Sentencia 2006-00187 de abril 22 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Exp. 110013103001-2006-00187-01

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez

Bogotá, D.C., veintidós de abril de dos mil trece.

Aprobada en Sala de veinticinco de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. Alberto Enrique Gutiérrez Dávila y Martha Cecilia García Guzmán pretenden el resarcimiento por la dación en pago que hicieron con inmueble de su propiedad, que respaldaba la obligación hipotecaria de que era acreedor el Banco Comercial AV Villas S.A., por considerar que, para diciembre de 2001, estaba vigente póliza colectiva de seguro grupo de deudores Nº 188-292, tomada por la acreedora con Seguros de Vida Alfa S.A., momento en que tuvo ocurrencia el siniestro consistente en la incapacidad permanente de Gutiérrez Dávila.

2. El tribunal confirmó lo resuelto por el juez de primera instancia, que declaró la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro, bajo el entendido de que el debate gira en torno a la póliza adquirida por AV Villas y que los asegurados no iniciaron la acción dentro de los dos años siguientes al momento en que tuvieron conocimiento de la ocurrencia del siniestro, motivo por el cual se configuraba esa figura extintiva, sin que dicho término pudiera ser modificado por las partes.

3. La censura radica en que el asunto era más complejo de lo que supuso el ad quem, quien pasó por alto que en la narración que dio al inicio de la disputa hizo alusión a varias situaciones generadoras de derechos y obligaciones, como son el mutuo garantizado con hipoteca, la absorción de la acreedora inicial por el banco cesionario, la toma de varias pólizas de seguro, la incapacidad sufrida por Alberto Enrique Gutiérrez, el cobro ejecutivo que culminó con la dación en pago y la pérdida de los ingresos que por concepto de arrendamiento del bien entregado percibían los deudores. Tampoco tuvo en cuenta la pluralidad de demandados y que las condenas se pidieron respecto de ambos, no solo frente a la aseguradora.

Por tal razón existe inconsonancia entre lo exigido y lo resuelto, pues, al momento de desatar el pleito no se tuvieron en cuenta los reclamos de responsabilidad civil que se elevaron contra el Banco AV Villas, lo que implica falta de coherencia, por defecto, entre los motivos que inspiraron la litis y la solución brindada por la administración de justicia.

4. La incongruencia, contemplada como segunda causal de ataque por esta vía extraordinaria, está direccionada a verificar el cumplimiento del deber que le asigna al fallador el artículo 305 del estatuto procesal, en virtud del cual “la sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley (...) No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente de la invocada a esta”.

Quiere decir que validada la suficiencia del texto de la demanda, mediante su admisión, y concedida la oportunidad de contradecir a aquellos contra quienes se dirige, no puede el funcionario dirimir la disputa por fuera de los lineamientos que le imponen las partes, ya sea al hacer ordenamientos excesivos frente a las expectativas de estas, al dejar de lado aspectos sometidos a su escrutinio o al resolver puntos que no han sido puestos a consideración, salvo cuando procede en estricto cumplimiento de las facultades oficiosas conferidas por la ley.

Al respecto esta corporación tiene dicho que “[e]l principio dispositivo que inspira el proceso civil, conduce a que la petición de justicia que realizan las partes delimite la tarea del juez y a que este, por consiguiente, al dictar sentencia, deba circunscribir su pronunciamiento a lo reclamado por ellas y a los fundamentos de hecho que hubieren delineado, salvo el caso de las excepciones que la ley permite reconocer de oficio, cuando aparecen acreditadas en el proceso (...) Sobre el particular, la Sala ha sido insistente en que ‘(...) son las partes quienes están en posesión de los elementos de juicio necesarios para estimar la dimensión del agravio que padecen, con el fin de que sobre esa premisa restringente intervenga el órgano jurisdiccional, a quien le está vedado por tanto, sustituir a la víctima en la definición de los contornos a los que ha de circunscribirse el reclamo y por tanto ceñirse la sentencia, salvo que la ley expresamente abra un espacio a la oficiosidad (...) Al fin y al cabo, la tarea judicial es reglada y, por contera, limitada, no solo por obra de la ley, sino también con arreglo al pedimento de las partes’ (Cas. Civ., sent. ene. 22/2007, Exp. 11001-3103-017-1998-04851-01) (...) En este escenario, el principio de congruencia establecido en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil impide el desbordamiento de la competencia del juez para resolver la contienda más allá de lo pedido por las partes (ultra petita), o por asuntos ajenos a lo solicitado (extra petita) o con olvido de lo que ellas han planteado (citra petita) (...) En caso de presentarse tal descarrío, su ocurrencia puede denunciarse en casación a través de la causal segunda prevista en el artículo 368 ibídem, pues, valga decirlo, una sentencia judicial de esos contornos agravia súbitamente a la parte que actuó confiada en los límites trazados durante el litigio, toda vez que al ser soslayados por el juez al momento de definirlo, le impiden ejercer a plenitud su derecho a la defensa” sentencia del 9 de diciembre de 2011, Exp. 1992-05900.

