Sentencia 2006-00119 de mayo 22 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Radicados internos 4060, 4068, 4069 y 4070.

Procesos 110010328000200600119, 127, 128 y 129.

Consejero Ponente:

Dr. Filemón Jiménez Ochoa

Bogotá, D.C., veintidós de mayo de dos mil ocho.

Demandantes: Wilmer Fernando Mendoza Ramírez y otros.

Demandados: Representantes a la Cámara por el departamento de La Guajira.

Acción electoral - Única instancia

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

Conforme a los artículos 128-3 y 231 del Código Contencioso Administrativo, y 13 del reglamento interno de la corporación, esta Sección es competente para conocer en única instancia de la presente acción pública electoral.

2. El acto administrativo demandado.

Es la declaratoria de la elección de los señores Wilmer David González Brito, del Partido Liberal Colombiano, y Bladimiro Nicolás Cuello Daza, del Partido Conservador Colombiano como representantes a la Cámara por el departamento de La Guajira para el periodo constitucional 2006-2010, contenida en el Acuerdo 8 del 5 de junio de 2006 en las elecciones populares llevadas a cabo el 12 de marzo del mismo año.

3. Las pretensiones.

1. Las demandas presentadas por los señores Wilmer Fernando Mendoza Ramírez (Exp. 4060), y Mauricio Carvajal Pava (Exp. 4070), están encaminadas a obtener la anulación del Acuerdo 8 del 5 de junio de 2006, en cuanto por él se declaró la elección de los señores Wilmer David González Brito, del Partido Liberal Colombiano y Bladimiro Nicolás Cuello Daza, del Partido Conservador Colombiano, como representantes a la Cámara por el departamento de La Guajira para el periodo 2006-2010, por la existencia de registros electorales falsos o apócrifos, y por extravío de documentos electorales, invocando las causales de nulidad previstas en los numerales 2º y 3º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo.

2. El señor Carlos Ariel Sánchez Torres (Exp. 4068) demanda igualmente la nulidad del acto electoral antes indicado por motivos de inconstitucionalidad en la aplicación del artículo 176 de la Constitución Política, norma en la que debía fundarse el Decreto 4767 de 2005 que fijó el número de representantes a la Cámara por las distintas circunscripciones territoriales, porque considera que específicamente en el caso del departamento de La Guajira, debieron asignarse tres (3) curules y no dos (2) como se consigna en dicho decreto. De donde solicita su inaplicación con base en el artículo 4º constitucional, y la anulación del acto electoral demandado por sustracción de los motivos legales que lo fundamentaron.

3. En otra demanda presentada por el señor Mauricio Carvajal Pava (Exp. 4069) se solicita la anulación del referido Acuerdo 8 de 2006 del Consejo Nacional Electoral en cuanto declaró la elección como representante a la Cámara por La Guajira del Señor Wilmer David González, por la causal de inhabilidad establecida en el numeral 5º del artículo 179 de la Constitución Política.

4. Análisis de los cargos.

A. Los cargos de nulidad por las causales señaladas en los numerales 2º y 3º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo.

1. Demanda del señor Wilmer Fernando Mendoza Ramírez (Exp. 4060).

Los cargos de esta demanda giran alrededor de la falsedad de los votos depositados bajo distintas modalidades de suplantación de electores, a saber:

1. Suplantaciones de sufragantes, porque en los formularios E-11 aparecen nombres de personas que no son titulares de las cédulas consignadas en ellos, lo que implica la existencia de votos fraudulentos para inflar el resultado electoral a favor de determinado candidato.

2. Ciudadanos que simularon ser jurados de votación para depositar su voto en mesas en las que no se hallaban registrados.

3. Ciudadanos no registrados a quienes se les permitió votar con formulario E-12 en forma ilegal.

4. Ciudadanos que se desempeñaron como jurados de votación y votaron doblemente.

5. Ciudadanos que suplantaron a quienes habían sido designados como jurados de votación.

Los cargos de la demanda fueron formulados en forma genérica, sin concreción de los casos en que ocurrieron las irregularidades en que sustenta la petición de nulidad del acto electoral, con excepción del primero, de suplantación de sufragantes, que se concreta en el anexo 2 de la demanda en el que se relacionan el lugar de votación, el número de cédula preimpresa en el formulario E-11, el nombre de su titular y el nombre con el cual fue suplantado.

De allí que la Sala solo analizará el cargo de suplantación de sufragantes contenido en el anexo 2 referido, en razón de que la manera general e imprecisa de los demás cargos impide la verificación de los hechos que configuran cada uno de ellos, para establecer su existencia y su incidencia en los resultados electorales, y de esa manera decidir sobre su prosperidad.

Debe reiterarse en esta oportunidad el carácter rogado de esta jurisdicción, en la que no son procedentes los controles generales oficiosos, por lo que el juez de lo contencioso electoral debe someter su actuación a los términos de la demanda presentada, conforme al principio de la congruencia de las decisiones judiciales establecido en los artículos 137, numerales 2º, 3º y 4º, 170 y 175 del Código Contencioso Administrativo y 305 del Código de Procedimiento Civil, conforme al cual toda sentencia que se dicte en la jurisdicción contencioso administrativa debe estar en consonancia con las pretensiones de la demanda y con los hechos probados, y en consecuencia debe resolverse sobre todas las pretensiones de la demanda y no puede condenarse por más de lo pedido ni por objeto distinto del pretendido o por hechos diferentes de los invocados como causa (2) .

La formulación genérica de los cargos fue reconocida en este proceso por el demandante en el recurso ordinario de súplica contra el auto que ordenó la corrección de la demanda (fl. 99, Exp. 4060), al manifestar que las irregularidades electorales descritas en los literales b), c), d) y e) del hecho 5 serían determinadas en la oportunidad legal para su adición y corrección. Sin embargo ello no ocurrió.

Tanto la parte demandada como el Ministerio Público destacan igualmente la imposibilidad de ejercer la defensa o de emitir un concepto sobre los referidos cargos, por su imprecisión.

2. Demanda del señor Mauricio Carvajal Pava (Exp. 4070).

La Sala analizará los siguientes cargos de irregularidades electorales encaminadas a configurar la causal de nulidad descrita en el numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, por la existencia de registros falsos o apócrifos o elementos falsos o apócrifos que hayan intervenido en la formación de los registros electorales, limitándose a aquellos en que se señalaron los casos específicos en los cuales se afirma que tuvieron lugar las irregularidades:

1. Mayor o menor número de votos en comparación con el número de sufragantes en 35 mesas ubicadas en los municipios de Manaure (14), Riohacha (19), Maicao (1) y Barrancas (1) (fl. 3), deducido de la diferencia en el número de votos registrado en los formularios E-11, E-14 y E-24 de las mesas señaladas.

2. Suplantación de votantes en cuarenta (40) mesas localizadas en los municipios de Manaure (24 casos), Riohacha (15 casos) y Uribia (1 caso) (fls. 4 y 5).

3. Votación a nombre de personas fallecidas o por ciudadanos privados de derechos políticos (solo se señala un caso en una mesa localizada en Manaure, fl. 6).

4. Suplantación de jurados de votación o la actuación de jurados usurpadores o de facto en los casos indicados en la demanda (fls. 6 y 7).

5. Votación de 215 personas no inscritas ni habilitadas para votar, en las mesas ubicadas en los municipios de Manaure (198), Riohacha (12), San Juan del Cesar (1) y Uribia (4) (fls. 8 a 14).

Los siguientes cargos también formulados por el señor Carvajal Pava no fueron especificados:

— Diferencias entre los registros electorales E-14, E-24 y E-26.

— Pérdida o extravío de formularios E-11 y E-14.

— Doble votación de personas o de jurados de votación.

Aunque el demandante anunció que los antes referidos cargos serían individualizados en la corrección de la demanda, ello nunca ocurrió (cargos segundo, quinto, octavo y noveno, fls. 3, 4, 6 y 14).

La Sala se abstendrá de pronunciarse en relación con los antes indicados cargos, por las razones ya expuestas con ocasión de los cargos indeterminados formulados por el señor Wilmer Fernando Mendoza Ramírez (págs. 33 y 34 de esta providencia).

A.1. Modalidades de registros falsos o apócrifos (CCA, art. 223, num. 2º).

La causal de nulidad del numeral 2º que han invocado los demandantes, por la presencia de registros electorales falsos o apócrifos, o de elementos falsos o apócrifos que hubieran servido para su formación, deriva en la alteración de la verdad electoral, como cuando se supone la votación de personas que no han intervenido en las urnas, se hacen constar resultados que son ajenos a los verdaderamente escrutados (por exceso o por defecto), se finge la calidad de jurado de votación para sufragar sin estar autorizado, o se aduce una autorización para votar inexistente, o también cuando se altera materialmente el contenido de las actas o se incorporan en los cómputos de votos actas inválidas, y en general, cuando la declaración que contiene el documento no corresponde a la realidad.

Los demandantes Wilmer Fernando Mendoza Ramírez y Mauricio Carvajal Pava atacan el acto declaratorio de la elección de los representantes a la Cámara por el departamento de La Guajira por la causal 2 del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, por suplantación de votantes.

El segundo de los demandantes formula y sustenta, además, los siguientes cargos encaminados a demostrar la existencia de registros falsos o apócrifos:

— Un (1) voto a nombre de persona fallecida (folio 6).

— Setenta y nueve (79) personas que intervinieron como jurados de votación usurpadores o de facto (fls. 6 y 7).

— Doscientos quince (215) sufragantes no inscritos ni habilitados para votar en la mesa en que lo hicieron (fls. 8 a 14).

Además impugna 35 mesas de votación por el registro de más votos que sufragantes, resultante de la comparación de los formularios E-11, E-14 y E-24 (fl. 3).

El análisis de los referidos cargos se hará en el orden anterior.

A.1.1. El cargo de suplantación de sufragantes.

A.1.1.1. Marco legal y jurisprudencial.

Esta modalidad de fraude electoral ha sido considerado por la jurisprudencia de esta Sala como una causal de nulidad de las actas de escrutinio de los jurados de votación, por falsedad (CCA, arts. 223-2 y 226, inc. 1º), que puede ser declarada por el juez contencioso administrativo, por cuanto conlleva falsedad de las actas de escrutinio, porque en estas se contabilizan votos ilegalmente depositados para obtener un resultado electoral distinto al que corresponde a la voluntad legítima del electorado.

