Sentencia 2006-00242 de julio 23 de 2010

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

660011102000200600242 01

Aprobada según Acta Nº 86 de la misma fecha

Ref.: Disciplinario contra: Diana Lucía Correa Valencia (Juez Primera Penal Municipal de Desquebradas(sic) Risaralda)

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Bogotá D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil diez (2010)

Cuestión por decidir

Procede la Sala a resolver, la impugnación interpuesta por el señor José Nelson Cardona Noreña, contra la providencia fechada 21 de abril de 2007, por medio de la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, con ponencia del Magistrado Gustavo Adolfo Ledesma Henao, decretó la terminación de la investigación disciplinaria adelantada a la doctora Diana Lucía Correa Valencia en su condición de Juez Primera Penal Municipal de Desquebradas, Risaralda.

Hechos

Fueron resumidos por el a quo, así:

“La investigación surgió con ocasión de la queja interpuesta ante esta corporación por los empleados del Juzgado Primero Penal Municipal de Desquebradas —para la época de los acontecimientos— Jorge Nelson Cardona Noreña y Luis Fernando Ortiz Ocampo, al indicar el primero, que en condición de secretario del Juzgado Primero Penal Municipal de Desquebradas estaba siendo sometido a acoso laboral por parte de la titular de dicho despacho —doctora Diana Lucía Correa Valencia— situación que ampliaría en la presente investigación. Y el segundo, por su parte en condición de escribiente del mismo juzgado, adujo similar manifestación.

A través de escrito del 21 de septiembre de 2006, el quejoso Cardona Noreña, remitió copia de la resolución número 16 de septiembre 19 de 2006, por medio de la cual la titular del despacho lo calificó anticipadamente en forma insatisfactoria. Y el empleado Ortiz Campo, a través de escrito de octubre 3 de 2006, exteriorizó la voluntad de desistir de la queja, “dado que cuando la interpuse lo hice por la asesoramiento y aun desconociendo si existía o no la conducta de acoso laboral”.

Condición de funcionaria.

La condición de funcionaria disciplinable de la doctora Diana Lucía Correa Valencia identificada con la cédula de ciudadanía número 25.158.339 de Santa Rosa, se acreditada con la certificación expedida por la Dirección Seccional Judicial de Risaralda, donde dice que para la época de los hechos, se desempeñaba en el cargo de Juez Primera Penal Municipal de Dosquebradas, en propiedad, desde el 4 de diciembre de 2003, hasta la fecha (fl. 85).

Actuación procesal.

1. La Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, mediante providencia del 31 de octubre de 2006, avocó conocimiento de las diligencias, dispuso iniciar la indagación preliminar y ordenó la práctica de pruebas, con fundamento en lo reglado por el artículo 150 de la Ley 734 del 2002.

2. Se allegaron al proceso disciplinario los siguientes medios probatorios:

A) Informe CT/GAT/096 del 29 de noviembre de 2006, allegando la trascripción del contenido de las grabaciones registradas en micra casete de audio, marca Sony, serie 03CA211ME y registro de cadena de custodia.

B) Declaración de José Arlés Jiménez Bustamante, empleado del Juzgado Segundo Civil Municipal de Desquebradas, quien refiriéndose al conflicto dijo, que según comentario de Jorge Nelson, la doctora Diana Lucía “estaba jodiendo mucho”, que la había cogido bronca porque no le quiso colaborar para la adquisición de trago y le prohibió participar en las audiencias. Obra igualmente las declaraciones de Carolina Hurtado Gutiérrez secretaria del Juzgado Primero Civil Municipal de Dosquebradas; declaración de Beatriz Sepúlveda Mejía, Oficial Mayor del mismo Juzgado y declaración de Mario Lozano Marín, secretario del Juzgado Laboral de la misma ciudad, entre otras.

C) La doctora Diana Lucía Valencia presentó descargos sobre los hechos que originaron la investigación disciplinaria y explicó, que la razón de la queja no es otra distinta, a que el señor Carona(sic) Noreña, fue retirado del servicio por calificación mínima para permanecer en el cargo, solo apreciaciones subjetivas, sin sustento probatorio, lo cual no corresponde a la realidad. La valoración del servicio y posterior retiro del empleado en mención, fue sustentada de conformidad con la ley, tanto así, que interpuso acción de tutela y le fue negada. Se agrega que: “En su criterio, no existe razón alguna para creer que la orden cumplida en el transcurso de seis (6) meses de retirar una bicicleta, matas, estufa, enseres de cocina y altar se constituya en acoso laboral, pues dichas órdenes se dieron “a la necesidad de disponer de mayor espacio para las labores propias del despacho” (fl. 345).

