Sentencia 2006-00188 de abril 3 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 230012331000-2006-00188-03

Interno: 41858

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Actor: Asesorías, Proyectos, Ingeniería y Desarrollo Especiales –Apsyde O.P.-

Demandado: Municipio de San Antero

Bogotá, D.C., tres de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: « II. Consideraciones

Comoquiera que el primer aspecto que el recurso de alzada plantea dice relación con la supuesta falta de competencia que habría de predicarse respecto del tribunal de primera instancia para adelantar algunas actuaciones procesales y, por lo tanto, proferir unas determinadas decisiones, entre ellas el auto impugnado, por cuanto debió suspender el proceso ante la petición conjunta que elevaron las partes, la subsección se ocupará de ese primer tema, mediante el análisis de la eventual configuración de una o varias causales de nulidad por el hecho de que el proceso no fue suspendido en primera instancia.

1. Las nulidades en el ordenamiento jurídico colombiano.

Las nulidades de que pueden adolecer los procesos judiciales que se adelantan ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, únicamente pueden ser aquellas previstas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, por expresa disposición del artículo 165 del Código Contencioso Administrativo, adicionados por la causal constitucional de pleno derecho consagrada en el inciso final del artículo 29 constitucional.

Se trata, pues, de un régimen integrado por causales taxativas de nulidad procesal. En este sentido, la Sala Plena de esta corporación(2) ha sostenido que:

“Las nulidades procesales se encuentran establecidas, de forma taxativa, en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, lo anterior, como quiera que es al legislador a quien corresponde determinar y precisar de manera estricta, los supuestos fácticos y jurídicos que de acaecer, pueden generar la anulación del trámite procesal.

Ahora bien, en cuanto concierne al contenido y alcance del concepto de nulidad procesal, debe advertirse que la misma tiene como finalidad brindar un correctivo a ciertos vicios —saneables o insaneables— que se generan por el desconocimiento de presupuestos legales establecidos para la tramitación de determinado proceso(3).

(...).

(...) no es viable que las partes o sujetos procesales, formulen nulidades sin apoyo normativo estricto y preciso, lo contrario supone, indefectiblemente, desestimar la respectiva petición, como quiera que las nulidades procesales, en los términos anteriormente expuestos, deben interpretarse de forma estricta y restrictiva”.

De ello se desprende, de manera diáfana, que la posibilidad de alegar las causales de nulidad susceptibles de saneamiento —al igual que sucede con las demás irregularidades que se configuren dentro de un proceso, distintas de las causales legales de nulidad procesal—, es una posibilidad que se encuentra sometida a precisas y determinadas etapas procesales cuyo vencimiento determina su preclusión, a lo cual debe agregarse que dicho saneamiento supone la convalidación de la actuación, lo cual puede darse bien por manifestación expresa del consentimiento de la parte afectada o bien por consentimiento tácito, como el que corresponde a la realización de actuaciones posteriores sin alegación de la nulidad correspondiente.

En ese sentido, en relación con el principio de saneamiento, resulta ilustrativo, a propósito de la pasividad de la parte afectada lo cual conlleva la convalidación de la actuación irregular, el pronunciamiento que en tal sentido efectuó la misma Corte Constitucional, en su Sentencia C-372 de agosto 13 de 1997 en los siguientes términos(4):

“(...) La razón de la discrepancia es también el adecuado entendimiento de la seguridad jurídica, la lealtad procesal y el debido proceso, el cual enseña que los procesos tienen etapas, que en ellos se da el fenómeno de la preclusión, y que pasada la oportunidad de plantear una nulidad, esta debe considerarse saneada o superada habida cuenta de la negligencia de la parte interesada”. (Se ha destacado).

En cuanto a la noción de competencia, ha de señalarse que la misma ha sido comúnmente concebida como la porción, la cantidad, la medida o el grado de jurisdicción que corresponde a cada juez o tribunal, mediante la determinación de los asuntos que le corresponde conocer, haciendo efectivo de esta manera el principio de seguridad jurídica(5).

Como lo ha manifestado la Corte Constitucional, la competencia debe tener las siguientes calidades: legalidad, pues debe ser fijada por la ley; imperatividad, lo que significa que no es derogable por la voluntad de las partes; inmodificabilidad, porque no se puede variar en el curso de un proceso (perpetuatio jurisdictionis) salvo las excepciones contempladas en la misma ley; indelegabilidad, dado que no puede ser delegada por quien la detenta; y de orden público, puesto que se funda en principios de interés general(6).

Elemento medular del concepto de competencia lo constituye el principio del juez natural concebido como aquel al cual el ordenamiento vigente le ha asignado el conocimiento de ciertos asuntos para su resolución y, por tanto, forma parte fundamental del debido proceso en cuanto concreta y materializa la garantía consagrada en el artículo 29 constitucional a cuyo tenor “nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”.

Ahora bien, por regla general corresponde al legislador, en aquellos casos en los cuales el constituyente no lo hubiere hecho, asignar competencia a los distintos entes u órganos del Estado, tal como la Corte Constitucional lo ha manifestado en diferentes oportunidades:

“Como esta corporación lo ha señalado, el legislador goza de una amplia libertad para definir la competencia de los funcionarios judiciales, como distribución concreta de la jurisdicción. Esta atribución de competencias es no solo una facultad propia del Congreso, sino que además cumple un importante papel, pues favorece la seguridad jurídica, en la medida en que queda claro quiénes son los funcionarios que tienen la potestad de llevar a cabo ciertas tareas. Además, de esa manera, la ley precisa las formas propias de cada juicio, que es un requisito para asegurar el debido proceso. En esas condiciones, es una potestad propia de la ley definir el funcionario competente en materia de procesos laborales”(7).

Y en la Sentencia C-111 de 2000(8), expresó:

“... la asignación legal de una competencia a una autoridad judicial supone la determinación acerca del ejercicio de una función pública, en desarrollo del mandato establecido en el artículo 150-23, en virtud del cual corresponde al Congreso de la República “expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas”, siendo en este caso la administración de justicia la función pública regulada, la cual de conformidad con lo señalado en el artículo 228 de la ley fundamental, constituye materia de ley para su organización y realización, de manera pronta y eficiente”.

Naturalmente las atribuciones o competencias de los órganos estatales en un Estado de derecho deben obrar de manera expresa en el ordenamiento y, necesariamente, debe preexistir a su respectivo ejercicio, con lo cual se busca evitar el abuso y la arbitrariedad de los órganos estatales, los cuales, en consecuencia, solo pueden actuar dentro de la órbita de sus facultades, tal como lo previene claramente la Carta Política en su artículo 6º al determinar que los servidores públicos —a diferencia de los particulares— serán responsables tanto por infracción de la Constitución y de las leyes como por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, dimensión del principio de legalidad que encuentra reiteración precisa en la prohibición categórica y perentoria que recoge el artículo 121 supremo al establecer que “ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley”.

En orden a salvaguardar tan importante garantía, la jurisprudencia nacional ha sido uniforme y abundante, de lo cual constituye buena muestra el pronunciamiento que al respecto efectuó esta corporación, al puntualizar que:

“... en la fórmula del Estado de derecho no son de recibo las competencias implícitas, ni tampoco las sobreentendidas,...”(9).

Así mismo, la Corte Constitucional ha señalado:

“[E]n un estado de derecho no pueden existir competencias implícitas, por analogía o por extensión, porque ello permitiría que la autoridad pública se atribuya competencias según su voluntad y capricho, trazándose los límites de su propia actividad, invadiendo la órbita de actuación de las otras autoridades, abusando del poder y cercenando los derechos y libertades públicas. Situaciones estas en contravía del estado de derecho como principio constitucional.

La exigencia de que en un Estado de derecho las competencias tengan que ser expresas se fundamenta en la necesidad de establecer reglas de juego claras entre las autoridades y los gobernados, con el fin de salvaguardar y proteger las libertades y demás derechos y bienes de las personas y, en últimas, evitar la arbitrariedad de los gobernantes y de los órganos estatales”(10) (Negrillas del texto original).

En esa misma línea de pensamiento esa alta corporación ya se había pronunciado en los siguientes términos:

“Es a todas luces contrario al principio señalado [se hace referencia al principio de legalidad], suponer que al no estar algo expresamente prohibido, bien sea para el legislativo, o para cualquiera otra rama del poder público, sus integrantes pueden hacerlo, porque esta prerrogativa es exclusiva de los particulares. Los servidores públicos tan solo pueden realizar los actos previstos por la Constitución, las leyes o los reglamentos, y no pueden, bajo ningún pretexto, improvisar funciones ajenas a su competencia. Esto, como una garantía que la sociedad civil tiene contra el abuso del poder por parte de aquellos servidores. Es una conquista que esta corporación no puede soslayar, no solo por el esfuerzo que la humanidad tuvo que hacer para consagrarla efectivamente en los textos constitucionales, sino por la evidente conveniencia que lleva consigo, por cuanto es una pieza clave para la seguridad del orden social justo y para la claridad en los actos que realicen los que detentan el poder público en sus diversas ramas.

La inversión del principio es contraproducente desde todos los puntos de vista: desde el constitucional, porque extendería al servidor público una facultad connatural a los particulares, con lo cual introduce un evidente desorden, que atenta contra lo estipulado en el preámbulo de la Carta y en el artículo 2º de la misma; también desde el punto de vista de la filosofía del derecho, por cuanto no es proporcionado otorgar al servidor público lo que está adecuado para los particulares; y desde el punto de vista de la conveniencia, resulta contraproducente permitir la indeterminación de la actividad estatal, porque atenta contra el principio de la seguridad jurídica que es debido a la sociedad civil. (...)(11)”.

Así pues, dentro de este marco resulta claro que al juez no le corresponde inferir y menos auto-atribuirse una competencia que no le hubiere sido asignada de manera previa y expresa, por lo cual sus actuaciones deben ajustarse, necesariamente, a los parámetros existentes en la legislación aplicable a la respectiva materia; proceder por fuera de ese cauce comprometería la validez de la actuación cumplida (nulidad por falta de competencia, CPC., art. 140-1), e incluso podría exponer la responsabilidad personal del respectivo servidor público (penal, disciplinaria, fiscal y/o patrimonialmente).

Pues bien, según se indicó anteriormente, en providencia de fecha 25 de noviembre de 2010, el Tribunal Administrativo de Córdoba ordenó seguir con la ejecución del crédito por la suma de $ 2.580’746.238; en dicha decisión también se requirió a las partes para que presentaran la liquidación del crédito, de conformidad con lo normado en el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil, y providencia frente a la cual la parte ejecutante guardó silencio.

