SENTENCIA 2006-00313/39546 DE SEPTIEMBRE 14 DE 2016

 

Sentencia 2006-00313 de septiembre 14 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Radicación: 25000-23-26-000-2006-00313-02(39546)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: Efrén Antonio Hernández Díaz

Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil y otro

Referencia: Apelación sentencia - Acción de reparación directa

Temas: PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO ELECTORAL DECLARADO NULO - Responsabilidad del Estado por los actos electorales declarados nulos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral, que dieron lugar a nuevos escrutinios y a la elección del actor como Representante a la Cámara/ CADUCIDAD DE LA ACCIÓN - Solo puede empezar la contabilización del término a partir del momento en que la víctima conoce ciertamente la existencia del daño/ EL DAÑO - Es un suceso negativo avalorado/ EL DAÑO ANTIJURÍDICO - Es el daño valorado fáctica y jurídicamente/ IMPUTACIÓN NORMATIVA - la lesión de los derechos políticos son en esencia un daño antijurídico/ IMPUTACIÓN OBJETIVA - es la interpretación normativa de la causalidad, y no una fórmula de responsabilidad abierta.

Bogotá, D.C., catorce de septiembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, para cuyo efecto se abordarán los siguientes temas: 1) la competencia funcional del Consejo de Estado para conocer del presente asunto; 2) la procedencia de la acción de reparación directa por los perjuicios derivados del acto administrativo electoral declarado nulo; 3) la caducidad de la acción; 4) la responsabilidad de las entidades demandadas en el caso concreto: 4.1. el daño, 4.2. la imputación; 5) liquidación de perjuicios; 6) decisión sobre costas.

1. Competencia.

Para que el asunto tenga vocación de doble instancia, la cuantía del proceso debe exceder de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes al año 2005(8). Dado que en la demanda se solicitaron $ 279’169.022 por concepto de lucro cesante, se impone concluir que esta Corporación es competente para conocer, en segunda instancia, del recurso de apelación interpuesto.

2. La procedencia de la acción de reparación directa por los perjuicios derivados del acto administrativo electoral declarado nulo.

En el caso que se examina, el actor deriva los perjuicios reclamados de la declaratoria de nulidad del Acuerdo 1 del 17 de julio de 2002, proferido por el Consejo Nacional Electoral, y de la Resolución 4 del 19 de marzo de 2002, emitida por la Comisión Escrutadora Departamental del Casanare, según lo dispuso la Sección Quinta del Consejo de Estado en la sentencia de 10 de noviembre de 2003.

La jurisprudencia de esta Sala ha identificado las siguientes tres hipótesis respecto de la procedencia de la acción de reparación directa cuando el origen del daño es un acto administrativo(9):

a) Cuando se pretenda la reparación de los perjuicios causados por los actos administrativos legales, siempre y cuando su legalidad no se cuestione en sede judicial.

b) Cuando la acción persiga la condena por los perjuicios causados por la expedición y ejecución del acto administrativo declarado nulo por la jurisdicción de lo contencioso administrativa o haya sido objeto de revocatoria directa.

c) Cuando se pretenda la reparación de los perjuicios causados por la declaratoria de nulidad o revocatoria directa de un acto administrativo que resultaba favorable al demandante, siempre que la anulación o revocatoria directa no hubiere sido provocada por el interesado y hubiere sido causada por la inobservancia de las reglas propias del procedimiento administrativo o de las normas que rigen el ejercicio de la actividad de la administración pública.

En las dos primeras hipótesis la legitimación en la causa por activa se configura demostrando el carácter de perjudicado por la entrada en vigencia del acto administrativo sea legal o ilegal, mientras que en la tercera, para acreditarla será suficiente probar el carácter de beneficiario del acto administrativo declarado ilegal o revocado directamente(10).

