Sentencia 2006-00166 de noviembre 22 de 2012

 

Sentencia 2006-00166 de noviembre 22 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2006-00166-00

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Actor: Santiago Pardo Fajardo

Acción: nulidad

Bogotá, D.C., veintidós de noviembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: IV. Consideraciones de la Sala

Pretende el actor que se declare la nulidad del Decreto 300 de 2006 y de la Resolución 1580 de 2006 que lo reglamenta, normas que si bien han sido derogadas, es una circunstancia que no tiene ninguna relevancia en este proceso, pues tal como lo ha venido sosteniendo esta corporación, el hecho de que el acto acusado haya sido derogado o subrogado por uno posterior, no constituye motivo legal suficiente para abstenerse de realizar un pronunciamiento sobre el fondo del asunto planteado, teniendo en cuenta los efectos que dicho acto pudo haber producido mientras estuvo vigente.

Las normas acusadas, consagran:

“Decreto 300 de 2006

(Febrero 3)

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Por el cual se establece la imposición de un sello de identificación para encendedores de gas de bolsillo importados.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades constitucionales y legales que le confiere el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política, con sujeción a los artículos 3º de la Ley 6ª de 1971 y 2º de la Ley 7ª de 1991,

DECRETA:

ART. 1º—Objeto. El presente decreto tiene como objeto disponer la creación de un sello que permita identificar, en su empaque individual, encendedores de gas de bolsillo importados, clasificados por las subpartidas arancelarias 9613.1 0.00.00 y 9613.20.00.00 y por lo tanto, se constituye como documento soporte de la declaración de importación para ser adherido al empaque individual de las mercancías, de conformidad con lo establecido en el presente decreto. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales determinará mediante resolución el contenido del sello.

ART. 2º—Administración. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales celebrará convenios con los gremios de la producción y el comercio, con los depósitos habilitados o con otras entidades privadas, para que estos asuman la administración y control del sello de identificación. En estos convenios se establecerán las condiciones generales para la operación del mecanismo, y en particular, se especificarán los aspectos técnicos, los costos y las medidas necesarias para la elaboración y aplicación de los sellos.

ART. 3º—Entrega de los sellos a los declarantes. Previo al levante de las mercancías, el declarante deberá solicitar al suscriptor del convenio correspondiente, la entrega de los sellos para identificar cada una de las unidades importadas, teniendo en cuenta la cantidad de las mismas.

ART. 4º—Cantidad de sellos entregados. Salvo lo previsto en el parágrafo del presente artículo, los suscriptores de los convenios correspondientes harán entrega al declarante de una cantidad de sellos suficiente para identificar las unidades.

PAR.—Cuando se trate de un importador que tenga habilitado un depósito privado, los suscriptores de los convenios dispondrán la entrega de los sellos que le permita disponer al importador de un inventario de los mismos, adecuado al volumen y periodicidad de sus importaciones.

ART. 5º—Término y procedimiento para la entrega de los sellos. El término y el procedimiento para la entrega de los sellos será determinado por resolución que para el efecto profiera la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

ART. 6º—Reposición de sellos. En el evento en que el declarante, al momento de colocación de los sellos, verifique que alguno o algunos de ellos presentan roturas, daños, o alguna deficiencia que impida su utilización, lo deberá informar de inmediato a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y al suscriptor del convenio para que este proceda a la reposición de los mismos previa entrega de los sellos que no sea posible utilizar.

ART. 7º—Medidas de control. El incumplimiento de lo previsto en el presente decreto, dará lugar a la aplicación de la sanción establecida en el numeral 1 y 2.1 del artículo 482 del Decreto 2685 de 1999 y a las causales de aprehensión previstas en los numerales 1.1, 1.2, 1.6 y 1.25 del artículo 502 del mismo decreto, según sea el caso.

(...)”.

“Resolución 1580 de 2006

(Febrero 21)

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

Por la cual se reglamenta el Decreto 300 del 3 de febrero de 2006 y se dictan otras disposiciones.

El Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales,

en uso de sus facultades legales y en especial la consagrada en el literal i) del artículo 19 del Decreto 1071 del 26 de junio de 1999,

RESUELVE:

ART. 1º—Administración. De conformidad con lo establecido en el artículo 2º del Decreto 300 del 3 de febrero de 2006, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá celebrar convenios con los gremios de la producción y el comercio, con los depósitos habilitados o con otras entidades privadas, para que estos asuman la administración y control del sello de identificación de los encendedores de gas de bolsillo importados, clasificados por las subpartidas arancelarias 96.13.10.00.00 y 96.13.20.00.00.

