Sentencia 2006-00255/44095 de septiembre 14 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad.: 41001-23-31-000-2006-00255-01 (44095)

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Actor: Omar Antonio López y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Referencia: Reparación directa

Bogotá, D. C., catorce de septiembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Presupuestos procesales de la acción

De la jurisdicción, competencia y procedencia de la acción

Por ser la demandada una entidad estatal, el asunto es de conocimiento de esta jurisdicción (art. 82 C.C.A.). Además, esta corporación es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la demandada Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional en un proceso con vocación de segunda instancia(3). Por otra parte, la acción de reparación directa instaurada (art. 86 C.C.A.) es la procedente, por cuanto las pretensiones de la demanda van encaminadas a la declaratoria de responsabilidad de la demandada por la privación injusta de la libertad del señor Omar Antonio López López.

Se advierte que la decisión de darle prelación al presente caso, obedece a lo acordado por la Sala Plena de la Sección Tercera de esta corporación el pasado 25 de abril de 2013, ocasión en la que se decidió que los expedientes que están para fallo en relación con daños causados por privaciones injustas de la libertad –entre otros temas–, pueden decidirse por las Subsecciones, sin sujeción al turno.

Ahora bien, es importante recordar que la Sala debe limitarse a analizar los aspectos que la demandada Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional señala en su recurso de apelación(4), o que son “consecuenciales, accesorios o derivados del aspecto de la sentencia que fue recurrido”, pues esta corporación(5) ha considerado que, de la premisa “la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante”(6), no se sigue una autorización al juez de segundo grado para hacer el escrutinio y determinar libremente qué es lo desfavorable al recurrente, pues, a renglón seguido, la norma establece una segunda prohibición complementaria, según la cual no podrá el ad quem enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso.

De la legitimación en la causa

Toda vez que el señor Omar Antonio López López fue el afectado directo con el proceso penal y la medida de aseguramiento de detención preventiva proferida por el Juzgado 180 de Instrucción Penal Militar, este se encuentra legitimado para reclamar los perjuicios derivados de la privación de su libertad. De igual forma, se encuentra legitimada la señora Luz Dari Carvajal Lugo por encontrarse demostrado el lazo de parentesco entre ella y el señor Omar Antonio López López(7).

En cuanto al menor Andrés Felipe López Carvajal, no se estudiará su legitimación, por cuanto en primera instancia se dispuso que al no existir en el proceso copia auténtica del registro civil de nacimiento no se podía tener como parte accionante sujeto de indemnización, decisión que no fue recurrida por el demandante.

Respecto de la legitimación en la causa por pasiva, según manifestó la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional en el escrito de impugnación, dicha entidad no se encuentra legitimada debido a que las decisiones que causaron el daño fueron adoptadas por la Justicia Penal Militar, dependencia o entidad que no hace parte de la Policía Nacional.

Frente a lo anterior es necesario destacar que esta Sala ha advertido(8) que la Nación tiene una naturaleza unitaria como persona jurídica, aunque su representación pueda surtirse a través de las distintas ramas del poder, los órganos de control o de entes autorizados por la ley, los cuales son vinculados a los procesos contenciosos para que respondan con su patrimonio en caso de ser declarada su responsabilidad administrativa(9).

Así, es cierto que la representación de la Nación varía dependiendo de las circunstancias propias de cada caso, pero aquello no desdice la unidad de dicha persona jurídica, independientemente del ente que concurra al proceso a representarla(10).

Sobre el particular, esta corporación en sentencia del veintiséis (26) de mayo de dos mil diez (2010), Radicación 01001-23-31-000-1995-01672-01(18467), indicó:

Bajo esa perspectiva, la Sala en reiterada jurisprudencia, ha señalado que en asuntos como el presente, el centro genérico de imputación es la Nación, la cual, para efectos procesales, ejerce su representación a través de la rama, dependencia u órgano al que, específicamente para los efectos de la responsabilidad extracontractual del Estado, se le atribuya el hecho, la omisión o la operación administrativa o la ocupación causante del daño indemnizable(11).

Al respecto, la Sala en sentencia de 10 de mayo de 2001(12), precisó:

“Debe advertirse que aunque la entidad demandada estuvo representada durante todo el proceso por el Ministerio de Justicia, la condena deberá ser reconocida con cargo al presupuesto de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Ley 270 de 1996.

“En asuntos similares, la Sala ha precisado la distinción entre la legitimación en la causa por pasiva y la representación en estos términos:

“Entendida la legitimación en la causa como la calidad que tiene una persona para formular o contradecir las pretensiones de la demanda por cuanto es sujeto de la relación jurídica sustancial, es evidente que este presupuesto se cumple en el caso sub judice como que el actor formuló su petitum contra la Nación, que es la llamada a resistirlo.

“Ocurre, sin embargo, que esta persona jurídica está representada por diversos funcionarios según la rama del poder público o la dependencia u órgano que deba concurrir al proceso porque ‘los actos administrativos, los hechos, las operaciones administrativas y los contratos administrativos y privados con cláusula de caducidad de las entidades públicas’ que juzga la jurisdicción de lo contencioso administrativo (art. 83 C.C.A.) les sean atribuibles de manera directa, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 149 C.C.A.

“Podría afirmarse que el centro genérico de imputación –Nación– es una persona jurídica unitaria y como tal, para efectos procesales, considerada parte, sólo que en cuanto a su representación esa imputación se particulariza teniendo en cuenta la rama, dependencia u órgano al que, específicamente para los efectos de la responsabilidad extracontractual del Estado, se le atribuya el hecho, la omisión o la operación administrativa o la ocupación causante del daño indemnizable (art. 85 C.CD.A.)”(13).

“(…)

“Así las cosas, de acuerdo con las normas vigentes para la época de presentación de la demanda, la Nación debía comparecer a través del Ministro de Justicia a todo proceso en que se discutiera su responsabilidad por las actuaciones de los jueces o magistrados y así ocurrió en el presente caso. No obstante, como el fallo se profiere en vigencia de la Ley 270 de 1996, la Nación deberá responder por los perjuicios causados a la demandante a través del Consejo Superior de la Judicatura, sin que pueda entenderse vulnerado el derecho al debido proceso de la entidad demandada, pues la parte en el mismo que lo es la Nación, tal como se señaló antes, sí estuvo debidamente asistida. Este es un problema presupuestal y no procesal”.

Para el caso concreto se advierte que la demanda fue radicada el 10 de marzo de 2006 (fl. 10, vto. c. 1) y se dirigió contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional. Consecuentemente, en el auto admisorio de la demanda se ordenó la notificación al Ministro de Defensa por conducto del Comandante del Departamento de Policía Huila (fls. 62-63 c. 1), época para la cual ya se encontraba vigente el artículo 49 de la Ley 446 de 1998 que disponía:

ARTÍCULO 49. Representación de las personas de derecho público. El artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, quedará así:

Artículo 149. Representación de las personas de derecho público. Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones públicas podrán obrar como demandantes, demandadas o intervinientes en los procesos Contencioso Administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados. Ellas podrán incoar todas las acciones previstas en este código si las circunstancias lo ameritan.

