Sentencia 2006-000130 de abril 19 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

Radicación: 11001-03-25-000-2006-00130-00(2018-06)

Consejero Ponente:

Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

Actor: Carlos Alberto Ballesteros Barón

Demandado: Consejo Superior de la Judicatura

Bogotá, D.C., diecinueve de abril de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

En primer lugar se dirá que esta Sección ya tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la legalidad de uno de los acuerdos aquí demandado, cual es el PSAA06-3560 del 10 de agosto de 2006(1), “Por el cual se adecuan y modifican los requisitos para los cargos de empleados de tribunales, juzgados y centros de servicios”.

En esa ocasión se analizó la legalidad del acto teniendo en cuenta la facultad que le asiste al Consejo Superior de la Judicatura para la fijación de los requisitos para el ingreso a los cargos de la rama judicial, vicio de ilegalidad que ahora se le imputa al mismo acto. En ese orden, se está frente a la institución procesal denominada cosa juzgada material, la cual está llamada a garantizar la unidad de la jurisdicción, de modo que sólo haya un pronunciamiento sobre la misma materia.

Así que cuando la jurisdicción se agota con una decisión, ésta se vuelve intangible por antonomasia y ningún otro juez puede volver sobre el asunto, pues de hacerlo, sería posible el hallazgo de dos sentencias contradictorias sobre idéntica controversia, lo cual desconocería la unidad de jurisdicción y lesionaría la seguridad jurídica, pues la aplicación de unas mismas normas a un caso idéntico, no puede conducir razonablemente a resultados distintos.

Por consiguiente, la Sala se estará a lo resuelto en aquella providencia, y procederá a estudiar la competencia del Consejo Superior de la Judicatura para proferir el Acuerdo 25 de 1997 “Por medio del cual se da aplicación al artículo 161 de la Ley 270 de 1996”.

Lo anterior, por cuanto la causal de nulidad que impetra la parte actora es la de falta de competencia del órgano que expidió los actos acusados, como quiera que a su juicio el Consejo Superior de la Judicatura se arrogó una facultad que no le correspondía como era la de establecer requisitos adicionales para acceder a la carrera judicial.

Pues bien, el Constituyente de 1991, instauró el poder de reglamentación no sólo en cabeza del Presidente de la República, sino además en los entes que forman parte de la administración y en los organismos constitucionales autónomos. Es por ello que de conformidad con el numeral 11 del artículo 189 de la Carta Política, el Presidente de la República tiene asignada la potestad reglamentaria exclusiva, que lo faculta para reglamentar las leyes, con sujeción a la Constitución y al contenido mismo de la ley que se va a reglamentar, teniendo en cuenta que tal poder de reglamentación tiene como propósito fundamental la cumplida ejecución de la ley.

De igual manera existe un ámbito de regulación que el mismo Constituyente determinó que debía ser desarrollado por vía reglamentaria y que fue atribuido a distintos entes constitucionales, entre los que se encuentran el Consejo Superior de la Judicatura(2).

El poder de reglamentación del Consejo Superior de la Judicatura se encuentra establecido en los artículos 256 y 257 de la Constitución Política así:

“ART. 256.—Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los consejos seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones:

1. Administrar la carrera judicial.

2. Elaborar las listas de candidatos para la designación de funcionarios judiciales y enviarlas a la entidad que deba hacerla. Se exceptúa la jurisdicción penal militar que se regirá por normas especiales.

(…).

7. Las demás que le señale la ley”.

“ART. 257.—Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura cumplirá las siguientes funciones:

(…).

3. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos, que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador.

(…).

5. Las demás que señale la ley”.

Por su parte, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en concordancia con las anteriores disposiciones constitucionales, determina en sus artículos 85, 160, 162 parágrafo, 164 parágrafo 1º y 174; lo siguiente:

ART. 85.—Corresponde a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura:

(…).

9. Determinar la estructura y las plantas de personal de las corporaciones y juzgados. Para tal efecto podrá crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la rama judicial, determinar sus funciones y señalar los requisitos para su desempeño que no hayan sido fijados por la ley. (…).

17. Administrar la carrera judicial de acuerdo con las normas constitucionales y la presente ley;

(…).

22. Reglamentar la carrera judicial”.

ART. 160.—Requisitos especiales para ocupar cargos en la carrera judicial. Para el ejercicio de cargos de carrera en la rama judicial se requiere, además de los requisitos exigidos en disposiciones generales, haber superado satisfactoriamente el proceso de selección y aprobado las evaluaciones prevista por la ley y realizadas de conformidad con los reglamentos que para tal efecto expida la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

(…)”.

ART. 162.—Etapas del proceso de selección. El sistema de ingreso a los cargos de carrera judicial comprende las siguientes etapas:

Para los funcionarios, concurso de méritos, conformación del Registro Nacional de Elegibles, elaboración de listas de candidatos, nombramiento y confirmación.

Para empleados, concurso de méritos, conformación del Registro Seccional de Elegibles, remisión de listas de elegibles y nombramiento.

PAR.—La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, conforme a lo dispuesto en la presente ley, reglamentará la forma, clase, contenido, alcances y los demás aspectos de cada una de las etapas. Los reglamentos respectivos deberán garantizar la publicidad y contradicción de las decisiones”.