Así lo ha definido la jurisprudencia de esta Sección:

“... modalidad de fraude electoral por la actividad desplegada por quienes tienen acceso a las urnas para introducir en ellas votos no depositados por sufragantes y colocar a la vez nombres y apellidos de votantes ficticios, o trazos ilegibles, o cualquier otra expresión o señal distinta al nombre del ciudadano titular de la cédula que figura frente a la casilla dispuesta para ello en el formulario E-11, lista y registro de votantes; se trata de un proceso de suplantación de electores ausentes, generalmente realizada por miembros del jurado de votación, que configura la causal de nulidad por falsedad de las actas de escrutinio, porque en estas se contabilizan votos ilegalmente depositados para obtener un resultado electoral distinto al que corresponde a la voluntad legítima del electorado. La irregularidad de tales votos se sustenta en la alteración de la realidad procesal mediante la adición de factores cuantitativos y cualitativos ficticios por parte de los jurados, en abierta violación del artículo 114 del Código Electoral” (3) (resaltado fuera del texto).

También la jurisprudencia ha advertido que en relación con esta modalidad de registros falsos o apócrifos, no toda incongruencia en los nombres registrados en los formularios E-11 de una determinada votación y los que corresponden en el ANI a una determinada cédula de ciudadanía permite deducir que hubo suplantación de electores, puesto que tal incongruencia puede originarse en errores en que incurran los jurados de votación en el diligenciamiento del formulario E-11, consistentes en la colocación del nombre del sufragante que aparece en el censo en renglón diferente al que corresponde, por la similitud del número de identidad, o equivocación en la escritura del nombre, etc.; tales errores no configuran suplantación y por lo tanto no convierten en falsos o apócrifos los sufragios.

De manera que, como lo ha señalado esta Sala en ocasiones anteriores, para deducir la falsedad de un registro por inconsistencia entre el nombre registrado en el formulario E-11 y el nombre del titular de la cédula de ciudadanía, es necesario analizar individualmente la situación planteada por los demandantes para aclarar si se presentaron los fraudes de suplantación de votantes, o de simulación de votos, o si por el contrario la inconsistencia obedece a errores en la anotación hecha por los jurados, que no convierte en fraudulentos los votos afectados (4) . Partiendo de la presunción de validez de los sufragios, que se respalda en la actuación de buena fe de los jurados de votación, en cumplimiento de su deber legal, la falta de correspondencia entre el nombre del votante registrado en el E-11 y el titular de la cédula de ciudadanía, constituye un mero indicio que debe ser complementado con la actividad probatoria encaminada a demostrar el fraude o la irregularidad, mediante la verificación, en el censo electoral, de que el nombre supuestamente falso no corresponde a un ciudadano apto para votar y que incorrectamente fue anotado en un renglón perteneciente a otro sufragante, o ante la evidencia de que se trata de errores en la escritura del nombre, que no entrañan falsedad.

Los errores o imprecisiones de los jurados, que se detectan sin dificultad, y que son explicables, no deslegitiman la votación depositada en la correspondiente mesa, que no pueden ser objeto de reproche en la medida en que quienes así lo hicieron amparados por el derecho que les otorga su inscripción en el registro del votantes, conforme a la ley, en tanto que los casos en que no es posible explicar la inconsistencia como un error de los jurados se está en presencia de registros falsos o apócrifos, que además infringen el procedimiento de votación establecido en el artículo 114 del Código Electoral, que les obliga a realizar los registros de sufragantes en presencia de las respectivas cédulas de ciudadanía, verificando la identidad del sufragante para localizarlo en el formulario E-11 a efectos de realizar la anotación pertinente. Los referidos casos carecen del más mínimo asomo de que ese hubiera sido el procedimiento utilizado, lo que permite inferir que efectivamente se trata de votos que no fueron depositados por ciudadanos aptos para votar, con el propósito de alterar el resultado de los escrutinios.

A.1.1.2. Análisis del cargo de suplantación de sufragantes.

A.1.1.2.1. Expediente 4060.

Del análisis de los 669 casos de suplantación de sufragantes señalados en el anexo 2 de la demanda presentada por el señor Wilmer Fernando Mendoza Ramírez, realizado mediante la confrontación entre los datos consignados por los jurados de votación en los formularios E-11 allegados al proceso en archivos magnéticos y los que arroja el censo electoral también incorporado como prueba en la misma forma (fls. 137 y 139), se ha obtenido el resultado indicado en el cuadro A que se inserta a continuación.

NOTA: El presente cuadro podrá ser consultado en la página oficial de entidad.

Del cuadro anterior se deduce que se comprobaron sesenta y ocho (68) de los seiscientos sesenta y nueve (669) casos indicados por el demandante que no corresponden a los datos de los titulares de las cédulas preimpresas en el formulario E-11, ni a errores de los jurados que permitieran excluir la posibilidad de que se trata de votos irregularmente depositados, lo que convierte esos registros en falsos o apócrifos.

Los demás casos indicados en el anexo 2 de la demanda del señor Mendoza Ramírez corresponden a inconsistencias derivadas de errores en que han incurrido los jurados de votación, en la mayoría de los casos al colocar el nombre del votante en la casilla anterior o posterior a la que le corresponde por la similitud de los números de cédulas.

También se encontraron algunos casos constitutivos de errores de los jurados al escribir los nombres de los votantes o agregar u omitir algún nombre o apellido.

A.1.1.2.2. Expediente 4070.

El demandante Mauricio Carvajal Pava especifica cuarenta (40) casos de suplantación de electores en el cuadro titulado “votantes suplantados actas E-11 (fl. 4), de cuya verificación con los correspondientes documentos aportados al proceso (Censo Electoral y formularios E-11, fl. 139 y cdnos. 1 al 10) resulta lo siguiente:

NOTA: El presente cuadro podrá ser consultado en la página oficial de entidad.

Conforme al cuadro anterior fueron comprobados diecisiete (17) casos de suplantación.

Los demás casos corresponden a equivocaciones en la ubicación del nombre del sufragantes en que incurrieron los jurados de votación, debido a la similitud de los números de identificación o de errores en el nombre del votante, que aparecen obvias y que como tales no pueden calificarse como registros falsos o apócrifos.

A.1.1.3. Resumen.

En conclusión, se comprobaron ochenta y cinco (85) votos falsos o apócrifos de los formulados en los procesos 4060 y 4070 bajo el cargo de suplantación de sufragantes.

Como se observa sin dificultad, el número de casos de suplantación comprobados en el proceso es notablemente inferior al señalado por los demandantes. Ello tiene lugar por cuanto el cargo de suplantación es formulado respecto de todos los casos de inconsistencias, que como ya se dijo, en la mayoría de los casos corresponden a errores en que incurren los jurados de votación en la anotación de los nombres de los sufragantes y que no constituyen registros falsos o apócrifos. La formulación del cargo en esas condiciones no es completa porque traslada al juez la responsabilidad de establecer la causa de la inconsistencia.

A.1.2. Votación a nombre de personas fallecidas o privadas de sus derechos políticos.

Solo se impugna el voto del señor Adolfo González Epiayú, depositado en una mesa localizada en Manaure, afirmándose que la respectiva cédula se halla cancelada por muerte (fl. 6).

Para verificar el cargo se solicitó a los delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el departamento de La Guajira la correspondiente certificación, obteniendo la siguiente respuesta (fl. 150, Exp. 4070):

“Con relación a persona (sic) relacionada en el cargo cuarto de la pretensión 1.1. (fl. 6), conforme al archivo nacional de identificación dicha persona no ha fallecido ni perdido sus derechos políticos”.

La respuesta anterior, originaria de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es el organismo encargado de actualizar el registro nacional de identificación, es plena prueba de lo que allí se afirma, que desvirtúa la acusación de irregularidad del voto depositado por el señor Adolfo González Epiayú.

El cargo es infundado.

A.1.3. Jurados de votación usurpadores o de facto.

Afirma el demandante Carvajal Pava (Exp. 4070) que la organización electoral permitió que en la elección de los actuales representantes a la Cámara por el departamento de La Guajira se presentara la suplantación de jurados de votación o la actuación de setenta y nueve (79) jurados usurpadores o de facto, relacionados en el cuadro que obra a folios 6 y 7 de la demanda, quienes firmaron las actas de escrutinio de los jurados de votación o formularios E-14 y las actas de instalación y lista de sufragantes y registro general de votantes o formularios E-11.

El marco jurídico

En el juzgamiento de este cargo se han tenido en consideración los siguientes lineamientos legales y jurisprudenciales:

1. El artículo 5º, numeral 2º de la Ley 163 de 1994, que establece el procedimiento para la designación de los jurados de votación, dispone que “los registradores municipales y distritales, mediante resolución, designarán tres (3) jurados principales y tres (3) suplentes, para cada mesa...”; y según se desprende del artículo 48, numerales 4º y 6º del Código Electoral, los registradores municipales tienen la facultad de reemplazar a los jurados de votación que no concurran a cumplir sus funciones, abandonen el cargo o lo ejerzan sin la imparcialidad y corrección debidas, así como a los que estén impedidos para ejercer el cargo, y nombrar para el día de las elecciones, en ciudades con mas de veinte (20) mesas de votación, visitadores de mesa con facultad de reemplazar a los jurados de votación que no concurran o abandonen el cargo. De tales previsiones legales se deduce la posibilidad de que en el desarrollo de los eventos de elección popular actúen legítimamente como jurados personas que no hayan sido designados por el registrador sino por el visitador de mesa.

2. Conforme al parágrafo del artículo 5º de la Ley 163 de 1994 las actas de escrutinio de los jurados de votación son válidas cuando estén firmadas al menos por dos (2) de ellos y que a contrario sensu, la falta de ese requisito legal hace inválidas tales actas.

3. Ha sostenido en forma reiterada la jurisprudencia de esta Sala que para que la intervención de jurados suplantadores invalide los registros electorales contenidos en los formularios E-14 es necesario que no se hubieran hecho presentes en el evento electoral al menos dos (2) jurados de votación debidamente designados y que el acta se halle suscrita solo por personas que hubieran fungido como jurados de votación usurpadores (5) .

