Sentencia 2006-00314/40231 de julio 8 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Rad.: 25000232600020060031401

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Exp.: 40231

Actor: Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDRD

Demandado: Hernán Cortés Parada y Jesús Hernando Amado Abril

Naturaleza: Acción de repetición

Bogotá D.C., ocho de julio de dos mil dieciséis

EXTRACTOS: «Consideraciones.

I. Competencia.

39. El artículo 7º de la Ley 678 del 2001(1), aplicable en los aspectos procesales al caso a resolver, desde su entrada en vigencia establece un factor de conexidad que implica que la acción de repetición debe iniciar su trámite ante el mismo tribunal o juez que hubiese expedido la sentencia condenatoria o su equivalente.

40. En el presente caso se tiene que el proceso del cual se derivó la condena en contra del Estado fue surtido por la jurisdicción ordinaria. Así, en primera instancia, conoció del mismo el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogotá D.C., mientras que en segunda fue decidido de forma definitiva por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca.

41. De conformidad con lo anterior, podría pensarse que las autoridades competentes para conocer de la acción de repetición incoada serían aquellas autoridades judiciales ordinarias que dispusieron condenar a la entidad estatal, por cuenta de la presunta actuación de los señores Hernán Cortés Parada y Jesús Hernando Abril. Sin embargo, dicha consideración riñe con el inciso inicial del artículo de la Ley 678 de 2001 ya reseñado, según el cual solo la jurisdicción de lo contencioso administrativo está autorizada para tramitar y decidir las acciones de repetición incoadas por la administración.

42. Así las cosas, debe entenderse que en casos como el presente, cuando el juez que dictó la condena contra el Estado es ajeno a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no puede acudirse a las reglas previstas para establecer la competencia por virtud del fuero de atracción, sino que, ante la falta de otra disposición, deberán tenerse en cuenta las disposiciones ordinarias que prevé el Código Contencioso Administrativo para determinar la competencia con base en el factor material, esto es, teniendo en cuenta la cuantía. Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado(2), se ha pronunciado en los siguientes términos:

(…) para determinar la competencia en acciones de repetición originadas en procesos que hayan cursado ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, basta acudir en forma exclusiva al principio de conexidad, previsto como principal en el artículo 7º [1] de la Ley 678 de 2001, sin perjuicio del criterio subjetivo de atribución de competencias que para los dignatarios con fuero legal contempla la misma Ley ([7] [pár. 1]) y sin que se requiera establecer la cuantía de la demanda, según lo disponían los artículos 132 y 134B del Código Contencioso Administrativo, antes de la entrada en vigencia de la citada ley, por cuanto la aplicación de dichos artículos en estos casos está excluida en razón de que contrarían el factor de conexidad(3)[3].

No ocurre lo mismo para determinar el juez competente en los eventos que no encuadran dentro de los presupuestos de la aludida regla de competencia, como sucede con las acciones de repetición iniciadas con base en “condenas en la jurisdicción ordinaria en materia laboral a favor de trabajadores oficiales, condenas al Estado Colombiano en tribunales de arbitramento, o en la Corte Interamericana de Derechos humanos […]”, entre otros casos, frente a los cuales el Consejo de Estado ha dicho que deben aplicarse plenamente las reglas de competencia del Código Contencioso Administrativo(4)[4], disposiciones conforme a las cuales se resolverá este conflicto.

De acuerdo con lo anterior y para los mencionados eventos, dentro de las referidas reglas deben entenderse incluidas las relativas a la cuantía, por cuanto estas no desatienden el principio de conexidad de la Ley 678 de 2001, toda vez que se trata de acciones de repetición por condenas contra el Estado no originadas en sentencias de esta Jurisdicción.

En ese orden de ideas, de acuerdo con el artículo 134B [8] del Código Contencioso Administrativo, los jueces administrativos conocen en primera instancia de las acciones de repetición cuya cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales(5)[5] y que no estén asignadas al Consejo de Estado en única instancia(6)[6].

En consecuencia, por la cuantía, que en este caso es de $ 3.042.168, correspondientes a la indemnización y las costas que la empresa demandante pagó a la trabajadora despedida (Ley 678 de 2001 [11] [pár.])(7)[7] compete a los jueces administrativos conocer de la presente acción en primera instancia.

43. De conformidad con lo expuesto, se tiene que en el evento sub lite debe aplicarse la regla contenida en el numeral 10 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, según la cual el tribunal administrativo es competente para conocer en primera instancia de los procesos de repetición cuya cuantía supera los quinientos salarios mínimos.

44. Pues bien, se tiene que la cuantía del asunto de marras, en los términos del artículo 3º de la Ley 1395 de 2010, asciende a la suma de trescientos treinta y nueve millones cuatrocientos cuarenta y dos mil ochocientos quince pesos con treinta y cuatro centavos ($ 339 442 815, 34), valor que es superior al equivalente a quinientos salarios mínimos en el año 2005 ($ 190 750 000), cuando fue interpuesta la demanda.

45. Así las cosas, es dable concluir que al Tribunal Administrativo de Cundinamarca sí le correspondía conocer del proceso en primera instancia. Ahora bien, se tiene que el proceso fue remitido a esta Corporación en aras de que se surtiera el grado jurisdiccional de consulta, teniendo en cuenta que los demandados fueron representados en el transcurso de la litis por un curador ad litem, en razón de que fue imposible notificarles el auto admisorio de la demanda.

