las constancias suscritas por los señores Orlando Sánchez y Dionicio Rojas Quiroga, allegadas con la demanda (fl. 42-43 y 46-47, cdno. 1).

7.4. En relación con las declaraciones de Diosenel Solano Contreras y Martha Isabel Alza Alza, trabajador e hija de los demandantes, respectivamente, la Sala considera que pueden calificarse de sospechosas en los términos del artículo 217 del Código de Procedimiento Civil(12). No obstante, ello no implica que sus versiones deban ser descartadas sino, más bien, que la valoración de su credibilidad sea reforzada(13).

7.4.1. En relación con las demás declaraciones obrantes en el proceso, la Sala considera oportuno advertir que el grado de convicción que pueden aportar sobre los hechos litigiosos se encuentra menguado por el hecho de que, motu proprio o por preguntas formuladas por la apoderada de la parte actora, los testigos dan cuenta de información cuya coincidencia resulta por lo menos extraña, sobretodo si se tiene en cuenta que versa sobre puntos de gran nivel de detalle(14) o de aspectos meramente incidentales que, sin embargo, todos recuerdan(15). Es entonces a la luz de estas consideraciones generales que serán valorados en el cuerpo de esta providencia.

7.5. Teniendo en cuenta que el artículo 10 de la Ley 527 de 1999(16) admite como medios de pruebas los mensajes de datos, entendidos como “la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos” (art. 1º de la misma ley), la Sala valorará las informaciones periodísticas relevantes para el caso contenidas en las direcciones electrónicas enlistadas por la parte actora y verificables a la fecha (fl. 64 y 113-150, cdno. 1); así como la remitida por la emisora Meridiano 70 (fl. 29-30, cdno. 7). Ahora bien, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de la corporación sobre la valoración de recortes de prensa, dichos artículos periodísticos pueden ser considerados no solamente para tener por acreditado el registro mediático de los hechos, sino también la existencia de los mismos, siempre y cuando tengan conexidad con otros medios de prueba y coincidan con ellos(17).

7.6. En los términos del artículo 237.6 del Código de Procedimiento Civil(18), la Sala tendrá en cuenta los documentos que el perito anexó a su dictamen y a su aclaración y complementación, única y exclusivamente en tanto dan cuenta de los exámenes, experimentos e investigaciones por él efectuados, así como de los fundamentos técnicos de sus conclusiones. Ahora bien, teniendo en cuenta que la práctica de un dictamen pericial dentro del proceso no puede constituirse en una oportunidad para allegar medios de prueba que, de acuerdo con el ordenamiento procesal, debieron anexarse o solicitarse con la demanda o con su reforma, la Sala será particularmente vigilante a la hora de analizar los documentos que, anexos al dictamen pericial practicado en el plenario, se encontraban en manos de los demandantes y, sin embargo, no fueron aportados como pruebas en las oportunidades establecidas para ello.

7.7. Finalmente, dado que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.1 de la Ley 446 de 1998(19), las partes están habilitadas para presentar experticios emitidos por instituciones o profesionales especializados, hay lugar a valorar los estudios técnicos aportados por las partes con la demanda y su reforma y con la contestación de la primera, máxime si se tiene en cuenta que ambas partes tuvieron la posibilidad de conocer y controvertir los contenidos de los estudios apartados por su contraparte, esto es, que no se vulneró el derecho de contradicción. Ahora bien, la Sala los valorará en los términos del artículo 241 del cuerpo normativo antes citado, esto es, teniendo en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, así como la competencia acreditada de los expertos que los suscribieron y la concordancia de sus conclusiones con los demás elementos probatorios obrantes en el proceso, en particular, la prueba pericial practicada dentro del mismo.

III. Hechos probados

8. De conformidad con las pruebas válida y oportunamente allegadas al proceso, se tienen por probados los siguientes hechos relevantes:

8.1. El 11 de octubre de 2000 la señora Leonor Alza González adquirió, por un valor de $ 4.233.000, la propiedad de la finca denominada “La Esmeralda”, a la cual le corresponde el folio de matrícula inmobiliaria 410-2049. De acuerdo con la escritura pública, el predio se encuentra ubicado en la vereda La Arabia del municipio de Tame, Arauca, y tiene una extensión de 111 hectáreas 6722 m2, lo cual significa que el valor de la hectárea fue de $ 37.905,58. Según la certificación expedida por la secretaría de obras públicas y planeación municipal el 23 de octubre de 2003, el plan de ordenamiento territorial vigente establecía que el suelo de la finca estaba destinado a la ganadería y la agricultura (copia de la escritura pública de compraventa y del folio de registro de instrumentos públicos en el que aquélla aparece registrada, fl. 26-27, cdno. 1).

8.2. El 14 de julio y el 8 de septiembre de 2003 el señor Bernardo Alza Hernández suscribió un total de cuatro promesas de compraventa de lotes de terreno ubicados “en la vereda Araguaney, al pie de Pueblo Nuevo, municipio de Tame, Arauca” en extensiones oscilantes entre los 200 y 400 m2 por valores que van entre los 3 y los 6 millones de pesos. Las escrituras debían suscribirse el 11 de diciembre de 2003 a condición de que la propietaria del terreno se encontrara en la región. En las mismas no se pactaron arras ni cláusula penal alguna (originales de las promesas de compraventa, fl. 50-57, cdno. 1).

8.3. A finales de noviembre de 2003, luego de que el Ejército Nacional culminara la operación Luna Roja, mediante la cual logró “la ocupación y control militar de la Inspección de Puerto Jordán (4.958 habitantes en el casco urbano para la fecha nov. 30/2003)”, ocupó una franja de terreno de la finca La Esmeralda con el fin de establecer allí una base militar para efectos de, entre otros, “garantizar la recuperación de la seguridad y consolidación de esta región que por años ha sido área base de los terroristas de las FARC y el ELN” (informe de dic. 1º/2005 del comandante de la Brigada Móvil 5 del Ejército al comandante de la Décimo Octava Brigada sobre la conveniencia y oportunidad de adelantar una conciliación prejudicial con los aquí demandantes sobre la adquisición del lote(20), fl. 39-40, cdno. 6).

8.4. Entre el 26 y el 31 de diciembre de 2003 la señora Leonor Alza González vendió tres partes del predio, cada una de 627, 400 y 200 m2, por valores de 3, 4 y 3 millones de pesos, respectivamente. De acuerdo con los linderos señalados, al menos uno de estos terrenos se encontraba al norte del predio de mayor extensión(21). Según las escrituras públicas de compraventa, la entrega material de los inmuebles se llevó a cabo en la fecha en que fueron suscritas (copias de dos de las escrituras públicas de compraventa y certificado del folio de registro de instrumentos públicos del predio de mayor extensión expedido el 20 de septiembre de 2005 en el que consta la inscripción de los tres negocios jurídicos, fl. 26-27, cdno. 1).

8.5. Mediante Acuerdo 36 de 15 de diciembre de 2003, sancionado el 15 del mismo mes, el Concejo Municipal de Tame facultó al ejecutivo municipal para que “inici[ara] el debido proceso por vía administrativa de expropiación o compra hasta adquirir 32 hectáreas de la finca La Esmeralda (…) propiedad de la señora Leonor Alza González en la jurisdicción de Puerto Jordán, municipio de Tame” (copia del acuerdo y de la constancia de su sanción fl. 186-187, cdno. 1 y 18, cdno. 2).

8.6. El 19 de diciembre de 2003 se llevó a cabo una reunión entre miembros del Ejército y los señores Ángela Patricia y Leonel Alza Alza como representantes de la señora Alza González, con la participación del alcalde municipal de Tame, con el fin de llegar a un acuerdo económico con el fin de adquirir “estos predios”. Los representantes de la dueña solicitaron 200 millones por las 32 hectáreas —$ 6.250.000 por hectárea— y la propuesta de los interesados fue de 2 millones por hectárea, es decir, un total de 64 millones. Por no llegarse a un acuerdo se concluyó que debía continuarse el proceso de expropiación administrativa, “esperando el avalúo oficial por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi” (copia del acta de la reunión, fl. 188, cdno. 1).

8.7. En mayo de 2004 un profesional universitario del Instituto Geográfico Agustín Codazzi rindió el informe de avalúo comercial rural del predio La Esmeralda, ubicado en el corregimiento “Pueblo Nuevo (Puerto Jordán)-vereda Araguaney (Paraje Arabia)”, solicitado por el Ejército Nacional el 11 de marzo del mismo año. En dicho informe se indicó que la visita del predio se llevó a cabo los días 26 y 27 de abril de 2004 “con la orientación del capitán Juan Guillermo Múnero” y que en ella se constató que el mismo estaba ocupado por la Unidad de Guarnición de la Brigada Móvil 5 del Ejército. También señaló que, “según levantamiento topográfico aportado por el Ejército”, el predio tenía un área de 18-66749542 hectáreas y, después de analizar múltiples aspectos, avaluó la hectárea en $ 1.200.000, concluyendo que el terreno ocupado tenía un valor comercial de $ 22.400.995. A propósito de los linderos y dimensiones del predio ocupado, el documento señala:

Según el plano topográfico con escala 1:1000 de enero de 2004, la parte del lote del terreno se encuentra alinderado de la siguiente manera: Norte: Con el área urbana de Pueblo Nuevo, caño Arenales de por medio. Sur: Carreteable que conduce al interior del predio La Esperanza. Oriente: Con el caño Arenales. Occidente: Con la carretera Tame-Pueblo Nuevo (copia simple del informe del avalúo, fl. 20-36, cdno. 6).

8.8. El 19 de diciembre de 2005, el procurador 52 judicial II administrativo de Arauca certificó que el 12 de octubre de 2005 los demandantes presentaron una solicitud de conciliación extrajudicial por los hechos materia del presente litigio, trámite en el marco del cual se llevó a cabo audiencia de conciliación el 9 de diciembre de 2005 en la que el Ejército Nacional manifestó no tener ánimo conciliatorio (original de la certificación, fl. 154, cdno. 1).

8.9. De acuerdo con registros únicos de vacunación contra la aftosa o brucelosis expedidos por el ICA, durante los años 2002 y 2003 se vacunaron, en promedio, 200 bovinos en la finca La Esmeralda ubicada en la vereda de Araguaney-Pueblo Nuevo, pertenecientes al ganadero Bernardo Alza, con hierro registrado en el municipio de Saravena (copias de los registros únicos de vacunación autenticadas por el gerente seccional del ICA y del registro del hierro, fl. 339-343 a-z anexa al expediente).

8.10. En declaraciones rendidas ante juez comisionado el 16 de octubre de 2007, los testigos traídos al proceso por la parte actora dieron cuenta de los hechos litigiosos, así:

8.10.1. Orlando Sánchez Plata, quien manifestó ser ganadero de la región y habitar en el casco urbano de Pueblo Nuevo, señaló:

PREGUNTADO. Diga al juzgado en la actualidad quién ejerce la explotación de la finca La Esmeralda. CONTESTÓ. Hasta donde yo sé eso está más o menos abandonado, es el ejército quien está ahí. (…) Como la finca queda pegada al pueblo, el corral que tenía él como paradero de ganado, y ahí tenía un embarcadero y un lote donde él permitía el paradero de ganado mientras se negociaba, como yo soy comerciante de ganado, por ejemplo, él nos arrendaba por 5 o 10 días, mientras se vendía el ganado, ya que es una zona ganadera. Para la parte de acá, como eso queda pegada a la pavimentada, estaba vendiendo ahí unos lotes. A esos lotes les tenía precio de 3 y 4 millones de pesos cada uno. Antes de llegar el Ejército él estaba loteando. La otra parte de la finca tenía unos potreros donde el exhibía ganado fino, o nosotros le llamamos vitrina, era un paradero de ganado que tenía, ya que él tiene en Saravena un criadero de cebú puro y ahí lo traía y lo exhibía en la vitrina, para reproducción. Personalmente le compré bastante ganado. La otra parte de la finca que quedaba al final tenía un cebadero de ganado cebú comercial. Para la parte de atrás tenía cultivos de yuca y plátano, ahuyama y maíz, mantenía bastante obreros ya que es una tierra muy prospera para la agricultura y ganadería. Los pastos de esa finca son pastos mejorados, tiene estrella, brachearea amarga, guinéa y cusú, que es el mejor pasto de ceba y para mantener ganado de leche. (…) Por derecho al corral, se pagaban 2000 pesos por cabeza, el derecho es para cargar y descargar. Para el paradero de ganado cobraban 500 pesos la noche y 500 al día y con derecho al caño. Resulta y pasa que a esa finca la cubre el caño por la parte donde colocaron la base ahorita, ese caño se llama La Arenosa, a partir de ahí para acá todo se acabó, pues cuando llegó el ejército eso se acabó. A los pastos les pasaron maruyama bien bajito y acabaron con ellos. Después metieron volqueta para cargar material, después metieron retroexcavadora para hacer trincheras, cortaron unos árboles a la entrada de la finca, que eran árboles de madera que se llaman moros, es un árbol maderable, es fino. En las cercas había un portón de hierro entrando al corral, para entrar esa maquinaria dañaron todas las cercas. Es que esa finca está sobre toda la vía principal, estaba cercada en madera de árbol de flor amarillo de aproximadamente de distancia entre 1 m y 1.5 de cada uno al otro y de cuatro hijos alambre de púa, ese alambre está ahorita en CIENTO TREINTA MIL PESOS el rollo. Hasta ahorita está acabado, de ahí el señor sacó el ganado, porque una explosión le mató dos toros finos, y él se sintió como aburrido y sacó todo el ganado. Él se ausentó de la finca porque como había rumores de que él había regalado eso, le tocó abandonar la zona porque es que como aquí eso es muy delicado. (…) Los bebederos estaban todos con manga hacía el caño la Arenosa, los saleros estaban construidos, ósea dos en uno, uno para la sal y el otro para el concentrado, eso vale más o menos CUATROCIENTOS MIL PESOS, esos saleros son de un plástico especial y tiene techo de zinc, armazón de madera de flor amarillo que es el palo que aguanta por aquí, eran más o menos 5 saleros. PREGUNTADO. Diga al juzgado que consecuencias de tipo personal y económico le produjo la ocupación de la finca La Esmeralda por parte del Ejército a sus propietarios. CONTESTÓ. En lo económico dejaron de comercializar ahí, la venta de toros finos y de ceba. Acabaron prácticamente con la finca, se acabaron las sementeras, ahí el problema es que la guerrilla pone minas y nadie quiere trabajar, el ganado lo sacó debido a que fue minada la finca y se malograron varios animales, y los obreros no se arriesgan a trabajar ahí. En las económicas en el ganado, en el cultivo, el corral y la venta de lotes. Es un pueblo grande y había muchos proyectos en el pueblo para ese entonces y como la finca queda en el pueblo la vía pavimentada, hay unos almacenes de venta maquinaria pesada, arreglan tractores y la gente tenía el proyecto de montar almacenes de repuestos y negocios, ya que es un pueblo comercial y de negocios. Eso está frustrado porque el señor no volvió a ofrecer lotes y la gente no se arriesga a comprar lotes ahí porque es una zona muy peligrosa. Las consecuencias personales tenemos que al tener proyectos y no poderlos ejecutar la persona se desmoraliza ya que no puede tener nada, y ellos se alejaron del pueblo por problemas de seguridad y la gente rumoraba que a ellos les podría pasar algo malo y a la familia porque él había entregado el lote al Ejército. (…) PREGUNTADO. Tiene usted conocimiento de en promedio cuántas reses de cebú, de ganado cebú comercial, se mantenían en el predio. CONTESTÓ. Entre 130 o 150 reses, es que es una finca capacitada para mantener 350 o 400 reses estables. Esa era una finca que él la tenía tecnificada para cebú puro y cebú comercial. La finca La Esmeralda es mecanizada. Como es el proceso de los arreglos de la finca, primero se buldocea, que eso oscila entre un millón a un millón quinientos la hectárea de la buldoceada; después se le pasa el tractor con varios implementos que es un costo de más o menos millón y medio la hectárea; más o menos la sembrada del pasto se va un millón de pesos. Eso se va más o menos para hacer una finca mecanizada. Después se hace la división de potreros y después se colocan los postas, el alambre y cada posta vale siete mil pesos de flor amarillo, y el rollo de alambre vale ciento treinta mil pesos, ya que hay que dividir los potreros. (…) PREGUNTADO. Diga al despacho usted por qué sabe que ese predio La Esmeralda estaba mecanizado en la forma que ha descrito. CONTESTÓ. Nosotros somos vecinos, y he llevado negocios con él siempre, yo soy ganadero y en el pueblo sabe todo el mundo que cuando él compró la finca estaba deteriorada, y él la arregló y estaba toda empradizada en pastos mejorados, y cultivos de yuca, plátano, maíz y ahuyama, y fue cuando llegó el Ejército. (…) PREGUNTADO. Concrétele al despacho la fecha desde la cual en el predio la Esmeralda no se continuaron realizando las actividades de explotación que usted ha descrito se realizaban y de ser posible manifieste la causa. CONTESTÓ. Pues desde que llegó el Ejército, y desde entonces el señor dejó de meterle trabajo a la finca y el Ejército prohíbe el paso a la finca a particulares, incluye obreros, incluso yo porque no me dejan pasar. Cuando no había Ejército yo a esa finca la andaba toda, la conozco toda porque yo paraba ganado y cuando se hacía negocio con el dueño paseábamos la finca, a partir de que la llegada del ejército yo no volví más por allá. (…) cuando el ejército llegó, lo hizo a otra finca, entonces por lo más práctico se pasaron a La Esmeralda y ahí dañaron cercas y el ganado se salió todo a la carretera e inclusive yo ayudé a recogerlo y en ese primer extravío se perdió un toro de los finos. Después se volvió a echar el ganado al potrero, el ganado no consciente la gente extraña, y el ganado fino toca tenerlo con tranquilidad como un pollo purito, como un cerdo, y se volvió a salir el ganado, mantenía en la carretera y en otras fincas puesto que las cercas estaban dañadas, porque el ejército entraba y salía, entonces fue después cuando el ganado lo sacaron definitivamente de la finca, no se para dónde (fl. 93-98, cdno. 7).

