Sentencia 2006-00203/37628 de julio 8 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA TERCERA

Exp.: 37628

Rad.: 170012331000200600203 01

Actor: Cándida Rosa Llano de Cardona y otros

Demandados: Nación - Rama judicial

Naturaleza: Reparación directa

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz Del Castillo

Bogotá D.C., ocho de julio de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Presupuestos procesales de la acción.

1.1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por el extremo activo de la litis, en proceso de doble instancia, fallado por el Tribunal Administrativo de Caldas, tal como lo dispone el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, habida cuenta de la naturaleza del asunto, actividad que debe ser juzgada bajo los parámetros establecidos en el artículo 90 de la Constitución Política y la Ley 270 de 1996 —estatutaria de la administración de justicia—, tal como lo definió la jurisprudencia de esta corporación.

En efecto, sobre el particular la Sala plena de lo contencioso administrativo, desde el 9 de septiembre de 2008, tiene sentado que, en aplicación de los artículos 73 de la Ley 270 de 1996 y 31 constitucional, la primera instancia de los procesos de reparación directa fundamentados en error judicial, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, iniciados en vigencia de dicha ley, se tramitan en primera instancia ante los tribunales contencioso administrativos y en segunda instancia ante esta corporación.

1.2. Caducidad.

De conformidad con lo previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir “del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

En el presente caso la pretensión resarcitoria tiene que ver con la presunta vía de hecho constitutiva de error judicial que comporta la sentencia proferida el 31 de mayo de 2005. En la jurisprudencia de esta corporación es pacífica la premisa según la cual el término bienal de caducidad de la acción de reparación directa, previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, debe computarse desde el día siguiente a la ejecutoria de la providencia contentiva del error judicial. Para el caso concreto, el edicto que notificó el fallo mencionado se desfijó el 12 de julio de 2005 y como quiera que esta corporación, mediante Auto del 24 de julio de 2003 (fls. 92-96, c. 4), estimó bien denegado el recurso de apelación interpuesto contra la providencia que abrió a pruebas el proceso en que la sentencia cuestionada se profirió, por considerar que el asunto era de única instancia, se tiene que la decisión referida quedó ejecutoriada el 12 de julio de 2005, por lo que la demanda podía ser presentada hasta el 13 de julio de 2007, y lo fue el día 7 de febrero de 2006, de donde puede concluirse que lo fue dentro del término legalmente establecido para ello (CCA, art. 136).

2. Cuestión previa.

Dado que en el expediente obran testimonios rendidos dentro de la investigación penal adelantada por los hechos por los que se demanda, la Sala pone de presente el estado de la jurisprudencia de su valor probatorio. Sostuvo la Sala plena de la sección en pronunciamiento de unificación(3):

12.2.13. No obstante, la Sala considera que la presentación del mencionado escrito autenticado —o la manifestación verbal en audiencia de la intención de no ratificar los testimonios extraproceso—, no son las únicas vías a través de las cuales las partes pueden exteriorizar inequívocamente que concuerdan en prescindir de la repetición del interrogatorio, pues es claro que dicha intención también podría mostrarse, por ejemplo, con su manifestación en los memoriales que, sin necesidad de presentación personal, los intervinientes procesales radican ante los despachos judiciales en las diversas etapas del proceso, tales como los alegatos, los recursos, los incidentes y las peticiones, entre otras.

12.2.14. En el anterior orden de cosas, es perfectamente posible que, en ciertos casos, no se cumpla con la formalidad establecida para la ratificación y que, aun así, no se incurra en violación del derecho de defensa, porque las partes dieron a entender, por una vía distinta a la suscripción de un memorial autenticado o a la manifestación verbal en audiencia, que aceptaban sin reparos la anexión del testimonio al expediente, eventualidad ésta que en modo alguno puede considerarse como violatoria del debido proceso pues, a pesar de la supresión de la formalidad, se cumplió con la finalidad buscada por la norma procesal, que era que las partes manifestaran inequívocamente su intención de prescindir de un nuevo interrogatorio.

12.2.15. Es la lógica que subyace a los casos (ii) y (iii) ya analizados —ver supra párrafos 12.2.5.2 y 12.2.5.3— en los que ambas partes piden el traslado del testimonio en los escritos de demanda y contestación de la misma, y en ellos no se solicita la ratificación, o la demandada manifiesta su acuerdo con las pruebas pedidas por la demandante, eventos en los cuales puede entenderse que ambas partes convinieron que las actas de los testimonios trasladados reposaran en el expediente, sin necesidad de que los testigos respondieran nuevamente al interrogatorio. Lo mismo sucede cuando sólo una de las partes solicita que se traslade el testimonio y, allegado éste al proceso sin haberse ratificado, la parte contra la que se aduce lo utiliza para probar los hechos que son de su interés, evento en el cual también puede afirmarse que ambas partes quisieron prescindir del requisito de ratificación.

12.2.16. La Sala reitera que, en los casos antes referidos, le es dable al juez otorgar un significado al comportamiento procesal y positivo de las partes, el cual puede implicar de manera inequívoca que éstas consienten en que se aprecie, sin necesidad de ratificación, determinado testimonio practicado en otro proceso, pues lo cierto es que con ello se cumplió la finalidad sustancial perseguida por la formalidad adjetiva.

12.2.17. En síntesis, para la Sala es viable apreciar una declaración rendida por fuera del proceso contencioso administrativo, sin audiencia de la parte demandada o sin su citación, cuando se cumpla con el trámite de ratificación, o cuando por acuerdo común entre las partes —avalado por el juez— se quiso prescindir del aludido trámite. Esto último puede manifestarse como lo dispone el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil —verbalmente en audiencia o presentando un escrito autenticado en el que ambas partes manifiesten expresamente que quieren prescindir de la ratificación—, o extraerse del comportamiento positivo de las partes, cuando los mismos indiquen de manera inequívoca que el querer de éstas era prescindir de la repetición del interrogatorio respecto de los testimonios trasladados, lo que ocurre cuando ambos extremos del litigio solicitan que el testimonio sea valorado, cuando la demandada está de acuerdo con la petición así hecha por la demandante, o cuando una parte lo solicita y la otra utiliza los medios de prueba en cuestión para sustentar sus alegaciones dentro del proceso.

12.2.18. Ahora bien, en los casos en donde las partes guardan silencio frente a la validez y admisibilidad de dichos medios de convicción trasladados, y además se trata de un proceso que se sigue en contra de una entidad del orden nacional, en el que se pretenden hacer valer los testimonios que, con el pleno cumplimiento de las formalidades del debido proceso, han sido recaudados en otro trámite por otra entidad del mismo orden, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de afirmar que la persona jurídica demandada —la Nación— es la misma que recaudó las pruebas en una sede procesal diferente, lo que implica que, por tratarse de testimonios recopilados con la audiencia de la parte contra la que se pretenden hacer valer en el proceso posterior, son plenamente admisibles y susceptibles de valoración, según la interpretación más estricta que pueda hacerse de las formalidades establecidas en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, según las cuales la ratificación de las declaraciones juramentadas trasladadas sólo es necesaria “…cuando se hayan rendido en otro [proceso], sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior…”.

En consecuencia y comoquiera que las referidas declaraciones fueron recaudadas por la Nación, a través de la Fiscalía General, al tiempo que en la demanda se solicita que se declare responsable a la Nación, a través de la rama judicial, se presenta el supuesto previsto en la decisión de unificación, esto es, la identidad entre la persona jurídica que recaudó la prueba y frente a quien se pretende hacer valer.

3. Hechos probados.

3.1. Los señores Cándida Rosa Llano de Cardona, Diego, Emiliano, Fabio, Wilmar, Julio César, Beatriz Elena, Martha Cecilia y Hernando Cardona Llano presentaron demanda de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y el municipio de Chinchiná (Caldas), con el fin de que se les declarara patrimonial y extracontractualmente responsables de la muerte del señor Jorge Delio Cardona Llano, ocurrida durante una manifestación popular; el proceso se radicó con el número 1999-0634. Con el mismo propósito, los señores Jesús Efraín y Omar Cardona Llano hicieron uso del mencionado medio de control judicial, actuación que se radicó con el número 2000-0692. Posteriormente, mediante Auto del 20 de septiembre de 2001, el Tribunal Administrativo de Caldas dispuso, por solicitud de la Nación, la acumulación de los procesos (copia de la demanda presentada por Cándida Rosa Llano de Cardona y otros - fls. 25-56, c. 7; copia de la adición de la anterior demanda - fls. 73-74, c. 7; copia de la demanda presentada por Jesús Efraín Cardona Llano - fls. 416-440, c. 7; copia de adición de la anterior demanda, en el sentido de adicionar como integrante de la parte actora al señor Omar Cardona Llano - fls. 446-448, c. 7; copia del proveído del 20 de septiembre de 2001 - fls. 491-492, c. 7).