46. Al respecto, se advierte que, efectivamente, el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo dispone que las sentencias (…) que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no fueren apeladas”. En el plenario se encuentra que el señor Hernán Cortés Parada, quien resultó condenado por la Sentencia del 28 de octubre de 2010, estuvo representado por la curadora ad litem designada en el auto del 9 de agosto de 2007, de modo que es procedente resolver el grado jurisdiccional de consulta.

47. En cuanto al alcance de la competencia de esta Corporación para surtir tal instancia procesal, se tiene que el grado jurisdiccional de consulta está constituido para salvaguardar los intereses de la parte que debió ser representada dentro del proceso por curador ad litem, a fin de que este hecho no le produzca una conculcación de sus derechos. Al respecto se ha dicho: (…) la consulta únicamente busca que se surta la segunda instancia para asegurar el máximo acierto en la decisión, en orden a proteger los intereses de determinados sujetos de derecho que actúan en el proceso y que con ella reciben un especial tratamiento”(8).

48. Como consecuencia de tal aserto, debe entenderse que la Subsección solo puede beneficiar las condiciones del representado mediante curador ad litem contra quien se dictó sentencia condenatoria y, en consecuencia, no puede hacer más gravosa su situación a favor de la entidad demandante. En ese sentido se ha pronunciado esta corporación con anterioridad: “[a]hora, debe precisarse que como la consulta se entiende interpuesta, en el sub lite, para garantizar los derechos del representado a través de curador ad litem, la Sala no podrá hacer más desfavorable su situación jurídica”(9). En ese entendido, la Sala solo está autorizada para analizar la responsabilidad que le cabe al señor Hernán Cortés Parada, sin que pueda aumentarse la condena que en primera instancia se le impuso, y sin que haya lugar a pronunciarse respecto de la responsabilidad que pueda caberle al señor Jesús Hernando Amado Abril, respecto de quien se denegaron las pretensiones en la primera instancia.

II. Hechos probados.

49. De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso, se tienen acreditados los siguientes hechos relevantes para la litis(10):

50. Mediante Resolución 654 de 1º de junio de 1983, el director del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte nombró al señor José Guillermo Hernández Martín, a partir de la misma fecha, para que desempeñara el cargo de jefe de la Sección de Parques de la referida entidad (copia de la referida resolución, fl.1, cdno. 2). Dicho nombramiento fue anulado con ocasión de la expedición de la Resolución 755 de 13 de julio del mismo año (copia de la referida resolución, fl. 1, cdno. 2).

51. El 15 de julio de 1983, el director de la referida entidad y el señor José Guillermo Hernández Martín celebraron un contrato de trabajo a término indefinido, en el cual el trabajador se comprometió a prestar sus servicios personales al Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte. Adicionalmente se pactó que el contrato “(…) queda sujeto en cuanto a su terminación a las normas especiales que rigen el contrato de los trabajadores oficiales, a las pertinentes del Código Sustantivo del Trabajo, a lo establecido en lla (sic) Convención Colectiva de Trabajo y el Estatuto de Personal, salvo que el trabajador renuncie a estas prerrogativas” (copia del contrato suscrito por las partes y por dos testigos, fls. 3-4, cdno. 2).

52. Mediante Resolución 348 de 12 de agosto de 1988 se trasladó al señor Hernández al cargo de jefe de Sección de Nóminas (copia de la referida resolución, fl. 6, cdno. 2).

53. El 7 de julio de 1993, el señor Hernán Cortés Parada, en calidad de director del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, y el señor Jesús Hernando Amado Abril, como secretario general, expidieron la Resolución 159, mediante la cual se dispuso lo siguiente: “[d]eclarar insubsistente a partir de la fecha el nombramiento del señor José Guillermo Hernández Martín, identificado con cédula de ciudadanía 17.120.247 de Bogotá, quien desempeña el cargo de Jefe de la Sección de Liquidación de Personal, del Instituto” (copia del acto administrativo, fl. 7, cdno. 2; copia de las resoluciones de nombramiento de los señores Cortés y Amado, fls. 158, 160, cdno. 2; copia de las respectivas actas de posesión, fls. 159, 161, cdno. 2). Dicha resolución fue notificada mediante comunicación recibida en la misma fecha (copia de la comunicación con copia a la hoja de vida en el folio 194, fl. 8, cdno. 2).

54. Por ese hecho, el señor José Guillermo Hernández Martín, a través de apoderado, presentó demanda ante los jueces laborales del circuito de Bogotá, con el fin de que se declarara nulo el despido, se ordenara su reintegro y se le cancelaran los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir (copia de la demanda, fls. 2-8, cdno. 3).

55. El 21 de noviembre de 1997, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogotá dictó sentencia de primera instancia, en la cual resolvió lo siguiente (copia de la providencia, fls. 617-622, cdno. 3):

1. Condenar al Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte — IDRD— a reintegrar al señor José Guillermo Hernández Martín, con C.C. 17.126.247 de Bogotá, al cargo de Jefe de Sección de Liquidación de Personal a partir del 7 de julio de 1993, junto con los salarios dejados de percibir en cuantía de $ 380.828,78 mensuales y prestaciones sociales dejadas de percibir así como sus incrementos legales y/o convencionales, declarando que no ha habido solución de continuidad en el contrato de trabajo para todos los efectos legales.

2. Declarar no probadas las excepciones propuestas.

3. El actor devolverá a la demanda la suma que recibió por concepto de cesantía definitiva al momento del finiquito, la cual podrá ser descontada de los salarios dejados de percibir.