5. Un ataque como el que se propone en esta oportunidad, en principio, es ajeno a los fallos completamente adversos al promotor del conflicto, en la medida que brindan una solución íntegra frente a lo requerido y, sus alcances totalizadores, no dejan campo para la duda o la ambivalencia. En otras palabras, se niega lo que se pide y, por ende, no puede decirse que exista una contradicción por el solo hecho de que el reclamante insista en un propósito y el funcionario no encuentre soporte al mismo.

Sin embargo, al elaborar el juzgador una interpretación personal del asunto, que dista del querer expreso de las partes y desborda los límites que le trazaron, tal proceder constituye una falencia que puede ser objeto de revisión, como en el caso de que la decisión absolutoria sea el producto de un desvío considerable de lo consignado en el libelo, las defensas propuestas o, incluso, haciendo caso omiso de los hechos modificativos o extintivos del derecho sustancial, ocurridos después del inicio del debate, acreditados y puestos de presente a mas tardar en el alegato de conclusión. Lo que también ocurre si se tienen por probadas, de oficio, las defensas que omitió plantear el opositor al apersonarse del proceso, estando a su exclusivo cargo, como sucede con la prescripción, la nulidad relativa y la compensación.

Ese es el criterio reiterado por la Sala, en sentencia del 16 de junio de 2009, Expediente 2003-00003, al recordar que “un fallo totalmente absolutorio, como el que es motivo del presente recurso, no es, en principio, susceptible de ser combatido por la vía de la incongruencia, toda vez que en esta clase de proveídos, dada la adversidad que padecen las súplicas de la actora, el fallador adopta una decisión que necesariamente armoniza con una de las posibilidades procesales que se dan al resolver un asunto, como es el de denegar los pedimentos y, en consecuencia, exonerar de todo cargo a la parte accionada (...) A pesar de lo acabado de exponer y en armonía con lo esbozado antes, el criterio atinente a que la sentencia totalmente absolutoria no es susceptible de ser cuestionada por la vía de la inconsonancia, se atempera en casos como, en primer lugar, cuando el fallador se aparta sustancialmente de la relación fáctica expuesta por las partes en la demanda o en su contestación para acoger, sin fundamento alguno, su personal visión de la controversia, esto es, ‘al considerar la causa aducida, no hace cosa distinta que despreocuparse de su contenido para tener en cuenta únicamente el que de acuerdo con su personal criterio resulta digno de ser valorado’, o expresado de otra manera, corresponde a ‘un yerro por invención o imaginación judicial, producto de la desatención o prescindencia de los hechos de la demanda’ (fallo Nº 225 de nov. 27/2000, Exp. 5529); y, en segundo término, cuando, en tratándose de excepciones de fondo, declara probada alguna de las que por mandato legal deben ser invocadas expresamente por la parte demandada, como son la prescripción, la nulidad relativa y la compensación, ya que ‘no es factible descartar que un fallo de ese linaje sea el producto de haberse declarado una excepción respecto de la cual no operaba el principio inquisitivo, como la prescripción, la compensación o la nulidad relativa, excepciones estas que, como se sabe, para su estudio y reconocimiento deben ‘alegarse en la contestación de la demanda’ (CPC art. 306)’, Sentencia de Casación 007 de 7 de febrero de 2000, reiterada en la Nº 166 de 24 de noviembre de 2006, Expediente 9188-01)”.

6. Están probados, con incidencia en la decisión que se está adoptando, los hechos que se destacan a continuación:

a) Que Alberto Enrique Gutiérrez Dávila y Martha Cecilia García Guzmán, constituyeron hipoteca sobre el predio “Ojo de Agua” el 31 de enero de 1994, para respaldar el crédito adquirido con Ahorramás Corporación de Ahorro y Vivienda (fls. 12-25, cdno. 1).

b) Que el 28 de enero de 2000 se protocolizó acuerdo de fusión por absorción de Ahorramás Corporación de Ahorro y Vivienda, por parte de la Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas, hoy Banco Comercial AV Villas S.A., adquiriendo esta última la calidad de acreedora de la anterior obligación (fl. 10, cdno. 1).