En los escritos de demanda se solicitó, entre otros medios de prueba, que se allegaran copias de los expedientes penales y disciplinarios que se adelantaron con ocasión del deceso de su hijo y hermano, el señor Jorge Delio Cardona Llano. También, que se oficiara a RCN Televisión para que enviara con destino al proceso el video transmitido por el noticiero de ese canal, en el que se observa el momento de los hechos que dieron origen a aquella litis.

3.2. Mediante Auto del 14 de noviembre de 2000 (fls. 281-287, c. 7), el Tribunal Administrativo de Caldas abrió a pruebas el proceso radicado con el número 1999-0634. Providencia en la que se resolvió, entre otros asuntos, lo siguiente —se destaca—:

(…).

3. EXHÓRTESE a la fiscalía seccional de Chinchiná para que en un término de diez (10) días, envíen copias debidamente autenticadas de las piezas que se relacionan en el numeral 4.2.1. del capítulo de pruebas de la corrección del libelo demandatorio /fl. 63/. El expediente penal no se solicita por cuanto al tenor del artículo 185 del Código de Procedimiento Civil el traslado se realiza con respecto a pruebas válidamente practicadas. Una vez allegada esta prueba documental, el despacho resolverá sobre la ratificación de testimonios solicitada.

(…).

7. EXHÓRTESE a RCN Televisión en Bogotá y a Telecafé en Manizales para que en un término de diez (10) días envíen a costa de la parte actora, copia del video-casette que contiene la grabación emitida en sus respectivos noticieros, relacionada con los hechos ocurridos el 8 de junio de 1999 en el municipio de Chinchiná, en los cuales falleciera el señor Cardona Llano.

3.3. El 15 de octubre de 2004, la Sala de descongestión para los tribunales administrativos de Antioquia, Risaralda, Caldas y Chocó, dispuso el regreso del expediente al tribunal de origen por cuanto resultaba “indispensable que oficiosamente el magistrado ponente” ordenara “la ratificación de los testimonios que obran en el proceso penal, dada la importancia de estos para emitir un fallo de fondo” (copia de la providencia del 15 de octubre de 2004 - fl. 622, c. 7).

En virtud de lo anterior, el Tribunal Administrativo de Caldas profirió Auto del 17 de febrero de 2005 (fls. 624-625, c. 7), en el que resolvió:

El artículo 63 de la Ley 270 de 1996 establece que la Sala administrativa H. Consejo Superior de la Judicatura puede “…crear, con carácter transitorio cargos de jueces o magistrados sustanciadores o de fallo, de acuerdo con la ley de presupuesto”.

Así, mediante el Acuerdo 2472 de 2004, dictado en aplicación del precepto indicado, al igual que del Acuerdo 738 de 2000, la mencionada Sala estableció unas medidas de descongestión de tribunales Contencioso Administrativo, entre ellos el de Caldas, medida que fue prorrogada en virtud del Acuerdo 2711 también de 2004 (diciembre 6).

En sentir de esta corporación, al haber sido enviado el proceso referido al H. tribunal de descongestión con sede en Medellín, perdió competencia el tribunal de Caldas para disponer, por Sala de decisión, sobre la medida indicada por aquél, el que, además, ha debido, en caso de solo existir, se insiste, puntos oscuros o dudosos, dar aplicación al artículo 169 del Código Contencioso Administrativo.

En virtud de ello, y por incompetencia, se remitirá nuevamente el expediente al tribunal de descongestión para que provea lo que sea necesario.

El 9 de marzo siguiente, el apoderado de la parte actora presentó memorial (fls. 632-633, c. 7) ante la Sala de descongestión para los tribunales administrativos de Antioquia, Risaralda, Caldas y Chocó con el objeto de que esta dispusiera oficiosamente la ratificación de los testimonios. Como sustento de ello argumentó que “tales testimonios son necesarios para emitir un fallo de fondo, su omisión desembocaría en un fallo en el que no se atienda a la verdad real o peor aún, en una nulidad”.

3.4. El 31 de mayo siguiente, la Sala de descongestión profirió fallo de única instancia, dentro del proceso acumulado de reparación directa, en el sentido de negar las pretensiones incoadas (copia de la Sentencia de única instancia - fls. 7-39, c. 1). Previo análisis de las declaraciones rendidas por los agentes de Policía implicados en el caso, estimó que sus dichos eran coherentes entre sí y se correspondían con el acta de la audiencia pública realizada para visualizar el material fílmico allegado, así como con las actuaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación en la que se profirió medida de aseguramiento en contra del señor Pedro Luis Giraldo Giraldo, a quien se identificó como presunto autor del punible de homicidio del señor Cardona Llano, por lo que declaró probada la excepción del hecho de un tercero, alegada por la Nación. Se consideró en la providencia:

De las pruebas aportadas al proceso es posible deducir que en efecto se produjo la muerte del señor Jorge Delio Cardona Llano, el día 8 de junio de 1999 en el municipio de Chinchiná (Caldas) a manos de una persona armada al margen de la ley.

Quedó acreditado en el proceso que los agresores que terminaron con la vida del señor Jorge Delio Cardona Llano no fueron miembros de la Policía Nacional, no se encontraban en servicio, ni realizando actividad alguna que los relacionara con el mismo, no estaban uniformados, tampoco portaban armas de dotación oficial, por el contrario las fotografías muestran que los agresores eran particulares, sin estar determinado que miembros de la Policía estuvieran implicados en los hechos.

Quedó establecido que los agentes que custodiaban el palacio municipal, solamente portaban un bastón de mando, y eran atacados por los manifestantes, con toda clase de objetos, entre ellos piedras y palos, lo que indica que se hacía con el fin de presionar a los mismos para que se retiraran y dejaran despejada la entrada al edificio, pues lo que los manifestantes solicitaban era la presencia del alcalde.

(…).

Luego sale una persona de la multitud tirando un herido a los pies de los agentes, procediendo uno de ellos, el agente Ramírez, a levantar al herido y recostarlo contra la pared, mientras otro de los agentes solicita a través del radio una ambulancia para trasladarlo al hospital, momento en el cual aparece una persona, quien expresa que él lo llevaría al hospital.

Se afirma por la parte actora que los agentes no defendieron al señor Cardona Llano en el momento de ser agredido. Pero cómo defenderlo cuando ni siquiera vieron que lo estaban agrediendo, pues tenían al frente un gran número de personas que les impedía ver más allá lo que estaba sucediendo. No obstante, cuando se percataron que el citado señor estaba herido fue cuando lo colocaron a sus pies y ahí procedieron a solicitar la ambulancia por radio operador. Por lo que la Sala considera que los policiales sí ayudaron al señor Cardona Llano.

Sin embargo, los periodistas podían tener otra toma o percepción de los hechos, ya que se encontraban ubicados en un segundo piso (como lo aclara la señora procuradora en la diligencia de audiencia pública visible a folios 194 a 197 del cuaderno principal) y desde luego que en ese otro punto las cosas se ven diferentes.

La Sala considera que para los agentes de policía no era posible atender tantos frentes simultáneamente, es decir en el mismo momento como era, proteger la vida de las personas que se encontraban dentro de las oficinas del palacio municipal, evitar que los manifestantes ingresaran allí y acudir con el herido al hospital. Los agentes no podían abandonar su puesto ya que la orden era evitar que los manifestantes ingresaran al palacio, aceptando de esta manera la colaboración de un particular para trasladar al herido al hospital.

(…).

Con relación a la prueba trasladada, es preciso decir que los testimonios recepcionados ante la fiscalía, por no haber sido ratificados ante el tribunal, no es posible darles valor probatorio.

(…).

3.5. Contra la anterior decisión, el abogado Jorge Enrique Restrepo Gómez, apoderado de la parte actora en el proceso de reparación directa(4), presentó acción de tutela. Como fundamento de la acción constitucional, adujo que la providencia cuestionada vulneró el derecho fundamental al debido proceso de los demandantes, en tanto se profirió sin atender la solicitud de ratificación de los testimonios obrantes en el proceso penal, que reposaba como prueba trasladada, al tiempo que desconoció el principio de inmediatez, comoquiera que la sentencia fue adoptada por un órgano judicial diferente al que “ordenó, recogió y apreció las pruebas”.

El asunto fue tramitado en primera instancia por la sección primera de la Sala de lo contencioso administrativo de esta corporación, la cual denegó, mediante fallo del 6 de octubre de 2005, el amparo deprecado por considerarlo improcedente. Adujo que la acción de tutela no puede constituirse en una tercera instancia.

El 9 de febrero de 2006, la sección segunda de la mencionada Sala desató el recurso de apelación interpuesto contra el fallo del 6 de octubre de 2005; providencia en la que se confirmó íntegramente la que había sido recurrida.

