Sentencia 2006-00137 de mayo 2 de 2013

 

Sentencia 2006-00137 de mayo 2 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “A”

Rad.: 11001 03 25 000 2006 00137 00

Ref.: Expediente 2118-2006

Magistrado Ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Actor: Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria

Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., dos de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Considera

El problema jurídico se contrae a determinar la legalidad de los actos administrativos que crearon, reconocieron y pagaron las siguientes prestaciones sociales a favor de sus pensionados: subsidio pensional semestral, subsidio familiar o incremento pensional y el subsidio educacional anual, contenidos en el Acuerdo 3 de 1992, artículo 30, inciso tercero y artículo 29; el Acuerdo 6 de 1994, artículo 1º y 2º, inciso 3º; el Acuerdo 22 de 16 de noviembre de 1993, artículo 2º; y el Acuerdo 6 de 1998 proferidos por junta directiva de la Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria.

Antes de resolver los cargos propuestos por la entidad demandante, es pertinente resaltar que sobre esta corporación recae el conocimiento privativo y en única instancia del presente proceso, en virtud de la regla de competencia establecida en el artículo 128, numeral 1º del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 446 de 1998, artículo 36 que señaló:

“1. De los de nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional o por las personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones administrativas del mismo orden”.

Por lo tanto, esta Sala asumirá el conocimiento del presente asunto en el que se solicita la nulidad parcial de algunos actos administrativos proferidos por una entidad del orden nacional, en este caso, la Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria.

El texto de las normas demandadas, proferidas por la junta directiva de la Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria, es el siguiente:

ACUERDO 3 DE 1992 

(Enero 29)

Por el cual se adopta el reglamento general de los servicios y prestaciones

Junta directiva de la Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria

En uso de sus facultades legales y estatutarias y en especial de las que le confiere el artículo 8º, literal p) del Acuerdo 11 de 1991, aprobado por el Decreto 107 del 22 de enero 1992,

ACUERDA:

La Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria se regirá para el reconocimiento y pago de las prestaciones cuya concesión le compete y para el otorgamiento de los servicios propios de su objeto social, por el siguiente reglamento general:

CAPÍTULO III

De las prestaciones económicas

ART. 29.—Subsidio familiar o incremento pensional. Los pensionados que al producirse el retiro del servicio oficial se encontraren vinculados como funcionarios a la Superintendencia Bancaria o a Capresub, recibirán mensualmente como subsidio familiar o incremento pensional una suma equivalente al 14% sobre el salario mínimo legal más alto por la cónyuge, compañero o compañera permanente beneficiarios y un 7% adicional por cada hijo beneficiario, sin que el valor total de este subsidio o incremento exceda el 42% del salario mínimo legal mensual vigente.

ART. 30.—Primas semestrales especiales. Inciso 3º. (...) Los pensionados que al producirse el retiro del servicio oficial se encontraren vinculados como funcionarios de la Superintendencia Bancaria o de la Caja y sus sustitutos continuarán recibiendo el subsidio semestral, liquidado sobre la mesada pensional, tomando como referencia para su pago la fecha a partir de la cual se causó el derecho a la pensión. Este subsidio no tendrá las deducciones a que se refiere el inciso primero de este artículo.

ACUERDO 6 DE 1994 

(Abril 18)

Por el cual se modifican los artículos 7º y 30 del Acuerdo 3 de enero 29 de 1992

La junta directiva de la Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias,

ACUERDA:

ART. 2º—El artículo 340 del Acuerdo 3 de enero 29 de 1992 quedará así:

ART. 30.—Primas semestrales especiales.

(...)

Los pensionados que al producirse el retiro del servicio oficial se encontraren vinculados como funcionarios de la Superintendencia Bancaria o de la Caja y sus sustitutos continuarán recibiendo el subsidio semestral, liquidado sobre la mesada pensional, tomando como referencia para su pago la fecha a partir de la cual se causó el derecho a la pensión.

ACUERDO 6 DE 1998 

10 de febrero de 1998

Por el cual se modifican parcialmente los acuerdos 3 de 1992 y 05 de 1995

La junta directiva de la Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias

CONSIDERANDO:

Que la Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria, viene reconociendo y pagando las prestaciones de subsidio de educación y subsidio de restaurante.