En ese mismo sentido, también ha sido jurisprudencia de esta Sala que no existe sustento legal que permita invalidar los registros electorales por la actuación de jurados de votación usurpadores, y que la salvaguarda del derecho constitucional fundamental de elegir y ser elegido, así como la observancia del principio legal de la eficacia del voto obligan a aplicar las normas jurídicas electorales de manera que no se afecte la validez de los votos legítimamente depositados, lo que hace claro que carece de todo fundamento jurídico la exclusión de mesas de votación en las que hubiera actuado como jurado una persona sin nombramiento, cuando se haya evidenciado que en ellas actuaron dos (2) o más jurados de votación legalmente designados y las actas de escrutinio se hallan suscritas por ellos, puesto que constituye un interés jurídico superior impedir que se conculque el derecho constitucional fundamental de elegir y ser elegido.

También ha sostenido esta Sala en relación con este cargo lo siguiente:

“... el hecho escueto de que actúen como jurados de votación personas que no fueron nombradas por la autoridad competente, mediante la expedición del correspondiente acto administrativo escrito, no permite concluir que se está en presencia de jurados usurpadores o suplantadores, pues normalmente el día del certamen electoral ocurre que por razón de la inasistencia de jurados de votación previamente designados o de su retiro antes de concluir la jornada electoral, el respectivo registrador, su delegado o el visitador de mesa, se ven obligados con urgencia y celeridad a designar personas disponibles y a ubicarlas, previas instrucciones, en la mesa de votación, sin cumplir en algunos casos con el diligenciamiento del formulario E-2 donde consta el nombramiento de reemplazo. Pero esa omisión del registrador, su delegado o del visitador de mesa no se puede catalogar como una irregularidad suficiente para considerar que las personas que de esa manera actuaron como jurados son usurpadores si, como se advierte, ejercieron el cargo por razón de la autorización de la autoridad competente y con la habilitación de los restantes jurados, lo cual determina que su actuación es válida” (6) .

4. Por último, esta Sala ha sostenido en forma reiterada y constante que la actuación como jurados de votación de personas no designadas como tales por las autoridades electorales no convierte, por sí misma, en falsos o apócrifos las actas de escrutinio de las mesas en las que hubieran intervenido en esa condición, puesto que para que se configure la causal de nulidad del numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo según su enunciado literal, se requiere que los resultados electorales sean simulados, supuestos, fabulados o que provengan de instrumentos alterados o mutilados y que tales elementos falsos o apócrifo tengan la importancia cuantitativa suficiente para cambiar el resultado electoral (7) .

Análisis del cargo:

El demandante argumenta su cargo con soporte en citas jurisprudenciales que en su decir confluyen en la aseveración de que las actas de escrutinio de las mesas en las que actuaron jurados usurpadores deben ser declaradas nulas.

En ese orden de ideas, el demandante no formula un cargo de nulidad de tales actas por la existencia de registros falsos o apócrifos o falsos o apócrifos los elementos que hayan servido para su formación. Tampoco desplegó una actividad probatoria encaminada a demostrar los hechos que llevaran a configurar la causal de nulidad señalada en el artículo 223, numeral 2º del Código Contencioso Administrativo, tal como se formuló en la demanda.

No obstante se procedió a la constatación de los hechos relatados en la demanda, con base en las pruebas aportadas al proceso, lo que arrojó el resultado que se resume en el siguiente cuadro:

NOTA: El presente cuadro podrá ser consultado en la página oficial de entidad.

Del anterior cuadro se deduce que veintitrés (23) de los setenta y nueve (79) ciudadanos indicados por el demandante suscribieron como jurados de votación el acta de instalación (formulario E-11 hoja 1) y el acta de escrutinio (formulario E-14) de las respectivas mesas, sin que hubieran sido designados por la registraduría municipal del estado civil de Manaure para actuar como tales.

Ello se concluye de los formularios E-11 y E-14 de las mesas indicadas remitidas al expediente por la Registraduría Nacional del Estado Civil (fl. 139), de la lista alfabética de los jurados de votación del municipio de Manuare para las elecciones de senadores y representantes a la Cámara del 12 de marzo de 2006, designados por la Resolución 001 del 23 de enero de 2006 de la registraduría de Manaure (cdno. de pruebas 10), y de las certificaciones suscritas por los delegados departamentales en relación con la situación de las personas indicadas en la demanda (fls. 168 a 172, cdno. ppal.), que constituyen plena prueba de lo que allí se constata.

Del referido cuadro se deduce también que:

— Veintiséis (26) ciudadanos sí fueron designados por las autoridades electorales para actuar como jurados de votación.

— Veintisiete (27) ciudadanos no actuaron como jurados de votación y sus nombres y números de cédulas fueron tomados de los formularios E-11 en los que figuran como sufragantes que votaron mediante autorización (formulario E-12), según lo certificaron las autoridades electorales (fls. 173 y 174).

— Los restantes tres (3), también son sufragantes agregados sin autorización ni como jurados de votación debidamente designados, inscritos en otras mesas, pero de quienes no se demostró que actuaron como jurados de votación.

Se pudo verificar igualmente que la actuación de los veintitrés (23) ciudadanos como jurados de votación usurpadores no tuvo incidencia en la validez de las actas de escrutinio por cuanto estas, en todos los casos fueron firmadas por más de dos (2) jurados de votación debidamente designados para ejercer esa función, tal como se deduce del cuadro anterior.

De lo expuesto se desprende que, en primer lugar, el cargo está mal formulado, porque no está encaminado a demostrar la existencia de registros electorales falsos o apócrifos y en segundo lugar, en la mayor parte fueron desvirtuados los hechos en que se soporta el cargo, y aquellos que sí fueron verificados no son suficientes para convertir en inválidas las actas de escrutinio de las mesas afectadas.

Debe en todo caso aclararse que el cargo no tiene vocación de prosperidad por hallarse erróneamente formulado.

A.1.4. Sufragantes no inscritos ni habilitados para votar en la mesa.

Bajo este cargo el demandante enumera ciento noventa y ocho (198) casos de sufragantes del municipio de Manaure, doce (12) de Riohacha, uno (1) de San Juan del Cesar y cuatro (4) de Uribia, indicando en cada caso la zona, puesto y mesa en que votaron, así como el número de identidad del sufragante (fls. 8 a 14).

De los doscientos quince (215) casos enumerados incurre en setenta y nueve (79) repeticiones; es decir que realmente el cargo consta de ciento treinta y seis (136) casos de votos no autorizados, que son analizados en el siguiente cuadro, con base en los formularios E-11 remitidos al expediente por la Registraduría Nacional del Estado Civil (fl. 130), de la lista alfabética de los jurados de votación del municipio de Manuare para las elecciones de senadores y representantes a la Cámara del 12 de marzo de 2006, designados por la Resolución 001 del 23 de enero de 2006 de la registraduría de Manaure (cdno. de pruebas 10), y de las certificaciones suscritas por los delegados departamentales en relación con la situación de las personas indicadas en la demanda (fls. 168 a 172, cdno. ppal.), así como de los formularios E-12 que obran en el cuaderno de pruebas 1 del Expediente 4070:

NOTA: El presente cuadro podrá ser consultado en la página oficial de entidad.

Como se deduce del cuadro anterior, el demandante incluyó en este cargo cincuenta y siete (57) casos de inconsistencias, por cuanto encontró que los nombres de los sufragantes consignados por el jurado de votación en el formulario E-11 no corresponden a los titulares de las cédulas cuyos números están preimpresos en ese formulario. Tales casos podían haberse formulado bajo el cargo de suplantación, para probar la existencia de votos falsos bajo esa modalidad de fraude. El cargo en consecuencia se halla mal formulado y por lo tanto no se entran a analizar si los votos indicados son falsos o si por el contrario obedecen a errores del jurado que por lo mismo no convierten en falsos o apócrifos los correspondientes registros.

Excluyendo del cargo los referidos cincuenta y siete (57) casos de suplantación de sufragantes, se observa respecto de los restantes setenta y nueve (79) casos lo siguiente, conforme al detalle que aparece en el mismo cuadro inserto:

Treinta y nueve (39) votos no tienen objeción alguna, por lo siguiente:

— En un (1) caso se comprobó que el ciudadano indicado no sufragó.

— Catorce (14) ciudadanos votaron en mesa diferente a la que les correspondía, mediante autorización.

— Veintiún (21) sufragantes actuaron como jurados de votación, autorizados por la ley para votar por cuanto se hallaban inscritos en el censo electoral departamental (8) .

— Tres (3) casos corresponden a error de los jurados en la trascripción del nombre del sufragante.

Los cuarenta (40) votos restantes sí son irregulares por lo siguiente:

— Tres (3) corresponde a jurados de votación no inscritos en el censo electoral del departamento de La Guajira (9) .

— Cuatro (4) corresponden, efectivamente, a sufragantes que no están inscritos en la respectiva mesa.

— Veintiséis (26) corresponden a ciudadanos inscritos en el censo electoral del departamento, que votaron en mesas distintas a las que les fueron asignadas, sin autorización previa.

— Siete (7) son votantes que actuaron como jurados de votación usurpadores, que no estaban inscritos en las respectivas mesas y no podían legalmente votar en ellas.

En conclusión, los cuarenta (40) votos depositados por personas no autorizadas para sufragar en las mesas de votación en que lo hicieron son irregulares por infracción del inciso primero del artículo 7º de la Ley 6ª de 1990, que dispone:

“A partir de 1988 el ciudadano solo podrá votar en el lugar en que aparezca su cédula de ciudadanía conforme al censo electoral”.

En esas condiciones esos votos son falsos o apócrifos y por lo tanto, como lo ha establecido la jurisprudencia de esta corporación, de ser trascendentales en el resultado electoral, vician de nulidad la elección (10) .

A.1.5. Mesas con apocrificidad por registrar más votos que sufragantes.

El demandante señala un total de 35 mesas de votación ubicadas en los municipios de Manaure (14), Riohacha (19), Maicao (1) y Barrancas (1), en las que se encuentran diferencias en cuanto al número de votos que registran los formularios E-11, E-14 y E-24 (fl. 3).

