Sentencia 2006-00144 de mayo 29 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: expediente 2006-00144

Acción: Pública de nulidad

Actora: Continental de Transportes Limitada —Transcontinental—.

Bogotá, D.C., veintinueve de mayo de dos mil siete.

La sociedad Continental de Transportes Limitada - Transcontinental, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución 490 de 16 de mayo de febrero de 2003, expedida por el superintendente delegado de tránsito y transporte del Ministerio de Transporte, “Por la cual se falla la investigación administrativa adelantada contra la empresa Continental de Transportes Ltda. Transcontinental”.

Comoquiera que la pretensión de declaración de ineficacia de la decisión por la que se impuso sanción de multa a la actora, no se adecuaba al objeto y finalidad de la acción de nulidad, el a quo ordenó que se corrigiera la demanda a fin de que adecuara las pretensiones al objeto y finalidad de la acción que pretendía ejercer y las normas legales o constitucionales consideradas como infringidas con la expedición del acto acusado, y explicar el concepto de violación de las mismas, dada la ausencia total de tal requisito, frente a lo cual la actora insistió en que la acción por ella instaurada era la de nulidad.

Con base en lo anterior, el tribunal consideró que el asunto corresponde al conocimiento de esta corporación por tratarse de una nulidad contra un acto de carácter particular en donde la decisión que se adopte se contrae exclusivamente al juzgamiento de la legalidad del mismo, a pesar de que tal declaración pueda implicar el restablecimiento automático del derecho, con fundamento en el criterio jurisprudencial fijado por la Corte Constitucional en Sentencia C-426 de 2002.

Consecuente con lo anterior remitió por competencia el expediente a esta superioridad.

Para resolver, se CONSIDERA:

Sea lo primero advertir que la Sección Primera frente a la teoría de los motivos y finalidades, ha señalado, entre otros, en auto de 2 de agosto de 1990, reiterado en la sentencia de la misma Sala del 28 de agosto de 1992, que los actos de contenido particular no son, en principio, susceptibles de ser atacados en ejercicio de la acción de nulidad simple, salvo en aquellos eventos expresamente determinados por la ley, entre los cuales se mencionaron los regulados en los artículos 221 y 223 del Código Contencioso Administrativo y 585 y siguientes del Código de Comercio, concluyendo que solo excepcionalmente podría ser utilizada para acusar actos diferentes de los de contenido particular.

También la Sección Primera, en sentencia del 26 de octubre de 1995, consideró que la teoría de los móviles y finalidades podía “ampliarse”, entendiendo que la acción de simple nulidad procedería, adicionalmente, frente a actos creadores de situaciones jurídicas individuales y concretas, cuando tales situaciones implican “un interés para la comunidad en general de tal naturaleza e importancia que desborde el simple interés de legalidad en abstracto, por afectar de manera grave y evidente el orden público social y económico”, y ello aún cuando la posibilidad de atacar dichos actos mediante la acción mencionada no hubiera sido expresamente prevista por el legislador.

Esta posición fue adoptada por la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia del 29 de octubre de 1996, en la que se precisó que, además de los casos previstos en la ley, habría lugar al ejercicio de la acción de nulidad simple en aquellos eventos en que se tratara de actos creadores de situaciones particulares y concretas que comportaran “un interés de la comunidad de tal naturaleza e importancia que fuera aparejado con el afán de legalidad”, en especial cuando se encontrara “de por medio un interés colectivo o comunitario, de alcance y contenido nacional, con incidencia trascendental en la economía nacional y de innegable e incuestionable proyección sobre el desarrollo y bienestar social y económico de gran número de colombianos”. Se agregó, por otra parte, que este criterio habría de servir para justificar el control jurisdiccional frente a aquellos actos que, no obstante afectar intereses particulares, implicaran, por su contenido y trascendencia, “el resquebrajamiento del orden jurídico y el desmejoramiento del patrimonio económico, social y cultural de la Nación”.

La verdadera teoría de los móviles y finalidades no fue estudiada por el fallo de la Corte Constitucional a que alude el auto del tribunal, ni mucho menos en dicho fallo se demostró que tal teoría pudiera ser considerada restrictiva del derecho de acceso a la administración de justicia y del debido proceso, o por qué serían sus planteamientos irrazonables, es decir, que no se hizo un juicio de constitucionalidad respecto de dicha teoría.

Conforme a tal teoría el carácter de acto de contenido particular y concreto no impide que en su contra se formule acción de simple nulidad, pues esta procede contra todo tipo de actos, siempre que con la sola declaración de invalidez no se produzca el restablecimiento del derecho vulnerado.

En este caso, de prosperar la declaratoria de nulidad del acto acusado se produciría un restablecimiento del derecho automático, cual es el que ya no tendría que pagar la multa impuesta por valor de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes ($ 6’640.000.00).

De otra parte, independientemente de que para garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia se permita que contra un acto particular, individual y concreto se pueda promover acción de simple nulidad, no por ello ha de desconocerse que el asunto tiene una cuantía, y es en razón de esta que el conocimiento del proceso no corresponde a esta corporación en única instancia.

En otras palabras, un asunto tendrá cuantía, bien sea porque del contenido del acto así se infiere, o porque las pretensiones de la demanda busquen un beneficio económico y resulta irrelevante si la decisión definitiva accede o no a restablecimiento de derecho alguno.

Así las cosas, el proceso es del conocimiento de los juzgados administrativos de Bogotá, D.C., teniendo en cuenta que la cuantía no excede de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales (1) y que el acto administrativo acusado fue expedido en el territorio de su jurisdicción.

En consecuencia, habrá de remitirse el expediente a la oficina judicial de la dirección ejecutiva de Administración Judicial Seccional Cundinamarca, para que proceda a efectuar el reparto entre los juzgados administrativos de Bogotá, D.C.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en Sala Unitaria,

RESUELVE:

DECLÁRASE INCOMPETENTE para conocer de la demanda de nulidad promovida por la sociedad Continental de Transportes Limitada -Transcontinental.

En consecuencia remítase el expediente a la oficina judicial de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Seccional Cundinamarca, para que proceda a efectuar el reparto entre los juzgados administrativos de Bogotá, D.C.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Consejero.

(1) Para el año de 2005, fecha en que se presentó la demanda, el salario mínimo legal mensual vigente era de $ 381.500.

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