Sentencia 2006-00170 de enero 15 de 2010

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

SALA DE CONJUECES

Conjuez Ponente:

Dr. Antonio José Lizarazo Ocampo

Rad.: 110010328000200600170 01

Actor: Elmer Ramiro Silva Rodríguez

Demandado:Julio César Turbay Quintero.

Bogotá, D.C., quince de enero de dos mil diez.

Procede la Sala de Conjueces a decidir el proceso de la referencia, promovido por el actor contra el acto administrativo por medio del cual se declaró la elección del Señor Julio César Turbay Quintero como Contralor General de la República, para el período constitucional 2006 - 2010.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la corporación

2.1. Competencia.

Según lo dispuesto en los artículos 128, numeral 3º, del Código Contencioso Administrativo —modificado por el artículo 36 de la Ley 446 de 1998—, y 13 del Acuerdo 58 de 1999 —modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 de 2003—, la Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer del proceso electoral de la referencia, promovido para obtener la nulidad del acto que declaró la elección del doctor Julio César Turbay Quintero como Contralor General de la República para el período 2006 a 2010.

Los consejeros integrantes de la Sección Quinta, sin embargo, mediante escrito de septiembre 7 de 2006, manifestaron su impedimento para actuar en el proceso por considerar que podrían estar incursos en la causal señalada en el numeral 1 del artículo 160 del Código Contencioso Administrativo, por haber participado en la conformación de la terna de candidatos a Contralor General de la República de la que fue elegido el señor Julio César Turbay Quintero, impedimento que fue aceptado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación mediante providencia de octubre 19 de 2006, en la cual además dispuso que, como “también los integrantes de esa Sala y los restantes miembros de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo estaríamos incursos en la causal referida, toda vez que también participamos en la conformación de la terna de candidatos a Contralor General de la República, de la que fue elegido el doctor Julio César Turbay Quintero, en desarrollo de los principios de celeridad y economía procesal, es del caso, una vez ejecutoriada la presente providencia, devolver el expediente a la Sección Quinta de esta corporación para que ordene el sorteo de conjueces, de esa sección, que habrán de reemplazarlos en el conocimiento de la acción de nulidad instaurada (...)”.

En cumplimiento del anterior proveído, la Sección Quinta, constituida en audiencia pública el 29 de noviembre de 2006, procedió al sorteo de los Conjueces que habrían de reemplazarlos en el conocimiento del asunto, resultando sorteados los doctores Denise Duviau de Puerta, Gilberto Orozco Orozco, Dolly Pedraza de Arenas y Hernando Yepes Arcila, quienes, una vez posesionados y de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 160B del Código Contencioso Administrativo, procedieron a darle trámite a la petición de declararse impedidos —formulada en la demanda—, mediante escrito dirigido a la Sección Primera de la Corporación, en el que manifestaron que resultaba jurídicamente inviable atribuirle algún mérito a la recusación por cuanto no precisaba causal alguna que afectara a los miembros de la Sala de Conjueces, razón por la cual consideraron estar en la obligación legal de no aceptar la existencia del impedimento.

Mediante providencia de julio 5 de 2007, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección que le sigue en turno a la Quinta y a la que correspondía resolver la recusación —de conformidad con el artículo 160B del Código Contencioso Administrativo—, declaró infundada la recusación y ordenó devolver el expediente al conjuez ponente para que continuara el trámite procesal correspondiente.

2.2. Cuestión procesal previa.

Antes de decidir sobre las pretensiones de la demanda, resultan pertinentes algunas consideraciones acerca de la cuestión de los impedimentos de los Conjueces que el demandante, en sus alegatos de conclusión, ha solicitado “revisar en detalle, (...), para evitar que, debiendo declararse impedidos por las mismas razones de los H. consejeros de Estado, no lo hagan”.

Como ya se dijo, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, mediante providencia de julio 5 de 2007, declaró infundada la recusación formulada en la demanda contra los Conjueces, decisión esta que de conformidad con el artículo 160B del Código Contencioso Administrativo, no era ni es susceptible de recurso alguno, razón por la que la mencionada petición del demandante —que, dados los términos en que se encuentra redactada(1), no constituye recusación contra los actuales conjueces—, ha de entenderse como una impertinente advertencia del demandante acerca de la existencia del régimen de impedimentos, sin que en el escrito se señale hecho alguno que pueda configurar causal de recusación contra los Conjueces en esta etapa del proceso.

