Sentencia 2006-00127 de abril 15 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente:

Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila

Exp.: 250002325000200600127 01

Nº interno: 0390-2009

Autoridades departamentales

Actor: Urias Francisco Alarcón Aguilar

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el actor contra la sentencia de 23 de octubre de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que negó las pretensiones de la demanda incoada por Urias Francisco Alarcón Aguilar contra el Departamento de Cundinamarca - Secretaría de Salud y el Hospital “Diógenes Troncoso” de Puerto Salgar.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Problema jurídico

El problema jurídico a resolver por esta Sala se contrae a establecer si al actor le asiste el derecho a continuar devengando factores salariales y prestacionales reconocidos por las autoridades departamentales, cuyo pago, además, fue suspendido con la expedición de las circulares 32 y 56 de 2002 por considerar que dichos emolumentos desconocen mandatos constitucionales.

La Sala abordará el tema sometido a consideración estableciendo la competencia de las entidades territoriales para fijar prestaciones sociales a favor de los empleados públicos. De igual manera analizará la aplicabilidad de las disposiciones contenidas en los diferentes actos administrativos mediante los cuales se crearon o modificaron prestaciones expedidos por entes territoriales.

Hechos probados

El demandante se vinculó como médico en el Hospital Diógenes Troncos o del municipio de Puerto Salgar, entidad prestadora de salud, mediante resoluciones 99 de 8 de septiembre de 1982 obrante a folio 13; 89 de 10 de marzo de 1989, obrante a folio 12, y según certificación expedida por la subdirectora administrativa del hospital, obrante a folio 144, el actor labora para dicha institución desde el 21 de marzo de 1989.

La Secretaría de Salud de Cundinamarca, a folio 6, expidió la Circular 45 de 20 de junio de 2005, donde señala algunas directrices con respecto al pago de salarios y prestaciones en el sector de la salud.

A folio 130, la Asamblea de Cundinamarca expide la Ordenanza 18 de 3 de agosto de 2006 en la cual se crea la ESE, Hospital Diógenes Troncoso del Municipio de Puerto Salgar.

El actor, a folio 3, junto con otros funcionarios, elevaron petición en interés particular solicitando al Director del Hospital Diógenes Troncoso del municipio de Puerto Salgar, que cancelara los rubros que habían sido retenidos. Dicha petición fue resuelta en forma negativa a folio 2.

La Secretaría de Salud de Cundinamarca, a folio 180, expidió la Circular 32 de 28 de noviembre de 2002, dirigida a los empleados públicos de la Secretaria, informándoles que luego de realizado un estudio jurídico de las prestaciones salariales que le son pagadas, se llegó a la conclusión que algunas fueron reconocidas contrariando a la Constitución y la ley, puesto que las autoridades departamentales no gozan de la competencia para fijar los salarios de los empleados públicos. Por lo tanto, los derechos que fueron reconocidos por un ente territorial no gozan de la calidad de adquiridos y no pueden seguir siendo aplicados. A folio 179, obra Circular 56 de 29 de noviembre del mismo año complementando la circular anterior con respecto a la prima de antigüedad.

Análisis de la Sala

El actor pretende la anulación del oficio antes enunciado en tanto se le negó el pago de los valores dejados de percibir por concepto de salarios y prestaciones, que se le deben pagar con fundamento en normas de orden territorial, acuerdos y resoluciones.

La Sala, como ya se anunció, resolverá el problema jurídico planteado, bajo el siguiente orden: 1) Competencia para fijar salarios y prestaciones en vigencia de la Constitución Política de 1886 y sus diferentes reformas; 2) Competencia para fijar salarios y prestaciones en vigencia de la Constitución Política de 1991; 3) Aplicabilidad del Decreto 1919 de 2002; y 4) Solución al caso concreto.

1. Competencia para fijar salarios y prestaciones en vigencia e la Constitución Política de 1886 y sus diferentes reformas.

