Sentencia 2006-00118 de agosto 29 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 25000232400020060011801

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Autoridades nacionales

Actor: Pedro Adolfo Runceria Duarte

Bogotá, D.C., veintinueve de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones

6.1. El acto administrativo demandado.

Los actos administrativos expedidos por la subdirectora de contratación y titulación del Instituto Colombiano de Geología y Minería Ingeominas objeto de demanda, son del siguiente tenor literal:

Resolución SCT 00531

Por medio de la cual se rechaza y se archiva la propuesta de legalización de minería de hecho EKK-161

La subdirectora de contratación y titulación minera del Instituto Colombiano de Geología y Minería, Ingeominas, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el numeral 6º, del artículo 2º de la Resolución 939, del 16 de noviembre de 2004 y

Considerando:

Que el 20 de noviembre de 2003, el señor Pedro Alfonso Runceria Duarte, presentó propuesta de legalización de minería de hecho de un yacimiento de carbon mineral, ubicado en jurisdicción del municipio de la Guachetá, departamento de Cundinamarca, a la cual le fue asignada la placa número EKK-161.

Que de acuerdo con el concepto técnico proferido el 1º de abril de 2005, se estableció:

“Se encontró que el área solicitada se superpone totalmente con la solicitud EEK-161 y parcialmente con las solicitudes 867T, CL3-081, EHE-121, que se encontraban vigentes a la fecha de entrega de la propuesta; de oficio se procedió a eliminar la superposición existente a la solicitud EKK-161, definiendo que no queda área disponible para esta solicitud”.

Que a su vez, el artículo 4º, del Decreto 2390 de 2002, señala:

En el caso de superposición total de áreas y para el mismo mineral, entre solicitudes de legalización con: solicitudes de legalización en trámite, propuestas de contratos de concesión y solicitudes anteriores, solicitudes de autorización temporal anteriores o autorizaciones temporales en ejecución, títulos mineros otorgados inscritos y no inscritos en el registro minero nacional, títulos de propiedad privada del subsuelo, zonas de reserva especial, zonas de seguridad nacional, zonas excluibles de la minería, zonas de minería restringida y demás áreas de protección ecológica y ambiental de acuerdo con la normatividad ambiental vigente, sin la correspondiente autorización o zonas de inversión estatal; y las áreas sobre las que se hubiere resuelto abrir licitaciones y concursos dentro de las zonas anteriormente aportadas, tal y como lo dispone el artículo 351 del Código de Minas, se procederá al rechazo de la solicitud y se ordenará la suspensión de la explotación de conformidad con lo establecido en el artículo 306 y el capítulo XVII del Código de Minas.

PAR. 1º—En el caso de que la superposición sea parcial y para el mismo mineral, la autoridad minera delegada procederá de oficio a eliminarla e informará al interesado el área que queda libre, a efectos de que éste manifieste en el término de treinta (30) días siguientes al recibo de la comunicación en tal sentido, si desea continuar con su solicitud respecto de ésta, so pena de proceder al rechazo de la misma.

PAR. 2º—En el caso de que la solicitud de legalización se encuentre ubicada dentro del área de un título minero de explotación para mineral diferente, que cuente con programa de trabajos y obras, PTO, aprobado o programa de trabajos e inversiones, PTI, aprobado y que el titular del contrato no hubiere solicitado la adición al objeto del mismo, se procederá de conformidad con el artículo 63 de la Ley 685 de 2001 y el artículo 7º del presente decreto.

PAR. 3º—Las superposiciones entre solicitudes de explotadores de minas de propiedad estatal sin título minero inscrito en el registro minero nacional a que se refiere el presente decreto, se definirán teniendo en cuenta la fecha de presentación de la solicitud.

PAR. 4º—Cuando proceda el rechazo de la solicitud, del acto administrativo que la declare se compulsará copia a la autoridad ambiental competente, con el fin de que ésta ordene la adopción de las medidas necesarias a tomar por parte del solicitante para mitigar y corregir el impacto ambiental producido por la explotación de hecho. Igualmente, se compulsará copia del mismo al alcalde del municipio en que se adelantare la explotación, con el fin de que éste proceda a efectuar diligencia de cierre, suspensión de trabajos y decomiso de mineral, de conformidad con el artículo 306 del Código de Minas.

