Sentencia 2006-00217/37669 de marzo 7 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Sánchez Luque

Rad.: 5001-23-31-000-2006-00217-01(37669)

Actor: Rosa Emilia Duque Aristizábal y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa, Ejército Nacional

Ref.: Acción de reparación directa (apelación sentencia)

Bogotá D.C., siete de marzo de dos mil dieciséis.

La Sala, de acuerdo con la prelación dispuesta en sesión de 25 de abril de 2013(1), decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 19 de agosto de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, que resolvió:

1. Declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional por la muerte de Carlos Alberto Duque Aristizábal ocurrida el 1º de enero de 2005 en la jurisdicción del municipio de San José del Guaviare (Guaviare).

2. Como consecuencia de lo anterior condenar a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional a pagar a los aquí demandantes o a quien sus derechos represente las siguientes sumas de dinero:

1. A título de lucro cesante consolidado para la señora Rosa Emilia Duque Aristizábal la suma de dos millones treinta mil doscientos treinta pesos ($2.030.230).

2. Por daño moral a favor de las personas y en los montos que se señalan a continuación, valores todos expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de la sentencia:

Rosa Emilia Duque Aristizábal cincuenta (50) smlmv

Julio Montoya Duque veinticinco (25) smlmv

Claudia Aidee Montoya Duque veinticinco (25) smlmv

Rosalba Montoya Duque veinticinco (25) smlmv

Jorge Mario Montoya Duque veinticinco (25) smlmv

María Elena Montoya Duque veinticinco (25) smlmv

Carlos Montoya Duque veinticinco (25) smlmv

3. Negar las demás pretensiones de la demanda.

4. DÉSE cumplimiento a los artículos 176, 177 y 178 del CCA.

Síntesis del caso

Un soldado conscripto fue asesinado por un Suboficial que le disparó con un arma de dotación oficial, mientras se encontraban evadidos del lugar de acantonamiento. Se atribuye el daño a una falla del servicio.

Antecedentes

I. Lo que se demanda

El 28 de febrero de 2006, Rosa Emilia Duque Aristizábal, Julio, Claudia, Aidee, Rosalba, Jorge, María Elena y Carlos Montoya Duque, a través de apoderado judicial, formularon acción de reparación directa contra la Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional para que se le declarara patrimonialmente responsable de la muerte de Carlos Alberto Duque Aristizábal ocurrida el 1º de enero de 2005.

Solicitaron el pago de 1.000 smlmv, a cada uno de los demandantes, por perjuicios morales; $343.350.000, para Rosa Emilia Duque Aristizábal, por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que el 1º de enero de 2005, el soldado conscripto Alberto Duque Aristizábal murió a causa de un disparo con arma de dotación oficial del Cabo Tercero Alejandro Vida Solano, quien se encontraba en estado de ebriedad.

Adujo que el daño es imputable a la Nación-Ejército Nacional por falla del servicio, por la condición de empleado público del agente infractor y porque el arma era de dotación oficial.

II. Trámite procesal

El 12 de mayo de 2006 se admitió la demanda y se ordenó su notificación a la entidad demandada y al Ministerio Público.

En el escrito de contestación de la demanda, la Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional hizo referencia a los hechos de otro proceso judicial.

El 10 de diciembre de 2007 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respetivamente.

La parte demandante alegó que el daño es imputable al Estado porque se produjo por uno de sus agentes, con arma de dotación oficial y en una base militar. Indicó que como no se demostró ninguna causal eximente de responsabilidad frente a las lesiones sufridas por el soldado conscripto, debía declararse la responsabilidad estatal y ordenarse la reparación de los perjuicios causados.

La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.

El 19 de agosto de 2009, el Tribunal Administrativo del Meta profirió la sentencia impugnada, en la que accedió parcialmente a las pretensiones. El Tribunal consideró que se configuró una falla del servicio imputable a la entidad demandada, porque permitió que dos de sus uniformados tomaran alcohol dentro de una base militar y que se diera una agresión física que terminó con la vida de uno de ellos.

Declaró probada la concurrencia de culpas, ya que la víctima con su comportamiento contribuyó en la producción del daño, y por ello redujo la indemnización en un cincuenta por ciento (50%).

La parte demandante interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 22 de septiembre de 2009 y admitido el 9 de diciembre de 2009.