La Constitución Política de 1886, en su texto original, confería al Congreso en su artículo 76, numeral 7º la facultad de “Crear todos los empleos que demande el servicio público, y fijar sus dotaciones”, y en el numeral 3º la de “conferir atribuciones especiales a las asambleas departamentales” autorización esta que se reitera en el artículo 187 ibídem, cuando señalaba que “Las asambleas departamentales, además de sus atribuciones propias; podrán ejercer otras funciones por autorización del Congreso”.

Posteriormente, el Acto Legislativo 3 de 1910, facultó a las asambleas para fijar “...el número de empleados departamentales, sus atribuciones y sus sueldos”, facultad ratificada por la Ley 4a de 1913(1).

En el Acto Legislativo 1 de 1945, se reiteró la autorización para que el Congreso confiriera atribuciones especiales a las asambleas departamentales, para que estas últimas fijaran de manera directa, el número de empleados departamentales, sus atribuciones y sus sueldos (A.L. 1945, art. 186, num. 5).

Teniendo en cuenta lo anterior, las asambleas departamentales tenían competencia para fijar los sueldos de sus empleados.

Con posterioridad, se expidió el Acto Legislativo 1 de 1968, que modificó, entre otros, los artículos 76(2), 120(3) y 187(4) de la Constitución de 1886, introduciendo dos nuevos conceptos, el de escalas de remuneración, y el de emolumentos: el primero, debía ser establecido por el Congreso a nivel nacional, por las asambleas a nivel departamental y por los concejos en el orden local; mientras que el segundo, le correspondía al Presidente de la República y al gobernador, respectivamente.

Por su parte, en dicha reforma se estableció que el régimen prestacional de los empleados del orden nacional, era de competencia única y exclusiva del Congreso (art. 76, ord. 9).

Obsérvese cómo, desde la reforma constitucional de 1968, se empezaba a orientar una competencia no solo individual y excluyente, sino compartida y concurrente en materia salarial(5) pues, tanto el Presidente de la República, como los gobernadores, podían fijar los emolumentos de los empleados de sus dependencias, siempre con sujeción a las leyes o normas expedidas por el Congreso y las Asambleas. Veamos las disposiciones que así lo disponían:

“Artículo 11 del Acto Legislativo 1 del 12 de diciembre de 1968. El artículo 76 de la Constitución Nacional quedará así:

Corresponde al Congreso hacer las leyes.

Por medio de ellas ejerce las siguientes atribuciones:

(...).

9. Determinar la estructura de la administración nacional mediante la creación de ministerios, departamentos administrativos, y establecimientos públicos, y fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así como el régimen de sus prestaciones sociales;

(...).

“Artículo 57 del Acto Legislativo 1 del 12 de diciembre de 1968. El artículo 187 de la Constitución Nacional quedará así:

Corresponde a las asambleas, por medio de ordenanzas.

5. Determinar a iniciativa del gobernador, la estructura de la administración departamental, las funciones de las diferentes dependencias, y las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo.

(...)”.

Así las cosas, con la última de las reformas mencionadas, el constituyente dejó claro que la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos es del legislador, eso sí, en el caso del sector territorial, dejó a salvo la competencia de sus entes rectores de fijar “las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de los empleos”.

2. Competencia para fijar salarios y prestaciones en vigencia de la Constitución Política de 1991.

El artículo 150, numeral 19, de la Carta Política, en lo pertinente, establece:

“ART. 150.—Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

(...).

19. Dictar normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:

(...).

e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública:

Estas funciones en lo pertinente a prestaciones sociales son indelegables en la Corporaciones públicas territoriales, y éstas no podrán arrogárselas. (...).

El artículo 300 numeral 7º de la Carta Política, preceptúa:

“Corresponde a las asambleas departamentales por medio de ordenanzas:

(...).

7. Determinar la estructura de la administración departamental, las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de empleo; crear los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del departamento y autorizar la formación de sociedades de economía mixta”.

El artículo 305, numeral 7º constitucional indica:

“Son atribuciones del gobernador:

(...) 7. Crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus funciones especiales y fijar sus emolumentos con sujeción a la ley y a las ordenanzas respectivas. Con cargo al tesoro departamental no podrá crear obligaciones que excedan al monto global fijado para el respectivo servicio en el presupuesto inicialmente aprobado”.