Que de acuerdo con el concepto técnico no queda área libre para contratar, por lo que se procederá al rechazo de la propuesta de contrato de concesión EKK-161, con fundamento en el concepto técnico citado y el artículo 4º del Decreto 2390 de 2002.

En mérito de lo expuesto, el Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas”

RESUELVE:

ART. 1º—RECHAZAR la propuesta de legalización de minería de hecho de placa EKK-161, presentada por el señor Pedro Adolfo Runceria Duarte, de un yacimiento de Carbón Mineral, ubicado en jurisdicción del municipio de la Guachetá, departamento de Cundinamarca.

ART. 2º—Una vez ejecutoriada y en firme la presente resolución, oficiar a través del grupo de información y atención al minero, al alcalde del municipio en mención para que proceda de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 161 y 306 de la Ley 685 de 2001 (Código de Minas), según lo dispuesto por el artículo 4º del Decreto 2390 de 2002.

ART. 3º—Una vez ejecutoriada y en firme la presente resolución, compulsar copias a la autoridad ambiental correspondiente, del presente acto administrativo, con el fin de que esta orden la adopción de las medidas necesarias a tomar por parte del solicitante para mitigar y corregir el impacto ambiental producido por la explotación de hecho, de conformidad con el parágrafo 4º del artículo 4º del Decreto 2390 de 2002.

ART. 4º—Notifíquese el presente acto personalmente al interesado o en su defecto procédase mediante edicto.

ART. 5º—Ejecutoriada esta providencia, efectúense el archivo del referido expediente, y precédase a la desanotación del área del Sistema Gráfico del Instituto.

ART. 6º—Contra este pronunciamiento procede el recurso de reposición, el cual puede interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación.

Notifiquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a los 6 días del mes de abril de 2005.

Myriam Vargas Barrantes

Subdirectora de contratación y titulación”.

No se transcribe el contenido de la Resolución SCT-02054 de octubre 14 de 2005 por cuanto al resolver el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución SCT-00531 de abril 6 de 2005, reiteró los mismos argumentos expuestos en la recurrida resolución.

6.2. Examen del recurso de apelación. De la superposición de la propuesta de contrato de concesión CL3-081:

Luego de revisado con atención el contenido del recurso de apelación interpuesto por el apoderado del actor contra la sentencia apelada, observa la Sala que en primer término lo que procura demostrar el censor es que la solicitud de propuesta de contrato de concesión CL3-081 no daba lugar a ser tenida como superposición frente a la solicitud de legalización EKK-161 presentada por el actor, tal y como lo consignaron los actos administrativos demandados, que fueron declarados ajustados a la normativa constitucional y legal por el a quo.

Finca este planteamiento afirmando que el área de legalización de esta última solicitud, no se encontraba libre para la época de la radicación de la solicitud EKK-161 el día 20 de noviembre de 2003, por cuanto el área de terreno que pretendía fuera reconocida en esta solicitud, era la misma que correspondía en toda su extensión al contrato de concesión CL3-081, cuya extensión de igual manera correspondía a la de la licencia de explotación 14.955, que en el sentir del apelante, se encontraba vigente.

Afirma también que esta licencia de Explotación tenía vigencia entre marzo 3 de 1994 y enero 18 de 2002, para la explotación de carbón mineral en la Vereda Peñas del Municipio de Guachetá Cundinamarca a nombre de los señores César Eugenio Díaz Guerrero y Mateo Garibello Parra, con un área total de 99 hectáreas y 5710 metros 2, la cual a su vez cubre la solicitud de legalización EKK-161.

Sostiene que en el Registro Minero Nacional obra la inscripción de la licencia 14.955 en la que figura la anotación 16 de agosto 11 de 1999, consistente en la medida de embargo decretada sobre esta licencia por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá. A su vez en la anotación 18 de la licencia, figura la Resolución RUD-081 de mayo 23 de 2001 por la cual se canceló la licencia de explotación 14.955, expedida por la gerencia operativa regional 2 de Ubaté.