De la misma manera, se tiene que el 11 de enero de 2011 tanto el apoderado de la parte ejecutante como el alcalde del municipio de San Antero solicitaron conjuntamente la suspensión del proceso, sin embargo, el tribunal administrativo a quo, en proveído de 25 de los mismos mes y año consideró pertinente correr traslado a la parte ejecutante de la liquidación del crédito presentada por la parte ejecutada y decidió posponer la resolución de la solicitud de suspensión elevada, decisión que fue notificada por estado el 27 siguiente y quedó ejecutoriada el 3 de febrero de 2011, tal y como consta en el informe secretarial del Tribunal Administrativo de Córdoba obrante a folio 212 del cuaderno 3, sin que la parte ejecutante hubiese hecho manifestación alguna al respecto toda vez que si bien el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil dispone que contra el auto que corre traslado de la liquidación no procede recurso alguno, lo cierto es que el auto del 25 de enero de 2011 contenía dos decisiones distintas: por un lado, en dicha providencia se dispuso correr traslado a la parte ejecutante de la liquidación presentada por la parte ejecutada y, a su vez, el Tribunal pospuso realizar pronunciamiento respecto de la suspensión del proceso, solicitada conjuntamente por el apoderado de la parte ejecutante y el alcalde del municipio de San Antero, decisión que sí podía ser recurrida por el ejecutante pero que, tal y como se consignó previamente, no lo realizó.

A juicio de la Sala, la irregularidad que habría podido configurarse dentro de este asunto, consistente en la omisión del tribunal a quo de pronunciarse respecto de la solicitud de suspensión del proceso, fue convalidada por las partes, comoquiera que no se opusieron, mediante los recursos procedentes, a la providencia del 25 de noviembre de 2010 a través de la cual se ordenó continuar con la ejecución del crédito, sino que solo hasta el 11 de enero del año siguiente la ejecutante presentó solicitud de suspensión del proceso.

Tampoco se hizo manifestación alguna en relación con el proveído de 25 de enero de 2011 mediante el cual se pospuso el pronunciamiento respecto de la suspensión planteada por las partes sin que resulte entonces procedente que ahora, cuando el trámite de este litigio ya finalizó, se proponga como causal de nulidad procesal, aunado ello al hecho de que una vez la parte ejecutante planteó la nulidad mediante escrito del 10 de febrero de 2011, el Tribunal a quo le dio el trámite que consagra el Código Contencioso Administrativo, en su artículo 165 y finalmente profirió el auto de 9 de marzo de 2011 mediante el cual se decidió continuar con el trámite del proceso toda vez que ya se había corrido traslado de la liquidación presentada por la entidad ejecutada.

Así las cosas, respecto de la causal de nulidad planteada por la entidad ejecutante, artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, numeral 2º, según la cual se configura nulidad cuando el juez carece de competencia, la Sala encuentra que dicha causal no debe prosperar, toda vez que el Tribunal Administrativo de Córdoba sí era competente para conocer del presente asunto de conformidad con el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, numeral 7º(12), dado que para el presente asunto, la suma de las pretensiones contenidas en la demanda ejecutiva contractual arroja el monto de $ 3.000’000.000.oo, el cual resulta superior a 1.500 SMLMV a la fecha de presentación de la demanda(13); asimismo, la parte ejecutante argumentó que también se había configurado la casual de nulidad procesal consagrada en el numeral 5º(14) del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, a propósito de lo cual resulta claro para la Sala que en el sub examine dicha causal de nulidad procesal tampoco está llamada a prosperar, comoquiera que el proceso no se encontraba suspendido, puesto que según lo dispone el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, la suspensión del proceso debe ser decretada por el juez, situación que no se constató en el presente asunto puesto que si bien el apoderado judicial de la parte ejecutante y el alcalde del municipio ejecutado presentaron un memorial con el propósito de que se decretara la referida suspensión, el tribunal a quo prorrogó tal pronunciamiento en diferentes oportunidades, decisiones que tal y como se dijo previamente, no fueron recurridas por los interesados.

2. La cesión de derechos litigiosos, la sucesión procesal y la cesión de crédito.

La Sala, previo a resolver sobre la liquidación efectuada por el Tribunal Administrativo de Córdoba, estima pertinente efectuar ciertas apreciaciones sobre el punto número 4º del acuerdo de pago celebrado entre las partes, mediante el cual se hizo referencia a una “cesión de derechos” convenida entre la empresa Apsyde O.P., y el abogado que la representa en el juicio por un monto del 35% “del valor total que resultara en su favor en el proceso” y respecto a si dicho negocio corresponde entonces a alguna de las figuras jurídicas mencionadas en el título de este capítulo.

2.1. La cesión de derechos litigiosos.

El contrato de cesión de derechos litigiosos es una figura sustancial cuya regulación se encuentra prevista en los artículos 1969 a 1972 del Código Civil; dicha normatividad lo define como un contrato aleatorio, a través del cual una de las partes de un proceso judicial —cedente—, transmite a un tercero —cesionario—, en virtud de un contrato, a título oneroso o gratuito, el derecho incierto sobre el cual recae el interés de las partes del proceso(15).

En principio la cesión bien puede ser celebrada por alguna de las partes del proceso, puesto que cualquiera de ellas es titular del evento incierto de la litis y, por ende, la normatividad sustancial y procesal, sin distingo alguno, les permite negociar tal condición; no obstante, debe advertirse que en litigios adelantados en ejercicio de la acción ejecutiva, reparación directa, nulidad y restablecimiento del derecho, entre otros, la cesión de derechos litigiosos que pretendiere efectuar la parte demandada resulta en la práctica imposible, puesto que, debido a la especial naturaleza de dichos procesos, la titularidad de los derechos litigiosos se encuentra radicada solo en la parte demandante o ejecutante(16).

A lo anterior debe agregarse que el derecho o la cosa adquieren naturaleza litigiosa luego de efectuar la notificación de la demanda al demandado, pues con dicho acto procesal se entabla la relación jurídico procesal y, por consiguiente, se otorga la calidad de parte demandante y demandada, respectivamente, a los sujetos procesales. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia sostuvo:

“De otro lado, importa recordar que “para que un derecho tenga la calidad de litigioso basta que sea controvertido en todo o en parte, aun sin que sobre él se hubiere promovido jurisdiccionalmente un pleito mediante el ejercicio de la acción respectiva; y por consiguiente, el titular de este derecho puede cederlo por venta o permutación [o a cualquier otro título, incluso gratuito, agrégase ahora] a otra persona, entendiéndose como tal operación el traspaso del evento incierto de la litis, conforme a las propias expresiones del código. Una cesión en tales condiciones obliga plenamente —a juicio de la Corte— a las personas que en ella intervienen, o sea al cedente y al cesionario”.

Y agregó la Corte en esa ocasión: “Otra cosa es que la disposición en cita haya previsto en su último inciso lo que deba entenderse por derecho litigioso para los efectos de los artículos siguientes, los cuales se refieren al título de la adquisición del derecho, a la personería del demandante en el juicio y a la regulación de la facultad de retracto que corresponde al deudor cedido. De donde se desprende que, si para los fines mencionados el derecho se tiene por litigioso desde que se notifica judicialmente la demanda, es lógico que para objetos distintos —que son todos los demás expresados en la ley– no cabe ni se aplica la misma limitación y debe darse a la expresión —derecho litigioso— su sentido natural y obvio”(G.J. LXIII, p. 468)”(17).

En la celebración de la cesión de derechos litigiosos intervienen solo dos partes, a saber: la parte procesal cedente, quien transmite el evento incierto de la litis del cual hace parte el derecho material o sustancial debatido en el proceso, quien debe responder tan solo por la existencia del proceso mas no por la suerte que pueda correr la relación jurídica que se debate y el cesionario, quien obtiene el evento incierto o derecho aleatorio, a título oneroso o gratuito (vgr. venta, permuta, donación, dación en pago, etc.).

Eventualmente, ante una cesión litigiosa celebrada a título oneroso, puede intervenir un tercero ajeno a dicho negocio jurídico, esto es la contraparte cedida, quien puede intervenir en el negocio jurídico en ejercicio voluntario del beneficio o derecho de retracto que le otorga el primer inciso del artículo 1971 del Código Civil retrayendo, para sí la cesión y dando con ello lugar a la terminación del proceso, mediante el pago del precio real que hubiere cancelado el cesionario al cedente por sus derechos litigiosos.

En cuanto a los requisitos de perfeccionamiento del contrato de cesión de derechos litigiosos, de conformidad con lo previsto en el artículo 761 del Código Civil, cabe mencionar que dicho negocio jurídico se concluye con el acuerdo de voluntades entre el cedente y el cesionario; no obstante, la Jurisprudencia tanto del Consejo de Estado como de la Corte Suprema de Justicia, ha sostenido que para que la cesión de derechos litigiosos produzca efectos jurídicos procesales, resulta necesario que el cesionario comparezca ante el juez de la causa con el fin de que reconozca dicho negocio jurídico y dé traslado del mismo a la parte cedida, con el fin de que esta última se pronuncie respecto de la eventual sucesión procesal que en virtud de la cesión de derechos litigiosos se pudiere presentar.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia expresó:

“Aun cuando no existe norma positiva que reglamente los requisitos de la cesión de derechos litigiosos, para que se produzcan los efectos debidos respecto de terceros y del deudor cedido, nuestra jurisprudencia ha exigido al cesionario que se presente al juicio respectivo a pedir se le tenga como parte en su calidad de causahabiente del derecho litigioso, o que por lo menos exhiba el título de cesión y pida al juez se notifique a la contraparte la adquisición de ese derecho (Casación, mayo 21 de 1941, LI, 489; S. N. G., septiembre 29 de 1947, LXIII, 468)”(18).

Por su parte, la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante providencia del 7 de febrero del 2007, al precisar los requisitos del contrato de cesión de derechos litigiosos, en cuanto a la aceptación que de la misma pudiere efectuar la contraparte cedida, puntualizó:

“a. Contrario a lo señalado en la providencia objeto del recurso, para que se perfeccione (validez) y sea eficaz (oponible) la cesión de derechos litigiosos, no es necesario que el cedido manifieste su aceptación expresa; lo anterior, por cuanto es potestativo de la parte cedida el aceptar o no la cesión de derechos litigiosos que le formula su contraparte procesal.

En efecto, tal como se precisó anteriormente, si la cesión no es aceptada por el cedido, el negocio jurídico produce efectos, solo que el cesionario entrará al proceso —a la relación jurídico procesal— con la calidad de litisconsorte del cedente. Por el contrario, si el cedido acepta expresamente el negocio jurídico de cesión de derechos litigiosos, esa circunstancia genera el acaecimiento del fenómeno de la sustitución procesal, motivo por el cual, el cesionario tomará la posición que ostentaba el cedente —lo sustituye integralmente— y, por lo tanto, este último resulta excluido por completo de la relación procesal.

b. En ese orden de ideas, si bien es cierto que es necesario surtir la comunicación a la parte cedida para que adopte la posición procesal correspondiente —acepte expresamente, guarde silencio, o la rechace—, lo cierto es que ante el silencio de la parte cedida, en el asunto de la referencia, lo procedente era reconocer la existencia de la cesión de derechos litigiosos, y entender que el cesionario adquirente hacía parte de la relación jurídico procesal en calidad de litisconsorte”(19). (Negrillas adicionales).

