Sentencia 2006-00309/46817 de febrero 1 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 50001-23-31-000-2006-00309-01(46817)

Actor: L. C. S. C. y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Fiscalía General de la Nación.

Referencia: Apelación sentencia - Acción de reparación directa

Consejera Ponente:

Dra. María Adriana Marín

Bogotá D.C., primero de febrero de dos mil dieciocho.

(Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean remplazados por sus iniciales y sus datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia).

«EXTRACTOS: II.(sic) Consideraciones

1. Prelación de fallo.

Mediante Acta 10 del 25 de abril de 2013, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado definió que los eventos de privación injusta de la libertad podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno respectivo, pero respetando el año de ingreso al Consejo de Estado.

2. Competencia.

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón de los recursos de apelación interpuestos, de manera principal, por el Ejército Nacional y, de forma adhesiva, por la Fiscalía General de la Nación, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, el 6 de septiembre de 2012, habida cuenta de que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y la interpretación de la Sala Plena del Consejo de Estado en auto de 9 de septiembre de 2008, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso(2).

3. El ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto en el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa debía instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(3).

En el expediente reposa la providencia proferida el 9 de diciembre de 2005, por medio de la cual la Fiscalía Dieciséis Especializada del Circuito de Villavicencio precluyó la investigación a favor del señor L. C. S. C. y ordenó la ruptura de la unidad procesal, con la finalidad de continuar con la etapa de juicio en contra de otras personas frente a las cuales sí se profirió resolución de acusación, la cual, según constancia expedida por la sección de notificaciones de la Fiscalía General de la Nación, quedó ejecutoriada el 23 de febrero de 2006 (fl. 65, cdno. 1).

En ese sentido, como que la demanda se formuló el 22 de marzo de 2006 (fl. 39, cdno. 1), se impone concluir que la misma se interpuso dentro de la oportunidad legal prevista para ello.

4. La legitimación en la causa.

Respecto del demandante L. C. S. C. se tiene que él fue la víctima directa del daño, esto es, la persona privada de la libertad. Asimismo, C. A. S. V. (fl. 9, cdno. 1), K. L. S. M. (fl. 10, cdno. 1), L. C. S. C. (fl. 11, cdno. 1), J. S. S. G. (fl. 16, cdno. 1) y J. M. S. M. (fl. 14, cdno. 1), demostraron su condición de hijos del afectado directo. Los señores L. H. S. P. y A. de J. C. de S. (fl. 3, cdno. 1), acreditaron ser padres de la víctima directa del daño. Los señores C. T. S. C. (fl. 22, cdno. 1), F. M. S. C. (fl. 24, cdno. 19), N. H. S. C. (fl. 28, cdno. 1) y P. J. S. C. (fl. 26, cdno. 1), probaron su calidad de hermanos del señor J. M. C. P., de donde se infiere que tienen un interés para solicitar la indemnización por los perjuicios causados y, por tanto, se concluye que estos demandantes cuentan con legitimación en la causa por activa.

En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, se observa que tanto a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Fiscalía General de la Nación, se les imputa unos daños en razón de la captura y subsiguiente detención del señor L. C. S. C., motivo por el que considera la Sala que tienen legitimación para actuar dentro del presente asunto.

5. Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, en vigencia de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. Reiteración de Jurisprudencia.

Acerca de los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia reiterada a partir de la interpretación y el alcance del artículo 90 de la Constitución Política, del derogado artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —Código de Procedimiento Penal— y del artículo 68 de la Ley 270 de 1996.

De manera general la Jurisprudencia de la Sala ha acudido a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad bajo el título de imputación de daño especial y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado que ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que i) el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta no constituía hecho punible, siempre y cuando no hubiere mediado una falla en el ejercicio de la función jurisdiccional en cuyo caso se deberá aplicar un régimen subjetivo de responsabilidad(4).

De igual forma, de conformidad con la posición asumida por la Sección Tercera del Consejo de Estado se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de que la absolución se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal de in dubio pro reo(5).

Por manera que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado se abre paso el reconocimiento de la obligación a cargo del Estado de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera en su contra la medida de detención preventiva.

Todo lo expuesto con antelación se encuentra reiterado en las sentencias de unificación que ha proferido la Sala Plena de la Sección Tercera, así:

En pronunciamiento del 6 de abril de 2011, expediente 21.653, se sostuvo que el Estado es responsable de los daños ocasionados a una persona que ha sido privada de la libertad y posteriormente es absuelta, en virtud de los supuestos previstos en el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal —Decreto 2700 de 1991—.

Ahora bien, cabe aclarar que con la entrada en vigencia de la Ley 600 de 2000, quedó derogado el Decreto 2700 de 1991 y, por ende, el artículo 414 de dicha disposición. No obstante, en relación con los eventos señalados en esa norma hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, pero con fundamento en el artículo 90 de la Constitución, norma que establece el derecho a la reparación de los perjuicios causados por las actuaciones de las autoridades públicas, cuando tales daños sean antijurídicos, es decir, cuando los afectados no estén en el deber jurídico de soportar esos daños y quien sufre una medida de aseguramiento de detención preventiva por una conducta que no era merecedora de reproche penal alguno, sufre un daño de esa naturaleza.

Posteriormente, mediante sentencia proferida el 17 de octubre de 2013, expediente 23.354, se precisó que, además de los supuestos del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal y de la Ley 270 de 1996, también es responsable el Estado por los daños ocasionados en virtud de la privación injusta de la libertad de una persona cuando es absuelta por aplicación del principio in dubio pro reo.

Bajo esta óptica, la Sala procederá al análisis del caso concreto.

6. Problema jurídico.

La Sala deberá dilucidar si en el presente caso se reúnen los presupuestos necesarios para que la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Fiscalía General de la Nación, deban responder por la privación de la libertad del señor L. C. S. C., ordenada dentro de la investigación que cursó ante la Fiscalía Segunda Especializada de Villavicencio por el delito de hurto calificado y agravado en concurso con el delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, en concurso con el delito de peculado por apropiación y que culminó con preclusión de la investigación a su favor proferida por la Fiscalía Dieciséis Especializada de Villavicencio, por atipicidad de la conducta.

6.1. El daño.

Con el fin de abordar integralmente la problemática que suponen los recursos de apelación interpuestos, la Sala analizará la demostración del daño, toda vez que se trata del primer elemento que debe dilucidarse para establecer la responsabilidad extracontractual del Estado; una vez establecida la alegada afectación de los intereses de la parte demandante, se entrará a estudiar la posibilidad de imputarla a las demandadas.

En el caso concreto, el daño alegado por el demandante es la afectación a su libertad, durante el tiempo que estuvo privado de esta en el marco de la investigación penal que se adelantó en su contra como presunto autor del delito de hurto calificado y agravado en concurso con el delito de tráfico para el procesamiento de sustancias para el procesamiento de narcóticos, por el cual fue capturado y recluido en un establecimiento penitenciario.