8.10.2. Mario Arévalo, quien manifestó ser también ganadero de la zona, indicó:

PREGUNTADO. Desde cuando distingue a doña Leonor y a don Bernardo Alza; por qué motivos los distinguió y de que trató el negocio habido entre ustedes. CONTESTÓ. Hace aproximadamente quince años a dieciséis años, a don BERNARDO lo distinguí cuando llegó de la tierra de él y llegó a Saravena y traía ganados finos del Socorro y se estableció en una finca que el compró en Saravena y él traía los ganados finos y su criadero de Santander. Después él vino y compró la finca en Pueblo Nuevo, cuando ya vivía en Saravena empezamos a negocia con él, yo le compraba terneros finos y puros para yo revenderlos, y desde entonces éramos amigos íntimos de él y me fiaba. Ya luego él se vino para Pueblo Nuevo e hizo la compra de la finca que le compró a don ADÁN MORA que es la finca La Esmeralda y en la que está ahí hoy en día el ejército. (…) PREGUNTADO. Diga al juzgado en la actualidad quien ejerce la explotación de la finca La Esmeralda. CONTESTÓ. Que yo sepa el Ejército tiene ocupación de ella, y es lo más principal, y la otra parte hasta donde sé es que está un muchacho mono, que mira un ganadito, que no es todo de él ni de la finca, que las cercas se mantienen dañadas y a veces entra ganado de los vecinos, el mono me ha comentado que mantiene aburrido porque se la pasa sacando ganados ajenos a la finca de los vecinos, dado que rompen las cercas, por ejemplo uno repara hoy y por la noche hay un patrullaje y rompen el alambre. (…) Ahí sostenían aproximadamente entre 50, 60 o 70 mautes de cebú puro, además de eso había entre 80 y 100 mautes de ceba, no puedo decir el número, pero se hacían ventas permanentes durante el año, se hacían hasta dos y tres ventas de ganado puro u otros aptos para la reproducción y alimentados en la misma finca, y él los reponía inmediatamente a través del criadero que tiene en Saravena, eso era una actividad permanente. Tenía agricultura de yuca, plátano, se cortaban los camionados de plátanos cada 15 o 20 días, se sacaba un camionado para llevarlo a ciudad en Cúcuta, y yuca se sacaba cada mes o cada dos meses un camionado. Se sacaba ahuyama o patilla cuando había temporada, además de maíz. Las entradas que tenía la finca por el asunto de paradero, por el uso de corral y por los potreros también porque en ocasiones había que dejar el ganado. El uso del corral se cobraba por cargue y descargue animales, se cobraba entre mil y dos mil pesos por cabeza, eso era un promedio que se movía entre 50 o 60 reses entrando y saliendo y cuando dejaban ganado se pagaba por el pastaje y se pagaba mil pesos por cabeza. Me consta porque yo a veces paraba ganado ahí en el corral y me daba cuenta de otras personas que lo hacían, en ese entonces no había sino ese corral alrededor del pueblo, habían corrales pero muy ausentes, lejos del pueblo y en carreteras donde en el invierno se entierran los carros, es que allá era un paradero, una finca vitrina, en el sentido de que allí exponían ganado puro para la venta. Otra cosa es que también estaba vendiendo lotes, e inclusive yo compré un lote, pero me regresó la plata pero no se pudo hacer porque en esos se instaló el Ejército y así tuvo que hacerlo con otras personas fuera de mi persona, tuvo que devolverles el dinero. (…) PREGUNTADO. Diga al juzgado en qué estado se encontraba la finca la esmeralda para la época de los hechos, finales del 2003. CONTESTÓ. Si sé la finca se encontraba en buen estado, con buenas cercas, poteros divididos, los potreros tenían buenos saleros y comederos, y tenía un corral con varias divisiones con capacidad para 200 reses aproximadamente para uno hacer los respectivos apartes. (…) PREGUNTADO. Manifieste al despacho si sabe y le consta de cuantos potreros se componía la finca. CONTESTÓ. Aproximadamente de unos 7 u 8 potreros. PREGUNTADO. Diga al juzgado qué consecuencias de tipo personal y económico le produjo la ocupación de la finca la Esmeralda por parte del Ejército a sus propietarios. CONTESTÓ. Tener que para la venta de ganado que es la renta de él, y se paró el embarque y descargue del ganado porque el Ejército prohibió que se entrara allá, y en cuanto a la agricultura tuvo que abandonarlo, le dejó ahí al mono para que hiciera lo que pudiera para él, pero a don BERNARDO le dejó de producir. A nivel personal la gente empezó a comentar que don BERNARDO le había regalado eso al Ejército y que no era el ejército quien se había posesionado, sino que él les había ofrecido y les había donado el pedazo de tierra, eso era un peligro por el orden público y a él le podía costar la vida por ese comentario. (…) PREGUNTADO. Sírvase manifestar al Despacho si el predio La Esmeralda cuenta con fuentes de agua natural, en caso afirmativo explique en la medida de su conocimiento el uso que se le daba y el uso que tiene actualmente. CONTESTÓ. Si anteriormente se le daba uso para la finca, era el agua del caño La Arenosa, y para que el ganado tomara agua limpia del caño y para los cultivos y para todo el uso de la finca y actualmente no porque el Ejército invadió el predio y el frente de las aguas, la fina la dejó sin agua del caño, que es la base fundamental de la finca, las aguas. (…) PREGUNTADO. Usted tiene conocimiento y le consta que alguno de los ejemplares o ganado que se encontraban en el predio La Esmeralda al momento de ocuparlo el Ejército haya sufrido algún tipo de daño. CONTESTÓ. Si claro, supe que dos con una bomba habían muerto y otros habían quedado heridos con las esquirlas y tuvieron que curarlos. Dos muertos más otros heridos, en diferentes hechos. También sé que por eso que las cercas a cada nada están rotas y el ganado se salía una y otra vez, en total se perdieron 6 animales, y yo sé porque don BERNARDO me comentó que había perdido ese ganado, él y yo a veces negociábamos. (...) PREGUNTADO. Tiene usted conocimiento si todos estos hechos que usted ha comentado ocurridos desde el 2003 con la presencia del Ejército en el predio ha causado algún tipo de perjuicio moral a los propietarios del predio La Esmeralda. CONTESTÓ. Perjuicios morales como desmoralización a la persona, a don BERNARDO, como primer lugar porque él había hecho una inversión para comprar ese predio, en segundo lugar, porque las ventas se fueron al suelo y él no pudo seguir vendiendo nada ahí, y se perdía completamente la renta de la finca, se fue al suelo todo. Y lo demás ya lo dije atrás. (…) PREGUNTADO. Tiene usted conocimiento de que como consecuencia de las cercas que usted ha afirmado una vez llegó el Ejército derribó, se le generó algún tipo de gastos a los propietarios. CONTESTÓ. Pues claro que sí, pues para volver a Construir esas cercas se va un poco de plata, porque esos alambres caen al agua y se pudren y, más o menos al año, ya no sirven para nada, dado que el agua los oxida. También les tocó pagar obreros para buscar el ganado que se salía y los animales después de muchas ocasiones se perdieron. Él después se vio obligado a sacar el ganado y suspender esas actividades y que después no se conseguían obreros para trabajar a ningún precio por el miedo a una bomba o enfrentamiento, o una mina. (…) PREGUNTADO. Además de los gastos que ha reseñado que usted recuerda se efectuaron otros gastos que se hicieron como consecuencia de los actos del ejército. CONTESTÓ. Sí, los gastos por el ganado, su movilización, el pago de transporte, el pago de los vaqueros, el pago de drogas para tratarlos, pagos de pastaje a donde se iba a movilizar el ganado. (…) PREGUNTADO. Podría hacer usted una descripción del estado en el que actualmente se encuentran las cercas del predio La Esmeralda. CONTESTÓ. Actualmente se ve acabado, es que no se ha visto que le hayan vuelto a meter trabajo y una finca a la que no se le invierta trabajo decae, eso está decaído, los horcones se van cayendo, no hay nadie que limpie entonces la maleza se va comiendo todo, pudre cercas y horcones, avanzan los pastos y la misma maleza destruye los pastos. Una finca abandonada se va destruyendo y se va acabando, hasta tocaría volverla hacer. Lo digo porque he visto el predio La Esmeralda en ese estado. También tengo fincas y sé cómo son las cosas. Hay que limpiar y fumigar la finca, hay que hacerles mantenimiento a las cercas porque las grapas se salen, y cuando se cae el palo se pudre el alambre y todo lo demás. Hay que hacerle el mantenimiento suficiente. La finca La Esmeralda fue mecanizada para sembrar pastos, pero ahora se encuentran en rastrojos, únicamente los vecinos llevan ganado allí, uno pasa y ve ganado pastando que no es de la finca dado que entran por el mal estado de las cercas de la finca. (...) Yo me doy cuenta de todo esto porque yo vivo ahí, además paso todos los días frente al predio, yo tengo una finca en Santo Domingo por la pavimentada y por eso paso todos los días por ahí. He visto que la finca está decaída y que la tiene en posesión el Ejército, la tienen adoptada para el servicio de ellos, como son trincheras, construcciones, es lo que se ve desde afuera, dicen también que tiene subterráneo, pero no me consta porque no se alcanza a divisar, ni tampoco permiten la entrada o rondar por los alrededores sino una persona que sea encontrada ahí será investigada dado que ellos vigilan su área (fl. 99-106, cdno. 7).

8.10.3. Dionicio Rojas Quiroga, quien señaló ser ganadero y trabajar incidentalmente para los demandantes, manifestó:

…en un momento llegó y la invadió el Ejército, en ese momento tenía ganado cebú fino y otro ganado comercial de ceba, esos momentos le dañaron las cercas y el ganado se empezó a salir, lo desprocedieron de ahí a él y no lo dejaban entrar a la finca. El ganado se salía del predio varias veces debido a que desbarataron eso, entonces entre una y otra salida, se terminaron perdiendo 6 toros de los finos, lo sé porque a lo último no los encontraba el mono y me dio el número de los toros que no encontraba para que lo ayudara a buscar, yo constantemente les ayudaba a corralear el ganado, yo le ayudaba a cargar y descargar, cuando ninguno podía venir a entregar los toros me llamaba por teléfono a mí para pedirme el favor de que entregara uno u otro toro. Una vez le ayudé a mandar unos toros para Vélez - Santander, entonces yo conocía bien el ganado, yo mantenía comprando ganado por esa zona y mantengo todavía ese trabajo, entonces tenía que recorrer la región y en esos viajes podía ver el ganado de él, pero nunca los encontré. Después sacaron el ganado debido a que se acabaron los pastos, y no había agua ahí, y entonces como se podían estar ahí, y después hirieron unos toros y se murieron y fue cuando se llevaron el ganado en camiones porque lo acababan de joder ahí. (…) PREGUNTADO. Diga al juzgado desde cuando distingue al señor BERNARDO ALZA y a doña LEONOR ALZA, los motivos por los que los distinguió y que trato o negocio ha habido entre ustedes. CONTESTÓ. Los distinguí como comerciante de ganado, yo le compraba ganado a él, y aparte de eso yo le trabajaba ganadiando ahí en el predio. (…) PREGUNTADO. Manifieste al juzgado si usted recuerda en qué fecha entraron las tropas a ocupar el inmueble La Esmeralda. CONTESTÓ. Aproximadamente entraron en noviembre de 2003. PREGUNTADO. Manifieste al juzgado con anterioridad al hecho perturbador del derecho de propiedad de la señora LEONOR ALZA GONZÁLEZ sobre la finca La Esmeralda, cuál era el destino que se le daba a dicho inmueble. CONTESTÓ. Ellos habían comprado para tener una exhibición de ganado cebú de pie de cría porque ahí todo el mundo pasa, ya que queda sobre la carretera, y todo el mundo pasaba y le preguntaba a uno que si el señor vendía uno de esos toros, y uno lo ponía en contacto para que él negociara. Había ganado de ceba de doble propósito. Había plátano, yuca, maíz y ahuyama. Estaba encerrado en alambre, dividida en potreros, aproximadamente había 5 potreros encerrados cada uno, con postas de más o menos de distancia de 2 metros cada uno, 5 saleros que constan cada uno la hechura de cuatrocientos mil pesos cada salero. El corral es un corral grande hecho en vareta de flor amarillo, aproximadamente de 150 a 170 horcones de flor amarillo, unas 400 varetas con puertas, unas de madera y otras de hierro, el agua se la quitaron toda, el ganado bajaba al bebedero del caño La Arenosa, ahí había varios bebederos, pero todo eso se acabó. (…) La finca estaba toda encerrada en alambre de púas de cuatro hebras, con horconadura de flor amarillo, estaba toda parada, los potreros limpios, había mecanizado la tierra, tractorado y buldoceado, se le había sembrado pastos brecharea, estrella y pastos de agua dulces. Estaba la finca en ese momento limpia, y había cultivos de plátano, maíz, yuca y ahuyama. La cantidad de plátano y de yuca que sacaba de eso desconozco la cantidad, sí sacaba porque tenía bastante plátano y yuca, yo lo miraba cargando bastante plátano. La cantidad de maíz si la sé porque inclusive en una oportunidad yo le compré la producción de maíz, en esa oportunidad fue de 150 cargas. La venduta de los toros finos, que era vitrina de ganado fino ya que todo el mundo pasaba por ahí y lo veía, esa era una de las actividades prioritarias de la finca, que en ocasiones vendía 10 o 20 toros en el mes, y en otras 5 toros en el mes. Lo que era el toro fino se mantenía entre 70 y 80 toros porque a medida que el iba vendiendo iba trayendo nuevamente de la finca de Saravena. (…) PREGUNTADO. Sírvase a manifestar al despacho si el predio La Esmeralda cuenta con fuentes de agua natural, en caso afirmativo explique en la medida de su conocimiento el uso que se le daba y el uso que tiene actualmente. CONTESTÓ. Ahí pasa el caño La Arenosa y servía para bebedero del ganado y los demás usos de la finca, y debido a que llegó el Ejército quitaron todo el bajadero porque ellos quitaron toda la arbolización que había en el caño, además rellenaron de arena todo el sitio donde estaba el pasto con volqueta y retroexcavadora donde hicieron la base. La construcción impide que el ganado baje a beber el agua, además es un ganado que no puede tener rochela por el asunto de los tiroteos que se hacían a cada rato donde hubo unos toros heridos y murieron dos de ellos. (…) PREGUNTADO. Tiene usted conocimiento si todos estos hechos que usted ha comentado ocurridos desde finales de 2003 con la presencia del ejército en el predio ha causado algún tipo de perjuicio moral a los propietarios del predio La Esmeralda. CONTESTÓ. Claro porque lo que él tenía pensado se lo frustraron ahí, como el ganado fino que él tenía para eso, y él acabó con eso, y la finca se decayó, en esa cantidad de ganado que pasteaba ahí, ahora sólo hay como unas 40 cabezas de ganado y que están en una esquina de la finca y eso con el peligro que pueden correr con el ganado fino que le mataron (fl. 106-112, cdno. 7).

