Sentencia 2006-00207 de junio 13 de 2011

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 050011102000200600207-01 (3127-10)

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Aprobado Según acta de Sala 58

Bogotá, D.C., trece de junio de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer y decidir el recurso de apelación presentado contra la sentencia de fecha 31 de enero de 2011, de conformidad con los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política y 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, en armonía con el parágrafo 1º de la última norma citada.

2. De la apelación.

Procede la Sala a pronunciarse únicamente sobre los motivos de discrepancia planteados en la impugnación y a lo inescindiblemente ligado a ello, en atención a lo dispuesto en el artículo 179 del Código de de Procedimiento Penal —Ley 906 de 2004—, aplicable a los procesos disciplinarios seguidos contra abogados, por remisión expresa del artículo 90 del Decreto 196 de 1971.

3. De la prescripción.

Antes de efectuar un análisis de fondo, resulta necesario para esta corporación estudiar la posible operancia de la prescripción en el sub examine.

La falta por la cual se sancionó en primera instancia a la abogada Cock Restrepo es la contenida en el artículo 54 numeral 4º del Decreto 196 de 1971, así vemos:

“Constituyen faltas a la honradez del abogado:

(...).

4. Utilizar tales dineros, bienes o documentos en provecho propio o de un tercero”.

En reiteradas oportunidades ha manifestado esta Sala que el verbo rector utilizar constituye una de aquellas conductas de carácter permanente, la cual continua materializando sus efectos antijurídicos hasta que no verificarse la devolución del dinero, bien o documento, lo que es claramente el factor determinante para saber desde que momento comienza a contabilizarse el termino prescriptivo.

Encuentra esta superioridad que en el caso traído en autos la comisión de la conducta acaeció en el mes de diciembre de 2005, y que a la fecha no obra en el expediente prueba de la devolución del dinero, por lo cual conducta sigue ejecutándose.

De lo anterior se colige que la falta no se encuentra prescrita, tal como lo manifestó la Colegiatura de instancia.

4. Existencia objetiva de la conducta y adecuación típica.

Revisada la actuación se tiene, que a la profesional del derecho investigada se le sancionó en primera instancia al utilizar dineros que recibió por cuenta de un mandato conferido por terceros, que pretendían transferir el dominio de un inmueble.

Del mismo modo, tal como se hizo en el estudio de la prescripción, es necesario traer a colación el artículo 54 numeral 4º del Decreto 196 de 1971 que describe la falta imputada a la abogada investigada. Esta señala lo siguiente:

“Constituyen faltas a la honradez del abogado:

(...).

4. Utilizar tales dineros, bienes o documentos en provecho propio o de un tercero”.

En el sub lite se observa que a la doctora Margarita María Cock Restrepo, se le sancionó en primera instancia por cuanto utilizó sin justificación algunos dineros que recibió por cuenta de una gestión encomendada por los señores Ana Marcela Jaramillo Monsalve y Pedro Ángel Rúa, mediante la cual buscaban vender un inmueble de su propiedad. En este negocio jurídico actuó la quejosa, Martha Restrepo Gil quien en calidad de promitente compradora del referido predio, le entregó a la togada la suma de sesenta millones pesos ($ 60.000.000) como precio del inmueble, pero como quiera que el contrato prometido no se celebró la disciplinable estaba en la obligación de regresar el dinero entregado a la querellante, compromiso que no respeto, pues no devolvió el dinero, sino que lo retuvo y cuando la denunciante se lo reclamó, le informó que se lo había gastado, asegurándole que se lo pagaría poco a poco porque no lo tenía en ese momento. Resulta importante añadir, que de acuerdo al acervo probatorio allegado, tal y como se analizó al estudiar lo relacionado con la prescripción, a la fecha no se ha verificado la devolución del dinero por parte de la inculpada.

Por lo anterior, una vez realizado un riguroso análisis de las pruebas allegadas, el fallador de primer grado resolvió endilgarle responsabilidad a la investigada por su incursión en la falta disciplinaria contenida en el numeral 4º del artículo 54 ejusdem, decisión ajustada a la realidad probatoria del disciplinario, pues en el mismo, además del dicho de la quejosa, obran los documentos notariales en los cuales se puede confirmar que la togada realizó tanto la promesa de compraventa, como el acuerdo de pago con la denunciante, documentos de los cuales se puede inferir con toda claridad, que la disciplinable reconoció haber utilizado el dinero que le fuera entregado por la señora Martha Restrepo Gil.

Reconocimiento que además quedó ratificado con las letras que la investigada firmó en favor de la quejosa a fin de garantizar el pago del dinero que recibió por la compra del inmueble y que luego utilizó en su favor (fls. 5 a 9 y 121 a 129 cdno. 1ª. Instancia).

Ahora bien los anteriores elementos de convicción allegados al plenario son suficientes para que esta superioridad confirme en su integridad la sentencia apelada, principalmente porque la investigada no controvirtió la afirmaciones y por las pruebas arrimadas por la quejosa. En consecuencia, del dossier probatorio se puede asegurar que la abogada faltó al deber de “obrar con absoluta lealtad y honradez en sus relaciones con los clientes”(2), pues si bien el dinero no pertenecía a sus mandantes, el poder conferido por ellos no la facultaba para utilizar en provecho propio la cantidad monetaria que le fue entregada por la denunciante. Del mismo modo, con esta actitud torticera pudo afectar el buen nombre de sus poderdantes.

En suma, se advierte en el plenario que de las pruebas adecuadamente analizadas, se tiene plenamente demostrada la responsabilidad de la disciplinada, vale decir, que al no entregar el dinero recibido de la promitente compradora, actuó con pleno conocimiento de la irregularidad de su conducta, mas no obstante dirigió su volición hacia ella, sin avizorarse ningún fenómeno psicológico o exógeno que compeliera su voluntad, por tanto, es preciso por esta colegiatura confirmar la decisión proferida por el a quo.