En los procesos contencioso administrativos la Nación estará representada por el Ministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Fiscal General, Procurador o Contralor o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho. (Negrilla fuera de texto)

Conforme a lo anterior, vale la pena resaltar que en el presente asunto se estudia la responsabilidad de la Nación presuntamente generada a raíz de una investigación penal que inició el Juzgado 66 de Instrucción Penal Militar contra Omar Antonio López López y otro, por su presunta autoría en los delitos de lesiones personales y concusión, cuyo trámite prosiguió a cargo del Juzgado 180 de Instrucción Penal Militar autoridad que profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva. Posteriormente, la Fiscalía 157 Penal Militar delegada ante el Juzgado 154 de Primera Instancia con sede en Ibagué - Tolima dispuso cesar el procedimiento en favor del demandante, decisión que fue confirmada en sede de consulta por la Fiscalía Segunda delegada ante el Tribunal Superior Militar de Bogotá. De este modo, acorde con lo previsto en la norma antes referida, advierte la Sala que también pudo haberse vinculado a la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, por cuanto se trata de una dependencia que tuvo participación en la producción de los hechos.

No obstante, la anterior circunstancia no implica que se configure la falta de legitimación en la causa por pasiva, pues en el proceso se encuentra vinculada la persona jurídica sobre la que recaería la obligación de reparar los presuntos perjuicios ocasionados a los demandantes, esto es, la Nación cuya representación asumió en este caso la Policía Nacional.

En esa medida, el argumento presentado por la parte demandada en el recurso de apelación no está llamado a prosperar, toda vez que la Dirección de Administración de la Justicia Penal Militar es una dependencia interna del Ministerio de Defensa, que si bien cuenta con autonomía financiera y administrativa, no por ello corresponde a una persona jurídica diferente a la Nación.

En efecto, el Decreto 1512 de 2000 prevé la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar dentro de la estructura del Ministerio de Defensa –artículo 6º–. Y la define en su artículo 26, de la siguiente manera:

Artículo 26. Funciones de la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar. A la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, dependencia interna del Ministerio de Defensa Nacional, con autonomía administrativa y financiera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54, literal j) de la Ley 489 de 1998, corresponde, de acuerdo con las directrices impartidas por el Ministro de Defensa Nacional y el Consejo Asesor de la Justicia Penal Militar y las disposiciones del Código Penal Militar y demás normas relativas a la materia, la administración y dirección ejecutiva de la Justicia Penal Militar (…).

Así mismo, cabe anotar que la Justicia Penal Militar no hace parte de la rama judicial, sino de la rama ejecutiva, ubicación claramente detallada en la Sentencia C-879 de 2003 de la Corte Constitucional:

Como puede advertirse, en la estructura del Estado colombiano, la justicia penal militar está adscrita a la fuerza pública y hace parte de la rama ejecutiva del poder público. No obstante, administra justicia y así lo reitera el artículo 116 superior. Pero el cumplimiento de esta función, si bien la sujeta a los principios constitucionales que rigen la administración de justicia, no trastoca su naturaleza, es decir, no hace a la justicia penal militar parte de la rama judicial del poder público. De allí que la Corte, en la reciente Sentencia C-457-02, haya enfatizado, en los siguientes términos, que ahora se retoman, la índole de la justicia penal militar como ámbito especializado de la función pública. (…)

Con base en lo expuesto, y definido que la Justicia Penal Militar pertenece a la rama ejecutiva y no a la rama judicial, la Sala estima, al amparo del artículo 149 del C.C.A., que al haber sido formulada la demanda contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, entidad a la que se notificó en debida forma y representó a la Nación en el presente asunto, se encuentra debidamente legitimada y representada, pues se demanda por la presunta privación injusta de la libertad que tuvo que soportar el señor Omar Antonio López López por disposición de la Justicia Penal Militar, la cual, al ser parte de la rama ejecutiva, más precisamente, adscrita a la fuerza pública, puede ser representada por el Ministerio de Defensa - Policía Nacional.

Finalmente, se advierte que las condenas que se profieran deberán ser asumidas con cargo al presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional.

De la caducidad de la acción

En tratándose de los eventos de responsabilidad por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia de esta corporación ha considerado que el término de caducidad de la acción de reparación directa se cuenta a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que absuelve al sindicado y le pone fin al proceso penal(14).

En el caso concreto, se pretende declarar patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, por la privación injusta de la libertad a que fue sometido el señor Omar Antonio López López.

De conformidad con las pruebas arrimadas al plenario, resulta acreditado que la providencia mediante la cual se dispuso cesar el procedimiento en favor del sindicado de los delitos de lesiones personales y concusión se profirió el 5 de abril de 2002, por la Fiscalía 157 Penal Militar delegada ante el Juzgado 154 de Primera Instancia de Ibagué - Tolima (fls. 309-318, c. 4), decisión que fue confirmada en sede de consulta por la Fiscalía Segunda ante el Tribunal Superior Militar de Bogotá el 26 de abril de 2005, decisión esta última que fue notificada por edicto con constancia de desfijación del 12 de mayo de 2005 (fl. 351, c. 4).

En ese orden de ideas y, teniendo en cuenta que la demanda fue interpuesta el 10 de marzo de 2006 (fl. 10 vto. c. 1), no cabe duda de que la acción fue iniciada dentro del término bienal que establece para tal efecto el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

II. Cuestión previa

En relación con los hechos de que trata el proceso, obran las pruebas aportadas por las partes y las allegadas por orden del a quo. Sobre el particular, la Sala hace las siguientes precisiones:

1. Si bien es cierto que en el expediente reposan algunos documentos en copia simple, estos podrán ser valorados por cuanto estuvieron a disposición de las partes y no fueron tachados de falsos. Al respecto, la Sección Tercera de esta corporación en reciente fallo de unificación de jurisprudencia(15), consideró que las copias simples tendrán mérito probatorio, en virtud de los principios constitucionales de buena fe y lealtad procesal, en tanto se hayan surtido las etapas de contradicción y su veracidad no haya sido cuestionada a lo largo del proceso. Adujo la Sala, que una interpretación contraria implicaría afectar el acceso a la administración de justicia y la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal.

2. Igualmente, se tendrán en cuenta las copias aportadas del proceso penal militar seguido contra el señor Omar Antonio López López por los delitos de lesiones personales y concusión; así como las pruebas decretadas y practicadas en el mismo (c. 3 - 4 cuaderno de pruebas), por cuanto fue un medio probatorio oportunamente solicitado y decretado, el cual no fue tachado de falso por la parte contraria.

III. Problema jurídico

La Sala debe determinar si la privación de la libertad que soportó Omar Antonio López López, en el marco del proceso penal seguido en su contra por los delitos de lesiones personales y concusión, que culminó con cesación del procedimiento, constituye una detención injusta que compromete la responsabilidad de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional. También es menester resolver si en el presente caso se configura como causal excluyente de responsabilidad una culpa exclusiva de la víctima.

IV. Hechos probados

De conformidad con las pruebas incorporadas al expediente, están acreditados en el proceso los siguientes hechos relevantes:

1. El 1º de julio de 2000, aproximadamente a las 11:00 p.m., se instaló un retén de la policía frente al CAI del barrio La Rioja, el cual tenía como propósito controlar la circulación de motocicletas en el sector urbano de la ciudad de Neiva de las 10:00 p.m. a las 5:00 a.m. del 15 de julio al 4 de julio de 2000 (Decreto 00250 del 2 de junio de 2000, expedido por el alcalde de Neiva –fls. 198 a 201 c. 3–; informe rendido por la Alcaldía de Neiva frente a la inmovilización de la motocicleta Honda KNN54 –fl. 51 c. 3–).