En el caso concreto esta Sección se pronunció sobre la procedencia de la acción de reparación directa instaurada por el actor ordenando la admisión de la demanda, que en primera instancia había sido rechazada por indebida escogencia de la acción, en los siguientes términos:

“La acción electoral tiene como sustrato el mismo establecido para las acciones de simple nulidad, tanto es así que aquélla se puede ejercer con fundamento en las causales generales de anulación (CCA, art. 84), o las específicas del artículo 223 ibídem. De tal suerte que la estructura de la acción electoral constituye, en sí misma, una acción de simple nulidad y, por ende, sólo sirve para invalidar actos administrativos que se refieren a la elección o nombramiento realizados para determinados cargos públicos.

Así las cosas, resulta perfectamente lógico que se ejerza la acción de reparación directa para solicitar la indemnización de perjuicios derivados, supuestamente, de los efectos producidos por un acto declarado ilegal. En otros términos, que mediante la correspondiente demanda no se pretenda controvertir la legalidad de un acto administrativo que inclusive, ya fue declarado nulo, sino la indemnización de un daño antijurídico del cual se tuvo conocimiento, precisamente, una vez ejecutoriada la decisión que declaró nulo —en un proceso de nulidad electoral— un determinado acto administrativo de escrutinio(11) (resaltado de la Sala).

De hecho, para la jurisprudencia de esta corporación, la procedencia de la acción de reparación directa, en casos como el formulado, requiere que el demandante primero acuda a la acción de nulidad electoral para que, con fundamento en una declaratoria de nulidad, pueda incoar aquella acción resarcitoria, tal como lo señaló en providencia reciente de la siguiente manera(12):

“Por ende, (…) en aquellos eventos en que se pretende la declaratoria de responsabilidad estatal por presuntas fallas en el funcionamiento de la organización electoral y ello conlleve cuestionar la legalidad del acto administrativo que declara una elección, debe haberse obtenido en forma previa la declaratoria de nulidad electoral, para que a partir de la ilegalidad de ese acto pueda estructurarse el estudio sobre la eventual responsabilidad del Estado. Cuando hay de por medio una decisión administrativa en firme y el daño deriva de su presunta ilegalidad, no puede en modo alguno calificarse de antijurídico, porque la decisión que lo produjo está revestida de presunción de legalidad, que sólo puede cuestionarse en el juicio electoral, tratándose de actos que declaran una elección. (…) Así, no puede adentrarse el juez de la responsabilidad en el estudio de presuntos vicios en la formación del acto de naturaleza electoral, cuando estos no han sido llevados al control de su juez natural mediante el ejercicio de la acción contenciosa administrativa procedente”(13) (resaltado de la Sala).

De ahí que no quepa duda de que en el caso formulado —y como esta misma Sección lo dispuso cuando revocó el auto que rechazó la demanda por indebida escogencia de la acción—, la acción de reparación directa sí es procedente para promover las pretensiones del actor.

3. La caducidad de la acción.

En el presente caso si bien la sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado que entregó la razón al actor y ordenó nuevos escrutinios es del 10 de noviembre de 2003, estos solo se efectuaron el 20 de enero de 2004, fecha a partir de la cual el actor fue declarado electo y recibió sus credenciales como representante a la Cámara por el departamento del Casanare, para el período constitucional 2002-2006.

De ahí que a partir del 20 de enero de 2004, que fue cuando se llevó a cabo el nuevo escrutinio, el demandante tuvo conocimiento de su derecho cierto de acceder al cargo de elección popular ya mencionado, por tanto es desde el día siguiente a dicha fecha, de conformidad con el artículo 136 numeral 8º del Código Contencioso Administrativo, que debe contabilizarse el término de caducidad de la acción de reparación directa incoada y en la medida en que la demanda fue presentada el 16 de diciembre de 2005, debe concluirse que la acción se ejerció oportunamente(14).

Así lo ha aceptado la jurisprudencia en casos como el formulado al señalar que “es claro que una vez queda ejecutoriada la decisión que retira del ordenamiento jurídico un determinado y específico acto administrativo —censurado a través de las acciones de simple nulidad o de nulidad electoral—, es que se tiene pleno conocimiento del daño antijurídico padecido por el mismo”(15).