La recurrente solicitó que se revocara la concurrencia de culpas decretada en primera instancia, ya que, en su criterio, el hecho de que Carlos Alberto Duque Aristizábal haya aceptado la invitación que le hizo el Suboficial a tomar bebidas embriagantes, no puede entenderse como una exposición voluntaria a la producción del daño.

El 1º de febrero de 2010, se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia.

La parte demandada esgrimió que como el comportamiento del Suboficial Alejandro Vida Solano no tuvo relación alguna con el servicio, se configuró una culpa personal del agente.

La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

Consideraciones

I. Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal, según el artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006.

El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con los artículos 129 y 132 del CCA, modificados por la Ley 446 de 1998, norma vigente al momento de interposición del recurso de apelación —9 de septiembre de 2009—.

A la fecha de presentación de la demanda —28 de febrero de 2006—, la pretensión mayor individualmente considerada debía superara los 500 smlmv, es decir, $204´000.000(2). Como en este caso equivale a $408’000.000 el proceso tiene vocación de doble instancia ante el Consejo de Estado.

Acción procedente

2. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, como ocurre en este caso que se refiere a hechos imputables a la fuerza pública (art. 90 C.N. y art. 86 CCA).

Caducidad

3. El término para formular pretensiones, en procesos de reparación directa, de conformidad con el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo es de 2 años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

La demanda fue presentada en tiempo, porque se instauró el 28 de febrero de 2006 y el hecho dañoso acaeció el 1º de enero de 2005.

Legitimación en la causa

4. Rosa Emilia Duque Aristizábal, Julio, Claudia Aidee, Rosalba, Jorge, María Elena y Carlos Montoya Duque son las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, porque conforman el núcleo familiar de la víctima directa, Carlos Alberto Duque Aristizábal.

La Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional está legitimada en la causa por pasiva pues es la entidad responsable del servicio de reclutamiento y movilización.

II. El problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la muerte del soldado conscripto es imputable de forma exclusiva a la Nación, o si se configura una concurrencia de culpas.

III. Análisis de la Sala

5. La sentencia fue recurrida por la parte demandante, quien cuestionó la concurrencia de culpas decretada por el a quo.

Según lo dispuesto por el artículo 357 del CPC, cuyo alcance fue definido en sentencias de unificación(3), en los casos en que solo apela una de las partes, el análisis se circunscribe a los argumentos expuestos en el recurso.

Hechos probados

6. El proceso penal adelantado contra el Cabo Tercero Alejandro Vidal Solano fue remitido en copia íntegra y auténtica por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá D.C.

Como la prueba trasladada fue solicitada por la parte demandante, coadyuvada por la entidad demandada y se decretó en el auto de prueba, cumple con lo ordenado por el artículo 185 del CPC(4).

7. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

7.1. El 10 de julio de 2003, Carlos Alberto Duque Aristizábal ingresó al Ejército Nacional en calidad de soldado regular, asignado al Batallón de infantería no. 19, General Joaquín París, con sede en San José del Guaviare (Guaviare), según da cuenta copia auténtica del certificado suscrito por el jefe de la sección de soldados regulares y bachilleres del Ejército Nacional (fl. 129 cdno. 1).

7.2. El 31 de diciembre de 2004, la Compañía Tayrona del Batallón Joaquín París se desplazó al corregimiento de Puerto Arturo del municipio de San José del Guaviare para realizar un ejercicio militar, según da cuenta copia auténtica del informe rendido por el Teniente Andrés Ordóñez Trujillo, quien se encontraba a cargo de la operación militar (fl. 6 y 7 cdno. 2).

7.3 El 1º de enero de 2005, el Cabo Tercero Alejandro Vidal Solano disparó en el cuello al soldado Carlos Alberto Duque Aristizábal, en el corregimiento de Puerto Arturo, municipio de San José del Guaviare, según da cuenta concepto del Comandante del Batallón General Joaquín París (fl. 122 cdno. 1).

7.4. El 1º de enero de 2005, Carlos Alberto Duque Aristizábal falleció a causa del disparo, a las 3:30 de la madrugada, según da cuenta copia auténtica del registro civil de defunción y del certificado de defunción (fl. 123 cdno. 1 y 58 cdno. 2).

7.5. El 3 de enero de 2005, el Cabo Tercero Alejandro Vidal Solano fue incapacitado por 3 días porque presentaba excoriación en labio inferior de 2 cms. y leve edema en párpado inferior bilateral, según da cuenta acta del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses-Dirección Regional Oriente, seccional Meta, Unidad Local de Seccional de San José del Guaviare (fl. 29 cdno. 2).