En efecto, la Sala considera que no hay duda sobre la existencia del daño alegado, pues se encuentra acreditado que el señor L. C. S. C. estuvo privado de la libertad dentro de la investigación penal adelantada en su contra por el delito hurto calificado y agravado en concurso con el delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, durante catorce (14) días, período comprendido entre el 14 y el 31 de diciembre de 2004, tal como consta en los medios de prueba allegados al proceso, como el oficio del 17 de diciembre de 2004, por el cual la Fiscalía Segunda Especializada de Villavicencio solicitó al Comandante del Batallón de Ingenieros Nº 7 Carlos Albán del Ejército Nacional que mantuviera bajo custodia a los capturados, mientras eran conducidos al centro carcelario de Villavicencio (fl. 157, cdno. de pruebas 15) y la orden de encarcelamiento 029 del 20 de diciembre de 2004, que da cuenta del ingreso de los capturados a la Cárcel del Distrito de Villavicencio (fl. 160, cdno. de pruebas 15).

Al proceso concurrieron, C. A. S. V., K. L. S. M., L. C. S. C., J. S. S. G. y J. M. S. M., quienes acreditaron con sus respectivos registros de nacimiento ser hijos del afectado directo; igualmente, L. H. S. P. y A. de J. C. de S., quienes demostraron ser padres de la víctima directa del daño, según consta en el registro civil de nacimiento del señor L. C. S. C.; asimismo C. T. S. C., F. M. S. C., N. H. S. C. y P. J. S. C., quienes con sus respectivos registros de nacimiento probaron ser hermanos del afectado directo, de donde se infiere que padecieron un daño como consecuencia de la privación de la libertad del señor L. C. S. C.

6.2. La imputación.

Establecida la existencia del daño es necesario verificar si se trata de un daño antijurídico imputable jurídica o fácticamente a las demandadas o no, aspecto este que constituye el núcleo de los recursos de apelación formulados, pues, se recuerda, a juicio de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Fiscalía General de la Nación, la privación de la libertad a la cual fue sometido el señor L. C. S. C. no fue injusta y, como consecuencia, no hay lugar a declarar su responsabilidad administrativa y patrimonial por los perjuicios que le hubiera podido causar tal medida, pues según afirmó, era absolutamente necesario capturar al actor y dejarlo a disposición de la autoridad judicial competente, la que resolvió su situación jurídica dentro del término legal establecido para ello y se abstuvo de proferir medida de aseguramiento en su contra, por considerar que el caudal probatorio obrante en el expediente penal no resultaba suficiente para ordenar su detención.

Ahora bien, valorado en conjunto el material probatorio, ha de decirse que se encuentran acreditados los siguientes hechos: El 14 de diciembre de 2004, el Comandante del Batallón de Ingenieros Nº 7 Carlos Albán del Ejército Nacional puso a disposición de la Fiscalía de Asignaciones de Villavicencio un vehículo, una sustancia y unas personas capturadas, entre ellas, al señor L. C. S. C., por haber presuntamente participado en la sustracción o apoderamiento de la sustancia denominada apiasol de las instalaciones del complejo petrolero xxx-xxx. Lo anterior se desprende del oficio 0379 de la misma fecha (fls. 4 a 8, cdno. de pruebas 15), en el cual se expuso lo siguiente:

De manera atenta me permito dejar a disposición de esa Fiscalía las personas, vehículo y sustancia, que se relacionan a continuación:

Personas

(…)

5. Nombre y apellidos: L. C. S. C.

Cédula de Ciudadanía: xxx

Ocupación: Técnico de producción

Hechos

El día de hoy 14 de diciembre del año en curso, siendo aproximadamente las 1:30 horas, cuando se realizaba un patrullaje por el sector del complejo de xxx - xxx, se observó salir un carro tanque por la puerta xxx del complejo y de inmediato se procedió a preguntar al conductor de dónde se dirigía y qué contenía el vehículo, manifestando que llevaba agua. Decidimos con la compañía xxx verificar el contenido de dicho vehículo y se observó que llevaba una sustancia líquida, fría con aspecto volátil, la cual al parecer es Apiasol. Se le preguntó al conductor cuanto transportaba y nos dio una cantidad aproximada de 6.000 galones; se le pregunta al señor P. V. F. G. que se desempeñaba como celador de turno en la puerta xxx del complejo petrolero el motivo por el cual se permitía a esa hora de la madrugada la salida de vehículos cargados por esa puerta quien no dio una respuesta coherente a dicha solicitud, se le pregunta al conductor del camión donde fue cargada dicha sustancia y manifiesta que fue cargada en la estación de recolección xxx, me dirijo al sitio y el operador de turno es el señor S. C. L. C., se le pregunta si tiene conocimiento de qué persona autorizó la carga de dicho vehículo y responde que fueron dos carro tanques los cuales fueron cargados con Apiasol, la entrada de estos la había autorizado el señor C. G. que se desempeñaba como operador de xxx. Igualmente se nos informa que el señor A. T. también se encontraba en el momento que los carro tanques fueron cargados con el líquido, mirando toda esta clase de anomalías se procedió a la investigación de estos hechos en la parte interna del complejo petrolero.

(…)

Es de anotar que las personas aquí capturadas apuntan como la persona que planeó todo este ilícito al señor C. A. G., técnico operador de la planta de producción de xxx y también en la estación de recolección de xxx.

Se deja constancia que la sustancia incautada es volátil con altas temperaturas y con calor sufre una fácil evaporación, por tal razón se recomienda tomar cartas en el asunto lo más pronto posible para evitar inconvenientes con dicha sustancia.

Actividad que realizaba cada uno de los capturados en el momento del hurto de la sustancia al parecer Apiasol.

(…)

L. C. S. C. Es la persona que se encontraba como operador de producción en la parte donde fue hurtada la sustancia líquida al parecer Apiasol.

El 15 de diciembre de 2004 (fls. 57 a 58, cdno. de pruebas 15), el superintendente de operaciones xxx formuló denuncia ante la Dirección Seccional de Fiscalía - Sala de Denuncias de Villavicencio, por los hechos acaecidos el día inmediatamente anterior en dicho complejo petrolero, oportunidad en la que advirtió que la información que permitió la captura de los implicados en la extracción de Apiasol, provino del señor S. C.:

El día 14 de diciembre de 2004 a las 03:00 horas aproximadamente se recibe información del operador de la estación xxx que cuando regresaba del recorrido de pozos encuentra en la estación xxx dos vehículos carro tanques los cuales están cargando algo de lo cual yo no estoy enterado y a los funcionarios C. A. G. (operador de xxx, estación ubicada a 9 kilómetros aproximadamente del lugar de los hechos) y A. T. (operador de la refinería de xxx, ubicada a 900 mts. aproximadamente del lugar de los hechos), esta información se transmite a la gerencia de control de pérdidas con sede en xxx y desde allí se dan instrucciones al Ejército Nacional acantonado en xxx para que realizaran los operativos que permitieran establecer la veracidad de la información, fue así como a las 4:30 horas aproximadamente, se retuvo fuera de las instalaciones de xxx la tracto mula con el remolque xxx con Apiasol, una vez salió por la portería conocida como la bodega del xxx, conducida por el señor H. H. T. en compañía del ayudante de la tracto mula F. E. H., el segundo vehículo no pudo ser ubicado.

