Sentencia 2006-00159 de julio 19 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación 20001 2331 000 2006 00159 01

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Actor: Melkis Guillermo Kammerer Kammerer

Bogotá, D.C., diecinueve de julio de dos mil siete.

Se decide el recurso de apelación interpuesto por el actor contra el auto proferido el 16 de marzo de 2006 por el Tribunal Administrativo del Cesar, por el cual denegó la suspensión provisional de los efectos jurídicos del Decreto 2685 del 6 de diciembre de 2005, expedido por el Alcalde Municipal de Valledupar “por el cual se adoptan medidas tendientes a conservar el orden público en el municipio de Valledupar”, demandado en acción de nulidad simple.

I. La solicitud de suspensión provisional

En capítulo especial de la demanda el demandante solicitó la suspensión provisional del decreto municipal antes citado, con la siguiente argumentación:

“1. Que el mencionado decreto viola ostensiblemente los artículos 13, 15, 24, 29, 58, 150, 189 de la Constitución Política de Colombia, artículo 94 de la Ley 769/2000, debido (sic) que el artículo primero prohíbe el transporte de acompañantes mayores de 12 años durante las 24 hora (sic) del día en la ciudad de Valledupar durante los meses de diciembre del 2005 a febrero del 2006, hecho que contradice al artículo 94 de la Ley 769/2002. Normas generales para bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos. Los conductores de bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos, y mototriciclos estarán sujetos a las siguientes normas: los conductores de estos tipos de vehículos y sus acompañantes deben vestir chalecos o chaquetas reflectivas de identificación que deben ser visibles cuando se conduzca entre las 18:00 y las 6:00 horas del día siguiente, y siempre que la visibilidad sea escasa. Como puede observar señor magistrado del conocimiento, el Congreso de la República autorizó que los propietarios de motocicletas puedan ir con un acompañante y el mencionado decreto viola dicha disposición y vulnera el principio de legalidad y el debido proceso.

2. Que el mencionado decreto, en su artículo séptimo viola el derecho a la igualdad debido (sic) que le discrimina a los ciudadanos que no ejercen ningún cargo de seguridad del Estado, o personal de organismos de socorro, escoltas de funcionarios oficiales del orden nacional, departamental y municipal, al manifestar que no pueden cargar en su motocicleta parrilleros.

3. Que el mencionado decreto viola el derecho a la intimidad, la libre circulación, a la propiedad debido (sic) que el municipio pretende que en Valledupar, los propietarios de motos no pueden cargar parrillero, donde la misma tarjeta de propiedad manifiesta que la motocicleta es de dos.

En conclusión, solicito la suspensión provisional del mencionado decreto porque no existe en nuestra legislación colombiana ni una ley expedida por el Congreso de la República que prohíba al parrillero en las motocicletas, y los alcaldes no tienen facultad para contrarrestar una ley del Congreso y mucho menos interpretarla, pues ellos tienen una interpretación residual, mas no legislativa” (fl. 21, cdno. 1 - negrillas del texto original).

II. El auto recurrido

Mediante el auto impugnado el Tribunal Administrativo del Cesar resolvió el recurso de reposición interpuesto por el actor contra el auto que admitió la demanda —del 13 de febrero de 2006—, por cuanto en ese proveído se omitió pronunciarse sobre la solicitud de suspensión provisional del acto demandado.

El tribunal, luego de precisar los requisitos para decretar la medida deprecada cuando se actúa en ejercicio de la acción de nulidad, consideró que en el presente asunto no es procedente la solicitud de suspensión provisional del decreto acusado, por lo que la denegó.

Estimó que aunque el actor solicita la suspensión provisional del decreto demandado, deja de lado la comparación objetiva que permita observar la contradicción entre aquel y las normas que sirven de fundamento a dicha solicitud, y que no es suficiente lo mencionado en ella para determinar si el acto acusado es contrario a la ley.

III. El recurso de apelación.

Inconforme con la anterior decisión el actor la apeló con el fin de que sea revocada, aduciendo, luego de trascribir lo dispuesto en los artículos 94 numeral 2º y 96 de la Ley 769 de 2002, lo siguiente:

“SEGUNDO: Que el Decreto 2685 del 6 de diciembre del 2005, viola la Ley 769 del 2002 en los siguientes artículos:

A. Que el considerando tercero del mencionado decreto manifiesta que durante el año 2004 y lo transcurrido del 2005, se ha incrementado en el municipio de Valledupar la actividad de transporte ilegal de vehículo tipo motocicleta, lo cual tiende a subvertir el orden público, derivado de los continuos enfrentamientos que se viene (sic) suscitando entre los conductores de las empresas legalmente constituidas y los que ejercen dicha actividad, donde dicho decreto vulnera los artículos 94 y 96 de la Ley 769 de 2002.