De acuerdo con las anteriores afirmaciones, el censor planteó como tesis de inconformidad que para la fecha en que se presentó la propuesta de contrato de concesión CL3-081 el 3 de diciembre de 2001 sobre la misma área de la licencia de explotación 14.955, ésta se encontraba embargada lo que implicaba que no se podía realizar trámite administrativo alguno, hasta tanto se cancelara la medida cautelar inscrita en la anotación 16. Empero lo anterior, dice que el día 23 de mayo de 2001, la gerencia operativa regional 2 de Ubaté expidió la Resolución RUD-081 por la cual canceló la licencia de explotación 14.955.

Para la Sala el apelante en últimas lo que está planteando, es un juicio de legalidad respecto de actos administrativos proferidos por la administración que no son objeto de examen en la presente demanda, como quiera que censura la legalidad de la Resolución RUD-081 de mayo 23 de 2001 que ordenó la cancelación de la licencia 14.955 y de la Resolución RUD-0187 del 21 de noviembre de 2001 que confirma la anterior.

A juicio de la Sala, los anteriores argumentos de inconformidad corresponden a puntos distintos y nuevos respecto de los que fueron planteados como cargos en la demanda, motivo por el cual sobre estos aspectos no se proferirá pronunciamiento de fondo ya que de hacerlo, se incurriría en violación al derecho de defensa de la parte demandada que se vería sorprendida con temas nuevos que no tuvo la oportunidad de controvertir, previa la decisión de la primera instancia.

Tan cierto es lo anterior, que en la contestación de la demanda la apoderada judicial del Instituto Colombiano de Geología y Minería Ingeominas, no se refirió en ningún momento al tema de la situación jurídica del área comprendida en la propuesta de contrato de concesión CL3-081 en los términos en que fue planteada en la apelación, es decir, sobre la vigencia de la licencia de explotación 14.955 y la medida cautelar decretada por un juzgado de la República.

Y es que mal podría haberse pronunciado la entidad demandada sobre la existencia de la licencia 14.955 por cuanto en primer lugar, como ya se dijo este tema no fue planteado en la demanda por el apoderado del actor y, en segundo término, porque no se puede desconocer como sí lo hizo el apelante, la presunción de legalidad que acompaña las resoluciones RUD-181 de mayo 23 de 2001 y RUD-0187 de noviembre 21 de 2001 mediante las cuales se canceló la licencia 14.955, asunto que escapa al presente análisis de legalidad.

Es preciso recordar que la apoderada del Ingeominas al contestar la demanda fue enfática en afirmar, que para la fecha de la presentación de la solicitud de legalización EKK-161 el 20 de noviembre de 2003, el área materia de solicitud ya había sido requerida con anterioridad por la propuesta de contrato de concesión CL3-081, que fue presentada el 3 de diciembre de 2001 por el señor Jorge Enrique Torres González y la Comercializadora Internacional IMKOQ S.A. para la exploración y exploración de carbón en el municipio de Guachetá. Resaltó que el 5 de septiembre de 2003, el Instituto concluyó que el área definida era técnicamente aceptable y que el 19 de septiembre de 2005, se suscribió el respectivo contrato de concesión.

Por tanto, en ningún momento tuvo la oportunidad la apoderada de la autoridad minera demandada, de pronunciarse respecto de la vigencia de la licencia de explotación 14.955, menos de las resoluciones que ordenaron su cancelación y de la medida cautelar de embargo que sobre ella pesaba, asuntos que apenas fueron expuestos por el apoderado del actor en el recurso de apelación, los cuales bien podrían haber sido planteados desde el inicio del debate procesal en la demanda o incluso en los alegatos de conclusión, como quiera correspondían a la realidad del acontecer fáctico en contienda.