El 16 de diciembre de 2004 (fls. 102 a 105, cdno. de pruebas 15), la Fiscalía Segunda Especializada de Villavicencio profirió resolución de apertura de instrucción y ordenó que se escuchara en diligencia de indagatoria a los sindicados, por el delito de hurto calificado y agravado en concurso con el delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, además de la práctica de varias pruebas, entre ellas, que se recibiera la declaración del superintendente de operaciones de xxx - xxx, el mismo que formuló la denuncia por los hechos acaecidos el 14 de diciembre de 2004 en ese complejo petrolero.

A los hechos que se advierten como demostrados en el proceso, se agrega que la diligencia de indagatoria del señor S. C. se llevó a cabo el 17 de diciembre de 2004 (fls. 133 a 141, cdno. de pruebas 15), oportunidad en la que sostuvo que cuando se encontraba realizando su turno respectivo, el operador técnico C. G. le sugirió que inspeccionara los pozos, ya que él iba a permanecer en la estación mientras revisaba unos documentos personales; por tal razón procedió a dirigirse hacia el pozo xxx, el cual presentaba problemas; que cuando regresó de hacer el recorrido de los pozos de xxx - xxx, encontró en la estación dos carro tanques los cuales estaban cargando una sustancia, sin estar autorizados para ello, por lo que puso en conocimiento de sus superiores ese hecho. Después, uno de los vigilantes le informó que el Ejército Nacional había retenido afuera de las instalaciones de xxx una tracto mula cargada con la sustancia Apiasol.

Sostuvo, adicionalmente, que se hicieron presentes en el lugar miembros de la SIJIN y el Comandante del Ejército que había dirigido el operativo para retener el automotor, quien procedió a interrogarlo por lo sucedido, a lo cual respondió que él era quien había denunciado el caso; no obstante, lo cuestionaron sobre si él tenía que ver que lo acontecido y él los invitó a revisar si habían tubos o válvulas en el lugar. Al encontrar un tubo con residuos de ACPM, le manifestaron que quedaba en calidad de retenido y que mientras no apareciera el señor C. G., quien momentos antes había emprendido la huida, no quedaría libre, haciendo parecer como si hubieran actuado juntos, lo cual no era cierto, dado que él fue precisamente quien impidió que se consumara el delito y quien señaló como directos responsables a C. G. y A. T., así como a los vigilantes de turno y a los ocupantes del tracto camión retenido, cargos que ratificó bajo la gravedad de juramento.

La Fiscalía Segunda Especializada de Villavicencio ordenó que se escuchara en ampliación de indagatoria al señor S. C., diligencia que se efectuó el 23 de diciembre de 2004 (fls. 256 a 267, cdno. de pruebas 15), ocasión en la que ratificó los argumentos expuestos en la indagatoria inicial y aportó los números telefónicos a los cuales llamó a informar sobre los hechos ocurridos en la estación de xxx - xxx el día 14 de diciembre de 2004.

Está acreditado en el proceso que mediante providencia del 31 de diciembre de 2004 (fls. 1 a 21, cdno. de pruebas 16), la Fiscalía Segunda Especializada de Villavicencio resolvió la situación jurídica del señor S. C., absteniéndose de imponerle medida de aseguramiento por el delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, esta vez, en concurso con el delito peculado por apropiación y, como consecuencia, ordenó su libertad inmediata, debiendo suscribir para ello una diligencia de compromiso, según se refirió, sin detrimento de su posterior vinculación al instructivo. La anterior decisión se fundamentó en el hecho de que, en su condición de operador y responsable del complejo de xxx - xxx, informó a sus superiores las irregularidades que se presentaron el 14 de diciembre de 2004 en esas instalaciones, los cuales a su vez alertaron al Ejército Nacional, cuyos miembros dispusieron un operativo para evitar el apoderamiento ilegal de la sustancia Apiasol. En este sentido se expuso:

De los hechos.

Informe 0376 suscrito por el capitán del Ejército Nacional, J. J. L. M., Comandante Explosor BIALB del Batallón de Ingenieros Carlos Albán, da cuenta de los hechos acaecidos el 14 de diciembre de la anualidad, cuando fuera retenido el vehículo tracto camión de placas xxx que momentos antes fue visto salir por la puerta xxx del complejo xxx - xxx, mismo que al verificar su contenido se determinó que transportaba una sustancia líquida, fría, con aspecto volátil, al parecer Apiasol, el cual según versión de su conductor fue cargado en la estación de recolección xxx, procediéndose a interrogar al guarda de seguridad de la puerta xxx, F. G. P., quien no dio una respuesta coherente en cuanto a las razones por las cuales dicho vehículo salió por ese lugar, siendo ello el motivo de su captura, así como la del conductor del automotor, H. H. T., su acompañante, F. E. H. y la de los funcionarios de xxx, L. C. S. C., operador de turno de la aludida estación, quien informó que fueron dos los carro-tanques que había visto cargados con Apiasol y que su entrada fue autorizada por el también funcionario C. G. y la de A. T., de quien se tuvo conocimiento se encontraba en la estación al momento del cargue de los vehículos.

(…)

Declaración bajo juramento que rinde J. P. S., superintendente de operaciones xxx - xxx, quien adujo que aproximadamente a la 3:00 a.m. recibió información del señor L. C. S. sobre la situación ocurrida, por lo que procedió a dar parte de ello al Ejército Nacional para que realizaran los operativos del caso, siendo así como se llevó a cabo la retención del rodante y la captura de sus ocupantes fuera de las instalaciones de xxx, al igual que la de los demás implicados.

Finalmente manifestó que no entendió las razones de la captura del señor L. C. G., ya que este fue quien informó lo sucedido y de lo contrario no se hubiese sabido nada.

(…)

De hecho, fue L. C. S. C., operario de xxx responsable de la estación de producción, quien al observar anomalías e irregularidades al interior del complejo de xxx dio aviso a sus superiores, los cuales a su vez alertaron al Ejército Nacional. Eso sí, S. C. requirió al guarda de seguridad responsable de la sección en donde presuntamente se estaba perpetrando el apoderamiento ilegal de la sustancias, R. P., de quien se estableció que de manera sospechosa permitió el irregular ingreso de dos vehículos, sin hacer las anotaciones que le era obligatorio hacer e inclusive ocultando parte de la información a S. C., cuando solo se limitó a decir que había anotado la placa de la tracto mula en la palma de la mano, pero que se le había borrado por efecto del sudor.