ART. 164.—Concurso de méritos. El concurso de méritos es el proceso mediante el cual, a través de la evaluación de conocimientos, destrezas, aptitud, experiencia, idoneidad moral y condiciones de personalidad de los aspirantes a ocupar cargos en la carrera judicial, se determina su inclusión en el Registro de Elegibles y se fija su ubicación en el mismo.

(…).

PAR. 1º—La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentará de manera general el contenido y procedimientos de cada una de las etapas, y señalará los puntajes correspondientes a las diferentes pruebas que conforman la primera”.

ART. 174.—Competencia para administrar la carrera. La carrera judicial será administrada por los Salas Administrativas de los Consejo Superior o Seccionales de la Judicatura, con la participación de las corporaciones judiciales y de los Jueces de la República en los términos de la presente ley y los reglamentos.

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentará y definirá, conforme a lo dispuesto en esta ley, los mecanismos conforme a los cuales habrá de llevarse a efectos la administración de la carrera y la participación de que trata el inciso anterior” (resalta la Sala).

Se destaca que los numerales 9º y 22 del artículo 85 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, anteriormente transcritos, fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996(3).

Nótese que las normas constitucionales y legales antes transcritas, le otorgan a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura facultades de reglamentación, lo que demuestra una autorización constitucional y legal para que pueda dictar los reglamentos necesarios para hacer eficaz el funcionamiento de la Administración de Justicia, la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se surtan en los despachos judiciales.

Lo anterior la habilita para determinar la estructura de las plantas de personal de las corporaciones y de los juzgados, pudiendo en consecuencia crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos al interior de la rama judicial, con el consecuente señalamiento de requisitos y funciones para su desempeño, siempre que no hayan sido fijados por la ley.

El postulado que se expone guarda relación con el numeral 7º del artículo 256 de la Constitución Política, en cuanto le competen “las demás que le señale la ley”, entre las cuales se encuentra la de reglamentar la carrera judicial, como lo establece el artículo 22 Ley 270 de 1996.

Por ello es que al Consejo Superior de la Judicatura le asiste la potestad para señalar los requisitos de los cargos de empleados de las corporaciones y juzgados que no hayan sido fijados por la ley; facultad que deriva del numeral 9º del artículo 85 y el artículo 161 de la Ley 270 de 1996, normas que precisamente se constituyen en el fundamento para la expedición del acto acusado.

Para la Sala es clara la competencia que le asiste a la corporación demandada para fijar los requisitos de los empleados de la rama judicial; por tanto habrá, con fundamento en las consideraciones que preceden, de denegar las pretensiones de la demanda.

En consecuencia, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda tendientes a obtener la nulidad del Acuerdo 25 de 1997, “Por lo cual se da aplicación al artículo 161 de la Ley 270 de 1996”.

Estése a lo resuelto en la sentencia del 15 de mayo de 2008, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en cuanto denegó las pretensiones de nulidad sobre el Acuerdo PSAA06-3560 del 10 de agosto de 2006, “Por el cual se adecuan y modifican los requisitos para los cargos de empleados de tribunales, juzgados y centros de servicios”.

En firme esta providencia, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(1) Expediente 2088-06. Actor: Martha Jeannet Correa Pineda, M.P. Gustavo E. Gómez Aranguren.

(2) Artículos 256 y 257 de la Carta Política.

(3) Corte Constitucional. Sentencia C-035 de 1996. Al referirse a la exequibilidad del artículo 85 de la Ley 270 de 1996, expresó:

“Consideraciones de la Corte

La Corte estima que las diversas funciones contempladas en la norma que se estudia, salvo las que a continuación se relacionarán, se avienen a la naturaleza de las responsabilidades que debe desempeñar la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con los preceptos constitucionales (C.P., arts. 256 y 257) y los lineamientos que jurisprudencialmente ha determinado esta corporación en la Sentencia C-265 de 1993, principalmente.

Las atribuciones sobre cuya constitucionalidad se amerita un comentario especial son, pues, las siguientes:

(…).

El numeral 9º, a través del cual se determina la estructura y la planta de personal de las corporaciones y juzgados, se ajusta a los parámetros de la Carta Política, aunque su ejercicio deberá realizarlas de conformidad con los parámetros legales y los lineamientos expuestos en esta providencia.

(…).

De acuerdo con lo previsto en el artículo 256-1 de la Carta, al Consejo Superior de la Judicatura le corresponde la tarea de administrar la carrera judicial. Para el efectivo ejercicio de esta atribución, entiende la Corte que a la citada Corporación le asiste la facultad de reglamentar algunos aspectos de dicho sistema de carrera, siempre y cuando no se trate de materias de competencia exclusiva del legislador, en los términos previstos en los artículos 125 y 150-23 de la Constitución. En otras palabras, para la Corte la facultad de reglamentar en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura, no significa necesariamente suplantar las atribuciones propias del legislador. Por tal motivo, el numeral 22 será declarado exequible. (…).

En conclusión, la norma será declarada exequible, salvo la expresión “dentro de las cuales por lo menos la mitad deberá incluir a funcionarios de carrera judicial” del numeral 10, que será declarada inexequible. En cuanto al numeral 9º, la expresión “judiciales” del numeral 13, los numerales 22, 28, 29 y 30 y el parágrafo del artículo, su exequibilidad se circunscribirá a lo expuesto en esta providencia”.