Sentencia 2006-0016039829 de abril 25 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “C”

Rad.: 27001-23-31-000-2006-00160-01 (39.829)

Actor: Ángel Prisciliano Valencia Palacios

Demandado: Ministerio de Defensa- Fuerzas Militares y otros

Acción: Reparación directa

Asunto: Recurso de apelación

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Bogotá D.C., veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Aspectos procesales previos.

1.1. Legitimación en la causa.

La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”(20), o en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.

En el caso concreto, comparece al proceso en calidad de demandante el señor Ángel Prisciliano Valencia Palacios, quién solicita se declare la ocupación ilegal de un lote de terreno de su propiedad, calidad que ostentaba a la fecha de promulgación del Acuerdo 005, esto es, 23 de abril de 1997, cuando se declararon unos terrenos de utilidad pública con el fin de dar inicio a la construcción del Batallón Manosalva Flórez.

Por otra parte, la demanda fue dirigida contra la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, como ente administrativo encargado de las guarniciones militares; departamento del Chocó, a través de su gobernación, y el municipio de Quibdó, por medio de su alcaldía, como entidades territoriales designadas por el Acuerdo 10 del 19 de abril de 2005(21) para garantizar a los propietarios de los terrenos ocupados por el Ejército Nacional el pago de los valores de sus predios. En consecuencia, las entidades demandadas se encuentran legitimadas en la causa por pasiva.

1.2. Caducidad de la acción de reparación directa.

La caducidad es concebida como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general; cuyos términos están fijados por el artículo 136 del C.C.A., que en su numeral 8º dispone que la acción “de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001(22), y sólo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código Contencioso Administrativo(23). Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez(24).

En el caso concreto, se evidencia que el daño alegado por la parte demandante se deriva de la ocupación ilegal de un lote de terreno para construir el Batallón de Infantería Alfonso Manosalva, en principio, el término de caducidad se debería contar a partir de la terminación de la obra pública; sin embargo, como no se cuenta con esta información, la Sala establece que contabilizará este término teniendo en cuenta que el 19 de abril de 2005, fecha de suscripción del Acuerdo 10(25), el cual citó en su parte considerativa que en ese momento el batallón aún no se encontraba edificado ni en un 60% de lo proyectado. Entonces, forzoso es concluir que si la demanda fue interpuesta el día 20 de febrero de 2006, se encuentra dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A.

2. Acervo probatorio(26).

Del material probatorio allegado al expediente, se relacionan las siguientes pruebas:

1. Resolución 1167 del 13 de noviembre de 1990(27), expedida por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, mediante la cual se adjudicó al señor Ángel Prisciliano Valencia Palacios el terreno baldío denominado “Granja El Esfuerzo Agrícola”, ubicado en la carretera Pacurita, municipio de Quibdó, departamento de Chocó, cuya extensión fue calculada aproximadamente en cincuenta y seis (56) hectáreas con seis mil cien metros cuadrados (6.100).

2. Certificado de libertad y tradición con matrícula inmobiliaria 180-9516(28), que describe el predio como un lote de terreno de 56 hectáreas con 6.100 metros cuadrados, cuyos linderos se encuentran señalados en la Resolución 1167 del 13 de noviembre de 1990, de la que se observa que desde el 21 de abril de 1994(29) hasta el 8 de octubre de 2001(30) el accionante realizó ventas parciales del terreno adjudicado por el Incora, con un total de ventas de 28 hectáreas con 2.400 metros cuadrados.

3. Certificación firmada por el Gerente del Incora - regional Chocó(31), en la cual se documentó la solicitud realizada por el demandante de enajenar a la señora Visitación Rivas 20 hectáreas del lote de terreno adjudicado, así pues, dada la segregación del área que se pretendía vender, se indicó que el referido predio se reduciría a una cabida de 35 hectáreas y 6.100 metros cuadrados.

4. Oficio del 20 de mayo del 2002(32), en el cual el Incora, por medio del subgerente de administración de recursos, le informa al alcalde de Quibdó que tanto en las actas de inspección ocular de septiembre 15 de 1989 y diciembre 19 del mismo año, como en el plano Nº B 367-322 el predio figura de 156 hectáreas 8.500 metros cuadrados.

5. Acuerdo 005 del 23 de abril de 1997(33) expedido por el Concejo Municipal de Quibdó, mediante el cual se declararon unos predios como de utilidad pública y, en su artículo séptimo, se estableció la responsabilidad del municipio de Quibdó, el departamento del Chocó y el Ejército Nacional de pagar a los propietarios los valores de los terrenos y mejoras ocupados por parte del Ejército Nacional, con ocasión de la construcción del Batallón Alfonso Manosalva Flórez.