Que la junta directiva mediante los acuerdos 3 de 1992 y 5 de 1995, reglamentó estas prestaciones

Que se hace necesario actualizar su valor.

ACUERDA:

ART. 1º—“A los empleados de la Superintendencia Bancaria, de la caja y a los pensionados les será reconocido un subsidio educacional anual, por cada hijo menor de 25 años que adelante estudios del sistema educativo establecido en el Decreto 88 de 1976 y demás normas que lo modifiquen, aclaren o complementen.

Igual derecho tendrán los sustitutos pensiónales hijos

El valor de este auxilio se girará al padre que tenga a su cuidado el menor y que acredite haber sufragado los gastos escolares.

PAR.—En ningún caso será reconocido más de un auxilio educacional por un mismo hijo”.

ACUERDO 22 DE 1993 

(16 noviembre 1993)

Por el cual se modifican los artículos 28 y 29 del Acuerdo 3 de enero 29 de 1992.

La junta directiva de la Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias,

ACUERDA:

ART. 2º—El artículo 29 del Acuerdo 3 del 29 de enero de 1992, quedará así:

ART. 29.—Subsidio familiar o incremento pensional: los pensionados que tengan beneficiarios adscritos a la caja en calidad de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos, recibirán mensualmente como subsidio familiar o incremento pensional, una suma equivalente al 42% del salario mínimo legal mensual vigente, sin consideración al número de tales beneficiarios.

Para decidir el fondo del asunto, se abordará previamente el estudio de los siguientes aspectos: a) la naturaleza jurídica de Capresub; b) la naturaleza jurídica de los subsidios pagados por Capresub; c) de la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de empleados públicos y la facultad de Capresub para regular los subsidios contenidos en los acuerdos los cuales se pretende la nulidad.

a) La naturaleza jurídica de Capresub.

El artículo 44 de la Constitución de 1886, dispuso:

“Es permitido formar compañías, asociaciones y fundaciones que no sean contrarias a la moral o al orden legal. Las asociaciones y fundaciones puede obtener su reconocimiento como personas jurídicas”.

En desarrollo de lo anterior, la Ley 6ª de 1945, ordenó la creación de las cajas de previsión social de los empleados y obreros nacionales, como entidades encargadas del pago de las prestaciones oficiales(6). En su artículo 18 señaló que el Gobierno debía proceder a organizar la Caja de Previsión Social de los Empleados y Obreros Nacionales, a cuyo cargo estará el reconocimiento y pago de las prestaciones.

Dichas entidades, tendrían personería jurídica autónoma y su administración correspondería a una junta directiva integrada por representantes del Gobierno, los empleados y obreros. Sus obligaciones, debían estar garantizadas.

También contempló la creación de cajas de previsión por sectores territoriales, es decir, departamentales y municipales, por grupos económicos y hasta por entidades del orden nacional. Las instituciones de previsión social de empleados y obreros oficiales ya existentes podrían a su arbitrio, y por decisión de sus organismos directivos, fundirse con la Caja Nacional de Previsión por dicha ley creada o continuar como entidades independientes, en cuyo caso los empleados u obreros afiliados a ellas no gozarían sino de las prestaciones establecidas por “las respectivas asociaciones o corporaciones”(7).

Posteriormente, el Decreto 1600 de 1945, en los artículos 1º y 2º organizó la referida Caja como una entidad autónoma, con personería jurídica y patrimonio propio, independiente de los bienes y fondos del Estado y estableció como afiliados forzosos a los empleados y obreros de carácter permanente al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del poder público, cuyos sueldos se pagarían con cargo al tesoro nacional.

A su turno, el Decreto 434 de 1971,(8) expedido en uso de las facultades conferidas por la Ley 20 de 1970, en su artículo 10 estableció que:

“La Caja Nacional de Previsión Social y demás entidades de previsión social creadas por la ley o autorizadas por esta para la atención de las prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales, son establecimientos públicos, es decir, organismos dotados de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente”.