En conclusión, para el perfeccionamiento del contrato de cesión de derechos litigiosos, de conformidad con las regulaciones del Código Civil, basta con el consentimiento entre el cedente y el cesionario; sin embargo, para que dicha cesión de derechos litigiosos produzca efectos respecto de terceros y de la contraparte cedida, la jurisprudencia antes citada exige que el cesionario se presente al proceso con el documento que acredite tal negocio jurídico, con el fin de que el juez de la causa notifique a la parte cedida y a la vez esta tenga la posibilidad de manifestar si acepta o, no, la eventual sucesión procesal que llegare a presentarse en virtud de la cesión de derechos litigiosos, pero no para que manifieste si acepta o no la cesión, pues dicho pronunciamiento no constituye requisito alguno de existencia, validez y/o eficacia del negocio jurídico en mención.

A lo anterior se adiciona que, cuando el cedente o cesionario de los derechos litigiosos se presenta al proceso con el documento que acredite tal negocio jurídico, resulta igualmente necesario que el juez le de traslado a la contraparte cedida para que esta última pueda ejercer el derecho o beneficio de retracto establecido en el artículo 1971 del Código Civil.

2.2 La sucesión procesal.

La sustitución o sucesión procesal consiste en la figura prevista en la ley, por cuya virtud dentro del trámite de un proceso, una persona (natural o jurídica) ajena a la relación jurídica sustancial que se discute en dicho litigio pueda ocupar el lugar o posición procesal que ocupa otra, por haber devenido titular de los derechos sobre la cosa litigiosa. Así pues, la sucesión procesal consiste en que una persona que originalmente no detentaba la calidad de demandante o demandado, por alguna de las causales de transmisión de derechos, entra a detentarla; dicha figura pretende, a la luz del principio de economía procesal, el aprovechamiento de la actividad procesal ya iniciada y adelantada, de tal forma que no sea necesario iniciar un nuevo proceso.

Las causales que dan lugar a este fenómeno jurídico pueden tener origen en: i) la transmisión de derechos o deberes por causa de muerte de alguna de las partes en cuestión (mortis causa) si se trata de personas naturales, o la extinción cuando se trata de personas jurídicas o ii) por acto entre vivos (inter vivos).

2.2.1. Sucesión procesal mortis causa o por extinción de la respectiva persona jurídica.

La sucesión procesal por causa de muerte o por extinción de personas jurídicas, se encuentra regulada en los dos primeros incisos del artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, hipótesis que opera, entre otros eventos, cuando en un proceso civil desaparece la persona que ocupa uno de los extremos de la litis, es decir, si se trata de una persona natural que muere o si es una persona jurídica que se extingue o se fusiona; la consecuencia que el ordenamiento jurídico imputa a dicha situación consiste en que sus sucesores o herederos, el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes o el curador, sustituyan en el proceso al sujeto de derecho que ha fallecido o se ha extinguido jurídicamente, con el fin de que el sucesor pase a ocupar la posición procesal que tenía aquel y pueda ejercer la defensa de sus intereses.

La sucesión procesal se exige en la regla general para el caso de la muerte quien es partes dentro de un proceso; ella opera ipso jure, aunque el reconocimiento de los herederos o causahabientes en el proceso dependa de la prueba que aporten acerca de tal condición. En todo caso, la sentencia producirá efectos respecto de ellos aunque no concurran, es decir, de todas formas se surte una sucesión procesal y el proceso continúa, como si subsistiera el demandante original, puesto que, tal como arriba se indicó, las cuestiones de fondo que son objeto del litigio no se modifican ni afectan por su deceso; sobre el punto, la Jurisprudencia de la Sala(20) señaló:

“De acuerdo con la doctrina(21), esta figura procesal no constituye una intervención de terceros, sino un medio encaminado a permitir la alteración de las personas que integran la parte. En casos como este, el fallecimiento de la parte actora no produce la suspensión o interrupción del proceso, ya que sus intereses los sigue defendiendo el apoderado o el curador, porque de conformidad con el inciso 5º del artículo 69 del Código de Procedimiento Civil la muerte del mandante o la extinción de las personas jurídicas no pone fin al mandato judicial. En cambio, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 168 del Código de Procedimiento Civil la muerte o enfermedad grave del apoderado judicial de alguna de las partes sí constituye causal de interrupción, lo cual no ocurrió en este caso.

Es el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil la norma destinada a tipificar la figura, la cual se estructura de manera diversa según se trate de personas naturales o jurídicas las sustituidas y si la causa la origina un acto entre vivos o sucesión por muerte de la persona natural. En relación con las personas naturales —que es la que nos interesa—, dispone el inciso primero que fallecido un litigante, y por tal se comprende tanto a quien integra una parte como al que actúa con cualquiera de las calidades de un tercero, o declarado ausente o en interdicción “el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el correspondiente curador”, aún cuando debe advertirse que en algunos procesos el deceso de la persona implica la terminación del mismo por cuanto no puede operar la figura, tal como sucede en los procesos de divorcio, separación de bienes, de cuerpos o de nulidad de matrimonio donde la muerte de una de las partes implica culminación inmediata de la actuación por sustracción de materia y en atención a la índole personalísima de las relaciones jurídicas en debate(22).

Otro sector de la doctrina(23), ha dicho que la sucesión procesal se presenta cuando cualquiera de las partes es sustituida por otra o se aumenta o reduce el número de personas que la integran. Se define, conforme al sencillo concepto de Ramos Méndez(24) , como “la sustitución de una de las partes por otra que ocupa su posición procesal”. Esta especie de crisis —como lo denomina Azula Camacho—, consiste exclusivamente en el cambio de personas que integran cualquiera de las partes y, por tanto, es factible que afecte al demandante o al demandado o, incluso, a un tercero interviniente. El sucesor queda con los mismos derechos, cargas y obligaciones procesales que su antecesor. La sucesión procesal no entraña ninguna alteración en los restantes elementos del proceso. Por ser un fenómeno de índole netamente procesal, tampoco modifica la relación jurídica material, que, por tanto, continua igual, correspondiéndole al funcionario jurisdiccional pronunciarse sobre ella como si la sucesión procesal no se hubiese presentado”.

2.2.2. Sucesión procesal (inter vivos), en virtud de la cesión de derechos litigiosos.

Bien puede ocurrir que a la sucesión procesal haya lugar en virtud de la cesión de derechos litigiosos que se hubiere celebrado entre la parte procesal cedente y un tercero ajeno a la relación jurídico procesal que se discuta en un determinado juicio, denominado cesionario.

En efecto, una vez perfeccionado el contrato de cesión con el consentimiento de las partes y verificada la tradición con la entrega del título de acuerdo, (C.C., art. 761), puede el cesionario intervenir en el proceso del cual hace parte el evento incierto de la litis que adquirió, bien como litisconsorte de la parte cedente —caso en el cual no habrá sucesión procesal— o, bien sustituirlo dentro en el proceso, siempre y cuando el juez admita la cesión y la contraparte cedida acepte liberar al cedente. Al respecto, el inciso tercero del artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, prevé:

“(...) El adquirente a cualquier título de la cosas o del derecho litigioso, podrá intervenir como litisconsorte del anterior titular. También podrá sustituirlo en el proceso, siempre que la parte contraria lo acepte expresamente”.

En relación con la norma legal transcrita, debe precisarse que cuando una de las partes cede el derecho en litigio no siempre se configura el fenómeno de la sucesión procesal, puesto que solo excepcionalmente el cesionario desplaza al cedente, pues dentro del proceso lo que generalmente ocurre es que el adquirente interviene en el proceso en calidad de tercero, actuación respecto de la cual no requiere la aceptación de la parte contraria; por consiguiente, la cesión de un derecho litigioso y el proceso en el cual se debate el derecho cedido conservan su independencia, dado que dicho acuerdo no interfiere en el proceso, ni en su resultado, así como tampoco las vicisitudes del proceso inciden en el acuerdo, comoquiera que quienes negocian sobre derechos litigiosos aceptan, de antemano, la contingencia o alea del objeto negociado.

Circunstancia distinta ocurre cuando el adquirente de los derechos litigiosos pretende que la negociación surta efectos contra el cedido, desplazando así al sujeto procesal que ha cedido el derecho en litigio, evento en el cual deberá presentarse al proceso y solicitarle al juez que indague si esa parte contraria lo acepta como sucesor del cedente, a menos que, sin previo requerimiento, el contradictor cedido hubiere manifestado su aceptación(25).

En relación con la sucesión procesal, en virtud de la cesión de derechos litigiosos, la doctrina ha considerado:

“Teniendo en consideración las circunstancias anotadas, fue como el artículos 60 del Código de Procedimiento Civil, reguló lo pertinente a la sucesión a título singular (también la sucesión a título universal) de la calidad de parte en un proceso civil, es decir, a la denominada sucesión procesal, para disponer que el cesionario, al igual que el adquirente de la cosa litigiosa, pueden intervenir en el proceso respectivo como litisconsortes del cedente o del enajenante, según el caso, y que aun pueden sustituir a dichos cedente o enajenante, “siempre que la parte contraria lo acepte expresamente”.

“Como fácilmente se comprende, pues, conforme al comentado artículo 60 la intervención del cesionario en el proceso, así sea cesionario del total de los derechos litigiosos, no implica una alteración por cambio en uno de los sujetos de la relación procesal, sino una modificación relativa de esta en cuanto a que al lado del cedente (o del enajenante de la cosa litigiosa, si es el caso), como litisconsorte facultativo suyo va a seguir figurando el cesionario. Por el ingreso del cesionario no desaparece pues, como sujeto del proceso, el cedente, sino que este conserva intacta su calidad de parte, con las responsabilidades propias de tal. Para que el cedente desaparezca como sujeto del proceso, y quede exonerado de las responsabilidades consiguientes, se precisa que así lo acepte expresamente la parte contraria”(26). (Negrillas adicionales).

La Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del segmento normativo “también podrá sustituirlo en el proceso, siempre que la parte contraria lo acepte expresamente”, contenido en el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, precisó:

“Luego cuando el adquirente de derechos litigiosos pretende que la negociación surta efectos contra el cesionario desplazando al sujeto procesal que ha cedido el derecho en litigio, deberá presentarse al proceso y solicitar al juez que indague si la parte contraria lo aceptaría como sucesor del cedente, a menos que, sin previo requerimiento, el contradictor cedido hubiese manifestado su aceptación. Además, quien acepta el desplazamiento de su contradictor a causa de la cesión del derecho, puede condicionar su decisión a que se respete su derecho al retracto y exigir que, si se presenta controversia al respecto, se tramite su petición como incidente —excepto en aquellos casos en los cuales el retracto no procede porque, al igual que en el derecho romano, se ha considerado que en los casos previstos en la ley al adquirente del derecho litigioso lo acompaña un interés lícito (CCC., art. 1971, nums. 1º, 2º, y 3º)—”(27).