6. Acuerdo 10 del 19 de abril de 2005(34) a través del cual se señaló que la guarnición militar no se encontraba ni el 60% de su construcción, asimismo, se modificó el artículo séptimo del Acuerdo 005 del 23 de abril de 1997, en el sentido de declarar que no existía disponibilidad presupuestal ni recursos por parte del Ejército Nacional para resarcir las indemnizaciones que resultaren por la ocupación de los terrenos en donde físicamente tiene asentamiento el batallón; por tanto, se le excluyó de la obligación indemnizatoria asumida, y quedaron como responsables el municipio de Quibdó, a través de su alcaldía, y el departamento del Chocó, mediante su gobernación.

7. Escritura pública 515 del 13 de septiembre de 2006(35), por la cual el señor Ángel Prisciliano Valencia Palacios adquirió el predio denominado “Granja Agrícola y Minera Ciudad de Futuro”, mediante la sucesión de la señora Francisca Valencia, su abuela.

8. Declaración rendida por el señor Florentino Murillo(36), el 17 de julio de 2007, en la que manifestó conocer desde hace muchos años al señor Prisciliano Valencia y que él era el dueño del lote de terreno donde hoy se encuentra ubicado el Batallón Alfonso Manosalva Flórez.

9. Dictamen pericial realizado al predio denominado “Granja El Esfuerzo Agrícola”(37), que arrojó como valor comercial la suma de CIENTO OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS ($ 108.339.000); asimismo indicó que la porción del lote ocupada por el referido batallón corresponde al extremo occidental de la propiedad adjudicada por el Incora al señor Valencia Palacios, porción que determinó en el área de cuatro (4) hectáreas con nueve mil cuatrocientos setenta metros cuadrados (9.470).

10. Resolución 270 del 21 de mayo de 2003(38), por la cual se revocó la adjudicación realizada a favor del señor Ángel Prisciliano Valencia Palacios del terreno baldío denominado “Granja El Esfuerzo Agrícola”, por considerar que el predio, antes de su titulación al demandante, estaba dentro del área determinada como suburbana de la ciudad de Quibdó; además, enfatizó que, fue excesivo otorgar 56 hectáreas para una sola persona, cuando según el Acuerdo 26 de 1987 lo permitido eran 3 hectáreas.

De igual manera, en dicha resolución se señaló que hubo inconsistencias en la notificación a los colindantes para su participación en la diligencia de inspección ocular, que fijó la extensión del terreno y a través de la cual se determinaron los linderos del predio. Del mismo modo, se estableció que el referido lote hacía parte del fundo municipal en un área de 42 hectáreas y una hectárea aproximadamente respecto del predio del señor Inocencio Palacios Cuesta.

11. Complementación del dictamen pericial(39) presentada el día 11 de agosto de 2008, en la que se demostró que el Batallón Alfonso Manosalva Flórez no estaba construido sobre el predio denominado “Granja Agrícola y Minera Ciudad de Futuro”, referido en escritura pública 515 del 13 de septiembre de 2006, con certificado de libertad y tradición con matrícula inmobiliaria 180-23097, adquirido por el demandante mediante la sucesión de su abuela Francisca Valencia.

12. Sentencia del 26 de febrero de 2009(40), proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, que resolvió la nulidad y restablecimiento del derecho impetrada por el señor Ángel Prisciliano Valencia Palacios en contra de la Resolución 270 del 21 de mayo de 2003, que revocó en todas sus partes la Resolución 1167 del 13 de noviembre de 1990, en la cual se negaron las pretensiones de la demanda debido a que con la adjudicación del predio denominado “Granja El Esfuerzo Agrícola” se perturbaron derechos de terceros, por cuanto el referido terreno no tenía la condición de baldío y por ende, no podía ser adjudicado al actor.

13. Certificado de libertad y tradición con matrícula inmobiliaria 180-23097(41), que describe el predio “Granja Agrícola y Minera Ciudad de Futuro” sin mencionar cabida alguna, cuyos linderos se encuentran señalados en escritura pública 11 de fecha 27 de enero de 1911.

3. Problema jurídico.

El problema jurídico que se plantea la Sala, consiste en determinar si el daño antijurídico aducido por el demandante consistente en la ocupación ilegal de un lote de terreno de su propiedad por parte del Batallón de Infantería Alfonso Manosalva, es atribuible a las entidades demandadas, o si por el contrario, se debe confirmar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

4. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Con relación a la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración.”(42).