Seguidamente, la Ley 33 de 1985, señaló que las cajas de previsión son entidades del orden nacional, departamental, intendencial, comisarial, municipal o del Distrito Especial de Bogotá que, por ley, reglamento o estatutos, tengan, entre otras, la función de pagar pensiones a empleados oficiales de cualquiera de dichos órdenes. Por ello, la norma condujo a establecer, que en algunos casos, por disposición de sus propios estatutos, podían crear cajas que no necesariamente debían constituirse como entidades descentralizadas del tipo de las señaladas en el Decreto 434 de 1971.

La Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria Capresub, fue creada con fundamento en la autorización contenida en las leyes 45 de 1923 y 57 de 1931, los artículos 21 de la Ley 6ª de 1945 y 83 del Decreto-Ley 125 de 1976, como un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dotado de personería jurídica, reconocida mediante Resolución 49 de 26 de febrero de 1946 del Ministerio del Gobierno con autonomía administrativa y patrimonio independiente y adaptada en salud según el Decreto 404 de 1996.

Dentro de las funciones asignadas, está la de administrar los servicios sociales y prestaciones económicas especiales, en los términos del Acuerdo 3 de 1992 emanados de la junta directiva de la caja, hoy consejo directivo, y demás normas que lo modifiquen. Dispone el artículo 5º del Acuerdo 3 de 1992 lo siguiente:

a) Organizar, dirigir y administrar el reconocimiento y pago de los servicios sociales de educación, restaurante, transporte a favor de los servicios públicos de la Superintendencia Bancaria y de la propia caja, los pensionados por esta y el grupo familiar de todos los anteriores.

b) Atender el reconocimiento y pago de las prestaciones especiales de fomento al ahorro, subsidio familiar o incremento pensional, primas semestrales, compensación de vacaciones en dinero y cesantías a favor de los servidores públicos de Superintendencia Bancaria y de la propia caja y de los pensionados por esta.

El anterior marco normativo, lleva a la conclusión de que la naturaleza jurídica de la Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria según el Acuerdo 6 de 9 de febrero de 1993, emanado de la junta directiva de la Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria, aprobado por el Decreto 700 de 1993, es la de un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, siendo su objeto principal la administración del régimen de seguridad de los servidores públicos vinculados a la Superintendencia Bancaria, la Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria, los pensionados y los sustitutos pensionales. Por Decreto 1128 de 1999, fue adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

b) La naturaleza jurídica de los subsidios pagados por Capresub

Antes de entrar a resolver el cargo propuesto por el actor, es necesario definir qué se entiende por salario y prestaciones sociales. Para ello es importante señalar que esta corporación ha sido reiterativa en definir el salario como todas aquellas sumas que se pagan al empleado directamente como retribución o contraprestación por el trabajo realizado. Por el contrario, las prestaciones sociales han sido establecidas por el legislador para cubrir riesgos o necesidades del trabajador que se originan durante la relación de trabajo. Estas pueden estar representadas en dinero, servicios u otros beneficios con los cuales se busca amparar las contingencias a que suele verse sometida la persona que labora al servicio de un empleador.

Tanto las prestaciones sociales como el salario, emergen de los servicios subordinados que se prestan al empleador, no obstante las dos tienen características que las diferencian, entre ellas, que la prestación social no retribuye propiamente la actividad desplegada por el trabajador sino que cubre los riesgos, infortunios o necesidades a que se puede ver enfrentado. También se diferencian en que las prestaciones sociales no emergen por criterios particulares y concretos, sino por aspectos generales en relación con todos los trabajadores o un grupo considerable de ellos, contrario sensu, el salario sí se constituye frente a casos particulares y concretos, atendiendo un factor objetivo o subjetivo o ambos(9).

El subsidio familiar tuvo su origen en la Ley 21 de 1982, la cual lo definió como una prestación social pagadera en dinero, especie y servicios a los trabajadores de medianos y menores ingresos, en proporción al número de personas a cargo, y su objetivo fundamental es aliviar la carga económica que representa el sostenimiento de la familia, como núcleo básico de la sociedad(10).

Igualmente, señaló qué entes están obligados a pagar dichos subsidios, en el (art. 7º, ibíd.) señaló:

“1. La Nación, por intermedio de los ministerios, departamentos administrativos y superintendencias.

2. Los departamentos, intendencias, comisarías, el Distrito Especial de Bogotá y los municipios.

3. Los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales y las empresas de economía mixta de las órdenes nacional, departamental, Intendencias, distrital y municipal.