En relación con la independencia entre el contrato de cesión de derechos litigiosos y la sucesión procesal por causa del mismo, esta Sala, mediante providencia fechada en marzo 26 de 2007(28), puntualizó:

“En el auto suplicado se entendió que se trataba de “sucesión procesal”, mientras que la constatación de lo sucedido permite concluir, de un lado, que el abogado Olid Larrarte no ha pedido que se le tenga como sucesor procesal de los demandantes, ni la demandada ha consentido expresamente en esa cesión, razones que impiden pronunciamiento alguno sobre el punto. De otra parte que la cesión de derechos litigiosos cumplió con los requisitos establecidos por el artículo 1969 del Código Civil, razón por la cual se habrá de tener en cuenta tal cesión”.

En este orden de ideas, resulta necesario concluir que, cuando se produce la cesión de un derecho litigioso, no necesariamente opera la sucesión procesal, dado que el cesionario puede intervenir en el proceso de dos formas diferentes, a saber: i) el cedente o cesionario se dirige al juez con el documento que acredite la cesión del derecho litigioso y, adicionalmente, solicita el reconocimiento de dicha cesión —en cuyo caso será tenido en cuenta como un litisconsorte del cedente— o ii) el cesionario le solicita directamente al juez de la causa, con la prueba de la celebración de la cesión, de que se le tenga como sucesor o sustituto del cedente, frente a lo cual, el juez debe dar traslado de tal negocio jurídico a la parte contraria para que esta se pronuncie; si dicha parte contraria (cedida) no manifiesta nada al respecto o se opone, el cesionario será reconocido, únicamente, como tal, conclusión que ha de aplicarse por igual para los eventos en los cuales el cedente o el cesionario informa al juez de la existencia del respectivo negocio jurídico de cesión de derechos litigiosos pero nada manifiesta acerca del propósito e intención de que entre ellos opere la aludida figura de la sucesión procesal. Por lo tanto, solo en este último supuesto se presentará la figura procesal de la sustitución.

2.3. La cesión de crédito.

El artículo 666 del Código Civil dispone lo siguiente:

“Derechos personales o créditos son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas; como el que tiene un prestamista contra su deudor por el dinero prestado, o el hijo contra el padre por alimentos. De estos derechos nacen las acciones personales.

Dichos créditos o derechos personales(29) son susceptibles de cederse a través de un contrato, en el que el cedente transmite un crédito a favor de un tercero llamado cesionario. Tal figura se encuentra regulada por el artículo 1959 del Código Civil mediante el cual se estableció que dicha cesión no tendrá efectos entre ellos sino hasta el momento en que el cedente haga entrega del título y que, para el supuesto en el que el crédito que se va a ceder no esté contenido en algún documento, la cesión se podrá hacer a través de un título en el que conste la voluntad de efectuar dicho traspaso, el cual constituirá prueba de que la referida cesión tuvo lugar. En relación con el requisito de la entrega del título para que la cesión del crédito surta efectos entre las partes, esta corporación, en sentencia del 23 de enero de 2003(30), destacó que:

“Sobre la cesión de derechos de crédito, la ley establece que la cesión de un crédito, a cualquier título que se haga, no tendrá efecto entre el cedente y el cesionario sino en virtud de la entrega del título y que si el crédito que se cede no consta en documento, la cesión puede hacerse otorgándose uno por el cedente al cesionario”.

Una vez se cumpla con la entrega del título entre cedente y cesionario, la cesión del crédito surte efectos únicamente para estos, razón por la cual, a fin de vincular al deudor del crédito, se debe cumplir con la formalidad dispuesta en el artículo 1960(31) del Código Civil, norma que impone la necesidad de que se le notifique al deudor de la cesión del crédito con el fin de que el deudor identifique al cesionario como el nuevo titular del derecho que este adeuda y que, por lo tanto, se libre de su obligación únicamente cumpliéndola a favor de él. La notificación de la cesión del crédito se debe realizar de una forma específica, dispuesta en el artículo 1961 del Código Civil, exigencia que también fue desarrollada por la sentencia citada previamente, en la cual la Sala reconoció que:

“la notificación de la cesión al deudor deberá hacerse con exhibición del título, que llevará anotado el traspaso del derecho con la designación del cesionario y la firma del cedente y que la aceptación del deudor consistirá en un hecho que la suponga (C.C., arts. 1961 a 1962)”(32).

Por su parte, el deudor debe reconocer o aceptar dicha cesión, ya sea de manera tácita o expresa; en el caso del primero de los supuestos, el artículo 1962 del Código Civil incluye ejemplos de la conducta asumida por el deudor que expresan que ha aceptado la referida cesión del crédito que este debe, así la norma ha establecido que “la aceptación consistirá en un hecho que la suponga, como la litis contestación con el cesionario, un principio de pago al cesionario, etc.”. Respecto de la segunda de las hipótesis, la doctrina ha destacado lo siguiente:

“La aceptación es expresa cuando el deudor la hace en términos explícitos, como en el caso de que el deudor firme la nota de cesión manifestando que está conforme con la transferencia del derecho. Es esta la forma más cómoda y conveniente de vincular al deudor a la cesión, y a la que generalmente se apela en la práctica”.

Finalmente, en el evento en el que el deudor no realice la aceptación, el cesionario puede acudir al juez a fin de que este cite al deudor a quien, en el despacho del juez, se le exhibirá el título en el que consta el crédito cedido con la respectiva nota de cesión firmada por el cedente a favor del cesionario.

Una vez efectuado el estudio de las anteriores figuras y analizado el numeral 4º del acuerdo de pago celebrado entre la empresa Apsyde O.P. y el alcalde del municipio de San Antero, la Sala encuentra lo siguiente: i) que la empresa Apsyde O.P., cedió el 35% del crédito que resultara a su favor; ii) que la persona a quien le fue cedido tal crédito fue el señor Mauricio Caro Tribín, apoderado judicial de la empresa; iii) que el alcalde del municipio tuvo conocimiento de ello; en efecto, el acuerdo de pago dispuso que el señor Lormandy Martínez Durán Alcalde de San Antero recibió copia auténtica de la cesión el día 26 de junio de 2008. En ese sentido, se tiene que se dio cumplimiento a todos los requisitos establecidos por las normas que regulan el contrato de cesión de créditos comoquiera que se notificó de la referida cesión al alcalde del municipio deudor y que este aceptó dicho negocio jurídico al momento de firmar el acuerdo de pago del 9 de julio de 2008.

Sobre dicha cesión de crédito, la Sala advierte que en el acuerdo de pago celebrado el 9 de julio de 2008, las partes pactaron que le correspondería al cesionario “el 35% del valor total que resultara en su favor (empresa Apsyde O.P.) en el proceso” por lo que el monto acordado a ceder era incierto al momento de la celebración de la cesión del crédito y determinable según la suma que se le reconociera finalmente a la entidad ejecutante, una vez culminara el presente proceso; como se verá más adelante, a partir de los comprobantes de pago, los comprobantes de egreso y la certificación bancaria del 21 de septiembre de 2012, se evidenció que la empresa ejecutante recibió una suma muy superior a la que debía ser sufragada por el municipio, por lo cual y con ocasión del presente litigio, no se reconocerá suma alguna a favor de la empresa Apsyde O.P. y, en consecuencia, el 35% cedido de lo que resultara en el proceso corresponde a cero (0).

Ahora bien, uno de los puntos de inconformidad de la entidad ejecutante para con el proveído impugnado consiste en la elaboración de la liquidación del crédito por parte del Tribunal Administrativo de Córdoba puesto que, a su juicio, “carece de fundamento legal por desconocer varios elementos y principios que eran de obligatoria observación en este particular caso”; asimismo, adujo que era equívoco considerar que el proceso había terminado puesto que se había acreditado, a partir de todos los documentos allegados por la parte ejecutada, que el municipio todavía le adeudaba a la entidad ejecutante la suma de $ 253’000.000.

Al respecto, se observa que la entidad ejecutada allegó al proceso, en copias auténticas, el acuerdo de pago celebrado el 9 de julio de 2008 entre el municipio de San Antero y la sociedad Apsyde O.P., así como su modificación, de fecha del 15 de agosto de 2009; igualmente aportó al proceso unas resoluciones mediante las cuales se ordenó al ente territorial realizar los diferentes abonos a favor de la ejecutante y la relación de pagos por beneficiario; asimismo, obran en el proceso los comprobantes de pago y los comprobantes de egreso relacionados previamente en el capítulo de pruebas de esta providencia; por último se tiene que el apoderado judicial de la parte ejecutante incorporó al expediente el original de la certificación expedida el 21 de septiembre de 2012 por el Banco de Occidente “en la que se relacionan los valores realmente transferidos a la cuenta corriente Nº- 278 - 04414-4 cuyo titular es el Dr. Mauricio Caro Tribín y que fue la única cuenta a través de la cual se recaudaron la totalidad de los abonos provenientes del municipio de San Antero” (Fl. 426 cdno. ppal.).

En ese sentido, la jurisprudencia de esta Corporación se ha referido a los requisitos necesarios para acreditar el pago en los siguientes términos:

“... resulta absolutamente indispensable carta de pago(33), recibo(34), declaración proveniente del acreedor o cualquier otro medio de prueba que lleve al juez la convicción de que el deudor efectuó el pago debido al acreedor ...”(35).

De conformidad con lo anterior, los documentos que obran el expediente cumplen con los requisitos necesarios para acreditar el pago de los abonos que se efectuaron a la obligación contraída por el municipio de San Antero y a favor de Apsyde O.P., razón por la cual la Sala procederá a efectuar la liquidación del crédito tomando en cuenta los documentos aportados por las partes para acreditar el pago de la obligación, así como también la demanda ejecutiva a través de la cual el apoderado judicial de la entidad ejecutante señaló que el municipio de San Antero le adeudaba la suma de $ 2.580’746.238, cifra que, se reitera, será liquidada por la Sala de conformidad con los parámetros establecidos en el proveído del 25 de noviembre de 2010 en el cual se consignó que la liquidación se realizaría “con ajuste al valor desde su exigibilidad, más los intereses civiles doblados, hasta su pago efectivo de conformidad con el artículo 4º numeral 8º inciso 2º de la Ley 80 de 1993 y por el artículo 1º del Decreto 679 de 1994”, decisión que no fue recurrida por alguna de las partes y que, por lo tanto, quedó en firme, lo cual determina que para efectos de la liquidación no se debían tomar los intereses calculados por las partes en el acuerdo de pago y su modificación, tal y como lo solicitó el apoderado judicial de la parte actora.

Con fundamento en lo anterior, la Sala actualizará el capital y los intereses moratorios hasta la fecha de la presente providencia; a su vez, tal y como lo determina el artículo 1653(36) del Código Civil, los abonos efectuados por el municipio se imputarán primero a los intereses y después al capital y, posteriormente, determinará si la obligación contraída por el municipio de San Antero fue satisfecha o si, por el contrario, le corresponde al ente territorial ejecutado realizar otros pagos.