7.6. Carlos Alberto Duque Aristizábal recibió un impacto de bala con un orificio de entrada de 1x0,5 cms en forma de canal, a 26 cms del vértice y a 3 cms de la línea media anterior localizado en la región del cuello, el orificio de salida a 31 cms del vértice y a 7 cms de la línea media posterior localizado en región dorsal interescapular izquierda, según da cuenta copia auténtica del protocolo de necropsia (fl. 100 a 104 cdno. 2).

7.7. El 3 de marzo de 2005, Alejandro Vidal Solano aceptó el delito de homicidio de Carlos Alberto Duque Aristizábal, ante la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Juzgado Promiscuo de San José del Guaviare, con el fin de someterse a sentencia anticipada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del CPP (Ley 600 de 2000), según da cuenta copia auténtica de la diligencia judicial de 3 de marzo de 2005 (fl. 127 a 130 cdno. 2).

7.8. El 20 de junio de 2006, el Juzgado Promiscuo del Circuito de San José del Guaviare, en sentencia anticipada, condenó a Alejandro Vidal Solano a la pena de 8 años y 8 meses de prisión, según da cuenta copia auténtica de esa decisión judicial (fl. 148 a 156 cdno. 2).

7.9. Carlos Alberto Duque Aristizábal era hijo de Rosa Emilia Duque Aristizábal y hermano de Julio, Claudia Aidee, Rosalba, Jorge, María Helena y Carlos Montoya Duque, según dan cuenta copia auténtica de los registros civiles de nacimiento (fl. 75 a 86 cdno. 1).

La muerte del conscripto no es imputable al Estado, pero opera la no reformatio in pejus 

8. El daño antijurídico está demostrado porque Carlos Alberto Duque Aristizábal murió producto de un disparo de fusil [hechos probados Nº 7.3, 7.4 y 7.6]. Es claro que la violación al derecho a la vida genera perjuicios que los demandantes no estaban en la obligación de soportar.

9. La Sala reitera que como el soldado conscripto no es reclutado de forma voluntaria, el Estado se encuentra en principio obligado a devolverlo al seno de su familia y sociedad en las mismas condiciones en las que ingresó al servicio.

Si el soldado conscripto no se vincula al servicio de forma discrecional no está obligado a soportar los perjuicios sufridos. En consecuencia, el daño sería imputable a título de daño especial porque fue producto del rompimiento del equilibrio frente a las cargas públicas y la relación de sujeción entre el Estado y el llamado a prestar el servicio militar obligatorio se mantiene durante todo el periodo de conscripción.

10. En este caso, el soldado regular Carlos Alberto Duque murió luego de que el cabo tercero Alejandro Vidal Solano le disparara en el cuello, con su arma de dotación oficial [hechos probados Nº 7.3 y 7.7].

La Sala ha sostenido que el hecho de que el arma con la cual se cometió la conducta delictiva fuera de dotación oficial no genera nexo con el servicio de forma automática(5), sino que es necesario verificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo el daño para determinar si fue producto de la actividad pública.

El nexo con el servicio no se desprende por el solo hecho que el objeto con el que se produzca el daño sea de propiedad estatal o esté destinado al servicio. Solo existe nexo con el servicio cuando el daño se produce en circunstancias que constituyen expresión o consecuencia de su funcionamiento.

Que el daño sea producido con un bien de propiedad estatal o con otro diferente es una situación estrictamente circunstancial, no configura nexo con el servicio, si las condiciones en que se produjo el hecho no constituían expresión del servicio público, sino que, por el contrario se enmarcan dentro de la órbita privada de los agentes. Así lo puso de relieve la Sala al estudiar un caso de riña en un sitio público:

Frente a ello, precisa la Sala que el nexo con el servicio que debe presentar una actuación para comprometer la responsabilidad de la administración pública, no se desprende exclusivamente del horario en el que se encontraba el agente estatal, ni de los implementos usados por aquel, ni de las funciones que tenía asignadas en ese momento, sino principalmente de las características de la acción u omisión que desarrolló el funcionario respectivo y por la cual causó un daño, que debe tener una relación directa con el servicio público prestado.

El horario del servicio, las funciones asignadas y los instrumentos utilizados en la ejecución de las mismas, son circunstancias que pueden llevar al juez al convencimiento de que el hecho generador del daño presentó un nexo con el servicio, porque fueron determinantes en su producción; pero de ninguna forma, implican que por su sola verificación se deba presumir la responsabilidad de la administración. Es necesario que con motivo del desarrollo de las funciones públicas, se cause el daño alegado en la demanda, porque de lo contrario, se estaría ante un caso de responsabilidad personal del agente(6).