4. La responsabilidad de las entidades demandadas en el caso concreto.

Procede la Sala a verificar la existencia de los fundamentos de la responsabilidad extracontractual en el sub lite, para lo cual debe hacer un examen sobre cada uno de ellos (el daño, la falla y la relación fáctica y normativa).

4.1. El daño.

El hecho negativo, aún sin valoraciones jurídicas, que es el referente natural y avalorado en la medida en que sólo resulta antijurídico luego de superar el tamiz de la imputación fáctica y la jurídica, dentro de este juicio contencioso fue asentado sobre la idea de la frustración de no haber podido el demandante acceder a la curul, como representante a la Cámara por el departamento del Casanare, desde el inicio del período constitucional (2002-2006), sino solo casi dos años después, fruto de la sentencia que emitió la Sección Quinta de esta corporación y que le entregó ese derecho luego de efectuarse nuevos escrutinios, tal y como se observa en acta del 20 de enero de 2004.

Ese dato óntico de carácter negativo tiene asiento probatorio en la medida en que la Sala ha podido constatar que el hoy demandante ejerció la acción de nulidad electoral y mediante providencia del 10 de noviembre de 2003(16), la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad del Acuerdo 1 del 17 de julio de 2002 proferido por el Consejo Nacional Electoral, mediante el cual se declaró la elección de los señores Oscar Leonidas Wilches Carreño y Javier Enrique Vargas como representantes a la Cámara por la circunscripción electoral del Casanare para el período constitucional 2002-2006.

En la misma sentencia, esa Sección declaró nula la Resolución 4 del 19 de marzo de 2002, emitida por la Comisión Escrutadora Departamental del Casanare e incluyó, como consecuencia, los votos de las mesas 3 y 17 de la cabecera del municipio de Aguazul. Igualmente, dispuso la realización de un nuevo escrutinio con exclusión de las mesas afectadas por votos irregulares en los municipios de Aguazul, Nunchía, Trinidad, Villanueva y Maní.

El 20 de enero de 2004, la Sección Quinta del Consejo de Estado ordenó llevar a cabo un nuevo escrutinio para la elección de representantes a la Cámara por la circunscripción electoral del Casanare, período constitucional 2002-2006, acto en el cual se declaró electos a los señores Oscar Leonidas Wilches Carreño y Efrén Antonio Hernández Díaz y se le entregó la respectiva credencial a este último, pues la del primero, quien ya había sido electo desde el inicio del período, no sufrió alteración alguna(17).

El actor tomó posesión del cargo de representante a la Cámara por el departamento del Casanare para el período constitucional 2002-2006, el 26 de enero de 2004, tal como lo certificó la subsecretaria general de ese cuerpo legislativo(18).

De tal manera que el hecho consistente en que el actor fue candidato en las elecciones antes mencionadas, las cuales posteriormente fueron declaradas nulas y debido a un nuevo escrutinio alcanzó la curul que pretendía, cuando ya había trascurrido aproximadamente la mitad del período constitucional, es un hecho cierto y debidamente probado.

4.2. La imputación.

La reparación económica que se persigue a través de la demanda depende de la existencia de una lesión (daño antijurídico), que a su vez tiene como fundamento la afectación de un bien jurídico protegido (daño valorado) y siempre que ese hecho pueda ser atribuido a una Administración bajo las estructuras ideadas para realizar el examen de imputación (los títulos).

Al dar aplicación a esta estructura de daños al caso concreto, debe precisarse que la Sala abordará el examen de imputación desde la óptica de la falla del servicio, en la medida en que se observa una desatención grave de los deberes en cabeza de las autoridades electorales, función que se encuentra en cabeza no solo de los funcionarios y empleados adscritos a las dependencias de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral(19), sino que, de igual forma, las discernidas en los particulares que ejercen esa función de manera accidental o temporal durante unos comicios electorales, de ahí que de una vez debe advertirse que no es de recibo el argumento en el entendido de que en tal caso sean actividades alejadas del servicio.