Cabe resaltar que el Tribunal Administrativo de Córdoba realizó la liquidación tomando como suma adeudada la cantidad de $ 2.580’746.238, puesto que “en el escrito de la demanda se alega que el ejecutado efectuó un pago parcial de $ 200’000.000” declaración que también será tomada en cuenta en esta oportunidad para efectos de la presente liquidación, aún cuando en el auto de 22 de mayo de 2008 proferido por esta corporación, a través del cual se libró mandamiento de pago a favor de Apsyde O.P., y en contra del municipio de San Antero, se reconoció la suma de $ 2.780’746.238, lo cual no configura un desconocimiento a lo ordenado por esta corporación en dicha providencia puesto que el proceso ya se encuentra en la fase de liquidación y, por tanto, su objeto consiste en determinar a través del estudio de la totalidad del expediente cuáles han sido los pagos que aceptados por el acreedor ha efectuado el municipio ejecutado, entre los cuales se tiene que la parte ejecutante, libremente en un documento emanado de esta (la demanda) afirmó que ya se le había realizado un pago por la suma de $200’000.000, cuestión que no puede desconocerse en esta fase del proceso. Para mejor entendimiento, se procederá a transcribir dicha parte de la demanda:

“10. Sobre el valor total contenido en el Acta de que trata el numeral anterior, el municipio de San Antero realizó un abono de doscientos millones de pesos ($ 200’000.000) moneda legal Colombiana sobre la obligación total, quedando a su cargo una deuda pendiente a favor de Apsyde O.P. de dos mil quinientos ochenta millones setecientos cuarenta y seis mil doscientos treinta y ocho pesos ($ 2.580’746.238.oo) moneda legal colombiana que aun no ha cancelado y corresponde a la suma que aquí trata”.

Los datos que se utilizarán serán los siguientes:

Crédito debido: $ 2.580’746.238.

Intereses aplicables: Se aclara que de conformidad con el artículo 1º del Decreto 679 de 1994, el interés a tomar es el que corresponde a la tasa del 12% anual sobre el valor del crédito actualizado con base en el IPC, del año anterior al período a actualizar, tasa que equivale al cálculo de intereses a razón del 1% mensual.

Para efectos de la liquidación se aplicará el interés proporcionalmente a la cantidad de los días causados entre los abonos realizados.

Ahora bien, tal y como se expuso previamente, la Sala efectuará la liquidación de conformidad con lo previsto por el artículo 1653 del Código Civil mediante el cual se indica que en el evento en el que se deban capital e intereses, el pago se imputará primero a los intereses causados; entonces, la cantidad debida (2.580’746.238) será actualizada hasta la fecha del primer abono tomando en cuenta la variación del porcentaje del IPC, de los días transcurridos entre la fecha en la que se debía realizar dicho pago hasta el abono efectuado.

Destaca la Sala que dicha operación se efectuará a partir del 12 de junio de 2008, tomando en cuenta que el auto proferido el 22 de mayo de ese mismo año por esta corporación, mediante el cual se ordenó librar el mandamiento de pago a favor de la empresa ejecutante, en su parte resolutiva señaló que el pago debía efectuarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de dicha providencia, término que se cumple el 12 de junio de 2008.

Una vez actualizado el capital, se le aplicará el interés proporcional a la cantidad de los días causados, tal y como se señaló previamente, a fin de obtener el valor del interés de ese capital, el cual sumado con el capital actualizado arroja el total de la deuda. A la anterior suma se le restará el monto de los abonos efectuados por el municipio y a favor de la empresa ejecutante, operación aritmética de la cual se obtendrá el saldo real de la deuda, cifra que a su vez será utilizada para su actualización y realizar nuevamente el procedimiento señalado y de tal forma verificar si los abonos realizados por el municipio extinguieron o no la totalidad de la obligación.


Fecha inicial
Fecha de abonos días a aplicar ** capital histórico IPC % Capital actualizado Interés*** Valor interés Total deuda Abono Saldo deuda
12/06/200829/07/2008 48 2.580’746.238,000,76% 2.600’325.499,461,60% 41’605.207,99 2.641’930.707,45 2.000’000.000,00 641’930.707,45
30/07/200805/09/2008 36 641’930.707,450,57% 645’583.293,181,20% 7’746.999,52 653’330.292,69 300’000.000,00 353’330.292,69
31/12/2008* 115 353’330.292,69 1,82% 359’752.561,50 3,83% 13’790.514,86 373’543.076,36 0 373’543.076,36
01/01/200918/08/2009 228 371’418.721,734,86% 389’461.005,177,60% 29’599.036,39 419’060.041,56 100’000.000,00 319’060.041,56
19/08/200915/09/2009 27 319’060.041,560,58% 320’895.434,450,90% 2’888.058,91 323’783.493,36 100’000.000,00 223’783.493,36
16/09/200905/10/2009 20 223’783.493,360,43% 224’737.059,690,67% 1’498.247,06 226’235.306,76 100’000.000,00 126’235.306,76
06/10/200921/10/2009 16 126’235.306,760,34% 126’665.628,890,53% 675.550,02 127’341.178,91 100’000.000,00 27’341.178,91
22/10/200907/12/2009 46 27’341.178,910,98% 27’609.137,651,53% 423.340,11 28’032.477,76 (100’000.000,00) (71’967.522,24)
31/12/2009 23 (71’967.522,24) 0,49% (72’320.183,09) 0,00%0 (72’320.183,09) 0 (72’320.183,09)
01/01/201005/01/2010 5 (72’320.183,09)0,03% (72’340.272,02)0,00%0 (72’340.272,02) (200’000.000,00) (272’340.272,02)
06/01/201011/02/2010 36 (272’340.272,02)0,20% (272’884.952,57)0,00%0 (272’884.952,57) (200’000.000,00) (472’884.952,57)
12/02/201016/03/2010 35 (472’884.952,57)0,19% (473’804.451,09)0,00%0 (473’804.451,09) (200’000.000,00) (673’804.451,09)
17/03/201013/04/2010 27 (673’804.451,09)0,15% (674’815.157,76)0,00%0 (674’815.157,76) (240’033.300,00) (914’848.457,76)
14/04/201012/05/2010 29 (914’848.457,76)0,16% (916’322.380,28)0,00%0 (916’322.380,28) (200’000.000,00) (1.116’322.380,28)
13/05/201001/06/2010 19 (1.116’322.380,28)0,11% (1.117’500.720,57)0,00%0 (1.117’500.720,57) (200’000.000,00) (1.317’500.720,57)
02/06/201009/07/2010 38 (1.317’500.720,57)0,21% (1.320’282.110,98)0,00%0 (1.320’282.110,98) (200’000.000,00) (1.520’282.110,98)
10/07/201008/09/2010 59 (1.520’282.110,98)0,33% (1.525’265.257,90)0,00%0 (1.525’265.257,90) (200’000.000,00) (1.725’265.257,90)
09/09/201007/10/2010 29 (1.725’265.257,90)0,16% (1.728’044.851,93)0,00%0 (1.728’044.851,93)(200’000.000,00 ) (1.928’044.851,93)
08/10/201008/11/2010 31 (1.928’044.851,93)0,17% (1.931’365.373,62)0,00%0 (1.931’365.373,62) (200’000.000,00) (2.131’365.373,62)
09/11/201014/12/2010 36 (2.131’365.373,62)0,20% (2.135’628.104,36)0,00%0 (2.135’628.104,36) (400’000.000,00) (2.535’628.104,36)
31/12/2010 16 (2.535’628.104,36) 0,09% (2.537’881.996,01) 0,00%0 (2.537’881.996,01) 0 (2.537’881.996,01)
01/01/201104/01/2011 4 (2.537’881.996,01)0,04% (2.538’775.894,45)0,00%0 (2.538’775.894,45) (1.000’000.000,00) (3.538’775.894,45)
05/01/201110/02/2011 36 (3.538’775.894,45)0,32% (3.549’993.814,03)0,00%0 (3.549’993.814,03) (1.077’592.993,00) (4.627’586.807,03)
31/12/2011 320 (4.627’586.807,03) 2,82% (4.757’981.919,73) 0,00%0 (4.757’981.919,73) 0 (4.757’981.919,73)
31/12/2012 360 (4.757’981.919,73)3,73% (4.935’454.645,33)0,00%0 (4.935’454.645,33) 0 (4.935’454.645,33)
03/04/2013 93 (4.935’454.645,33) 0,63% (4.966’564.461,12) 0,00% (4.966’564.461,12) (4.966’564.461,12)
        Total abonos7.317’626.293,00**** 

* Saldo de la deuda actualizado desde el último abono efectuado en el año (5/09/2008) hasta el 31 de diciembre del 2008 en atención al cambio del IPC, anual certificado por el DANE para el año siguiente. Asimismo, dicha actualización se realizó con los años 2009, 2010 y 2011 tomando en cuenta los últimos abonos realizados en cada año. Para los años 2012 y 2013 se actualizó el saldo de la deuda tomando en cuenta el IPC, certificado por el DANE correspondiente a los días causados en cada anualidad, con la diferencia de que en esos años no se efectuaron abonos.

** Días transcurridos entre abonos, el cual se aplicó porcentualmente con el IPC, certificado por el DANE, operación de la cual se obtuvo el capital actualizado.

*** Interés: 12% anual equivalente al 1% mensual aplicable en forma proporcional a los días causados entre abonos.

**** Sumatoria de todos los abonos efectuados por el municipio de San Antero a favor de la empresa ejecutante.

 

Así las cosas, se tiene que el capital actualizado a la fecha de la presente providencia arroja una suma negativa puesto que la entidad ejecutante recibió un excedente de $ 4.966’564.461,12 respecto de la suma que el municipio le adeudaba; en efecto, a partir del abono realizado el 7 de diciembre de 2009 el municipio de San Antero debía la suma de $ 27’341.178,91 la cual actualizada más la suma de los intereses correspondía a $ 28’032.477,76, no obstante lo anterior, el ente territorial realizó un abono por valor de $ 100’000.00, cantidad en sí misma muy superior al total de la deuda que estaba a su cargo y por tanto a partir de ese momento empezó a generarse un saldo a favor del municipio ejecutado, situación que sorprendentemente no constituyó impedimento para que durante los dos años siguientes el ente ejecutado continuara cancelando sumas de dinero adicionales, cuestión que generó el excedente que hoy la Sala evidencia a partir de la anterior liquidación del crédito.

En ese orden de ideas, resulta evidente para la Sala que la obligación contraída por el municipio fue satisfecha en un 100% y que, tal y como lo afirmó el tribunal a quo en el proveído impugnado, el ente territorial canceló una cifra muy superior a la que debía cumplir, exactamente $ 4.966’564.461,12 de excedente; en consecuencia, respecto de la cesión de crédito mencionada en el numeral 4º del acuerdo de pago que se abordó previamente en esta providencia, la Sala encuentra que este quedó sin objeto puesto que el municipio cumplió a cabalidad con la totalidad de la obligación contraída, por lo cual no hay a lugar a tener el señor Caro Tribín como cesionario, total o parcial, de ese mismo crédito.

En ese sentido, la Sala confirmará el numeral segundo del auto del 26 de mayo de 2011 a través del cual se dio por terminado el proceso por pago total de la obligación.