56. Para el efecto, el juzgado adujo que el señor Hernández no tenía la calidad de empleado público, por cuanto el puesto que desempeñaba no era director, subdirector, jefe de oficina ni jefe de división. En consecuencia, concluyó que se trataba de un trabajador oficial que fue vinculado mediante contrato de trabajo. Aclarado lo anterior, advirtió que (…) conforme a la convención colectiva de trabajo transcrita, para la fecha del despido, el instituto solo podía dar por terminado un contrato de trabajo fundado en una justa causa (art. 27). La declaratoria de insubsistencia no está prevista como una justa causa ni en la Ley 6ª de 1945 ni en su Decreto Reglamentario 2127 del mismo año, ni en la convención colectiva de trabajo, así como tampoco en el contrato de trabajo ni en ninguna otra disposición legal o reglamentaria”.

57. Contra dicha decisión el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte interpuso recurso de apelación (copia del recurso de apelación, fls. 623-628, cdno. 3), que fue resuelto mediante sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 18 de junio de 1999, en la cual se dispuso confirmar la providencia impugnada en su totalidad y condenar en costas a la demandada (copia de la providencia, fls. 685-692, cdno. 3). En la providencia se expuso lo siguiente:

El Acuerdo 4º de 1.978 del Concejo Distrital por medio del cual se creó la entidad demandada y se expidieron los estatutos, estableció en su artículo 11 que para todos los efectos legales las personas naturales que presten sus servicios a la demandada tendrán la calidad de trabajadores oficiales y el director, los subdirectores, el secretario general y los jefes de división, son empleados públicos.

Este acuerdo goza de la presunción de legalidad mientras no sea anulado o suspendido por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en el proceso no se acreditó que esto hubiera ocurrido. La excepción de inconstitucionalidad o ilegalidad no cabe sino en los casos de contrariedad manifiesta entre la norma inferior y la de superior jerarquía y aquí no se presenta este caso.

Así las cosas, acreditado que el demandante se desempeñó como jefe de la Sección de Parques y posteriormente como Jefe de la Sección de Liquidación de nómina, el cargo de jefe de sección de acuerdo con los estatutos está comprendido dentro de aquellas actividades para los trabajadores oficiales, pues los jefes de división sí son empleados públicos. Es de anotar que si bien es defectuosa la redacción del artículo 11 puesto que se precisaron cuáles eran los cargos para los empleados públicos dejando el resto de cargos en general para los trabajadores oficiales, sí es clara y no da lugar a confusión alguna la clasificación de los servidores.

De consiguiente el demandante estuvo vinculado como trabajador oficial, por ende por contrato de trabajo, como lo demostró, tanto es así que siempre recibió el tratamiento para esta calidad de servidores al recibir los beneficios convencionales y no hay elementos de juicio que permitan desconocer esa condición que patrono y trabajador sostuvieron con sujeción a las disposiciones legales y a que se atuvieron durante años.

De manera que como trabajador oficial solo podía ser retirado por su empleadora dentro de las normas legales establecidas en el Decreto 2127 de 1945, para terminar el contrato de trabajo y como no se observaron ya que la relación laboral finalizó por decisión unilateral de la demandada sin motivo alguno, como lo fue la declaratoria de insubsistencia no motivada.

Se concluye que fue un despido injusto e ilegal que le acarrea a esta las consecuencias previstas en la convención colectiva de trabajo: el reintegro al cargo con el pago de los salarios dejados de percibir y las prestaciones, legales y convencionales, confirmándose así la sentencia recurrida.

58. Una vez surtido un recurso de hecho ante la Corte Suprema de Justicia, por la negativa a conceder el recurso extraordinario de casación incoado, el proceso fue remitido de vuelta al tribunal y la sentencia se declaró ejecutoriada mediante providencia del 28 de marzo de 2000 (copia de la decisión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, fls. 14-19, cdno. 4; copia del auto dictado por el tribunal, fls. 737, cdno. 3).

59. El 24 de abril de 2004, la magistrada ponente tasó el valor de las agencias en derecho en la suma de un millón de pesos ($ 1.000.000) y, en la misma fecha, la secretaría presentó a consideración del despacho la liquidación de las costas, que concretó únicamente en esa suma (copia del auto de 24 de abril del 2000 y el respectivo paso al despacho, fl. 788, cdno. 3). Tras correr el respectivo traslado, la liquidación de costas se aprobó mediante auto del 4 de mayo de 2000 (copia de la providencia; fl. 790, cdno. 3).

60. El 16 de mayo del mismo año, la parte actora interpuso recurso de reposición contra la anterior providencia, toda vez que al expedirla no se tuvo en cuenta la oposición que fue presentada oportunamente (copia del memorial, fls. 741-742, cdno. 3). Mediante providencia del 23 de junio del 2000, el Tribunal reformó la liquidación de la condena en costas y ordenó que se pagara por ese concepto la suma de dos millones cuatrocientos sesenta y tres mil doscientos dieciséis pesos con sesenta y cuatro centavos ($ 2.463.216, 64) (copia de la providencia, fls. 749-751, cdno. 3). La liquidación de costas se aprobó nuevamente mediante auto del 16 de agosto del 2000 (copia del auto, fl. 763, cdno. 3).

61. En cumplimiento a lo ordenado por el superior, el Juzgado Quince Laboral del Circuito liquidó las costas causadas en su instancia, y fijó las agencias en derecho en la suma de diez millones pesos ($ 10.000.000) (copia del auto, fl. 778, cdno. 3). Una vez realizada la liquidación y surtido el traslado concedido, la parte actora la objetó, circunstancia por la cual el juzgado decidió practicar un dictamen pericial (copia del memorial radicado el 13 de febrero de 2001, fls. 780-783, cdno. 3; copia de la providencia del 22 de mayo de 2001, 792, cdno. 3).