B. Que según el considerando cuarto del decreto en comento, la actividad del mototaxismo es ilegal por controvertir normas de tránsito y constituye una competencia ilegal al transporte organizado, por ser esta una modalidad de transporte ilegal contrario a la organización de transporte masivo por el que debe propender la administración municipal a fin de evitar el pánico económico que conllevaría a la quiebra de las empresas de transporte realmente constituidas y la imposibilidad de que estas modernicen su parte (sic) automotor vinculados al transporte masivo.

(sic)A. Que la prohibición establecida en el artículo 1º del mencionado decreto, viola flagrantemente el derecho fundamental de la libre circulación, consagrado en el artículo 24 de la Carta Política.

B. Que el mencionado decreto, en su artículo séptimo viola el derecho a la igualdad debido (sic) que le discrimina a los ciudadanos que no ejercen ningún cargo de seguridad del Estado, o personal de organismos de socorro, escoltas oficiales de funcionarios oficiales del orden nacional, departamental y municipal, al manifestar que no pueden cargar en su motocicleta parrilleros.

PARALELO ENTRE LOS ARTÍCULOS 94 Y 96 DE LA LEY 769 DE 2002.

Como se puede observar señor juez, no cabe lugar a duda que el mencionado decreto sí vulnera los artículos 94 y 96 de la ley, al señalarle requisitos con el mencionado decreto, como son que para que los motociclistas puedan andar con sus acompañantes, el decreto le solicito (sic) un permiso pro (sic) parte de las autoridades competentes como es el carné. También vulnera la Constitución en los artículos mencionados en esta demanda” (fls. 36 y 37, cdno. 1 - mayúsculas sostenidas del texto original).

IV. Las consideraciones

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la Constitución Política, la jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial.

El artículo 152 del Código Contencioso Administrativo señala que además de ser solicitada de manera expresa y por escrito, antes de que sea admitida la demanda, para decretar la suspensión provisional del acto administrativo demandado en acción de nulidad es necesario que el mismo viole manifiestamente la norma superior en que se fundamente la petición, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud.

En efecto, la procedencia de la suspensión provisional supone que la infracción normativa aparezca evidente, palmaria u ostensible, esto es, que se advierta sin necesidad de mayores elucubraciones, reflexiones o ejercicios de argumentación jurídica por parte del juez, pues, de lo contrario, si se trata de una cuestión que requiera un análisis sustancial o de fondo, la decisión deberá adoptarse en la sentencia luego de surtido el debate procesal correspondiente.

2. En este caso, se solicitó la suspensión provisional del Decreto 2685 del 6 de diciembre de 2005, expedido por el Alcalde Municipal de Valledupar “por el cual se adoptan medidas tendientes a conservar el orden público en el municipio de Valledupar”.

En el artículo primero del decreto acusado se dispuso lo siguiente:

“ART. 1º—Prohíbase el transporte de acompañantes mayores de 12 años en motocicletas durante las 24 horas del día, en la ciudad de Valledupar, durante los meses de diciembre de 2005 a febrero de 2006 , por las razones expuestas en la parte motiva del presente decreto” (negrillas y subrayado fuera del texto original).

Los demás artículos que contiene dicho acto se refieren a las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo antes dispuesto, a las excepciones a la prohibición establecida, al destino de los dineros recaudados por concepto de las multas que se impongan por la violación del decreto, y a la vigencia del mismo (artículos segundo a duodécimo).

3. Pues bien, el parte subrayado de la disposición antes trascrita del decreto municipal cuya suspensión provisional se solicita, pone claramente de presente que el mismo produce efectos jurídicos durante un periodo de tiempo específico, concretamente durante los meses de diciembre de 2005 a febrero de 2006.

En ese sentido, es claro para la Sala que la medida provisional solicitada carece de objeto, en razón a que, aunque la misma se solicitó oportunamente, para la fecha en que el a quo la resolvió, esto es, el 16 de marzo de 2006, ya se habían producido los efectos jurídicos del Decreto 2685 del 6 de diciembre de 2005 y, por consiguiente, no resultaba procedente “suspender provisionalmente” los efectos del acto acusado.

En efecto, como no se encuentra produciendo efectos jurídicos el citado acto, no era dable decretar la medida previa solicitada, dado que su finalidad es la de hacer cesar temporalmente los efectos que estén produciendo los actos administrativos flagrantemente violatorios del ordenamiento jurídico superior, supuesto este que, como antes se dijo, no se cumple en este asunto (1) .

4. Ante tales circunstancias, entonces, resulta evidente que no tiene vocación de prosperidad la solicitud de suspensión provisional formulada, por lo que se confirmará el auto apelado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE:

1. CONFÍRMASE el auto apelado.

2. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 19 de julio de 2007.

Magistrados: Martha Sofía Sanz Tobón, Presidenta—Camilo Arciniegas Andrade—Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta—Marco Antonio Velilla Moreno.

(1) No obstante, debe precisarse que de acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación, es procedente el estudio sobre la legalidad de un acto administrativo general aun cuando no se encuentre vigente o haya sido derogado, en razón a los efectos de carácter particular que pudo haber producido la disposición demandada mientras estuvo vigente.

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