Esta Sala ha considerado que es posible, sin que ello signifique alteración de la verdad electoral, que el número de votos registrado en los formularios E-14 sea inferior al que aparece en el E-11, si se tiene en cuenta que algunos sufragantes pueden dejar de votar por algunas corporaciones o autoridades cuya elección se proponga en el mismo evento democrático, como por ejemplo cuando se trata de elegir autoridades departamentales y locales, sin que esa omisión pueda ser considerada como una irregularidad, pero que por el contrario, la circunstancia de que en el acta de escrutinio de las mesas (E-14) los jurados de votación consignen más votos que los que efectivamente podían ser depositados (formulario E-11), es decir más votos que sufragantes, sí produce una alteración de la verdad electoral que podría originar la anulación del acto definitivo de elección.

Al respecto se ha dicho:

“... sí constituye una irregularidad cuando el acta de escrutinio del jurado de votación —formulario E-14— registra un número mayor que la lista y registro de votantes —Formulario E-11—, puesto que el número de votos no puede ser superior al número de votantes, por la sencilla razón de que cada ciudadano tiene derecho a un solo voto” (11) .

En los artículos 134 y 135 del Código Electoral se establece el procedimiento que deben observar las autoridades electorales para prevenir la presencia de más votos en las urnas que votantes registrados en el formulario E-11, en los siguientes términos, en el entendido de que las expresiones “sobres” y “papeletas” equivalen a “tarjetas electorales”:

“ART. 134.—Inmediatamente después de cerrada la votación, uno de los miembros del jurado leerá en alta voz el número total de sufragantes, el que se hará constar en el acta de escrutinio y en el registro total de votantes.

ART. 135.—Practicadas las diligencias prevenidas en el artículo anterior, se abrirá públicamente la urna en que fueron depositados los sobres y uno de los jurados los contará uno a uno; si hubiera un número mayor que el de ciudadanos que sufragaron, se introducirán de nuevo en la urna y después de moverlos para alterar su colocación, se sacarán a la suerte tantos sobres cuantos sean los excedentes y sin abrirlos se quemarán inmediatamente.

En el acta de escrutinio se hará constar la circunstancia de que habla este artículo, con expresión del número de sobres excedentes”.

De manera que, conforme al procedimiento señalado en el artículo 135 del Código Electoral, el número de votos que resulte en el escrutinio de los jurados de votación en ningún caso puede sobrepasar el número total de sufragantes que se debe consignar tanto en el formulario E-11 como en el E-14, previo a los escrutinios, tal como lo ordena el artículo 134 ibídem, antes trascrito. Cumplido lo anterior tiene lugar el escrutinio en los términos de los artículos 136 a 144 del mismo código.

En los formularios E-24 se suman los resultados electorales de las mesas a nivel zonal, municipal, distrital o departamental, deben hallarse consignados respecto de cada mesa los mismos datos electorales que arrojan los escrutinios de los jurados (E-14), pudiendo aparecer diferencias originadas en el recuento de votos, previsto en la ley como un instrumento que tienen las comisiones escrutadoras para la verificación de los resultados electorales (12) .

En ese orden de ideas, en principio, los votos consignados en los formularios E-24 deben reflejar los escrutinios realizados por los jurados de votación, incluyendo las modificaciones originadas en el recuento de votos, cuando a ello hubiere lugar, pero en ningún caso el total de la votación consignado en dichos formularios podrá exceder el número de sufragantes de cada mesa que conste en los formularios E-11 y cualquier inconsistencia en ese sentido corresponde a una irregularidad por cuanto los votos excedentes carecen de sustento real, es decir constituyen votos falsos o apócrifos.

La verificación de los casos de diferencias entre los formularios E-11 y E-24 indicados en la demanda, con base en la documentación enviada por la Registraduría Nacional del Estado Civil en medio magnético y en 10 cuadernos de pruebas del Expediente 4070 (fls. 130 y 139 del cdno. ppal.) arroja el siguiente cuadro:

NOTA: El presente cuadro podrá ser consultado en la página oficial de entidad.

De la revisión de las correspondientes actas de escrutinio, tanto de las mesas de votación (formularios E-14) como de las comisiones escrutadoras zonales (E-26) basados en los formularios E-24 en que se registran las diferencias de votación, se concluye que la diferencia de quinientos setenta y ocho (578) votos encontrada no se halla justificada en recuentos que hubieran realizado los jurados de votación o las comisiones escrutadoras. En consecuencia, no habiendo una razón que justifique la anotada diferencia debe concluirse que el cargo prospera en la medida en que son falsos o apócrifos esos votos escrutados que superan el número de sufragantes, y que afectan de nulidad las actas de escrutinio de los jurados de votación de las respectivas mesas o las actas de escrutinio de las comisiones escrutadoras, según el registro en que se incorporaron.

Ahora bien, el cargo formulado, relativo a adiciones injustificadas de votos en los formularios E-24 que no se hallan respaldadas en las actas de escrutinio de los jurados de votación (formularios E-14) ni en las actas generales de escrutinio de las comisiones escrutadoras, permite establecer, a partir de los citados formularios E-14, los partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos y candidatos a quienes favorecen tales adiciones; sin embargo considera la Sala que es labor del demandante establecer el hecho a fin de que sea verificado a través del proceso de manera que se pueda determinar si el cargo prospera concretamente en relación con el partido, movimiento, grupo o candidato al que se dirige la demanda.

En el caso concreto que aquí se analiza el demandante no hizo señalamiento alguno en particular, sino que se limitó a formular la existencia de un mayor número de votos en el formulario E-24 en relación con los registrados en los E-14, lo cual impide a la Sala avanzar en el análisis de la incidencia de dicha irregularidad frente a casos concretos.

En esas condiciones el análisis de la incidencia de los votos apócrifos en el resultado electoral se hará globalmente frente al total de la votación, no obstante que en el evento de que de él se concluya que debe prosperar la nulidad del acto electoral debe tenerse en cuenta que la nulidad afecta los formularios E-26 y el nuevo escrutinio debe realizarse con base en los formularios E-14, sobre los cuales no se demostró la existencia de elementos falsos o apócrifos.

A.2. Resumen de los cargos probados.

Del análisis precedente se concluye que se halla demostrada la existencia de los siguientes elementos falsos o apócrifos que afectan las actas de escrutinio

A.2.1. Votos depositados por suplantadores de votantes inscritos:85
A.2.2. Votos depositados en mesas distintas a las que les correspondía conforme al censo, o por personas no inscritas ni autorizadas:40
A.2.3.1. Más votos que sufragantes (formulario E-11 y E-14).
A.2.3.2. Más votos en formulario E-24 frente a formulario E-14
19
559
Total votos falsos o apócrifos:703

A.3. De la incidencia de los registros falsos en el resultado electoral y el principio de eficacia del voto.

Esta Sala ha reiterado la necesidad de que en relación con esta clase de irregularidades se realice el análisis de su incidencia en el resultado electoral, para de allí establecer si prospera o no la pretensión de nulidad por esa causal, en aplicación del principio de la eficacia del voto, consagrado en el numeral 3º del artículo 1º del Código Electoral; de donde se desprende que ante la existencia de elementos falsos en los registros electorales que conduzcan a la declaración de nulidad de una elección es indispensable que estos hayan sido determinantes en el resultado electoral, vale decir, que puedan producir verdaderas mutaciones o alterantes de dicho resultado.

De allí que, con base en la teoría de la eficacia del voto construida por la jurisprudencia de esta corporación, en el caso sub júdice previamente y para efectos de adoptar la decisión con respecto al cargo apoyado en la causal 2 del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, es imperativo realizar el análisis sobre la incidencia en el resultado electoral de los votos falsos o apócrifos probados, de tal manera que cuando de él se deduzca que la expresión democrática mayoritaria se halla comprometida por el volumen de votos encontrados irregulares, se acceda a la petición de nulidad del acto electoral, y si por el contrario, no se afectan los resultados electorales, a pesar de probarse las irregularidades, el cargo sea desestimado.

A partir de la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2003, dentro del cual se contiene la denominada “reforma política” se establecieron cambios de significativa importancia en el régimen electoral; de una parte se dispuso que para todos los procesos de elección popular los partidos y movimientos políticos presentarán listas y candidatos únicos, en tratándose de corporaciones públicas de elección popular, el número de candidatos no puede superar el de curules a proveer, lo cual implica que quienes triunfan en un certamen electoral son los partidos o movimientos políticos; de otra, se crearon instituciones o figuras nuevas como la de exigir que para que un partido o movimiento político pueda adquirir derecho a que se le asignen curules debe superar el umbral que consiste en un número mínimo de votos determinados en el inciso 2º del actual artículo 263 de la Constitución; y de otra, en el artículo 263A de la Carta Política, se implantó como regla que la adjudicación de curules entre los miembros de la respectiva corporación se hará por el sistema de cifra repartidora.

Con el establecimiento del sistema del umbral el propósito de la reforma política es el de propender por el fortalecimiento de los partidos o movimientos políticos en cuanto que solo adquieren derecho a asignación de curules los que superen el umbral, y pierden la personería jurídica aquellos que no lo logren obtener.

Las modificaciones introducidas al régimen electoral conducen necesariamente a que el análisis que se debe realizar para determinar la incidencia de votos irregulares afectados por falsedad o apocrificidad en los resultados electorales no puede ser basado en la diferencia de votos entre el último elegido y quien le siguió en votación, sino que debe amoldarse a la nueva preceptiva introducida en la Constitución Política.

La jurisprudencia que venía siendo aplicada no consulta el espíritu de la reforma política en atención a que confrontar el número de irregularidades probadas contra la diferencia existente entre el último de los candidatos elegidos a una corporación pública y el candidato no electo que le sigue en orden descendente, solo privilegia el individualismo político, criterio ajeno a la filosofía de la reforma, donde se reconoce la primacía de los partidos o movimientos políticos, colectivos que en verdad son los que se disputan el poder político, pese a que en su interior existan igualmente aspiraciones individuales de los candidatos, que en razón de la enmienda constitucional terminan subsumidos en los intereses del colectivo.