62. A través de auto del 30 de agosto de 2002, el juzgado admitió la objeción presentada y fijó la liquidación de costas y agencias en derecho en la suma de sesenta y cinco millones cuatrocientos veintidós mil doscientos treinta y un pesos ($ 65 422 231) (copia de la referida providencia, fls. 849-852, cdno. 3). Con ocasión del recurso de reposición interpuesto por la parte actora, en providencia del 6 de septiembre de 2002 se aumentó la suma reconocida al valor de ciento veintidós millones novecientos setenta y un mil sesenta y tres pesos ($ 122 971 063) y se ordenó el archivo del expediente (copia del recurso interpuesto, fls. 853-854, cdno. 3; copia del auto, fls. 855-856, cdno. 3).

63. Sin embargo, mediante memorial presentado el 28 de marzo de 2003 la apoderada del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte solicitó que se procediera a corregir un yerro en el que se incurrió al dictar dicha providencia, petición que acogió el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogotá mediante providencia del 6 de mayo de 2003, en el sentido de modificar la condena en costas a la suma de sesenta y cinco millones cuatrocientos veintidós mil doscientos treinta y un pesos ($ 65 422 231). Dicha providencia fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, Sala Laboral, mediante auto del 31 de enero de 2005 (copia del memorial, fls. 897-900, cdno. 3; copia de la providencia del 6 de mayo de 2003, fls. 905-908, cdno. 1; copia de la providencia del 21 de enero de 2005, fls. 948-952, cdno. 3).

64. En cumplimiento de lo ordenado por la justicia ordinaria, el 18 de octubre del 2000 la Junta Directiva del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte ordenó crear, de forma excepcional, un cargo de jefe de sección como trabajador oficial dentro de la planta de personal. A dicha decisión se le dio cumplimiento mediante la Resolución 548 del 27 del mismo mes y año, proferida por la directora de la entidad, quien dispuso reintegrar al señor José Guillermo Hernández Martín al cargo que con anterioridad desempeñaba (copia de la Resolución 548, fls. 29-30, cdno. 2). En ese entendido, mediante Resolución 707 del 29 de diciembre del 2000 se ordenó su incorporación mediante la celebración de un contrato de trabajo (copia del acto administrativo, fls. 31-32, cdno. 2).

65. El Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, en cumplimiento de lo dispuesto por la jurisdicción laboral, mediante Resolución 408 de 1º de noviembre del 2000 ordenó reconocer y pagar a favor del señor José Guillermo Hernández Martín la suma de ciento veinticuatro millones seiscientos cincuenta y cuatro mil novecientos cuarenta y cinco pesos ($ 124 654 945), por concepto de salarios y prestaciones sociales que dejó de recibir desde el 7 de junio de 1993 hasta el 30 de octubre del 2000, más los intereses corrientes causados desde el 27 de mayo del 2000 y los intereses moratorios producidos desde el 27 de septiembre del mismo año (copia del respectivo acto administrativo, fls. 770-772, cdno. 3).

66. Dicho acto administrativo fue modificado por las resoluciones 416 del 27 de noviembre del 2000 y 517 del 20 de diciembre del mismo año, mediante las cuales se aclaró que se debía al señor Hernández Martín la suma de ciento sesenta y cuatro millones setecientos setenta y tres mil noventa y cinco pesos ($ 164 773 095). De ese valor se debían deducir y girar la suma de once millones doscientos noventa y tres mil cuatrocientos cuarenta pesos ($ 11 293 440) correspondientes a los aportes para la pensión del trabajador y del patrono y para el fondo de seguridad social; la suma de nueve millones setecientos veinticinco mil novecientos cuarenta y nueve pesos ($ 9 725 949) por los aportes de salud del patrono y del empleado; la suma de un millón trescientos noventa y cinco mil seiscientos noventa y tres ($ 1 395 693) por concepto de los aportes para el sindicato; la suma de dos millones trescientos cuarenta y siete mil quinientos cincuenta y nueve pesos ($ 2 347 559) por concepto de aportes parafiscales para el Servicio Nacional de Aprendizaje; la suma de tres millones quinientos veintiún mil trescientos treinta y ocho pesos ($ 3 521 338) por concepto de aportes parafiscales para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; la suma de cuatro millones seiscientos noventa y cinco mil ciento dieciocho pesos ($ 4 695 118) por concepto de aportes parafiscales para la caja de compensación familiar; la suma de un millón ochenta y tres mil quinientos sesenta y tres pesos ($ 1 083 563) por concepto de aportes a la secretaría de hacienda según lo dispuesto por la Ley 4ª (copia de las respectivas resoluciones, fls. 34-35, 42-43, cdno. 2).

67. El 30 de noviembre del 2000 se canceló a favor del señor José Guillermo Hernández Martín la suma neta de ciento treinta millones setecientos diez mil cuatrocientos treinta y cinco pesos ($130 710 435), mediante cheque 490364, tras descontarle las sumas de diez millones ciento dos mil setecientos setenta y cinco pesos ($ 10 102 675) y de veintitrés millones novecientos cincuenta y nueve mil novecientos ochenta y cinco pesos ($ 23 959 985), por concepto de deducciones y de aportes patronales parafiscales, respectivamente (copia del comprobante de egreso 45698 debidamente suscrito por el interesado José Guillermo Hernández Martín, fls. 33, cdno. 2; copia del certificado de reserva presupuestal R-03287, fl. 37, cdno. 2).