c) Que las demandadas admitieron la existencia de póliza de seguro de grupo deudores GRD-0000188 tomada por el Banco Comercial AV Villas con Seguros de Vida Alfa S.A., para amparar los riesgos de muerte e incapacidad total y permanente de las personas con quien tenía celebrada operaciones de crédito (fls. 196 y 168).

d) Que Alberto Enrique Gutiérrez Dávila, el 6 de agosto de 2003, formuló reclamación por incapacidad permanente ante Seguros de Vida Alfa S.A. (fl. 47, cdno. 1).

e) Que el 23 de septiembre siguiente, la aseguradora la objetó, advirtiendo que para la fecha en que se estructuró el riesgo amparado, esto es, el 20 de diciembre de 2001, el crédito presentaba una mora de doce cuotas y, por ende, había operado la terminación automática del contrato de seguro (fls. 48 y 49, cdno. 1).

f) Que el 14 de julio de 2005, los accionantes entregaron en dación en pago al Banco AV Villas el inmueble gravado, por un valor acordado de ciento un millones seiscientos setenta y nueve mil pesos ($ 101.679.000), para cancelar el pagaré Nº 317692 que se encontraba en cobro ejecutivo, con un saldo a cargo a esa fecha de doscientos cincuenta y ocho millones trescientos sesenta y ocho mil doscientos cincuenta pesos ($ 258.368.250), como consta a folios 26 al 43, cuaderno 1.

g) Que Alberto Gutiérrez Dávila reiteró petición de indemnización a Seguros de Vida Alfa S.A., la que no fue atendida en vista de que ya se había objetado, de manera seria y razonada, en comunicación de 23 de septiembre de 2003 (fls. 140-141, cdno. 1).

h) Que las “peticiones principales” se hicieron consistir en:

(i) Declarar la vigencia de la póliza que garantizaba el crédito para el mes de diciembre de 2001.

(ii) Disponer que ambos contradictores, de manera conjunta o por separado, reconozcan el valor de la indemnización por incapacidad permanente de Alberto Enrique Gutiérrez Dávila, como ocurrencia del riesgo amparado.

(iii) Condenarlos en iguales términos a pagar el saldo de la obligación, por el monto adeudado en la fecha que se hizo la dación en pago.

(iv) Ordenarles la devolución del inmueble entregado para satisfacer el crédito.

(v) Contemplar la posibilidad de que se reconociera el valor comercial del bien, en caso de que no fuera posible su restitución física.

(vi) Reconocer los perjuicios ocasionados por la demora en la compensación del siniestro.

i) Que el a quo consideró que el trámite adelantado se originaba en el seguro de vida grupo deudor, cuya vigencia pregonaban los promotores, y al configurarse la prescripción ordinaria para dicha acción, no procedían las pretensiones.

Que el argumento central del escrito de apelación fue el conocimiento que se tuvo, el 27 de enero de 2006, de la aplicación dada a la dación en pago, momento en el que se cristalizó su derecho.

k) Que el tribunal encontró acertadas las motivaciones de la primera instancia y confirmó íntegramente la sentencia.

7) No se abre paso la censura por las razones que se pasan a exponer:

a) Del examen objetivo del libelo se observa que, si bien lo allí narrado se refiere a varios negocios y situaciones jurídicas, como son la existencia de crédito hipotecario, la fusión de dos entidades financieras y la adquisición de seguro de vida grupo deudores por la absorbente, la incapacidad reconocida a Alberto Enrique Gutiérrez Dávila, la existencia de un cobro ejecutivo y la dación en pago para su finiquito; todos ellos están relacionados y no constituyen bloques independientes que sustenten la formulación en un mismo trámite de una pluralidad de acciones, como lo quieren hacer ver los inconformes.

Vistos los hechos en conjunto, no relatan nada distinto de las circunstancias que justificaron la contratación de la póliza por quien estaba legitimado para hacerlo, la ocurrencia del siniestro y los motivos que los lleva a disentir de la renuencia a su reconocimiento por parte de la compañía de seguros.

Y, en cuanto a las pretensiones, no hay duda que la segunda, en la que se englobó la solicitud de deprecar responsabilidad de las dos contendientes respecto de la indemnización por incapacidad constitutiva del “riesgo amparado”, se formuló como consecuencial de la primera, dirigida a declarar la vigencia, para el mes de diciembre de 2001, de la póliza que garantizaba el crédito, sin señalarles fuente diferente, lo que indica a las claras la comunidad de la causa. De igual manera, la reversión de la dación en pago y la consecuente reparación de perjuicios, dependía de la acogida que tuviera la reclamación de responder por el valor del crédito para la fecha en que se estableció la incapacidad de uno de los aceptantes del pagaré, lo que al no ser viable dejaba sin piso, inexorablemente, cualquier aspiración resarcitoria.