Con el propósito de efectuar entonces esta verificación jurídica y fáctica, debe recordarse que la parte actora ha circunscrito el daño alegado al hecho de no haber podido acceder a su curul como representante a la Cámara por la circunscripción electoral del Casanare para el período constitucional 2002-2006 desde el inicio del mismo sino solo hasta el 26 de enero de 2004, cuando efectivamente se posesionó en el cargo, como consecuencia de que la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró nula la elección celebrada el 10 de marzo de 2002 y ordenó nuevo escrutinio, cuyo resultado arrojó que el demandante tuvo la segunda votación más alta, razón por la cual esa corporación le hizo entrega de la respectiva credencial.

Desde esa lógica, resulta imperioso cuestionarse si ese hecho puede ser atribuido a las autoridades administrativas, interrogante que tiene una resolución positiva en la medida en que está demostrado que de no haberse declarado la nulidad de la elección de quienes fueron proclamados inicialmente como representantes a la Cámara por la circunscripción electoral del Casanare para el período constitucional 2002-2006, el actor no habría podido acceder a la curul a la que sí tenía derecho por haber obtenido la segunda votación más alta en el ejercicio democrático realizado el 10 de marzo de 2002, que es justamente el nexo de determinación fáctico que ata la acción que se cuestiona a la administración con el resultado dañoso.

Bajo esta comprobación fáctica resulta evidente que la declaratoria de nulidad de los actos emitidos por las autoridades electorales dejó al descubierto el daño antijurídico, pues puso en evidencia las irregularidades cometidas en el proceso electoral por parte de quienes en él intervinieron.

Desde esta lógica, resulta deleznable el razonamiento del tribunal a quo, en la medida en que no puede partirse del desconocimiento de la providencia de la Sección Quinta de esta corporación para arribar a la conclusión de que el actor, pese a esa decisión, igualmente no habría sido elegido de haberse hecho un escrutinio completo. Lo que está demostrado es que la Sección Quinta dejó sin efecto la primera elección y entregó la razón al actor al efectuarse un nuevo escrutinio, hecho que a esta altura resulta incontrovertible.

Adicionalmente, dentro de esa misma providencia —la decisión de nulidad de la primera elección emitida por la Sección Quinta—, se encuentra la razón por la cual ha de ser atribuido el resultado dañoso a las demandadas bajo el régimen de la falla probada del servicio, en la medida en que se develó un protuberante yerro: se dejó de hacer el conteo de los votos válidos vertidos en algunas mesas de votación, sin que existiese una causal legal o una justificación jurídica para hacerlo.

Sin duda, se tiene que los actos declarados nulos y que evidenciaron las irregularidades en el proceso electoral fueron el Acuerdo 1 del 17 de julio de 2002 emitido por el Consejo Nacional Electoral y la Resolución 4 del 19 de marzo de 2002 expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, delegación departamental del Casanare(20).

El Acuerdo 1 del 17 de julio de 2002, emitido por el Consejo Nacional Electoral, confirmó en todas sus partes la Resolución 3 del 19 de marzo de 2002, emitida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, delegación departamental del Casanare, por la cual se excluyeron del escrutinio general de ese departamento las mesas 3 y 17 de la zona urbana del municipio de Aguazul y la 1 de la Inspección de Policía de San Miguel de Farallones de ese municipio.

Por su parte, la Resolución 4 del 19 de marzo de 2002, expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, delegación departamental del Casanare, había dispuesto exactamente lo mismo que la Resolución 3 ya mencionada.

De ahí que las dos entidades demandadas, las que se erigen dentro de nuestro sistema jurídico como la organización electoral(21), intervinieron en el proceso democrático emitiendo los actos que posteriormente fueron declarados nulos, motivo por el que el daño producido al actor al no haberse reconocido su elección desde el primer momento, debe ser imputado a título de falla.

Definitivamente, por cuanto la decisión de dichas autoridades contenida en los actos administrativos declarados nulos, consistente en excluir ciertas mesas del escrutinio general fue, precisamente, la que la Sección Quinta del Consejo de Estado consideró ilegal por violar el artículo 192 del Código Electoral e incluir oficiosamente una causal de reclamación contra los escrutinios que no existe en el ordenamiento jurídico. Es decir, se violó la ley electoral de manera grosera, de ello no hay duda.