68. Mediante oficio 8846 de 7 de mayo de 2001 el señor Hernández manifestó que no se iba a reintegrar y, en su lugar, solicitó que se liquidaran las acreencias laborales causadas por el despido y los intereses moratorios causados a partir de la ejecutoria de la providencia. En observancia de lo solicitado, el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte expidió la Resolución 394 de 1 de agosto de 2001, reconociéndole la suma de trescientos veinte siete millones ciento diez mil ciento cincuenta y siete pesos ($ 327 110 157), por concepto de salarios, aportes patronales y parafiscales e intereses moratorios. De dicha suma ordenó deducir sendos valores por conceptos de pago al fondo de pensiones, pago de la contribución del sindicato y retención en la fuente (copia de la resolución, fls. 796-799, cdno. 3). Dicha decisión se aclaró mediante la Resolución 408 de 15 de agosto de 2001, mediante la cual se redujo el valor de la suma concedida (copia del comprobante de egreso 50167, fl. 48, cdno. 2).

69. A través de Resolución 466 de 23 de noviembre de 2001, la subdirectora técnica de la entidad demandante resolvió el recurso de reposición interpuesto por el señor Hernández en contra de las resoluciones 394 y 408 de 2001, y ordenó pagarle la suma de sesenta y un millones noventa y nueve mil trescientos treinta y nueve pesos ($ 61 099 339), por concepto de liquidación definitiva de la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, de la cual debían deducirse algunas sumas a favor del fondo de la Dirección de Impuestos Nacionales, el sindicato de trabajadores oficiales y empleados públicos del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte y el Fondo de Solidaridad Pensional. Adicionalmente, ordenó el pago de la suma de tres millones setecientos cuarenta mil cuatrocientos catorce pesos ($ 3 740 414), por concepto de parafiscales, a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Caja de Compensación Familiar (copia del acto administrativo, fls. 61-72, cdno. 2).

70. Posteriormente la directora del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte expidió la Resolución 694 de 11 de diciembre de 2001, a través de la cual dio respuesta al recurso de alzada interpuesto por el señor Hernández, en el sentido de denegar las peticiones presentadas (copia del acto administrativo, fls. 56-60, cdno. 1).

71. El 31 de diciembre de 2001 se canceló a favor del señor José Guillermo Hernández Martín la suma neta de cincuenta y ocho millones novecientos setenta y tres mil seiscientos ochenta pesos ($ 58 973 680), mediante cheque 11315-5, tras restarle la suma de cinco millones ochocientos sesenta y cinco mil ochocientos noventa y tres pesos ($ 5 865 893), por concepto de “descuentos” (copia del comprobante de egreso 50167 debidamente suscrito por el interesado señor Hernández Martín, fl. 48, cdno. 2; certificado de reserva presupuestal R-03300, fl. 52, cdno. 2).

72. A través de la Resolución 94 de 19 de mayo de 2003 se dispuso pagar a favor del Instituto de Seguros Sociales la suma de diecinueve millones novecientos nueve mil seiscientos cuatro pesos ($ 19 909 604), por concepto de los aportes pensionales debidos como consecuencia de la sentencia de incorporación dictada a favor del señor Hernández Martín. Dicha suma se canceló el 27 de mayo de 2003 mediante cheque 14222-5 (copia de la resolución, fl. 92, cdno. 2; copia del comprobante de egreso 55214, fl. 85, cdno. 2; copia de la autorización del pago suscrita por el Instituto de Seguros Sociales, fl. 94, cdno. 2).

73. Posteriormente, mediante la Resolución 199 de 25 de julio de 2003 se ordenó pagar a favor del señor José Guillermo Hernández Martín la suma de dos millones cuatrocientos sesenta y tres mil doscientos dieciséis pesos con sesenta y cuatro centavos ($ 2 463 216, 64), por concepto de la condena en costas dictada a su favor en la sentencia de segunda instancia (copia del acto administrativo, fl. 99, cdno. 2). Esa suma se canceló en su totalidad el 31 de julio de 2003, mediante cheque 14628-6 (copia del comprobante de egreso 55840, f. 96, c. 2; copia del trámite de radicado y control de la cuenta de cobro 1647, cdno. 2; copia del certificado de disponibilidad presupuestal DI-00608, fl. 100, cdno. 2).

74. Finalmente, mediante Resolución 227 del 17 de junio de 2004, se ordenó girar a favor del señor Luis Ángel Torres Gómez, apoderado del señor Hernández dentro del proceso laboral, la suma de ochenta y siete millones cuatrocientos noventa y siete mil trescientos veintisiete pesos con treinta centavos ($ 87 497 327,30), por concepto de costas y agencias en derecho causadas durante la primera instancia (copia del acto administrativo, fl. 129, cdno. 2). Dicha suma se canceló en su totalidad el 18 de junio de 2004, mediante cheque 16510-9 (copia del comprobante de egreso 58622 con constancia de recibido debidamente suscrita por el señor Luis Ángel Torres, apoderado del señor Hernández Martín, fl. 114, cdno. 2).

III. Problema jurídico.

75. Debe la Sala proceder a determinar si para el momento en que se interpuso la demanda de repetición ya se había configurado el fenómeno procesal de la caducidad de la acción. Para el efecto, es preciso tener en cuenta que si bien la sentencia de segunda instancia que decidió el proceso laboral en donde se condenó al Estado quedó ejecutoriada el 28 de marzo de 2000, la liquidación de las costas procesales causadas durante la primera instancia solo fue aprobada el 31 de enero de 2005.