Conviene precisar, por otra parte, que ninguno de los Conjueces sorteados en la audiencia pública del 29 de noviembre de 2006 se encuentra actualmente vinculado al conocimiento del asunto, por cuanto, por diversas razones de que da cuenta el expediente, han sido reemplazados en los años siguientes, razón por la que cabe afirmar que ninguno de los actuales ha sido sorteado de la lista de conjueces de la Sección Quinta que se encontraba vigente en el año 2006. Ninguno de los actuales conjueces participó en la conformación de la terna de candidatos a Contralor General de la República de la que resultó elegido el demandado, y ninguno, excepto el doctor Gustavo García Moreno —por las razones que más adelante se analizarán—, se ha declarado impedido para intervenir en el presente caso. Los actuales Conjueces han sido sorteados en audiencias públicas realizadas el 11 de diciembre de 2008 (fl. 109)— en la que resultó sorteado el doctor Álvaro Meneses Mena—, el 3 de marzo de 2009 (fl. 121) —en la que resultó sorteado Antonio José Lizarazo Ocampo—, y el 19 de mayo de 2009 (fl. 142) —en la que resultaron sorteados los doctores Gustavo García Moreno y Fernando Humberto Mayorga García.

Los impedimentos, como se sabe, están instituidos en nuestra legislación como garantía de imparcialidad de los funcionarios judiciales en el desempeño de su labor. Se estructuran a partir de circunstancias o hechos que afectan personalmente al funcionario judicial en el que recaen y, por lo mismo, no se trasmiten a los Conjueces por el sólo hecho de ser elegidos por ellos para conformar las listas de Conjueces que en el mes de diciembre de cada año deben integrar las salas y Secciones de la Corporación. De ser ello así, en ningún caso podrían los Conjueces reemplazar a los Consejeros impedidos o recusados. Como ha dicho el Consejo de Estado, las causales de impedimento o recusación son taxativas y, por consiguiente, su aplicación e interpretación debe efectuarse de manera estricta y restrictiva, con respeto de los postulados de independencia y autonomía del funcionario judicial(2).

Finalmente, en relación con el Conjuez Gustavo García Moreno, esta Sala aceptará el impedimento manifestado por él con fundamento en el numeral quinto del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto, tal como lo ha puesto de manifiesto, se encuentra vinculado a la Contraloría General de la República mediante contrato de prestación de servicios profesionales.

2.3. Del caso concreto.

Pretende el actor la declaratoria de nulidad de la elección del doctor Julio César Turbay Quintero como Contralor General de la República para el período constitucional 2006 - 2010, con fundamento en la supuesta inconstitucionalidad de la fecha de iniciación del período de dicho cargo señalada en el artículo 24 de la Ley 5ª de 1992 (Reglamento del Congreso). Pretende igualmente, con el mismo fundamento, la declaratoria de nulidad de su posesión en el evento de que lo hubiere hecho en fecha diferente al 7 de agosto de 2006.

La prosperidad de tales pretensiones depende, en los términos de la demanda, de que en el presente caso se inaplique el artículo 24 de la Ley 5ª de 1992, en cuanto establece que el período del Contralor empezará a contarse a partir del 1º de septiembre, fecha distinta al 7 de agosto que es la de inicio del período del Presidente de la República, siendo manifiesta su contradicción, según el demandante, con el artículo 267, inciso quinto, de la Constitución, en tanto consagra que el período del Contralor debe ser igual al del Presidente de la República. Para el demandante la igualdad del período implica la coincidencia en la fecha de inicio de los dos períodos.