3. Mediante providencia calenda con 21 de abril de 2007, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Risaralda, decidió archivar definitivamente las sumarias.

De la decisión impugnada.

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Risaralda, mediante providencia del 21 de abril de 2010, con base en el artículo 73 de la Ley 734 del 2002, terminó la actuación procesal disciplinaria adelantada contra la doctora Diana Lucía Correa Valencia, en su condición de Juez Primera Penal Municipal de Desquebradas, Risaralda.

Refiriéndose al acontecer factico que se presentó en el despacho del Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas, sostiene que de cara al acervo probatorio, para la época de los hechos, por la calificación insatisfactoria del empleado Jorge Nelson Cardona Noreña, mediante Resolución 16 del 19 de septiembre de 2006, con 48 puntos, aunado a los hechos puestos en conocimiento por el quejoso, como “sacar del juzgado su biblioteca, las matas, imágenes religiosas, cambiar de sitio la ubicación del escritorio etc.”, no son suficientes para construir reproche disciplinario en contra de la doctora Correa Valencia; tampoco basta que se demuestre la comisión de la falta, porque objetivamente se encuentra proscrita la responsabilidad y solo cuando probatoriamente se llegue a demostrar la antijuridicidadde la conducta reprochada sin justificación alguna, por lo que es muy difícil emitirse juicio de reproche en este caso.

Así mismo señala, que no se cuenta con elementos de prueba demostrativos de la conducta por parte de la disciplinada orientados a “infundir miedo, intimidación, terror, angustia, desmotivación en el trabajo al señor Jorge Nelson Cardona Noreña”,por la calificación que desvinculó de la rama judicial al señor Cardona Noreña, todo se debió a las deficiencias en el desempeño de sus labores en el Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas, como secretario, de acuerdo con las pruebas resaltadas en la decisión.

Por ese proceder de la investigada, no se configura acoso laboral, ni tampoco el hecho de haber ordenado sacar su biblioteca, materas, elementos de cocina, cambio de sitio de trabajo etc., situación comprensible por razones de comodidad y de adaptación de los espacios para atender las exigencias del sistema penal acusatorio como lo adujo la disciplinada, además se trata de situaciones que normalmente se da en los despachos judiciales, por lo que no considerarse(sic) de manera alguna, que tal situación constituya presiones psicológicas o maltratos, mucho menos en el caso laboral que ocupa la atención en este asunto.

Por tanto, sostiene el a quo, que al no existir prueba una conducta de acoso laboral por parte de la funcionaria investigada, y si bien tomo la decisión anticipada de calificar al señor Cardona Noreña, estaba debidamente facultada por la ley para ello, con las previsiones del Acuerdo 1392 de 2002 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la judicatura y el artículo 171 de la Ley 270 de 1996.

Fundamentos de la apelación.

El señor José Nelson Cardona Noreña, pretende que esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria REVOQUE la decisión adoptada por el a quo, atendiendo a que si bien es cierto las declaraciones allegadas al proceso, no afirman enfáticamente el acoso laboral al cual fue sometido por la doctora Diana Lucía Correa Valencia, si son creíbles los testimonios de José Arles Jiménez Bustamante, Carolina Hurtado Gutiérrez, Beatriz Sepúlveda Mejía, Javier Valencia López y Rubén Antonio Naranjo García, que dan cuenta que si se dio el acoso laboral, porque ellos son empleados de los Juzgados Primero Civil Municipal, Segundo Civil Municipal y Penal del Circuito, cercanos al Juzgado Primero donde él labora.

Dice que el artículo 2º de la Ley 1010 de 2006, señala que por “acoso laboral se entiende toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador, por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo ...”, el hecho de ordenar retirar del Juzgado la biblioteca, las matas, imágenes religiosas, reubicación de escritorio, etc.. Considera entonces, que eso sí es un acoso laboral, porque la titular del despacho le hizo un ambiente laboral totalmente pesado, además que verbalmente le solicitó la renuncia.

Del Ministerio Público.