ART. 2º—Adiciónase el siguiente parágrafo al artículo 39 de la Resolución 4240 de 2000, modificado por el artículo 12 de la Resolución 7002 de 2001 y el artículo 1º de la Resolución 2406 de 2004, el cual quedará así:

“PAR. 3º—Las mercancías clasificables por las subpartidas arancelarias 96.13.10.00.00 y 96.13.20.00.00 correspondientes a encendedores de gas de bolsillo, deberán ingresar e importarse exclusivamente por las jurisdicciones de las administraciones especiales de aduanas de Cartagena y Buenaventura.

Bajo ninguna circunstancia podrá autorizarse el régimen de tránsito aduanero para estas mercancías, con excepción de la modalidad de transbordo”.

ART. 3º—Características y contenido del sello. Los sellos establecidos por el Decreto 300 del 3 de febrero de 2006, para las mercancías correspondientes a encendedores de gas de bolsillo importados, clasificados por las subpartidas arancelarias 96.13.10.00.00 y 96.13.20.00.00, deberán contar con las siguientes características técnicas y de seguridad:

— Tinta invisible, solamente evidenciable ante la exposición de rayos ultravioleta UV.

— Tinta flexo gráfica color azul, susceptible a cambio de color.

— Material sulfito con adhesivo de alta fuerza de unión y película de alta destructibilidad.

— Tamaño 31 x 10 MM.

El sello deberá contener el número de aceptación de la declaración de importación con la cual va a ser nacionalizada la mercancía.

En caso de presentarse corrección o legalización de la declaración de importación, el sello conservará el número de aceptación de la declaración inicial.

ART. 4º—Entrega de los sellos al declarante. A fin de obtener la entrega de los sellos, el declarante deberá presentar ante la agremiación de la producción y el comercio, el depósito habilitado o la entidad privada correspondiente, una solicitud escrita, la cual debe contener como mínimo la siguiente información:

— Nombre y domicilio del declarante.

— Nombre y domicilio del importador.

— Administración de aduana por la cual ingresó la mercancía.

— Cantidad de sellos requeridos para la importación.

A esta solicitud se deberán anexar fotocopias de los formularios de las declaraciones de importación de los encendedores que se pretenden importar, en las cuales conste el número de aceptación y el pago de los tributos aduaneros correspondientes.

La agremiación, el depósito habilitado o la entidad privada correspondiente, deberá dar respuesta al declarante dentro de los tres (3) días siguientes a la presentación de la solicitud.

En caso de pérdida de los sellos, el interesado presentará nueva solicitud ante la agremiación, el depósito habilitado o la entidad privada correspondiente, cumpliendo los requisitos establecidos en este artículo, para que le sean proporcionados nuevos sellos con el mismo número de aceptación y la letra “R” que indica que son reposición de los entregados inicialmente, cancelando ante la agremiación, el depósito habilitado o la entidad privada correspondiente, el valor a que haya lugar. Para efectos de la reposición, se deberá adjuntar como soporte la copia de la denuncia por pérdida presentada ante la autoridad competente.

La agremiación, el depósito habilitado o la entidad privada correspondiente, deberá dar respuesta al declarante dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la solicitud de reposición de los sellos.

ART. 5º—Imposición del sello. El sello deberá ser colocado por el declarante, una vez haya obtenido el levante, en el orificio de salida de la llama en los encendedores de gas de bolsillo importados, de tal forma, que el consumidor al prender el encendedor de gas de bolsillo destruya el sello, así:

Consultar gráfico en el original impreso o en formato PDF

Este sello se constituye en documento soporte para la obtención del levante de esta mercancía.

ART. 6º—Transitorio. Lo previsto en la presente resolución será aplicable para aquellas mercancías que sean embarcadas hacia Colombia, a partir de la fecha de su entrada en vigencia.

ART. 7º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

(...)”.

El decreto acusado 300 de 3 de febrero de 2006, según su texto, se motivó en las facultades Constitucionales y legales que tiene el Presidente de la República, de conformidad con el artículo 189, numeral 25, con sujeción a los artículos 3º de la Ley 6ª de 1971 y 2º de la Ley 7ª de 1991.

La Ley 6ª de 1971, “Por la cual se dictan normas generales, a las cuales debe sujetarse el gobierno para modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas”, consagra en su artículo 3º:

“ART. 3º—Las modificaciones que se introduzcan al régimen de aduanas deberán consultar las recomendaciones del Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas, el esquema del Código Aduanero Uniforme acordado para la ALALC, los estudios existentes sobre legislación comparada y los progresos técnicos alcanzados en materia de administración aduanera, con el fin de revisar la legislación vigente, y en especial la Ley 79 de 1931”.