76. De dársele una respuesta negativa al anterior interrogante, le corresponde a la Sala estudiar si en el presente caso están acreditados los requisitos que prevé la ley y la jurisprudencia de esta corporación para la procedencia de la acción de repetición. En especial, se deberá estudiar si la conducta desplegada por el señor Hernán Cortés Parada, en su calidad de director de la referida entidad, puede ser calificada como dolosa o gravemente culposa.

IV. Análisis de la Sala.

77. En lo que tiene que ver con la caducidad de la acción de repetición, se advierte que el Código Contencioso Administrativo en el numeral 9º del artículo 136, dispone que “[l]a de repetición [caduca] al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad”. En el mismo sentido, el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 señala: “[l]a acción de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total efectuado por la entidad pública. Cuando el pago se haga en cuotas, el término de caducidad comenzará a contarse desde la fecha del último pago, incluyendo las costas y agencias en derecho si es que se hubiere condenado a ellas”.

78. No obstante lo anterior, la Corte Constitucional, al pronunciarse sobre la constitucionalidad de dichos artículos, condicionó su exequibilidad a que se entendiera que “(…) el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo(11).

79. Dicha decisión se fundó en el hecho de que el inicio del cómputo de la caducidad no podía dejarse al arbitrio de la entidad pública a quien le corresponde realizar el pago de la sentencia judicial condenatoria, teniendo en cuenta que tal indefinición comporta una vulneración del derecho al debido proceso del demandado, en la medida en que este podría verse abocado a enfrentar un proceso judicial en cualquier momento, con independencia del tiempo transcurrido desde la causación del daño. Al respecto se dijo:

Se tiene, pues, que uno de los requisitos de la acción de repetición es el pago de la condena que haya sufrido la administración, y por consiguiente, resulta razonable que se haya fijado el momento en que se realiza ese acto jurídico como punto de partida para computar el término de caducidad.

Por otra parte, contrariamente a lo que afirma el demandante, la entidad no puede, a su arbitrio, determinar el momento definitivo del pago, ya que el cumplimiento de esa obligación se encuentra sujeto a estrictas normas presupuestales.

La propia Constitución señala el procedimiento que debe seguirse para presupuestar gastos. El artículo 346 superior, señala que no podrá incluirse partida en la ley de apropiaciones que no corresponda a un crédito judicialmente reconocido, a un gasto decretado conforme a una ley anterior, a uno propuesto por el Gobierno para atender al funcionamiento de las ramas del poder público, el servicio de la deuda o destinado a dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo.

Por su parte, en desarrollo del mandato constitucional, el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo prevé, que en el evento de ser condenada la Nación, una entidad territorial o una descentralizada al pago de una suma de dinero, el agente del ministerio público frente a la respectiva entidad, debe dirigirse a los funcionarios competentes para que incluyan en sus presupuestos, partidas que permitan sufragar las condenas. En concordancia con lo anterior, será causal de mala conducta por parte de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos, pagar las apropiaciones para el cumplimiento de las condenas más lentamente que el resto.

Prevé también el citado artículo que dichas condenas serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho meses después de su ejecutoria, y devengarán intereses moratorios (…).

De lo anterior se infiere, que como en razón del principio de legalidad del gasto público (arts. 345 y 346 de la Constitución), el Estado no puede, a diferencia de los particulares, disponer inmediatamente de sus recursos para el cumplimiento de las condenas a su cargo, la ley razonablemente le ha otorgado un plazo de dieciocho meses para realizar los trámites para el pago de las mismas, so pena de sanciones disciplinarias a los funcionarios que no procedan de acuerdo con el trámite anteriormente explicado.

Por lo tanto, el Estado cuenta con un término preciso para efectuar el respectivo trámite presupuestal para efectos de cancelar el monto de la condena judicial por los perjuicios causados a los particulares.

En síntesis es viable afirmar, que el plazo con que cuenta la entidad para realizar el pago de las sentencias de condena en su contra, no es indeterminado, y por lo tanto, el funcionario presuntamente responsable, objeto de la acción de repetición, no tendrá que esperar años para poder ejercer su derecho de defensa.

Si esta fecha no fuera determinada, se estaría vulnerando el derecho al debido proceso, ya que esto implicaría una prerrogativa desproporcionada para la administración, y las prerrogativas deben ser proporcionadas con la finalidad que persiguen.

(…)

De acuerdo a lo señalado en el punto 4.1, si la entidad condenada, incumpliendo la normatividad anotada, desborda los límites de tiempo señalado para el pago de las citadas condenas, ello no puede afectar el derecho al debido proceso del servidor presuntamente responsable, razón por la cual, la norma será declarada exequible bajo el entendido de que el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4º del Código Contencioso Administrativo(12).

80. En ese entendido, se concluye que en materia de la acción de repetición el término de caducidad de dos años debe contabilizarse dependiendo de lo que ocurra primero entre dos supuestos fácticos: (i) a partir del día siguiente a la fecha en que se produce el pago total de lo ordenado por la sentencia judicial; o (ii) el vencimiento de los 18 meses previstos en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo para que la entidad pública cumpla la obligación indemnizatoria. Al respecto, esta Corporación se ha pronunciado en los siguientes términos:

Tratándose del ejercicio oportuno de la acción de repetición, cabe precisar que existen dos momentos a partir de los cuales empieza a contarse el término de dos años para impetrar la acción, a saber: a) a partir del día siguiente a aquel en el cual se hubiere efectuado el pago efectivo de la condena impuesta en una sentencia y, b) desde el día siguiente al vencimiento del plazo de 18 meses consagrado en el artículo 177 inciso 4º del Código Contencioso Administrativo, previsto para la que la entidad pública cumpla la obligación indemnizatoria que le ha sido impuesta.