Al respecto se transcribe el siguiente aparte jurisprudencial proferido por esta Sala:

“Es presupuesto sine qua non de la sustentación del recurso de apelación de la referencia clara y concreta que el recurrente haga de las consideraciones de la sentencia apelada y de los argumentos tendientes a dejar sin sustento jurídico las mismas, pues precisamente al juzgador de segundo grado corresponde hacer dichas confrontaciones en orden a concluir si la sentencia merece o no su confirmación”. (Sent. 3523, mar. 22/96, M.P. Ernesto Rafael Ariza Muñoz).

En cuanto a la propuesta del contrato de concesión 867-T:

Otro de los argumentos expuestos por el apelante se refiere a que la propuesta del contrato de concesión 867-T tampoco daba lugar a superposición con la legalización EKK-161, por tratarse de dos acciones distintas ya que la primera era para tramitar un contrato de concesión en zona o área que se encontraba libre para contratar y la segunda, para legalizar las labores mineras de hecho.

De allí que para el apelante, la autoridad minera demandada tenía primero que solucionar o despejar a los explotadores de hecho y después darle trámite a los proponentes del contrato de concesión, siempre y cuando la zona estuviese libre, actuación administrativa distinta a la que fue desplegada por el Ingeominas por lo que se torna en ilegal al desconocer los derechos adquiridos del actor en el proceso de legalización EKK-161.

La Sala no comparte los planteamientos anteriores teniendo de presente que revisado el material probatorio que conforma el expediente, la decisión adoptada en las resoluciones SCT- 00531 de abril 6 de 2005 y en la Resolución SCT-02054 de octubre 14 de 2005 objeto de demanda, se enmarcaron en los supuestos de hecho y de derecho regulados en la Ley 685 de 2001 y su decreto reglamentario 2390 de 2002.

Es así como el artículo 165 de la Ley 685 de agosto 15 de 2001 “Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones, establece lo siguiente:

“ART. 165.—Legalización. Los explotadores de minas de propiedad estatal sin título inscrito en el Registro Minero Nacional, deberán solicitar, en el término improrrogable, de tres (3) años contados a partir del primero (1°) de enero de 2002, que la mina o minas correspondientes les sean otorgadas en concesión llenando para el efecto todos los requisitos de fondo y de forma y siempre que el área solicitada se hallare libre para contratar. Formulada la solicitud y mientras ésta no sea resuelta por la autoridad minera, no habrá lugar a proceder, respecto de los interesados, mediante las medidas previstas en los artículos 161 y 306, ni a proseguirles las acciones penales señaladas en los artículos 159 y 160 de este código.

Los procesos de legalización de que trata este artículo, se efectuarán de manera gratuita por parte de la autoridad minera. Adicionalmente, esta última destinará los recursos necesarios para la realización de éstos, en los términos del artículo 58de la Ley 141 de 1994.

Los títulos mineros otorgados o suscritos, pendientes de inscripción en el Registro Minero Nacional, con anterioridad a la vigencia de este código, serán inscritos en el mismo y para su ejecución deberán cumplir con las condiciones y obligaciones ambientales pertinentes.

Tampoco habrá lugar a suspender la explotación sin título, ni a iniciar acción penal, en los casos de los trabajos de extracción que se realicen en las zonas objeto de los proyectos mineros especiales y los desarrollos comunitarios adelantados conforme a los artículos 248 y 249, mientras estén pendientes los contratos especiales de concesión objeto de dichos proyectos y desarrollos” (resaltado fuera de texto).

De acuerdo con la preceptiva legal transcrita, se puede afirmar que son varios los requisitos que exigió el legislador a aquellas personas que tenían como oficio la explotación de minas de propiedad estatal y que no tenían el título inscrito en el Registro Minero Nacional, a saber: i) la solicitud deberían presentarla dentro de los tres años contados a partir del 1º de enero de 2002, ii) que la mina se otorgaba en concesión y iii) que el área solicitada se hallare libre para contratar.