4. Los empleados que ocupen uno o más trabajadores permanentes” (negrilla de la Sala).

Los beneficiarios de dicho régimen, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 21 de 1982, son los siguientes:

“Son beneficiarios del régimen del subsidio familiar los trabajadores al servicio de los empleadores señalados en el artículo 7º que, además, reúnan los siguientes requisitos:

1. Tener el carácter de permanentes:

2. Encontrarse dentro de los límites de remuneración señalados en el artículo 20;

3. Haber cumplido los requisitos de tiempo trabajador indicados en el artículo 23, y

4. Tener personas a cargo, que den derecho a recibir la prestación, según lo dispuesto en el capítulo IV de esta ley”.

Si bien la ley transcrita entró a regir a partir del 22 de enero de 1982, lo cierto es que Capresub tiempo antes, esto es, desde el 14 de mayo de 1974 mediante la Resolución 206 ya había reglamentado lo concerniente al subsidio de familia, sin que el Congreso se hubiera pronunciado al respecto.

Posteriormente, mediante Acuerdo 3 del 29 de enero de 1992, la junta directiva de la Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria, estableció en el artículo 29, el subsidio familiar o incremento pensional, al prever:

“Los pensionados que al producirse el retiro del servicio oficial se encontraren vinculados como funcionarios a la Superintendencia Bancaria o a Capresub, recibirán mensualmente como subsidio familiar o incremento pensional una suma equivalente al 14% sobre el salario mínimo legal más alto por la cónyuge, compañero o compañera permanente beneficiarios y un 7% adicional por cada hijo beneficiario, sin que el valor total de este subsidio o incremento exceda el 42% del salario mínimo legal mensual vigente”.

Seguidamente el Acuerdo 22 de 16 de noviembre de 1993, proferido por el mismo organismo, modificó el anterior precepto y por su parte dijo, en su artículo segundo:

“El artículo 29 del Acuerdo 3 del 29 de enero de 1992, quedará así:

ART. 29.—Subsidio familiar o incremento pensional. Los pensionados que tengan beneficiarios adscritos a la caja en calidad de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos, recibirán mensualmente como subsidio familiar o incremento pensional, una suma equivalente al 42% del salario mínimo legal mensual vigente, sin consideración al número de tales beneficiarios”.

El subsidio educacional, por su parte, fue implementado por Capresub mediante la Resolución 3366 del 1º de junio 1967 “Por la cual se determinan las prestaciones legales y los beneficios extralegales a favor de los empleados y pensionados de la Superintendencia Bancaria, afiliados a la caja de previsión social de la misma”, en cuyo artículo 60, estableció:

“Concédese a los afiliados a la caja un auxilio en dinero por valor de las matrículas y pensiones del primer mes de colegio, escuelas, institutos o facultades universitarias de sus hijos, sin tener en cuenta la edad del estudiante (...)”.

El Acuerdo 11 de 27 de octubre de 1977, reguló igualmente este mismo aspecto del auxilio escolar y derogó tácitamente las anteriores disposiciones. En el artículo 28, dijo:

“Los afiliados forzosos y los pensionados tienen derecho a un auxilio educacional anual, en dinero, por sus beneficiarios hijos, en la cuantía que señale la junta directiva”.

Por último, dicho subsidio fue establecido en el artículo 1º del Acuerdo 6 de 10 de febrero de 1998, expedido por la junta directiva de Capresub, que expresó:

“A los empleados de la Superintendencia Bancaria, de la caja y a los pensionados les será reconocido un subsidio educacional anual, por cada hijo menor de 25 años que adelante estudios del sistema educativo establecido en el Decreto 088 de 1976 y demás normas que lo modifiquen, aclaren o complementen.

Igual derecho tendrán los sustitutos pensionales hijos.

El valor de este auxilio se girará al padre que tenga a su cuidado el menor y que acredite haber sufragado los gastos escolares.

PAR.—En ningún caso será reconocido más de un auxilio educacional por un mismo hijo”.