Como consecuencia, resulta probado para esta Sala que los actos administrativos electorales declarados nulos por la Sección Quinta del Consejo de Estado, provocaron al actor un daño antijurídico cierto, consistente en haber sido privado de ejercer desde el inicio del período constitucional 2002-2006 el cargo de representante a la Cámara por la circunscripción electoral del Casanare, pues solo hasta la decisión judicial, más exactamente hasta la fecha en que se llevaron a cabo los escrutinios y fue declarado electo, supo que había sido ganador de esa contienda electoral; sin embargo, solamente pudo ejercer la representación popular encomendada a partir del 26 de enero de 2004, cuando tomó posesión de la curul, esto es, cuando había trascurrido aproximadamente la mitad del período para el cual fue elegido.

Colíjase de lo anterior que las anomalías de la administración en el proceso electoral, reprochadas en la sentencia de nulidad electoral que retiró del ordenamiento jurídico los actos administrativos proferidos por las autoridades electorales demandadas, constituyen una falla en el servicio que impone declarar la responsabilidad del Estado en el caso formulado, razón por la cual las entidades accionadas concurrirán en partes iguales al pago de las condenas que en esta providencia se reconocerán.

Debe concluirse en este caso que, en efecto, le es imputable al Estado la responsabilidad por los daños que son generados por quienes auxilian la actividad electoral, aunque se trate de particulares, en la medida en que la función de aquéllos se traduce en una extensión pública del servicio, de eso no hay duda y, con ello, la garantía de satisfacción de las expectativas ciudadanas que en el sub examine fueron defraudadas. Adicionalmente, refuerza la posibilidad de imputación, como fue analizado en el prefacio dedicado a verificar la falla, la trasgresión en que incurrieron las autoridades electorales al convalidar con sus decisiones administrativas la exclusión de algunas mesas de votación por fuera de las posibilidades que entregaba la ley electoral, cuando eran precisamente ellas las que tenían la obligación de vigilar el correcto desarrollo de las elecciones(22).

Como colofón, con las precisiones que se hicieron previamente frente al carácter antijurídico del daño y el rango específico de protección en el sub lite, la Sala debe revocar la decisión objeto de apelación.

5. Liquidación de perjuicios.

5.1. Lucro cesante.

El demandante solicitó, a título de lucro cesante, el reconocimiento de los salarios dejados de percibir como remuneración del cargo de representante a la Cámara, durante el lapso comprendido entre el inicio del período constitucional 2002-2006 y la fecha en que efectivamente se posesionó en el cargo.

Según constancia expedida por la subsecretaria general de la Cámara de Representantes, el período constitucional 2002-2006 inició el 20 de julio de 2002 y el actor se posesionó en el cargo de representante a la Cámara por la circunscripción electoral del Casanare el 26 de enero de 2004(23).

La indemnización comprende el tiempo transcurrido entre el inicio del período constitucional 2002-2006 (jul. 20/2002) y la fecha en que el actor se posesionó como representante a la Cámara (ene. 26/2004); sin embargo, como en cada año se devengó un salario diferente, el tiempo se fraccionará atendiendo a ese concepto.

Indemnización debida o consolidada para el 2002:

El jefe de la sección de pagaduría de la Cámara de Representantes certificó que para el año 2002 un representante a la Cámara devengaba un salario mensual de $ 14’048.226(24).

A ese ingreso de $ 14’048.226 se agregará el 25% por concepto de prestaciones sociales, lo que arroja una suma de $ 17’560.282,00.