8.10.4. Finalmente, Diosenel Solano, administrador y cuidandero de la finca La Esmeralda y quien manifestó residir en la misma, indicó:

PREGUNTADO. Diga al juzgado si sabe o presume el motivo por el cual se encuentran rindiendo esta declaración. CONTESTÓ. Si sé, porque el Ejército invadió el predio La Esmeralda a finales de 2003. El Ejército entró con volquetas a llevar materiales, llevaron una retroexcavadora, hicieron chambas en el potrero, después consiguieron guadañas y dañaron todos los potreros, después metieron candela y quemaron las cercas. Luego llevaron unas motosierras y tumbaron una arbolización que había ahí en el borde de un caño. Tumbaron un cedro, una ceiba roja y 8 moros. Ahí se tenía ganado fino, ganado de raza, ellos llegaron y tumbaron todas las cercas, el ganado se salió varias veces, las primeras veces que se salió el ganado yo salía recogerlo con un obrero que tenía con un vaquero, que era el que andaba conmigo. En esa época desapareció un toro que no lo pudimos encontrar. Después al principio de 2004, explotó un carro bomba al frente del potrero e hirió varios toros, después con el ruido de los helicópteros y caían casi los días, en la madrugada el ganado volvió y se salió, yo estaba solo en la finca, pues el patrón no estaba y eso fue para el mes de diciembre, yo me tocó la búsqueda de ese ganado. Yo contraté tres muchachos más para que fueran a ayudarme a buscar el ganado. Recogimos ganado en la vereda la Independencia, en la Guaira, en la arenosa, y en las Palmeras. Demoramos diez días buscando ese ganado, a mi me tocó pagarle a los 3 obreros que andaban conmigo, de $ 30.000 pesos por días porque ellos utilizaban las bestias de ellos, les pagué novecientos mil pesos. Después ya no se pudo tener más tiempo el ganado ahí, entonces mi patrón BERNARDO ALZA buscó unos pastos para ese ganado. Hubo que contratar unos 6 camiones a una señora. Se le pagaron por los 6 viajes millón doscientos mil pesos, después se contrataron varios camiones, en total fueron 16 viajes que se hicieron para sacar el ganado de ahí por la represión del Ejército y que gente que intimadamente los atacaba a ellos, no se sabía quién. Ahí frente donde ubicaron la base, se presentó un tiroteo y mataron 2 toros de los finos, ahí hubo que sacar de nuevo el ganado. Quedó un potrero acá arriba en la esquina de la finca donde mantenemos 40 reses y como acá nos habíamos quedado sin corral, le contratamos un corral a JOSÉ VARGAS, un vecino, para trabajar ese ganado. Al señor JOSÉ VARGAS se le hizo un documento pagándole ciento cincuenta mil pesos mensuales por el coral en ese tiempo, ahora está cobrando doscientos mil pesos y eso lo sé porque yo mismo voy y le pago porque el patrón me gira la plata a mí. En la finca había dos vaqueros planeros y mi persona, el muchacho que andaba conmigo y la sirvienta o la cocinera de la finca. Dado que ahí ya se acabó el trabajo a nosotros nos hizo una reunión en Saravena y nos liquidó, me acuerdo que a mí me dio tres millones por la liquidación, a un muchacho que se nombra ABSALÓN le dio un millón quinientos, a GERSON que llevaba menos tiempo trabajando le dio un millón de pesos, a la cocinera le pagó setecientos mil pesos de liquidación y yo lo sé porque lo presencié y el nos dio un recibo, pero aquí no lo tengo. (…) PREGUNTADO. Diga al juzgado en la actualidad quien ejerce la explotación de la finca La Esmeralda. CONTESTÓ. Ahora no se está explotando, yo soy el que la cuido, pero en la parte de atrás, donde tenemos 40 cabezas de ganado. (…) ahí se mantenían en promedio de 70 a 80 toros finos, el señor BERNARDO ALZA tiene una cría de ganado en Saravena, él llevaba esos mautes porque los llevaba de año y medio. Allá los llevaba a un comedero especial para esos toros, ahí se mantenían hasta dos años o dos años y medio y luego se ponían en venta. Teníamos entre 150 y 160 reses de ceba, cebú comercial, el animal llegaba de dos años y se sacaba de tres a tres años y medio para la venta. Tenía 10 hectáreas en plátano en donde se cortaban cada 8 días entre 50 y 60 cargas; se tenía 7 u 8 hectáreas de yuca, en el año se producían entre 700 a 800 cargas; Se sembraban entre 15 y 20 hectáreas de maíz todos los años, lo cual daba una producción entre 150 y 200 cargas; se cultivaba ahuyama para el consumo de la finca y patilla también. Lo único que se le explotaba ala finca era el corral. El corral estaba junto a la carretera troncal del llano y ahí se estaba trabajando todos los días con ganado porque no había más corrales en ese sector. Se movían alrededor de 50 y 70 reses diarias, unos días más, otros días menos y el cobro se hacía mil pesos por cargar y mil pesos por descargar, es decir, dos mil pesos por cabeza eso era todos los días y permanente. Los potreros se alquilaban cuando llegaban los ganados Se estaban vendiendo lotes que se iban a quedar temporalmente uno o dos días, y se cobraba mil pesos por noche, por cabeza. Se estaban vendiendo lotes de los que están ubicados hacia la pavimentada, se vendían de 10x10 a tres millones de pesos, yo lo sé porque yo ayudé a medirlos y habíamos vendido como 30 lotes, se construyeron como 5, y los demás que ya habían pagado el lote, hubo la necesidad de devolverles la plata porque el Ejército ocupó la finca. Tenía madera, pero aquella se explotaba para el gasto de la finca. (…) las consecuencias que trajo fueron perjuicios porque invadieron la finca y no se pudo seguir trabajando normalmente y a ellos también les trajo perjuicios, no podían llegar a la finca y también a mi me amenazó el mayor que le decían MELO y un capitán que le decían SANTAMARÍA. A veces ellos me encontraban por ahí que yo estaba mirando el ganado y un día así me lo dijo el capitán SANTAMARÍA que si seguía por ahí podría desaparecerme. Pues muchos rumores de que el señor era el que había regalado la tierra al Estado y muchos amigos le dijeron y le tocó retirarse de la zona. Para verse conmigo me citaba a Saravena. Ahora últimamente estaba yo ahí, que me dijo que rosara yo un pedazo de tierra, llegó un cabo a prohibírmelo, que porque yo iba a cultivar ahí si eso era del Estado, yo le respondía que en ningún momento que dejara de ser embustero y que hasta la presente yo sabía que no le habían pagado nada al señor BERNARDO. (…) PREGUNTADO. Sírvase a manifestar al despacho si el predio cuenta con fuentes de agua natural, en caso afirmativo explique en la medida de su conocimiento el uso que se le daba y el uso que tiene actualmente. CONTESTÓ. Tenía agua natural que era el caño La Arenosa. Esa agua se utilizaba para todo el consumo de la finca, para el ganado, para sacar agua para fumigar, y para todo lo demás. Actualmente no tiene acceso al agua la finca porque el Ejército invadió todo el caño. (…) PREGUNTANDO. Tiene usted conocimiento si todos estos hechos que usted ha comentado ocurridos desde el 2003 con la presencia del Ejército en el predio ha causado algún tipo de perjuicio moral a los propietarios del predio La Esmeralda. CONTESTÓ. Ellos no pudieron volver se desmoralizaron, no volvieron más a la casa, ni mucho menos entrar a la finca. PREGUNTADO. Tiene usted conocimiento de que como consecuencia de las cercas que usted ha afirmado una vez llegó el Ejército derribó, se le generó algún tipo de gastos a los propietarios. CONTESTÓ. Sí, yo reparé las cercas los dos primeros meses, puesto que ellos decían que iban a estar allí por un tiempo corto mientras salían, pues el total no sé, pero yo enterré postes, se compraron rollos de alambre de púa, se compraron grapas, yo creo que más o menos unos seiscientos mil pesos se gastaron. PREGUNTADO. Tiene usted conocimiento de cómo fue evacuado el ganado del predio. CONTESTÓ. No tengo conocimiento cuanto se pagó por los 16 viajes, pero a la señora de los 6 viajes se le pagaron millón doscientos mil pesos. Tengo conocimiento que estos viajes se pagaron más o menos en el mes de marzo. (…) Yo construí mangón para entrar a la finca, y se gastó en esa obra millón doscientos mil pesos, el patrón me dio la plata, yo fui y pagué. (…) PREGUNTADO. En respuestas iniciales usted manifestó que hubo represión por parte del Ejército. CONTESTÓ. Se tomó la finca, no dejó trabajar, hizo sacar los ganados, no pudimos entrar de nuevo a las plataneras o a trabajar, y a mí me dijeron que si seguía por ahí me desaparecían. (…) PREGUNTADO. Usted ha manifestado que reside en el predio La Esmeralda, pero a la vez ha señalado que este predio ha sido víctima de constantes actos bélicos, explique cómo es posible que siga viviendo en ese sitio. CONTESTÓ. Cuando se presentan tiroteos, yo me voy hacia donde un vecino que se llama LUIS que está más retirado, me llevo a la mujer y a mis tres hijos, y cuando ya pasa el fogueo regreso, no tengo más para donde irme y por eso he aguantado ahí. Eso es parejo, si pasa un mes o algo más, eso vuelve de nuevo, hace aproximadamente dos meses hubo un ataque ahí y yo busqué la niña porque no la encontraba y estaba escondida dentro de un costal debajo de la cama.

IV. Problema jurídico

9. En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, apelante única en este proceso, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con el material probatorio recaudado en el expediente, hay lugar a modificar la sentencia de primera instancia en orden a aumentar las condenas allí impuestas.

V. Análisis de la Sala

10. Siendo diáfano para la Sala que, en este caso, había lugar a declarar la responsabilidad de la entidad demandada por la ocupación del predio de propiedad de la señora Leonor Alza González, plenamente acreditada en el proceso, es del caso examinar si, como lo solicita la parte actora, deben aumentarse las condenas impuestas por el a quo. Para ello la Sala estudiará cada uno de los rubros indemnizatorios respecto de los cuales la parte demandante manifestó inconformidad, bien porque no fue reconocido, bien porque lo fue en una suma inferior a la que, a su juicio, debió serlo; distinguiendo según el tipo de perjuicio de que se trate —material en la modalidad de daño emergente o de lucro cesante e inmaterial—.

V.1. Perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente

11. Así, en relación con el valor del predio ocupado —supra pretensión 2.2.1.1 y párrafo 5.1—, se tiene que el a quo lo determinó a partir del avalúo realizado de manera extraprocesal por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a solicitud de la parte demandada; mientras la parte demandante estima que, para fijarlo, debieron tenerse en cuenta otros medios probatorios que indican que es mucho mayor, en particular, lo señalado por el perito designado en el marco del proceso en la aclaración y complementación del dictamen rendido y lo indicado en los informes técnicos que se aportaron junto con la demanda y su reforma.

11.1. Al respecto sea lo primero advertir que si bien es cierto que, tanto en la demanda como en la reforma de la misma, la parte actora solicitó que se decretara como prueba la realización de un peritaje que tendría por objeto, entre otros, identificar la cabida de la finca La Esmeralda y determinar su valor comercial, junto con sus mejoras, tanto a noviembre de 2003, como a la fecha del dictamen, así como el valor del área ocupada por el Ejército y el monto de la depreciación que el predio de mayor extensión habría sufrido por cuenta de la “desmembración” de este último, el hecho de que se solicitara que, para su realización, se designaran “un perito ingeniero o técnico en ingeniería agrícola o zootecnista y (…) un perito economista” (fl. 20 y 212, cdno. 1) dificultaba, de entrada, el que esta prueba alcanzara su objetivo, pues la experticia en las áreas mencionadas no supone la pericia técnica necesaria para llevar a cabo estudios propios de topografía e ingeniería catastral —en lo que tiene que ver con la identificación del predio y su cabida—, o de la valuación inmobiliaria —en lo relacionado con la estimación del valor comercial del bien—. De allí que, a falta de demostrar que tuvieran conocimientos o experiencia específica en estos temas, las conclusiones a las que llegaran sobre el particular los peritos designados se encontrarían, sin duda alguna, debilitadas y dicha debilidad sería achacable no a los defectos de las listas de los auxiliares de la justicia, o a la competencia de estos últimos, sino, directamente, a la misma parte interesada en la práctica de la prueba.

11.2. No obstante, la Sala advierte que, en la práctica de la prueba solicitada, el zootecnista designado como perito (fl. 684, cdno. 3) y quien, en un primer momento, se abstuvo de conceptuar sobre el valor del bien ocupado (fl. 160-231, cdno. 7), en el informe de aclaración y complementación del dictamen allegado al plenario el 2 de mayo de 2011 adujo haber solicitado la colaboración de, entre otros profesionales, un arquitecto perito valuador adscrito al Registro Nacional de Avaluadores, RNA, y valuador de la Lonja Inmobiliaria de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, regional Arauca(22), y un topógrafo(23) quienes no sólo habrían participado en el experticio sobre estos temas, sino que suscribieron el peritaje; circunstancia que, sin lugar a dudas, es relevante a la hora de valorar las conclusiones del mismo.

11.3. Ahora bien, en ese documento se afirmó, en relación con el predio de mayor extensión, que pese a que en la escritura de 11 de octubre de 2000 de la Notaría de Saravena figura con una cabida de 111,6122 Has, “realizada la medición topográfica el área real del predio actual, descontadas las fracciones vendidas, es de 118 Has con 6669,29 m2 de acuerdo a planos topográficos” (fl. 5 a-z anexa al expediente), mientras que, en lo que tiene que ver con el área del terreno ocupada por el Ejército Nacional, se consignó que “se ha determinado en 32,1020 Has” (fl. 155 a-z anexa al expediente), sin que se precisara la manera cómo se estableció dicha medida, aunque sí se allegaron múltiples planos del predio de mayor extensión, levantados en julio de 2008, en los que se señaló la parte ocupada (fl. 216 y 217 a-z anexa al expediente).

11.3.1. Al respecto la Sala no puede dejar de poner en evidencia que aunque la cifra de la cabida del terreno ocupada coincide, grosso modo, con aquella que, de acuerdo con los trámites realizados para obtener la expropiación del predio por vía administrativa o su compra, se había determinado inicialmente como la necesaria para la instalación de la base militar —supra párr. 8.5 y 8.6—, está lejos de concordar con aquélla mencionada en el avalúo del IGAC como la determinada por un supuesto levantamiento topográfico realizado por el Ejército, esto es, la de 18.66749542 hectáreas —supra párrafo 8.7—, que no sólo es la que resulta de los linderos fijados por el mismo plano topográfico del Ejército Nacional que quedaron consignados en la parte resolutiva de la sentencia para efectos de la transferencia del título de dominio del bien a través de su protocolización(24), sino que es aquélla con base en la cual el a quo determinó el valor del predio ocupado(25).

11.3.2. Sobre este punto es de precisar que pese al alto grado de credibilidad que puede otorgársele a una prueba como el avalúo comercial del IGAC(26), aportado por la parte demandada, no ocurre así respecto de lo allí mencionado en torno a la cabida y los linderos del terreno ocupado en tanto se trata de datos que no fueron determinados por el mismo IGAC, sino por la parte demandada en un documento que nunca fue aportado al plenario, circunstancia que, evidentemente, impide llevar a cabo cualquier valoración sobre lo bien fundado de lo indicado; de allí que, al menos frente a este punto, la Sala sólo puede tener por demostrado que la ocupación litigiosa acaeció sobre las 32,1020 hectáreas señaladas, con la ayuda de un topógrafo, en la prueba pericial practicada dentro del proceso, medio de convicción no objetado por la demandada y, adicionalmente, coincidente con los datos que la misma demandada había dado por sentados al comienzo de la ocupación(27). En ese sentido resulta forzoso modificar la sentencia de primera instancia para indicar que el terreno ocupado corresponde a dicha área aunque, para efectos de la transmisión del derecho de propiedad sobre el mismo, la Sala ordenará al mismo Instituto Geográfico Agustín Codazzi que, con base en los planos adjuntos al dictamen pericial obrante en el proceso (fl. 216 y 217 a-z anexa al expediente), determine precisamente los linderos del predio ocupado y que, se insiste, no puede ser inferior a las 32,1020 hectáreas, teniendo buen cuidado que dentro de los mismos no se encuentren las franjas de terreno que ya habían sido vendidas a terceros —supra párrafo 8.4— y respecto de las cuales se indicó en la demanda que pudieron ser entregadas materialmente a los compradores, antes de la ocupación del Ejército —hecho 37 de la demanda(28), fl. 15—(29), concepto que el Ejército Nacional se ocupará de protocolizar y registrar junto con la presente providencia.