Es preciso advertir además, que atinó el seccional de instancia al continuar la investigación con el procedimiento establecido en el Decreto 196 de 1971, pues de conformidad con el artículo 111 de la Ley 1123 de 2007, al haberse decretado la apertura de investigación el 8 de marzo de 2007, antes de la entrada en vigencia la ley en cita, debía continuarse con el tramite señalado en el mencionado decreto.

5. Antijuridicidad.

Verificada como está desde el punto de vista objetivo la infracción al deber imputado a la profesional del derecho investigado, compete a la Sala determinar sí del caudal probatorio analizado en precedencia surge causal alguna que justifique su conducta, o si por el contrario, en ausencia de esta, la utilización por ella desplegada en el sub judice, impone confirmar la sanción disciplinaria de exclusión en el ejercicio de la profesión.

Valorados los medios de convicción, no obra causal excluyente de responsabilidad que justifique el comportamiento antijurídico de la aquejada, pues su conducta se realizó con total desinterés por el ordenamiento disciplinario, sin que existan argumentos contrarios o justificantes de la sanción impuesta por el fallador de primer grado.

6. Culpabilidad.

Respecto a la culpabilidad, debe decirse que la falta a la honradez profesional es un comportamiento por naturaleza doloso, por cuanto se incurre en ella con el conocimiento del carácter reprochable de su actuar con intención de lesionar el patrimonio, la confianza y la honradez.

Ahora, es evidente que dada su condición de abogada y por su experiencia profesional, era plenamente conocedora que al utilizar el dinero producto de la gestión para la cual fue contratada, esto conllevaba a la realización de un comportamiento contrario al deber de actuar con absoluta honradez en el ejercicio de la profesión, pues resulta inexplicable que habiendo recibido los dineros de la quejosa, no se los haya devuelto a sabiendas que no celebrarían el contrato de compraventa que le fue encomendado.

En el señalado orden de ideas, al no existir prueba demostrativa que justifique el actuar reprochable de la togada investigada y ante la ausencia de causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria, la Sala confirmará la sentencia sancionatoria, por encontrar reunidos los presupuestos exigidos por el artículo 9º del Código Penal en concordancia con la Ley 1123 de 2007 en su artículo 97.

7. Dosimetría de la sanción a imponer.

Al tenor de lo previsto en el artículo 61 del Decreto 196 de 1971, hoy artículo 13 de la Ley 1123 de 2007, para la graduación de la sanción se requiere tener en cuenta los límites y parámetros allí señalados, los cuales deben responder los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.

Así las cosas, para la falta endilgada a la investigada consagra el artículo 54 numeral 4º del citado estatuto deontológico tres tipos de sanción, siendo la más leve la censura, de menor gravedad la suspensión y la máxima aplicable la de exclusión.

Ahora, teniendo en cuenta la modalidad y gravedad de la conducta disciplinariamente reprochable cometida por el doctora Margarita María Cock Restrepo, a quien se le exigía un actuar absolutamente honrado al tener conocimiento que no se celebraría el contrato de compraventa, la sanción de exclusión del ejercicio de la profesión de abogada, cumple con los criterios legales y constitucionales exigidos para tal efecto, pues como profesional del derecho estaba obligada a devolver el dinero entregado por la quejosa para adquirir el inmueble que estaba en venta.

Del mismo modo, en el sub lite, la sanción impuesta a la disciplinada, cumple con el principio de proporcionalidad en la medida que corresponde a la gravedad de la misma, puesto que en el plenario se encuentra probado que la togada se apropió y utilizó el dinero que le fue entregado por su calidad de mandataria para enajenar un inmueble. Es importante señalar que el monto retenido por la abogada ascendió a la suma $ 48.000.000, la cual le fue le entregada para adquirir una vivienda, que de acuerdo a nuestra Constitución cumple una función social.

El principio de necesidad se encuentra sustentado por la gravedad de la conducta, que para la Sala está probada con toda claridad, lo cual hace ineludible la imposición de una sanción ejemplarizante, al afectar el patrimonio de una persona que con esfuerzo intentó hacerse propietaria de un inmueble.

Finalmente, se cumple también con el principio de razonabilidad entendido como la idoneidad o adecuación al fin de la pena, que justifica la sanción disciplinaria impuesta a la profesional del Derecho, pues acorde con lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-530 del 11 de noviembre de 1993

“(...) La razonabilidad hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad”.

Por lo anterior, la Sala confirmará la providencia apelada acorde con la parte motiva del presente proveído pues la conducta en que incurrió la togada comporta violación al utilizar dineros recibidos por cuenta de un contrato de compraventa que nunca se celebró, incurriendo en falta contra la honradez del abogado. En consecuencia, a la luz de los artículos 60 y 61 del Decreto 196 de 1971, la sanción impuesta cumple con los parámetros legales, dada la gravedad, modalidad y circunstancias de la falta.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia apelada, mediante la cual se sancionó con exclusión en el ejercicio de la profesión al abogada Margarita María Cock Restrepo, por encontrarla responsable de la falta descrita en el numeral 4º del artículo 54 del Decreto 196 de 1971, de conformidad con lo expuesto en el cuerpo de este proveído.

2. ANÓTESE la sanción en el Registro Nacional de Abogados, fecha a partir de la cual la sanción empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

3. REMÍTASE el expediente a la colegiatura de instancia.

Notifíquese y cúmplase».

(2) Artículo 47 numeral 4º del Decreto 196 de 1971.