2. Dentro de los agentes de policía que se encontraban en turno en el retén antes mencionado figuraba el señor Omar Antonio López(16), quien en cumplimiento a la orden impartida por el alcalde municipal de Neiva a través del Decreto 00250 del 2 de junio de 2000, procedió a inmovilizar la motocicleta de placas KNN-54 en la que se transportaba el señor Rafael Andrés Solano Murcia (Comunicación remitida por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Neiva - Unidad de Educación y Seguridad Vial al Juzgado 66 de Instrucción Penal Militar - Departamento Policía Huila, en la que informa sobre la inmovilización de la moto de placas KNN-54 –fl. 51 c. 3–).

3. El 4 de julio de 2000, el señor Rafael Andrés Solano Murcia instauró denuncia contra el agente de policía Omar Antonio López López ante el Cuerpo Técnico de Investigación Seccional Neiva - Sala de Denuncias, por el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto (Denuncia Nº 6428 recepcionada el 4 de julio de 2000 –fls. 2-4, c. 3–; Diligencia de ampliación de denuncia rendida el 14 de julio del 2000 –fl. 8 c. 3–).

4. Cuatro (4) días después de la realización del operativo, esto es, el 5 de julio del 2000, el señor Rafael Andrés Solano Murcia acudió para valoración ante el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - Regional Sur Oriente, Neiva(17), entidad que le otorgó una incapacidad de cuatro (4) días, por cuanto presentaba “equimosis en la cara posterior del brazo izquierdo con ligero edema del dorso de la mano ipsolateral. Pequeños hematomas en la región parietal. Lesiones sufridas con elemento contundente” (Dictamen médico legal expedido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - Regional Sur Oriente, Neiva, el 13 de julio de 2000 –fl. 36, c. 3–).

5. Debido a que el señor Omar Antonio López López ostentaba la calidad de agente de la policía, la fiscalía remitió la denuncia a la Justicia Penal Militar, por lo cual, el 14 de julio de 2001, el Juzgado 66 de Instrucción Penal Militar, dio apertura a la investigación preliminar Nº 1.553, por los delitos de concusión y lesiones personales en contra de los agentes de la policía que se encontraban efectuando un retén cerca al CAI del barrio La Rioja de la ciudad de Neiva, el día 1º de julio del año 2000 (Providencia de apertura de investigación previa del 14 de julio del 2000 –fl. 9 c. 3–).

6. Dentro de la investigación penal se recaudaron varios testimonios(18) que no fueron del todo concluyentes ante las circunstancias en que acaecieron los hechos, por cuanto a pesar de que afirmaron que existió cierta violencia por parte del policía Omar Antonio López en el operativo llevado a cabo el 1º de julio del año 2000, no arrojaron plena certeza de cuál fue la causa de las presuntas lesiones, para el efecto se citará el testimonio del señor Héctor Julián Perdomo Dussan, quien en diligencia del 31 de julio de 2000, rendida ante el Juzgado 66 de Instrucción Penal Militar, afirmó haber presenciado los hechos. Sobre lo sucedido manifestó lo siguiente (fl. 4, c. 3):

PREGUNTADO: Bajo la gravedad del juramento que prestó manifiéstele al Despacho todo cuanto le conste sobre un hecho ocurrido en la noche del sábado 1º de julio cuando elseñor (sic) antes mencionado se trasladaba en una motocicleta y fue abordado por un miembro de la policía. CONTESTO: Ese día yo salía de un conjunto residencial creo que Miraflores, yo estaba en el bautizo de una menor de edad y eranmás (sic) o menos como las 11:30 de la noche, salíamos con un grupo de amigos y mi hermano, salíamos de Miraflores que es como dos cuadras más allá de la Universidad Antonio Nariño, cerca al Barrio La Rioja, vimos cuando el agente de policía que no se cómo se llama, estaba agrediendo a este pelado ANDRES pero no se porqué causa, yo me dí (sic) cuenta que le pegó con el bastón de mando en varias oportunidades, iban tal vez como tres policías en una camioneta de estaca, pero el que lo agredió fue uno sólo, el agente cogio (sic) el arma tal vez por intimidarlo y la bala cayó fue al suelo y al vernos a nosotros cogieron la moto y se la llevaron, el que lo intimido (sic) con el arma fue el mismo que lo agredió con el bastón de mando, no sé si él se alzo (sic) con el policial pero es indebido ese comportamiento (…)

7. De igual manera, se recaudaron los testimonios de los agentes Rodrigo Quino Narváez(19) y Alfonso Medina Chavarro(20), quienes coincidieron en afirmar que desconocían si el conductor de la motocicleta fue agredido por parte de su compañero Omar Antonio López. Al respecto se transcribe el aparte de la versión rendida por el agente Rodrigo Quino Narváez (fl. 57, c. 3):

CONTESTO: esa noche de la central de la policía nos informaron que había una moto para inmovilizar en el CAI de las palmas, en dicho CAI se encontraba un agente de la policía quien nos informó que tenía esa moto para inmovilizar por transitar fuera de los horarios establecidos en la restricción de junio y por encontrarse indocumentada, se hizo la respectiva inmovilización y en el momento de hechar (dic) la motocicleta a la grua aparecieron varias personas a solicitar que no le inmovilizaramos la motocicleta pero las causales daban para eso, uno o dos de los comparendos que yo hice, van firmados por el agente que estaba ahí, él me entregó la boleta me entregó la moto, yo le hago llegar eso posteriormente. PREGUNTADO: En Qué condiciones físicas se encontraba RAFAEL ANDRES SOLANO en esa oportunidad. CONTESTO: en el momento que llegamos al CAI el conductor de la motocicleta no se encontraba en el CAI, y no tomamos prueba de alcoholemia cuando ya habíamos recibido apareció el muchacho por eso es que no aparece ni nombre creo, en los comparendos. PREGUNTADO: se dice en estas diligencias que el conductor de la moto fue maltratad (sic) por la policía, qué conocimiento tiene al respecto? CONTESTO: desconozco siel (sic) conductor de la motocicleta haya sido maltratado pues al llegar al CAI no se encontraba y cuando ya estábamos subiendo la moto a la grúa aparecieron ellos los propietarios o conductor de la moto, como cuatro o cinco personas diciendo que no había motivos para inmovilización, pero en ese momento no vi ningún tipo de agresión por parte de la policía (…).

8. El 12 de diciembre de 2000, el Juzgado 180 de Instrucción Militar(21) dio apertura a la investigación sumaria Nº 2.127 y ordenó la vinculación del agente Germán López González (auto proferido el 12 de diciembre del 2000 –fl. 77 c. 3–).

9. El 31 de mayo de 2011, el Juzgado 180 de Instrucción Penal Militar profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva contra el agente de policía Omar Antonio López López por los presuntos delitos de lesiones personales y concusión, la cual básicamente se sustentó en la posible participación del implicado en el delito de concusión, por cuanto consideró que de los testimonios recaudados resultaba evidente la existencia de conductas típicas antijurídicas para imponer dicha medida; no obstante, en la misma providencia se abstuvo de proferir medida de aseguramiento contra el agente Germán López González (auto del 31 de mayo de 2001 –fls. 157-162, c. 3–). Dicha providencia fue notificada personalmente al agente Omar Antonio López el 5 de junio de 2001.

10. El abogado defensor interpuso recurso de apelación el 5 de junio de 2001 (fl. 162 vto c. 3), el cual sustentó el 11 de junio de ese mismo año, en la alzada solicitó se revocara la medida de aseguramiento de detención preventiva y en su defecto se dispusiera la cesación de todo procedimiento en contra del agente Omar Antonio López López (fls. 170-174, c. 3).