Y la Ley 7ª de 1991, por la cual, entre otras, se dictan normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular el comercio exterior del país, en su artículo 2º reza:

“ART. 2º—Al expedir las normas por las cuales habrá de regularse el comercio internacional del país, el Gobierno Nacional deberá hacerlo con sometimiento a los siguientes principios:

1. Impulsar la internacionalización de la economía colombiana para lograr un ritmo creciente y sostenido de desarrollo.

2. Promover y fomentar el comercio exterior de bienes, tecnología, servicios y en particular, las exportaciones.

3. Estimular los procesos de integración y los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales que amplíen y faciliten las transacciones externas del país.

4. Impulsar la modernización y la eficiencia de la producción local, para mejorar su competitividad internacional y satisfacer adecuadamente las necesidades del consumidor.

5. Procurar una legal y equitativa competencia a la producción local y otorgarle una protección adecuada, en particular, contra las prácticas desleales del comercio internacional.

6. Apoyar y facilitar la iniciativa privada y la gestión de los distintos agentes económicos en las operaciones de comercio exterior.

7. Coordinar las políticas y regulaciones en materia de comercio exterior con las políticas arancelaria, monetaria, cambiaria y fiscal.

8. Adoptar, solo transitoriamente, mecanismos que permitan a la economía colombiana superar coyunturas externas o internas adversas al interés comercial del país.

Los anteriores principios se aplicarán con arreglo a los criterios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción que orientan las actuaciones administrativas”.

Las anteriores disposiciones, de carácter general, se denominan leyes marcos. Responden a la necesidad de prever mecanismos que se adecuen a las situaciones cambiantes y especialmente a aquellas que tienen que ver con la comunidad internacional, como ocurre en el campo del comercio, por ello establecen parámetros generales dentro de los cuales debe encuadrar la actividad de la administración, de tal manera que le permita la posibilidad de modificación de normas anteriores, siempre que se haga dentro del límite facultativo de la ley marco.

El decreto acusado 300 de 2006 desarrolla unas leyes marco fundado en atribuciones constitucionales permanentes y tiene una vigencia indefinida en el tiempo, hasta tanto sea modificado o derogado por otro decreto o disposición de igual o superior jerarquía.

Según el actor, con la expedición de los actos acusados se violaron los artículos 1º, 11 y 20 de la Ley 962 de 2005(1), “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos”. Estas normas consagran:

“ART. 1º—Objeto y principios rectores. La presente ley tiene por objeto facilitar las relaciones de los particulares con la administración pública, de tal forma que las actuaciones que deban surtirse ante ella para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones se desarrollen de conformidad con los principios establecidos en los artículos 83, 84, 209 y 333 de la Carta Política. En tal virtud, serán de obligatoria observancia los siguientes principios como rectores de la política de racionalización, estandarización y automatización de trámites, a fin de evitar exigencias injustificadas a los administrados:

1. (...).

2. Procedimiento para establecer los trámites autorizados. Las autoridades públicas habilitadas legalmente para establecer un trámite, previa su adopción, deberán someterlo a consideración del Departamento Administrativo de la Función Pública adjuntando la manifestación del impacto regulatorio, con la cual se acreditará su justificación, eficacia, eficiencia y los costos de implementación para los obligados a cumplirlo; así mismo deberá acreditar la existencia de recursos presupuestales y administrativos necesarios para su aplicación. En caso de encontrarlo razonable y adecuado con la política de simplificación, racionalización y estandarización de trámites, el Departamento Administrativo de la Función Pública autorizará su adopción.

(...)”.

“ART. 11.—Prohibición de exigencia de requisitos previamente acreditados. Modifíquese el artículo 14 del Decreto 2150 de 1995, el cual quedará así:

‘ART. 14.—En relación con las actuaciones que deban efectuarse ante la administración pública, prohíbese la exigencia de todo comprobante o documento que acredite el cumplimiento de una actuación administrativa agotada, cuando una en curso suponga que la anterior fue regularmente concluida.

Igualmente no se podrá solicitar documentación de actos administrativos proferidos por la misma autoridad ante la cual se está tramitando la respectiva actuación.

Las autoridades administrativas de todo orden no podrán revivir trámites o requisitos eliminados o modificados por el legislador o el Gobierno Nacional’.