Conforme a las normas transcritas, el departamento de Cundinamarca no puede fijar el régimen salarial y prestacional de sus empleados públicos, discrecionalmente, sino que estos deben ser autorizados por la ley.

En efecto, conforme al artículo 150 de la Constitución Política, arriba trascrito, al Congreso de la República le compete dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno para “fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos”.

Es decir, existe una competencia compartida entre el legislador y el ejecutivo para estos efectos: aquél determina unos parámetros generales conforme a los cuales éste ha de fijar todos los elementos propios del régimen salarial y prestacional.

En relación con los empleados públicos de las entidades territoriales, compete al gobernador fijar los emolumentos con sujeción a la ley y a las ordenanzas (art. 305 num. 7º).

La Ley 4ª de 1992 al señalar los principios a los que debe someterse el gobierno al fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, inclusive del sector territorial, en su artículo 12, señaló:

“El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente ley.

En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta facultad.

PAR.—El gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores guardando equivalencia con cargos similares en el orden nacional”.

Este precepto fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-315 del 19 de julio de 1995, magistrado ponente Eduardo Cifuentes Muñoz, en la que se dijo que esta facultad del gobierno no pugna con la que el constituyente expresamente otorgó a las entidades territoriales para fijar las escalas de remuneración y los emolumentos de los empleos de sus dependencias, en los artículos 287, 300-7, 305-7, 313-6 y 315-7(6).

En consecuencia, como ya lo ha precisado esta corporación(7),  la determinación del régimen prestacional de los empleados públicos territoriales compete al Gobierno Nacional, de acuerdo con los parámetros señalados por el legislador, y no a las corporaciones Públicas Territoriales, las que, además, tienen prohibido arrogársela; y en lo que se refiere al régimen salarial el gobierno, señaló el límite máximo salarial de los servidores públicos territoriales teniendo en cuenta su equivalencia con los del orden nacional.

Existe, para efectos de fijar salarios, un régimen de competencia concurrente entre el Congreso, el Gobierno Nacional, las corporaciones administrativas colegiadas del orden departamental y municipal (asambleas y concejos) y el ejecutivo territorial (gobernadores y alcaldes) que fue ratificada por la Corte Constitucional en sentencia C-510 de 1999 (jul. 14) M.P. Alfredo Beltrán Sierra(8).

La competencia del Gobierno Nacional para fijar el límite máximo salarial de la remuneración de los empleados de los entes territoriales no desconoce la competencia que la misma Constitución expresamente otorgó a las autoridades de dichos entes para fijar, por una parte, las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos dentro de su jurisdicción, artículos 300, numeral 7, y 313, numeral 6, de la Constitución, y, por otra, para determinar los emolumentos de los empleos de sus dependencias, artículos 305, numeral 7, y 315, numeral 7, de la Constitución(9).

En conclusión, las autoridades departamentales no tienen competencia para crear salarios ni prestaciones y, en consecuencia, cualquier disposición de esa jerarquía que establezcan salarios o prestaciones, desbordado lo legal, debe ser inaplicada por inconstitucional.

3. De la expedición y vigencia del Decreto 1919 de 2002.

La parte demandante alega que los empleados que venían vinculados al ente territorial devengaban mejores salarios y prestaciones porque, mediante las normas arriba indicadas a ellos se les defirieron.

Para la Sala, se reitera, en principio, que en materia de salarios y prestaciones, los empleados públicos territoriales sólo son beneficiarios de aquellos que el legislador haya deferido en su favor.