Como se señaló atrás, con la entrada en vigencia de la reforma política, que solo admite como partidos o movimientos beneficiarios de las curules aquellos que superen el umbral predeterminado, se implantó, por regla general, el sistema de asignación de escaños mediante la cifra repartidora, con el matiz de que las listas pueden inscribirse con o sin voto preferente.

El advenimiento de esta reforma constitucional, la falta de normatividad legal que de manera expresa regule el tratamiento que debe darse a las votaciones de las mesas afectadas por votos irregulares, cuando la existencia de los mismos conduzca a la declaratoria de nulidad de la elección, aunado al principio del secreto del voto, que impide precisar qué partido o candidato se benefició de los votos falsos o apócrifos, hace imprescindible la adopción de una nueva línea jurisprudencial para determinar la incidencia de los votos irregulares en el resultado electoral y su correlación frente al principio de eficacia del voto.

En este punto debe precisarse que para realizar el análisis sobre la incidencia en el resultado electoral de los votos falsos o apócrifos probados, es preciso tener en cuenta la modalidad de falsedad o apocrificidad que resultó demostrada, toda vez que el principio de eficacia del voto no puede ser aplicado de manera uniforme para todas las irregularidades que lograron comprobarse.

En efecto, en aquellos eventos en que los votos irregulares provienen de suplantación de electores, diferencias entre formularios E-11 y E-24, votos depositados frente a cédulas correspondientes a personas fallecidas o con pérdida de derechos políticos o de cualquier otra modalidad de fraude respecto del cual no es posible determinar el partido o candidato que resultó beneficiado, para calcular la incidencia de aquellos es preciso acudir al sistema de distribución ponderada, según el cual, se toma el número de votos fraudulentos que por cualquiera de los anteriores conceptos fueron acreditados en una mesa de votación y se distribuye en forma ponderada entre las listas abiertas (votos solamente por la lista y votos por candidatos), listas cerradas y votos en blanco, dependiendo de la participación que tenga cada uno en el total de los votos de la mesa, cálculo que se repite en cada una de las mesas donde se haya comprobado la existencia de las anteriores irregularidades.

En otros términos, teniendo en cuenta el número de votos obtenidos por los diferentes partidos y candidatos en las mesas que resultaron afectadas, se procede a calcular la participación porcentual de cada uno respecto del total de votos válidos depositados en la mesa, luego de establecido el porcentaje de participación, en esa misma proporción se les asigna el voto o votos irregulares que se han comprobado, procedimiento que se sigue en cada una de las mesas afectadas por las irregularidades antes descritas. Agotada la anterior etapa se suman los resultados que arrojan cada una de las mesas hasta obtener cifras enteras y depuradas que corresponden al número total de votos irregulares que deberán descontarse a cada partido y candidato; concluida esta sustracción queda totalmente depurada la votación y sobre ella, de conformidad con el artículo 263 constitucional, se aplica el sistema para la asignación de curules, comenzando por el cálculo del umbral, la cifra repartidora y la reordenación de las listas cuando a ello haya lugar (listas con voto preferente), lo que finalmente permite evidenciar si existe o no modificación en el resultado electoral.

La anterior metodología consulta el principio de eficacia del voto, en cuanto permite que se tomen los votos irregulares en su justa medida y se distribuyan a prorrata de la participación que han obtenido los diferentes partidos y candidatos en la votación válida, sin sacrificar ni afectar los votos mayoritarios que representan la auténtica voluntad del elector.

Teniendo en cuenta los lineamientos trazados en precedencia, se procede a analizar la situación que se presenta en el caso sub júdice; el cuadro que se inserta a continuación contiene la asignación ponderada de las irregularidades que fueron halladas en el presente proceso, en el cual se identifica el municipio, la zona, puesto y mesa afectadas, el número de votos irregulares comprobados en cada una de aquellas (casilla de irregularidades), los códigos de los partidos y candidatos, los votos obtenidos por cada uno de ellos, el porcentaje de participación que representa en el total de los votos válidos de la mesa (participación) y la casilla de los votos a restar cuyo resultado se deriva de multiplicar el número de irregularidades de la mesa por el porcentaje de participación de cada partido o candidato en la misma, lo que arroja como resultado un número entero o decimal que constituye la proporción que cada partido o candidato debe asumir sobre el voto o votos irregulares.

Para un mejor entendimiento, y a título ilustrativo se toma como ejemplo el caso de la mesa 1, de la zona 1 del puesto 1 del municipio de Riohacha, en el cual se logró comprobar la existencia de un (1) voto irregular, respecto del cual no es posible establecer a qué partido o candidato benefició. Se estableció que el total de votos válidos depositados por la circunscripción departamental de La Guajira, incluidos los votos en blanco fue de 106, los cuales se encuentran debidamente discriminados entre los partidos y candidatos que obtuvieron votación en esa mesa; para el caso del candidato 101 del partido 65 se observa que obtuvo 40 votos, correspondiéndole una participación porcentual en la votación total de la mesa del 37.74%. Para calcular la proporción que este candidato debe asumir respecto del voto irregular hallado, se multiplica este último por el porcentaje de participación, tal como se indica a continuación:

1 (voto irregular) X 37.74% (porcentaje de participación) = 0.3774

El resultado que arroja la anterior operación (0.3774) corresponde a la proporción que el candidato 101 del partido 65 debe asumir sobre el voto irregular, cuyo resultado se muestra en la casilla “votos a restar” en la cual para efectos de presentación se muestra y aproxima a una cifra decimal, por ello allí aparece el dato 0.4. El anterior cálculo se realiza frente a todos los partidos, candidatos y votos en blanco de cada mesa.

Cuadro 1.

NOTA: El presente cuadro podrá ser consultado en la página oficial de entidad.

Ahora, establecido como está el grado de participación en los votos irregulares que le corresponden a cada uno de los partidos o movimientos políticos, candidatos y votos en blanco en las elecciones de Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento de La Guajira 2006 - 2010, y en la medida en que los resultados respectivos no arrojan en todos los casos un número entero, sino que se contiene cifras decimales, se impone realizar la distribución del total de los votos espurios tal como se muestra en el siguiente cuadro:

La casilla “votos a restar acumulado” contiene la sumatoria de los resultados que arrojó el grado de proporción de las irregularidades que le corresponde a un partido o candidato en todas las mesas que resultaron afectadas, cifra que está expresada en un número entero y sus correspondientes decimales; seguidamente en la columna “votos a restar enteros” se relacionan los votos irregulares expresados en números enteros que le corresponden a cada partido, candidato o a los votos en blanco. Comoquiera que la sumatoria de estos guarismos (la de los números enteros) no abarca la totalidad de los votos irregulares, se procede a asignar los restantes tomando en consideración los residuos decimales, los cuales se organizan en orden descendente (de mayor a menor), procediendo a su distribución hasta alcanzar el total de votos irregulares.

El número de votos irregulares que se deben distribuir asciende a 703, de los cuales 693, corresponden al resultado de números enteros que arrojó la distribución ponderada en todas las mesas afectadas, quedando pendientes por asignar 10 sufragios, los cuales se distribuyen a los mayores residuos decimales. Así, en el caso del candidato 101 del partido C-4, se observa que le correspondió una participación ponderada de 8 votos irregulares (número entero) y un residuo de 0,6308 (cifra decimal), que le permite la asignación de un voto irregular adicional, por ostentar uno los residuos mas altos luego de la reorganización en forma descendente, finalmente el total de votos que se le deben descontar asciende a 9 votos.

Cuadro 2.

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PartidoCandidatoPartido - CandidatoTotal votos obtenidosVotos a restar
AcumuladoEnterosResiduoTotal a descontar
014 0 014-0448,9480,94199
014 101 014-101288,6380,63089
014 102 014-1028928,67280,671829
030 0 030-0122,0220,01722
030 101 030-101181,9110,90592
030 102 030-102192,3920,38712
034 0 034-0171,4110,41361
034 101 034-101160,1900,19190
034 102 034-102330,3400,34140
065 0 065-046481,84810,841982
065 101 065-1011.20068,05680,053368
065 102 065-1022.262122,181220,1815122
066 0 066-0465,3750,37105
066 101 066-101945,5750,56616
066 102 066-1021149,2890,28499
068 0 068-042854,86540,862555
068 101 068-1011.67497,53970,525398
068 102 068-1021.827120,451200,4480120
073 0 073-09011,09110,085411
073 101 073-10118420,51200,514621
073 102 073-102494,1540,14584
0Votos en blanco0 0-022547,62470,618148
Totales    8.933703,00693,0010,00703

Al descontar los votos que arroja el cuadro anterior del total de la votación obtenida por cada lista y candidato, según el formulario E-26 del departamento de La Guajira (Exp. 4070, cdno. de pruebas 9) se tienen los siguientes resultados:

Cuadro 3.

Partido o movimiento políticoVotos obtenidosVotos a descontarNuevo total
014C4   
 Solamente por la lista497(9)488
 Antonio Serrano de la Cruz534(9)525
 Fabio Rangel Bernal526(29)497
 Total C41.557(47)1.510
030Movimiento Comunal y Comunitario   
 Solamente por la lista135(2)133
 Juan José Mendoza Amaya692(2)690
 José Francisco Montiel Romero270(2)268
 Total Movimiento Comunal y Comunitario1.097(6)1.091
034Movimiento MIRA   
 Solamente por la lista136(1)135
 Fulvia Esther Bolaño Sánchez151-151
 Víctor Daniel Maestre Álvarez630-630
 Total Movimiento MIRA917(1)916
065Partido Conservador Colombiano   
 Solamente por la lista2.619(82)2.537
 Manuel Cayetano Sierra Deluque9.505(68)9.437
 Bladimiro Nicolás Cuello Daza19.551(122)19.429
 Total Partido Conservador31.675(272)31.403
066Partido Convergencia Ciudadana2.636(20)2.616
 Solamente por la lista442(5)437
 Jhon Jairo Iguarán1.504(6)1.498
 Débora Elena Barros Fince690(9)681
 Total Partido Convergencia Ciudadana2.636(20)2.616
068Partido Liberal Colombiano   
 Solamente por la lista4.032(55)3.977
 Wilmer David González Brito33.131(98)33.033
 Antenor Durán Carrillo25.198(120)25.078
 Total Partido Liberal62.361(273)62.088
073Partido Polo Democrático Alternativo   
 Solamente por la lista1.154(11)1.143
 Eyder Rafael Fajardo Cuadrado2.823(21)2.802
 Armando Pérez Araújo1.427(4)1.423
 Total Partido Polo Democrático Alternativo5.404(36)5.368
 Total votos en blanco2.642(48)2.594
 Total votos circunscripción departamental Guajira108.289(703)107.586

Depurada la votación alcanzada por los distintos partidos y movimientos políticos que participaron en las elecciones de Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento de La Guajira, los resultados electorales, de conformidad con lo establecido en el artículo 263 de la Constitución, son los siguientes:

Total votos válidos: 108.289 - 703 = 107.586

Cuociente (/2): 53.793

Umbral (30%): 16.137,9

Con estas nuevas cifras, las únicas listas que alcanzan el umbral electoral son las del Partido Liberal y del Partido Conservador.