Una vez repartidas las diligencias ante la Segunda Instancia, se ordenó correr el respectivo traslado al traslado al Ministerio público, pero este no alegó y guardó silencio al respecto.

Consideraciones.

Siguiendo las orientaciones del artículo 112 de la ley 270 de 1996, esta Sala es competente para resolver el recurso de apelación, propuesto por el quejoso contra la decisión del 2 noviembre de 2007, emanada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Risaralda, por medio de la cual decidió la Terminación de la actuación disciplinaria adelantada contra la doctora Diana Lucía Correa Valencia, en su condición de Juez Primera Penal Municipal de Dosquebradas, Risaralda, con base en el artículo 73 de la Ley 734 del 2002.

El artículo 73 de la Ley 734 de 2002, prevé la terminación del proceso disciplinario, mediante decisión motivada en donde ordenará el archivo definitivo de las diligencias, cuando en cualquier etapa de la actuación en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el investigado no lo cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse.

Es importante resaltar que el espíritu de la norma en cita descansa sobre el evitar desgaste del aparato jurisdiccional en asuntos triviales, que no son del escenario de la investigación disciplinaria, generados por insatisfacciones que agotaron las respectivas instancias judiciales; y los recursos de ley debidamente presentados.

Porque no podemos olvidar que la función de la sanción disciplinaria es preventiva y correctiva en procura de garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución Nacional, la ley y los tratados de derecho internacional, observados en el ejercicio de la función pública. Por consiguiente, la finalidad del proceso disciplinario apunta a buscar la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidas a los sujetos procesales intervinientes en el mismo.

Bajo las anteriores premisas, entraremos a examinar si la decisión adoptada por el a quo compagina con la realidad procesal, esto es, si la aplicación del artículo 73 de la Ley 734 del 2002, al disponer del archivo definitivo de las diligencias, por cuanto la conducta atribuida no existió, se ve reflejada en el actuar procesal de la funcionaria investigada.

Retomando los hechos generadores de la investigación disciplinaria, se sabe de autos que la inconformidad del quejoso en este asunto, lo fue porque la Juez Primera Penal Municipal de Dosquebradas, lo calificó anticipadamente desvinculándolo de la carrera judicial, lo cual no constituye comportamiento disciplinario que pueda endilgársele a la funcionaria, porque la doctora Correa Valencia, no ha incurrido en la falta alguna y la queja no corresponde a la realidad de los hechos, ni demuestran que haya presentado tal acoso laboral que denuncia el señor José Nelson Cardona Noreña.

Si analizamos los testimonios de quienes fueron sus empleados o compañeros de trabajo en el Juzgado Primero Penal Municipal de Desquebradas, el hecho de llamarle la atención al señor Cardona Noreña “tanto verbal como por escrito”, lo fue porque continuamente incurría en errores, así lo aseguraron Silvio Osario Noreña, Jorge Orlando Valencia Toro y Luis Fernando Ortiz Ocampo, haciendo énfasis en que este último, tomó la decisión de desistir de la queja, porque no haber estado de acuerdo y por un mal asesoramiento, reconociendo que no era cierto todo lo que se estaba tejiendo de parte del señor Cardona Noreña, contra su propia jefe inmediata la doctora Diana Lucía Correa Valencia.

Esos testimonios y las pruebas allegadas al proceso, nos indican sin lugar a dudas que la juez al dar a conocer los llamados de atención que le hizo al señor Cardona Noreña, por las deficiencias en el desempeño laboral como secretario del juzgado, en razón de los errores que cometía, fue lo que la llevaron a calificarlo de manera anticipada y desvincularlo de la carrera judicial, quedando entonces claro, que el hecho de haberle hecho llamados de atención, él se enojaba dando a entender que se trata de una persona temperamental, lo cual se reitera no constituye falta disciplinaria alguna.

Los mismos testimonios recibidos, como lo advirtió el a quo, son los que aclararon la situación y los motivos por los que el secretario del juzgado de la época, fue calificado anticipadamente por la doctora Correa Valencia, como una persona “insuficiente, nada pudieron aportar, precisamente porque no laboraban en dicho juzgado, y solo sobre el conflicto suscitado entre funcionaria y empleado dieron referencias de oídas, esto es, de acuerdo con lo transmitido por el mismo empleado, como igualmente ocurrió con las grabaciones aportadas a esta investigación”.