Es más, a partir de la expedición del Decreto 1919 de 2002, en materia de prestaciones, existe una homologación con el sector nacional, de manera que, en el sector territorial no es procedente el reconocimiento de prestaciones diferentes a las ordenadas para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional, al respecto los artículos 1ºy 2º, preceptúan:

“ART. 1º—A partir de la vigencia del presente decreto todos los empleados públicos vinculados o que se vinculen a las entidades del sector central y descentralizado de la rama ejecutiva de los niveles departamental, distrital y municipal, a las asambleas departamentales, a los concejos distritales y municipales, a las contralorías territoriales, a las personerías distritales y municipales, a las veedurías, así como el personal administrativo de empleados públicos de las juntas administradoras locales, de las instituciones de educación superior, de las instituciones de educación primaria, secundaria y media vocacional, gozarán del régimen de prestaciones sociales señalado para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional.

Las prestaciones sociales contempladas en dicho régimen serán liquidadas con base en los factores para ellas establecidas.

ART. 2º—A las personas vinculadas a las empresas sociales del Estado se les continuará aplicando el régimen de prestaciones sociales de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 195 de la Ley 100 de 1993”. (destacado no es del texto)

La norma anterior fue revisada por esta corporación en fallo del 19 de mayo de 2005, expedientes 11001032500020020211 01, número interno: 4396 - 2002, Actor: Luis Eduardo Cruz Porras (acumulados 11001032500020020209 01 (4333-02), actor: Augusto Gutiérrez y otros; 11001032500020020213 01 (4406-02), actor: Enrique Guarín Álvarez; y 11001032500020020230 01 (4767- 02), actor: Pablo Emilio Ariza Meneses y otros), consejero ponente Dr. Jesús María Lemos Bustamante, la que al ser revisada en acción de nulidad se encontró ajustada a derecho, bajo los siguientes argumentos:

“En principio podría afirmarse que el Presidente de la República, con esta actuación, como lo alegan los demandantes, desbordó los lineamientos generales fijados por el legislador, concretamente, la prohibición contenida en el artículo 2º, literal a), de la Ley 4a de 1992, al desmejorar las prestaciones que venían devengando los empleados públicos ya vinculados.

Sin embargo debe deCirse que el decreto acusado respetó los derechos adquiridos en los términos del artículo 5º del Decreto 1919 de 2002, la parte actora no demostró la desmejora de las prestaciones o de los salarios que venían devengado de conformidad con la ley y sólo deben ser respetados los derechos adquiridos con justo título con arreglo a la Constitución y a la ley por lo que no pueden calificarse como tales unos supuestos derechos derivados de normas proferidas por quien carecía competencia para expedirlas.

(...).

Además, como ya lo ha señalado esta sección(10), el Estado no está obligado a mantener un régimen benéfico de forma permanente porque las instituciones y sus regulaciones deben adecuarse al orden social, cultural y económico que gobierna el momento, de manera que una prestación social no puede permanecer perenne y sólo ser modificada en lo favorable, si bien deben respetarse los salarios y prestaciones que perciban quienes están vinculados al momento de la expedición del nuevo régimen regulatorio, siempre y cuando estén amparados por la Constitución y la ley”.

En otras palabras, a partir de la asimilación de los empleados del sector territorial, en lo que se refiere a las prestaciones ordenadas para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional, implica su aplicación prevalente y excluyente.

La anterior asimilación implica que los empleados del orden territorial resultan beneficiados en tanto a ellos, también, se les trasladaron las prestaciones del orden nacional que no les cobijaban.

4. Solución al caso concreto.

La parte demandante pretende que se incluya:

1. La Ordenanza 13 de 1947, que crea un sobresueldo hasta del 20% a quienes cumplan 20 años de servicio con el departamento;

2. Los decretos 1231 y 3179 de 1975, 3627 de 1976, 3310 de 1978, la Resolución 4153 de 1994 y el acuerdo laboral 9 de 1990 que reconocen la prima de antigüedad;

3. Las resoluciones departamentales 1501 de 1983, 3150 de 1986, 4253 de 1994 y acuerdos laborales 9 de 1990 y 3 de 1994 que reconocen el auxilio de alimentación y transporte;

4. El Decreto 3993 de 1982, Las resoluciones 1502 de 1983, 3150 de 1986, 4153 de 1994 y el acuerdo laboral 09 de 1990 que reconocen la prima de vacaciones y el período de vacaciones;