El número de curules para cada uno de estos partidos políticos se calcula de la siguiente manera:

Partido Liberal: 61.658 votos / 53.793 = 1,146 (Residuo = 7.865 votos).

Partido Conservador: 30.967 votos / 53.793 = 0,576

En ese orden de ideas, no obstante la existencia de 703 votos irregulares, la asignación de curules no sufre variación, pues un escaño correspondería al Partido Liberal por cuociente y el otro al Partido Conservador por tener el mayor residuo.

Tampoco habría una reordenación de las listas de los mencionados partidos, pues como se evidencia en el cuadro número 3, una vez asignados proporcionalmente los sufragios irregulares, la diferencia de votos entre el primero y el segundo de cada una de ellas es considerable.

Partido Liberal:

Wilmer David González Brito obtuvo 33.033 votos mientras que Atenor Durán Carrillo sumó 25.078, es decir 7.955 menos.

Partido Conservador:

Bladimiro Nicolás Cuello Daza obtuvo 19.429 votos mientras que Manuel Cayetano Sierra Deluque alcanzó 9.437, es decir 9.992 menos.

Teniendo en cuenta la votación de las listas y candidatos que participaron en la contienda, consignada en el Acuerdo 8 de 2006 del Consejo Nacional Electoral y ya referida anteriormente, se aprecia a simple vista que no obstante los descuentos hechos, las modificaciones experimentadas en dicha votación no alteran el orden en que quedaron los partidos en el escrutinio que dio lugar al acto de elección demandado. De la misma manera tampoco se observa modificación en el orden al interior de los partidos.

En tales condiciones se concluye que las demandas de nulidad electoral por la causal establecida en el numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, presentadas por los señores Wilmer Fernando Mendoza Ramírez (Exp. 4060) y Mauricio Carvajal Pava (Exp. 4070) no prosperan, en virtud del principio de la eficacia del voto, pues no obstante que se excluyeran los votos que no se ajustan a los lineamientos legales, los resultados de las cifras que son determinantes en la asignación de curules seguirían favoreciendo a los representantes elegidos, a saber, los señores Wilmer David González Brito por el Partido Liberal y Bladimiro Nicolás Cuello Daza por el Partido Conservador.

Los cargos en consecuencia no prosperan.

B. El número de representantes a la Cámara por el departamento de La Guajira.

En la demanda presentada por el señor Carlos Ariel Sánchez Torres (Exp. 4068) se plantean los siguientes cargos, con sustento en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo:

1. Violación del sistema de cuociente electoral (hoy cifra repartidora) al no inaplicar por inconstitucionalidad el artículo 1º del Decreto 4767 de 2005, que fijó el número de representantes a la Cámara para la vigencia 2006-2010, asignando erradamente dos (2) al departamento de La Guajira, y no las tres (3) que le correspondían teniendo en cuenta el censo poblacional de 1985, con lo cual considera que el Acuerdo 8 de 2006 del Consejo Nacional Electoral violó el artículo 176 de la Constitución Política.

Considera el demandante que el Consejo Nacional Electoral infringió la norma constitucional invocada porque conforme a su interpretación y teniendo en cuenta que según el censo poblacional de 1985 adoptado oficialmente por el artículo 54 transitorio de la Constitución Política, según el cual la población ajustada del departamento de La Guajira era de 299.995 habitantes, debió asignar a dicho departamento tres (3) curules en la Cámara de Representantes y no dos (2) como lo hizo por el Acuerdo 08 de 2006.

El demandante propone una interpretación de la norma constitucional distinta a la que inspiró el Decreto 4767 de 2005 del Gobierno Nacional, por el cual determinó el número de representantes a la Cámara por las circunscripciones departamentales, que considera inconstitucional y que por lo tanto el Consejo Nacional Electoral debió abstenerse de aplicar, pues considera que la Constitución asigna dos (2) curules por el elemento territorial y un número adicional de representantes por el elemento poblacional, que resulta de dividir el total de habitantes por doscientos cincuenta mil (250.000) o fracción mayor de ciento veinticinco mil (125.000) que tengan en exceso de los primeros doscientos cincuenta mil (250.000) habitantes.

La Sala considera que no existen razones que justifiquen la inaplicación del artículo 1º del Decreto 4767 de 2005 en lo pertinente al número de representantes a la Cámara por el departamento de La Guajira, por cuanto la aplicación del artículo 176 de la Constitución Política por parte del Gobierno Nacional a través del citado decreto corresponde a una adecuada interpretación, que consulta el sentido y la finalidad de la norma, conforme con las reglas tradicionales de la hermenéutica y teniendo en cuenta que, como lo ha señalado la Corte Constitucional, por tratarse de una norma constitucional, debe optarse por la que resulte armónica con el sistema de derechos de la Carta, así como con su diseño axiológico (13) . Las razones son las siguientes:

1) El tenor literal de la expresión que motiva el disenso es el siguiente:

“Habrá dos representantes por cada circunscripción territorial y unomás por cada doscientos cincuenta mil habitantes o fracción mayor de ciento veinticinco mil que tengan en exceso sobre los primeros doscientos cincuenta mil” (resaltado fuera de texto).

La norma trascrita tiene dos partes a saber:

Dos representantes por cada circunscripción territorial.

Uno más por cada doscientos cincuenta mil habitantes o fracción mayor de ciento veinticinco mil que tengan en exceso sobre los primeros doscientos cincuenta mil.

La conjunción disyuntiva o que en el texto se subraya no puede interpretarse como la que separa en dos esta segunda parte de la frase; su utilización se explica por el uso del pronombre numeral uno y el adjetivo más que se refiere a los representantes que corresponden, derivados de la población, a saber, uno por cada 250.000 habitantes o fracción superior a ciento veinticinco mil. Lo cual es congruente con la utilización del verbo que tengan, también subrayada.

La disposición es clara en señalar que además de los dos representantes asignados a cada una de las circunscripciones territoriales, estas tienen derecho a uno mas por cada 250.000 habitantes o fracción superior a 125.000 que excedan de los primeros 250.000.

El demandante desconoce que la segunda parte del parágrafo comentado se aplica luego de deducir 250.000 de la cifra de población registrada en el censo de 1985, y en su argumentación no se detiene a analizar el sentido de las expresiones uno mas y que tengan (en plural) que a criterio de la Sala significan que las curules adicionales tienen lugar tanto por cada 250.000 como por la fracción de 125.000, en ambos casos cuando exceden los primeros 250.000, y sin que sea necesario, para aplicar la fracción, que esta surja como residuo, es decir, después de dividir el excedente de 250.000 por 250.000, o dicho de otra manera, después de que la circunscripción de que se trate haya obtenido una tercera curul.

2) La constitucionalidad del Decreto 4767 del 30 de diciembre de 2005 fue objeto de pronunciamiento de esta Sala en la sentencia del 14 de diciembre de 2006, por la cual se negaron las pretensiones de una demanda presentada en ejercicio de la acción pública de simple nulidad, por considerar que era violatorio del artículo 176 de la Constitución Política (Exp. 3975).

En sentencias del 23 de febrero de 2007, mediante las cuales la Sala decidió los procesos de nulidad electoral radicados con los números 3951, 3968, 3982,3997, 4015, 4016, 4020 y 4021, de una parte, y los números 3972 y 4025, de otra, esta Sala hizo las siguientes precisiones acerca de los casos en que, conforme al artículo 176 constitucional, procede asignar curules adicionales a las circunscripciones electorales de Cámara atendiendo la fracción de 125.000 que exceda los primeros 250.000.

En dichas sentencias dijo la Sala lo siguiente:

“... es del caso anotar que en la oportunidad en la cual esta Sala se ocupó de estudiar las censuras que en su momento se dirigieron, de manera directa, contra el artículo 1º del Decreto 4767 de 2005, se señaló que la representación que se obtiene por la aplicación de la segunda opción del criterio poblacional (fracción mayor de 125.000 habitantes) se justificaba por la necesidad de otorgar representación a un número significativo de habitantes que, siendo apenas una porción de la base general de población que da derecho a un representante (250.000 habitantes), surge luego de advertirse la presencia, al menos en una única vez, de esa base general de población en la cifra total de habitantes de cada circunscripción.

Y, con apoyo en esa finalidad, se sostuvo que la representación por fracción de población solo podía operar al final de la labor de cálculo, en cuanto exigía la reunión simultánea de dos condiciones. De una parte, la aplicación efectiva de la primera opción, esto es, que con ella se obtuviera al menos una curul y, de otra, la producción de una fracción de población en el resultado de esa primera opción.

Pero ocurre que en esta oportunidad, reexaminando el asunto, advierte la Sala que si bien es válido el planteamiento sobre la finalidad que inspiró el reconocimiento de la representación por fracción de población, no resultan igualmente explicables los condicionamientos a los que, en su momento, se entendió sometida esa eventual representación, pues, ahora se encuentra que tales límites, en realidad, no reflejan el verdadero sentido y alcance de la disposición constitucional en el punto que se analiza.

En efecto, del tenor literal de la fórmula de representación poblacional (uno más por cada doscientos cincuenta mil habitantes o fracción mayor de ciento veinticinco mil) no surge una limitante en el sentido de que la segunda opción solo puede operar luego del agotamiento eficaz de la primera y que, por tanto, no pueda operar desde el comienzo del cálculo, es decir, a falta de la base general de población (250.000 habitantes), descontados los primeros 250.000 habitantes del total de la población.