De otro lado, el subsidio semestral, fue creado por Capresub a través de la Resolución 737 del 9 de diciembre de 1969, “Por la cual se establece un subsidio para pensionados”. En el artículo 1º, señaló:

“Los pensionados de la Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria, tendrán derecho a un subsidio equivalente al 35% de la pensión que tengan a 30 de noviembre de cada año y les será pagada en la primera quincena del mes de diciembre”.

El anterior precepto fue subrogado por la Resolución 176 de 11 de agosto de 1970. El texto del artículo 1º es el siguiente:

“Los pensionados de la Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria, tendrán derecho a un subsidio anual equivalente al porcentaje de la pensión que tengan en 3º de noviembre de cada año y les será pagado en la primera quincena del mes de diciembre, según la siguiente tabla: (...)”.

Posteriormente se llevaron a cabo varias modificaciones al anterior mandato, mediante: las resoluciones 562 de 1971, artículo 1º; 252 de 1972, artículo 1º; 206 de 1974, artículo 1º; acuerdos 11 de 1977; 4 de 1991, artículo 70.

Mediante el Acuerdo 3 del 29 de enero de 1992, artículo 30, inciso 3º, emitido por la junta directiva de la Capresub, se reglamentó dicho factor al disponer:

“(...) Primas semestrales especiales. Inciso 3º. (...) Los pensionados que al producirse el retiro del servicio oficial se encontraren vinculados como funcionarios de la Superintendencia Bancaria o de la caja y sus sustitutos continuarán recibiendo el subsidio semestral, liquidado sobre la mesada pensional, tomando como referencia para su pago la fecha a partir de la cual se causó el derecho a la pensión. Este subsidio no tendrá las deducciones a que se refiere el inciso primero de este artículo”.

La norma transcrita fue modificada por el Acuerdo 6 de 18 de abril de 1994, igualmente expedido por la junta directiva de Capresub, que en el artículo 2º, inciso 3º, indicó:

“Primas semestrales especiales

(...) Los pensionados que al producirse el retiro del servicio oficial se encontraren vinculados como funcionarios de la Superintendencia Bancaria o de la caja y sus sustitutos continuarán recibiendo el subsidio semestral, liquidado sobre la mesada pensional, tomando como referencia para su pago la fecha a partir de la cual se causó el derecho a la pensión”.

En conclusión, la naturaleza jurídica de los subsidios (familia, educacional y semestral) creados por Capresub mediante los actos acusados, corresponden a prestaciones sociales y no salariales, toda vez que las mismas se pagan a sus afiliados pensionados no para retribuir directamente, el servicio sino para superar contingencias y cubrir necesidades que se presenten al trabajador.

c) De la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de empleados públicos

Bajo la vigencia de la Constitución de 1886, se dispuso en el artículo 76 numeral 9º, que la competencia para fijar el régimen prestacional y salarial de los servidores públicos estaba en cabeza únicamente del poder legislativo, disposición que posteriormente fue ratificada por la Constitución Nacional de 1991.

La Constitución Política de 1991, artículo 150, numeral 19, literal e), expresó:

“ART. 150.—Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

(...) 19. Dictar normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:

(...) e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública:

Estas funciones en lo pertinente a prestaciones sociales son indelegables en la corporaciones públicas territoriales, y estas no podrán arrogárselas (...) (negrilla fuera de texto).

Lo anterior, por cuanto al Congreso de la República le compete dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el Gobierno para “fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos”.

Basta con analizar que existe, una competencia compartida entre el legislativo y el ejecutivo para establecer unos parámetros generales conforme a los cuales este ha de fijar todos los elementos propios del régimen salarial y prestacional.

En efecto, la Ley 4ª de 1992, señaló los principios a los que debe ajustarse el Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. Al respecto, en su artículo 12, preceptuó:

“El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente ley.

En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta facultad.

PAR.—El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores guardando equivalencia con cargos similares en el orden nacional”.

El anterior mandato fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-315 del 19 de julio de 1995. Magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz, en consideración a que esta facultad del Gobierno no pugna con la que el constituyente expresamente otorgó a las entidades territoriales para fijar las escalas de remuneración y los emolumentos de los empleos de sus dependencias, en los artículos 287, 300-7, 305-7, 313-6 y 315-7.