5. La Resolución 1501 de 1983, el Decreto Departamental 2682 de 1983, la Resolución Departamental 3150 de 1986 y el Decreto 03993 de 1982 que reconocen la prima anual de servicios;

6. Las resoluciones 1264 de 1984 y 3150 de 1986, el Acuerdo Laboral 9 de 1990 y el Decreto 3993 de 1982 que reconocen la bonificación por servicios prestados;

7. Las resoluciones 1501 de 1983 y 3150 de 1986, la Ordenanza 2 de 1956 y el acuerdo laboral 9 de 1990 que reconocen la prima de navidad;

8. Las resoluciones 3150 de 1986, 1501 de 1983 y 1264 de 1984 y acuerdo 09 de 1990 que crean el bienestar social;

9. Las resoluciones 4344 de 1993, 3029 de 1995, 3338 y 3521 de 1988 que reconocen las dotaciones para los empleados, con excepción de los cargos directivos;

10. Conservación de las prestaciones mientras se permanezca en el cargo. Decreto 2004 de 2001.

11. Reafirmación de derechos adquiridos. Resolución 2000 de 1996 del secretario de salud departamental y Decreto 1728 de 2001; y

12. Las resoluciones 1584 de 1997 y 1842 de 1998 que contemplan el pago de cesantías.

Para la subsección resulta manifiestamente improcedente la inclusión de estos factores salariales y prestacionales porque, simplemente, se crearon sin competencia para ello, lo cual no comporta derecho adquirido y no puede formar parte de las asignaciones de los empleados del ente territorial acusado.

Como ya se indicó arriba, la determinación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos territoriales compete al Gobierno Nacional, de acuerdo con los parámetros señalados por el legislador y no, a las corporaciones públicas territoriales ni a las autoridades de otros órdenes, las que, además, tienen prohibido arrogársela.

En consecuencia, esta corporación no puede ordenar el reconocimiento de elementos constitutivos de salarios y. prestaciones extralegales aludidas porque se soportan en ordenanzas, en decretos inconstitucionales e ilegales, en “acuerdos laborales” y una serie de normatividad espuria que no puede producir efectos jurídicos en la actualidad y, por supuesto, esta clase de prestaciones no pueden ser objeto de reconocimiento en la medida en que ni siquiera comportan un derecho adquirido.

No resulta procedente alegar la existencia de derechos adquiridos en contra de la Constitución y de la Ley y no pueden calificarse como tales unos supuestos derechos derivados de normas proferidas por quien carecía de competencia para expedirlas.

Adicionalmente debe precisarse que el servidor queda sometido a las normas vigentes al inicio de su vinculación y a todas las que las modifiquen o subroguen durante el término de su servicio.

Ahora bien, en lo que se refiere a la Ordenanza 13 de 1947, a la que la parte demandante aduce la creación “de un sobresueldo hasta del 20% a quienes cumplan veinte (20) años en el departamento”, la Sala encuentra que esta preceptiva no fue aportada al proceso y, como tal, esta Sala no puede cotejar su contenido para así deducir su vigencia y aplicabilidad al caso concreto.

El artículo 141 del Código Contencioso Administrativo, establece: “Si el demandante invoca como violadas normas que no tengan alcance nacional, deberá acompañar el texto legal que las contenga, debidamente autenticadas, o solicitar del ponente que obtenga la copia correspondiente”.

En el presente asunto la parte demandante no aportó el correspondiente texto y aunque lo solicitó como prueba (fl. 36), lo cierto es que estos preceptos no fueros arrimados al proceso y, la parte demandante no se preocupó por allegarlos.

En efecto, el debate probatorio fue clausurado, el asunto fue fallado en primera instancia, y se cerró la posibilidad de pedir pruebas en segunda instancia, conforme al artículo 214 del Código Contencioso Administrativo, sin que la parte hubiese mostrado interés en la obtención de la norma local que debía probarse.

La omisión de la parte actora implica la falta de cotejo de la norma territorial, señalada como violada, frente a los actos acusados y por ello, que se desestimen las pretensiones por este aspecto.