Como puede advertirse, el actor no funda su pretensión en ninguna de las causales genéricas de nulidad de los actos administrativos (CCA, art. 84), ni alega que el demandado no reunía las condiciones constitucionales o legales para el desempeño del cargo, ni que fuere inelegible o tuviere algún impedimento para ser elegido, causales específicas de nulidad de los actos de contenido electoral expedidos por corporaciones públicas (CCA, art. 228). El único cargo contra la elección del demandado consiste en la supuesta inconstitucionalidad de la fecha de inicio del período del cargo para el cual fue elegido, prevista el artículo 24 de la Ley 5ª de 1992. Se tiene entonces que la discusión jurídica planteada gira en torno a la constitucionalidad de dicha disposición legal y a su incidencia en la legalidad del acto de su elección y de su posesión.

2.3.1. La nulidad del acto de posesión.

En relación con la pretensión de nulidad del acto de posesión del demandado advierte la Sala, en primer lugar, que el actor no aportó ni solicitó prueba alguna sobre dicho acto; curiosamente su esfuerzo se orientó a probar la posesión del contralor Antonio Hernández Gamarra en ceremonia realizada el día 2 de septiembre del año 2002, ante el Presidente de la República, según acta de posesión visible a folios 88 y 91.

En segundo lugar, precisa la Sala que dicho acto, conforme a reiterada jurisprudencial(3), no constituye acto administrativo susceptible de ser demandado en ejercicio de la acción pública de nulidad electoral ni, por lo mismo, de ser anulado en este tipo de proceso, razón por la que esta sentencia se limitará a examinar la legalidad del acto definitivo que declaró la elección del demandado.

Tampoco corresponde a esta corporación decidir, dentro de un proceso de nulidad electoral como el presente, acerca de las consecuencias penales o disciplinarias que pudieran derivarse de la posesión del cargo por parte del elegido en una fecha diferente a la que constitucional o legalmente corresponda, mucho menos cuando la posesión —que es un hecho posterior a la elección—, supuestamente se ha efectuado en la fecha señalada en la ley.

2.3.2. La nulidad del acto de elección.

Para la Sala la pretensión de nulidad del acto administrativo declaratorio de la elección tampoco está llamada a prosperar, no sólo porque la fijación de la fecha de inicio del período no forma parte del acto demandado sino porque, aun en el evento de que formara parte de él, su señalamiento en forma irregular no constituiría vicio susceptible de afectar la validez del acto mismo de elección, ni siquiera si tal fecha resultare contraria a la Constitución o a la ley, evento en el cual cabría declarar, si acaso, la nulidad parcial del mismo —en cuanto a la mencionada fecha—, con la única consecuencia de ajustar el período para el cual se hizo la elección a las disposiciones superiores que lo regulan.

Se dice que la fijación de la fecha de inicio del período no forma parte del acto demandado porque, tal como se indica en el certificado expedido por el Subsecretario General del Senado de la República (fl. 53), el doctor Julio César Turbay Quintero “fue elegido al cargo como Contralor General de la República, (...), para el período constitucional 2006 - 2010”. Tampoco aparece referencia alguna a la fecha de inicio del período en el acta correspondiente a la sesión plenaria del Congreso realizada el 2 de agosto de 2006, en la que consta la elección del demandado (fls. 54 y ss.). Es decir, no adoptó el Congreso de la República, al momento de hacer la elección demandada, ninguna decisión relacionada con la fecha de inicio del período del contralor elegido.

La fecha que el demandante cuestiona se encuentra señalada en el artículo 24 de la Ley 5ª de 1992 y su cuestionamiento consiste en que no coincide con la fecha de posesión y de inicio del período constitucional del Presidente de la República. No se controvierte, entonces, el período de cuatro (4) años para el que fue elegido el demandado, sino tan sólo la fecha de inicio del mismo.

Sobre el particular es necesario tener en cuenta, como lo advierten la parte demandada en su escrito de contestación de la demanda y el Ministerio Público en su alegato de fondo, que el artículo 24 de la Ley 5ª de 1992 fue declarado ajustado a la Constitución mediante Sentencia C-025 de 1993, razón más que suficiente para despachar desfavorablemente, por este aspecto, las pretensiones del actor.