11. El 12 de junio de 2001, se ejecutó la medida de aseguramiento impuesta en contra del agente Omar Antonio López, al momento de notificarle la decisión. Por tal motivo, se envió el Oficio Nº 938/DPH.J.180 con destino al jefe guardia prevención, en el cual se solicitaba mantener en esas instalaciones policiales con las medidas de seguridad del caso al sindicado (providencia del 12 de junio de 2001 –fls. 178-179 c. 3–).

12. El 1º de octubre de 2001, con ocasión del recurso de apelación interpuesto contra la decisión anterior (fls. 170-174 c. 3), el Tribunal Superior Militar de Bogotá decidió sustituir la medida de aseguramiento de detención preventiva por la de conminación, por no tratarse de pena de prisión sino de arresto por un delito de menor cuantía, ya que las lesiones personales no excedían de treinta (30) días de incapacidad. Con base en esta determinación, se ordenó la libertad provisional del acusado (providencia proferida el 1º de octubre de 2001 –fls. 268-279 c. 3–).

13. En obedecimiento a lo anterior, el 2 de octubre de 2001, el Juzgado 180 de Instrucción Penal Militar emitió oficio en el que ordenó la excarcelación de Omar Antonio López López (Boleta de excarcelación –fls. 256-258, c. 3–), la cual se hizo efectiva ese mismo día y una vez el investigado suscribió la correspondiente acta de compromiso (diligencia de compromiso suscrita el 2 de octubre de 2001 –fl. 255, c. 3–).

14. El 16 de noviembre de 2001, el señor Rafael Andrés Solano Murcia presentó ante la Fiscalía 157 Penal Militar de Ibagué escrito de desistimiento de la acción penal y civil en contra del agente Omar Antonio López, sin explicar los motivos de su desistimiento (escrito de desistimiento presentado por el señor Rafael Andrés Solano –fl. 285 c. 3–).

15. El 5 de abril de 2002, la Fiscalía 157 Penal Militar delegada ante el Juzgado 154 de Primera Instancia Ibagué - Tolima dispuso cesar el procedimiento en favor de los agentes de la policía nacional Omar Antonio López López y Germán López González(22), por cuanto frente al delito de lesiones personales la parte afectada presentó desistimiento y, teniendo en cuenta que frente al delito de concusión no habían pruebas suficientes que comprometieran la responsabilidad de los implicados. Dicha decisión se fundamentó así (fls. 309-318, c. 4):

En orden de precisar la decisión a tomar con respecto a la calificación que se impartirá al presente sumario, es del caso en primer lugar, referirnos al memorial obrante a folio 285 del cuaderno original, mediante el cual el denunciante desiste de manera formal y con prescripciones legales, de los delitos de lesiones personales y concusión de los cuales según el fuera víctima. Sea lo primero en advertir que esta Fiscalía tomará como válido tal desistimiento respecto al delito de lesiones personales ya que tal acción solo es válida para esta clase de injusto siempre y cuando las lesiones sean menores a 30 días y no exista secuela, como bien lo prescribe el artículo 80 de nuestra normatividad castrense, en tal sentido y habiendo sido aceptado tal desistimiento por el denunciado, se tiene como válida tal solicitud, por lo cual en los términos de la norma antes señalada se declaró extinguida la acción penal en favor del agente López López Omar Antonio, haciéndose esta extensiva al también AG. Germán López González y como consecuencia de ello se ordenará cesación de procedimiento por tal injusto en favor de los antes mencionados. Analizándose de manera separada el injusto penal de concusión, el cual no es susceptible de desistimiento.

La disposición sustantiva que tipifica el injusto penal, determina para su estructuración, que el servidor público realice de manera abusiva actos de constreñimiento, inducción a la víctima para que le entregue dinero para sí o para un tercero, conducta que se traduce en manifestaciones que le generen temor, intimidación o amenazas, de tal manera que se vence su libertad de determinarse, de esa manera el exaccionado da o promete lo que le pida el funcionario abusivo, por la influencia psicológica que le infunde, más si es un policía.

En el caso sub-examine, tenemos que las pruebas que obran en el plenario, no demuestran que los agentes López, hayan abusado de sus funciones como servidores públicos y exigieran dinero al ciudadano Solano, para la compra de gasolina y aceite para la patrulla. Ello se evidencia en primer lugar que los testigos que supuestamente vieron los hechos los cuales son contradictorios entre sí, si tenemos en cuenta que los mismos salían en forma tumultoria del edificio donde se encontraban de farra, narran unos que se acercaban a ver lo que sucedía, otros que vieron los billetes los cuales eran de diez mil pesos, pero cómo los iban a ver si estaban a una distancia según ellos a 50 metros y de noche, quedándonos solo el testimonio del denunciante de que los policías le exigieron dinero, pero su dicho también resulta sospechoso debido a que, como el mismo lo manifiesta la moto era de su cuñado a quien le iba a realizar una diligencia urgente; si ello hubiera sido así, frente a la prohibición de transitar las motos le hubiera proporcionado los documentos, por lo que sí resulta a juicio del despacho que este ciudadano andaba en el velocípedo de manera clandestina y para evitar las represalias de su cuñado se inventó los hechos que denunció a los tres días de su ocurrencia, montaje que sólo le creyó la Juez Instructora sin detenerse a analizar que cierto grupo de personas como el caso de los jóvenes a quienes llamó en testimonio, por su corta edad, sitio donde residen, así como al género social al que pertenecen, muchas veces en sus testimonios tienden a favorecer a sujetos de su misma calaña.

(…)

De otro lado no se desprende del cúmulo probatorio, ni siquiera uno de los elementos mínimos de los verbos rectores del injusto de concusión que represente la acción de tal conducta, antes por el contrario brillan por su ausencia, llamándonos poderosamente la atención, las diligencias de reconocimiento fotográfico (fl. 76) y el reconocimiento en fila de personas (fls. 127-129), en cuya diligencia reconoce al policía que le pegó y le pidió dinero, al fin los dos le pegaron o los dos le exigieron dinero, más si como bien lo denuncian los mismos Policías, López González se encontraba como Comandante de Guardia del CAI y no participó en el procedimiento, por tanto estas pruebas carecen de fundamento legal para con ellas proferir una resolución de acusación, antes por el contrario cobran fuerza las exculpaciones dadas por López López en su indagatoria, al decir que Solano, de manera alterna y soez pretendía impedir la inmovilización de la moto, es más los atacó con piedras.

Por todo lo anterior, considera este despacho que el delito de concusión, que se le imputará a los sindicados no existió. Existió si, pero en la mente del denunciante que violando normas de tránsito y quien pretendía no le inmovilizaran la motocicleta, por tanto y conforme a lo antes expuesto se dictará en favor de los denunciados Cesación de Procedimiento, ello conforme a lo prescrito en el numeral tercero del artículo 558 de la nueva normatividad castrense. (…)

16. Toda vez que no se interpusieron recursos contra la anterior decisión, el proceso fue remitido a la Fiscalía Segunda ante el Tribunal Superior Militar de Bogotá, para que surtiera el grado jurisdiccional de consulta sobre la Cesación de Procedimiento en favor de Omar Antonio López López y Germán López González (Envío sumario en consulta –fls. 328-329, c. 4–).