11.4. Ahora bien, no cabe duda de que lo aquí concluido en torno a la cabida del terreno objeto de la ocupación tiene efectos en la determinación del valor del mismo, circunstancia que, aunada a las inconformidades manifestadas por la parte actora en torno a la manera cómo el a quo lo estableció, hace necesario volver sobre este punto. En esa perspectiva se resumen los elementos de convicción que obran en el expediente sobre el valor de cada hectárea de terreno ocupada por el Ejército Nacional:

11.4.1. Según se desprende de lo consignado en la escritura pública de compraventa del inmueble litigioso, para el año 2000, el valor de cada hectárea del mismo era de $ 37.905,58 —supra párrafo 8.1—.

11.4.2. El 19 de diciembre de 2003, la propietaria del terreno, a través de sus representantes —una de los cuales ha sido la apoderada de la parte actora en este proceso— pidió por el total del área ocupada $ 200.000.000, lo cual implica que, a su juicio, cada una de las 32 hectáreas valía $ 6.250.000 —supra párrafo 8.6—.

11.4.3. La parte actora allegó junto con la reforma a la demanda: i) el informe “Análisis de productividad predio La Esmeralda, jurisdicción de Pueblo Nuevo, municipio de Tame, Arauca” realizado por el señor Herliz Ramiro Silva Sánchez quien, además de ser técnico profesional en ingeniería agropecuaria, se había desempeñado como avaluador certificado del Banco Agrario desde el año 2002(30), en el que se indica que para la época de realización del experticio, septiembre de 2006, el valor de cada hectárea en la zona era de $ 6.000.000 pero que, por las afectaciones sufridas por el predio La Esmeralda, a dicho valor había que restarle $ 1.800.000 (fl. 418, cdno. 2)(31); ii) el formato de avalúo de predios y/o mejoras rurales del Banco Agrario diligenciado por el mismo señor Silva Sánchez después de una visita llevada a cabo el 11 de diciembre 2005 en el que, pese a señalarse los inconvenientes que tuvo para el predio la ocupación del Ejército, el valor de la hectárea se estimaba en $ 6.000.000 —$ 5.424.257 en noviembre de 2003— (fl. 424, cdno. 2)(32); y iii) los avalúos comerciales realizados por el arquitecto-valuador Edwin Fernando Ayerbe(33) en noviembre de 2003 y diciembre de 2005 en los que se indica que el valor promedio de la hectárea en esa zona en noviembre de 2003 era de $ 5.913.333(34).

11.4.4. Con la contestación de la demanda y en respuesta a un oficio del a quo, la entidad demandada aportó el informe de avalúo comercial rural del predio La Esmeralda realizado en mayo de 2004 en el que se determinó que el valor de la hectárea era de $ 1.200.000 —supra párrafo 8.7(35).

11.4.5. En el escrito de aclaración y complementación del dictamen pericial practicado dentro del proceso en el año 2011 se indicó que, del total de las 32 hectáreas ocupadas por el Ejército Nacional, 15,3495 valían un total de $ 1.611.934.446,93, esto es, un promedio de $ 105.015.436.78 por hectárea —$ 74.738.590 hacia finales de 2003(36)—, por el hecho de ser un área destinada al desarrollo del centro poblado de Puerto Jordán; mientras que las 16,7525 hectáreas restantes valían $ 9.760.000 cada una —$ 6.946.108 para finales de 2003(37)(38). Ahora bien, es de anotar que, entre los documentos que se allegaron como anexos a la adición y complementación del dictamen, obra la escritura pública de compraventa 1346 otorgada el 15 de diciembre de 2007 en la Notaría Única del Circuito de Tame (Arauca), mediante la cual la señora Luz Dary Montoya vendió al Ejército Nacional la finca La Bonanza que, según el estudio de conveniencia y oportunidad referenciado en el contenido de la escritura, era necesaria para “construir nuevas instalaciones y poder albergar el personal de la Brigada Móvil 5 y adicionalmente para mantener el control militar del área rural del municipio de Tame”. Dicha finca tenía un área aproximada de 90 hectáreas, colindaba con predios de otros particulares y se vendió por un total de $ 383.670.000 —$ 4.263.000 por hectárea— “conforme al avalúo de fecha octubre 10 de 2007, elaborado por la Lonja Inmobiliaria S.C.A. Arauca, perito Ricardo Tabares Loaiza” —de modo que, llevada a su valor histórico en noviembre de 2003, la hectárea del terreno en esa época habría costado $ 3 489 995— (fl. 334-337 a-z anexa al expediente).

11.5. Analizados en su conjunto estos elementos la Sala estima que la cifra que debe tomarse en cuenta para efectos de determinar el valor comercial del predio ocupado por el Ejército Nacional es el promedio de lo estimado en mayo de 2004 por el IGAC —$ 1.200.000— y lo señalado en noviembre de 2003 por el arquitecto-valuador Edwin Fernando Ayerbe —$ 5.913.333—, esto es, $ 3.556.666.5. Lo anterior en consideración a las siguientes razones:

11.5.1. Aunque en el avalúo realizado por el IGAC —supra 11.4.4— se tiene en cuenta que el predio tenía una ubicación privilegiada en relación con el casco urbano de Pueblo Nuevo y con la carretera pavimentada que de Tame conduce a Arauca, no se pondera el hecho de que, como lo muestran otros medios de convicción obrantes en el proceso, dicha carretera era de importancia estratégica para la región, circunstancia a la que se agrega el que, contrario a lo allí indicado sobre “la mala calidad de los suelos que determinan las condiciones de explotación del predio”, obra en el expediente abundante material probatorio que demuestra que el predio ocupado sí podía ser utilizado para ganadería y para agricultura; de donde se concluye que aquél sí fue subvalorado en dicho estudio.

11.5.2. Si bien es cierto que el realizado por un arquitecto-valuador en noviembre de 2003 —supra 11.4.3— es el que mejor podría dar cuenta del valor del terreno al momento de la ocupación en tanto que: i) según se desprende del hecho de que no hace mención alguna a esta última, fue realizado tan sólo días antes de que ocurriera, ii) también tiene en cuenta las dificultades de orden público a las que se refiere el informe del IGAC y que, sin lugar a dudas, tenían incidencia directa en el valor del predio al momento de la ocupación, y iii) se trata de un estudio sustentado en un análisis detallado de las características del bien, incluyendo las supuestas posibilidades urbanísticas(39), realizado por una persona respecto de la cual se acreditó la experticia técnica para realizarlo, a la Sala no le genera plena credibilidad. Lo anterior porque, además de lo señalado en el acápite de validez de los medios de prueba, se advierte que: i) no indicó las ofertas de precios similares con base en las cuales calculó el valor dictaminado(40); ii) si se le suma lo avaluado por el concepto de las mejoras realizadas en el predio(41), termina señalando un valor superior al que los mismos demandantes estimaron en el marco del proceso de negociación directa que se llevó a cabo con el Ejército Nacional —$ 200.000.000 por el total de la franja ocupada, sin distinguir entre valor del terreno y de las mejoras a él incorporadas, supra párr. 8.6 y 11.4.2—, lo cual resulta sumamente sospechoso si se tiene en cuenta que, por una parte, para el momento de dicha negociación aquellos ya sabían que la pérdida de esa franja de terreno les representaría importantes costos económicos(42) que necesariamente debían procurar recuperar a través del precio ofertado y, por la otra, que la experiencia indica que en cualquier proceso de negociación y, con mayor razón, en uno como el adelantado en el sub examine en donde la entidad pública ya había llevado a cabo la ocupación y los demandantes no podían dudar del hecho de que esta tendría que resarcirles el valor del predio, lo usual es que, en un primer momento, se solicite una suma superior a la del valor que, al cabo de la negociación, espera obtenerse; y iii) todo ello sin mencionar lo inverosímil que resulta el que un predio que en el año 2000 fue adquirido por tan sólo $ 37.905,58 la hectárea —supra párr. 8.1 y 11.4.1—, tres años después pudiera valer 15.600 veces más.

11.5.3. Lo que viene de ser indicado aunado a otras circunstancias también le resta credibilidad a lo que en el dictamen practicado en el marco del proceso se estableció sobre el valor de la hectárea de terreno —supra 11.4.5—. Así, se advierte que este dictamen: i) fue elaborado cerca de ocho años después de la ocupación, esto es, para un momento histórico en el que las condiciones del terreno pudieron cambiar notablemente y beneficiarse tanto de la mejoría de la situación de orden público que presentaba la zona —y de la cual se da cuenta en el mismo dictamen—, como de la formulación de nuevos proyectos productivos —se recuerda que uno de los principales elementos que se tuvo en cuenta en el dictamen fue el “Plan estratégico de productividad y competitividad del departamento de Arauca”, desarrollado durante los años 2005 a 2007 por el Centro para la Investigación y el Desarrollo CID, la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Colombia y la Gobernación de Arauca—; ii) no explicó las razones de la diferencia sustancial del precio de la hectárea de la finca La Esmeralda y de la finca La Bonanza que, por ser utilizadas para las instalaciones del Ejército en el mismo municipio, debían tener características similares; iii) dio por sentado que había una parte del terreno ocupado que iba a ser utilizado para desarrollos urbanísticos cuando, al margen de que hubiera sido posible realizar algunas ventas —supra párr. 8.4—, el plan de ordenamiento territorial del municipio no autorizaba dichos desarrollos y, en consecuencia, estos carecían de sustento jurídico —supra párr. 8.1—; y iv) presentó inconsistencias sobre este supuesto desarrollo urbanístico(43).

11.5.4. Dado que, teniendo en cuenta los mismos elementos, esto es, las supuestas afectaciones sufridas por el predio La Esmeralda por cuenta de la ocupación realizada por el Ejército, el señor Herliz Ramiro Silva Sánchez, a nueve meses de distancia, realizó dos avalúos cuyo valor difiere en $ 1.800.000 por hectárea, esto es, casi un 30% del valor —supra 11.4.3—, dichos estudios tampoco generan plena credibilidad en torno al valor del predio.

11.6. Así las cosas, la Sala concluye que el valor a reconocer por la franja de terreno ocupada es el resultado de multiplicar $ 3.556.666.5 por 32.1020 hectáreas, lo cual arroja un total de $ 114.497.128, suma que, actualizada a la fecha de esta providencia(44), equivale a $ 211.691.659,71. Ahora bien, es de precisar que, en tanto está acreditado en el expediente que la propietaria del terreno ocupado es la señora Leonor Alza González —supra párrafo 8.1—, es a ella y no a los dos demandantes a quien debe indemnizársele el valor del mismo, en ese sentido también se modificará la condena proferida por el a quo.

11.7. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el valor de las mejoras existentes en el terreno ocupado —supra pretensión 2.2.1.1. y párrafo 5.1.4 y 5.2.4—, la Sala considera que el mismo está comprendido dentro del reconocido como valor del terreno. Lo anterior por cuanto, al margen de que en los estudios técnicos considerados para efectos de determinar la suma a reconocer por el predio ocupado no se distinga entre las mejoras que se encuentran dentro de la franja efectivamente ocupada por el Ejército Nacional y las que se ubicarían en el predio de mayor extensión(45), es evidente que, al menos en aquél por el cual se incrementa notoriamente el valor del terreno, esto es, el del arquitecto avaluador Ayerbe Jara, las mejoras que, se infiere, se encontrarían en la parte ocupada, esto es, las relativas a las cercas y los pastos(46), sí fueron tenidas en cuenta a la hora de determinar el valor de la hectárea de terreno, en tanto que, para fijarlo, se consideraron las actividades de explotación agropecuaria realizadas en el mismo, actividades para el desarrollo de las cuales eran indispensables dichas construcciones.

11.7.1. Sobre este punto es de anotar que aunque el a quo había reconocido una indemnización parcial por dichas mejoras, tomando como valor de las mismas lo inicialmente determinado por el perito designado en el presente proceso, bajo el entendido de que se trataba de “bienes y construcciones del inmueble ocupado”, el hecho de que en esta instancia dejen de reconocerse no vulnera el principio de la no reformatio in pejus en tanto que, en todo caso, el valor finalmente reconocido por el daño emergente consistente en el valor del terreno ocupado y de las mejoras en él instaladas no es inferior al reconocido en la sentencia de primera instancia.

12. En lo que tiene que ver con la pérdida de valor del predio de mayor extensión —supra párrafo 5.2.2— producida como consecuencia de la ocupación llevada a cabo por el Ejército Nacional, la Sala advierte que se trata de una de las pretensiones que la parte actora elevó como subsidiaria —supra numeral 2.2.1.2 de las pretensiones de la demanda— a aquélla consistente en que se reconociera y pagara el valor total de la finca La Esmeralda —supra numeral 1.2.1.1 de las pretensiones de la demanda—, bajo el entendido de que la ocupación del Ejército Nacional habría impedido su explotación y, finalmente, habría ocasionado su abandono —supra párr. 5.2.1—. Ahora bien, teniendo en cuenta que, como pasa a explicarse, esta última no está llamada a prosperar, es procedente pronunciarse sobre aquélla.

12.1. En efecto, aunque está acreditado en el expediente que, como consecuencia de la ocupación de una franja del predio La Esmeralda, los demandantes tuvieron inconvenientes para continuar con la explotación del predio de mayor extensión, ello no es suficiente para considerar que perdieron totalmente la disposición sobre el mismo, única circunstancia que daría lugar a que se les indemnizara la totalidad de su valor. Lo anterior en tanto que si bien es cierto que algunos de los testigos señalaron que miembros del Ejército Nacional ponían trabas para el acceso al predio de mayor extensión, también lo es que en ningún momento se acreditó que dichas trabas fueran de tal naturaleza que obstaculizaran completamente el acceso al mismo —contrario a lo afirmado en el dictamen pericial practicado en el proceso a propósito del hecho de que “la fuerza pública no permite la realización de actividades sobre el predio así como tampoco el acceso al mismo” (fl. 14 a-z anexa al expediente)(47), coincidente con lo señalado por varios testigos(48), está demostrado que pese a ciertos roces que tuvo con personal del Ejército, para octubre de 2007 el administrador de la finca seguía accediendo a la misma, tanto así que la utilizaba para el pastoreo de algunas cabezas de ganado(49)—, o que el Ejército Nacional utilizara el predio de mayor extensión para la realización de actividades militares —según se desprende de las fotografías anexas a los distintos estudios técnicos allegados al proceso, los miembros de dicha entidad se acantonaron en la franja de terreno en la que se instaló la base militar, la cual se observa debidamente delimitada—.

12.1.1. De acuerdo con lo acreditado en el expediente se tiene entonces que, en realidad, las mayores trabas para continuar con la explotación del predio venían de los problemas de seguridad que ello implicaba para quienes eran conocidos como dueños de la finca, respecto de quienes se rumoraba la habían cedido voluntariamente al Ejército, y de la dificultad para encontrar mano de obra por el miedo que implicaba la colindancia con una base de este último; circunstancias que no implicaron que los demandantes dejaran de detentar la tenencia material del predio de mayor extensión —pues pudieron mantenerla a través de su administrador—, o que se vieran en la imposibilidad jurídica o fáctica de disponer del mismo.

12.2. En este orden de ideas es procedente que la Sala se pronuncie sobre la pretensión subsidiaria consistente en que se reconozca la depreciación que habría sufrido el predio de mayor extensión como consecuencia de la ocupación de una franja del mismo y que, de acuerdo con la demanda, deriva del hecho de que, con esta última: i) aumentó la inseguridad para la explotación de aquél; ii) se perdió el acceso a la fuente de agua natural de que se disponía; iii) se perdió el atractivo comercial derivado de su potencial urbanístico; y iv) se perdió la colindancia con el casco urbano de Pueblo Nuevo; circunstancias sobre las cuales advierte la Sala que las únicas que, a su juicio, sí implicaron una depreciación definitiva del valor comercial del bien, son las relativas a la pérdida de la fuente de agua natural del predio y la de la colindancia con el casco urbano de Pueblo Nuevo.

12.2.1. Lo anterior por cuanto: i) el supuesto aumento de la inseguridad para la explotación del predio no es de carácter definitivo en tanto que es evidente que el cambio de las condiciones de orden público la haría desaparecer, de modo que la depreciación sufrida por este factor sería una variable temporal que, en el mercado fluctuante de la finca raíz, sólo habría implicado un detrimento patrimonial efectivo en el caso en el que el predio hubiere sido vendido justamente durante la época de su incidencia, circunstancia que no está acreditada en el plenario en el que, al contrario, está demostrado que la demandante propietaria del terreno mantuvo su titularidad y que, por lo tanto, bien puede beneficiarse del cambio de condiciones para negociarlo en un precio en el que no se refleje el factor de depreciación cuya indemnización solicita(50); y ii) dado que, como ya se señaló, el plan de ordenamiento territorial del municipio de Tame no contemplaba que el suelo de la finca La Esmeralda pudiera ser utilizado para fines urbanos, el atractivo comercial que derivaría de su potencial urbanístico estaría fundado sobre una mera expectativa —la del posible cambio del POT—; ello sin mencionar que, de acuerdo con los medios de convicción obrantes en el proceso, se tiene que dicho potencial concernía a una zona comprendida dentro de la franja ocupada y no a la totalidad de la finca(51).