De conformidad con el artículo 243 de la Constitución, los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional y no resulta admisible, por lo mismo, como lo propone el actor, aplicar respecto de dicha norma la excepción de inconstitucionalidad, aspecto sobre el cual dijo la Corte Constitucional en la Sentencia C-600 de 1998:

“(...), en el caso de los fallos en los que la Corte Constitucional declara la exequibilidad de un precepto, a menos que sea ella relativa y así lo haya expresado la propia sentencia —dejando a salvo aspectos diferentes allí no contemplados, que pueden dar lugar a futuras demandas—, se produce el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, prevista en el artículo 243 de la Constitución. Y, entonces, si ya por vía general, obligatoria y erga omnes se ha dicho por quien tiene la autoridad para hacerlo que la disposición no quebranta principio ni precepto alguno de la Carta Política, carecería de todo fundamento jurídico la actitud del servidor público que, sobre la base de una discrepancia con la Constitución —encontrada por él pero no por el Juez de Constitucionalidad— pretendiera dejar de aplicar la norma legal que lo obliga en un proceso, actuación o asunto concreto”. (resaltado fuera de texto)

El Consejo de Estado, por su parte, ha dicho explícitamente que “(...), no es jurídicamente viable pretender se inaplique un precepto legal, que ha sido declarado exequible por la Corte Constitucional”(4).

Cabría admitir, sin embargo, que las objeciones de inconstitucionalidad que el demandante formula en relación con la fecha señalada en el artículo 24 de la Ley 5ª de 1992, no formaron parte del examen de constitucionalidad que hizo la Corte respecto de dicha norma y que, por lo tanto, nos encontramos ante una exequibilidad relativa de la misma. Aunque el accionante y algunos intervinientes dentro del proceso de revisión que hizo la Corte plantearon expresamente la discusión sobre la competencia del Congreso para fijar las fechas de inicio de los períodos señalados en la Constitución, la parte resolutiva de la Sentencia declaró constitucionales, entre otras disposiciones, el artículo 24 de la Ley 5ª de 1992, y esta, en su integridad, “por no violar el artículo 14 transitorio de la Constitución Política”, razón por la que la Sala procederá a hacer las siguientes precisiones con fundamento en las cuales cabe concluir que, en todo caso, no le asiste razón al demandante cuando sostiene que es inconstitucional la disposición del reglamento del Congreso que fija la cuestionada fecha:

1. La fecha de inicio del período del Presidente de la República no se encuentra fijada en el artículo 190 de la Constitución —que el actor indica como infringido por el acto demandado—. Es más, como sostiene el procurador delegado, la Constitución de 1991 no estableció el 7 de agosto como fecha de inicio del período presidencial. El artículo 192 de dicha codificación se limita a señalar que “El Presidente de la República tomará posesión de su destino ante el Congreso”, pero ni ésta ni ninguna otra disposición constitucional fijan la fecha. La única disposición de la que podría deducirse que el 7 de agosto es la fecha de posesión del Presidente es el artículo 270 del Código de Régimen Político y Municipal (L. 4/13), en la que se indica que “el período de duración del presidente será de cuatro años, a contar del 7 de agosto de 1910. (...)”. Así lo entendió la Sala de Consulta y Servicio Civil al examinar el tema, oportunidad en la cual dijo(5):

“Situación similar a la que ahora se consulta, (...), fue analizada por la Sala Contencioso Administrativa en la citada providencia del 25 de noviembre de 1997, al referirse al período del Presidente de la República:

“... Por el artículo 25 del Acto Legislativo 3 de 1910, se dispuso que el Presidente de la República sería elegido por voto directo de los ciudadanos, para un período de cuatro años. Mediante el artículo A transitorio de ese acto legislativo se dispuso que la fecha inicial del siguiente período del Presidente de la República sería el 7 de agosto de 1914. Esa disposición, transitoria, señaló el inicio del período siguiente del presidente y de los períodos posteriores, hasta hoy. La Constitución vigente en parte alguna señala la fecha de iniciación del período del Presidente, sino sólo, en el artículo 190, que será elegido para un período de cuatro años”. (se resalta)

Aunque en términos generales el planteamiento anterior es válido en relación con los efectos jurídicos de carácter transitorio, se observa que el mencionado artículo A transitorio de la reforma constitucional de 1910 está derogado por el artículo 380 de la Constitución de 1991, que dejó sin vigor la de 1886 y todas sus reformas. Sin embargo, la fecha de posesión presidencial no cae en un vacío jurídico, como podría pensarse, por cuanto la Ley 4ª de 1913, que en este aspecto se considera vigente, prescribe que dicha posesión tiene lugar el 7 de agosto del año respectivo”.