Grosso modo, no tenemos prueba suficiente que pueda indicar a la Sala, que existió una conducta de “acoso laboral”, atribuible a la funcionaria investigada disciplinariamente, y el hecho de que hubiera calificado anticipadamente al secretario del juzgado señor Cardona Noreña, lo fue expresamente facultada, situación que no es objeto de cuestionamiento, y que, se ajusta a los preceptos que el legislador previó para esta clase de decisiones administrativas —calificaciones anticipadas—, razón suficiente para decir que compartimos los acertados planteamientos esbozados por el juzgador de instancia, toda vez que la interpretación de las normas de derecho son resorte de la autonomía funcional de los operadores judiciales, y al debatirse su actuar y el criterio jurídico que han asumido, en ejercicio de sus funciones, frente a las decisiones administrativas que se deba decidir, en manera alguna no observamos irregularidades, para continuar un inoficioso trámite de índole disciplinario.

Porque no es función de las autoridades disciplinarias de los servidores públicos “revisar la legalidad y juridicidad”de las decisiones tomadas por las autoridades encargadas de administrar justicia, cualquiera que fuere su decisión, las cuales, por virtud de la ley gozan per se de la presunción de legalidad y acierto. Y solo pueden ser objeto de investigación disciplinaria las actuaciones judiciales en donde el funcionario vulnera ostensiblemente el ordenamiento jurídico, incurriendo con ello en lo que jurisprudencial y doctrinariamente ha convenido en denominarse vía de hecho,o cuando para ajustar su determinación tergiversan ostensiblemente los principios orientadores de la valoración o de la sana crítica, suponer pruebas inexistentes o desconocer las que reposan en el expediente.

Todo indica que la inconformidad del accionante, descansa, pura y simplemente en el hecho de que la juez hubiera tomado la decisión de calificarlo anticipadamente y desvincularlo de la carrera judicial, por todas las razones que se han dejado anotadas en procedencia, sin embargo todo ello generó que se formulara una denuncia en contra de la juez, bajo el argumento de acoso laboral.

Se denota, más bien, una animosidad del quejoso hacia la funcionaria por circunstancias laborales que pretéritamente se presentaron, las cuales, pudieron haber generado, en su oportunidad, una voz de alerta en su comportamiento, pero por todo ello, fue necesario que la juez le hiciera llamados de atención por escrito y verbalmente, lo que no entendió el quejoso en este asunto, lo cual generó que se tomaran decisiones de rigor, como en efecto lo hizo para dar por terminado el comportamiento negligente, desidioso e irreverente que presentó durante el tiempo que permaneció como secretario del Juzgado Primero Penal Municipal, el señor Cardona Noreña.

Así las cosas, no queda otra alternativa distinta, que la de impartir confirmación a la decisión de dar por terminado el proceso disciplinario contra la doctora Diana Lucía Correa Valencia en su condición de Juez Primero Penal Municipal de Dosquebradas, Risaralda.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CONFIRMAR la providencia de fecha noviembre 2 de 2007, por medio de la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Risaralda, dispuso del archivo definitivo de la investigación disciplinaria seguida contra la doctora Diana Lucía Correa Valencia, como Juez Primero Penal Municipal de Dosquebradas Risaralda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Julia Emma Garzón de Gómez—Henry Villarraga Oliveros—José Ovidio Claros Polanco—Angelino Lizcano Rivera—María Mercedes López Mora—Jorge Armando Otálora Gómez—Pedro Alonso Sanabria Buitrago.

Yira Lucía Olarte Ávila, secretaria judicial.

Salvamento de voto

Con el debido respeto por mis compañeros de Sala, me permito exponer los motivos que me llevaron a salvar voto respecto de la decisión aprobada en Sala 86 del 23 de julio de 2010, a través de la cual se confirmó la decisión de primera instancia, a través de la cual se dispuso el archivo definitivo de la investigación seguida en contra de la doctora Diana Lucía Correa Valencia en su condición de Juez Primero Penal Municipal de Dos Quebradas (Risaralda), es porque estimo que si no había prueba suficiente como se señaló en el folio 8 del proveído, para establecer la conducta de acoso laboral, teniendo en cuenta la etapa procesal en que se encontraba la actuación disciplinaria, se debieron haber practicado pruebas, toda vez que la duda era salvable.

Angelino Lizcano Rivera.