En relación con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, obra en el proceso copia auténtica del informe rendido por el Teniente Andrés Ordóñez Trujillo, oficial a cargo del ejercicio militar. Según este informe el 1º de enero de 2005, a las 3:30 a.m. se oyó un disparo, al llegar al lugar el cabo tercero Vidal estaba embriagado y, al ser interrogado por la situación, entregó el fusil y reconoció haber disparado su arma de dotación oficial contra el soldado Duque (fl. 6 y 7 cdno. 2).

Los hechos descritos fueron corroborados por el soldado Gilver Alejandro Carrillo Rodríguez, quien afirmó que el soldado Duque Aristizábal y el cabo Vidal Solano estaban evadidos en una tienda cerca del área operativa y que entre ellos se presentó un altercado que los llevó a agredirse físicamente:

(…) luego fue que ya se llegaba el turno de centinela de Duque, y pues como el soldado no estaba, ni mi Cabo Vidal tampoco estaba, entonces yo bajé a buscarlos en unas tiendas que hay abajito y no estaban en esas tiendas, entonces yo me fui más allá y los encontré a Duque y a mi cabo Vidal, cuando llegué estaban parados, uniformados, y no recuerdo pero se me hace que no estaban con armamento, estaban cerca de una mesa blanca y habían unos vasos no sé qué tenían, yo les dije que nos fuéramos para la base porque a Duque le tocaba el turno de centinela, entonces mi Cabo Vidal dijo que no se iba solo, que se iba con el soldado Duque, y ahí yo me saludé con la gente que estaba ahí y después cuando yo me di cuenta es que los dos estaban peleando, forcejeando, entonces yo me fui a y los separé, les dije que no pelearan que nos fuéramos, ahí estoy seguro que no tenían armamento ninguno de los dos, ellos se separaron y le dije que nos fuéramos, entonces yo me retiré de ellos para donde estaban los demás conocidos para despedirme de ellos, luego ya ellos no sé si mi Cabo Vidal le convidó a él, no sé qué problemas tendrían, lo único es que cuando yo estaba ahí yo miré que el soldado Duque se fue hacia mi Cabo y yo escuché cuando cargaron el fusil y entonces voltee a ver y ahí fue cuando miré que Duque se fue encima de mi Cabo Vidal, y no más, y yo no pensé que ellos fueran a pelear, ni nada de esa vaina, y después de ahí yo estaba con los señores y escuché un disparo y vi al soldado Duque en el piso, en el suelo, entonces yo lo miré, el soldado no tenía armamento, y el Cabo Vidal estaba cerca por ahí a unos dos metros y medio, estaba con el fusil, y yo le dije: “lo mató mi Cabo”, y de una vez salí a correr al puente a avisarle a mi Teniente Ordóñez, y a mi Teniente cuando escuchó el disparo ya se había despertado, entonces bajó y yo también bajé, en ese momento del susto no me di cuenta qué soldados bajaron, cuando me di cuenta que el Cabo Vidal ya venía caminando para el puente, se encontró con mi Teniente Ordóñez y le dijo que había matado al soldado, que él era responsable y que ahí le dejaba el armamento… Preguntado. Indique al despacho ¿si usted observó a Duque y a Vidal en estado de embriaguez? Contestó. La verdad no sé si estaban borrachos, pero sí estaban muy alegres, muy folclóricos. Preguntado. Indique al Despacho ¿si con anterioridad a estos hechos se habían presentado discusiones o altercados o malos tratos entre Vidal y Duque? Contestó. No, por el contrario eran buenos amigos, eran lanzas […]” (fl. 48 y 49 cdno. 2).

Como el declarante se encontraba presente en el lugar de los hechos, su versión es idónea para dar cuenta de las condiciones en que se produjo el daño, además no se advierten contradicciones o vacíos que impidan darle credibilidad. Narró de forma objetiva los sucesos, sin ningún tipo de apasionamiento o sospecha.

El Mayor Miguel Darío Galvis, comandante del Batallón Joaquín París, declaró que el 1º de enero de 2005 se le informó que en Puerto Arturo el cabo tercero Vidal Solano había asesinado a un soldado regular. Indicó que se trasladó hasta el lugar de los hechos donde fue recibido por el teniente Ordóñez, quien entregó el fusil del cabo tercero, armamento que ya se encontraba embalado (fl. 50 y 51 cdno. 2).