Los actos administrativos objeto de demanda mediante los cuales rechazó y archivó la solicitud de legalización EKK-161(8), tuvieron como fundamento lo siguiente:

En primer lugar, la evaluación técnico jurídica de solicitudes mineras proferida el 1º de abril de 2005 por la subdirección de contratación y titulación del Ingeominas que conceptuó(9):

“1. Se encontró que el área solicitada se superpone totalmente con la solicitud EEK-161 y parcialmente con las solicitudes 867T, CL3-081, EHE-121, que se encontraban vigentes a la fecha de entrega de la propuesta; de oficio se procedió a eliminar la superposición existente a la solicitud EKK-161, definiendo que no queda área disponible para esta solicitud.

El plano adjunto con radicado ante Minercol 009229 del 20 de noviembre de 2003, cumple con lo establecido en el Decreto 2390 de 2002”.

En segundo término el marco legal fijado por el artículo 4° del Decreto 2390 de octubre 24 Por el cual se reglamenta el artículo 165 del Código de Minas, dispone lo siguiente:

“ART. 4º—En el caso de superposición total de áreas y para el mismo mineral, entre solicitudes de legalización con: solicitudes de legalización en trámite, propuestas de contratos de concesión y solicitudes anteriores, solicitudes de autorización temporal anteriores o autorizaciones temporales en ejecución, títulos mineros otorgados inscritos y no inscritos en el registro minero nacional, títulos de propiedad privada del subsuelo, zonas de reserva especial, zonas de seguridad nacional, zonas excluibles de la minería, zonas de minería restringida y demás áreas de protección ecológica y ambiental de acuerdo con la normatividad ambiental vigente, sin la correspondiente autorización o zonas de inversión estatal; y las áreas sobre las que se hubiere resuelto abrir licitaciones y concursos dentro de las zonas anteriormente aportadas, tal y como lo dispone el artículo 351 del Código de Minas, se procederá al rechazo de la solicitud y se ordenará la suspensión de la explotación de conformidad con lo establecido en el artículo 306 y el capítulo XVII del Código de Minas.

PAR. 1º—En el caso de que la superposición sea parcial y para el mismo mineral, la autoridad minera delegada procederá de oficio a eliminarla e informará al interesado el área que queda libre, a efectos de que éste manifieste en el término de treinta (30) días siguientes al recibo de la comunicación en tal sentido, si desea continuar con su solicitud respecto de ésta, so pena de proceder al rechazo de la misma.

PAR. 2º—En el caso de que la solicitud de legalización se encuentre ubicada dentro del área de un título minero de explotación para mineral diferente, que cuente con programa de trabajos y obras, PTO, aprobado o programa de trabajos e inversiones, PTI, aprobado y que el titular del contrato no hubiere solicitado la adición al objeto del mismo, se procederá de conformidad con el artículo 63 de la Ley 685 de 2001 y el artículo 7º del presente decreto.

PAR. 3º—Las superposiciones entre solicitudes de explotadores de minas de propiedad estatal sin título minero inscrito en el registro minero Nacional a que se refiere el presente decreto, se definirán teniendo en cuenta la fecha de presentación de la solicitud.

PAR. 4º—Cuando proceda el rechazo de la solicitud, del acto administrativo que la declare se compulsará copia a la autoridad ambiental competente, con el fin de que ésta ordene la adopción de las medidas necesarias a tomar por parte del solicitante para mitigar y corregir el impacto ambiental producido por la explotación de hecho. Igualmente, se compulsará copia del mismo al alcalde del municipio en que se adelantare la explotación, con el fin de que éste proceda a efectuar diligencia de cierre, suspensión de trabajos y decomiso de mineral, de conformidad con el artículo 306 del Código de Minas” (subrayas fuera de texto).

El reparo expresado por el apelante consiste en que en su sentir, la solicitud de legalización EKK-161 tiene un derecho preferente frente a la propuesta de contrato de concesión 867T, motivo por el cual afirma se le desconoció el derecho adquirido del cual era titular el actor al haber sido rechazada su solicitud de legalización.

La Sala no comparte el planteamiento anterior, por cuanto del contenido de los apartes subrayados del artículo 4º del Decreto 2390 de 2002 no se colige la interpretación que le da el recurrente,en el sentido de que las solicitudes de legalización de minería tienen o se encuentran en un nivel superior o de preferencia frente a las propuestas de concesión, ya que la disposición legal las ubica en plano de igualdad, incluso frente a las otras situaciones contempladas como presupuestos de hecho para iniciar el trámite de legalización.