En suma, las pretensiones de la demanda deben ser denegadas porque al demandante no se le pueden reconocer emolumentos con base en preceptos que contrarían lo dispuesto por la Constitución y la ley y, además, no probó la existencia y validez de algunas normas territoriales proferidas antes de 1968.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Confírmese la sentencia de 23 de octubre de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que negó las pretensiones de la demanda incoada por Urias Francisco Alarcón Aguilar contra el Departamento de Cundinamarca - Secretaría de Salud y el Hospital “Diógenes Troncoso” de Puerto Salgar.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

(1) Artículo 97 ordinal 25. Fijar los sueldos de los empleados del departamento que sean de cargo del tesoro departamental.

(2) Modificado por el artículo 11, que establece las competencias del Congreso.

(3) Modificado por el artículo 41, que fija las competencias del presidente.

(4) Modificado por el artículo 57, que consagra las competencias de las asambleas departamentales.

(5) Teniendo en cuenta que el régimen prestacional, como se dijo, correspondía al Congreso de la República.

(6) La Corte Constitucional, expresamente señaló: “La economía, eficacia y eficiencia en el gasto público, en todos los ámbitos, es un principio que tiene pleno sustento constitucional y sobre su importancia en una sociedad democrática, soportada en la tributación equitativa y en el correlativo deber de las autoridades de hacer un uso adecuado de los recursos aportados por la comunidad, no es necesario abundar. La fijación a este respecto de un límite máximo al gasto burocrático, constituye un medio idóneo para propugnar la eficiencia y economía del gasto público y, de otro lado, estimular que los recursos del erario nacional y de las entidades territoriales en mayor grado se destinen a la atención material de los servicios públicos.

La razonabilidad de la medida legislativa se descubre también si se tiene en cuenta que el patrón de referencia los sueldos de los cargos semejantes del nivel nacional, garantiza que el anotado límite no sea en sí mismo irracional y desproporcionado.

Las premisas sentadas, llevan a la Corte a concluir que la norma examinada, por lo que respecta a los empleados públicos territoriales, es exequible”.

(7) Ver entre otras, Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de marzo de 2001, expediente 6179 (3241-00), Actor Víctor Manuel Rojas Gutiérrez; y fallo del 19 de mayo de 2005, expedientes 11001032500020020211 01, número interno: 4396 - 2002, Actor Luis Eduardo Cruz Porras (acumulados 11001032500020020209 01 (4333-02), actor Augusto Gutiérrez y otros; 11001032500020020213 01 (4406-02), actor Enrique Guarín Álvarez; y 11001032500020020230 01(4767-02), actor Pablo Emilio Ariza Meneses y otros), C.P. Jesús María Lemos Bustamante.

(8) En esa sentencia se señaló: “(...) 4.3. En estos términos, para la Corte es claro que existe una competencia concurrente para determinar el régimen salarial de los empleados de las entidades territoriales, así: Primero, el Congreso de la República, facultado única y exclusivamente para señalar los principios y parámetros generales que ha de tener en cuenta el Gobierno Nacional en la determinación de este régimen. Segundo, el Gobierno Nacional, a quien corresponde señalar sólo los límites máximos en los salarios de estos servidores, teniendo en cuenta los principios establecidos por el legislador. Tercero, las asambleas departamentales y concejos municipales, a quienes corresponde determinar las escalas de remuneración de los cargos de sus dependencias, según la categoría del empleo de que se trate. Cuarto, los gobernadores y alcaldes, que deben fijar los emolumentos de los empleos de sus dependencias, teniendo en cuenta las estipulaciones que para el efecto dicten las asambleas departamentales y concejos municipales, en las ordenanzas y acuerdos correspondientes. Emolumentos que, en ningún caso, pueden desconocer los límites máximos determinados por el Gobierno Nacional”.

(9) Ibídem, nota al pie 2.

(10) Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 14 de marzo de 2002, actor Jairo Villegas Arbeláez, C.P. Jesús María Lemos Bustamante, expediente 1100103250199 00 (3305-00).

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