Finalmente, el 6 de junio de 2006, la Sala primera de revisión de la Corte Constitucional confirmó las decisiones proferidas por esta corporación. Consideró que no se había demostrado la legitimación del profesional del derecho para representar los intereses de los demandantes, pues, no se allegó poder que acreditara la facultad del mismo para incoar el medio de control de amparo, al tiempo que no se hizo referencia a que su actuación se adelantara a manera de agencia oficiosa, lo que “le impide al juez constitucional entrar a pronunciarse sobre el fondo del asunto planteado” (copia de la Sentencia del 6 de junio de 2006 - fls. 218-227, c. 1).

4. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar —en función de los hechos probados— si la Sala de descongestión para los tribunales administrativos de Antioquia, Risaralda, Caldas y Chocó incurrió en error judicial, en razón de la Sentencia de única instancia del 31 de mayo de 2005; en cuanto negó las pretensiones de las demandas acumuladas presentadas entre otras personas por Cándida Rosa Llano de Cardona, que perseguían indemnización de los perjuicios que les fueron ocasionados a raíz de la muerte violenta de su hijo y hermano, Jorge Delio Cardona Llano.

Lo anterior en razón a que la sentencia desconoció el acervo probatorio que imponía una condena y omitió disponer la ratificación de unos testimonios.

5. Análisis de responsabilidad.

De acuerdo con el artículo 90 de la Constitución Política, “[e]l Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. Al respecto, esta corporación ha precisado que el daño a que se refiere la disposición constitucional, tiene que ver con “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”(5).

Ahora bien, de conformidad con los hechos probados, se tiene por demostrado el daño invocado por la parte actora, es decir, está debidamente acreditado que los demandantes adelantaron un proceso de reparación directa en razón de la muerte del señor Jorge Delio Cardona Llano y que mediante Sentencia de única instancia del 31 de mayo de 2005 las pretensiones fueron negadas. Situación adversa a sus intereses y patrimoniales.

Sin embargo, ello no resulta suficiente para dar acredito el primer elemento de la responsabilidad estatal; es menester que el mismo sea antijurídico, tal como lo dispone el artículo 90 superior.

Lo anterior implica un análisis dirigido a establecer si la parte actora está obligada a soportar la decisión; que en única instancia le negó las pretensiones, esto es, de despojar a la decisión de la presunción de legalidad que la ampara.

Así, en casos similares al que nos ocupa, ha sido el criterio de esta corporación analizar la responsabilidad del Estado con fundamento en los artículos 65 y 66 de la Ley 270 de 1996 —estatutaria de administración de justicia—; normas que establecen, entre otros, el “error judicial” como una categoría jurídica especial que permite estructurar la responsabilidad cuando el daño alegado se encuentra contenido en una providencia judicial, esto es, en el que incurre una autoridad investida de facultades jurisdiccionales, en ejercicio de las mismas.

El error judicial, se ha dicho(6), debe estar contenido en una providencia que de manera normal o anormal le ponga fin al proceso, analizada en conjunto con los demás actos procesales. También se ha aceptado que el daño antijurídico de origen jurisdiccional puede ser ocasionado por acción u omisión de cualquier agente estatal o particular investido temporalmente de la función de administrar justicia, sin perjuicio de su pertenencia a una rama u órgano del poder diferente a la rama judicial(7), pues, la manera como se encuentra estructurado el poder público en Colombia, así lo permite. Puede incurrirse en error jurisdiccional en providencias por medio de las cuales se interpreta, se declara o se hace efectivo un derecho subjetivo(8).

Además, el artículo 67 ibídem establece como presupuestos del error jurisdiccional que el afectado haya interpuesto los recursos legales y que la providencia contentiva del mismo se encuentre en firme.

El error puede ser de hecho o derecho. El primero, supone diferencias entre la realidad procesal y la decisión judicial, porque i) no consideró un hecho debidamente probado o ii) se consideró como fundamental un hecho que no lo era, o se presentan distancias entre la realidad material y la procesal, iii) porque no se decretaron pruebas conducentes para determinar el hecho relevante para el derecho o iv) porque la decisión judicial se fundamentó en un hecho que posteriormente se demostró que era falso. El error normativo o de derecho, supone equivocaciones i) en la aplicación del derecho, pues se empleó para el caso concreto una norma que no era relevante o se dejó de aplicar una directa o indirectamente aplicable al mismo o ii) cuando se aplican normas inexistentes o derogadas u otros similares(9).

Explicado lo anterior, queda claro que la antijuridicidad del daño, cuando el mismo se origina en una decisión judicial, resulta de la comprobación del error mismo que se demanda, el que, una vez acreditado, da lugar a la declaratoria de responsabilidad estatal, pues, la imputación se construye a partir de las acciones y omisiones en que incurrió el servidor público o el particular, según el caso, investido de función jurisdiccional.

En el caso bajo estudio la parte actora erige sus pretensiones con fundamento en un error de hecho, comoquiera que aduce que la decisión demandada se profirió en contravía del acervo probatorio que reposaba en el plenario, el cual, a su juicio, imponía la reparación de perjuicios que la muerte del señor Jorge Delio Cardona Llano le significó.

También cuestiona la negativa del a quo de decretar la ratificación de unas declaraciones que habían sido recepcionadas en un trámite judicial diferente —que obraba como prueba trasladada—, omisión que, sostiene, fue determinante en la adopción de la providencia y que, de haberse decretado, habría orientado la misma en un sentido diferente.

Con miras a establecer si se configuró o no un error judicial al momento de proferir el fallo de única instancia denegatorio de las pretensiones, se analizarán los medios de prueba obrantes en el proceso acumulado de reparación directa radicado con los números 1999-0634 y 2000-0692. Antes debe decirse, que se cumplen los presupuestos formales exigidos para el estudio de responsabilidad a partir del error judicial, esto es, la providencia de cuyo contenido se alega el yerro se encuentra en firme y como quiera que es de única instancia, contra ella no procedían recursos ordinarios.

Así, se advierten los siguientes elementos probatorios en el mencionado proceso acumulado y que obran en el expediente como prueba trasladada, según se indicó en la providencia que abrió a pruebas el proceso:

a) Pruebas que acreditan la configuración del daño.

(i) Certificado de registro civil de defunción del señor Jorge Delio Cardona Llano (fl. 8, c. 7). Se indica como fecha de muerte el 8 de junio de 1999 y como causa de la misma: “herida con arma cortopunzante”.

(ii) Acta de levantamiento de cadáver nº 060, correspondiente a quien en vida respondió al nombre de Jorge Delio Cardona Llano (fl. 26, c. 6). Se indicó en el acápite correspondiente a “descripción de heridas”:

Una oblicua - 2 cm en región interescapular al lado izquierdo, a nivel de quinta costilla, una equimosis en cara posterior hombro izquierdo, una herida ceja izquierda, herida escoriación en frente lado izquierdo.

(iii) Certificaciones de registros civiles de nacimiento de Hernando, Beatriz, Martha Cecilia, Julio César, Wilmar, Fabio, Emiliano, Diego y Jorge Delio Cardona Llano (fls. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, c. 7) y de Jesús Efraín y Omar Cardona Llano (fls. 414 y 445, c. 7) hijos de Cándida Rosa Llano y Jorge Evelio Cardona.

Las anteriores acreditan la muerte del señor Jorge Delio Cardona Llano el 8 de junio de 1999, que su deceso fue violento y que los demandantes estaban legitimados para demandar la reparación.

b) Pruebas que dan cuenta de las circunstancias que rodearon el deceso del señor Jorge Delio Cardona Llano:

(i) Declaración rendida el 6 de agosto del 2002, ante el Tribunal Administrativo de Caldas, por el señor Carlos Alberto Pinilla Garzón, agente de Policía presente en los hechos ocurridos el 8 de junio de 1999 en frente del palacio municipal de Chinchiná, Caldas (fls. 1-6, c. 2):

PREGUNTADO: Sírvase hacer un relato sobre lo que le conste acerca de los hechos en que perdió la vida el señor Jorge Delio Cardona Llano (...). CONTESTÓ: Para esa fecha me encontraba laborando en el distrito 2 de Policía de Chinchiná y ese día se iba a llevar un desalojo de unas personas en el barrio La Frontera. (...) Ya en medio de la manifestación, la moto estaba ubicada a unos 13 metros de donde nosotros estábamos, 13 0 15 metros aproximadamente, había gente que la chuzaba con machetes, el tanque, y de un momento a otro se formó ya frente al cajero de Concasa se hizo un tumulto y ya salió un señor de ese grupo, de ese tumulto, y se escuchaban voces de auxilio, de socorro, entonces inmediatamente yo vuelvo y le reporto al radio operador lo sucedido y un encapuchado traía al señor que salió de esa manifestación y nos lo tiró al frente de la alcaldía en el andén, lo traía como arrastrado, entonces yo le dije al compañero que estaba de turno en la sala de radio que por favor nos mandará algún vehículo o una ambulancia algo que pudiera ingresar ya que al parecer una persona se encontraba lesionada, fue cuando apareció el que llaman “el mocho”, entonces el compañero mío Ramírez levantó al señor y lo sostiene al lado de la puerta de la alcaldía y “el mocho” llegó y le dijo venga yo lo llevo que ustedes no pueden hacer nada, el compañero quedó con la mano ensangrentada. Posteriormente a los quince o veinte minutos llegó personal del ejército (...).