Además, esa limitante tampoco surge de la finalidad pretendida por la disposición, esto es, de la necesidad de otorgar representación a un número significativo de habitantes que, siendo apenas una porción de la base general de población, surge luego de advertirse la presencia, al menos en una única vez, de esa base general de población. Lo anterior, por cuanto no debe perderse de vista que, según se precisará enseguida, la representación poblacional es cuestión que se determina luego de descontar de la población total de la respectiva circunscripción territorial la base general de población (250.000 habitantes), comoquiera que la representación poblacional, en una y otra opción, se obtiene a partir de determinado número de habitantes que las circunscripciones “tengan en exceso sobre los primeros doscientos cincuenta mil”. ...”.

3) Si como lo asevera el demandante, la cifra de 250.000 solo se aplicara para permitir la adición de una curul para la Cámara de Representantes por fracción superior a 125.000 sobre los primeros 250.000, es decir, solo a favor de los departamentos con población mayor a 375.000 habitantes, se incurriría en una interpretación discriminatoria en contra de los departamentos con población inferior a 250.000 habitantes, en la medida en que estos no tendrían derecho a una curul por la cifra de población superior a 125.000, como los demás departamentos, lo cual tendría como consecuencia un desfavorecimiento de su representatividad, precisamente por su condición de departamentos mas débiles económica y socialmente, como es el caso de los departamentos de Casanare y Putumayo, cuyas poblaciones son de 147.472 y 174.219, respectivamente.

Por el contrario, bajo la interpretación que el gobierno le ha dado al artículo 176 de la Constitución Política, a través del Decreto 4676 de 2005, no se establecen discriminaciones y se otorga la misma representatividad básica de dos (2) curules a todas las circunscripciones territoriales, y a partir de allí se otorgan curules adicionales en proporción a su población que exceda de un mínimo preestablecido de doscientos cincuenta mil (250.000) habitantes.

Es esta la interpretación correcta constitucional.

Se deduce de lo anterior que el Decreto 4767 de 2005 interpreta en forma acertada el artículo 176 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 02 de 2005, según el cual, para la legislatura 2006-2010, a cada circunscripción territorial le corresponden dos representantes a la Cámara y uno más por cada 250.000 habitantes o fracción superior a 125.000 que excedan de los primeros 250.000.

En ese orden de ideas, al departamento de La Guajira, en el que la población según el censo de 1985 era de 299.995 (fl. 40), le corresponden dos (2) representantes por derecho propio, aplicable a todas las circunscripciones territoriales, porque la fracción resultante de deducir los primeros 250.000 habitantes, de 49.995, no alcanza el mínimo para acreditar una curul adicional, que es de 125.000 habitantes.

Por lo tanto no hay lugar a considerar que con fundamento en el artículo 4º de la Constitución Política, el Consejo Nacional Electoral se debió abstener de aplicar el Decreto 4767 de 2005 en cuanto asignó dos (2) curules en la Cámara de Representantes para el departamento de La Guajira, así como tampoco, por su aplicación, se configura la violación del artículo 176 de la Constitución Política.

El cargo no prospera.

Segundo cargo:

El segundo cargo, por falsa motivación del Acuerdo 8 del 5 de junio de 2006 del Consejo Nacional Electoral, se sustenta en la afirmación de que dicha corporación aplicó el Decreto 4767 de 2005 a todas luces inconstitucional, lo que a su vez derivó en la infracción de los artículos 263 y 263 A de la Constitución Política, porque al corresponder al departamento de La Guajira tres (3) curules en la Cámara de Representantes, por aplicación directa del artículo 176 constitucional, la distribución de curules debió hacerse por el sistema de cifra repartidora entre las listas de candidatos que superaran un mínimo de votos no inferior al 50% del cuociente electoral para la asignación de tres (3) curules y no de dos (2).

El cargo no prospera por las mismas razones señaladas en el análisis del cargo anterior, en que quedó desvirtuada la argumentación del demandante encaminada a la inaplicación por inconstitucionalidad del Decreto 4767 de 2005, por el cual se estableció que al departamento de La Guajira le corresponden dos (2) curules y no tres (3), lo que conduce a su vez a la aplicación del inciso final del artículo 263 de la Constitución Política, según el cual en las circunscripciones electorales donde se elijan dos (2) curules se debe aplicar el sistema del cuociente electoral y el umbral es del treinta por ciento (30%) del cuociente electoral, y no del cincuenta por ciento (50%) como pretende el demandante.

Agrega el demandante que el Consejo Nacional Electoral desestimó la petición del señor Antonio Durán en el sentido de que se aplique de manera correcta y adecuada del sistema electoral del umbral, la cifra repartidora y el voto preferente, al confundirla con una reclamación que rechazó de plano por una supuesta falta de competencia.

Dicho cargo tampoco prospera porque se plantea sobre supuestos equivocados, como ya se indicó. Debe señalarse además que la decisión sobre la petición administrativa del señor Durán fue adoptada dentro del proceso electoral administrativo que no ha sido demandada y por lo tanto sobre ella no corresponde a la Sala hacer pronunciamiento.

Tercer cargo:

Contra el acto demandado también se formula el cargo de infracción de los artículos 1º y 13 de la Constitución Política, que consagran el principio fundante de la democracia participativa, sobre la cual descansa la legitimidad de los gobernantes, que según el demandante fue ignorado al desconocer, violentar y vulnerar la regla general establecida en el artículo 263 A de la Constitución para la asignación y distribución de curules de la Cámara de Representantes, que contiene la regla general de que el umbral electoral debe calcularse sobre el total de los votos depositados, en cuanto no contabilizó ni consolidó todos los votos sufragados sino tan solo los votos válidos, aplicando una reglamentación que solo era aplicable para las elecciones territoriales.

Habiéndose establecido en este caso la constitucionalidad del artículo 1º del Decreto 4767 de 2005 del Gobierno Nacional, en cuanto determinó que al departamento de La Guajira le corresponden dos (2) curules en la Cámara de Representantes para la legislatura del 2006 al 2010, debe concluirse que para la asignación de curules correspondía la aplicación del inciso final del artículo 263 de la Constitución Política en los términos en que fue modificado por el artículo 12 del Acto Legislativo 01 de 2003, que establece:

“En las circunscripciones electorales donde se elijan dos (2) curules se aplicará el sistema del cuociente electoral, con sujeción a un umbral del treinta por ciento (30%), del cociente electoral”.

En los términos de la disposición constitucional trascrita, correspondía al Consejo Nacional Electoral asignar las dos (2) curules para la Cámara de Representantes por el departamento de La Guajira entre las listas de candidatos que hubieran alcanzado el umbral.

El demandante pretende que para el cálculo del umbral se incluya el total de la votación para Cámara de Representantes obtenida en el departamento de La Guajira el 12 de marzo de 2006, incluyendo los votos nulos y los no marcados, lo cual es infundado si se tiene en cuenta la definición de cuociente electoral que consagraba la primera frase del inciso segundo del artículo 263 de la Constitución Política antes de la reforma política, en los siguientes términos:

“El cuociente será el número que resulte de dividir el total de los votos válidos por el de puestos por proveer”.

Según la anterior definición, la cifra que debe tenerse como base para el cálculo del cuociente electoral es la de los votos válidos, es decir, los votos marcados a favor de listas y/o candidatos y los votos en blanco.

Con respecto al concepto de voto válido ha dicho esta Sala:

“Ni la Constitución ni la ley define lo que se entiende por voto válido para efectos de tenerlo en cuenta en las elecciones y para aplicar, cuando haya lugar a ello, el sistema de cuociente electoral. De manera que, cuando el elector no marca en la tarjeta electoral casilla alguna de candidato o el del voto en blanco, es decir no incorpora ninguna marcación en la tarjeta electoral, en realidad, no expresó su voluntad política, no depositó voto alguno. Este es un criterio del legislador que surge de lo anterior y guarda armonía con lo dispuesto en la Ley 163 de 1994, en el sentido de que, en los términos del artículo 17, “La tarjeta electoral que no haya sido tachada en ninguna casilla no podrá contabilizarse como voto en blanco”, pues, por el contrario, el voto en blanco, sí es válido y, por consiguiente, debe tenerse en cuenta para efectos de cuociente electoral” (14) .

No obstante que la definición de “cuociente electoral” no fue reproducida en el Acto Legislativo 1 de 2003, ni en ningún otro texto constitucional, tampoco fue modificada y por lo tanto debe concluirse que se mantiene inmodificada y es referente doctrinal en los términos antes trascritos.

Debe concluirse en consecuencia que para el cálculo del umbral para efectos de la asignación de representantes a la Cámara por el departamento de La Guajira para el periodo 2006-2010 debieron tenerse en cuenta los votos válidos depositados para esa corporación en las elecciones del 12 de marzo de 2006, como lo hizo el Consejo Nacional Electoral en el Acuerdo 008 del 5 de junio del citado año, y no el total de votos, como lo propone el demandante.

Este tercer cargo, en consecuencia, no prospera.

Por lo tanto, en conclusión, no prosperan los cargos de la demanda de nulidad del acto administrativo declaratorio de la elección de los representantes a la Cámara por la circunscripción departamental de La Guajira para la legislatura 2006-2010, contenido en el Acuerdo 8 de 2006 del Consejo Nacional Electoral formulados por el señor Carlos Ariel Sánchez Torres y sustentados en una supuesta inconstitucionalidad del Decreto 4767 de 2005 en cuanto asignó para el departamento de La Guajira dos (2) curules en la Cámara de Representantes para la legislatura 2006-2010.

C. Proceso 110010328000200600128 00, (Exp.4069).

La demanda presentada por el señor Mauricio Carvajal Pava, obrando en nombre propio, para que se declare la nulidad parcial del Acuerdo 08 del 5 de junio de 2006 del Consejo Nacional Electoral en cuanto declaró la elección del señor Wilmer González Brito como Representante a la Cámara por el departamento de La Guajira para el periodo constitucional 2006-2010, se sustenta en la afirmación de que el demandado es compañero permanente de la señora Deniris Andriolis Arévalo, quien dentro del año anterior a su elección como Representante a la Cámara por el departamento de La Guajira ocupaba el cargo de secretaria de asuntos indígenas del mismo departamento, ejerciendo autoridad civil y administrativa, porque tenía poder de ordenadora del gasto de su secretaría de despacho, determinaba los traslados horizontales de sus colaboradores y ejecutaba programas propios de su dependencia.