17. En consecuencia, el 26 de abril de 2005 la Fiscalía Segunda delegada ante el Tribunal Superior Militar de Bogotá profirió providencia en la que confirmó la Cesación de Procedimiento proferida el 5 de abril de 2002 por la Fiscalía 157 Penal Militar y revocó toda medida de aseguramiento impuesta a los procesados(23), por cuanto consideró que los agentes de la policía no se excedieron o extralimitaron en sus funciones y, por lo tanto, tampoco ejercieron ningún tipo de constreñimiento con el fin de obtener algún provecho económico o material del denunciante. Al respecto consideró (fls. 345-350, c. 4):

(…) Teniendo en cuenta lo anterior y ante la falta de indicio grave o elementos probatorios del hecho punible que puedan comprometer la responsabilidad de los agentes acá procesados, este despacho confirmará la cesación de procedimiento dictada por el a quo en su muy razonable calificación, por cuanto la actitud asumida por los institucionales durante el desarrollo del retén, esto es, sus ademanes, movimientos, etc., no pueden ser circunstancias de las que infiera que efectivamente solicitaron dinero o lesionaran la integridad del poseedor de la motocicleta.

Ahora en cuanto al petitorio de nulidad parcial impetrada por el ministerio Público relacionado con las diligencias de indagatoria recepcionadas a los procesados, no puede desligarse el despacho a quem al analizar el compendio probatorio, relacionado con la situación jurídico procesal de éste procesado, bajo el argumento de observarse una posible causal de nulidad en las consignaciones del inicio del acta de indagatoria del procesado, cuando estamos frente a una calificación de cesación de procedimiento que por lógicos principios prescinden de la violación al derecho de defensa porque este tipo (sic) decisiones siempre favorecen a los vinculados y dentro de este criterio es obvio que no se puede aducir un perjuicio concreto para los demás sujetos procesales. Retrotraer el proceso para que con base en el acervo probatorio se valore la situación jurídica procesal de los agentes López López y López González y decidir si se les vincula o no, solo conduciría a prolongar la situación sub iudice de los institucionales procesados, si se tiene en cuenta que a pesar de la falta de consignación expresa de los derechos que todo indagado tiene constitucionalmente, se obtuvo no solo en ella, sino en los informes y declaraciones que se rindieran sobre la no ocurrencia de los delitos endilgados; eso sí, se procederá a efectuar un llamado de atención al funcionario instructor para que en nuevas oportunidades no incurra en situaciones similares las cuales desdibujan el correcto actuar de los funcionarios de la Justicia Penal Militar.

Al no reunirse los requisitos sustanciales contenidos en el artículo 556 del Código Penal Militar, para proferir resolución de acusación, sino que por el contrario confluyen las exigencias del artículo 558 ibídem, este despacho confirmará la decisión cesatoria emitida por el a quo que es objeto de consulta, por causal de atipicidad.

18. El 29 de junio de 2005, la Fiscalía 157 Penal Militar, emitió auto de obedecimiento y cumplimiento a lo ordenado en la providencia proferida por la Fiscalía Segunda Penal Militar ante el Tribunal Superior Militar el 25 de abril de 2005 y, en consecuencia, dispuso archivar el proceso definitivamente (fl. 354 c. 4).

19. Así pues, se encuentra probada la ejecutoria de la providencia por medio de la cual se dispuso la cesación del procedimiento en favor del sindicado de los delitos de lesiones personales y concusión, por cuanto, dicha decisión surtió todas las etapas procesales, es decir, al no ser objeto de apelación fue remitida a la Fiscalía Segunda ante el Tribunal Superior Militar de Bogotá con el fin de que se surtiera el grado jurisdiccional de consulta.

20. En consecuencia, la cesación del procedimiento fue confirmada en sede de consulta el 26 de abril de 2005, decisión que fue notificada por edicto con constancia de desfijación del 12 de mayo de 2005 (fl. 351, c. 4). Si bien no obra constancia expresa de la ejecutoria de dicha providencia, es posible acudir a lo consagrado en la Ley 600 del 2000(24), Código de Procedimiento Penal vigente para la fecha en que se produjeron los hechos, que en su artículo 187 disponía la ejecutoria de las providencias luego de transcurridos tres (3) días desde la notificación sin que se interpusieran los recursos legalmente procedentes. A su vez, el artículo 180 ibídem indica que las sentencias se notificarán por edicto si no es posible hacerlo personalmente dentro de los tres días siguientes.

21. Adicionalmente, la entidad demandada no alegó la existencia y/o continuidad de la vista penal contra el sindicado luego de proferida la providencia por medio de la cual se confirmó la cesación de procedimiento proferida el 5 de abril de 2002.

22. Estas circunstancias procesales vienen a configurar lo que la doctrina ha dado por llamar “presunciones hominis”, es decir, “un conjunto de razonamientos o argumentaciones mediante las cuales, a partir de hechos conocidos, se concluye afirmando otros desconocidos”(25), algo así como un importe probatorio sobrevenido, desde el cual puede segregarse en este caso, el acaecimiento de la ejecutoria de la providencia que confirmó la cesación del procedimiento y su fijación exacta en el tiempo.

23. Así las cosas, es razonable colegir que la providencia por medio de la cual se confirmó la cesación del procedimiento en favor del Omar Antonio López López, de conformidad con los términos del art. 187 de la Ley 600 del 2000, quedó ejecutoriada tres días hábiles después de su notificación por edicto (12 de mayo de 2005), esto es, el 17 de mayo de 2005.

24. Finalmente, está probado que el señor Omar Antonio López López estuvo privado de la libertad desde el 12 de junio de 2001 (acta de la comparecencia del sindicado, en donde se le informa de la privación de la libertad –fl. 178, c. 3–) hasta el 2 de octubre de 2001 (diligencia de compromiso suscrita el 2 de octubre de 2001 –fl. 255 c. 3–), fecha en la que suscribió la correspondiente acta de compromiso, luego de que el Tribunal Superior Militar de Bogotá sustituyera la medida de aseguramiento y ordenara la libertad provisional del acusado.

25. Sobre esto, la Sala precisa que si bien el a quo señaló, de conformidad con los testimonios recaudados, que el señor Omar Antonio López López estuvo privado de la libertad por el término de 6 meses, una revisión detallada de las pruebas allegadas al plenario da cuenta que la privación de la libertad se produjo por un término menor, esto es, por 3 meses y 20 días, contados a partir del 12 de junio de 2001, fecha en la que quedó privado de la libertad en las instalaciones del Cuartel de Policía de Neiva - Huila hasta el 2 de octubre de 2001, momento en el cual el demandante suscribió acta de compromiso y fue puesto en libertad. Aparte del anterior documento, no hay ningún otro que señale que el actor permaneció privado de su libertad hasta otra fecha diferente.

IV. Análisis de la Sala

Para resolver el asunto puesto a consideración de la Sala es preciso resaltar primero que la libertad personal es un derecho esencial de la persona y, como tal, está reconocido en la Carta Política(26) y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia e incorporados al orden jurídico interno por vía del bloque de constitucionalidad(27).

La libertad consiste, básicamente, en la capacidad de la persona de hacer lo que esté lícitamente permitido. En otras palabras, constituye el derecho de toda persona de organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social conforme a sus propias opciones y convicciones. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado:

La libertad, definida así, es un derecho humano básico, propio de los atributos de la persona, que se proyecta en toda la Convención Americana. En efecto, del Preámbulo se desprende el propósito de los Estados Americanos de consolidar “un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre”, y el reconocimiento de que “sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento de temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”. De esta forma, cada uno de los derechos humanos protege un aspecto de la libertad del individuo(28).