12.2.2. Por el contrario, no hacen falta mayores elucubraciones para concluir que, para un predio rural, dedicado a la ganadería y a la agricultura, la pérdida de su fuente natural de agua implica necesariamente una pérdida de su valor comercial; así como que hay una depreciación que se deriva de la pérdida de colindancia con el casco urbano en tanto que implica un aumento en el tiempo necesario para acceder a los bienes y servicios que ofrece un poblado como Pueblo Nuevo(52), así como de la posibilidad de desarrollar actividades que, siendo propiamente agrícolas o ganaderas, fueran de acceso inmediato para quienes tuvieran su centro de actividades en dicho poblado(53), como sería el caso de, por ejemplo, el embarque y desembarque de ganado o, incluso, la comercialización y almacenamiento de la producción agrícola. Ahora bien, en punto a determinar el valor de la depreciación que se deriva de estas circunstancias, la Sala considera que se trata del 10% del valor comercial del total del predio de mayor extensión, calculado tal como lo fue el de la franja ocupada, esto es, tomando como valor de la hectárea de terreno la suma de $ 3.556.666.5 y multiplicándolo por el número de hectáreas del predio de mayor extensión, a saber, 86.5649(54), lo cual arroja un gran total de $ 30.788.240, suma que, actualizada a la fecha de esta providencia(55), equivale a $ 56.923.817,56 y que debe ser reconocida a la propietaria del predio.

12.2.3. La Sala adopta dicho porcentaje teniendo en cuenta los de depreciación del bien que fueron estimados en los diferentes estudios técnicos allegados al proceso y que tuvieron en cuenta más factores de pérdida de valor de los que, como se explicó, se consideran pertinentes, circunstancia que obliga a descontar los porcentajes de depreciación a los que corresponderían los factores excluidos(56); así como el hecho de que, según el dictamen pericial practicado en el marco del proceso, el restablecimiento de la fuente de agua para el predio —principal factor de depreciación— costaría, en noviembre de 2003, $ 17.646.159,93(57), es decir, un 5,7% del valor total del bien(58), aspecto que lleva a reconsiderar el porcentaje total de la pérdida de valor(59).

13. Respecto a las obras civiles necesarias para reestablecer la productividad del predio de mayor extensión —supra párrafo 2.2.1.3, 5.2.3 y 5.2.4—, la Sala advierte que:

13.1. No está acreditado que la avería de la totalidad de las cercas, praderas(60), casa de habitación, cultivos(61), saladeros y corral de manejo de ganado existentes en el predio La Esmeralda haya sido consecuencia directa de la ocupación llevada a cabo por el Ejército Nacional. Lo anterior por cuanto: i) si bien es cierto que varios de los testigos traídos al proceso indican que eran miembros de dicha institución quienes derribaban con frecuencia las cercas existentes en el terreno, todo parece indicar que se refieren a aquellas que circundaban el terreno ocupado y cuyo valor, según se señaló, estaría incluido en el de dicha franja(62); ii) como ya se explicó, no está demostrado que el Ejército Nacional haya cerrado completamente el acceso a la finca La Esmeralda y es inverosímil pensar que lo hizo al punto de impedir que se realizara algún tipo de mantenimiento y/o explotación en un terreno que, descontado el ocupado por instalaciones militares, tenía más de 70 hectáreas y, por lo tanto, bien podía ser aprovechado, sino en su integridad, al menos sí en algunas zonas(63); iii) como ya se señaló, todo parece indicar que el administrador de la finca sí tenía acceso a la casa de habitación que en ella se encontraba, en tanto no se acreditó que existiera otro lugar en el que él y su familia pudieran pernoctar, de modo que existía la posibilidad de hacerle mantenimiento; y iv) aunque todos los medios de convicción allegados al expediente dan por sentado que, con la ocupación del Ejército, se imposibilitó la explotación del corral de manejo de ganado existente en el predio, dicha circunstancia no se acreditó en el plenario(64).

13.2. No hay lugar a indemnizar el valor que sería necesario para reestablecer la fuente de agua del predio pues ello implicaría otorgar una doble indemnización por el mismo concepto en tanto que, como su nombre lo indica, dicho restablecimiento estaría destinado a procurar que el bien recuperara la ventaja perdida y ya se reconoció una indemnización por la depreciación derivada de dicha pérdida.

13.3. Tampoco hay lugar a reconocer el valor requerido para realizar la barrera de protección que, de acuerdo con el dictamen pericial, sería necesaria para garantizar que el predio pudiera ser utilizado para la actividad ganadera que venía desarrollándose antes de la ocupación. Lo anterior pues, aunque allí se señalan las razones por las cuales los semovientes no debían ubicarse cerca de las instalaciones militares(65), también se menciona que dicha dificultad podía solucionarse trasladando el ganado a las áreas del predio más apartado, solución que, aunque se presenta como problemática(66), de acuerdo con los demás elementos de convicción obrantes en el expediente, no lo es. Lo anterior por cuanto, como se indicó en dicho estudio, dato coincidente con el de otros estudios técnicos aportados al expediente, el manejo ganadero del predio “permitía una capacidad de carga de tres animales por hectárea”(67), de modo que el ganado que normalmente se manejaba en el predio —en promedio 200 en los años 2002 y 2003, supra párr. 8.9— podía trasladarse a las más de 86 hectáreas de la finca La Esmeralda que quedaron libres luego de la ocupación y que, de acuerdo con lo señalado por los testigos y estudios técnicos traídos al proceso, eran aptas para la actividad por estar todas empradizadas. Ahora bien, si dicho traslado era imposible por, por ejemplo, la pérdida de acceso a la fuente natural de agua, esta circunstancia habría sido reparada con la indemnización reconocida por la depreciación del predio por ese concepto, la cual bien podría ser destinada a realizar los trabajos requeridos para restablecer dicho acceso y que, como se desprende del dictamen pericial practicado en el proceso, tiene un valor menor al reconocido por la depreciación.

13.4. Finalmente, la Sala también se abstendrá de reconocer el valor de los supuestos portones metálicos que existían en la finca y que el Ejército Nacional habría destruido en tanto que, pese a ser detallado sobre los daños que los miembros de dicha institución habrían causado al predio, el administrador de la finca, quien era la persona que mejor la conocía, nada menciona sobre el particular.

14. A propósito de los gastos en que debieron incurrir los demandantes para mantener la explotación ganadera en el predio y, posteriormente, para trasladar el ganado a otro lugar —supra pretensión 2.2.1.4, 2.2.1.5, 2.2.1.6, 2.2.1.7 y 2.2.1.8 y párr. 5.2.5— la Sala únicamente tiene por probados los siguientes: i) $ 1.200.000 que, de acuerdo con el testimonio del señor Diosenel Solano (fl. 115, cdno. 7), y el recibo de caja menor de 1º de marzo de 2004 expedido por Leonilde Quiroga, se le cancelaron a esta última por concepto de “fletes por sacada ganado finca La Esmeralda” (fl. 647, cdno. 2); y ii) $ 12.000.000 a que equivaldrían los seis meses de arrendamiento de pasto que, de acuerdo con la jurisprudencia de la corporación(68), serían necesarios para que los demandantes, atendiendo al deber que les corresponde de mitigación del daño, recompusieran la actividad económica(69); ello en consideración a que está suficientemente demostrado en el expediente que, al menos parte del ganado que se encontraba en la finca tuvo que ser evacuado por las dificultades que presentó la ocupación y, en particular, las dificultades que sobrevinieron para acceder a los recursos hídricos.

14.1. Por el contrario, la Sala considera que las pruebas tendientes a acreditar gastos relativos a: i) la construcción de un acceso y un mangón(70); ii) las heridas que habrían sufrido algunos de los semovientes allí instalados como consecuencia de un ataque a la base militar(71); iii) los jornales que debieron ser pagados a tres vaqueros para poder buscar un ganado perdido(72); y iv) los gastos en los que se incurrió por diferentes trabajos en la finca(73), no ofrecen mayor grado de credibilidad; razón por la cual dichos perjuicios deben ser denegados.

14.2. Teniendo en cuenta que, como ya se explicó, no está acreditado que la imposibilidad de utilizar el corral de ganado supuestamente existente en la finca deviniera de la ocupación del Ejército, no podrían reconocerse como perjuicios derivados de esta última los gastos en los que los demandantes habrían incurrido para: i) alquilar un corral para el manejo del ganado; y ii) manejar dicho ganado en ese corral(74).

14.3. Así las cosas, el total que debe reconocerse por este concepto es de $ 24.266.267,81; suma que resulta de actualizar a la fecha de esta sentencia el $ 1.200.000 pagado por fletes el 1º de marzo de 2004 —lo cual arroja un total de $ 2.138.844,24— y de aplicar la fórmula del lucro cesante consolidado por seis meses al valor pagado por concepto de pastoreo en enero de 2004, previa actualización a la fecha de esta sentencia —lo cual equivale a $ 22.127.423,57—.

15. Respecto a la pérdida de un cultivo de maíz —supra pretensión 2.2.1.9 y párrafo 5.2.6— a la que se refiere específicamente la parte actora en su recurso de apelación(75), la Sala considera que, como ocurre en relación con los demás cultivos mencionados en la demanda, no está demostrado que su pérdida o avería haya sido consecuencia directa de la ocupación por parte del Ejército Nacional en tanto que, por una parte, se tiene que el mismo se encontraría alejado de la zona en la que ocurrió la ocupación y, por la otra, no está suficientemente demostrado el que la ausencia de mantenimiento del mismo obedeciera a una imposibilidad absoluta de conseguir mano de obra para cumplir con dicha labor. Lo anterior sin mencionar lo extraño que resulta el que, pese a que en la demanda presentada el 19 de diciembre de 2005 se menciona el desarrollo de actividades agrícolas, nada se indica sobre la supuesta destrucción del cultivo ni se formula una pretensión indemnizatoria específica sobre el particular cuando, según las pretensiones incluidas con la reforma a la demanda, desde enero de 2004 había resultado imposible continuar con la explotación agrícola —supra pretensión 1.2.2.7 y 2.2.2.10—.

16. Por razones similares la Sala se abstendrá de reconocer indemnización alguna por la supuesta pérdida de ocho animales cebú brahaman mejorados —supra pretensión 2.2.1.9 y párrafo 5.2.7— pues, a pesar de que los testigos que comparecieron al proceso afirman haber conocido de la muerte de dos toros y de la desaparición de otros seis, sin precisar las características de los mismos, dichas afirmaciones contrastan con el hecho de que, pese a haber sido presentado en un momento para el cual dichos hechos ya se habrían producido, el libelo introductorio se limita a indicar que: i) con la ocupación, los animales que pastaban en el predio se salían constantemente, lo cual implicó que se realizaran múltiples erogaciones para su búsqueda; y ii) con ocasión “de la explosión de un carro bomba instalado en el predio por desconocidos, arios de los ejemplares sufrieron heridas de consideración que debieron ser atendidas por un médico veterinario” (hechos 35 a y b de la demanda), sin señalar la pérdida o muerte de animal alguno y sin formular ninguna pretensión indemnizatoria específica sobre el particular —la pretensión 2.2.1.9 es de carácter genérico—, lo cual le resta credibilidad al dicho de aquéllos en tanto no podían conocer, mejor que los dueños de los animales, los daños que se les causaron a estos últimos.

V.2. Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante

17. En lo que tiene que ver con el perjuicio derivado de la supuesta imposibilidad de continuar con el alquiler del corral —supra pretensión 2.2.2.1 y párrafo 5.2.11—, la Sala, en consonancia con lo ya expuesto en torno al hecho de que no se acreditó de manera fehaciente que haya sido el Ejército Nacional quien prohibió el ejercicio de dicha actividad productiva, se abstendrá de reconocerlo.

17.1. A propósito de la supuesta ganancia frustrada por la imposibilidad de mantener y vender toros cebú pie de cría y cebú comercial en la finca La Esmeralda —supra pretensiones 2.2.2.2 y 2.2.2.9 y párrafo 5.2.6—, es necesario tener en cuenta varios aspectos: i) como ya se señaló, de acuerdo con la capacidad de carga de ganado que tenía cada una de las hectáreas del predio y el número de animales que, en promedio, se mantenía en la finca, no es posible concluir que, con la ocupación por parte del Ejército de una franja del terreno, se frustró la posibilidad de continuar con la explotación ganadera que venía realizándose(76); ii) si bien es cierto que, como se explicó, dado que la ocupación cercenó el acceso a la fuente de agua del predio, circunstancia que obligó a que el ganado fuera trasladado a otro lugar de pastoreo, al menos durante el tiempo estimado necesario para restablecer el mismo, los costos implicados por dicho traslado y manutención serán objeto de indemnización a título de daño emergente; iii) el hecho de que, como lo indican varios de los testigos traídos al proceso, el señor Alza Hernández no haya podido continuar con la venta de ganado que realizaba en la finca La Esmeralda no significa necesariamente que el total de sus ventas haya disminuido, demostrado como está que, en todo caso, mantenía su centro de operaciones comerciales en el municipio de Saravena, en donde podía seguir exhibiendo el ganado que tenía para la venta(77) y, además, que como se infiere de lo afirmado por los testigos, conservaba la clientela adquirida en Pueblo Nuevo, hacia donde podía hacer llegar el ganado comercializado. Sobre este punto es de precisar que correspondía a los demandantes demostrar, por cualquier medio probatorio, que luego de la ocupación de la finca La Esmeralda, el total de cabezas de ganado que solían vender en un período determinado disminuyó en una cifra fácilmente detectable, circunstancia que no se acreditó y que, por ende, impide reconocimiento alguno del supuesto lucro cesante que se derivaría de la disminución de dichas ventas.

18. En relación a lo dejado de percibir por cuenta de la actividad urbanística que había empezado a desarrollarse, a saber: i) por no haber podido concretar los contratos de compraventa prometidos, y ii) por la pérdida de oportunidad de haber continuado con el loteo del terreno —supra pretensiones 2.2.2.3 y 2.2.2.4 y párrafo 5.2.12 y 5.2.13—, la Sala considera que no hay lugar a otorgar indemnización alguna en tanto que, en relación con los lotes prometidos en venta, no está acreditado que se hubieren adelantado los trámites requeridos para concretar el respectivo proceso de escrituración, a saber, los consagrados en la Ley 387 de 1998 y sus decretos reglamentarios(78). Lo anterior sin mencionar que, de conformidad con lo antes expuesto sobre el hecho de que las perspectivas urbanísticas del predio constituían una mera expectativa en tanto el plan de ordenamiento territorial del municipio no fuere modificado, la oportunidad supuestamente perdida por los demandantes no tenía la certeza requerida para constituir un daño susceptible de ser indemnizado.

19. En lo que tiene que ver con lo dejado de percibir por cuenta de la explotación agrícola —supra pretensiones 2.2.2.10 y párrafo 5.2.10—, la Sala precisa que se trata de una pretensión indemnizatoria que sólo fue formulada con la reforma a la demanda, esto es, el 2 de octubre de 2006, es decir, dos años y siete meses después de que, según lo señalado en el mismo escrito reformatorio, se consolidara el daño —1º de enero de 2004—, circunstancia que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de la Sección Tercera(79), implica que se trate de una pretensión respecto de la cual operó el fenómeno de caducidad de la acción(80), lo cual conlleva a que sea denegada(81). Ahora, en gracia de discusión vale la pena recordar que, como ya se explicó, no está suficientemente acreditado que la imposibilidad de continuar con la explotación agrícola de la finca La Esmeralda sea imputable a la ocupación que, sobre una franja de terreno, adelantó el Ejército Nacional.

20. Finalmente, dado que no hay lugar a reconocer los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante indicados por la parte actora en su recurso de apelación pero que, como lo consideró el a quo, de haber sido cancelado en el momento de la ocupación, el valor histórico de la franja de terreno ocupada habría producido, al menos, el interés legal —6% anual, artículo 1617 del Código Civil—, máxime cuando está acreditado que los demandantes sí lo explotaban económicamente, hay lugar a reconocerlo de conformidad con la fórmula consagrada para ello(82), teniendo en cuenta que el número de meses a liquidar es el transcurrido entre el momento de la ocupación —noviembre de 2003— y el mes en el que se profiere la presente sentencia —febrero de 2017—, es decir, un total de 171 meses. Así, por concepto de lucro cesante hay lugar a reconocer un total de $ 97 895 044.44.