También destaca la Sala que si bien es cierto que las decisiones contenidas en los numerales 6º, 7º, 8º del auto del 26 de mayo de 2011 no fueron recurridas por el apoderado judicial de la empresa ejecutante, dichas determinaciones constituyen consecuencia directa de haberse decretado la terminación del proceso por pago de la obligación asumida por el municipio de San Antero, lo cual fue determinante para que la referida empresa radicara el escrito de impugnación del 2 de junio de 2011, razón por la cual dichas determinaciones también serán objeto de estudio por esta corporación.

al respecto se observa que el tribunal a quo ordenó remitir copia del expediente a la Contraloría General de la República, a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, comoquiera que “las actuaciones que derivaron en el excedente pagado pueden constituir violaciones a normas fiscales, penales y disciplinarias”; la Sala confirmará esas decisión toda vez que a partir del análisis del material probatorio obrante en el proceso (acuerdos de pagos, resoluciones, comprobantes de pagos, comprobantes de egreso, certificación bancaria allegada por la entidad ejecutante) y de la liquidación efectuada previamente, se tiene que el municipio de San Antero realizó un pago adicional de una cifra que supera en mucho lo que realmente debía sufragar, circunstancia que podría llevar a constatar una irregularidad que debe ser examinada por los entes de control correspondientes. En efecto, se debe adelantar un estudio de la conducta de los servidores públicos que participaron en la tramitación, verificación, fiscalización y en la realización de los pagos así como se revela necesario examinar también el proceder de los particulares que intervinieron en el cobro y recibo de dineros públicos a pesar de que la obligación que le servía de sustento se encontraba extinguida por pago efectivo.

No menos importante, en el presente caso, dadas las significativas cuantías de las obligaciones asumidas, reconocidas y pagadas por la entidad estatal contratante con cargo al erario, a favor de un único contratista, particular, será el examen que dentro de la órbita de sus respectivas competencias adelantes los entes de investigación penal y de control disciplinario y fiscal en relación con diversos asuntos en relación con los vínculos contractuales que dieron origen al cobro de las obligaciones cuyo recaudo pretendió realizarse de nuevo a través del presente proceso ejecutivo, como los que tienen que ver con la eventual concentración de la contratación en un solo y único contratista particular; la actuación del alcalde que suscribió los acuerdos de pago con el apoderado judicial de la empresa ejecutante sin perjuicio de que se examine la conducta del contratista y su apoderado por la insistencia en obtener el recaudo efectivo de las sumas que ya había pagado el municipio ejecutado al punto de promover el proceso ejecutivo e incluso impulsar recurso de apelación interpuesto contra el auto del 26 de mayo de 2011.

El proveído impugnado, en su numeral cuarto, también ordenó a la empresa Apsyde O.P. reintegrar la suma correspondiente al excedente de la cifra que el municipio de San Antero le pagó de conformidad con la liquidación efectuada por el Tribunal Administrativo de Córdoba; sobre este punto, la Sala destaca en relación con el principio de congruencia de las decisiones judiciales y de la competencia:

“El campo de la controversia jurídica y de la decisión del juez, encuentra su límite en las pretensiones y hechos aducidos en la demanda y en los exceptivos alegados por el demandado; por tanto no le es dable ni al juez ni a las partes modificar la causa petendi a través del señalamiento extemporáneo de nuevos hechos, o a través de una sutil modificación de las pretensiones en una oportunidad diferente a la legalmente prevista para la modificación, adición o corrección de la demanda, respectivamente, so pena de incurrir en la violación al principio de congruencia. (...).

“Sobre los anteriores lineamientos se asienta el principio procesal de “la congruencia de las sentencias”, reglado por el código de procedimiento, el cual atañe con la consonancia que debe existir entre la sentencia y los hechos y pretensiones aducidos en la demanda (art. 305), que garantiza el derecho constitucional de defensa del demandado, quien debe conocer el terreno claro de las imputaciones que se le formulan en contra. el juez, salvo los casos de habilitación ex lege, en virtud de los cuales se le faculta para adoptar determinadas decisiones de manera oficiosa, no puede modificar o alterar los hechos ni las pretensiones oportunamente formulados, so pena de generar una decisión incongruente”(37).

En ese sentido, se tiene que la determinación que adoptó el tribunal a quo implicaría la modificación de la causa pretendi puesto que la acción ejecutiva fue interpuesta por la empresa Apsyde O.P., con el fin de que se librara mandamiento de pago a su favor, por una suma de dinero que el municipio de San Antero no le había cumplido, a lo cual se agrega que la entidad ejecutada en ninguna de las fases del proceso solicitó que se efectuara el reembolso de la cifra que pagó de mas a la referida empresa por lo que tomar la determinación de ordenar el reembolso de esa suma significa decidir por fuera de la competencia del juez, lo cual llevaría a que la decisión fuese incongruente; no obstante lo anterior, a partir de la liquidación del crédito y del análisis de los pagos efectuados, la Sala sí está facultada para instar al municipio ejecutado para que adelante todas las actuaciones correspondientes con el fin de conseguir el reintegro de lo pagado de más comoquiera que resulta en extremo llamativo y preocupante el pago excesivo con cargo a dineros públicos.

A su vez, el Tribunal Administrativo de Córdoba impuso la obligación a la entidad ejecutante de realizar el pago del 1% del valor total de la obligación en cabeza del municipio de San Antero por concepto del arancel judicial de que trata la Ley 1394 de 2010, por lo cual, en cumplimiento del artículo 9º de dicha ley, debía retirar el formato Constitución y autorización traslado automático – depósito judicial arancel judicial (DJ07) para que a los 5 días siguientes constituya el título de depósito judicial en el Banco Agrario de Colombia.

Sobre este aspecto se tiene que los artículos 1º, 3º y 5º de la Ley 1394 de 2010(38) a través de los cuales se regula el arancel judicial, fueron objeto de examen por parte de la Corte Constitucional según lo refleja la Providencia C - 368 del 1º de mayo de 2011, en la cual se señaló lo siguiente:

“Como ha quedado señalado, la demanda bajo estudio la dirigen los actores contra (i) el primer inciso del artículo 1º de la Ley 1394 de 2010, que define el arancel judicial como una contribución parafiscal destinada a sufragar gastos de funcionamiento e inversión de la administración de justicia; contra (ii) el primer inciso del artículo 3º, que precisa que el arancel judicial se genera en todos los procesos ejecutivos civiles, comerciales y contencioso administrativos, cuando el monto de las pretensiones sea igual o superior a los 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes; y contra (iii) el aparte del artículo 5º, que prevé que el arancel judicial está a cargo del demandante inicial o del demandante en reconvención beneficiado con las condenas o pagos.

(...).

7.5. Examinado el arancel regulado en la Ley 1394 de 2010, advierte la Corte que, en cuanto hace a su naturaleza jurídica, este presenta las mismas características del que fue objeto de estudio por la Corporación en la citada Sentencia C-713 de 2008. En efecto, se trata de un gravamen que (i) se causa solo por la obtención de una condena favorable al demandante (arts. 6º y 8º); (ii) aplica únicamente en los procesos ejecutivos civiles, comerciales y contencioso administrativos, cuando el monto de las pretensiones se haya estimado en una cifra igual o superior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales (art. 3º); (iii) los recursos se destinarán a sufragar gastos de funcionamiento e inversión de la administración de justicia (arts. 1º y 12º); (iv) y tales recursos son administrados por el Fondo para la Modernización, Fortalecimiento y Bienestar de la Administración de Justicia (arts. 1º).

(...).

Al respecto, basta con reiterar lo dicho por la Corte en la Sentencia C-713 de 2008, en el sentido de sostener que la existencia de aranceles judiciales no viola la Constitución, por inscribirse dicho gravamen dentro del margen de excepciones a la aplicación del principio de gratuidad en la justicia.

7.8. Tal y como lo precisó esta corporación, aun cuando el principio de gratuidad tiene un claro fundamento constitucional, el mismo no es absoluto, pudiendo ser objeto de limitaciones en su aplicación. Sobre esa base, el legislador, dentro del amplio margen de configuración política en materia tributaria (C.P. arts. 150-11-12 y 338), se encuentra facultado para imponer válidamente restricciones al principio de gratuidad de la justicia, en este caso, por vía de la implementación del arancel judicial, siempre que en su reglamentación no se viole la Constitución.

7.9. Tratándose del arancel judicial objeto de cuestionamiento, las características particulares atribuidas por el legislador, descartan también cualquier posible violación a los citados principios. Ello es así, si se considera que el aludido gravamen persigue un fin constitucionalmente legítimo, como es el de contribuir a mejorar el funcionamiento del aparato judicial (art. 1º), el cual viene padeciendo problemas crónicos que han aumentado significativamente el atraso y la congestión en el sistema de justicia, y para cuya solución es necesaria la consecución de recursos financieros que superan los que el Estado está en capacidad de asignar a la rama judicial, dada la escasez de los ingresos públicos y la necesidad de invertir en otras áreas igualmente importantes.

7.10. A su vez, el arancel judicial presenta un margen de aplicación bastante reducido, pues solo se causa sobre los procesos ejecutivos civiles, comerciales y contencioso administrativos, cuando el monto de las pretensiones se haya estimado en una cifra igual o superior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales (art. 3º), quedando expresamente excluidos del pago los demás procesos ejecutivos que no alcanzan el monto referido y todos los procesos penales, laborales, contencioso laborales, de familia, de menores, declarativos y los conflictos de la seguridad social, así como también los juicios de control constitucional o derivados del ejercicio de la tutela y demás acciones constitucionales (art. 4º).

7.11. De acuerdo con la fórmula de aplicación y exclusión escogida por el legislador, es claro que el arancel judicial está diseñado para afectar solo a quien sí cuenta con recursos suficientes para acceder a la administración de justicia, pues resulta válido presumir que la persona que presenta acreencias a su favor, por una cifra equivalente o mayor a los 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes (aproximadamente $ 103'000.000), está en capacidad real de contribuir con el aparato judicial en aras de su fortalecimiento. Máxime, si el pago de la contribución se ajusta a una tarifa del 2% o del 1%, según las circunstancias, que en todo caso no resulta desproporcionadamente gravosa frente a demandantes de procesos ejecutivos que llevan a cabo reclamaciones superiores a los 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

(...).

7.13. No obstante lo anterior, cabe también resaltar que, en estricto sentido, el arancel judicial no viola el derecho de acceso a la administración de justicia, pues, de acuerdo con su reglamentación, el particular no sufre ninguna restricción en el ejercicio del derecho de acción, como tampoco en el desarrollo de la actuación procesal y en la definición de la controversia jurídica. (...).

7.14. Desde el punto de vista de las reglas propias del sistema tributario, tampoco advierte la Corte que, a luz de los cargos formulados, la reglamentación del arancel judicial viole la Constitución. Conforme con el contenido de la ley demandada, de manera general, el arancel judicial se ajusta al principio de legalidad del tributo, pues el mismo fue concebido y reglamentado directamente por el Congreso de la República, quien lo definió como una contribución parafiscal y le fijó, de manera clara e inequívoca, todos los elementos del tributo, esto es, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas aplicables para su liquidación y pago.