(…)

Merece análisis lo que fue el comportamiento de L. C. S. C., responsable de la estación de producción la noche de los hechos, de quien se tiene que fue la persona encargada de informar y develar la comisión de los delitos que ahora se investigan, situación que, por ahora, lo desvincula como presunto responsable penal, atendiendo que así mismo durante su indagatoria suministró información veraz con la cual en parte se develó el plan criminal, evitando mayores consecuencias para la empresa para la cual labora, además para el orden jurídico, inclusive sus superiores, en declaración jurada lo revelan de cualquier compromiso penal. No obstante, es de entender que él era el responsable del área en donde se perpetró la apropiación de Apiasol fraudulenta, lo cual nos lleva a que no lo exoneremos plenamente de su presunto compromiso penal, pero que eso si al no satisfacerse en su contra las exigencias del artículo 356 del Código de Procedimiento Penal, nos lleva a que nos abstengamos de proferir medida de aseguramiento alguna en su contra y dispongamos su libertad inmediata, previa suscripción de acta de compromiso. En tal sentido, ofíciese al DAS seccional en donde se encuentra privado de su libertad.

Finalmente, se logró establecer que mediante providencia del 9 de diciembre de 2005 (fls. 40 a 61, cdno. 1), la Fiscalía Dieciséis Especializada del Circuito de Villavicencio calificó el mérito del sumario y precluyó la investigación a favor del señor L. C. S. C., por el delito de hurto de hidrocarburos, agravado por su calidad de servidor público, en la modalidad de tentativa, en consideración a la atipicidad de su conducta, pues en manera alguna contribuyó a la producción del delito por el cual fue vinculado a la investigación penal, el cual, por el contrario, evitó que se consumara. La decisión se apoyó en el siguiente raciocinio:

Las conductas desplegadas por los encartados, inicialmente recibieron por parte del Fiscal instructor la calificación de tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos y peculado por apropiación, sin embargo, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal ejerciendo como segunda instancia modificó dicha calificación y la varió a tentativa de hurto de hidrocarburos conforme al artículo 44 de la Ley 782 de 2002.

De la responsabilidad de L. C. S. C.

A lo largo de la providencia se ha nombrado con insistencia al señor S. C., quien para el momento de los hechos desempeñaba el cargo de técnico de producción.

Pues bien, dentro de los hechos probados se tiene que el hurto de Apiasol que se pretendía realizar en el carro tanque de placas xxx, fue frustrado por un retén que el Ejército Nacional había dispuesto a las afueras de la portería xxx del complejo petrolero. Pero dicho retén no surgió de manera aleatoria, sino que se debió a la llamada que el ingeniero S. M. realizó, quien a su vez fue informado por L. C. S. C. Es decir, que fue el sindicado quien dio aviso a su superior acerca de la presencia de dos carro tanques sin autorización dentro de las instalaciones de la base de operaciones de xxx.

Es más, quedó plenamente demostrado que los vigilantes de las puertas de ingreso fueron interrogados por S. C. por cuanto este, demostrando su responsabilidad y compromiso con xxx, decidió determinar la causa por la cual los vehículos transitaban libremente por las instalaciones de la empresa sin que nadie les haya otorgado autorización para ello y al percatarse que algo sospechoso estaba sucediendo se comunicó con quienes le podían dar una solución efectiva a la situación.

Así las cosas, la conducta del sindicado se torna atípica, pues de ninguna manera contribuyó a la producción de lo que después se configuraría como un hurto tentado. Por tanto, no hay lugar a estudiar los demás escalones de responsabilidad debido a que ni siquiera se alcanzó el primero ya que, se repite, su actuar no se adecuó a la hipótesis fáctica contemplada en el artículo 44 de la Ley 782 de 2002.

Motivos que llevarán a que en la ratio decidendi se profiera resolución de preclusión a favor de L. C. S. C. por el delito de hurto de hidrocarburos en la modalidad de tentativa y en calidad de coautor(6).

El Tribunal Administrativo del Meta, en sentencia de primera instancia, declaró la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, al considerar que existió una prolongada privación de libertad del actor durante varios días, con fundamento solo en el informe de los hechos remitido por el Ejército Nacional, sin que procediera a verificar si el mismo era o no suficiente para iniciar la investigación penal.

La Fiscalía General de la Nación recurrió en apelación la decisión anterior y adujo que, contrario a lo expuesto por el a quo, resolvió la situación jurídica del actor dentro del término legal establecido para ello, absteniéndose de proferir medida de aseguramiento en su contra, al considerar que el caudal probatorio obrante en el expediente penal no resultaba suficiente para cobijarlo con medida de aseguramiento, entonces, mal se haría en declarar su responsabilidad patrimonial por una privación injusta de la libertad, que nunca existió.

Desde la óptica de la responsabilidad del Estado, es factible inferir que cuando una persona capturada no es sujeto de una medida de aseguramiento de detención preventiva por parte de la Fiscalía General de la Nación, esa responsabilidad no queda comprometida de manera objetiva, si se tiene en cuenta que, para que se abra paso, se debe analizar la falla derivada de la inobservancia de los términos legales que debían correr una vez materializada la captura, caso en el cual se configuraría una prolongación indebida de la restricción de la libertad.

Ahora bien, se tiene que el artículo 346 de la Ley 600 de 2000, aplicable para la época de los hechos, señalaba que quien hubiera sido capturado por cualquier autoridad debía ser conducido inmediatamente, o a más tardar en el término de la distancia, ante el funcionario judicial competente. Empero, de no ser posible, se le podía recluir en el establecimiento carcelario del lugar o en otro establecimiento oficial destinado para el efecto, con el fin de que “dentro de la primera hora hábil del día siguiente”, se pusiera a disposición de esta última autoridad.

Con todo, según el mencionado artículo 346, en ningún caso el capturado podía permanecer más de 36 horas a cargo de una autoridad distinta a la judicial (fiscal o juez de conocimiento).

Por su parte, el artículo 340 de la Ley 600 de 2000, disponía que producida la captura y conducido el capturado a la autoridad judicial competente, la indagatoria debía recibirse en la mayor brevedad posible o a más tardar dentro de los tres días siguientes a aquél en que el capturado era puesto a disposición del Fiscal General de la Nación o su delegado.

El artículo 354 de la misma ley prescribía que cuando la persona se encontraba privada de la libertad, rendida la indagatoria, el funcionario judicial debía definir la situación jurídica por resolución interlocutoria, a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes, indicando si había lugar o no a imponer medida de aseguramiento si existía prueba que la justificara u ordenando su libertad inmediata.