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, el régimen común de la falla del servicio o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

5. El caso en concreto

En el sub judice, el demandante pretende que se declare la responsabilidad por la ocupación ilegal de un lote de terreno de su propiedad, donde ahora se encuentra ubicado el Batallón de Infantería Alfonso Manosalva, y como consecuencia de esta declaración, solicitó se le dé cumplimiento al Acuerdo No.005 del 23 de abril de 1997(43) modificado por el Acuerdo 010 del 19 de abril de 2005(44), en el sentido de que el municipio de Quibdó, y el departamento del Chocó, por medio de su gobernación, garanticen el pago de los valores de los terrenos ocupados por parte del referido batallón.

Al respecto, la Sala para dilucidar el asunto sometido a consideración estima necesario analizar las probanzas obrantes en el expediente, para así determinar si el daño antijurídico aludido por el demandante, consistente en la ocupación ilegal de un lote de terreno de su propiedad por parte del Batallón de Infantería Alfonso Manosalva le es atribuible a las entidades demandadas.

Pues bien, conforme a la Resolución 1167 del 13 de noviembre de 1990 se encuentra acreditado que el Incora le adjudicó al señor Ángel Prisciliano Valencia Palacios el terreno baldío denominado “Granja El Esfuerzo Agrícola”, ubicado en la carretera Pacurita, municipio de Quibdó, departamento de Chocó, cuya extensión fue calculada aproximadamente en cincuenta y seis (56) hectáreas con seis mil cien metros cuadrados (6.100).

De la misma manera, se observa que en el trámite de adjudicación el actor arguyó como prueba de su posesión que 27 años atrás él venía explotando el predio, para lo cual allegó unas declaraciones extra proceso hechas por los señores Plinio Rengifo Palacios, Ana Rosa Becerra Valois y Eladio Ángel Ramírez Córdoba, quienes expresaron que el señor Ángel Prisciliano Valencia Palacios tenía más de 25 años de poseer el predio que solicitaba.

Del mismo modo, la Sala evidencia que mediante la Resolución 270 del 21 de mayo de 2003 la adjudicación en cita, fue estudiada nuevamente con ocasión a la petición elevada por la Sociedad Castro Morales y el señor Inocencio Palacios Cuesta, y se resolvió por parte del Incora revocar la Resolución 1167 del 13 de noviembre de 1990, asimismo, se dejó sin efectos la adjudicación del predio denominado “Granja El Esfuerzo Agrícola” realizada a favor del actor, al considerar que el terreno adjudicado al señor Valencia Palacios no era baldío, sino que, 42 de las hectáreas adjudicadas pertenecían al perímetro urbano del municipio de Quibdó y una hectárea, al señor Inocencio Palacios Cuesta.

Esta decisión fue demandada por el señor Ángel Prisciliano Valencia Palacios a través de acción la nulidad y restablecimiento del derecho, desatada por el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó mediante sentencia del 26 de febrero de 2009(45), en la que se declaró que el acto acusado se encontraba ajustado a derecho y que con la adjudicación del predio denominado “Granja El Esfuerzo Agrícola” se perturbaron derechos de terceros y se violaron normas constitucionales, legales y reglamentarias, por lo tanto, se denegaron las súplicas de la demanda.

Así pues, la Sala luego de valorar los medios probatorios antes relacionados observa que el actor reclama los perjuicios ocasionados por la ocupación ilegal de un lote de terreno cuya propiedad adquirió sin contar con los requisitos legalmente establecidos para este efecto indujo en error a la Administración, con el propósito de que le asignara un lote de terreno que no tenía la condición baldío, así como lo evidencia el acta inicial de inspección ocular realizada al mencionado predio, la cual señala que se consignaron datos “respecto de la explotación del predio completamente alejados de la realidad que fueron objetados por el Procurador Agrario de entonces”, de allí que de acuerdo con lo señalado por parte del Incora en el acto administrativo de revocatoria directa, se transgredió tanto el derecho de propiedad del municipio de Quibdó como el del señor Inocencio Palacios Cuesta y en (sic).

Es por esto, que el entonces Incora una vez tuvo conocimiento de esta situación, en el año 2003, revocó la adjudicación realizada mediante Resolución 1167 del 13 de noviembre de 1990, y dejó sin efectos dicho acto administrativo.