PREGUNTADO: En qué momento preciso fue herido el señor Cardona Llano, lo recuerda? CONTESTÓ: Es imposible, no sé. (...) PREGUNTADO: Cuánto personal de la policía se encontraba en el palacio municipal? CONTESTÓ: En la puerta principal habían conmigo cuatro, sin armamento, sin casco ni escudo, únicamente con bastón de mando y un radio de comunicaciones. (...) PREGUNTADO: Qué órdenes tenían ustedes para ejecutar en caso de que se presentara desorden en el municipio de Chinchiná como producto de la manifestación? CONTESTÓ: Lo único que se nos informó a las 06 de la mañana cuando se montó el dispositivo de lo que se iba a realizar ese día, fue por orden del señor Teniente que era comandante del distrito, los cuatro íbamos para el frente de la alcaldía con el fin de no permitir el ingreso de personas particulares, sólo iban a ingresar los empleados de la administración municipal y las personas que tenían citas en juzgados, de resto no se nos informó nada más (...)

PREGUNTADO POR EL APODERADO DE LA NACIÓN, POLICÍA NACIONAL: Nos puede indicar si usted o algunos de sus hombres en algún momento intentó o intentaron disuadir a los manifestantes de hacer alguna actividad violenta o de utilizar armas blancas? CONTESTÓ: Lo único que yo personalmente le hacía a ellos era gestos con las manos a la multitud que se calmara, pero esto no era una multitud pacífica que estaban solicitando algo, la gente venía enardecida, donde no atendían lo que uno les quería decir, donde pienso que lo que querían era saquear o hacer daño o quién sabe cuántas cosas más tenían en mente.

(ii) Declaración rendida el 6 de agosto del 2002, ante el Tribunal Administrativo de Caldas, por el señor Javier Ramírez Meza, agente de Policía presente en los hechos ocurridos el 8 de junio de 1999 en frente del palacio municipal de Chinchiná, Caldas (fls. 6-10, c. 2):

CONTESTÓ: En esa época nosotros nos encontrábamos prestándole seguridad al palacio municipal de Chinchiná cuando observamos una multitud enardecida que pedían la cabeza del Alcalde, otros decían que se metieran al Palacio a quemarlo, y otros que a violar a las viejas que habían allá (...). De un momento a otro salió un encapuchado arrastrando un cuerpo y lo tiró al frente de la puerta del Palacio, entonces yo procedí a levantarlo del piso junto con la compañera que estaba en ese momento con nosotros, lo recostamos junto a la pared y ahí comencé a pedir ayuda a una de las tantas personas que estaban ahí cerca más que todo a un señor que le decían “el mocho”, pues yo lo distinguía, y él se acercó y yo le solicité el favor de que se llevara a este señor y lo tratara de llevar al hospital porque estaba mal ya que a nosotros la gente no nos dejaba mover de ese sitio (...). PREGUNTADO: Qué actitud asumió el personal de la policía una vez fue puesto el cuerpo de esa persona junto a ustedes? CONESTÓ: Pues pedir ayuda por el radio, que nos mandaran un vehículo; de mi parte ayudé a levantarlo del piso y solicitarle a un señor que le decían “el mocho” que era conocido ahí en el pueblo, para que me colaborara con el transporte de este señor (...). PREGUNTADO: En qué momento preciso fue herido el señor Cardona Llano, si lo recuerda. CONESTÓ: No recuerdo en qué momento porque no vi (...).

PREGUNTADO POR EL APODERADO DE LA NACIÓN, POLICÍA NACIONAL: Puede precisarnos usted a qué distancia se encontraba la que denomina multitud enardecida, que usted dice observó del lugar donde prestaban el servicio usted y los demás compañeros? CONTESTÓ: Esa multitud a escasos centímetros porque se llenó totalmente esa cuadra y el parque principal se llenó todo de gente, no se puede precisar metros, eso era aglomeración, eso iba de pared a pared y de una esquina pasando a la otra invadiendo el parque (...).

PREGUNTADO POR EL APODERADO DE LOS ACTORES: Nos puede usted indicar después de que usted y sus compañeros oyeron los gritos de auxilio, concretamente qué actitud asumieron ustedes y si usted o el comandante dio alguna orden o instrucción a los policías que estaban a su lado? CONTESTÓ: Todos nos pusimos a la expectativa a ver de qué parte venían las voces de auxilio (...). PREGUNTADO: Nos puede decir aproximadamente el tiempo que transcurrió entre el momento en que ustedes oyen las voces de auxilio y el momento en que el encapuchado tira a la persona lesionada cerca de ustedes. CONTESTÓ: No le puedo precisar el tiempo, porque ese momento vivido y de esa muchedumbre uno perdía la noción del tiempo, no le puede puedo precisar el tiempo.

(iii) Declaración rendida el 6 de agosto del 2002, ante el Tribunal Administrativo de Caldas, por el señor José Arley Palacio Valencia, agente de Policía presente en los hechos ocurridos el 8 de junio de 1999 en frente del palacio municipal de Chinchiná, Caldas (fls. 11-15, c. 2):

(...) en esos momentos la gritería, el boleo de piedra, el boleo de palo, de un momento a otro gritaban ayúdelo, y en cuestión eso de segundos se arrimó un cliente ahí encapuchado y dejó a una persona herida a la entrada del palacio municipal, fue cuando el señor Intendente Pinilla solicitó por radio ayuda a la base del distrito para que enviaran una ambulancia, al ver que no llegaba nadie a colaborarnos ya uno de los compañeros Ramírez había alzado el herido pero como no llegaba ayuda, uno de los manifestantes cogió el herido y se lo llevó (...). PREGUNTADO: En qué momento preciso fue herido el señor Cardona Llano, si lo recuerda? CONTESTÓ: Sé que fue después de medio día porque ya habíamos tomado alimentos, pero exactamente no sé (...). PREGUNTADO DEL APODERADO DE LA NACIÓN, POLICÍA NACIONAL: A partir del instante en que usted dice se escucharon gritos de ayúdelo dentro de la turba o multitud, a qué distancia de ustedes los agentes de la policía se encontraba dicha turba? CONTESTÓ: La turba estaba apostada sobre toda la calle, nos distanciaba el andén, ellos estaban apostados sobre la calle y sobre el andén del lado contrario (...). PREGUNTADO: Nos puede indicar si usted o algunos de sus compañeros en algún momento intentó o intentaron disuadir a los manifestantes de hacer alguna actividad violenta o de utilizar armas blancas? CONTESTADO: Por un lado, por el número de personal era imposible porque nos encontrábamos en desventaja numérica, y por otro lado, si todos venían armados o con armas contundentes, con garrotes, a cuál desarma uno primero? (…).

En síntesis, las anteriores declaraciones son contestes en señalar que la multitud enardecida era de tal magnitud que impedía que los uniformados visibilizaran lo que ocurría a unos metros del lugar donde se encontraban y que la turba atacaba con toda clase de objetos, situación que minimizó su capacidad de reacción.

(iv) Informe nº 5741, rendido por el jefe de policía judicial de Chinchiná (fls. 24-25, c. 6):

(…).

HECHOS: A eso de las 16:00 se dio aviso a la unidad de levantamientos de policía judicial sobre la existencia de un cadáver del señor antes mencionado en la Cr. 8ª entre calles 11 y 12, con motivo del desalojo llevado a cabo por personal de la Policía y las autoridades correspondientes en la invasión de los predios aledaños al barrio La Frontera, quienes después de muchas reuniones entre los propietarios del predio, los invasores y la alcaldía municipal, no se llegó a ningún acuerdo, dejando como última opción el desalojo, se inició el mismo a las 07:00 de la mañana, con muchos disturbios por parte de los invasores, atacando a los miembros de la Policía con piedras y toda clase de objetos, los invasores empezaron a subir de La Frontera para la parte céntrica del pueblo, causando destrozos a su paso a los locales y residencias quebrando vidrios, los invasores querían ingresar a la alcaldía y al parecer el señor Cardona Llano no estaba de acuerdo con los daños ocasionados y empezó a apaciguar los ánimos, cosa que no le gustó a los manifestantes invasores y uno de ellos, un sujeto robusto con su rostro tapado y alto le propinó un palazo en su cuerpo, quedando tendido el señor Cardona en el piso, el hoy occiso trató de levantarse siendo agredido por un grupo de manifestantes dándole patadas y uno de estos ocasionando una herida en su espalada con arma blanca, al parecer navaja, siendo auxiliado por un transeúnte, quien lo llevó al hospital donde posteriormente falleció.