Así mismo, dicha norma indicaba que si el sindicado no estaba privado de la libertad, el plazo para resolver situación jurídica era de diez (10) días contados a partir de la indagatoria o de la declaratoria de persona ausente. El Fiscal General de la Nación o su delegado disponían del mismo término cuando eran cinco (5) o más las personas aprehendidas, siempre que la captura de todas se hubiere realizado en la misma fecha.

De todo lo anterior, se observa que la captura del actor se efectuó el 14 de diciembre de 2004 y fue escuchado en indagatoria el 17 siguiente, de manera que la Fiscalía cumplió con el término señalado para dicha diligencia en el artículo 340 de la Ley 600 de 2000.

Ahora bien, en el presente caso se tiene acreditado que la diligencia de indagatoria se llevó a cabo el 17 de diciembre de 2004 y diez días hábiles después(7), esto es, el 31 de diciembre de 2004, la Fiscalía Décima Seccional de Corozal se abstuvo de imponer medida de aseguramiento al señor L. C. S. C., por tanto, la Fiscalía no excedió el término consagrado en el inciso 2º del artículo 354 de la Ley 600 de 2000, pues contaba con diez días hábiles para resolverle la situación jurídica, dado que en el presente caso se trataba de 5 sindicados a quienes se capturó en la misma fecha, como lo indica la citada norma.

Así las cosas, como en el sub lite se cumplieron los plazos legales para oír al demandante en indagatoria y resolver su situación jurídica, según los artículos 340 y 354 de la Ley 600 de 2000, se podía concluir que el daño reclamado dejaría de ser antijurídico, tal como lo ha considerado esta Subsección en casos similares(8), toda vez que el demandante no fue objeto de medida de aseguramiento u otra medida de privación de su libertad; sin embargo, la Sala no puede pasar por alto que la Fiscalía conocía desde el inicio de la instrucción que el señor S. C. era la persona que informó a sus superiores las irregularidades que se presentaron el 14 de diciembre de 2004 en las instalaciones de xxx - xxx, los cuales a su vez alertaron al Ejército Nacional, cuyos miembros dispusieron un operativo para evitar el apoderamiento ilegal de la sustancia Apiasol.

Ciertamente, esta circunstancia fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación el día siguiente a la ocurrencia de los hechos por parte del superintendente de operaciones de xxx - xxx, quien al formular la respectiva denuncia por el apoderamiento de Apiasol, advirtió que la persona que informó a sus superiores acerca de la presencia de dos carro-tanques sin autorización dentro del complejo petrolero, fue el señor L. C. S. C., de quien agregó que no entendía las razones de su captura, “ya que este fue quien informó lo sucedido y de lo contrario no se hubiese sabido nada”.

En este punto, cabe advertir que si bien la actuación de la Fiscalía puede considerarse legal, en tanto resolvió la situación jurídica del sindicado dentro del término legal establecido para ello, resulta a todas luces arbitraria, dado su conocimiento desde el inicio de la investigación de la inocencia del actor, lo que obligaba a la Fiscalía Segunda Especializada de Villavicencio a ordenar su libertad inmediata, absteniéndose de iniciar la instrucción en su contra, en tanto, al tenor del artículo del 327 de la Ley 600 de 2000, aparecía claro que “la conducta no ha existido, que es atípica, que la acción penal no puede iniciarse o que está demostrada una causal de ausencia de responsabilidad”.

Adicionalmente, durante la diligencia de indagatoria el señor S. C. corroboró los hechos denunciados por el superintendente de operaciones de xxx - xxx, esto es, que en su condición de operario responsable de la estación de producción xxx, al observar irregularidades al interior del complejo petrolero dio aviso a sus superiores, los cuales a su vez alertaron al Ejército Nacional para que realizaran los operativos del caso, siendo así como se llevó a cabo la retención del rodante y la captura de sus ocupantes, al igual que la de los demás implicados, hechos que además sirvieron de fundamento para resolver su situación jurídica, absteniéndose de imponerle medida de aseguramiento.

En estas condiciones, toda vez que la Fiscalía General de la Nación no se abstuvo de iniciar la instrucción en contra del actor, le correspondía una vez terminada la diligencia de indagatoria y dado que no surgieron razones para considerar que había lugar a imponer medida de aseguramiento en su contra, ordenar su libertad inmediata previa suscripción de diligencia de compromiso, mientras se resolvía su situación jurídica, así como tomar las medidas necesarias para evitar que eludiera la acción de la justicia, como lo establecían los artículos 341, 347 y 353 de la Ley 600 de 2000(9). Lo anterior con el propósito de evitar que la captura del actor se prolongara con violación de sus garantías constitucionales o legales.

Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-037 de 1996, al analizar la exequibilidad del proyecto de ley estatutaria de la administración de justicia, sostuvo que uno de los eventos en los que se podía considerar la configuración de una privación injusta de la libertad era el caso de las detenciones arbitrarias. Así se razonó en aquella providencia en relación con el artículo 68 de la Ley 270 de 1996(10):

Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6º, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención.

El artículo 7.3 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece que nadie puede ser detenido por razones o motivos arbitrarios, al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la detención será arbitraria, aunque se haya cumplido con los requerimientos legales, cuando la misma no cumple con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

En el caso “Caso Yvon Neptune vs. Haití”, sentencia del 6 mayo de 2008, la Corte señaló que “97. El artículo 7.3 de la Convención establece que “[n]adie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”. La Corte ha establecido en otras oportunidades que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que —aún calificados de legales— puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad”.

Para la Sala, la propia manifestación de la Fiscalía General de la Nación, contenida en la providencia por medio de la cual se abstuvo de imponerle medida de aseguramiento al señor S. C., es la que ilustra la existencia de falencias probatorias en el momento de ordenar la apertura de la instrucción y durante la diligencia de indagatoria, pues no se valoró la denuncia que había formulado el superintendente de operaciones de la entidad afectada, en la que advirtió que fue el actor, en su condición de operario de xxx, responsable de la estación de producción de xxx, quien al observar anomalías al interior del complejo petrolero dio aviso a sus superiores, los cuales a su vez alertaron al Ejército Nacional, lo que pone de presente prima facie, la injusticia y arbitrariedad con que se abrió y tramitó la investigación penal en contra del señor S. C.

De acuerdo con lo anterior, se concluye que la entidad demandada no tenía que esperar hasta el momento de resolver la situación jurídica del actor para otorgarle la libertad, sino que ante una prueba tan evidente, como lo era la denuncia de la propia afectada, debía valorar si las causas de su captura se mantenían y, en caso contrario, ordenar su excarcelación, sin perjuicio de que el proceso respectivo continuara y de que se impusiera al imputado otras medidas menos lesivas que aseguraran su comparencia a la investigación penal, pero como así no ocurrió en el presente caso, la Fiscalía debe responder patrimonialmente por los perjuicios causados por la privación de la libertad del actor.