V.3. Perjuicios inmateriales. Daño moral

21. Aunque en el recurso de apelación la parte actora señala de manera incidental que el valor de los perjuicios morales reconocidos por el a quo debía aumentarse, la Sala se abstendrá de hacerlo en consideración a que, contrario a lo alegado en la demanda, no se demostró que los demandantes hubieren sufrido el desarraigo que justificaría el que se otorgara una suma como la reconocida por el a quo o superior. En efecto, si bien se acreditó que aquéllos no pudieron volver a la finca La Esmeralda, también está suficientemente demostrado que su principal centro de actividades se encontraba en otra finca ubicada en el mismo departamento(83), de modo que no es cierto que con la ocupación del Ejército Nacional hubieren sufrido los padecimientos propios de quien se ve obligado a abandonar la región en la que desempeña sus actividades o, incluso, a cambiar estas últimas(84). En ese orden de ideas, por virtud del principio de la no reformatio in pejus, la Sala se limitará a mantener las condenas proferidas por este concepto.

VIII. Costas

25. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de los intervinientes dentro del presente trámite, razón por la cual no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia de 20 de noviembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, la cual quedará así:

PRIMERO. DECLÁRESE no probada la excepción denominada “Caducidad de la acción” propuesta por la parte demandada la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL, de acuerdo con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. DECLÁRESE probada de oficio la excepción de caducidad de la acción respecto de las pretensiones indemnizatorias formuladas en el escrito de reforma a la demanda relativas a lo dejado “de percibir por la imposibilidad de haber podido continuar explotando el predio La Esmeralda a consecuencia del hecho dañoso, en actividades agrícolas desde el 1º de enero de 2004 hasta la fecha del dictamen y desde la fecha del dictamen hasta un período proyectado de cinco años…”.

TERCERO. DECLÁRESE la responsabilidad patrimonial de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL, por los perjuicios causados a la señora LEONOR ALZA GONZÁLEZ y al señor BERNARDO ALZA HERNÁNDEZ, en razón a la ocupación de una franja de terreno de la finca “La esmeralda”, a la cual le corresponde el folio de matrícula inmobiliaria 410-2049 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Arauca; franja cuya área no es inferior a 32,1020 hectáreas y cuyos linderos deberán ser determinados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, de conformidad con la parte motiva del presente proveído —supra párrafo 11.3.2—.

CUARTO. En consecuencia, CONDÉNASE a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL a pagar a la señora LEONOR ALZA GONZÁLEZ los perjuicios que a continuación se relacionan:

• PERJUCIOS MATERIALES: DAÑO EMERGENTE

1. POR EL VALOR DEL TERRENO OCUPADO: La suma de DOSCIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 211.691.659,71).

2. POR LA PÉRDIDA DE VALOR DEL PREDIO DE MAYOR EXTENSIÓN: La suma de CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 56.923.817,56).

QUINTO. CONDÉNASE a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL a pagar a los señores LEONOR ALZA GONZÁLEZ y BERNARDO ALZA HERNÁNDEZ los perjuicios que a continuación se relacionan:

PERJUCIOS MATERIALES: DAÑO EMERGENTE

POR LOS GASTOS EN QUE TUVIERON QUE INCURRIR LOS DEMANDANTES PARA TRASLADAR EL GANADO A OTRO LUGAR: La suma de $ 24.266.267,81

• PERJUICIOS MATERIALES: LUCRO CESANTE

La suma de $ 97.895.044.44.

• PERJUCIOS MORALES

La suma equivalente a CINCUENTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES Y VIGENTES (50) para cada uno de los demandantes.

SEXTO. DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO. ORDÉNASE al Instituto Geográfico Agustín Codazzi que, con base en los planos adjuntos al dictamen pericial obrante en el proceso (fl. 216 y 217 a-z anexa al expediente), determine precisamente los linderos del predio ocupado y que, se insiste, no puede ser inferior a las 32,1020 hectáreas, teniendo buen cuidado que dentro de los mismos no se encuentren las franjas de terreno que ya habían sido vendidas a terceros —supra párrafo 8.4— y respecto de las cuales se indicó en la demanda que pudieron ser entregadas materialmente a los compradores, antes de la ocupación del Ejército —hecho 37 de la demanda, folio 15—, concepto que el Ejército Nacional se ocupará de protocolizar y registrar junto con la presente providencia.

OCTAVO. En los términos del artículo 219.2 del Código Contencioso Administrativo, esta sentencia constituye título traslaticio de dominio del predio ocupado en favor del Ejército Nacional.

NOVENO. EJECUTORIADO el presente fallo, se devolverán por Secretaría los saldos de los gastos, si los hubiere, luego se archivará con las desanotaciones en los libros correspondientes y los registros en el sistema.

DÉCIMO. La demandada dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

UNDÉCIMO. Sin condena en costas.

En firme este proveído, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

4 Se recuerda que, de acuerdo con el artículo 3º de la Ley 1395 de 2010, modificatorio del artículo 20.2 del Código de Procedimiento Civil y entrada en vigencia el 12 de julio de 2010, la cuantía se determinará por “el valor de la suma de todas las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la demanda” y en la demanda que dio origen a este proceso, presentada el 19 de diciembre de 2005, la suma aproximada de todas las pretensiones supera los dos mil millones de pesos (fl. 25, cdno. 1), monto que supera la cuantía requerida por las normas indicadas en el cuerpo de la providencia para que un proceso adelantado en acción de reparación directa fuera considerado como de doble instancia ante esta corporación —500 smlmv considerados al momento de presentación de la demanda, esto es, $ 190.750.000 para el 2005, teniendo en cuenta que el salario mínimo legal mensual vigente para ese año era de $ 381.500—.

5 Según esta disposición: “Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley.// El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”.

6 Acta 2 de la sesión del 26 de enero de 2017.

7 “Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. El documento público se presume auténtico, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad”.

8 “Los documentos privados auténticos tienen el mismo valor que los públicos, tanto entre quienes los suscribieron o crearon y sus causahabientes, como respecto de terceros. // Los documentos privados desprovistos de autenticidad tendrán el carácter de prueba sumaria, si han sido suscritos ante dos testigos”.

9 Es de señalar que las obrantes a folios 69 a 95 están en hojas con el membrete de Inversiones Betanuc S. en C., dicha circunstancia no permite tener certeza sobre el contexto en el cual fueron elaboradas las fotografías y, más importante aún, sobre la fecha en que fueron tomadas.

10 Norma según la cual “Ratificación de testimonios recibidos fuera del proceso. Sólo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos: // 1. Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior. // 2. Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 298 y 299. // Se prescindirá de la ratificación cuando las partes los soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera necesaria. // Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior”.

11 “Salvo disposición en contrario los documentos privados de terceros sólo se estimarán por el juez. // 1. Si siendo de naturaleza dispositiva o simplemente representativa son auténticos de conformidad con el artículo 252. // 2. Si siendo simplemente declarativos, su contenido se ha ratificado mediante las formalidades establecidas para la prueba de testigos, caso en el cual se apreciarán en la misma forma que los testimonios. La ratificación no será necesaria en el caso previsto en el inciso segundo, numeral 2º del artículo 229”.

12 “Son sospechosos para declarar las personas que en concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales u otras causas”.

13 Sobre este tema ver: Corte Constitucional, Sentencia C-622 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz. En el mismo sentido la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil en sentencia de 19 de septiembre de 2001, expediente 6424, sostuvo: “…el recelo o la severidad con que el fallador debe examinar esos testimonios, no lo habilita para desconocer a priori, su valor intrínseco, debido a que ‘la sospecha no descalifica de antemano…sino que simplemente se mira con cierta aprehensión a la hora de auscultar qué tanto crédito merece. Por suerte que bien puede ser que a pesar de la sospecha haya modo de atribuirle credibilidad a testigo semejante, si es que, primeramente, su relato carece de mayores objeciones dentro de un análisis crítico de la prueba, y, después —acaso lo más prominente— halla respaldo en el conjunto probatorio”. Finalmente esta corporación ha compartido los mismos criterios, al respecto consultar, por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencias de 29 de agosto de 2012, expediente 20412 C.P. (E) Danilo Rojas Betancourth y de 19 de junio de 2013, expediente 24682, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

14 Por ejemplo, los materiales de los cuales estarían hechas las cercas de la finca ocupada, así como los precios de los mismos; circunstancias sobre los cuales todos los testigos son elocuentes pese a que la pregunta formulada por el juzgado comisionado era de carácter general: “diga al juzgado de qué forma se encontraba la finca La Esmeralda para la época de los hechos”.

15 Resulta curioso que, al ser interrogados sobre las características del casco urbano de Pueblo Nuevo, los declarantes se atardan en señalar que, por ejemplo, en el mismo había un colegio sobre el cual se aventuran a señalar el número de estudiantes.

16 “Los mensajes de datos serán admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en las disposiciones del capítulo VIII del título XIII, Sección Tercera, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil. // En toda actuación administrativa o judicial, no se negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de información en forma de un mensaje de datos, por el sólo hecho que se trate de un mensaje de datos o en razón de no haber sido presentado en su forma original”.

17 Ver, sobre el particular, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 29 de mayo de 2012, expediente 11001-03-15-000-2011-01378-00(PI), C.P. Susana Buitrago Valencia y, recientemente, sentencia de 14 de julio de 2015, expediente (SU)110010315000201400105-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro en la que, a la regla de valoración mencionada, se agregaron precisiones en los eventos en los que: i) los recortes de prensa dan cuenta de hechos notorios; y ii) en los que transcriben las declaraciones de funcionarios públicos.

18 “El dictamen debe ser claro, preciso y detallado; en él se explicarán los exámenes, experimentos e investigaciones efectuados, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones”.

19 “Para la solicitud, aportación y práctica de pruebas, además de las disposiciones generales contenidas en el Código de Procedimiento Civil y demás disposiciones se dará aplicación a las siguientes reglas: // 1. Cualquiera de las partes, en las oportunidades procesales para solicitar pruebas, podrá presentar experticios emitidos por instituciones o profesionales especializados. De existir contradicción entre varios de ellos, el juez procederá a decretar el peritazgo correspondiente”.

20 En términos textuales dice el informe “Los predios donde se encuentra actualmente la base Militar de Pueblo Nuevo, son de propiedad de la señora Leonor Alza Gonzáles, los cuales fueron ocupados por tropas de la Brigada en el año 2003” (fl. 39, cdno. 6).

21 En efecto, en la escritura 672 se indicó que el predio de 627 m2 vendido a los señores Julio Cesar Velandia Carrillo y Venancio Eugenio Quintero colindaba, al norte, en 38 metros con Elvecio Sosa y el predio de mayor extensión también colindaba, al norte, con Elvecio Sosa, en una extensión de 610.93, caño Arenosa al medio, folio 62 y 62 vuelto, cuaderno 1.

22 Jairo Armando Cely Ariza, de quien se aporta copia del carné que lo acredita como miembro del Registro Nacional de Avaluadores, rango senior.

23 Jorge Porras Acevedo, de quien no se aporta ningún documento que acredite su calidad profesional, pero sí se advierte que suscribe el dictamen indicando que su matrícula profesional corresponde al número 011433 del CPNT.

24 Vale la pena señalar que la solicitud de aclaración de la sentencia de primera instancia formulada por el Ejército tenía que ver, justamente, con los linderos del área respecto del cual se declaraba la responsabilidad del Estado por la ocupación, por la importancia que dicho tema tenía en punto a la transferencia del derecho de dominio del bien (fl. 87-880, cdno. ppal.) y, en la providencia aclaratoria, se señalaron como linderos los mencionados en el avalúo del IGAC (fl. 906-907, cdno. ppal.).

25 Es de recordar que en dicho avalúo se estableció el valor total del predio ocupado determinando el valor comercial de la hectárea de terreno en la zona, para luego multiplicarla por el número de hectáreas que se estimaban ocupadas, esto es, las 18.66749542 indicadas.

26 En tanto se trata del punto de vista técnico de una entidad pública que tiene competencias específicas en la materia.

27 Al respecto basta señalar que en la reunión sostenida el 19 de diciembre de 2003 con el objeto de llegar a un acuerdo económico para la adquisición del predio siempre fue cuestión de 32 hectáreas de terreno —supra párrafo 8.6—.

28 A cuyo tenor: “De las promesas suscritas a noviembre de 2003, a tres finalmente se les dio cumplimiento otorgado otorgando la correspondiente escritura con el registro respectivo porque para la época de la ocupación militar ya se había hecho la entrega material del lote y se había recibido la totalidad del precio pactado en efectivo, e incluso ya estos compradores se encontraban en posesión de los lotes que habían adquirido, habían adelantado construcciones y habían instalado sus negocios, entre otras cosas, por lo que mis poderdantes no aceptaron su desistimiento. Estos casos fueron: *La venta de dos lotes que sumaron un área de 627 M2 realizada a los señores Quintero Venancio Eugenio y Velandia Carrillo Julio Cesar, escritura pública 872 otorgada el 26 de diciembre de 2003 en la Notaría Única de Saravena, por valor de $ 3.000.000; *Venta realizada a María Cibeida Hernández Gualdrón, por valor de $ 4.000.000, de dos lotes que sumaron un área de 400 m2, según escritura pública 898 del 31 de diciembre de 2003; y, *Venta hecha a Zaida Idalí Santamaría Rodríguez, de un lote de 200 m2 por un valor de $ 3.000.000, según escritura pública 897 otorgada el 31 de diciembre de 2003 en la Notaría Única de Arauca”.

29 Vale la pena señalar que aunque en el dictamen pericial se indicó que en el levantamiento topográfico realizado se excluyeron las partes del terreno ya vendidas, en los planos anexos al mismo estas no se indicaron precisamente. Así, aunque en el plano obrante a folio 216 de la a-z anexa al expediente se observa una “muela” ubicada en el margen noroccidental del terreno que, según indican los linderos transcritos en la escritura de compraventa de al menos una de las franjas vendidas, correspondería a estas últimas, ello no se precisa en la imagen y en el plano de mayor escala obrante a folio 217 de la misma a-z dicha “muela” tiene una configuración distinta.

30 Junto con el informe se allegaron tanto la hoja de vida del señor Silva Sánchez como todos los soportes de la misma, dentro de los cuales se encuentran: i) el título de técnico profesional en ingeniería agropecuaria conferido por la Corporación de Educación Superior del Trabajo (fl. 449, cdno. 2); ii) al menos 10 certificaciones de participación en capacitaciones relacionadas con su área de trabajo (fl. 452-454 (2) cdno. 2); iii) múltiples certificaciones laborales entre las cuales se encuentra la del Banco Agrario de Colombia, dada el 12 de diciembre de 2005 (fl. 464, cdno. 2).

31 Dicho valor se estima después de haber considerado que: “El Ejército Nacional sienta de manera improcedente su base en el predio rural privado denominado La Esmeralda ubicado en el municipio de Tame, zona periurbana del centro del poblado de Pueblo Nuevo, donde es irrumpida la zona oriental del predio y que coincidía con zona urbana de Pueblo Nuevo, porción de territorio que está propuesto para usos y satisfacción de las necesidades de expansión urbana, que se ajusta a las previsiones de crecimiento de la población y a la posibilidad de dotación con infraestructura para el sistema vial, de transporte, de servicios públicos domiciliarios, áreas libres, parques y equipamientos colectivos de interés público o social. Área donde previamente se habían realizado ventas y compromisos de compra venta con un precio de $ 15.000/M2 y donde se cesó la negociación de estas áreas por la ocupación ya consabida. El concepto para delimitar el área o perímetro que se considerará como zona de expansión urbana deberá ser señalada por la Oficina de Planeación Municipal del municipio de Tame quien debe ser la encargada de elaborar los planes parciales para los centros poblados. La variación de estos perímetros solo podrá realizarse teniendo en cuenta los procedimientos exigidos por la Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios. Razón por la cual no permite una cuantificación exacta del área afectada para el uso urbano del centro poblado de Pueblo Nuevo”, folio 417, cuaderno 2. Es de anotar que, en la introducción al dictamen, se precisó que este se fundaba “en un estudio permite calcular el valor del terreno, teniendo en cuenta no solo el precio por metro cuadrado como se realiza actualmente, sino incorporando los atributos físicos y de valor potencial del suelo. Se utilizó la metodología de precios hedónicos. El modelo calcula el precio usando las características físicas, geográficas y/o de entorno del predio, que definen un valor de existencia de la tierra como un recurso de potencial agrícola o urbanístico; las actividades y el valor económico del menoscabo causado a la valorización del predio y las actividades de producción de bienes y servicios que se vieron afectadas desde la ocupación militar realizada por la brigada militar Nº5 del Ejército Nacional con sede Tame (Arauca). El método utilizado para la recolección de los datos se hace mediante entrevistas o encuestas de campo, observación directa en campo, consulta y procesamiento de datos de fuentes (URPA- Secretaría de agricultura departamental de Arauca, SIPSA- Sistema de información de precios del sector Agropecuario. Anuario Estadístico del sector agropecuario, Comité de ganaderos de Arauca, Banco Agrario de Colombia, Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR, concepto técnico profesional en ingeniería agropecuaria, Avaluador rural crédito cartera y cartera Banco Agrario de Colombia Sucursal Arauca)”, folio 402-403, cuaderno 2. Adicionalmente, sobre los suelos de la zona, se señaló que: “En el departamento de Arauca se diferencia tres zonas geológicas importantes, la alta montaña compuesta por la cordillera oriental, el piedemonte con pendientes entre el 5% y el 25% y la sabana con pendientes menores al 5% y llanuras aluviales mal drenadas. La franja ubicada entre el piedemonte y la sabana se denomina zona de transición caracterizada por suelos ricos en nutrientes aptos para el desarrollo de actividades agropecuarias, de relieve plano, suelos francos, franco-arenosos, franco-limosos; fertilidad media-alta, altos contenidos de Cu, Mg, P y M, drenaje moderado (Fuente PBOT municipio de Tame). En esta franja se ubica el centro del poblado rural de corregimiento de Pueblo Nuevo en el municipio de Tame-Arauca, de importancia económica por ser centro de actividades comerciales y agropecuarias, además de ser paso obligado del transporte de carga y pasajeros entre el centro del país y la capital departamental de Arauca por medio de la denominada ruta de los libertadores que se interconecta con la marginal de la selva y la República Bolivariana de Venezuela convirtiendo esta población en sitió estratégico para la producción de bienes y servicios hacia el futuro”.