En efecto, según quedó explicado en el acápite anterior, (i) el sujeto activo del tributo es el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (art. 2º); (ii) el hecho generador son todos los procesos ejecutivos civiles, comerciales y contencioso administrativos, cuando el monto de las pretensiones se haya estimado en una cifra igual o superior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales, aplicándose también en los siguientes casos: (a) cuando el proceso ejecutivo termine de manera anticipada por acuerdo entre las partes (transacción o conciliación), (b) por el cumplimiento de una condena impuesta en laudo arbitral en caso de reconocimiento o refrendación, y (c) por el cumplimiento de obligaciones reclamadas en un proceso ejecutivo de cualquier naturaleza (art. 3º); (iii) el sujeto pasivo, o quien tiene a su cargo el pago del arancel, es la parte demandante del proceso que haya sido beneficiada con las condenas o pagos, ya sea el inicial o el que decida reconvenir, o sus causahabientes a título universal (art. 5º); (iv) en cuanto a la base gravable, esta se calcula sobre: (a) el valor de las condenas por suma de dinero efectivamente recaudadas por el demandante, (b) el valor de las condenas por obligaciones de dar y de hacer, del total a pagar como resultado de la liquidación elaborada por el juzgado y (c) el valor de los pagos, o de la estimación de los bienes o prestaciones que se hayan determinado por las partes en el acuerdo de transacción o conciliación judicial que ponga fin al proceso ejecutivo (art. 6º); y finalmente (v) se establece una tarifa del dos por ciento (2%) de la base gravable, salvo en los casos de (i) terminación anticipada de procesos ejecutivos y de (ii) reconocimiento o refrendación del laudo arbitral ante funcionario judicial, donde la tarifa será del uno por ciento (1%) de la base gravable (art. 7º).

7.15. La circunstancia de que el pago del arancel judicial recaiga en el demandante y no en el demandado, no contraría los principios de equidad y progresividad tributaria. Según quedo explicado, los citados principios comportan un claro desarrollo de la igualdad en materia tributaria, de manera que su objetivo se centra en lograr que el sistema tributario sea justo, lo que a su vez se materializa en la exigencia al legislador para que pondere la distribución de las cargas y de los beneficios o la imposición de gravámenes entre los contribuyentes, evitando que haya cargas excesivas o beneficios exagerado. Siendo ello así, la decisión adoptada en la ley, en el sentido de atribuirle al demandante la condición de sujeto pasivo del tributo, busca, por el contrario, desarrollar los citados principios, particularmente, si se tiene en cuenta que el demandado vencido en el proceso, es quien debe asumir el pago de las costas judiciales, de modo que imponerle además el pago de un arancel Judicial, implicaría gravarlo doblemente, lo que le generaría una carga económica excesiva, afectándose injustamente su capacidad contributiva.

(...) En el caso de las contribuciones, estas surgen de la realización de actividades estatales de interés colectivo, en donde necesariamente debe existir un beneficio para un individuo o grupos de individuos, siendo tal circunstancia la que determina que el gravamen deba recaer en quienes directamente obtienen provecho de la actividad estatal.

Esto es lo que precisamente ocurre en el caso del arancel judicial, pues, bajo su forma de contribución parafiscal, el pago del mismo recae en quien accede al servicio público de justicia y resulta beneficiado con la condena ordenada en la sentencia —el demandante—.

7.17. Consecuentemente, el hecho de que la ley le haya atribuido al demandante la condición de sujeto pasivo del arancel judicial, resulta además acorde con el concepto que identifica dicho instituto, pues, como ya se había mencionado, cuando se habla de arancel judicial —bajo la forma de una tasa o de una contribución— se hace referencia a las tarifas oficiales que determinan los derechos que se han de pagar por el hecho de adelantar o promover un procedimiento ante la justicia, actividad esta que lleva a cabo la parte demandante del proceso, o la que actúa en reconvención.

7.18. Cabe aclarar, igualmente, que la configuración del arancel judicial respeta también el principio de eficiencia tributaria, pues al definir el hecho generador, el legislador sí tuvo en cuenta, tanto las diferencias existentes en la sociedad al momento de imponer el gravamen, como la capacidad contributiva del sujeto pasivo, respetándose las diferencias entre los aportantes de mayor y menor capacidad contributiva. Al respecto, se reitera que el arancel judicial solo se causa sobre los procesos ejecutivos civiles, comerciales y contenciosos administrativos, cuando el monto de las pretensiones se haya estimado en una cifra igual o superior a los doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales, excluyendo expresamente, no solo los demás proceso judiciales, sino también a las personas que desde el punto de vista económico hacen parte de los sectores más débiles de la sociedad. Dentro de dicha fórmula, el referido gravamen fue concebido para afectar solo a quien cuenta con recursos suficientes para acceder a la administración de justicia, pues resulta válido presumir que la persona que presenta acreencias a su favor, por una cifra equivalente o mayor a los 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, está en capacidad real de contribuir con el aparato judicial en un porcentaje razonable de lo recibido por la condena que nunca supera el 2% de la misma.

7.19. Desde ese punto de vista, también el arancel judicial se ajusta al principio de igualdad material, toda vez que la carga impositiva que se deriva del mismo se dirige a un grupo de personas que se encuentra en una misma situación de hecho y de derecho —las que presenten acreencias por una cifra equivalente o mayor a los 200 SMLMV—, y a quienes aplican las mismas reglas para efectos de su cobro, como es el hecho de que se haya producido una condena impuesta por el juez en la sentencia, que la misma resulte favorable al demandante, que se encuentre debidamente ejecutoriada y que haya sido satisfecho el interés de pago. Adicionalmente, la igualdad y proporcionalidad también se manifiestan en el hecho de que, entre los destinatarios del tributo que superan la base mínima para su causación, quienes más reciben están llamados a pagar un mayor valor. Así, por ejemplo, el demandante que es beneficiario de una condena equivalente a 500 SMLMV, pagará una contribución mayor frente al demandante que recibe una condena equivalente a 200 SMLMV”.

De conformidad con lo expuesto, se tiene que si bien a la luz de las disposiciones constitucionales vigentes resultaría procedente la imposición del arancel judicial amparado en la Ley 1394 de 2010, la Sala negará el reconocimiento de este para el presente asunto.

En efecto, según el artículo 3º(39) de la precitada ley consagra el hecho generador del arancel judicial cuya configuración supone unos requisitos que deben cumplirse en el proceso para que dicho arancel pueda ser impuesto al demandante, tal y como lo dispone el artículo 5º de la Ley 1395 de 2010, expuesto previamente en esta providencia.

En ese sentido, se tiene que el primero de los requisitos consagrados en el artículo 3º, supone que i) se trate de un proceso ejecutivo, el cual, para el sub exámine, se cumple toda vez que la parte actora presentó demanda ejecutiva contra el municipio de San Antero y como título ejecutivo allegó el acta de liquidación del contrato de consultoría, asesoría, representación y gestión celebrado el 10 de enero de 2001, frente a la cual esta Corporación, mediante proveído del 22 de mayo de 2008, libró mandamiento de pago por la suma de 2.780’746.238. Por su parte, la precitada legal también exige que ii) se debe tratar de procesos cuyas pretensiones sean superiores a los 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes, requisito que igualmente se acreditó de manera suficiente puesto que en el escrito de la demanda se solicitó el reconocimiento de la suma de $ 2.580’746.238 a favor de la empresa Apsyde O.P., cifra que resulta superior al tope mínimo impuesto por la norma comoquiera que la demanda se radicó el 27 de abril de 2006 y para ese año el salario mínimo mensual legal vigente se determinó la suma de $ 408.000, en consecuencia, 200 SMMLV equivalían a $ 81’600.000.

No obstante lo anterior, el asunto objeto de estudio no encaja en una sola de las tres últimas hipótesis amparadas y exigidas por el referido precepto legal puesto que no se trata de una transacción o conciliación que de lugar a la terminación anticipada del proceso ejecutivo proceso ejecutivo; el asunto tampoco se refiere a una condena impuesta en un laudo arbitral y, si bien podría pensarse en un principio que encuadra en el numeral c del artículo 3º de la Ley 1394 de 2010, lo cierto es que dicha opción prevé la causación del arancel judicial cuando se obtiene una suma de dinero con ocasión del proceso ejecutivo adelantado; ahora bien, tal y como se expuso previamente, en el presente caso objeto de estudio, el pago que efectuó el municipio de San Antero a favor de la empresa ejecutante se cumplió por fuera del proceso, sin perjuicio de que este fuese siguiendo su curso y, finalmente, se determinó y se acreditó a partir de la liquidación del crédito y de las pruebas allegadas por las partes con el fin de probar el pago de la obligación a favor de la entidad ejecutante Apsyde O.P., con la indicación de que incluso recibió una suma muy superior a la que se le debía, resultando ahora con una suma de dinero en su contra y no con título judicial alguno que le permita cobrar algún monto por el proceso adelantado por la ejecutante, tal y como lo supone dicha hipótesis legal.

En consecuencia, se revocarán los numerales sexto y octavo de la providencia recurrida comoquiera que el presente proceso no cumple con los requisitos previstos y exigidos por la Ley 1394 de 2010 para que se decrete el arancel judicial de que trata.

Por último, se tiene que el apoderado de la entidad ejecutante, a través del escrito de impugnación, manifestó que las partes habían pactado como gastos procesales en el acuerdo de pago celebrado entre estas “el 14% del valor total de las pretensiones, lo cual quedó consignado en el acuerdo respectivo y es perfectamente legal” y que, en consecuencia, la Sala debía reconocerle el equivalente a dicho apoderado judicial.

Sobre el particular cabe destacar que las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso, que el juez reconoce de manera razonable y razonada a favor de la parte vencedora atendiendo a los criterios sentados en el numeral 3º del artículo 393 del Código de Procedimiento Civil(40), y que no necesariamente deben corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado(41); es por ello que las partes no tienen la facultad de pactarlas, tal y como lo dispone el numeral 10 de la norma citada mediante la cual se establece que se tendrán por no escritas las estipulaciones en materia de costas.

3. Costas.

En cuanto a las costas del proceso la Sala evidencia que hay lugar a que se condene al recurrente al pago de las mismas, tomando en cuenta que aún cuando este tenía conocimiento de que ya se le había pagado la suma adeudada por el municipio de San Antero, decidió impugnar el auto mediante el cual se declaró la terminación del proceso con el fin de que se le pagara otra cifra de dinero adicional, actitud que atenta contra la eficiencia de la administración de justicia, sin que tampoco se deje de lado el posible abuso del derecho por parte de la entidad ejecutante, lo cual debe ser reprochado por esta jurisdicción.

Lo anterior por cuanto el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, establece que, dependiendo de la conducta asumida por las partes en el proceso, se podrá condenar en costas al vencido en el mismo. Así pues, la Sala condenará a la entidad ejecutante al pago de las costas causadas.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

RESUELVE:

1. CONFÍRMANSE los numerales 2º 3º y 7º del proveído proferido el 26 de mayo de 2011 por el Tribunal Administrativo de Córdoba.