En este sentido, el ad quem comparte la afirmación del fallo apelado según la cual, si bien es cierto que las propuestas de contratos de concesión se rigen por las normas previstas en los artículos 270 a 279 de la Ley 685 de 2001 y las solicitudes de legalización como la del actor, por el artículo 165 idem y por el Decreto 2390 de 2002, igualmente lo es que el artículo 4º al referirse al tema de la superposición de áreas para el mismo mineral, plantea que ésta se presenta entre solicitudes de legalización en trámite, propuestas de contratos de concesión y solicitudes anteriores, entre otras, en cuyo caso deberá procederse al rechazo de la solicitud.

La prelación a la que alude la norma se refiere a la primera petición de legalización que se radicó ante la autoridad minera, pues primero en el tiempo primero en el derecho, tal y como lo establece el parágrafo 3° del artículo 4º del Decreto 2390 de 2002 que señala: “Las superposiciones entre solicitudes de explotadores de minas de propiedad estatal sin título minero inscrito en el registro minero Nacional a que se refiere el presente decreto, se definirán teniendo en cuenta la fecha de presentación de la solicitud”. (resaltado del despacho)

Para el caso de las propuestas de concesión, el artículo 16 de la Ley 685 de 2001, reproduce en idéntico sentido la prelación de las solicitudes de explotación minera, al establecer:

“ART. 16.—Validez de la propuesta. La primera solicitud o propuesta de concesión, mientras se halle en trámite, no confiere, por sí sola, frente al Estado, derecho a la celebración del contrato de concesión. Frente a otras solicitudes o frente a terceros, sólo confiere al interesado, un derecho de prelación o preferencia para obtener dicha concesión si reúne para el efecto, los requisitos legales”. (subrayas y negritas del despacho)

Así mismo no es procedente aceptar como lo pretende el apelante, que el presupuesto legal contemplado en el artículo 165 de la Ley 685 de 2001 reglamentado en el Decreto 2390 de 2002, relativo al proceso de legalización de explotaciones mineras, constituye per se un derecho adquirido derivado de la simple presentación de la solicitud de legalización, en este caso de la del actor identificada con la placa EKK-161, por cuanto el otorgamiento del título minero que pretende le sea reconocido, está supeditado a un proceso de verificación previo que incluye evaluaciones técnico jurídicas para identificar si se presentan o no superposiciones con el fin de declarar que el área está libre para contratar.

Al respecto resulta más que ilustrativo transcribir el siguiente aparte jurisprudencial proferido por la Sección Tercera de esta Corporación mediante sentencia de noviembre 8 de 2007 radicación 11001-03-26-000-2005-00024-00 (29975) Magistrado Ponente Doctor Ramiro Saavedra Becerra, en la que al pronunciarse sobre la demanda de nulidad parcial interpuesta contra el artículo 4º del Decreto 2390 de 2002, estableció lo siguiente:

“En condiciones normales en las que se pretenda la obtención de una concesión de exploración y/o explotación minera, el hecho de presentar la solicitud en primer lugar, le otorga al peticionario un derecho de prelación o preferencia, reconociendo en esta forma, que el primero en el tiempo, es el primero en el derecho, pero sin que esa presentación signifique, automáticamente, el deber de la administración de conceder lo solicitado, salvo que se reúnan los requisitos para ello. Con mayor razón se predica lo anterior, en relación con las solicitudes que se presenten para legalizar explotaciones ilegales, en donde lo que persigue el legislador es dar la oportunidad a quienes realizan tales labores, de hacerlo con sujeción a la ley, la cual en tal caso, les brindará la protección correspondiente a todos los titulares de derechos mineros debidamente inscritos en el respectivo registro minero.

(...).