32 En el cual se tiene en cuenta información del sector relativa al desarrollo de la zona —en particular, el acceso a vías, la importancia de la producción agropecuaria, el que la actividad principal sea la ganadería de cría y levante, las múltiples posibilidades de comercialización por la ubicación geográfica, las características de las vías de acceso, los servicios comunales y públicos de la zona, la situación de orden público sobre la cual señala que se ha visto perturbada por la instalación de la base militar y, por último, las perspectivas de valorización que indica como pobres debido a las afectaciones del predio por cuenta de la ocupación del Ejército. Se indica que hubo al menos 5 encuestados a partir de los cuales se estableció el valor del predio en el que no se incluye el de sus mejoras —cercas, jagueyes, cultivos, pastos y construcciones—, las cuales se valoran aparte.

33 Anexo a los avalúos obra la hoja de vida del experto junto con algunos soportes dentro de los que se encuentran los títulos de arquitecto proferido por la universidad de La Salle (fl. 505, cdno. 2) y de perito avaluador conferido por la Corporación Registro Nacional de Avaluadores de Bienes Muebles e Inmuebles (fl. 506, cdno. 2).

34 Tiene en cuenta las características del departamento, del municipio y del corregimiento, el proyecto relativo a la troncal del llano que beneficia directamente al predio, las actividades predominantes del sector y las buenas perspectivas que tiene para la agricultura, aunque también el que ha disminuido la oferta y la demanda “por los múltiples ataques realizados a la Brigada Móvil Nº 5”. A propósito del predio considera los usos para los cuales es destinado, en particular, el desarrollo urbanístico, la valorización constante de la tierra —dice que el valor por hectárea pasa de $ 3.500.000 a $ 7.000.000 en el 2003—, la explotación ganadera y agrícola del predio, sus recursos hídricos. Avalúa de manera separada las construcciones, cultivos y pastos existentes en el predio (fl. 465-493, cdno. 2).

35 En dicho dictamen se tuvo en cuenta la descripción general del sector y su actividad predominante —respecto de la cual se afirma que “las principales actividades del sector son la ganadería y la agricultura, las cuales en la actualidad se encuentran en crisis debido a la acción de la guerrilla, la cual no permite desarrollar tales actividades a plenitud”—, las vías de acceso e influencia del sector, la infraestructura urbana y la valorización, la reglamentación urbanística y la descripción del inmueble objeto del avalúo, es decir, el ocupado, respecto del cual se afirmó que no tenía nacederos propios de agua “pero cuenta con el caño Arenales, el cual pasa por los costados oriente y norte del predio”. Finalmente se consideró que: el predio está en un lugar afectado por el orden público, el que, por este hecho, no es atractivo para la inversión, el que está ubicado en las inmediaciones del casco urbano de Pueblo Nuevo y tiene acceso a una carretera pavimentada, la mala calidad de los suelos que determinan las condiciones de explotación —sobre estos se afirmó que se trataba de “suelos de llanura aluvial con cobertura eólica localizada”— y la oferta y demanda de inmuebles en el sector que, según se afirma, indica que la hectárea se vende entre un millón y un millón quinientos mil pesos según las entrevistas realizadas. En el análisis de antecedentes se indicó que “el IGAC a través de la Dirección de Avalúos ha practicado avalúos en el sector, los cuales arrojan valores por hectárea entre $ 800.000 y $ 1.500.000, que obedece a la ubicación, vías, servicios y condiciones físico-químicas de los suelos” y sobre la investigación económica realizada, se señaló, como investigación directa, “el concepto de las personas propietarias de terrenos en la región es que el valor de la hectárea de tierra oscila entre $ 1.000.000 y $ 1.500.000” folio 30, cuaderno 6.

36 Monto que se extrae de sumar los valores de las áreas ($ 475.200.000 + $ 672.000.000), antes de la actualización realizada por los peritos a noviembre de 2011, y de dividirlos por el número de hectáreas (fl. 147 a-z anexa al expediente).

37 Suma que resulta de aplicar la fórmula utilizada para obtener el valor histórico (vh=va*índice final/índice inicial), teniendo en cuenta los IPC utilizados en el dictamen para la actualización de los valores (fl. 147 a-z anexa al expediente).

38 En este dictamen se tuvo en cuenta la información del sector: las vías de acceso y sus características, los servicios públicos y comunales, la actividad edificadora y las perspectivas de valorización en la zona —las cuales se presentaron como halagüeñas por la fertilidad de las tierras y por el hecho de que, al mejorar las condiciones de seguridad, muchas personas volvieron a trabajar en las fincas—; así como la del predio: su ubicación, las condiciones climáticas, los suelos —aspecto sobre el cual se señaló “según las características predominantes en el predio, se clasifica como Piedemonte. Conforme a estudios de Corpoica, año 1997, se localiza dentro de la UBT16 que se caracteriza por ocupar la zona transicional de la llanura aluvial de desborde el Piedemonte”—, los recursos hídricos, los frentes sobre las vías, las cercas, las vías internas, la explotación económica, y las investigaciones económicas directas e indirectas, respecto de las cuales se señaló que se utilizó el “método de comparación o de mercado para el terreno” en el marco del cual se averiguó por “transacciones en entidades bancarias, compraventas que estaban en oferta e hicimos consultas en comités de ganaderos, también se realizaron consultas con funcionarios de entidades que se mueven dentro del ámbito rural, con profesionales del agro que prestan asistencia técnica en la región y tienen conocimientos al respecto, comisionistas y oficinas de finca raíz”; así como también “se realizaron encuestas directas a personas conocedoras del mercado inmobiliario para el predio en cuestión y para otros inmuebles con características semejantes en la zona, indagando sobre los valores por hectárea para esta clase de bienes” y se mencionaron a 5 de ellas, una de las cuales provendría del perito avaluador de la Lonja Inmobiliaria Ricardo Tavares (fl. 145 a-z anexa al expediente). No obstante, en el cálculo del valor del área en los predios de desarrollo urbano, no se utilizó dicho método sino que se optó por actualizar a la fecha del peritaje, los valores de las ventas de terrenos similares realizadas en el año 2003 por considerar que el valor de las ofertas había cambiado mucho por “la escasez que hay hoy para adquirir terrenos de estas mismas características, circunstancias que se dan justamente por la presencia de la base”. Vale la pena destacar que, dentro de los elementos que se tuvieron en cuenta para la valuación del terreno está el “Plan estratégico de productividad y competitividad del departamento de Arauca”, desarrollado durante los años 2005 a 2007 por el Centro para la Investigación y el Desarrollo, CID, la facultad de economía de la Universidad Nacional de Colombia y la Gobernación de Arauca con el objetivo central de “promover una plataforma productiva en el departamento que atraiga, retenga y potencie unidades de producción (…) construyendo una visión a diez años” (fl. 6 a-z anexa al expediente).

39 En efecto, en dicho dictamen se dio cuenta de las tres ventas de parcelas del terreno en virtud de las cuales, según se indicó en el libelo introductorio, los compradores ya habían accedido a la posesión material del terreno —al respecto puede leerse el hecho Nº 37 de la demanda, folio 15, cuaderno 1—, las cuales habrían sido legalizadas mediante la suscripción de las escrituras públicas de compraventa realizadas por la señora Leonor Alza por v.

40 Respecto a la metodología valuatoria y las fuentes consultadas se lee en el informe “El método de mercado que se utilizó fue el de investigar la oferta de inmuebles similares, en principio dentro de la misma zona de influencia y alternativamente en sectores de alguna manera comparables. //En la aplicación del método de comparación de mercado se analizaron los indicadores de valor que refieren a inmuebles similares al que se avalúa; el análisis y comparación se tomaron en cuenta entre otros factores: ubicación específica, extensión superficiaria, topografía, reglamentación urbanística, infraestructura de servicios, demanda, transacciones sobre el predio, etc.// 11.1 FUENTES CONSULTADAS //Se poseen mercadeos de venta de lotes en el mismo predio La Esmeralda con un valor oscilante entre $ 10.000 y $ 15.000. Hay que determinar que el proceso de ventas que se adelanta en el predio La Esmeralda es por lotes entre 200 m2 y 400 m2. // Debe tenerse en cuenta que hay pocos predios de estas características que colinden con el caso urbano. No obstante, se investigó el valor comercial de la zona, en terrenos cercanos del Paraje de Arabia, en un radio no mayor a los 2 Kilómetros y sobre la Vía Tame. // El valor por Ha promedio oscilan entre $ 6.500.000 y $ 7.500.000, dependiendo de su área, topografía y accesibilidad. Hay que recalcar que el valor de la Hectárea, varía según su área, localización, accesibilidad y estado en que se encuentra. Para predios de más de 100 Ha, el valor de Hectárea oscila entre $ 5.500.000 y $ 7.000.000”, folio 489, cuaderno 2.

41 Para mencionar sólo aquélla respecto de la cual no existe duda que se encontraría en la franja de terreno ocupada por el Ejército Nacional, esto es, la consistente en la siembra de pastos estrella africana para la ganadería, se tiene que, en tanto el experto la avalúa en $ 1.096.800 por hectárea, el valor total de la hectárea de terreno, más dicha mejora sería de $ 7.010.133, lo cual, multiplicado por las 32 hectáreas ocupadas, arroja un total de $ 224.324.256.

42 Como ejemplo basta mencionar el hecho de que, como se ha alegado a lo largo de este proceso, iban a perder la fuente de agua para la explotación del resto del terreno, así como la posibilidad de continuar con el plan de urbanismo que habrían iniciado en la zona —supra párrafo 8.2— y que, como indicaron en el libelo introductorio, versaban justamente sobre terrenos ubicados en el terreno ocupado —sobre el particular puede leerse el hecho 38, fl. 16, cdno. 1—.

43 En efecto, en torno a la labor urbanística que se supone estaba empezando a desarrollarse en el predio, el dictamen señala que alcanzaron a establecerse 9 construcciones las cuales, por la manzana en la que se habrían ubicado, se encontrarían al sur de la parte ocupada por el Ejército (fl. 128 y 132, a-z anexa al expediente); sin embargo, de acuerdo con lo acreditado en el plenario —supra párr. 8.4— y lo alegado por los demandantes —hecho Nº 37 de la demanda—, sólo alcanzaron a transmitir la posesión material de tres de los terrenos ofertados, de los cuales, al menos uno, quedaba al norte del predio, folio 132 a-z. Inconsistencia a la que se agrega la falta de precisión que se observa en los planos allegados junto con el dictamen en torno a la ubicación de las parcelas de terreno que los demandantes alcanzaron a vender y a entregar antes de la ocupación —supra párrafo 11.3.2—.

44 El IPC inicial es el de noviembre de 2003, época de la ocupación, —75.57— y el final es el último certificado, esto es, el de enero de 2018 —139.72—.

45 El del IGAC señala que se trata de las construcciones realizadas por el mismo Ejército Nacional, mientras el del arquitecto avaluador Edwin Fernando Ayerbe Jara señala y avalúa como mejoras: i) una casa de habitación; ii) un corral de manejo; iii) unos cultivos de plátano, yuca y maíz; iii) los pastos sembrados; iv) las cercas; y v) los jagüeyes; elementos respecto de los cuales no se tiene certeza sobre su ubicación en la finca La Esmeralda.

46 De acuerdo con los testimonios obrantes en el expediente, en particular, el del señor Orlando Sánchez, los cultivos de plátano, yuca y maíz se encontraban en la parte de atrás de la finca, esto es, fuera del área ocupada. De otra parte, la Sala concluye que el administrador de la finca, esto es, el señor Diosenel Solano Contreras habitaba en la única casa de habitación que existía en la finca pues, al indicar sus generales de Ley, fue explícito al señalar que residía en la finca La Esmeralda y, dado que rindió su declaración el 16 de octubre de 2007, se infiere que dicha casa de habitación se encontraba por fuera del área ocupada. Finalmente, en relación con el corral de manejo, la Sala advierte que todos los medios de convicción allegados al expediente indican que el mismo colindaba con el casco urbano de Pueblo Nuevo, lo cual indicaría que se encontraba dentro del área ocupada por el Ejército Nacional; no obstante, según se desprende del dictamen pericial practicado dentro del proceso, aquél se encontraba ubicado fuera del área ocupada en tanto fue posible acceder hasta él. Además, en dicho informe se señala que la imposibilidad de utilizarlo no sobrevino de la ocupación del área sino de que “con la llegada de las tropas del Ejército Nacional al predio, se ordenó la clausura inmediata de esta actividad”, folio 28 a-z anexa al expediente.

47 Afirmación cuyo grado de convicción es limitado si se tiene en cuenta que a lo largo del informe del dictamen pericial los peritos dan cuenta de estados de cosas que no habrían podido verificar de no haber podido ingresar al predio. Así, para dar solo un ejemplo, se tiene que, al mencionar los servicios del embarcadero de ganado local, ubicado “en la parte nororiental del predio La Esmeralda”, se registran fotografías tomadas desde muy corta distancia, lo cual excluye que haya sido desde los linderos del predio pues, por su destinación, el corral no podía quedar en estos últimos, es decir, sobre la carretera, sino que debía encontrarse hacia dentro para facilitar el manejo del ganado.

48 Orlando Sánchez afirma que desde que llegó el Ejército nunca más pudo volver a la finca, sin embargo, eso contradice lo señalado por los mismos demandantes quienes indicaron que, al comienzo de la ocupación, procuraron mantener las actividades y que sólo fue tiempo después que las abandonaron. Sobre este punto el señor Dionisio Rojas se contradice porque por una parte afirma que al señor Alza no lo dejaron volver a entrar a la finca y, a renglón seguido, indica que el ganado lo sacaban y lo entraban constantemente, lo cual indica que sí se podía acceder a la misma (fl. 106, cdno. 7).

49 Así se desprende de lo manifestado por el administrador de la finca quien es la persona que mejor podía conocer las posibilidades de acceso a la misma; así como de los testimonios de personas como Mario Arévalo que dan a entender que el abandono de la misma fue el resultado de la decisión de dejar de invertir en la finca por las dificultades de explotación más que por la imposibilidad de acceder al mismo.

50 Ahora bien, es de aclarar que lo dicho hasta aquí no implica que la Sala desconozca que el aumento de la inseguridad en las condiciones de explotación del predio sí pudo traer detrimentos patrimoniales para los demandantes, es sólo que estos últimos serían de carácter temporal y constituirían un lucro cesante y no un daño emergente.

51 En efecto, al margen de las inconsistencias que sobre este punto presentó el dictamen pericial practicado dentro del proceso, el mismo fue diáfano al indicar que el área destinada a la urbanización se encontraba dentro del terreno ocupado y fue por ello que, al dictaminar sobre el valor de este último, distinguió entre el valor de la hectárea de terreno que tenía dicho potencial y aquella que no.

52 Respecto de cuya oferta de bienes y servicios dieron cuenta no sólo los diferentes estudios técnicos sino los declarantes en este proceso.

53 Sobre este último punto el dictamen pericial practicado dentro del proceso señala: “la pérdida de colindancia también afecta la instalación de otras actividades como la prestación de servicios asociados a la ganadería (embarque y desembarque) pues ya no queda en el pueblo y esa circunstancia le resta el atractivo que en otro tiempo podía invocar” (fl. 161 a-z anexa al exp.).

54 Suma que resulta de restar al total de hectáreas del terreno, tal como fueron calculadas, con ayuda de topógrafo, en el peritaje practicado dentro del proceso —118.6669—, el de las hectáreas ocupadas por el Ejército Nacional —32.1020—.