2. MODIFÍCASE el numeral 1º del proveído del 26 de mayo de 2011 del Tribunal Administrativo de Córdoba y, en su lugar, se dispone:

1) MODIFICAR la liquidación del crédito presentada por la parte ejecutada, la cual quedará así: capital actualizado: -$4.966’564.461,12; intereses moratorios corresponden a cero (0) de conformidad con lo expuesto en la presente providencia

3. REVÓCANSE los numerales 6º y 8º del proveído proferido el 26 de mayo de 2011 por el Tribunal Administrativo de Córdoba

4. CONDÉNASE en costas a la parte recurrente de conformidad con lo expuesto en esta providencia.

5. En firme esta decisión, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal a quo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Auto de junio 26 de 2007, Exp. PI 1308. Entre muchos otros pronunciamientos.

(3) En estricto sentido, la nulidad procesal es una enfermedad propia y exclusiva de los actos del juez. Cuando las partes ejecutan actos procesales sin las formalidades de tiempo, modo o lugar que la ley prescribe, sus efectos jurídicos quedan total o parcialmente eliminados, según la gravedad y clase del defecto, pero entonces técnicamente estaremos en presencia de un caso de ineficacia, de inocuidad o de inexistencia procesal del acto, pero no de nulidad.” Devis Echandía, Hernando “Teoría General del Proceso”, Ed. Universidad, Buenos Aires, Pág. 532.

(4) Magistrado Ponente: Dr. Jorge Arango Mejía; actor: Jorge Luis Pabón Apicella; Exp. D-1530.

(5) Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-040 de 1997. Magistrado Ponente, doctor Antonio Barrera Carbonell.

(6) Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-655 de 1997. Magistrado Ponente, doctor Carlos Gaviria Díaz.

(7) Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-390 de 2000. Magistrado Ponente, doctor Alejandro Martínez Caballero.

(8) Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-111 de 2000. Magistrado Ponente, doctor Álvaro Tafur Galvis.

(9) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de febrero 23 de 2.000, Expediente 16.394. Magistrado Ponente, doctor Germán Rodríguez Villamizar.

(10) Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-319 de 1997. Magistrado Ponente, doctor Alejandro Martínez Caballero.

(11) Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-337 de 1993. Magistrado Ponente, doctor Vladimiro Naranjo Mesa.

(12) Artículo 132. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:(...) 7. De los procesos ejecutivos derivados de condenas impuestas por la jurisdicción Contencioso Administrativa, cuando la cuantía exceda de mil quinientos salarios mínimos legales mensuales.

(13) La presentación de la demanda se efectuó el 27 de abril de 2006, cuando el salario mínimo mensual legal vigente correspondía a la cantidad de $ 408.000 y, por tanto, ese valor multiplicado por 500 arroja el resultado de $ 204’000.000.

(14) El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: (...) 5. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, os i en estos casos se reanuda antes de la oportunidad debida.

(15) “Cesión de derecho litigioso es el acto jurídico en virtud del cual una persona transfiere a otra, a título oneroso o gratuito, los derechos personales o reales que se controvierten en juicio. Esta cesión se hace efectiva por medio de la entrega del título que contenga la cesión. Este título consiste en un documento privado, aun en el caso en que la controversia trate sobre inmuebles”. Bonivento Fernández, José Alejandro “Los principales contratos civiles y su paralelo con los comerciales”, Ed. Librería del Profesional, Edición Nº 13, Tomo I, Pág. 328 y 329.

(16) “¿Tiene el demandado derechos litigiosos susceptibles de ser cedidos por él? En torno a esta cuestión la doctrina se ha orientado hacia la tesis negativa (Alessandri y Somarriva, curso de derecho civil, t. IV, pág. 442). Tratándose de procesos en que se discute sobre pretensiones de derecho personal, no parece que pueda hablarse de derechos litigiosos del deudor demandado que, en caso de ser absuelto, pudieran traducirse en un bien patrimonial positivo y concreto, pues él apenas quedará liberado de un eventual pasivo patrimonial. Las condenas en perjuicios y costas con que pueda ser beneficiado a raíz de la absolución, son simples secuelas del proceso que surgen como derechos de crédito comunes, y no pueden por lo mismo considerarse como derechos litigiosos en el sentido en que estos son definidos por el artículo 1.969. 22 “Cuando los artículos 1.971 y 1.972 del Código se refieren al ““deudor”“, como beneficiario del derecho de retracto que según la primera de esas disposiciones nace de la cesión de derechos litigiosos, están suponiendo obviamente que quien ha hecho la cesión es el acreedor y demandante, para quien triunfar en el litigio sí va a representar la certidumbre de ser titular de un crédito contra el demandado deudor. De ello puede deducirse, entonces, que en punto a procesos relativos a pretensiones de derecho personal, solo puede hablarse de derechos litigiosos con respecto al acreedor demandante, no con respecto al deudor demandado; y que es en cabeza del acreedor demandante que la ley supone existentes tales derechos litigiosos”. Gómez Estrada, Cesar. De Los Principales Contratos Civiles, Ed. Temis, 3º Ed., págs. 171.

(17) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, M.P. Silvio Fernando Trejos Bueno. Sentencia del 23 de octubre de 2003, Ref. 7467.

(18) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, M.P. Manuel Barrera Parra Silvio. Sentencia del 3 de noviembre de 1954.

(19) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 7 de febrero del 2007, Exp. 22.043, M.P. Dr. Alier Hernández Enríquez.

(20) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 10 de marzo de 2005. Exp. 16.346 y del 3 de mayo del 2007, Exp. 16.180, ambas con ponencia del Consejero, doctor Ramiro Saavedra Becerra.

(21) Lopez Blanco Hernán Fabio, Procedimiento Civil Parte General, t. I, 8ª Ed., Bogotá, Edt. Dupre Editores, 2002, pág. 359.

(22) Ibídem.

(23) Azula Camacho, Manual de Derecho Procesal, Teoría General del Proceso, Tomo I, 8ª Edición, Edt. Temis, Bogotá, 2002, pág. 416.

(24) Francisco Ramos Mendez, La Sucesión Procesal, Barcelona, Biblioteca Hispano Europea de Ciencias Sociales, 1974, pág. 2.

(25) Sobre la necesidad de aceptación expresa de la parte contraria para que opere la sustitución procesal, en razón de la cesión de derechos litigiosos, la doctrina nacional, ha puntualizado: “Para que pueda desaparecer el cedente del crédito que se litiga o del derecho litigioso, se requiere que la contraparte lo acepte, pues a ella no le es indiferente la persona de su adversario, porque si el cesionario es insolvente aquella se perjudicará en caso de obtener éxito en el proceso, para efectos del pago de costas y perjuicios (art. 60). Así se tutela al demandante contra el peligro de ver agravada o complicada su posición procesal como consecuencia de la cesión”. Morales M. Hernando. Curso de derecho procesal civil. Editorial ABC, pág. 247.

(26) Gómez Estrada, César. De Los Principales Contratos Civiles, Ed. Temis, 3º Ed. 1996. Pág.174.

(27) Corte Constitucional, Sentencia C-1045 del 10 de agosto de 2000. M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(28) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo del 2007, Exp. 30.306, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(29) La doctrina ha precisado que solo es susceptible de ceder la parte activa de dichos derechos personales. En ese sentido se señaló lo siguiente: “Ante todo, cuando se habla de cesión de créditos se hace referencia exclusivamente al aspecto activo de los derechos personales, esto es, al poder jurídico que ellos le proporcionan al acreedor”. Gómez Estrada. Cesar. De los principales contratos civiles. Pama Editores, Librería Temis Ltda. pág. 167.

(30) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de enero de 2003, Exp. 23.142, M.P. Dra. María Elena Giraldo Gómez

(31) Artículo 1960. La cesión no produce efectos contra el deudor ni contra terceros, mientras no ha sido notificada por el cesionario al deudor o aceptada por este.

(32) Gómez Estrada. Cesar. De los principales contratos civiles. Pama Editores, Librería TEMIS Ltda. pág. 174

(33) El Código Civil establece sobre el particular:

“ART. 1628. —En los pagos periódicos la carta de pago de tres períodos determinados y consecutivos hará presumir los pagos de los anteriores períodos, siempre que hayan debido efectuarse entre los mismos acreedor y deudor”.

“ART. 1653. —Si se deben capital e intereses, el pago se imputará primeramente a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que se impute al capital.

Si el acreedor otorga carta de pago del capital sin mencionar los intereses, se presumen estos pagados”.

(34) El Código de Comercio establece en el artículo 877 que “el deudor que pague tendrá derecho a exigir un recibo y no estará obligado a contentarse con la simple devolución del título; sin embargo, la posesión de este hará presumir el pago”.

(35) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 20 de septiembre de 2007. Exp: 2500023260001998245801 (20.828)

(36) Artículo 1653. Si se deben capital e intereses, el capital se imputará primeramente a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que se impute al capital. Si el acreedor otorga carta de pago del capital sin mencionar los intereses, se presumen estos pagados.

(37) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 31 de marzo de 2011. Exp 16.246. M.P.: Dr. Hernán Andrade Rincón

(38) Artículo 1. Naturaleza Jurídica. El Arancel Judicial es una contribución parafiscal destinada a sufragar gastos de funcionamiento e inversión de la administración de justicia. Los recursos recaudados con ocasión del Arancel Judicial serán administrados por el Fondo para la Modernización, Fortalecimiento y Bienestar de la Administración de Justicia. Par.—La partida presupuestal que anualmente asigna el Gobierno Nacional para la justicia no podrá ser objeto, en ningún caso, de recorte presupuestal, so pretexto de la existencia de los recursos recaudados por concepto de arancel.

ART. 5º—Sujeto Pasivo. El Arancel Judicial está a cargo del demandante inicial o del demandante en reconvención beneficiado con las condenas o pagos, o sus causahabientes a título universal o singular.

El artículo 3º será transcrito posteriormente.

(39) ART. 3.—Hecho Generador. El Arancel Judicial se genera en todos los procesos ejecutivos civiles, comerciales y contencioso administrativos cuando el monto de las pretensiones se haya estimado en una cifra igual o superior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales y en los siguientes casos:

a) Por el cumplimiento de lo acordado por las partes en una transacción o conciliación que termine de manera anticipada un proceso ejecutivo.

b) Por el cumplimiento de una condena impuesta en un laudo arbitral en caso de reconocimiento o refrendación.

c) Por el cumplimiento de obligaciones reclamadas en un proceso ejecutivo de cualquier naturaleza.

PAR.—El monto de las pretensiones se calculará de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil. El valor del salario mínimo legal será el vigente para el momento de la presentación de la demanda.

(40) “Código de Procedimiento Civil Artículo 393. (...).

3. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá además en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.

Solo podrá reclamarse la fijación de agencias en derecho mediante objeción a la liquidación de costas”.

(41) Corte Constitucional. Sentencia C- 539 de 1999, M.P Eduardo Cifuentes Muñoz.