7. La responsabilidad del Ministerio de DefensaEjército Nacional—.

El Tribunal Administrativo del Meta, en sentencia de primera instancia, declaró la responsabilidad del Ejército Nacional, al considerar que si bien el procedimiento de captura del señor S. C. se efectuó conforme a la ley, por su afán de protagonismo publicó la noticia criminal en su boletín informativo e incluso permitió se publicara en un medio de comunicación, con lo que incurrió en una vía de hecho que produjo el menoscabo de la honra y la dignidad de la persona detenida. En la sustentación del recurso, el Ministerio de Defensa - Ejército Nacional sostuvo sobre este aspecto, que no podía ser declarada su responsabilidad por unos hechos en los que para nada intervino.

En el presente asunto se trajo al expediente un recorte de prensa titulado “inmovilización camión”, en el que se observa una fotografía del hoy actor, en cuya parte inferior se dijo “Un operativo del Batallón de Ingenieros Carlos Albán del Ejército, permitió detectar el robo de 6.800 galones de Apiasol, sustancia para el procesamiento de alcaloides y la cual estaba siendo sustraída de la propia gerencia de xxx en la planta de xxx, al parecer con destino a los grupos ilegales de narcotraficantes. En la operación fueron capturados cinco personas e inmovilizado el camión donde se transportaba la sustancia”(11).

Sin embargo, en el sub lite no se comprobó que el Ministerio de Defensa - Ejército Nacional hubiera publicado la noticia criminal en el boletín oficial de la institución, como se afirmó en la sentencia de primera instancia, dado que ningún documento de esas características obra dentro del expediente, ni se acreditó que esa publicación tuviera como fuente la información suministrada por algún miembro de la institución militar u otro servidor público.

Sobre el particular, la Sala debe precisar que la aludida publicación dio cuenta de las pesquisas adelantadas por el Batallón de Ingenieros Nº 7 Carlos Albán del Ejército Nacional que permitieron detectar el hurto de la sustancia Apiasol de la planta de producción xxx - xxx y de las circunstancias de la captura de cinco personas, sin especificar sus nombres, ni tildarlos de responsables o de condenados por los hechos mencionados, luego en estas circunstancias ninguna responsabilidad le cabe a esta entidad demandada.

De todo lo anterior emerge que se modificará la sentencia de primera instancia para declarar la responsabilidad de la Nación —Fiscalía General de la Nación— por la privación irregular de la libertad del señor L. C. S. C. durante catorce días, dado que es la única entidad llamada a responder de acuerdo con lo probado en el plenario.

8. Indemnización de perjuicios.

8.1. Perjuicios morales.

Por concepto de indemnización de perjuicios morales, en la sentencia de primera instancia se condenó a las entidades demandadas a pagar a favor del afectado directo, una suma equivalente a 60 smlmv; a favor de cada uno de sus hijos, una suma equivalente a 50 smlmv; a favor de sus padres, una suma equivalente a 40 smlmv, para cada uno y, 30 smlmv, para cada uno de sus hermanos.

La Fiscalía General de la Nación manifestó en el recurso de apelación que no compartía la tasación de perjuicios morales realizada por el a quo, por cuanto contravino los topes establecidos para tal efecto por esta Corporación, razón por la que solicitó que en caso de que se mantuviera la declaratoria de responsabilidad en su contra, los mismos fueran reducidos.

Ahora bien, con fundamento en las máximas de la experiencia, resulta posible afirmar que la privación de la libertad que soportó el señor L. C. S. C. le causó un perjuicio moral que debe ser indemnizado, porque es razonable asumir que la persona que ve afectada su libertad experimente sentimientos de angustia e impotencia porque de esa manera se afecta su proyecto de vida y se restringen otros de sus derechos fundamentales e interese personales; perjuicio que se hace extensible a sus seres queridos más cercanos.

Frente a la acreditación de dicho perjuicio, la jurisprudencia de esta Sección ha sostenido que únicamente basta con la prueba del parentesco o de la relación marital, para inferir la afectación moral de la víctima, del cónyuge y de los parientes más cercanos según corresponda(12).

Según se estableció en la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera de esta Corporación(13), se tiene que sin que de manera alguna implique una regla inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, conviene poner de presente que la Sala ha sugerido que en los casos en los cuales la privación de la libertad en centro carcelario sea superior a 18 meses, se reconozca la suma equivalente a 100 smlmv; cuando esta privación supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 smlmv; si superó los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 smlmv; por su parte, si la reclusión fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 smlmv; de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 smlmv; asimismo si la medida de aseguramiento supera un mes, pero resulta inferior a 3 meses, se sugiere el reconocimiento de 35 smlmv; finalmente si la detención no supera el mes, la indemnización se tasa en el equivalente a 15 smlmv, todo ello para la víctima directa y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados.

Ahora bien, como se trató de una privación de la libertad de catorce (14) días, esto es, inferior a un mes, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección, al actor se le reconocerá un monto equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para C. A. S. V., K. L. S. M., L. C. S. C., J. S. S. G. y J. M. S. M. —hijos del afectado directo—, un monto equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos.

Para L. H. S. P. y A. de J. C. de S. —padres del afectado directo—, un monto equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos.

Para C. T. S. C., F. M. S. C., N. H. S. C. y P. J. S. C. —hermanos del afectado directo—, un monto equivalente a siete y medio (7.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos.

8.2. Perjuicios materiales.

La sentencia de primera instancia accedió al reconocimiento de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, en la suma de $ 2.044.370 a favor del señor L. C. S.

La Fiscalía General de la Nación, en su escrito de apelación, argumentó que dicha indemnización se calculó por el a quo sin que existiera una prueba idónea que demostrara su causación, dado que la parte actora no allegó el contrato de prestación de servicios suscrito con su abogado defensor.

No obstante lo anterior, la Sala observa que a folios 89 a 90 del cuaderno principal, obra el contrato de prestación de servicios profesionales suscrito entre el señor L. C. C. y su abogado defensor, en el cual es estableció el valor de los honorarios profesionales en la suma de $ 15.000.000, de los cuales el mandatario acepta haber recibido la suma de $ 1.500.000, sin que exista prueba en el plenario de la cancelación del valor restante.

La Sala accederá a esta pretensión, por cuanto respecto del contrato de prestación de servicios profesionales no se hizo reparo alguno durante el trámite del proceso, amén de que frente a este no se propuso el respectivo incidente de tacha de falsedad, razón por la cual es menester precisar que la Sala le otorgará validez probatoria y, por consiguiente, con base en el mismo se tendrá por demostrada la causación de este perjuicio.