Al respecto, la Sala advierte que la figura de la revocatoria directa de los actos administrativos que genera la pérdida de la vigencia de un acto administrativo en razón de la declaratoria hecha por el funcionario que lo profirió o su inmediato superior, ocurre cuando i) sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley, ii) no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él, y iii) con ellos se cause agravio injustificado a una persona(46).

Por su parte, las resoluciones de adjudicación de tierras baldías proferidas por el Incora desde la vigencia de la Ley 30 de 1988, y las que se expidan a partir de la Ley 160 de 1994, según lo establecido en el artículo 39 del Decreto 2664 de 1994, pueden ser objeto de revocatoria directa, de oficio o a solicitud de parte, en cualquier tiempo, sin necesidad de solicitar el consentimiento expreso y escrito del titular, cuando se establezca la violación de las normas constitucionales, legales o reglamentarias vigentes al momento en que se expidió la resolución administrativa correspondiente.

En este sentido, se le atribuye al acto revocatorio naturaleza constitutiva de nuevas situaciones jurídicas, lo que implica que ni la petición de revocatoria de un acto, ni la decisión que sobre ella recaiga revivirán los términos legales para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas, ni darán lugar a la aplicación del silencio administrativo(47); razón por la cual sus consecuencias se generan a partir de su existencia y hacia el futuro, esto es, ex nunc.

Lo anterior permite concluir que, si bien el señor Valencia Palacios ostentó la calidad de propietario del terreno objeto de la litis, desde el 13 de noviembre de 1990, lo cierto es que, mediante un acto administrativo que se encuentra en firme y con plenitud de sus efectos(48), la Resolución 270, perdió la propiedad del bien y cualquier otro derecho sobre el mismo, lo que significa que desde el día 21 de mayo de 2003, fecha en la que se le revocó la adjudicación del lote, el accionante ya no era el propietario del predio denominado “Granja El Esfuerzo Agrícola”, ocupado por el Batallón de Infantería Alfonso Manosalva, pues como se logró establecer por parte del Incora, se violentaron normas de orden constitucional y legal, por causa de la incorrecta información que fue proporcionada por parte del aquí demandante.

De ahí que, no es admisible para esta Subsección que el actor insista en que se le reconozca que se le causó un daño antijurídico por la supuesta ocupación realizada por los entes demandados, cuando este adquirió la propiedad del lote de terreno objeto de debate basado en comportamientos que resultaron violatorios de normas constitucionales y legales, tal y como se señaló en los párrafos anteriores.

De manera que, para la Sala resulta necesario poner de presente que nadie puede alegar en su favor su propia torpeza para obtener un beneficio, “Nemo auditur propriam turpitudinem suam allegans”, y mucho menos conseguir una indemnización de esta circunstancia.

Por consiguiente, la Sala encuentra que el primer presupuesto de la responsabilidad del Estado, es decir, la existencia del daño, se acreditó en cuanto a la ocupación de un lote de terreno por parte de la administración para la construcción del Batallón de Infantería Alfonso Manosalva. Sin embargo, en el caso de autos no puede imputársele responsabilidad alguna al Estado, debido a que el actor adquirió la propiedad del bien quebrantando las normas constitucionales y legales que regían la materia, asaltando en su buena fe a la entidad demandada, circunstancia que automáticamente genera que sea excluida de la posibilidad de obtener algún provecho sobre el mismo.

De otra parte, en cuanto a la solicitud de estudiar los demás títulos de propiedad allegados al proceso para acreditar la titularidad del inmueble ocupado por el Batallón, como lo son la escritura pública 515 del 13 de septiembre de 2006(49), el certificado de libertad y tradición con matrícula inmobiliaria 1800-23097(50) y la escritura pública 11 de 1911(51), es menester precisar que, los mismos corresponden a un predio diferente al traído a colación en la demanda, esto es, los documentos allegados conciernen al lote de terreno denominado “Granja Agrícola y Minera Ciudad de Futuro” y no al inicialmente referenciado “Granja El Esfuerzo Agrícola”, que alude el actor en la demanda como ocupado por el Batallón en cita.

La Sala encontró probado que los mencionados documentos se refieren a un predio diferente al expresado en la demanda, pues al realizar un cotejo de los mismos se evidenció que el denominado “Granja Agrícola y Minera Ciudad de Futuro” corresponde al número de matrícula 180-23097, inscrito mediante la escritura del 27 de enero de 1911, sin extensión ni código catastral, situado en el municipio de Quibdó, en la vereda Quibdó y ubicado en el río Pando - Afluente del río Cabi; y por otra parte, el predio “Granja El Esfuerzo Agrícola”, referido en la demanda, concierne al número de matrícula 180-9516, registrado por medio de la Resolución 1167 del 13 de noviembre de 1990, descrito como un lote de terreno de 56 hectáreas con 6.100 metros cuadrados, con código catastral 0535, ubicado en el municipio de Quibdó, vereda Pacurita, en la vía que lleva el mismo nombre.