Dice el demandante que el señor González Brito incurrió en dos causales de inhabilidad, contenidas en los artículos 179, numeral 5º de la Constitución Política y 280 de la Ley 5ª de 1992.

El texto de las citadas normas es el siguiente:

Constitución Política

“ART. 179.—No podrán ser congresistas:

.....

5. Quienes tengan vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política.

...”

Ley 5ª de 1992

“ART. 280.—Casos de inhabilidad. No podrán ser elegidos congresistas:

....

5. Quienes tengan vínculo por matrimonio o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política.

...”

La Sala observa en relación con las normas invocadas:

Las inhabilidades se han definido como aquellas circunstancias que por disposición de la Constitución o la ley impiden que una persona sea elegida o designada para un destino o cargo público y, en ciertos casos, impiden que la persona que ya viene vinculada al servicio público continúe en él; tienen como objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad, imparcialidad y eficacia de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos (15) .

En relación con las causales de inhabilidad contempladas en el artículo 179 de la Constitución Política, la Sala Plena Contencioso Administrativa de esta corporación, en sentencia del 7 de octubre de 1993, Expediente AC-430 expresó lo siguiente:

“... la Constitución, con miras a lograr que en el Congreso solo presten el servicio congresional los mejores, señala, como ya se dijo una serie de causales de inhabilidad, de incompatibilidad, o que signifiquen violación del régimen de conflicto de intereses. Las primeras son una serie de causales que buscan impedir, en primer término, el acceso de los ciudadanos que la Constitución consideran (sic) inidóneos absolutos para ser congresistas, y en segundo lugar, que buscan su retiro del cuerpo legislador una vez estén en actividad, si por cualquier circunstancia pasaron los controles iniciales; se observa así que esas inhabilidades no son subsanables por ningún motivo; por eso dice el artículo 179: “no podrán ser congresistas...”, o sea que quienes ya lo sean tendrán que dejar de serlo.

...

Las causales de inhabilidad por consiguiente, muestran que el ciudadano que se encuentre incurso en alguna de las señaladas en el artículo 179 de la Carta, tiene un impedimento de orden constitucional para ser congresista. En otras palabras, esa inhabilidad no es solo para la elección sino para el ejercicio posterior. En esta última hipótesis la inhabilidad tiene un alcance de causal de desinvestidura”.

Como se deduce del encabezamiento de la disposición constitucional comentada, las diferentes circunstancias en ella descritas impiden que una persona pueda ostentar la calidad de congresista, lo que significa que la inhabilidad puede presentarse en el momento de la elección, constituyéndose en causal de nulidad electoral, pero también con posterioridad a dicha elección, e incluso estando el congresista en ejercicio de la curul, en la medida en que se den las circunstancias que la originan. En este último supuesto sin embargo no podría alegarse como causal de nulidad electoral, por tratarse de una situación no coetánea al acto de elección.

En contraste, la disposición del artículo 280 de la Ley 5ª de 1992 señala unas inhabilidades para ser elegido congresista, las que solo se pueden alegar como causales de nulidad electoral en la medida en que hayan estado presentes en la fecha de la elección, y solo pueden ser invocadas como causales de pérdida de investidura bajo la misma condición, es decir, que no surjan de situaciones ocurridas con posterioridad a la elección.

La inhabilidad para ser congresista establecida en el numeral 5º del artículo 179 de la Carta y para ser elegido congresista prevista en el numeral 5º del artículo 280 de la Ley 5ª de 1992, invocada como causal de nulidad electoral en este proceso, conforme a lo previsto en el artículo 226 inciso segundo del Código Contencioso Administrativo, exige la demostración de que para la fecha de la elección impugnada se hallaban presentes los siguiente tres elementos:

— El parentesco —en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil— o el vínculo por matrimonio o unión permanente del elegido con un funcionario;

— Que el funcionario respecto del cual se predica el parentesco o los indicados vínculos con el elegido congresista, ejerza autoridad civil o política.

— Que el funcionario ejerza esa autoridad, en el momento de la elección en la misma circunscripción para la cual el congresista fue elegido, si se trata de un Representante a la Cámara por una circunscripción territorial, como en este caso (16) .

Las pruebas

El análisis de las pruebas que obran en este proceso permite deducir lo siguiente en relación con los elementos de la inhabilidad alegada:

1. La unión marital permanente entre la señora Laura Deniris Andriolis Arévalo y el representante Wilmer David González Brito se halla demostrada a través de la declaración del demandado, en diligencia realizada el 24 de octubre de 2006 en el despacho del consejero sustanciador de este proceso (fls. 112 a 114), de la cual son los siguientes apartes:

“Preguntado: Es usted el compañero permanente de la señora Laura Deniris Andriolis Arévalo? En caso afirmativo cuanto tiempo hace”. Contestó: “Sí desde hace mas o menos tres años, desde el año 2003 a partir del mes de junio”. ...” (fl. 113).

Considera la Sala que dicha declaración del demandado es prueba suficiente para establecer el supuesto fáctico de la demanda según el cual entre el señor Wilmer David González Brito y la señora Laura Deniris Andriolis Arévalo sí existía una relación marital de hecho para la fecha de la elección del primero como Representante a la Cámara por el departamento de La Guajira, en los comicios realizados el 12 de marzo de 2006, constitutivo del primer elemento de la inhabilidad alegada por el demandante.

2. Obran en el proceso los siguientes documentos aportados en copias auténticas:

— Copia del acta de posesión ante el gobernador de La Guajira de la señora Laura Andriolis Arévalo en el cargo de secretaria de asuntos indígenas del citado departamento, en propiedad, de fecha 5 de enero de 2004 (fl. 57).

— Comunicación del 1º de febrero de 2006 suscrita por la señora Laura Deniris Andriolis Arévalo y dirigida al gobernador de La Guajira, por la cual presenta renuncia irrevocable al cargo de secretaria de asuntos indígenas de la gobernación a partir de la fecha de la comunicación (fl. 45).

— Decreto 058 del 3 de febrero de 2006, por el cual el gobernador del departamento de La Guajira aceptó la renuncia presentada por la doctora Laura Deniris Andriolis Arévalo del cargo de secretaria de asuntos indígenas del departamento, adscrito al despacho del gobernador (fl. 56).

— Comunicación de la aceptación de la renuncia, de fecha 3 de febrero de 2006, suscrita por el gobernador (fl. 44).

Los documentos descritos demuestran que la señora Laura Deniris Andriolis Arévalo ejerció el cargo de secretaria de asuntos indígenas de la gobernación departamental de La Guajira entre el 5 de enero de 2004 y el 3 de febrero de 2006.

Se deduce de lo anterior que para el 12 de marzo de 2006, fecha en que se llevaron a cabo los comicios en los que el señor Wilmer González Brito fue elegido Representante a la Cámara por la circunscripción departamental de La Guajira para el periodo 2006-2010, la señora Laura Deniris Andriolis Arévalo ya no tenía la condición de secretaria de asuntos indígenas del citado departamento. Es decir que no concurría para esa fecha el segundo elemento de la inhabilidad invocada.

3. La situación anterior exime a la Sala de examinar el tercer elemento de la inhabilidad alegada, cual es, que si el desempeño del mencionado cargo público conllevaba el ejercicio de autoridad civil o política por parte de la señora Andriolis.

El cargo en consecuencia no prospera.

5. Conclusión.

Se deduce del análisis de cada uno de los cargos formulados en las cuatro (4) demandas acumuladas que en esta sentencia se deciden, que ninguno de ellos prospera. En consecuencia serán denegadas todas sus pretensiones.

III. La decisión

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Se niegan las pretensiones de las demandas acumuladas presentadas por los ciudadanos Wilmer Fernando Mendoza Ramírez, Carlos Ariel Sánchez Torres y Mauricio Carvajal Pava, en demandas separadas, contra el acto declaratorio de la elección de los representantes a la Cámara por el departamento de La Guajira para el periodo 2006-2010 en las elecciones realizadas el día 12 de marzo de 2006, contenido en el Acuerdo 8 de junio 5 de 2006 expedido por el Consejo Nacional Electoral.

Una vez en firme esta providencia archívese el expediente.

Notifíquese».

(2) Ver sentencia del 1º de julio de 1999, Exp. 2234 y auto del 13 de febrero de 2003, Exps. 2495 y 2487.

(3) Sentencia del 27 de febrero de 2003, Exps. 2495-2487.

(4) Ver sentencias del 9 de agosto de 2002, Exp. 2928 y del 24 de abril de 2003, Exp. 3073.

(5) Sentencia del 6 de mayo de 2005, Exp. 3513.

(6) Sentencia del 18 de febrero de 2005, proceso 10010328000200200036 01, pág. 334.

(7) Sentencia de 15 de julio de 2002, Exps. 2482 y 2456.

(8) Artículo 101 inciso final del Código Electoral.

(9) Tratándose de la elección de representantes a la Cámara por una circunscripción territorial rige el criterio de esta Sala expuesto en la Sentencia del 1º de abril de 2004, Exp. 3189.

(10) Ver por ejemplo sentencia del 28 de enero de 1999, Exp. 2125. Ver también Sentencia T-135 del 17 de febrero de 2000 de la Corte Constitucional.

(11) Sentencia del 7 de diciembre de 2001, Exp. 2755.

(12) Código Electoral, artículos 163, incisos 3º y 164.

(13) Ver Sentencia C-600 de 1998.

(14) Sentencia del 24 de noviembre de 1999, Rad. 1891 y otros.

(15) Sentencia de la Corte Constitucional C-558 de 1994.

(16) Cabe tener en cuenta que tratándose de la elección de senadores, la inhabilidad se configura cuando la autoridad civil o política ejercida por el pariente o vinculado al elegido por matrimonio o unión permanente es de cobertura nacional, según lo establece la parte final del artículo 179 constitucional.

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