La suma efectivamente pagada por el demandante a su apoderado fue actualizada por el a quo, a la fecha de la sentencia de primera instancia. Para actualizar ese valor, se aplicará la fórmula que se presenta a continuación, tomando como índice inicial el correspondiente al 6 de septiembre de 2012 (fecha de la sentencia de primera instancia), y como índice final, el vigente a la fecha de esta providencia, así:

Ra =RhÍndice final (diciembre de 2017)(14)
————————————————
Índice inicial (septiembre de 2012)

Ra =$ 2.044.370138.85
————
111.68

Ra = $ 2.541.733

9. Condena en costas.

Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo normado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia apelada, esta es, la proferida el 6 de septiembre de 2012 por el Tribunal Administrativo del Meta, la cual quedará así:

1. DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación —Fiscalía General de la Nación—, por la privación irregular de la libertad de la cual fue objeto el señor L. C. S. C., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. CONDENAR a la Nación —Fiscalía General de la Nación— a pagar a los demandantes que a continuación se relacionan, los siguientes montos, por concepto de indemnización de perjuicios morales:

Para L. C. S. C., la suma de quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para C. A. S. V., la suma de quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para K. L. S. M., la suma de quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para L. C. S. C., la suma de quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para J. S. S. G., la suma de quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para J. M. S. M., la suma de quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para L. H. S. P., la suma de quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para A. de J. C. de S., la suma de quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para C. T. S. C., la suma de siete y medio (7.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para F. M. S. C., la suma de siete y medio (7.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para N. H. S. C., la suma de siete y medio (7.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para P. J. S. C., la suma de siete y medio (7.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

3. CONDENAR a la Nación —Fiscalía General de la Nación—, a reconocer y pagar a favor del señor L. C. S. C., a título de indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, la suma de dos millones quinientos cuarenta y un mil setecientos treinta y tres pesos ($ 2.541.733).

4. NEGAR las demás pretensiones formuladas en la demanda.

5. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

6. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

7. Sin condena en costas.

8. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

Aclaración de voto

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, me permito manifestar que, si bien acompañé la providencia mediante la cual se declaró la responsabilidad de la Nación - Fiscalía General de la Nación por la privación de la libertad que sufrió el señor L. C. S. C., por el delito de hurto calificado y agravado en concurso con el delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, de los cuales fue exonerado, por atipicidad de la conducta, no comparto el criterio según el cual hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado no solo cuando la persona privada de la libertad es exonerada en el proceso penal porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no constituía hecho punible, sino también cuando lo es en virtud del principio del indubio pro reo.

En mi sentir, los únicos supuestos que permiten inferir objetivamente que una persona fue privada injustamente de la libertad, aún con la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, son los señalados por el derogado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, pues, en los eventos no contemplados en la citada norma, quien haya sido privado de la libertad está en la obligación de demostrar la injusticia de la medida, esto es, debe acreditar la existencia de una falla en la prestación del servicio.

El legislador fue claro y enfático en establecer únicamente esos tres eventos como aquellos en los cuales la persona que sufre una detención preventiva y luego es exonerada de responsabilidad penal tiene derecho a ser indemnizada, sin entrar a hacer calificaciones o elucubraciones de índole alguna, salvo que dicha medida obedezca a una actuación dolosa o gravemente culposa de la víctima, evento en el cual hay lugar a exonerar de responsabilidad a la demandada.

De hecho, pueden darse múltiples ejemplos de casos en los que la exoneración de responsabilidad penal se de por razones distintas a las tres que la norma en cita consagra como generadoras de responsabilidad de la administración, como cuando opera una causal eximente de antijuricidad o de culpabilidad, o cuando la detención se produce por delitos cuya acción se encuentra prescrita, o por una conducta que la legislación haya dejado de considerar delictiva, o cuando la detención se produce en un proceso promovido de oficio frente a un delito que exija querella de parte, o cuando la medida restrictiva de la libertad se produce sin fundamento legal o razonable o ésta resulta desproporcionada en consideración al delito de que se trate, casos en que la responsabilidad que obliga a indemnizar se resuelve bajo el título de falla en la prestación del servicio y ante los cuales no se ve razón válida alguna para dar un tratamiento diferente al del indubio pro reo.

Como se sabe, a medida que transcurre el proceso penal la exigencia de la prueba sobre la responsabilidad en la comisión de un hecho punible es mayor, de modo que, para proferir una medida de aseguramiento de detención preventiva, basta que obre en contra de la persona sindicada del hecho punible un indicio grave de responsabilidad penal, pero dicha carga cobra mayor exigencia a la hora de proferir sentencia condenatoria, pues, al efecto, se requiere plena prueba de la responsabilidad; por consiguiente, puede llegar a ocurrir que estén reunidas las condiciones objetivas para resolver la situación jurídica del procesado con medida de aseguramiento de detención preventiva y que, finalmente, la prueba recaudada resulte insuficiente para establecer la responsabilidad definitiva, caso en el cual debe prevalecer la presunción de inocencia y, por ende, la decisión debe sujetarse al principio del in dubio pro reo, situación que no implica, por sí misma, que los elementos de juicio que permitieron decretar la medida de aseguramiento hayan sido desvirtuados en el proceso penal y que la privación de la libertad fuera injusta, desproporcionada o carente de fundamento legal.

Efectivamente, unas son las circunstancias en las que a la decisión absolutoria se arriba como consecuencia de la ausencia total de pruebas en contra del sindicado, lo que afecta, sin duda, la legalidad de la orden de detención preventiva, pues no puede aceptarse de ninguna manera que la falta de actividad probatoria por parte del Estado la tengan que soportar las personas privadas de la libertad, cuando precisamente del cumplimiento a cabalidad de dicha función depende el buen éxito de la investigación; otras, en cambio, son las que tendrían lugar cuando, a pesar de haberse recaudado diligentemente la prueba necesaria para proferir medida de aseguramiento y, luego, resolución de acusación en contra del sindicado, existe duda para proferir sentencia condenatoria, evento en el cual, para que surja la responsabilidad del Estado, debe acreditarse que la privación de la libertad fue injusta, pues si hay duda de la culpabilidad es porque también la hay de la inocencia y, en este caso, a mi juicio, es claro que se deben soportar a cabalidad las consecuencias de la investigación penal, sin que esto se entienda, como pudiera pensarse, en que se parte, entonces, de la presunción de culpabilidad de la persona, pues de donde se parte es del hecho de que hubo elementos de juicio suficientes, válidos, no arbitrarios, ni errados, ni desproporcionados, ni contrarios a derecho y más bien ajustados al ordenamiento jurídico, para privarla de la libertad en forma, por ende, no injusta.