55 El IPC inicial es el de noviembre de 2003, época de la ocupación, —75.57— y el final es el último certificado, esto es, el de enero de 2018 —139.72—.

56 Así, en los estudios técnicos realizados en diciembre de 2005 por el arquitecto-valuador Edwin Fernando Ayerbe Jara (fl. 532, cdno. 2) y en septiembre de 2006 por el técnico profesional en ingeniería agropecuaria (fl. 400, cdno. 2) se estimó que la pérdida de valor del predio de mayor extensión era del 30% teniendo en cuenta: i) los problemas de seguridad para la explotación; ii) la pérdida de potencial urbanístico; iii) la pérdida de colindancia con el casco urbano; y iv) la pérdida de la fuente hídrica; de modo que, en principio, la consideración de sólo dos de ellos podría implicar una depreciación del 15%. Ahora bien, es de anotar que aunque en el dictamen practicado en el proceso dicho porcentaje se estimó en el 60%, dicho dato no resulta verosímil para la Sala en consideración al hecho de que no es coherente con el costo estimado del restablecimiento del principal factor de depreciación, esto es, la pérdida de la fuente natural de agua.

57 En efecto, de acuerdo con el dictamen practicado en el proceso en mayo de 2011, el restablecimiento de la fuente de agua costaría $ 25.113.729, suma que en noviembre de 2003 equivale a $ 17.646.159,93, de acuerdo con la fórmula consagrada para ello: Vh= Va * (IPC inicial/ IPC final), en donde el IPC inicial es el de noviembre de 2003 —75.57— y el IPC final es el de mayo de 2011 —107.55—.

58 De acuerdo con lo expuesto en el párrafo 12.2.2, el valor total del predio, descontada la franja ocupada, era de $ 307.882.480 para noviembre de 2003.

59 Así el monto total de la depreciación que, según los estudios aportados al proceso, se estimó inicialmente en un 15%, una vez excluidos los factores que para la Sala son impertinentes, debe bajarse al 10% pues, como se desprende de todos los estudios técnicos, la pérdida de la colindancia representa una pérdida de valor menor a la derivada de la fuente natural de agua; de allí que la Sala considera adecuado avaluarla en un 4.3%.

60 A propósito de las cuales vale la pena señalar que no hay claridad sobre el tipo de pastos de que se trata. En efecto, varios de los estudios técnicos aportados al expediente afirman que los terrenos fueron empradizados con pasto estrella africana (v. gr. fl. 404, cdno. 2); mientras que en el dictamen aportado al proceso se indicó que se trataba, principalmente, de brachiaria decumbes y humidicola (fl. 21 a-z anexa al exp.).

61 Sobre este punto vale la pena destacar que, pese a que en la reforma a la demanda se indica que la imposibilidad de explotar dichos cultivos se consolidó a partir del 1º de enero de 2004, otros elementos de convicción allegados al plenario contradicen dicha afirmación. Así, para dar sólo un ejemplo, en un informe de septiembre de 2006 el experto indicó que, luego de una visita ocular al predio, constató la existencia de dichos cultivos en muy buen estado fitosanitario y, de hecho, allegó fotos de los mismos, folio 404-405 y 430, cuaderno 2.

62 En ese sentido obra la declaración de Orlando Sánchez quien afirmó que las cercas derribadas fueron las ubicadas frente a la carretera con el fin de ingresar la maquinaria necesaria para adelantar obras de la base militar, folio 4, cuaderno 7. Dicha declaración se corrobora por lo afirmado por el administrador de la finca, el señor Diosenel Solano, en tanto que si bien es cierto éste presentó un panorama completamente devastador en el que el Ejército Nacional habría llegado a arrasar con toda la finca, las acciones que describe son las que se habrían realizado en la franja ocupada. No de otra manera podría entenderse que, pese a tal devastación, haya habido intentos para continuar con la explotación ganadera, como lo indica el mismo señor Solano.

63 Aunque varios testigos señalan que el predio no pudo seguir siendo explotado por el miedo que suscitaba entre el personal la cercanía con la base militar, dichas afirmaciones son contraevidentes en tanto que, por una parte, se advierte que el administrador de la finca se mantuvo en su cargo y que, como él lo indica, fue por decisión del señor Bernardo Alza que se liquidó a otros de los trabajadores del predio.

64 En ese sentido basta señalar que en el dictamen pericial practicado en el proceso se indicó que fue el Ejército Nacional quien dio la orden de clausurar esa actividad, sin embargo, no hay prueba directa de ello. Adicionalmente, dicha afirmación contrasta con lo que indican otros de los elementos de convicción allegados con la demanda, por ejemplo, el informe “Análisis de productividad predio La Esmeralda, Jurisdicción de Pueblo Nuevo” realizado en septiembre de 2006 por el técnico profesional en ingeniería agropecuaria, también avaluador del Banco Agrario, Herliz Ramiro Silva Sánchez, quien señaló que dicho corral se encontraba en el sector nororiental de la finca “donde actualmente se encuentra instalada la Brigada Móvil Nº 5 del Ejército”, aunque luego señaló que dicho corral se cerró por orden del Ejército Nacional (fl. 405, cdno. 2). De hecho, en la declaración extraproceso, el administrador de la finca señaló que “al ocupar la fuerza pública el predio, el embarque de ganado en ese corral quedó clausurado porque donde es ubicado el corral está ocupado también por el Ejército Nacional” ().

65 Se dice en el informe: “Es necesario construir una barrera de protección al costado sur de la base que impida la penetración terrestre de personal militar de una parte y de la otra, de los animales; y, que permita que nuevamente se consolide un ambiente adecuado para la práctica productiva. // En cuanto al ambiente, se aclara que el confort del ganado no es un “lujo” sino una condición necesaria para el desarrollo normal del animal. Ese confort depende de la tranquilidad con que el individuo se encuentre en la unidad productiva y su medio ambiente. Cualquier variación, ruido, interacción permanente con un ambiente ajeno y/o ingreso de personal extraño que pueda perturbar ese natural ambiente genera un estrés en el animal y trae como consecuencia un atraso en los parámetros productivos (natalidad, reproducción, ganancia de peso diaria, entre otros). Adicionalmente, esta situación hace que los animales pierden docilidad y se vuelvan “ariscos”, lo que también hace imposible su manejo integral por parte del sistema productivo en que se encuentre” folio 168 a-z anexa al expediente.

66 Se lee en el informe que: “si no se construye la barrera, se tendrían que movilizar animales de la finca hacia la zona más apartada de incidencia del ejército y sus actividades de tal suerte que quedaría en un área bastante más reducida (máximo de 30 hectáreas), circunstancia que limita la oferta de forraje y hace más gravosa la situación”, folio 168 a-z anexa al expediente.

67 Otros estudios técnicos aportados con la demanda indican un valor inferior: folio 155, cuaderno 1, folio 406, cuaderno 2.

68 Sección Tercera, sentencias de 25 de febrero de 1999, expediente 14.655 y de 12 de septiembre de 2002, expediente 13.395, C.P. Ricardo Hoyos Duque; 11 de mayo de 2006, expediente 14.694. C.P. Ramiro Saavedra Becerra y Subsección B, sentencia de 21 de marzo de 2012, expediente 21473, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Esta posición se ha fundado en el siguiente criterio: “En relación con el daño sufrido por la pérdida o deterioro de las cosas materiales, se considera que la víctima debe desarrollar una actividad tendente a limitar en el tiempo dicho perjuicio. Cuando no se conoce con certeza su duración, ese límite debe ser apreciado y determinado en cada caso concreto por el fallador, ya que “la lógica del juez colombiano en este aspecto es la de impedir que la víctima se quede impasible ante su daño. Se parte, pues, de un principio sano en el sentido de que no se avala la tragedia eterna y, por el contrario, se advierte a la víctima que su deber es reaccionar frente al hecho dañino y sobreponerse… Llegar, en efecto, a la posibilidad de que las consecuencias de la situación dañina se extiendan indefinidamente sería patrocinar la lógica de la desesperanza, de la tragedia eterna y de un aprovechamiento indebido”, Juan Carlos Henao Pérez, El Daño, Universidad Externado de Colombia, Santafé de Bogotá, 1998, págs. 156-157.

69 Dicha cifra se extrae de lo contenido en el contrato de arrendamiento de pastoreo que el señor Bernardo Alza, en calidad de arrendatario, suscribió con el señor Mauricio Barrera Gómez en calidad de arrendador, el 10 de enero de 2004; contrato en el cual se estableció que el canon de arrendamiento mensual para el pastoreo de 80 vacas que fue aquél por el que se contrató era de $ 2.000.000 (fl. 152, cdno. 1).

70 Al respecto obran: i) un recibo manuscrito suscrito por el señor Diosenel Solano el 25 de noviembre de 2005 por el valor de lo pagado por realizar un acceso a la finca —$ 600.000—; ii) una nota manuscrita suscrita por el mismo señor Solano el 7 de enero de 2004 en el que indica haber recibido un pago por la realización de un mangón en el predio La Esmeralda —$ 1.200.000—(fl. 322 a-z obrante en el expediente); y iii) lo declarado por el mismo señor Solano sobre este último punto “Yo construí mangón para entrar a la finca, y se gastó en esa obra millón doscientos mil pesos, el patrón me dio la plata, yo fui y pagué” (fl. 119, cdno. 7 ); medios de convicción que no ofrecen credibilidad sobre la realización de dichos trabajos porque: i) en lo que tiene que ver con el acceso a la finca, no se entiende por qué sólo se realizó en noviembre de 2005 cuando según lo relatado en el proceso los problemas de acceso venían desde finales de 2003; ii) los términos de la declaración del señor Diosenel desvirtúan lo dicho sobre el mangón pues, si fue él quien lo hizo, no es comprensible que debiera pagarle a otra persona; y iii) pese a que el mangón habría sido realizado años antes que el acceso a la finca, en su declaración el señor Solano recuerda el primero pero no el último. Todo ello sin mencionar el hecho de que, en lo que tiene que ver con el recibo de lo pagado por el mangón, el mismo no fue aportado al plenario ni con la demanda, ni con su reforma, sino como documento anexo al dictamen pericial practicado al proceso cuando se infiere que siempre estuvo en manos de los demandantes y que, por lo tanto, pudo ser aportado desde el inicio del proceso.

71 Sobre este punto todos los testigos son contestes al afirmar que fue necesario que los animales fueran atendidos por un veterinario, sin embargo, en la certificación expedida por este último sólo indicó que se le debían honorarios por “concepto de suministro de droga veterinaria y asistencia médico veterinaria de los reproductores que se hallaban en la finca La Esmeralda, corregimiento Puerto Jordán” (fl. 153, cdno. 7); circunstancia a la cual se agrega el que, como se verá más adelante, las versiones que se libran sobre dicho episodio no son consecuentes con lo afirmado en la demanda sobre el particular.

72 En relación con este punto el señor Diosenel Solano afirmó: “yo me tocó la búsqueda de ese ganado. Yo contraté tres muchachos más para que fueran a ayudarme a buscar el ganado. Recogimos ganado en la vereda la Independencia, en la Guaira, en la arenosa, y en las Palmeras. Demoramos diez días buscando ese ganado, a mí me tocó pagarle a los 3 obreros que andaban conmigo, de $ 30.000 pesos por días porque ellos utilizaban las bestias de ellos, les pagué novecientos mil pesos” (fl. 115, cdno. 7) y, adicionalmente, anexo al dictamen pericial allegado al proceso, se adjuntó un recibo suscrito por el señor Diosenel Solano que daría cuenta de la misma circunstancia; no obstante, aunado a lo sospechoso que resulta el que dicho recibo no hubiere sigo allegado con anterioridad al expediente, la Sala no encuentra verosímil el que, pese a que para ese momento la finca contaba con trabajadores dedicados al cuidado del ganado, se hubieren pagado vaqueros adicionales para la recuperación del ganado extraviado.

73 Sobre estos puntos sólo obran en el expediente recibos anexos al dictamen pericial practicado en el proceso en los que diferentes personas señalan haber recibido dineros por “terminación de trabajos en el predio La Esmeralda”, sin precisar la naturaleza de los mismos.

74 Gastos sobre cuya causación se aportaron los contratos celebrados y los recibos de pago por lo cancelado por esos conceptos, folio 649-652, cuaderno 2.

75 Cultivo respecto de cuya existencia no se allegó el registro fotográfico anunciado en el dictamen pericial practicado dentro del proceso (fl. 165 a-z anexa al expediente).

76 Aunque es indudable que, con la disminución del terreno que podría disponerse para el mantenimiento del ganado, podía frustrarse la eventual ampliación de la explotación ganadera que venía realizándose. No obstante, a falta de haberse probado que, en efecto, los demandantes se encontraban en un proyecto de esa naturaleza, dicho perjuicio es eventual o hipotético, es decir, no alcanza el carácter de cierto requerido para poder ser resarcido.

77 Sobre el particular no sólo obran las declaraciones de los testigos sino múltiples documentos que dan cuenta de lo importante que era la actividad ganadera desarrollada por el señor Bernardo Alza en la finca Jalisco ubicada en la vereda Bajo Pescado del municipio de Saravena, Arauca —v. gr. los obrantes a folios 344-347 a-z anexa al expediente—.

78 Así, el artículo 36 de la Ley 387 establece que: “Son actuaciones urbanísticas la parcelación, urbanización y edificación de inmuebles. Cada una de estas actuaciones comprenden procedimientos de gestión y formas de ejecución que son orientadas por el componente urbano del plan de ordenamiento y deben quedar explícitamente reguladas por normas urbanísticas expedidas de acuerdo con los contenidos y criterios de prevalencia establecidos en los artículos 13, 15, 16 y l7 de la presente ley”; mientras el 41 señala que: “Los planes de ordenamiento territorial definirán las áreas que deban desarrollarse a través de unidades de actuación tanto en suelo urbano como en suelo de expansión cuando a ello hubiere lugar y determinarán los criterios y procedimientos para su caracterización, delimitación y aprobación posterior. // Las unidades de actuación se delimitarán de forma que permitan el cumplimiento conjunto de las cargas de cesión y urbanización de la totalidad de su superficie, mediante el reparto equitativo entre sus propietarios. // El proyecto de delimitación se realizará por las autoridades competentes, de oficio, o por los particulares interesados, de acuerdo con los parámetros previstos en el plan de ordenamiento, siempre y cuando medie la formulación y aprobación del correspondiente plan parcial, el cual deberá determinar las previsiones relacionadas con la dotación de las infraestructuras y los equipamientos, las cesiones correspondientes, la subdivisión, si fuere del caso, en áreas de ejecución y las fases y prioridades de su desarrollo señalando los sistemas e instrumentos de compensación para la distribución de las cargas y beneficios entre los partícipes. En los casos de renovación y redesarrollo, el plan parcial incluirá además las previsiones relacionadas con la habitación y el mejoramiento de las infraestructuras, equipamientos y espacio público necesario para atender las nuevas densidades y usos del suelo asignados a la zona”.

79 Auto de 25 de mayo de 2016, expediente 40077, C.P. Danilo Rojas Betancourth, en el cual se resolvió: “UNIFICAR Y ADOPTAR la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado en relación con (…) la necesidad de verificar el fenómeno procesal de la caducidad respecto de todas las nuevas pretensiones que se eleven en ejercicio del derecho de acción, incluso cuando ello suceda en el marco de la presentación de un escrito de adición de una demanda inicialmente interpuesta”.

80 Aunque no se conocen los términos de la solicitud de conciliación prejudicial presentada ante la Procuraduría 52 Judicial II Administrativa de Arauca y, en particular, si en ella se contemplaba esta pretensión indemnizatoria, en todo caso habría operado el fenómeno de la caducidad en tanto que el término para la presentación oportuna de la demanda sólo se interrumpió por un período de dos meses —supra párrafo 8.8—.

81 Esto de conformidad con la jurisprudencia unificada de la Sección Tercera expuesta en la sentencia de 9 de febrero de 2012, expediente 21060, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

82 I= [(0.5 x valor histórico)/100] x Nº de meses.

83 Así se desprende claramente de las declaraciones vertidas por el administrador de la finca La Esmeralda, el señor Diosenel Solano.

84 Vale la pena precisar que aunque en su declaración la hija de los demandantes, la señora Martha Isabel Alza Alza, insiste ampliamente sobre los supuestos padecimientos sufridos por sus padres, del texto de su testimonio se desprende que los mismos fueron causados, esencialmente, por el secuestro de uno de sus hermanos, circunstancia respecto de la cual nunca se alegó ni demostró que estuviere ligada a la ocupación de hecho que dio lugar a la presente demanda de reparación (fl. 153-157, cdno. 7).