(v) Declaración rendida, al día siguiente de los hechos, por el señor Jorge Castro Bustamante, ante la fiscalía 02 delegada ante los juzgados penales del circuito de Chinchiná (fls. 22-23, c. 6), la cual difiere sustancialmente de la apreciación de los hechos señalada por los agentes de Policía:

(…). Eso fue ayer martes en horas de la tarde, a eso de las tres de la tarde, que se presentó una trifulca acá en Chinchiná en razón al desalojo de una invasión en el barrio La Frontera, entonces en el momento que subían los manifestantes por acá por la carrera octava donde está el palacio municipal, esa gente se estacionó al frente de la entrada al palacio; en ese momento yo me encontraba en el bar El Cafetero, en el orinal, salí y vine hacia el tumulto de gente, a la portería del palacio a darme cuenta de lo que estaba sucediendo, porque la gente gritaba, entonces me quedé atónito viendo de la manera tan salvaje como agredían al señor Jorge Delio Cardona Llanos; había un señor de contextura robusta con una gorra y tapado la boca con un trapo, no recuerdo el color, le daba garrote, entonces Jorge Delio cayó al suelo a consecuencia de los garrotazos que le había propinado este señor, que no sé su nombre; ya Jorge Delio se encontraba en el suelo en medio de la gente, los unos le tiraban puntapié y ahí fue donde se agachó un muchacho de pantaloneta azul, camisa azul de rayas y lo chuzó con una navaja 07 por la espalda, ya el herido se volvió a parar, entonces ya se colocó a un lado del andén dejando la multitud, cuando ya un muchacho de una edad entre 20 a 25 años más o menos, de contextura gruesa, cogiéndolo de la mano, lo llevó hacía donde estaban los agentes de la policía, lo llevó arrastrando, entonces yo le dije a un agente: “agente qué hacemos con él”, entonces dijo el agente: “dígale que se siente ahí”, le contesté “pero cómo que se siente, si está sangrando”, entonces yo ya le presté el auxilio, yo fui la persona que lo cargué y lo llevé cargado hasta allí a la empresa de taxis que queda en el parque principal, que se llama Autolujo, en ese trayecto fue que murió, yo cuando lo subí al taxi, prácticamente ya estaba muerto (…). PREGUNTADO: Diga qué motivó el hecho de los manifestantes a agredir al señor Jorge Delio Cardona Llanos? CONTESTÓ: Porque Jorge Delio no se encontraba normal, tenía problemas mentales debido a la drogadicción, entonces la actitud de Jorge fue separar la gente, es decir intervino para que los manifestantes no le tiraran piedras al edificio, pero este acto lo hizo fue dentro de su locura que padecía, ya que este muchacho no era normal (…). PREGUNTADO: Qué intervención tuvo la policía en estos hechos de sangre? CONTESTÓ: Yo vi en toda la puerta del palacio a tres agentes de la policía hombres y una mujer policía y ninguno hizo nada, y a ese señor lo mataron ahí de frente de la Policía y en presencia de todo el mundo (…).

Conforme al dicho de quien auxilió al señor Jorge Delio Cardona Llano momentos previos a su muerte, las graves lesiones que sufrió el occiso le fueron propinadas con conocimiento de los uniformados, quienes no emprendieron acción positiva alguna que salvaguardara su integridad personal; tampoco le brindaron la debida asistencia una vez este fue arrastrado por un tercero hasta la entrada del palacio municipal. Sin embargo, esta declaración fue rendida dentro de la investigación penal que se adelantó por estos hechos, luego, al no haber sido ratificada, no fue tenida en cuenta en la Sentencia del 31 de mayo de 2005.

(vi) Declaración rendida por el señor Pastor Uribe González, ante la fiscalía 04 delegada ante los juzgados penales del circuito de Chinchiná (fls. 42-43, c. 6):

(…) cuando pude observar que traían una moto quemada de la Policía, la cual dejaron en la portería del palacio, luego se dirigieron con piedras y palos a quebrar los ventanales de dicha edificación; como una de las motos de un compañero de trabajo se encontraba en el andén de este edificio, me dirigí a correrla, o sea a trasladarla a otro lugar, igualmente la valla separadora (zona oficial alcaldía), en el momento en que yo estaba retirando la moto, vi como el personaje, que posteriormente resultó herido y muerto, le decía a dicha multitud que no le tiraran piedras al edificio, que de eso no se trataba la manifestación, cuando de repente salió un hombre armado de un garrote, o sea bastón de mando de esos que usan la Policía, y le propinó un golpe en la espalda, el hombre cayó al suelo y vi la forma en que muchas de esas personas lo golpeaban brutalmente, luego uno de los manifestantes cogió al señor que golpeaban y lo arrastró por el andén de la tesorería municipal, que se encontraba en ese momento llena de vidrios que ellos mismos habían roto en ese momento, y lo dirigió hasta la entrada del palacio municipal, el herido se sentó en el andén y luego un señor que como apodo tiene el “Mocho”, lo auxilió llevándolo hasta la empresa Autolujo, para así luego remitirlo al hospital (…).

(vii) Declaración rendida por la señora Dianis Aristizabal Vargas, ante la fiscalía 04 delegada ante los juzgados penales del circuito de Chinchiná (fl. 55, c. 6):

(…). PREGUNTADO: Sabe usted por qué cree (sic) que le daban golpes, garrotazos e hirieron luego gravemente al señor Jorge Delio Cardona Llano? CONTESTÓ: pues según dice la gente que oí comentarios que porque se puso a defender al alcalde de Chinchiná, no sé si este señor estaría en esa invasión (…).

(viii) Declaración rendida por el señor Jorge Almed Torres Castaño, ante la fiscalía 04 delegada ante los juzgados penales del circuito de Chinchiná (fls. 57-43, c. 6) —se destaca—:

(…). PREGUNTADO: Sírvase manifestar al despacho si para su concepto era descuido de la Policía que se encontraba en la puerta del edificio, no haber atendido, al momento en que resultó muerto en forma violenta el ciudadano Jorge Delio Cardona Llano? CONTESTÓ: Yo observé eso, que los agentes lo tomaron con mucha calma porque si ellos llegan a proteger al herido, dos agentes o uno que fuera sido y descuiden la puerta del edificio no hubiera habido (sic) sino varios muertos, ya no sería uno sino varios muertos, porque esa gente se entra hacia el interior del palacio y acaba con la alcaldía (…).

Declaraciones que dan cuenta de que las agresiones sufridas por el señor Cardona Llano sucedieron en la vía pública, en el marco de una diligencia de desalojo, la que requería del acompañamiento de la autoridad. Aunado a que la víctima fue agredida por la multitud en presencia de personal de la Policía, las que no obstante haber sido aportadas al expediente, no fueron valoradas por el tribunal de única instancia.

(ix) Declaración rendida por el señor Jaime Corrales Giraldo, quien se desempeñaba para la época de los hechos como personero municipal de Chinchiná, ante la comisión especial de disciplina del despacho del Procurador General de la Nación (fls. 118-119, c. 6):

(…). PREGUNTADO. Tenía usted conocimiento que la administración municipal había solicitado apoyo tanto a la Policía Nacional de este distrito como al Ejército Nacional de Manizales, por cuanto se veía venir una posible alteración del orden público en este municipio, con ocasión de los desalojos presentados en un lote de la Universidad Autónoma de Caldas. CONTESTÓ: Sí, tenía conocimiento, fue a raíz de los hechos acontecidos en el mes de diciembre de 1998, cuando hubo un enfrentamiento con la Policía por el despeje de la vía que estaba cerrada por causa de los peajes que se iban a instalar entre la carretera Manizales-Chinchiná, donde hubo un enfrentamiento entre la Policía que vino a hacer el operativo y la comunidad de Chinchiná con saldo trágico de una niña muerta, muchas personas lesionadas e incontables destrozos en las edificaciones y los almacenes de toda la ciudad; por esta razón el comité local de emergencias, al cual pertenezco, efectuó varias reuniones con anticipación a la fecha del posible desalojo donde se planificó todo el operativo a efectuarse en el sitio de los hechos, más no la posibilidad de que esto alcanzara al centro de la ciudad. PREGUNTADO: En ese consejo de seguridad se previó en algún momento que a raíz del desalojo pudiese haber alteración del orden público y en algún momento el Ejército o la Policía se comprometió a tener fuerzas hasta que todo estuviese apaciguado. CONTESTÓ: Sí es cierto, se le pidió la asistencia de la fuerza pública, inclusive la Inspección tercera envió oficios para solicitar esta protección, ambas fuerzas se comprometieron a dar protección en eso, pero el centro de la ciudad no se previó eso. PREGUNTADO: En un día común y corriente cuántos agentes de Policía custodian este edificio del palacio municipal. CONTESTÓ. Generalmente de a cuatro a cinco agentes. PREGUNTADO: Para el día 8 de junio a cuántos agentes vio y cuántos de ellos se encontraban con armamento. CONTESTÓ: Más o menos los mismos y solo dos de ellos armados con revolver o sea, armas de corto alcance (…). PREGUNTADO: Tuvo usted conocimiento, si es cierto que se pidió ayuda a una ambulancia para trasladar el herido al hospital. CONTESTÓ: No. Ninguno me contó nada a pesar que yo estuve en comunicación con la Secretaría de Gobierno, donde se encontraba la procuradora delegada en lo penal de la personería (…).