2. La igualdad de los períodos de contralor y presidente no necesariamente implica que deban coincidir en sus fechas de inicio y de terminación. La igualdad hace referencia fundamentalmente a la duración del mismo y, por supuesto, a que las funciones de control fiscal atribuidas al Contralor General de la República puedan ser ejercidas respecto del Gobierno formado en un determinado periodo presidencial. En este sentido resulta inadmisible la tesis del demandante según la cual el artículo 24 de la Ley 5ª de 1992 es contrario a la Constitución, en cuanto señala una fecha de inicio del período del Contralor algunos días después del 7 de agosto, previsto como fecha de inicio del período del Presidente en las disposiciones legales anteriormente mencionadas. Sobre un tema similar al que aquí se debate (la igualdad del período de los contralores departamentales y municipales respecto del período de gobernadores y alcaldes —que también la Constitución establece—), ha dicho la Corte Constitucional(6):

“(...) la enunciada igualación de los períodos no consiste en la milimétrica coincidencia en la fecha de toma de posesión de los correspondientes funcionarios, sino en la proporción —que ha de buscarse hasta donde sea posible sin que pueda pretenderse obligatoria y absoluta— entre el tiempo de gestión administrativa de los gobernadores y alcaldes y quienes ejercen sobre ellos la función de control fiscal”.

En el mismo sentido se pronunció la Corte en la Sentencia C-457 de 1998, cuando dijo:

“La Corte concluye entonces que cuando la Carta establece que los contralores son elegidos para un período igual al del alcalde, simplemente está señalando que su período es de tres años, y que debe buscarse, hasta donde sea posible, una proporción entre el tiempo de gestión administrativa de los gobernadores y alcaldes y quienes ejercen sobre ellos la función de control fiscal. Sin embargo, y tal como se señaló en las citadas sentencias C-107 de 1995 y C-060 de 1998, esta proporción "ha de buscarse hasta donde sea posible sin que pueda pretenderse obligatoria y absoluta”, por cuanto se estarían provocando las consecuencias inaceptables señaladas en los fundamentos anteriores de esta sentencia”.

Así las cosas, cabe concluir sobre este aspecto que no resulta evidente la pretendida inconstitucionalidad del artículo 24 de la Ley 5ª de 1992 y que, por tal razón, no es posible en el presente caso aplicar la excepción de inconstitucionalidad propuesta por el demandante respecto de la mencionada disposición. Para que una medida de tal naturaleza prospere se requiere que entre la norma legal y la disposición constitucional exista una incompatibilidad tal que la única solución posible frente a un caso concreto sea la de hacer prevalecer la disposición constitucional. Sobre el particular ha dicho la Corte Constitucional(7):

“Para que la aplicación de la ley y demás disposiciones integrantes del ordenamiento jurídico no quede librada a la voluntad, el deseo o la conveniencia del funcionario a quien compete hacerlo, debe preservarse el principio que establece una presunción de constitucionalidad. Esta, desde luego, es desvirtuable por vía general mediante el ejercicio de las aludidas competencias de control constitucional y, en el caso concreto, merced a lo dispuesto en el artículo 4º de la Constitución, haciendo prevalecer los preceptos fundamentales mediante la inaplicación de las normas inferiores que con ellos resultan incompatibles.

Subraya la Corte el concepto de incompatibilidad como elemento esencial para que la inaplicación sea procedente, ya que, de no existir, el funcionario llamado a aplicar la ley no puede argumentar la inconstitucionalidad de la norma para evadir su cumplimiento.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define la incompatibilidad en términos generales como “repugnancia que tiene una cosa para unirse con otra, o de dos o más personas entre sí”.