Dado lo anterior, se toma lo que ocurra primero en el tiempo, esto es, el pago de la suma a que se condenó, o por la cual se concilió, o cuyo reconocimiento se realizó, o el vencimiento de los 18 meses a que se refiere el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, sin que se haya realizado el pago de tal suma como el momento para que empiece a correr el término para ejercer la acción.

La posición de la Sección Tercera del Consejo de Estado en innumerables providencias respecto de los requisitos para que proceda la acción de repetición(13), indica entre otras, que la entidad debe acreditar el pago efectivo que hubiere realizado respecto de la suma dineraria que le hubiere sido impuesta por una condena judicial(14). Por tal razón no le es dable a la entidad el hecho de que quede a su discreción determinar el término de caducidad de la acción, cuando aquella está determinada en la ley(15).

81. En el caso bajo examen consta que la sentencia dictada por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogotá el 21 de noviembre de 1997 fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito de Cundinamarca el 18 de junio de 1999, la cual quedó debidamente ejecutoriada el 28 de marzo del 2000, después de que se surtiera un recurso de hecho ante la Corte Suprema de Justicia —ver párrafos 57 y 58—.

82. De otra parte, se tiene que el cumplimiento de la sentencia se surtió mediante sendos pagos que se realizaron el 30 de noviembre del 2000, el 31 de diciembre de 2001, el 27 de mayo de 2003 y el 31 de julio del mismo año —ver párrafos 67, 71, 72, 73 y 74—.

83. De este modo, se pensaría, en principio, que es a partir de los dieciocho meses transcurridos desde la ejecutoria de la providencia judicial de segunda instancia que debería contarse la caducidad, pues dicha circunstancia fáctica se produjo primero que el último pago. De seguir esa lógica, se llegaría a la irremediable conclusión de que para el 16 de diciembre de 2005, cuando se interpuso la acción de repetición, ésta se encontraba caducada, teniendo en cuenta que los dieciocho meses a los que se hizo referencia se cumplieron el 29 de septiembre de 2001, de modo que el término para incoar la acción feneció el 30 de septiembre del año 2003.

84. Ahora bien, como lo notó el a quo, con posterioridad a la fecha de ejecutoria de la sentencia, el Tribunal Superior del Distrito llevó a cabo el trámite para la liquidación de la condena en costas dictada en segunda instancia, la cual fue finalmente aprobada mediante auto de 16 de agosto del 2000 —ver párrafos 59 y 60—. En el mismo sentido, el Juzgado Quince Laboral del Circuito liquidó las costas causadas durante la primera instancia, que fueron finalmente confirmadas por el ad quem a través de la providencia expedida el 31 de enero de 2005, en razón de los múltiples recursos y solicitudes de corrección incoados por las partes dentro del proceso laboral —ver párrafos 61 a 63—.

85. En la sentencia de 28 de octubre de 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca consideró que el término de caducidad debía calcularse desde esta última fecha, habida cuenta de que en los términos previstos en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001, la caducidad debe contabilizarse desde el último pago, incluyendo el de la condena en costas, de haberla.

86. Al respecto, considera la Sala que si bien es cierto que en los términos expuestos en la Ley 678 de 2001 la caducidad debe contarse a partir de la fecha del último pago, incluyendo el realizado por concepto de costas y agencias en derecho, para efectos del otro supuesto previsto por la Corte Constitucional para el acaecimiento del fenómeno, se tiene que esa circunstancia no significa que la ejecutoria de la sentencia definitiva —a partir de la cual se deben contar los dieciocho meses con los que cuenta la entidad para proceder al pago de la condena impuesta— acaezca únicamente con posterioridad a la ejecutoria del auto que aprueba la liquidación de costas realizada por el secretario del juzgado o tribunal.

87. Efectivamente, ante la ausencia de norma expresa en el Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social —Decreto Ley 2158 de 1948—, debe acudirse al Código de Procedimiento Civil, que dispone en su artículo 331 que “[l]as providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza solo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva. // Las sentencias sujetas a consulta no quedarán firmes sino luego de surtida esta”.

88. A su vez, el artículo 334 ibídem indica que “[p]odrá exigirse la ejecución de las providencias una vez ejecutoriadas, o a partir del día siguiente al de la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, según fuere el caso, y cuando contra ella se haya concedido apelación en el efecto devolutivo”.

89. Por su parte, en lo que atañe a la condena en costas, el artículo 393 de la referida disposición indica que le corresponde al juez de la instancia respectiva proceder a liquidarlas, una vez ejecutoriada la providencia que las imponga o dictado el auto de cumplimiento del superior(16).

90. En esos términos, se concluye que la ejecutoria y ejecutividad de la sentencia proferida, de conformidad con lo señalado expresamente por las disposiciones normativas a las que se ha hecho referencia, no depende de que se haya surtido el procedimiento de liquidación de costas, sino que, por el contrario, se surte de forma previa y con independencia de la suerte que corra este último trámite. En síntesis, es palmario que el demandante puede solicitar el pago al vencido en juicio de la condena impuesta —siempre que esta no requiera ser liquidada de forma incidental— una vez cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 331 y 334 del Código de Procedimiento Civil, aun cuando no se hayan liquidado definitivamente las costas del proceso.