La libertad, como principio y derecho humano, comprende en su núcleo esencial tanto “la posibilidad y el ejercicio positivo de todas las acciones dirigidas a desarrollar las aptitudes y elecciones individuales que no pugnen con los derechos de los demás ni entrañen abuso de los propios”, como “la proscripción de todo acto de coerción física o moral que interfiera o suprima la autonomía de la persona sojuzgándola, sustituyéndola, oprimiéndola o reduciéndola indebidamente”(29).

En su carácter de principio, la libertad es un elemento básico y estructural del Estado de derecho que reconoce y protege la propia autorrealización del individuo. Como derecho fundamental, la libertad goza de preeminencia en el orden superior, sólo puede ser regulada o intervenida por la potestad legislativa, se encuentra protegida por la prohibición de afectar su contenido esencial y su aplicación es directa e inmediata y obliga a todos los órganos y agentes del Estado.

El mencionado derecho, no obstante, no tiene carácter absoluto e ilimitado pues debe armonizarse con otros bienes y derechos de rango constitucional. En consecuencia, la restricción de la libertad a través de la captura o la detención preventiva es considerada admisible, pues el objeto de tales medidas es “asegurar el cumplimiento cabal de las decisiones adoptadas en el proceso, garantizar la presencia de los sujetos procesales y afianzar la tranquilidad jurídica y social en la comunidad”(30). Estas medidas deben ser decretadas por una autoridad judicial, en el desarrollo de un proceso con plenas garantías, y un carácter eminentemente provisional o temporal, con el fin de que no se conviertan en una sanción anticipada.

La restricción de la libertad no solamente debe sujetarse a estos requisitos formales y sustanciales, sino que su imposición debe estar motivada con claridad y suficiencia, y ajustarse a los principios, valores y derechos que consagra la Carta Política, así como a los parámetros fijados por el derecho internacional de los derechos humanos. En todo caso, debe tener en consideración la gravedad del delito cometido, la naturaleza de los bienes jurídicos tutelados, los antecedentes penales del sindicado, la circunstancia de haber sido aprehendido en flagrancia, el desacato a decisiones judiciales previas o la asunción de una conducta reprochable con posterioridad a la ejecución del hecho punible(31).

En el presente caso, es preciso advertir que para el momento en que quedó en firme la decisión que puso fin al proceso penal militar seguido contra Omar Antonio López López, es decir, la providencia del 26 de abril de 2005 proferida por la Fiscalía Segunda ante el Tribunal Superior Militar (v. párr. 22.19), ya había entrado en vigencia la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, cuyo artículo 68 prescribe que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar del Estado la reparación de perjuicios”. El proyecto de la referida ley estatutaria fue revisado por la Corte Constitucional, quien condicionó la declaratoria de exequibilidad de la citada disposición, en estos términos:

Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6º, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención. (...) Bajo estas condiciones, el artículo se declarará exequible(32).

La Sala ha considerado que si bien el condicionamiento fijado por la Corte Constitucional traduce la privación injusta de la libertad en una actuación judicial “abiertamente arbitraria”, dicha disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución para derivar el derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado adelantada en ejercicio de la actividad judicial, pero que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto estos no tengan el deber jurídico de soportarlos, como sucede con los que sufren las personas que son privadas de la libertad durante una investigación penal, a pesar de no haber cometido ningún hecho punible, que son los eventos del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, el cual no perdió vigor con la entrada en vigencia de la ley estatutaria de la administración de justicia pues ello tuvo lugar solo hasta el 24 de julio de 2001, al entrar a regir la Ley 600 de 2000 –Código de Procedimiento Penal–(33).

Además, cabe advertir que durante la vigencia del Decreto 2700 de 1991, la responsabilidad estatal debía declararse en todos los casos en que se dictara una sentencia absolutoria o su equivalente –preclusión de investigación o cesación del procedimiento–, porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de un hecho punible(34). Esta disposición quedó derogada el 24 de julio de 2001, al entrar a regir la Ley 600 de 2000(35), esto es, el Código de Procedimiento Penal. No obstante, como lo ha recordado anteriormente la Subsección, los supuestos del artículo ya citado se derivan directamente del artículo 90 de la Constitución Política, de modo que aún con la pérdida de vigor del Decreto 2700 de 1991, tales causales pueden ser aplicadas para derivar responsabilidad por expresa orden constitucional(36).

Fuera de los tres eventos contemplados en la norma en mención, la responsabilidad extracontractual de la administración puede resultar comprometida también cuando, por ejemplo, al término del proceso penal la presunción de inocencia del sindicado se mantiene incólume, lo cual ocurre en los eventos en los que la absolución se origina en la aplicación del principio indubio pro reo.

Descendiendo al caso concreto, está probado que el señor Omar Antonio López López sufrió un daño, causado por haber estado privado de la libertad desde el 12 de junio de 2001 hasta el 2 de octubre de 2001, conforme se explicó en los hechos probados.

Ahora, en relación con la imputación, es menester destacar que toda vez que el fundamento de la cesación del procedimiento del señor Omar Antonio López López se dio, por una parte, porque el denunciante desistió del delito de lesiones personales y, por otra, porque se consideró que no existían pruebas concretas que comprometieran seriamente la responsabilidad del agente Omar Antonio López López en el delito de concusión, el régimen de responsabilidad aplicable por la presunta privación injusta de la libertad, es en principio objetivo(37), razón por la cual no es necesario establecer la existencia de una falla en la prestación del servicio. No obstante, ello no es óbice para que en el sub júdice, si las condiciones fácticas y jurídicas lo ameritan, resulte aplicable el régimen subjetivo, cuando el mismo se encuentre acreditado.

Cabe advertir que para determinar si se aplica o no el régimen objetivo no es relevante el desistimiento del denunciante frente al delito de lesiones personales, por cuanto la medida de aseguramiento de detención preventiva que dio lugar a la privación de la libertad se impuso fue por la procedencia del delito de concusión, el cual se consideró que no había sido cometido por el agente de policía. En esa medida, a pesar de que hay un desistimiento, ello no da lugar a que no se aplique el régimen objetivo.

En efecto, la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del señor Omar Antonio López López con fundamento en la participación de la concusión, se dio porque supuestamente existían algunos elementos probatorios que generaban indicios de una posible conducta inapropiada por parte del funcionario; no obstante lo anterior, en virtud de que las lesiones personales no excedían de treinta (30) días de incapacidad, el Tribunal Superior Militar en sede de apelación dispuso sustituir la medida de aseguramiento de detención preventiva por la de conminación y ordenó la libertad provisional del señor López López al advertirse que se trataba de un delito de menor entidad; empero, fue la Fiscalía 157 Penal Militar ante el Juzgado 154 de Primera Instancia con sede en Ibagué Tolima quien en la etapa instructiva resolvió cesar el procedimiento a favor del señor López, por cuanto consideró que no existía en el proceso penal prueba alguna que comprometiera seriamente la responsabilidad del agente de la policía en el delito de concusión, decisión que fue confirmada por la Fiscalía Segunda ante el Tribunal Superior Militar de Bogotá.

En la resolución por medio de la cual se dispuso cesar el procedimiento, la fiscalía señaló que la investigación contra el señor Omar Antonio López López tuvo su razón en la presunta comisión de los delitos de lesiones personales y concusión, el primero, por presuntamente causar daño a la integridad física del señor Solano Murcia y, el segundo, porque presuntamente el agente de policía ejerció algún tipo de constreñimiento con el fin de obtener provecho económico o material del denunciante.