De este modo, la Subsección precisa que no es dable estudiar la responsabilidad de la demandada sobre este nuevo inmueble, toda vez que la declaración de ocupación reclamada se refiere al terreno denominado “Granja El Esfuerzo Agrícola” ubicado en el municipio de Quibdó, vereda Pacurita, y no al predio expresado en el escrito de apelación conocido como “Granja Agrícola y Minera Ciudad de Futuro”, localizado en la vereda Quibdó por el río Pando - Afluente del río Cabi.

Lo anterior, demuestra que no es procedente tener los referidos documentos como sustento del petitum de la demanda, teniendo en cuenta que el terreno que representan no es el mismo que se señala en las pretensiones y tampoco fue ocupado por el Batallón Alfonso Manosalva Flórez, según consta en la complementación realizada al dictamen pericial del predio “Granja Agrícola y Minera Ciudad de Futuro”, el cual reza “(…) el Batallón de Infantería Nº 12 Alfonso Manosalva Flórez no se encuentra construido sobre los predios del título que consta en la escritura pública 11 del 27 de enero de 1911”(52).

Así las cosas, para la Sala de Subsección la presente acción no está llamada a prosperar, debido a que las probanzas recaudadas, y que atrás se reseñaron, permiten concluir que en el presente asunto no se determinó que el daño antijurídico alegado por el actor, consistente en la ocupación ilegal de un lote de terreno de su propiedad por parte del Batallón de Infantería Alfonso Manosalva, le fuera atribuible jurídica y fácticamente al Estado, como bien se indicó en párrafos anteriores.

En conclusión, la Sala modificará la sentencia proferida el 20 de agosto de 2010 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó y en su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda por las razones aquí expuestas.

6. Condena en costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente, y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

MODIFICAR la sentencia del 20 de agosto de 2010 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó y en su lugar se dispone:

1. NEGAR las pretensiones de la demanda, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Sin condena en costas.

3. Devolver el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase».

20 Corte Constitucional. Sentencia C-965 de 2003.

21 Fls. 26-28 c. 1.

22 “ART. 21.—Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable” (Subrayado fuera de texto).

23 Consejo de Estado, Auto de fecha 2 de marzo de 2001, Rad. 10909.

24 Consejo de Estado, Auto de fecha 26 de marzo de 2007, Rad. 33372.

25 Fls. 26-28 c. 1.

26 Los documentos aportados en copia simple, serán valorados bajo los parámetros establecidos en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, Exp. 25.022.

27 Fls. 13-14 c. 1.

28 Fls. 15-16 c. 1.

29 Anotación 2 de la matrícula inmobiliaria 180-9516.

30 Anotación 12 de la matrícula inmobiliaria 180-9516.

31 Fl. 19 c. 1.

32 Fl. 20 c. 1.

33 Fls. 23-25 c. 1.

34 Fls. 26-30 c.1.

35 Fls. 73-78 c. 1 y fls. 366-370 c.p.

36 Fls. 150-151 c. 1.

37 Fls. 155-174 c. 1.

38 Fls. 191-197 c. 1.

39 Fls. 231-232 c. 3.

40 Fls. 289-298 c. 3.

41 Fls. 360-362 c.p.

42 Corte Constitucional, sentencia C-254 de 2003.

43 Fls. 23-25 c. 1.

44 Fls. 26-30 c. 1.

45 Fls. 289-298 c. 3.

46 Artículo 69 del Decreto 01 de 1984.

47 Artículo 72 del Decreto 01 de 1984.

48 La presunción de legalidad “Es una prolongación de la legalidad al mundo de la eficacia del acto, legalidad que se presumen cuando el acto se hace ejecutorio. Por tal virtud, se considera que la manifestación voluntaria de la administración se encuentra conforme a derecho, y se acepta que reúne todas las condiciones y elementos indispensables para concluir que es un acto regular y perfecto, mientras no se demuestre lo contrario (…)”. Santofimio, Gamboa Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo. Acto Administrativo. Tomo II, 4ª edición, 2003, pág. 54.

49 Fls. 73-78 c. 1 y fls. 366- 370 c.p.

50 Fls. 360-362 c.p.

51 Fls. 215-224 c. 3.

52 Fl. 232 c. 3.