El actor no acreditó tener personas a cargo por lo que la suma que servirá de base para liquidar la indemnización será la de $ 17’560.282 a favor del demandante.

xxxxxxxxxxaaa
 

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Base liquidación sobre la cual se liquida el lucro cesante consolidado para el actor: $ 17’560.282.

i= Interés puro o técnico: 0.004867.

n= Número de meses que comprende el período de la indemnización desde el 20 de julio de 2002 y el 31 de diciembre de 2002: 6,3 meses.

xxxxxxxxxxbbb
 

S= $ 112’066.623,51

Indemnización debida o consolidada para el 2003:

Así mismo, el jefe de la sección de pagaduría de la Cámara de Representantes certificó que para el año 2003 un representante a la Cámara devengaba un salario mensual de $ 14’923.421(25).

A ese ingreso de $ 14’923.421 se agregará el 25% por concepto de prestaciones sociales, lo que arroja una suma de $ 18’654.276,25.

Comprende el tiempo transcurrido entre el 1º de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2003, con base en la siguiente fórmula:

xxxxxxxxxxaaa
 

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Base liquidación sobre la cual se liquida el lucro cesante consolidado para el actor: $ 18’654.276,25

i= Interés puro o técnico: 0.004867.

n= Número de meses que comprende el período de la indemnización desde el 1º de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2003: 12 meses.

xxxxxxxxxxccc
 

S= $ 229’941.764,69

Indemnización debida o consolidada para el 2004:

Así mismo, el jefe de la sección de pagaduría de la Cámara de Representantes certificó que para el año 2004 un Representante a la Cámara devengaba un salario mensual de $ 15’809.881(26).

A ese ingreso de $ 15’809.981 se agregará el 25% por concepto de prestaciones sociales, lo que arroja una suma de $ 18’875.916,25.

Comprende el tiempo transcurrido entre el 1º de enero de 2004 y el 25 de enero de 2004, con base en la siguiente fórmula:

xxxxxxxxxxaaa
 

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Base liquidación sobre la cual se liquida el lucro cesante consolidado para el actor: $ 18’875.916,25

i= Interés puro o técnico: 0.004867.

n= Número de meses que comprende el período de la indemnización desde el 1º de enero de 2004 y el 25 de enero de 2004: 0,8 meses.

xxxxxxxxxxddd
 

S= $ 15’093.397,74

Sin embargo, la Sala observa que el actor solicitó una indemnización menor que fue estimada en la suma de $ 279´169.022, motivo por el cual, dentro del marco de la congruencia que limita el análisis del caso en segunda instancia, deberá accederse a lo pedido, aunque se actualizará la suma en aplicación al artículo 16 de la Ley 446 de 1998, que regula el principio de reparación integral.

Actualización de la renta:

xxxxxxxxxxeee
 

Ra = renta a actualizar

Ipc (F) último reporte del ipc

Ipc (i) el reporte de la fecha en la que se liquidó inicialmente o, como en este evento, el que corresponda con la fecha del pago inicial.

Entonces, al aplicar la fórmula bajo las variables previstas, se tiene:

Ra = 279´169.022 X 132.69(27) = $ 440’462.990,83

84.10(28)

Ra= $ 440’462.990,83

Por tanto, las entidades demandadas, en partes iguales, serán condenadas a indemnizar al actor a título de lucro cesante, la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($ 440’462.990,83).

5.2. Perjuicios morales.

El actor solicitó el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales por el padecimiento psíquico de ver frustradas sus esperanzas de llegar a la Cámara de Representantes.

De entrada debe aclarar la Sala que de conformidad con las tipologías de daño inmaterial que de manera unificada se admitieron por la Sección a través de las sentencias de fecha 14 de septiembre de 2011, dentro de los radicados 38.222 y 19.031, ese daño sicológico no hace parte del daño moral, sino de la tipología autónoma del daño a la salud.

Ahora bien, ese dislate conceptual no sería óbice para acceder a la pretensión bajo el amparo de la tutela judicial efectiva que obliga a dar cabal interpretación a la pretensión (C.P., arts. 2º, 5º, 29, 228 y 229); sin embargo, dentro del proceso no se probó la existencia efectiva de ese daño sicológico alegado, en la medida en que solo la afirmación del demandante y el testimonio del señor Gustavo Adolfo Lanzziano Molano, quien manifestó ver al actor en un estado de preocupación y depresión para la época en que no resultó elegido a la Cámara de Representantes(29), son elementos suasorios insuficientes frente a la estimación de un perjuicio que merece una demostración técnica y precisa, razón por la cual el actor deber correr con el riesgo de la no persuasión (CPC, art. 177), ascetismo probatorio que obliga a negar la súplica.