De acuerdo con lo sostenido por el personero municipal de Chinchiná para la época, a pesar de que se sabía sobre posibles alteraciones del orden público y pese al acompañamiento de unidades militares y de Policía, no se previó ningún dispositivo de seguridad o un plan de contingencias ante posible ataques al centro de la ciudad, especialmente al palacio municipal, edificación representativa del Estado, mismo que era visto como arbitrario por los manifestantes enardecidos que se oponían a ser desalojados. Ni siquiera se aumentó el número de agentes que custodiaban el edificio. Omisión que tampoco fue considerada por la Sala de descongestión para los tribunales administrativos de Antioquia, Risaralda, Caldas y Chocó.

(x) Providencia del 22 de julio de 2000, mediante la cual la Sala disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el proveído del 25 de noviembre de 1999 que sancionó con destitución a los subintendentes de la Policía Nacional Luz Marina Villamizar Largo, José Arley Palacio Valencia, Carlos Alberto Pinilla Garzón y Javier Ramírez Mesa, por la muerte del señor Jorge Evelio Cardona Llanos (fls. 320-341, c. 7). Los cargos estudiados en dicha providencia hacían referencia a —se destaca—:

— No cumplir con su deber de eliminar la perturbación de la seguridad pública cuando el hoy occiso increpó a los manifestantes armado de un cuchillo, al no haber reaccionado oportunamente desarmándolo , para impedir la comisión de una infracción penal o de policía;

— El no defender a Jorge Evelio Cardona Llano de una violencia actual, inminente y grave contra su persona; y

— El no actuar en forma inmediata para trasladar al herido por cualquier medio a un centro de salud para su atención médica.

De tal forma que con las anteriores conductas, al parecer los miembros de la Policía señalados no eliminaron la perturbación de la seguridad pública generada por el hoy occiso; no protegieron en su vida al señor Jorge Delio Cardona Llano; e incumplieron con los deberes contemplados en la Constitución Política y en las leyes, al actuar en forma omisiva afectando el prestigio de la institución (…).

Más adelante, consideró:

Los hechos de la presente investigación tuvieron ocurrencia el 8 de junio de 1999, en el municipio de Chinchiná, Caldas, fecha para la cual se llevó a cabo una diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho en el sector La Frontera, zona urbana de esa ciudad, para lo cual se solicitó por la Inspección Tercera Municipal de Policía de Chinchiná la colaboración de la Policía, por lo que el comandante del Departamento de Policía de Caldas, coronel Jorge Armando Martínez Herrera, emitió la orden de servicio número 035, del 5 de junio de 1999, por medio de la cual fijó las instrucciones para la vigilancia y seguridad con motivo del desalojo de invasores, y determinó las tres fases en que se desarrollaría el procedimiento policial (fls. 163 a 178, cuaderno 3).

Cumplida la diligencia de desalojo y terminada esta a la 1:35 de la tarde, el personal de policía que intervino en la misma fue desplazado a su sitio de origen, la ciudad de Manizales, y aproximadamente a las 2:30 de la tarde se presentaron disturbios en el centro de la ciudad, frente al palacio municipal, cuando un grupo de amotinados se dedicó a apedrear las edificaciones, lanzar consignas y solicitar la presencia del alcalde municipal, momentos en que Jorge Delio Cardona Llano sale de entre el grupo de manifestantes portando un cuchillo, y al parecer, tratando de calmar los ánimos, recibiendo un garrotazo, puntapiés y una herida con arma cortante, originando su muerte, hechos que se desarrollaron aproximadamente a 13 metros de la entrada a la alcaldía (f 39, cuaderno 1), lugar en el que se encontraban ubicados los subintendentes Luz Marina Villamizar Largo, José Arley Palacio Valencia, Carlos Alberto Pinilla Garzón y Javier Ramírez Mesa, quienes no prestaron auxilio a Cardona Llano en el momento de la agresión. Estos hechos se registraron en un documento fílmico realizado por personal del canal de televisión RCN, que obra anexo en el expediente, y en las fotografías obrantes a folios 282 a 289, cuaderno 1, 283 a 285, cuaderno 3. Pruebas que demuestran el aspecto objetivo de la falta.

(…).

Comparte el despacho las consideraciones del a quo, cuando al determinar la responsabilidad de los subintendentes frente a los hechos investigados, consideró que estaba plenamente demostrada. Si bien es cierto que en general los términos de las diferentes declaraciones vertidas en el proceso exaltan una actitud valerosa de los cuatro uniformados al permanecer parados frente a la puerta de entrada del palacio municipal de Chinchiná, cuando los amotinados hicieron presencia en ese sitio, no es menos cierto que pese a la situación de peligro, se dio una agresión inminente, actual e injusta en la persona de Jorge Evelio Cardona Llano, sin que los subintendentes cuestionados procuraran poner a salvo de la misma.

(…).

El hecho de no portar los aquí cuestionados arma de fuego no es excusa válida para la omisión en que incurrieron, como tampoco los es la circunstancia del número reducido de uniformados que allí se encontraban. Ello, porque la actividad de la Policía y en sí de la Fuerza Pública es de riesgo y de peligro, y les corresponde actuar en defensa de la vida y bienes de la colectividad sea las circunstancias en las que se encuentren (…).

En cuanto a la visibilidad de los uniformados, es de advertir que sus manifestaciones de encontrarse dentro del palacio municipal en el preciso momento de los hechos, se encuentra desvirtuada con las imágenes que revela el video sin editar del canal de televisión de RCN, en las que es clara la posición de los cuestionados desde el momento en que es notable la presencia de Jorge Evelio Cardona Llano. Que la multitud les impedía observar, en criterio de este despacho no es cierta tal afirmación, porque el mismo video es claro que no hubo, en los momentos iniciales y concomitantes a la agresión, aglomeración de los manifestantes (…).

(…).

En consecuencia, la decisión objeto de consulta se confirmará, pues el estudio sobre los cargos formulados y la responsabilidad disciplinaria se ajusta a la realidad histórico probatoria de autos.

De conformidad con lo expuesto no se comprende cómo la sala de descongestión pasó por alto la gravedad de los hechos que la Policía Nacional tenía a su cargo y su deber de disponer los medios para controlar el orden público en el centro del municipio de Chinchiná, a la luz de los artículos 2º y 218 constitucionales. Sin que resulte de recibo el argumento relativo a la diferencia numérica o la ausencia de armamento de fuego de algunos de los agentes que se encontraban presentes; pues, como quedó visto, los antecedentes inmediatos obligaban a tomar medidas que garantizaran el orden, obligación que fue omitida por el ente territorial y la Policía Nacional y que de ninguna manera puede trasladarse u oponerse a los ciudadanos, quienes confían en la gestión eficiente de la autoridades municipales y policiales.

Finalmente, se analizará el medio probatorio que permite establecer las condiciones en que ocurrió el deceso del señor Cardona Llano, a efectos de determinar si en efecto los uniformados tuvieron oportunidad de proteger la integridad personal del finado.