“ART. 20.—Supresión de sellos. En el desarrollo de las actuaciones de la administración pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o técnica utilizada, en el otorgamiento o trámite de documentos, salvo los que se requieran por motivos de seguridad.

La firma y la denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los servidores públicos el registro notarial de cualquier sello elaborado para el uso de la administración pública. Igualmente queda prohibido a los notarios públicos asentar tales registros, así como expedir certificaciones sobre los mismos.

PAR.—La presente supresión de sellos no se aplica a los productos que requieren registro sanitario, cuando las normas lo exijan como obligatorio, y a los sellos establecidos con base en los acuerdos y tratados internacionales de naturaleza comercial suscritos por Colombia”.

Para la Sala, conforme lo adujo el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al contestar la demanda, el sello de que trata el Decreto 300 de 2006, no fue el que suprimió el Decreto 2150 de 1995, aludido en el artículo 20 arriba transcrito de la Ley 962 de 2005, que se utilizaba para refrendar una firma o rúbrica personal. Se trata de una marca o señal para ejercer un control aduanero. Dicho sello tenía como soporte la declaración de importación y era requisito para la obtención del levante de la mercancía.

De otro lado, se tiene que a folio 90 del expediente reposa un oficio de fecha 16 de noviembre de 2005, emanado del Departamento Administrativo de la Función Pública, por medio del cual, en respuesta a la solicitud que hiciera la DIAN, se aduce que el proyecto de decreto, por el que se establece un sistema para la importación de fósforos y encendedores a gas no recargables de bolsillo, se encuentra ajustado a las disposiciones establecidas en la Ley 962 de 2005, que se justifica, de acuerdo con el artículo 3º de la Ley 6ª de 1971 y 2º de la Ley 7ª de 1991, pues atiende los intereses de los productores y consumidores nacionales y la economía del país, efectúa la propuesta de diseño del trámite a través de un sello o etiqueta de seguridad, señala las alternativas de menor costo y mayor eficiencia, y los costos serán asumidos por la entidad gremial o privada que suscriba convenios con la DIAN, quienes asumirán los costos del etiquetado de los fósforos y encendedores importados.

Si bien es cierto que el concepto anteriormente resumido, se refería a un proyecto que incluía también la importación de fósforos, mientras la norma acusada alude a solo la imposición de un sello de identificación para los encendedores a gas de bolsillo importado, no es menos cierto que esta tenía el concepto favorable del Departamento Administrativo de la Función Pública, razón por la cual, en lo que atañe a este cargo, no tiene vocación de prosperidad la demanda.

Ahora, señala el actor que se violó el artículo 9º del Decreto 4149 de 2004, por el cual se racionalizan algunos trámites y procedimientos de comercio exterior, expedido por el Gobierno Nacional, en ejercicio de las atribuciones que le confirió la Ley 7ª de 1991. Dispone el artículo mencionado:

“Ninguna entidad administrativa que tenga competencias relacionadas con las operaciones de comercio exterior, podrá crear, modificar o adicionar requisitos administrativos, tales como formularios, autorizaciones, permisos, certificaciones o vistos buenos previos a dichas operaciones, sin el concepto favorable del Consejo Superior de Comercio Exterior. Se exceptúan las situaciones de emergencia cuando se trate de medidas sanitarias, para preservar la sanidad humana y agropecuaria. En todo caso, de conformidad con el numeral 20 del artículo 2º del Decreto 210 de 2003, todo requisito a la importación o exportación, en tanto es una regulación de comercio exterior, deberá establecerse mediante decreto suscrito por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo y el Ministro del ramo correspondiente”.

Sobre el particular, cabe señalar, que no reposa en el expediente el concepto favorable del Consejo Superior de Comercio Exterior(2), ni el Ministerio de Hacienda y Crédito Público hizo referencia alguna a este requisito, razón suficiente para declarar la prosperidad del cargo, lo que conlleva la declaración de nulidad del decreto acusado y su resolución reglamentaria, como en efecto se hará en la parte resolutiva de este proveído.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRASE la nulidad del Decreto 300 de 3 de febrero de 2006, y de la Resolución 1580 de 21 de febrero de 2006 que lo reglamentó, expedidos, respectivamente, por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Dirección General de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase».

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 22 de noviembre de 2012.

(1) Modificada por el Decreto 19 de 2012.

(2) El Consejo Superior de Comercio Exterior es un organismo asesor del Gobierno Nacional en todos aquellos aspectos que se relacionen con el comercio exterior y la competitividad de las empresas del país. Decreto 2553 de 1999.