En el sentido jurídico que aquí busca relievarse, son incompatibles dos normas que, dada su mutua contradicción, no pueden imperar ni aplicarse al mismo tiempo, razón por la cual una debe ceder ante la otra; en la materia que se estudia, tal concepto corresponde a una oposición tan grave entre la disposición de inferior jerarquía y el ordenamiento constitucional que aquella y éste no puedan regir en forma simultánea. Así las cosas, el antagonismo entre los dos extremos de la proposición ha de ser tan ostensible que salte a la vista del intérprete, haciendo superflua cualquier elaboración jurídica que busque establecer o demostrar que existe.

De lo cual se concluye que, en tales casos, si no hay una oposición flagrante con los mandatos de la Carta, habrá de estarse a lo que resuelva con efectos “erga omnes” el juez de constitucionalidad según las reglas expuestas”. (resaltado fuera de texto).

Finalmente, ha de tenerse en cuenta que la diferencia de algunas semanas entre las fechas de inicio de los períodos del Presidente y del Contralor General de la República no constituye vicio sustancial que afecte la validez de la elección, ni siquiera, se repite, si dicha diferencia resultare de decisiones adoptadas por el Congreso en el acto de la elección del contralor, y que frente a este tipo de irregularidades existe la solución de las nulidades parciales del acto, en cuanto el mismo resultare contrario a la Constitución o la ley. La pretensión de nulidad de la elección por supuestas irregularidades de esta naturaleza, ajenas al acto mismo de la elección, carece de fundamento. En estos casos, aún admitiendo que se trata de una irregularidad susceptible de afectar el acto de elección, debe prevalecer el derecho sustancial de acceso al desempeño de funciones y cargos públicos, como lo entendió la Corte Constitucional en la Sentencia C-107 de 1995, cuando dijo, en relación con controversias similares sobre el período de los contralores departamentales y municipales, lo siguiente:

“La Constitución consagra, como uno de sus principios fundamentales, el de prevalencia del derecho sustancial, que se vería gravemente quebrantado si se impusiera el criterio de una exactitud formal, arbitraria y caprichosa que propiciara, por ejemplo, la nulidad de todas las elecciones de contralores, ya efectuadas, por la sola circunstancia de haber sido aquéllos escogidos unos días después de la posesión de gobernadores y alcaldes”.

Por lo expuesto el Consejo de Estado, en Sala de Conjueces de la Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

FALLA:

No declarar la nulidad del acto de elección del Contralor General de la República, doctor Julio César Turbay Quintero, para el período constitucional 2006-2010, expedido por el Congreso de la República, según consta en el acta de la sesión plena correspondiente al día 2 de agosto de 2006.

Este proyecto fue discutido y aprobado en sesión de la fecha.

Cópiese y notifíquese».

(1) “(...), reitero la obligante necesidad de dejar expresa y nuevamente, anotación de la existencia de los artículos 160 del Código Contencioso Administrativo, (...), y del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil”.

(2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Enrique Gil Botero. Bogotá D.C., 19 de julio de 2007. Rad.: 25000-23-27-000-2001-00029-01(AG) B. Actor: Gloria Patricia Segura Quintero y otros. Demandados: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y otros. Referencia: Acción de grupo - Decide impedimento.

(3) Ver, entre otras, sentencias de la Sección Quinta de septiembre 22 de 2005, con ponencia del consejero Reinaldo Chavarro Buriticá (Exp. 3780), y de abril 5 de 2002, con ponencia del Consejero Mario Alario Méndez (Exp. 2740).

(4) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. Germán Ayala Mantilla. Bogotá, D.C., 10 de febrero de 2003. Radicación 11001-03-27-000-2001-0366-01 (12805). Actor: Ernesto Rey Cantor y María Carolina Rodríguez. Demandado: Gobierno Nacional.

(5) Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, C.P. Augusto Trejos Jaramillo. Santafé de Bogotá, D.C., 18 de febrero de 1999. Radicación 1.173. Actor: Ministerio del Interior. Referencia: Registrador Nacional del Estado Civil. Período.

(6) Corte Constitucional, Sentencia C-107 de 1995.

(7) Corte Constitucional, Sentencia T-614 de 1992.