Lo acabado de expresar cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta, por otra parte, que el numeral 1º del artículo 250 de la Constitución Política obliga a la Fiscalía General de la Nación a solicitar las medidas que se requieran para asegurar que el imputado comparezca al proceso penal, que es una de las finalidades que se persigue con la detención preventiva.

A lo anterior se añade que resultaría cuando menos absurdo que el Estado tuviera que indemnizar por una privación de la libertad dispuesta, incluso, con el mencionado sustento constitucional.

El artículo 414 del anterior Código de Procedimiento Penal establece, en su parte inicial, un título de imputación genérico para la indemnización por privación injusta de la libertad, caso en el cual el interesado en la indemnización debe acreditar lo injusto de la medida, por ejemplo, demostrando su falta de proporcionalidad, su arbitrariedad, la ilegalidad o lo errado de la misma. A renglón seguido, la misma norma define o identifica unos casos en los que parte de la injusticia de la medida, con base en la absolución por uno de los supuestos señalados en la norma: el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o no es un hecho punible. Siendo ello así, es claro, a mi juicio, que no puede otorgarse el mismo efecto a ambas partes de la norma, para derivar de ellas un derecho a la reparación, con base en la simple constatación de que no se dictó sentencia condenatoria en contra del procesado.

Así las cosas, la enumeración de unos casos determinados en que el legislador (D. 2700/91, art. 414) califica a priori la detención preventiva como injusta significa que, en los demás supuestos, es decir, en los que se subsumen en la primera parte de la norma en cita, como cuando la absolución deviene como consecuencia de la aplicación del principio del indubio pro reo, para que surja la responsabilidad del Estado el demandante debe acreditar la injusticia, la falta de proporcionalidad, la arbitrariedad, la ilegalidad o lo errado de la medida de aseguramiento de detención preventiva, para lo cual no basta acreditar que no hubo condena en el proceso penal.

Así, por ejemplo, puede suceder que la duda se configure porque es la desidia o la ineficiencia del Estado lo que no permite desvirtuar la presunción de inocencia del encartado, como cuando aquél no asume con diligencia y seriedad la carga que le corresponde, en aras de establecer la responsabilidad del sindicado, caso en el cual es evidente que la privación de la libertad se torna injusta, ya que la medida restrictiva impuesta no cumple la finalidad para la cual fue diseñada y es entonces cuando emerge clara la responsabilidad del Estado, por un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Si se considera que en todos los casos en que la sentencia absolutoria o la providencia equivalente a la misma da derecho a indemnización en favor de la persona que hubiera sido sindicada del delito y sometida a detención preventiva, sin que sea necesario establecer si la medida fue o no ilegal, desproporcionada, errada, arbitraria o, en fin, injusta, resulta necesario concluir que ningún efecto jurídico tiene el hecho de que la decisión absolutoria se produzca con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, o bien con un fundamento diferente.

En este sentido dejo expuesta mi aclaración de voto en torno a un criterio que en la sentencia no es relevante, toda vez que, en el sub júdice, la parte actora no tenía que demostrar la ilicitud de la detención preventiva que afectó al señor L. C. S. C., ya que la justicia penal lo exoneró de responsabilidad, por atipicidad de los delitos imputados.

Fecha ut supra. 

Carlos Alberto Zambrano Barrera 

(2) Auto del 9 de septiembre de 2008 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, exp. 13.622, M.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011 por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, exp. 21.801, M.P. Hernán Andrade Rincón. También puede consultarse: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto de 19 de julio de 2010, exp. 37.410, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo del 2007, exp. 15463. Reiterada en sentencia de Sala Plena de la Sección Tercera del 6 de abril de 2011, exp. 21563, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre del 2006, exp. 13468. Reiterada en sentencia de unificación de 17 de octubre del 2013, exp. 23354. C.P. Mauricio Fajardo Gómez; 2 de mayo del 2007, exp. 15463. Reiterado en sentencia de Sala Plena de la Sección Tercera del 6 de abril de 2011, exp. 21563, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(6) Folios 257 a 278 del cuaderno de primera instancia.

(7) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación penal, auto del 21 de octubre de 2009, exp. 32.892, M.P. Sigifredo Espinosa Pérez: “… de acuerdo con el criterio jurisprudencial que rige en relación con la Ley 600 de 2000, los términos para resolver situación jurídica se pueden contabilizar hábiles (…)”.

(8) En este sentido ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de septiembre de 2017, exp. 47.800; sentencia del 12 de octubre de 2917, exp. 48048, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico (e).

(9) ART. 341.—Restricción a la libertad del indagado. Si terminada la indagatoria subsisten o surgen razones para considerar que hay lugar a imponer medida de aseguramiento, dentro de la misma diligencia podrá el funcionario judicial ordenar la privación de la libertad mientras se le define su situación jurídica, librando la correspondiente boleta de encarcelación al establecimiento de reclusión respectivo. En el evento en que no se ordene inmediatamente la privación de la libertad, en caso de presentación espontánea sin que medie citación ni orden de captura, se ordenará suscribir diligencia de compromiso, mientras se resuelve la situación jurídica.
ART. 347.—Flagrancia del servidor público. Cuando un servidor público se encuentre en situación de flagrancia, se le recibirá inmediatamente indagatoria y si no fuere posible se citará para recibirla en fecha posterior.
Después de practicar cualquiera de las diligencias mencionadas en el inciso anterior, será puesto inmediatamente en libertad y se tomarán las medidas necesarias para evitar que eluda la acción de la justicia.
ART. 353.—Libertad inmediata por captura o prolongación ilegal de privación de la libertad. Cuando la captura se produzca o prolongue con violación de las garantías constitucionales o legales, el funcionario a cuya disposición se encuentre el capturado, ordenará inmediatamente su libertad.
Lo dispuesto en el inciso anterior también se aplicará cuando la persona sea aprehendida en flagrancia por conducta punible que exigiere querella y esta no se hubiere formulado. La persona liberada deberá firmar un acta de compromiso en la que conste nombre, domicilio, lugar de trabajo y la obligación de concurrir ante la autoridad que la requiera.

(10) ART. 68.—Privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.

(11) Folios 157 a 162 del cuaderno de primera instancia.

(12) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp. 36149, C.P. Hernán Andrade Rincón (e), Actor: José Delgado Sanguino y otros, Demandada: La Nación - Rama Judicial.

(13) En sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera el 28 de agosto de 2014, exp. 36.149, C.P. Hernán Andrade Rincón (e), se señalaron las cuantías a las que deben ascender las indemnizaciones de perjuicios morales en caso de privación injusta de la libertad.

(14) IPC vigente a la fecha de la presente sentencia (diciembre de 2017). Se hace la precisión de que se toma el IPC de diciembre, por cuanto a la fecha no se ha publicado el IPC de enero, habida cuenta de que tales cifras se publican una vez termine el mes, es decir, por mes vencido.