En cuanto al primer delito, la Fiscalía 157 Penal Militar ante el Juzgado 154 de Primera Instancia con sede en Ibagué - Tolima tomó como válido el desistimiento del denunciante por lo que declaró extinguida la acción penal en favor del agente Omar Antonio López López; en cuanto al segundo delito, indicó que de las pruebas arrimadas no se demostró que el agente López hubiese abusado de sus funciones como servidor público, ni que hubiese exigido dinero al ciudadano Solano para la compra de gasolina y aceite para la patrulla.

En consecuencia, el hecho de que se dispusiera la cesación del procedimiento a favor del actor por la inexistencia de los delitos de consución (sic) y lesiones personales, evidencia que no estaba llamado a soportar la investigación y en consecuencia su privación.

Por su parte, en cuanto a la exoneración de responsabilidad de la demandada a través de su representada, cabe decir que aquella se dará, cuando se demuestre una causal exonerativa de responsabilidad, tal y como que existió un hecho exclusivo de la víctima, como por ejemplo, que estaba en el deber jurídico de soportar la detención porque con su actuación exclusiva y determinante dio lugar a que se profiriera en su contra la medida de aseguramiento.

Así pues, en el caso bajo estudio, la Sala procederá a analizar si fue por culpa o dolo del señor Omar Antonio López López que se inició la investigación penal en su contra y se le dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva.

En el sub lite, respecto a la investigación seguida en contra del señor Omar Antonio López, encuentra la Sala que de las pruebas obrantes en el plenario no es posible deducir una conducta irregular o por fuera de sus deberes funcionales, por las siguientes razones:

Si bien, en el dictamen de lesiones personales rendido el 13 de julio de 2000 por el Instituto Nacional de Medicina Legal - Regional Sur Oriente de Neiva, se determinó una incapacidad médico legal de cuatro (4) días al señor Rafael Andrés Solano Murcia, observa la Sala que del mismo no se puede inferir que los presuntos golpes recibidos fueron producto de los hechos acaecidos el 1 de julio de 2000, máxime cuando el señor Solano Murcia acudió a valoración cuatro (4) días después del incidente, esto es, el 5 de julio de 2000, a las 8:14 a.m., por lo cual, no constituye una prueba de responsabilidad en contra del agente Omar Antonio López López, a menos de que estuviera acompañado de otra prueba que lo soportara; aspecto que no ocurrió.

De Igual manera, del escrito de desistimiento de toda acción penal y civil en contra del agente de policía presentado por el señor Rafael Andrés Solano Murcia ante la Fiscalía 157 Penal Militar de Ibagué, se puede dilucidar que si bien de manera directa el denunciante no indicó que el delito de lesiones personales no fue cometido por el agente de policía Omar Antonio López, de su interpretación se llega a dicha conclusión, pues su manifestación fue plasmada de manera voluntaria y sin ningún tipo de coerción.

Por su parte, de algunos de los testimonios rendidos en contra del agente de policía López López, se advierte que los mismos no son concordantes entre sí, pues existen contradicciones entre las primeras versiones y su posterior ratificación. Dicha contradicción fue advertida por el Juzgado 180 de Instrucción Penal Militar en la diligencia de ampliación de la declaración del señor Luis Ferney Perdomo Bahamón, rendida el 8 de agosto de 2001, así (fl. 237 c. 3):

PREGUNTADO: cómo explica usted que el anterior declarante Héctor Julián Perdomo Dussan se contradijo con usted en el sentido de manifestar que observaron el procedimiento policivo como a sesenta metros y que ninguno de los que se encontraban ahí salieron de la fiesta a acercarse al sitio donde estaban los policiales. CONTESTO: ninguno nos acercamos, nosotros vimos lo sucedido ahí en la entrada del conjunto, considero que yo para calcular soy malo y nadie, ni yo ni ninguno nos acercamos a los policías, cuando le pegaron al muchacho nos quedamos quietos mirando pero yo no me dí (sic) cuenta que lo distinguíamos, cuando salió huyendo de la policía se acercó a nosotros, él huyó luego de que la policía lo había golpeado, nosotros estuvimos quietos ahí en el conjunto.

En consecuencia, al presentarse contradicción entre los primeros testimonios y su posterior ratificación, los mismos no permiten concluir que el agente hubiere generado una agresión al señor Solano Murcia en el operativo realizado el 1 de julio de 2000.

Por otra parte, en la diligencia de indagatoria el señor Omar Antonio López López manifestó que la operación llevada a cabo el 1º de julio del año 2000 se organizó en cumplimiento a lo ordenado en el Decreto 00250 del 2 de junio de 2000, expedido por el alcalde municipal de Neiva, con ocasión de la celebración del Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco (fl. 152 c. 3), en la cual se procedió a inmovilizar la motocicleta de placas KNN-54, por cuanto la persona que se transportaba en ella no portaba los documentos de identificación del vehículo e infringía la restricción horaria.

Así pues, al analizar los testimonios en los cuales se indica que el agente de policía Omar Antonio López se extralimitó en sus funciones en el desarrollo del control ubicado en el CAI del barrio La Rioja, se evidencia que ninguno de ellos desvirtúa la versión del agente frente a su comportamiento en el operativo de retención del vehículo, pues de las pruebas que obran en el expediente es claro que su actuación estuvo acorde al deber legal que le era exigible, toda vez que realizó el procedimiento establecido para esa clase de operativos, como lo era materializar la inmovilización de la motocicleta por haber transitado por fuera del horario permitido y sin que su conductor portara los documentos reglamentarios, tal como se pudo constatar en la Comunicación remitida por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Neiva - Unidad de Educación y Seguridad Vial al Juzgado 66 de Instrucción Penal Militar - Departamento Policía Huila, en la que informa que la moto de placas KNN-54 fue inmovilizada el día sábado 1 de junio de 2000 (fl. 51 c. 3).

Además, vale la pena destacar que si bien en el procedimiento se alegaba la agresión por parte del agente, del material probatorio no es posible concluir una conducta reprochable, pues no se acreditó un uso excesivo de la fuerza o una extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

De igual manera, cabe mencionar que desde el principio de la investigación el demandante negó su responsabilidad en los hechos, aspecto que de por sí fue ratificado por el escrito de desistimiento de la acción penal presentado por el señor Solano Murcia y por las declaraciones de los agentes de la policía que se encontraban de turno el día de los hechos, aspectos que conllevaron a que la Fiscalía 157 Penal Militar delegada ante el Juzgado 154 de Primera Instancia cesara el procedimiento a su favor.

Así pues, se tiene que no se configuró el hecho de la víctima en tanto el señor Omar Antonio López López no realizó conducta alguna que diera lugar a su privación, esto es, no hubo actuación dolosa o gravemente culposa.

Así las cosas, al ser la responsabilidad objetiva de la entidad accionada (porque fue absuelto al demostrarse su inocencia con las pruebas allegadas al proceso penal) y no configurarse el hecho de la víctima, se impone confirmar la sentencia de primera instancia que condenó a la Nación - Ministerio de Defensa, representada por la Policía Nacional, por la privación injusta del señor Omar Antonio López López.

En virtud de lo anterior, la Sala confirmará en dicho sentido la sentencia del 27 de febrero de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Decisión, en la que se consideró responsable a la Nación - Ministerio de Defensa por la privación injusta de la libertad que tuvo que soportar el señor Omar Antonio López López.