El daño no es imputable a la entidad demandada porque las circunstancias en que se produjo fueron ajenas a la prestación del servicio público, esto es, constitutivas de una culpa personal del agente. En efecto, si bien los militares se encontraban en horas del servicio y el daño fue causado con un arma de dotación oficial, lo cierto es que estaban evadidos del lugar del operativo militar y en estado de embriaguez, en unas tiendas cercanas del sector.

No se configuró una falla del servicio en el control del armamento oficial (armerillo), porque la Compañía Tayrona, a la cual pertenecían los uniformados involucrados, se desplazó al corregimiento de Puerto Arturo del municipio de San José del Guaviare para realizar un ejercicio militar, esto es, no se encontraban en las instalaciones físicas del Batallón [hecho probado n°. 7.2].

De ahí que, la muerte de Carlos Alberto Duque Aristizábal no es imputable a la Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional porque fue producto del hecho determinante y exclusivo de un tercero, ya que la conducta del cabo tercero Alejandro Vidal Solano, estaba completamente desligada del servicio público y, por lo tanto, la riña y sus consecuencias fatales se desarrollaron en el ámbito privado de los dos uniformados.

En tal virtud, procedería la revocatoria de la sentencia apelada, no obstante, se confirmará porque opera la no reformatio in pejus (art. 31 CN) ya que solo apeló la parte demandante, lo que impide que en esta oportunidad se haga más gravosa su situación.

Indemnización de perjuicios

13. La Sala confirmará la liquidación de perjuicios morales, reconocida por el a quo en la sentencia de primera instancia y su adición en los siguientes términos:

A favor de Rosa Emilia Duque Aristizábal cincuenta (50) smlmv y para Julio Montoya Duque, Rosalba Montoya Duque, Jorge Mario Montoya Duque, María Elena Montoya Duque y Carlos Montoya Duque veinticinco (25) smlmv para cada uno.

14. La Sala confirmará la liquidación de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, para la cual se procederá a actualizar dicha condena, de conformidad con la siguiente fórmula:

Vp A
 

Donde:

Vp = Valor presente

Vh = Valor histórico

índice(7) final a la fecha de esta sentencia: 127,77 (ene./2016)

índice inicial a la fecha de la sentencia de primera instancia: 102,22 (ago./2009)

vp ab
 

15. Finalmente, de conformidad con el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no habrá lugar a condenar en costas, en cuanto no se evidencia que la parte haya actuado con temeridad o mala fe.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE el ordinal 2º de la sentencia del 19 de agosto de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, el cual quedará así:

2. Como consecuencia de lo anterior condenar a la Nación- Ministerio de Defensa, Ejército Nacional a pagar a los aquí demandantes o a quien sus derechos represente las siguientes sumas de dinero:

A título de lucro cesante consolidado para la señora Rosa Emilia Duque Aristizábal la suma de cuatro millones setecientos treinta y dos mil seiscientos dieciséis pesos m/cte ($4´732.616,oo).

Por daño moral a favor de las personas y en los montos que se señalan a continuación, valores todos expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de la sentencia: Rosa Emilia Duque Aristizábal cincuenta (50) smlmv, Julio Montoya Duque veinticinco (25) smlmv, Claudia Aidee Montoya Duque veinticinco (25) smlmv, Rosalba Montoya Duque veinticinco (25) smlmv, Jorge Mario Montoya Duque veinticinco (25) smlmv, María Elena Montoya Duque veinticinco (25) smlmv y Carlos Montoya Duque veinticinco (25) smlmv.

2. En lo demás, CONFÍRMASE la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, el 19 de agosto de 2009.

3. En firme este fallo DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento y expídase a la parte demandante las copias auténticas con las respectivas constancias de conformidad con la ley.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, presidente de la Sala, aclaró voto—Guillermo Sánchez Luque—Olga Mélida Valle de De La Hoz.

1 Según el Acta 10 de la Sala Plena de la Sección Tercera.

2 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo legal mensual vigente de 2006, esto es, $408.000 por 500.

3 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 9 de febrero de 2012, rad. 21.060, y rad. 20.104.

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2008, rad. 16.533.

5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de junio de 2009, rad. 34.348.

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, rad. 17.426.

7 Estos factores corresponden a los índices de precios al consumidor que pueden ser consultados en el Banco de la República: http://www.banrep.gov.co/es/ipc.