(xi) Video nº 1, contenido en un DVD, visible a folio 23 del cuaderno nº 6 cuya duración total es de veinte minutos con dos segundos (20:02). En relación con este medio de convicción, también obra en el plenario copia del acta de audiencia pública celebrada el 19 de mayo de 2004, en la que participaron los apoderados de la parte actora y de la Policía Nacional, así como la Procuradora Judicial 29 (fls. 609-612, c. 7). El objeto de la diligencia era desatar algunos puntos que fueron objeto de solicitud por parte de la demandada —se destaca—:

(…). 1) “fijar con ayuda del video y los planos planimétricos que reposan en la demanda, el lugar exacto con su dirección y distancia donde fue herido el señor Jorge Delio Cardona Llano…”: Para el efecto, el despacho utiliza la cinta de video que obra a folio 647 del cuaderno dos y el documento que obra a folio 647 ibídem; con ellos se determina que la posición de la víctima, conforme se observa en el video, coincide con el plano que sirve de referencia, esto es, en sentido diagonal de donde se halla el personal de la Policía. 2) “establecer cuánto tiempo y distancia hay entre el palacio municipal de Chinchiná y el lugar exacto donde fue agredido el señor Cardona Llano”: El recorrido que hace un auxiliador de la víctima, lo realiza en un tiempo de trece (13) segundos y la distancia es como se indica en el punto anterior. 3) “se contabilice milimétricamente el tiempo en que permaneció el señor Jorge Delio Cardona Llano frente a los cuatro agentes de policía que custodiaban el palacio municipal”: Según el recorrido de la cinta de video (10:45 a 14:40) fue de treinta y cinco segundos, cuando es auxiliado por uno de los agentes de policía para luego ser llevada la víctima en brazos de un ciudadano. 4) “se visualice que es un ciudadano que participa en la manifestación quien le causó las lesiones al señor Jorge Delio Cardona Llano y que en su entorno no se ven policiales que puedan impedir las lesiones que produjeron su deceso posteriormente”: En el minuto 13:27 de la filmación se observa la persona que al parecer con elemento corto punzante hirió al señor Cardona Llano, persona que vestía camiseta color azul rey y en pantaloneta, tenía el rostro cubierto. Según las imágenes no se observan policiales cerca de la víctima, por el contrario, esta se ve rodeada de personas que participaban. 5) “se visualice el número aproximado de personas que se ven en la cuadra del palacio municipal de Chinchiná y que hacían parte de la turba”: La imagen que se muestra a los doce minutos veinticinco segundos (12’ 25”) de grabación, se observa gran cantidad de personas que, al parecer, participaba de la manifestación, llegaban a las inmediaciones de la alcaldía municipal, la que se calcula en un número superior a 100, las cuales ocupaban la totalidad de la calzada incluidos los andenes. ANOTACIONES ADICIONALES DEL DESPACHO: Se pudo observar también en la filmación que la motocicleta se hallaba en un lugar más próximo a la Policía que custodiaba la entrada a la alcaldía, que aquél donde fue apaleada y herida la víctima. También se observa que gran cantidad de gente rodeó la víctima después de haber sido herida (alrededor de cien) y que al parecer obstaculizaba la visibilidad de los agentes de policía con respecto al sitio donde yacía el cuerpo del señor Jorge Delio Cardona Llano (…).

Ahora, una vez observado el video, la Sala pude concluir:

En el municipio de Chinchiná (Caldas), el 8 de junio de 1999; se afrontó grave alteración del orden público, originada por el desalojo de un predio de propiedad de la Universidad Autónoma de Manizales (copia de la declaración rendida por el señor Jaime Corrales Giraldo, quien se desempeñaba para la época de los hechos como personero municipal de Chinchiná, ante la Comisión Especial de Disciplina del despacho del Procurador General de la Nación - fls. 118-119, c. 6).

Desde el inicio de la filmación, hasta el minuto uno con cuarenta y cinco segundos (01:45) se observa a los manifestantes agrediendo, con piedras y objetos contundentes, a los miembros de la Policía Nacional que asistieron a las autoridades municipales en la diligencia; entre el minuto uno y cuarenta y seis segundos (01:46) y el minuto dos y cincuenta y seis segundos (02:56), las imágenes reproducidas hacen referencia a las instalaciones de lo que parece ser un centro hospitalario y en ellas aparecen varios agentes de Policía, atendidos por presentar heridas en el cuerpo y rostro. Entre el minuto dos y cincuenta y siete segundos (02:57) y el minuto diez y cuarenta y cuatro segundos (10:44) las imágenes vuelven sobre el enfrentamiento entre la población civil y los miembros de la fuerza pública, en un número cercano a cien agentes antidisturbios de la Policía Nacional. A partir del minuto diez y cuarenta y cinco segundos (10:45) aparecen los manifestantes arrastrando una motocicleta incinerada por las calles de la municipalidad, hasta llegar a una cuadra donde parece que queda el palacio municipal de Chinchiná —minuto doce con once segundos (12:11)—, el automotor incinerado queda en frente de la entrada de la edificación donde se encuentran cuatro agentes de la Policía Nacional —minuto doce con treinta segundos (12:30)—. Los manifestantes saltan sobre el vehículo que golpean con objetos contundentes hasta que aparece un civil —minuto doce con cincuenta y cinco segundos (12:55)— que intenta disuadirlos y consigue su retroceso, en tanto la motocicleta se observa completamente calcinada. En el minuto trece con dieciocho segundos (13:18) se cambia el plano de la toma —el video se encuentra editado—. Acto seguido aparece el civil que había logrado disuadir temporalmente la aglomeración, tirado en el pavimento boca abajo, recibiendo golpes en el rostro y cuerpo por alrededor de diez personas, aproximadamente a seis metros en sentido diagonal de la entrada del palacio municipal donde se encontraban los cuatro agentes de Policía. La persona atacada intenta incorporarse —minuto trece con cuarenta y un segundos (13:41)— momento en el que se evidencia que la camisa que portaba está manchada de sangre en su parte posterior (espalda) y recibe una última patada en la cara que lo derriba nuevamente al piso; justo ahí aparece otra persona de sexo masculino descamisada y con la cara cubierta quien lo hala del brazo derecho y lo lleva arrastrado hasta el lugar en donde se encuentran los miembros de la fuerza pública, recorrido que transcurre en un lapso de trece segundos —entre el minuto trece con cuarenta y siete segundos (13:47) y el minuto catorce (14:00)—. El agredido permanece durante un periodo de treinta y cinco segundos (14:35) en el piso, intentando reincorporarse, hasta que es auxiliado por uno de los uniformados quien lo ayuda a levantarse y lo recuesta contra uno de los muros de la entrada de la edificación y aparece otra persona de sexo masculino con camiseta y pantaloneta roja —minuto catorce con treinta y nueve segundos (14:39)— quien carga al herido de brazos y lo retira del lugar.

Conforme a lo anterior, la Sala concluye que las lesiones que posteriormente causaron la muerte del señor Cardona Llano fueron propinadas por aproximadamente diez personas, a unos escasos metros de la entrada del palacio municipal de Chinchiná, lugar donde se encontraban cuatro agentes de la Policía Nacional. Por las tomas del video, se puede afirmar que los uniformados observaron lo que sucedía, sin intervenir, evidencia que descarta lo afirmado en la sentencia, a cuyo tenor los agentes tienen en frente un gran número de personas que les impedía la visibilidad; pues el video muestra que los manifestantes ocupaban el otro lado de la acera de donde yacía el señor Cardona Llano mientras era atacado, lo que facilitaba su visibilidad, al tiempo que quienes participaban en la golpiza era un número muy reducido de manifestantes, quienes, vale decir, en ningún momento atacaron a los uniformados. También debe decirse que el tiempo de reacción para auxiliar al señor Cardona, una vez fue arrastrado hasta el andén de la entrada de la mencionada edificación, fue de treinta y cinco (35) segundos, auxilió que, además de tardío, se limitó a la incorporación del herido quien fue inmediatamente auxiliado por un particular que lo cargó en sus brazos y lo retiró del lugar —entre el auxilio prestado por uno de los agentes y el momento en que la víctima es cargada por un particular, transcurre un término de cuatro (4) segundos—.

Efectuado el análisis en precedencia, sobre el material probatorio obrante dentro del proceso acumulado de reparación directa radicado con los números 1999-0634 y 2000-0692, no entiende esta Sala el sentido denegatorio del fallo proferido en aquel trámite, pues, con suficiencia, los medios relacionados dan cuenta de la responsabilidad que le asiste a la Policía Nacional por la muerte del señor Jorge Delio Cardona Llano, frente a cuatro de sus agentes, quienes no solo omitieron protegerlo de las inminentes agresiones, sino que tampoco le brindaron la asistencia que la víctima mortal ameritaba, pues también quedó acreditado que la ambulancia no fue solicitada.

Ahora bien, frente a la responsabilidad que respecto del ente territorial cabría endilgar por la falta de previsión que permitiera la adopción de medidas eficientes y capaces de mantener el orden público en el municipio, vale decir que tal omisión no se constituye en la causa adecuada del daño. Una consideración en contrario sería admitir su responsabilidad a partir de la equivalencia de condiciones, la cual ha sido descartada por esta corporación para estructurar la responsabilidad, porque no permite establecerla.

Finalmente, frente a la negativa de ratificación de las declaraciones obrantes en el trámite penal —ver cuestión previa—, debe decirse que las razones expuestas tanto por el Tribunal Administrativo de Antioquia como por la Sala de descongestión para los tribunales administrativos de Antioquia, Risaralda, Caldas y Chocó, responden a una visión del derecho superada y que contraría los fines relativos a la justicia material que se persiguen con la adopción del Estado social de derecho, al tiempo que desconoce la primacía del derecho sustancial sobre el formal.