Ni siquiera se puede considerar que en este caso se dio una acumulación eventual o subsidiaria de pretensiones, como lo autorizan los artículos 75 y 82 del Código de Procedimiento Civil, respecto de la cual tiene establecido la Corte, según sentencia del 24 de noviembre de 2003, Expediente 7497, que “el libelista propone una o más pretensiones para que el juez la (s) estudie y decida solo en el caso de que no acoja una anterior, propuesta como principal. Por tal razón, se tiene que, en línea de principio rector, en la acumulación subsidiaria de pretensiones, como la gradación de estas depende exclusivamente de la voluntad del demandante, ‘ese orden no puede ser variado por el fallador, pues al hacerlo estaría modificando los extremos de la demanda, lo que no le está permitido. Entonces, el juez solamente puede entrar a estudiar la pretensión subsidiaria, para resolverla, en el único evento en que, previamente, haya desestimado la principal’ (CXLVIII, pág. 37)”, ello por cuanto no figuran propuestas en tales términos, sino en forma consecutiva y formando un solo bloque inescindible.

En ese entendido, la decisión confirmatoria del ad quem no hizo más que respaldar el fallo de primer grado en el que se denegaron “las pretensiones de la demanda”, pronunciamiento de carácter envolvente que hace referencia a todos las aspiraciones de los promotores y con alcances respecto de los dos oponentes, sin que se observe algún margen de duda al respecto.

Como los efectos adversos para los recurrentes comprendieron la totalidad del debate, no puede hablarse de inconsonancia, en la medida que nada quedó pendiente de definir, además de que tal resultado no obedece al capricho del sentenciador al estructurar el proveído que se ataca, por desconocimiento de los supuestos fácticos detallados, por cuanto se basó en ellos y en las argumentaciones oportunamente expuestas por las partes, sin que contenga invenciones o sea el producto de su imaginación.

b) La argumentación relacionada con que el objetivo de los accionantes era establecer una “confabulación entre las dos entidades demandadas en la operación económica” y que se acudió ante la justicia ordinaria a la espera de que se “estudiaran los hechos expuestos y los acomodaran a las normas jurídicas pertinentes y dictaran una sentencia en la que analizaran en forma completa la amplia base fáctica expuesta en el libelo inicial”, corresponde más a una inconformidad en la interpretación de la demanda, propia de un yerro in judicando sustentable por senda indirecta, lo que deslegitima cualquier reparo por la dirección escogida.

No se puede olvidar que en lo que conviene a la causal segunda de casación, “la trasgresión de esa pauta de procedimiento no puede edificarse sobre la base de controvertirse el juzgamiento del caso, porque el error se estructura, únicamente, tratándose de la incongruencia objetiva, en los casos en que se peca por exceso o por defecto, y si de los hechos, cuando el sentenciador los imagina o inventa, pero no cuando los tergiversa” (sent. ago. 30/2010, Exp. 2000-00115).

Consecuentemente, ningún reparo merece la sentencia del tribunal, en la medida que al confirmar en su integridad lo que dispuso el a quo, que encontró demostrada la excepción de prescripción y negó las pretensiones de la demanda, actuó en concordancia con los parámetros propuestos por los intervinientes que circunscribieron el asunto a la vigencia del contrato de seguro y la ocurrencia del siniestro, de cuya prosperidad dependían las reclamaciones accesorias.

Además, se reitera, aquí se impone como conclusión que una providencia proferida por el ad quem, respaldando la absolución integral de primera instancia, comporta que sí hubo respuesta, aunque negativa, frente a todas y cada una de las aspiraciones de los reclamantes, mucho más cuando, como aquí sucede y quedó analizado, no se dan ni se configuran las dos excepciones que habilitan la viabilidad y el buen suceso de la causal segunda de inconsonancia.

9. El cargo, entonces, no prospera.

10. Teniendo en cuenta que la presente decisión es adversa a los impugnantes extraordinarios, de conformidad con el último inciso del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con el 19 de la Ley 1395 de 2010, se les condenará en costas, en las que se incluirán las agencias en derecho respectivas que se fijarán en esta providencia, en atención a que el libelo fue replicado (fls. 40-54 y 56-64).

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 25 de agosto de 2011, proferida por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario promovido por Alberto Enrique Gutiérrez Dávila y Martha Cecilia García Guzmán contra Banco Comercial AV Villas S.A. y Seguros de Vida Alfa S.A.

Costas a cargo de la parte recurrente, las que serán liquidadas por la secretaría, teniendo en cuenta que las agencias en derecho se estiman en seis millones de pesos ($ 6.000.000).

Notifíquese y devuélvase».