Al respecto, observa la Sala que, conforme a los términos de los artículos 16, 274, 299 y 300 del Código de Minas que se enunciaron, un área se encuentra libre, en general, cuando sobre ella no recaen derechos o expectativas creadas en los términos del mismo código; y precisamente, el hecho de que existan, sobre el área solicitada, “otras solicitudes de legalización en trámite, propuestas de contratos de concesión, y solicitudes anteriores, solicitudes de autorización temporal anteriores o autorizaciones temporales en ejecución”, como dice la norma acusada, impide afirmar que se trate de áreas libres, puesto que respecto de ellas existen otros procesos tendientes a la obtención de un título minero, iniciados con anterioridad, es decir, respecto de los cuales se presentó la solicitud en primer lugar, lo cual, conforme a lo dispuesto por el artículo 16, tal y como ya se vio, le otorga al solicitante, un derecho de prelación, de tal forma que debe estudiarse antes que todas las demás y si obtiene el título minero, es obvio que nadie más podrá obtenerlo dentro de la misma área y para el mismo mineral; y sólo en la medida en que una vez estudiada su solicitud, se halle que no llena los requisitos para obtener tal derecho, habrá lugar a recibir otras solicitudes y peticiones. Por lo anterior, la Sala concluye que no se configuraron los cargos esgrimidos por el demandante en contra del aparte del artículo 4º del Decreto Reglamentario 2390 del 24 de octubre de 2002, objeto de la demanda de nulidad; en consecuencia, las pretensiones serán denegadas” (resaltado fuera de texto).

En el caso de la evaluación técnico jurídica elaborada por la subdirección de contratación y titulación minera del 1º de abril de 2005, señaló que la solicitud de legalización EKK-161 se superponía parcialmente con la solicitud 867T concepto que sirvió de fundamento para la expedición de la Resolución 00531 de abril 6 de 2005 objeto de demanda, para rechazar la solicitud de legalización minera del actor.

Revisado el cuaderno de anexos que acompaña el expediente, aparece la Resolución SCT 00046 del 2 de diciembre de 2004 proferida por la subdirección de contratación y titulación minera(10) “por medio de la cual se resuelven unas oposiciones dentro del trámite del expediente CL3-081 y se adoptan otras determinaciones”, algunos de cuyos considerandos dada su pertinencia con la solicitud del apelante, en el sentido de que la propuesta 867T no sirve de superposición frente a la solicitud EKK-161.

Estableció que al revisar el trámite de la licencia 14.955 y del expediente 867T, los peticionarios que se oponían a la celebración del contrato de concesión CL3-081, hacían parte del proceso de integración realizado bajo la solicitud 867T. Del mismo modo sostuvo que el área solicitada en concesión por los proponentes en el expediente CL3-081, corresponde a la misma área de la antigua licencia 14.955 cancelada mediante Resolución RUD-081 de mayo 23 de 2001, en la cual algunos de los miembros de Promincarg eran subcontratistas.

Del mismo modo a folio 96 del cuaderno, señala la Resolución 0046 de 2004 que el 2 de diciembre de 2002, el señor Ananias Gallo Perez, Representante Legal de Promincarg Ltda., presentó formulario de propuesta de concesión número 0312.

De acuerdo con lo anterior, la Sala observa que para el caso en estudio, la solicitud de propuesta de contrato de concesión presentada el 2 de diciembre de 2002, fue anterior a la fecha de la solicitud de legalización del expediente EKK-161 presentada por el actor el 20 de noviembre de 2003. En este orden de ideas era procedente afirmar, como lo hizo el acto demandado, que la propuesta de concesión 867T se superponía a la de legalización EKK-161.

Con fundamento en las anteriores consideraciones se confirmará el fallo del a quo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 17 de julio de 2008.

2. Una vez en firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(8) Resolución SCT-N° 00531 de abril 6 de 2005 “por medio de la cual se rechaza y archiva la propuesta de legalización de minería de hecho N° EKK-161, figura a folios 77 y 78. La Resolución SCT- 02054 de octubre 14 de 2005 “por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición dentro del expediente EKK-161”, obra a folios 124 a 128 del cuaderno de anexos.

(9) Obra a folios 69 a 71 del cuaderno de anexos.

(10) A folios 89 a 103 del cuaderno de anexos.