Es así que la Sentencia del 31 de mayo de 2005, mediante la cual se negaron las pretensiones resarcitorias de los demandantes, constituye un error jurisdiccional, pues se profirió en contravía de la verdad procesal, esto es, la ofrecida por los medios de prueba que fueron recaudados en el proceso.

Se echa de menos en la sentencia el análisis del video allegado por RCN Televisión; tratándose como lo fue de un medio probatorio solicitado, decretado y aportado en tiempo. Igualmente esta Sala debe apartarse del análisis de los testimonios rendidos por los agentes de Policía, en cuanto se estudiaron desconociendo el resto del material probatorio, esto es, con desconocimiento de las reglas de la sana crítica.

Corolario de lo anterior, la Sentencia del 16 de julio de 2009 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas será revocada, para en su lugar acceder parcialmente a las pretensiones solicitadas, esto es: i) declarar que el fallo de única instancia dictado por la Sala de descongestión para los tribunales administrativos de Antioquia, Risaralda, Caldas y Chocó constituyó un error jurisdiccional de hecho, conforme a lo expuesto en las consideraciones que anteceden y ii) disponer la reparación del daño causado.

Finalmente, cabe precisar que esta Sala ha considerado el daño antijurídico causado a los demandantes, al margen de la responsabilidad de los integrantes de la responsabilidad de los integrantes de la Sala que profirió la decisión. Esto último, si se considera que sería otro el medio de control y el análisis, en el que se debe amparar, en todo caso, la autonomía judicial, censurable únicamente por dolo o culpa grave.

6. Liquidación de perjuicios.

Las pretensiones de la demanda tienen que ver con la indemnización de perjuicios que fue dejada de percibir por los actores con la expedición de la plurimencionada Sentencia del 31 de mayo de 2005, denegatoria de sus peticiones, que se determinaron en dos modalidades a saber:

a) Perjuicios materiales. Esto es, daño emergente a favor de la señora Cándida Rosa Llano de Cardona, con ocasión de los gastos funerarios en que incurrió. También se solicitó para esta demandante indemnización por lucro cesante, pues, se afirmó que el occiso vivía con ella y le ayudaba económicamente.

Frente a lo primero, vale decir que no obra ningún elemento de juicio en el plenario que dé cuenta de las erogaciones que la muerte del señor Cardona Llano supuso para la demandante.

En lo que tiene que ver con la actividad económica y la presunta ayuda que el occiso brindaba a su madre, se advierten en el plenario los siguientes:

i) Declaración rendida el 9 de octubre del 2007 por del señor Gerardo Arias Aristizabal, ante el juzgado primero promiscuo municipal de Chinchiná Caldas en cumplimiento del despacho comisorio nº 035 procedente del Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas (fls. 7-12, c. 3):

(…). PREGUNTADO POR EL DESPACHO: Sabe usted si Jorge Delio contribuía económicamente al sostenimiento del hogar de doña Cándida? CONTESTÓ: Considero que sí porque él era un hombre soltero que vivía con la mamá (...).

ii) Declaración rendida el 9 de octubre del 2007 por el señor Marco Antonio López Vanegas, ante el juzgado primero promiscuo municipal de Chinchiná Caldas en cumplimiento del despacho comisorio nº 035 procedente del Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas (fls. 7-12, c. 3). En la diligencia se recibió la declaración del señor en la cual se lee:

(…). PREGUNTADO POR EL DESPACHO: Sabe usted si Jorge Delio contribuía económicamente al sostenimiento del hogar de doña Cándida? CONTESTÓ: Lo que tengo entendí es que él tenía una zapatería y vivía con ella y le ayudaba (…).

iii) Declaración rendida el 9 de octubre del 2007 por la señora María Amparo Villada Muñoz, ante el juzgado primero promiscuo municipal de Chinchiná Caldas en cumplimiento del despacho comisorio nº 035 procedente del Tribunal Contencioso Administrativo de (fls. 7-12, c. 3):

(…). PREGUNTADO POR EL DESPACHO: Sabe usted que ha representado para doña Cándida y su familia la muerte de Jorge Delio? CONTESTÓ: Tristeza y a raíz de la muerte de Jorge Delio ella empezó a decaer en su salud y ella recibía mucho apoyo económico de él ya que él era soltero (…).

Sin embargo, las anteriores declaraciones fueron recepcionadas dentro del presente trámite y no en el proceso acumulado radicado con los números 1999-0634 y 2000-0692, por lo que mal haría la Sala en condenar a la rama judicial al pago de este perjuicio, pues el mismo no se acreditó dentro del proceso originario contentivo del error judicial ahora declarado.

b) Perjuicios morales. Como se anunció, está debidamente acreditada la relación filial entre el occiso y los señores Cándida Rosa Llano, Diego, Emiliano, Fabio, Wilmar, Julio César, Beatriz Elena, Martha Cecilia, Hernando, Jesús Efraín y Omar Cardona Llano, esto es, el finado era su hijo y hermano respectivamente. Ahora bien, de acuerdo con el criterio que ha sido adoptado por la Sala plena de esta sección —sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, exp. 31.172—, cuando se demuestra el padecimiento de un perjuicio moral en su mayor —caso de muerte del padre, hijo, cónyuge o compañero sentimental—, se reconoce una indemnización equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En cuanto a las relaciones afectivas del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos) se reconoce una indemnización equivalente a 50 salarios mínimos mensuales vigentes.

En ese orden, se procederá a reconocer la suma equivalente en pesos de cien (100) smlmv a favor de la señora Cándida Rosa Llano por concepto de perjuicios morales. Por este mismo concepto se reconocerá a favor de Diego, Emiliano, Fabio, Wilmar, Julio César, Beatriz Elena, Martha Cecilia, Hernando, Jesús Efraín y Omar Cardona Llano, la suma equivalente en pesos a cincuenta (50) smlmv, para cada uno.

5. Costas.

La Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de la parte demandada dentro del proceso, por lo que se abstendrá de condenar por ese concepto.

En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA:

REVOCAR la Sentencia del 16 de julio de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas que negó las pretensiones de la demanda, y en su lugar,

1. DECLARAR la responsabilidad extracontractual de la Nación - Rama judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial por el error jurisdiccional cometido en la Sentencia del 31 de mayo de 2005, proferida por la Sala de descongestión para los tribunales administrativos de Antioquia, Risaralda, Caldas y Chocó.

2. CONDENAR a la Nación - Rama judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a pagar: i) la suma equivalente en pesos a cien (100) smlmv a favor de la señora Cándida Rosa Llano, y ii) la suma equivalente en pesos a cincuenta (50) smlmv, a favor de cada uno de los señores Diego Cardona Llano, Emiliano Cardona Llano, Fabio Cardona Llano, Wilmar Cardona Llano, Julio César Cardona Llano, Beatriz Elena Cardona Llano, Martha Cecilia Cardona Llano, Hernando Cardona Llano, Jesús Efraín Cardona Llano y Omar Cardona Llano.

4(sic). NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5. Sin condena en costas.

6. Para el cumplimiento de esta sentencia se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese, devuélvase y cúmplase».

(3) Consejo de Estado, sección tercera, Sala plena, Sentencia de 11 de septiembre de 2013, exp. 20601, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(4) Vale mencionar que es el mismo apoderado que representa los intereses de los demandantes en el asunto que ocupa la atención de la Sala.

(5) Sentencia de 2 de marzo de 2000, exp. 11.945, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(6) Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia de 5 de diciembre de 2007, exp. 15.128, C.P. Ramiro Saavedra Becerra: “La Sala precisa que el error judicial siempre está contenido en una providencia judicial, por medio de la cual se pone fin, en forma normal o anormal al proceso, por esta razón el yerro sólo se configura cuando se han agotado los recursos previstos en la ley para impugnar la providencia judicial. Su configuración se logra mediante el análisis comparativo entre las fuentes del derecho que rigen la función de administrar justicia y la providencia judicial respecto de la cual se predica el error judicial, a cuyo efecto deberá considerarse también el conjunto de actos procesales que integran el correspondiente proceso. En efecto, no es dable tomar como hecho independiente o autónomo únicamente la providencia judicial, pues esta debe analizarse mediante el estudio de los otros actos procesales, demanda, contestación, pruebas, etc. Pues sólo de esta manera es dable deducir la inconformidad de la providencia con el deber ser definido por el ordenamiento jurídico, en su aspecto sustancial y procedimental”.

(7) Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia de 5 de diciembre de 2007, exp. 15.528, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(8) Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 14 de agosto de 2008, exp. 16594, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(9) Cfr. sección tercera, subsección A, Sentencia del 15 de abril de 2015, exp. 39099, C.P. Hernán Andrade Rincón; subsección B, Sentencia del 11 de mayo de 2011, exp. 22322, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; Sentencia del 27 de abril de 2006, exp. 14837, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.