V. Liquidación de perjuicios

Perjuicios morales

El Tribunal Administrativo del Huila - Sala Cuarta de Decisión solo condenó a la Nación - Ministerio de Defensa a pagar por concepto de perjuicios morales la suma de quince (15) salarios mínimos legales mensuales para el señor Omar Antonio López López y diez (10) salarios mínimos legales mensuales para la señora Luz Dari Carvajal Lugo, en calidad de esposa de la víctima. Por su parte, negó el reconocimiento de perjuicios al menor Andrés Felipe López Carvajal, por cuanto no demostró su calidad de hijo.

En esa medida, la Sala confirmará la anterior condena, toda vez que contra la misma la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional no presentó reparos, y esta se encuentra por debajo de la tasación que por dicho perjuicio esta corporación ha dado en los casos de privación injusta de la libertad(38), de tal forma que no se agravará la situación del apelante único.

VI. Costas

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de las partes dentro del proceso, razón por la cual no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera –Subsección “B”–, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia del 27 de febrero de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

2. Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 114 del Código General del Proceso.

3. Sin condena en costas.

4. En firme este fallo, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase».

3 La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda instancia, del Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C. P. Mauricio Fajardo Gómez, Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00.

4 De conformidad con lo establecido en el artículo 328 del Código General del Proceso “El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley (…)”.

5 Ibídem y Subsección “B”, sentencia de 26 de junio de 2012, Exp. 21507, C. P. Danilo Rojas Betancourth.

6 Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 9 de febrero de 2012, Exp. 20104, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.

7 Está demostrado que la señora Luz Dari Carvajal Lugo es la esposa de la víctima directa (Certificación del Notario Primero de Pitalito Huila en la que consta la inscripción del matrimonio entre Omar Antonio López López y Luz Dari Carvajal Lugo. Fl. 203, c. ppl. 1).

8 Cfr. Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Subsección “B”, sentencia del 20 de febrero de 2014, Rad. 30407, M. P. Ramiro Pazos Guerrero.

9 Al respecto pueden consultarse las sentencias de 4 de septiembre de 1997, M. P. Ricardo Hoyos Duque, Exp. 10275 y de 11 de mayo de 2006, M. P. Ramiro Saavedra Becerra, Exp. 15626, en las que se coincide que la Nación se constituye en una persona jurídica unitaria, sin perjuicio de la representación a cargo de la rama, dependencia u órgano al que, específicamente se le atribuye el hecho o la omisión y, en general la causa del daño indemnizable. Posición reiterada en sentencia de 27 de febrero de 2013, Exp. 20883-29538, M. P. Stella Conto Díaz del Castillo.

10 Ver auto de 19 de febrero de 2004, M. P. María Elena Giraldo, Exp. 25756.

11 Ver entre otras, sentencia del 4 de septiembre de 1997, Exp. 10.285.

12 Sentencia de 10 de mayo de 2001 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, actor: Carmen Alicia Bello de Ruiz, Exp. 12.719.

13 Sentencia del 4 de septiembre de 1997, Exp. 10.285.

14 En este sentido ver auto de la Sección Tercera de 3 de marzo de 2010, Exp. 36473, M. P. Ruth Stella Correa Palacio y auto de 9 de mayo de 2011 de la Subsección C, Sección Tercera, Exp. 40324, M. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, M. P. Enrique Gil Botero.

16 El Comandante Tercera Sección de Vigilancia - Primer Distrito Neiva, en respuesta al Oficio 240800, informó que para el 1º de julio de 2000 se encontraba haciendo segundo y primer turno de vigilancia los señores agentes López López Omar como conductor y López González Germán como comandante de guardia (fls. 47-49 c. 3).

17 A folio 36 del cuaderno 3 obra dictamen médico legal, en el cual se dejó consignada la incapacidad de 4 días otorgada al señor Solano Murcia.

18 Verificar testimonios de los señores Luis Ferney Perdomo Bahamón (fl. 26, c. 3) y Francisco Javier Perdomo (fl. 30, c. 3).

19 Guarda de Tránsito (fl. 57 c. 3).

20 Tripulante de la patrulla que en la noche del 1º de julio de 2000 controlaba la circulación de motocicletas cerca del CAI del barrio La Rioja (fl. 60 c. 3).

21 En virtud de la Resolución Ministerial 1472 del 2 de octubre de 2000, al Juzgado 66 de Instrucción Penal Militar le correspondió la nomenclatura JP180, es decir, Juzgado 180 de Instrucción Penal Militar (fl. 50 c. 3).

22 Esta providencia fue notificada personalmente a los señores Omar Antonio López y Germán López González el 5 de abril de 2002, sin que interpusieran recurso alguno (fls. 326-327 c. 4).

23 Providencia notificada por edicto con fecha desfijación 12 de mayo de 2005.

24 Se acude a dicha normatividad por remisión expresa del artículo 18 de la Ley 522 de 1999 (Código Penal Militar) en el cual se indica que “En aquellas materias que no se hallen expresamente reguladas en este código, son aplicables las disposiciones de los códigos penal, procesal penal, civil, procesal civil y de otros ordenamientos, siempre que no se opongan a la naturaleza de este código”.

25 Gascón, Marina. Los hechos en el derecho, 3ª. ed., Madrid, Marcial Pons, 2010, p. 135.

26 Constitución Política. Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. (...).

27 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Aprobada por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, entrada en vigor el 18 de julio de 1978 conforme su artículo 74.2 y aprobada en Colombia en la Ley 16 de 1972. Artículo 7º. Derecho a la Libertad Personal. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. (...); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución 2200ª (XXI), de 16 de diciembre de 1966, entrado en vigor el 23 de marzo de 1976 de conformidad con su artículo 49 y aprobado en Colombia en la Ley 74 de 1968. Artículo 9. 1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. (...).

28 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs. Ecuador, sentencia de 21 de noviembre de 2007, serie C Nº 170, párr. 52.

29 Corte Constitucional, Sentencia C-634 de 2000, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.

30 Corte Constitucional, Sentencia C-774 de 2001, M. P. Rodrigo Escobar Gil.

31 Corte Constitucional, Sentencia C-634 de 2000, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.

32 Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 1996, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.

33 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 6 de 2011, Exp. 21653, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.

34 Decreto 2700 de 1991. “Artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

35 Ley 600 de 2000. “Artículo 535. Derogatoria. Derógase el Decreto 2700 de noviembre 30 de 1991, por el cual se expidió el Código de Procedimiento Penal, sus normas complementarias y todas las disposiciones que sean contrarias a la presente ley”.

36 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de septiembre de 2013, Exp. 35235, C. P. Ramiro Pazos Guerrero.

37 En reciente sentencia de unificación de jurisprudencia, el Consejo de Estado indicó que el in dubio pro reo está sustentado en un régimen objetivo de responsabilidad, concretamente en el daño especial y, se aplica, porque el Estado no pudo desvirtuar la presunción de inocencia de una persona quien no estaba llamada a soportar la privación, de ahí a que se encuentre facultada para solicitar la reparación del daño causado. Al respecto ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17 de octubre de 2013, Exp. 23354, M. P. Mauricio Fajardo Gómez.

38 En sentencia del 28 de agosto de 2003, Exp. 25.022 el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera, C. P. Enrique Gil Botero indicó entre otros, que en los casos en que la privación sea superior a 3 meses pero no mayor a 6 meses, el valor por concepto de perjuicio moral correspondería a la suma de 50 smlmv para la víctima directa y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados.
En el sub lite, Omar Antonio López López estuvo privado de su libertad 3 meses y 20 días, reconociéndosele en primera instancia 15 smlmv por perjuicio moral y 10 smlmv por dicho perjuicio a su esposa.