Consecuentemente, como en múltiples pronunciamientos ha dicho esta corporación,(11) la determinación del régimen prestacional de los empleados públicos compete al Gobierno Nacional, de acuerdo con los parámetros señalados por el legislador; y en lo que se refiere al régimen salarial, el Gobierno señala el límite máximo salarial de los servidores públicos territoriales teniendo en cuenta su equivalencia con los del orden nacional.

En síntesis, a ninguna entidad le fueron otorgadas facultades para establecer, ni mucho menos para crear prestaciones sociales, pues se trata de una atribución exclusiva del poder legislativo en concurrencia con el Gobierno Nacional.

Establecido como está que los subsidios objeto de estudio son prestaciones sociales y que la competencia en esta materia es exclusiva del Congreso y el Gobierno Nacional, se tiene que la Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria, actuó sin competencia, es decir, que los actos acusados están afectados de nulidad y así habrá de declararse en la parte resolutiva de esta providencia.

Lo anterior por cuanto Capresub a través de los actos impugnados extendió y reglamentó el subsidio familiar para los pensionados mediante los acuerdos demandados, dando con ello un alcance que la ley no otorgaba y por tanto desbordándola pues este fue establecido en la Ley 21 de 1982 para los empleados activos.

Lo mismo sucedió con los denominados subsidios educacional y semestral o pensional, prestaciones que no solo creó, usurpando una competencia que no tenía sino que además hizo beneficiarios de ella a los pensionados con clara vulneración de disposiciones constitucionales.

Por las razones que anteceden, se declarará la nulidad de las disposiciones acusadas.

No obstante y si bien la declaración de nulidad de los actos administrativos tiene efectos desde su origen, “ex tunc”, lo cierto es, que de conformidad con la jurisprudencia(12) del Consejo de Estado no se pueden afectar las situaciones jurídicas consolidadas durante su vigencia.

Lo anterior, quiere decir que los beneficiarios de las prestaciones reconocidas al amparo de las disposiciones anuladas deberán seguirlas devengando.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A” administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad de las siguientes disposiciones:

I. Acuerdo 30 de 29 de enero de 1992, artículo 30, inciso 3º y artículo 29 expedido por la junta directiva de la Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria.

II. Acuerdo 6 de 18 de abril de 1994, artículo 2º, inciso 3º proferido por la junta directiva de la Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria.

III. Acuerdo 22 de 16 de noviembre de 1993, artículo segundo, emitido por la junta directiva de la Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria.

IV. Acuerdo 6 de 10 de febrero de 1998, artículo 1º, proferido por la Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria.

2. RECONÓCESE personería a la doctora Esperanza Inés Márquez Ortiz como apoderada de la parte demandada, para los efectos pertinentes y en los términos de poder conferido a folio 954.

Cópiese y notifíquese.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(6) El derecho colombiano de la seguridad social, Tercera edición actualizada, Legis, autor: Gerardo Arenas Monsalve, p. 68.

(7) Artículo 21 de la Ley 6ª de 1945.

(8) Por el cual se dictan normas sobre reorganización administrativa y financiera de las entidades de previsión social de carácter nacional y se dictan otras disposiciones.

(9) Sentencia de 5 de agosto de 2010 Nº interno: 4935-05, M.P. Luis Rafael Vergara, Actor: Nora Tapia Montoya.

(10) Ley 21 de 1982, artículo 1º.

(11) Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de marzo de 2001, Expediente 6179 (3241-00), actor Víctor Manuel Rojas Gutiérrez; y fallo del 19 de mayo de 2005, expedientes 11001032500020020211 01, Nº interno: 4396 - 2002, actor: Luis Eduardo Cruz Porras (acumulados 11001032500020020209 01 (4333-02), actor Augusto Gutiérrez y otros; 11001032500020020213 01 (4406-02), actor Enrique Guarín Álvarez; y 11001032500020020230 01 (4767-02), actor Pablo Emilio Ariza Meneses y otros), C.P. Jesús María Lemos Bustamante.

(12) En este sentido ver las sentencias de 24 de julio de 2008; Nº interno 2024-2006; M.P. Gerardo Arenas Monsalve; actor: Rodrigo Espitia Casas y 2 de diciembre de 2010; Nº interno 0427-2010; M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; actor: Enna Lucena Espinosa Arena.