Finalmente, en gracia de la discusión, esas mismas apreciaciones resultan vagas para dar cuenta de un daño moral, en la medida en que la congoja y la tristeza que constituyen esta tipología autónoma de perjuicio no se encuentran demostradas con las alusiones generales que quedaron vertidas probatoriamente.

6. Condena en costas.

Habida cuenta de que, para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, el 17 de marzo de 2010 y, en su lugar, se dispone lo siguiente:

“1. Declarar administrativamente responsables a la Nación-Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral por los perjuicios causados al señor Efrén Antonio Hernández Díaz, derivados de la declaratoria de nulidad electoral de los actos administrativos emitidos por esas entidades, dentro del proceso electoral para elegir representantes a la Cámara por el departamento del Casanare para el período constitucional 2002-2006.

“2. Condenar en partes iguales a la Nación-Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral a pagar al señor Efrén Antonio Hernández Díaz la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($ 440’462.990,83) a título de lucro cesante.

“3. Negar las demás pretensiones de la demanda.

“4. Las entidades demandadas darán cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

“5. Expedir copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, para el cumplimiento de esta sentencia”.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, por secretaría REMÍTASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

8 El salario mínimo para el año 2005 fue de $ 381.500, por lo que 500 SMLMV equivalía a la suma de $ 190’750.000.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 3 de abril de 2013, expediente 52001-23-31-000-1999-00959-01(26437), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

10 Ibídem.

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 25 de julio de 2007, expediente 250002326000200600313 01 (33013), C.P. Enrique Gil Botero.

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de marzo de 2015, expediente 13001-23-31-000-1999-00191-01(34356), C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de marzo de 2015, expediente 13001-23-31-000-1999-00191-01(34356), C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 3 de abril de 2013, expediente 52001-23-31-000-1999-00959-01(26437), C.P. Mauricio Fajardo Gómez: “para la Sala resulta evidente que la interpretación de la regla consagrada en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, según la cual la caducidad de la acción de reparación opera al cabo de transcurridos ‘dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa’, se debe entender en el sentido de la concurrencia de dos situaciones: el acaecimiento del hecho y el conocimiento por parte de la persona que considera afectados sus derechos por el hecho, omisión u operación administrativa. En caso de que ambas situaciones se presenten de manera concomitante, el término de caducidad se contará a partir de la ocurrencia; en caso contrario se deberá tener en cuenta la fecha en la cual la presunta víctima hubiere tenido conocimiento del hecho, omisión u operación administrativa”.

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 25 de julio de 2007, expediente 250002326000200600313 01 (33013), C.P. Enrique Gil Botero.

16 Folios 3 a 58, cuaderno 2.

17 Folios 59 a 65, cuaderno 2.

18 Folio 67, cuaderno 2.

19 Al respecto, ver las obligaciones contenidas en los artículos 26 y siguientes del Decreto 2241 de 1986.

20 Folios 1 a 12 y 22 a 24, cuaderno 3.

21 “Constitución Política, artículo 120. La organización electoral está conformada por el Consejo Nacional Electoral, por la Registraduría Nacional del Estado Civil y por los demás organismos que establezca la ley. Tiene a su cargo la organización de las elecciones, su dirección y vigilancia, así como lo relativo a la identidad de las personas”.

22 Decreto 2241 de 1986.

23 Folios 149 y 150, cuaderno 1.

24 Folios 154 a 157, cuaderno 1.

25 Folios 154 a 157, cuaderno 1.

26 Folios 154 a 157, cuaderno 1.

27 Último IPC publicado correspondiente al mes de octubre de 2016.

28 El IPC a la fecha en que el actor ejecutó la liquidación que corresponde a diciembre de 2005.

29 Folio 150 y 151, cuaderno 2.