91. Por ese motivo, en los términos indicados por la Corte Constitucional al momento de condicionar la exequibilidad de lo dispuesto en los artículos 136 del Código Contencioso Administrativo y 11 de la Ley 678 de 2001, se considera que es indispensable que en casos como el presente se contabilice la caducidad de la acción de repetición de forma separada para el pago de la condena impuesta y de las costas causadas en cada instancia, teniendo en cuenta que el término de dieciocho meses que de conformidad con el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo tiene la entidad para cancelar cada una de esas obligaciones antes de que pueda exigirse el cumplimiento del título judicial contenido en la sentencia en sede judicial, empieza a correr, en cada caso, de forma autónoma, a partir de la ejecutoria de la sentencia y de los autos que aprueban cada una de las liquidaciones suscitadas, respectivamente.

92. De adoptarse la tesis suscrita por el tribunal de primera instancia, considera la Sala que se vulneraría el derecho al debido proceso de los funcionarios demandados, en la medida en que la caducidad de algunas de las pretensiones invocadas en la acción de repetición no estaría ceñida al acaecimiento de hechos objetivos, como lo es el procedimiento previsto por la ley para el pago de acreencias por parte de entidades estatales, sino que estaría injustificadamente determinada por circunstancias exógenas a la producción del daño, en particular por el trámite de la liquidación de las costas, teniendo en cuenta las múltiples circunstancias que allí pueden retardar la adopción de una decisión definitiva.

93. Por otra parte, contabilizar la caducidad únicamente desde la ejecutoria de la sentencia, como lo pretende el procurador delegado ante esta Corporación, conduce a denegar el derecho de acceso a la administración de justicia de la entidad demandante, quien en casos como el presente, para conseguir interponer la acción de repetición en tiempo, se vería obligada a renunciar a solicitar la reparación de las sumas que le corresponde pagar por la condena en costas de la que fue objeto, comoquiera que bien pudiera acontecer que para ese momento dicha suma no se hubiera cancelado, o ni siquiera liquidado.

94. De conformidad con lo expuesto, en el caso concreto, se tiene que las pretensiones que devienen del pago de las acreencias laborales y de seguridad social debidas al señor Hernández Martín, por cuenta del despido sin justa causa del que fue objeto, se encuentran caducadas, teniendo en cuenta que respecto de ellas el término de caducidad debe contabilizarse una vez transcurridos los 18 meses contados desde la ejecutoria de la sentencia —por haber ocurrido dicho fenómeno primero que el pago total de la obligación—, circunstancia que, como se sabe, acaeció el 28 de marzo de 2000. De modo que, como ya se dijo, el término para interponer la acción se extendió hasta el 30 de septiembre del 2003 —ver párrafo 82— y, sin embargo, la demanda se interpuso de forma tardía, el 16 de diciembre de 2005.

95. En el mismo sentido, en cuanto a la pretensión de la retribución del pago realizado por cuenta de la condena en costas en segunda instancia, se tiene que mientras que la decisión que las aprobó quedó en firme el 13 de septiembre del 2000 —esto es, tres días hábiles después de notificada la providencia(17)—, el pago de la obligación se realizó el 31 de julio de 2003 —ver párrafo 73—. En esas circunstancias, se tiene que el término de caducidad empezó a correr una vez transcurridos dieciocho meses desde la primera de las fechas referidas, esto es, el 14 de marzo del año 2002, y se extendió hasta el 15 de marzo del año 2004. En consecuencia, cuando se presentó la demanda ya se había configurado el fenómeno de la caducidad para reclamar dicha pretensión en sede judicial.

96. Finalmente, respecto de la pretensión derivada de la condena en costas por el trámite surtido durante la primera instancia, encuentra el despacho que la demanda fue presentada en tiempo. En efecto, dicha liquidación, por la objeción presentada por el representante judicial del señor José Guillermo Hernández Martín, el dictamen pericial practicado, el recurso de reposición por él interpuesto, la solicitud de corrección incoada por el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte y el recurso de apelación presentado por el demandante dentro del proceso laboral, solo fue aprobada por el Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, en segunda instancia, el 31 de enero de 2005, si bien es ilegible en el expediente la ejecutoria de dicha providencia, puede considerarse que para el 10 de febrero del mismo año, cuando se remitió de vuelta al Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogotá para lo de su cargo ya se encontraba en firme (fl. 953, cdno. 3).

97. Comoquiera que el pago de dicha obligación se realizó el 18 de junio de 2004, esto es, con anterioridad a que transcurrieran los dieciocho meses previstos en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, es a partir de dicha fecha que deben contarse dos años para la interposición de la acción de repetición. En ese entendido, comoquiera que la demanda se incoó el 16 de diciembre de 2005, se procederá a estudiar de fondo el asunto en lo que a este aspecto atañe.

98. Para el efecto, se debe recordar que la acción de repetición encuentra su principal sustento normativo en el segundo inciso del artículo 90 de la Constitución Política, que indica que las entidades estatales deben obtener de sus agentes el reembolso de las indemnizaciones por condenas que declaren su responsabilidad patrimonial, cuando ello se haya producido en virtud de una actuación dolosa o gravemente culposa de aquellos. Sin embargo, aunque la acción de repetición se elevó a rango constitucional en virtud de dicha norma, aquella ya se encontraba prevista en el ordenamiento jurídico colombiano de tiempo atrás.

99. Desde el Decreto 150 de 1976, en el que se establecieron normas relativas a la contratación con la Nación y sus entidades descentralizadas, se previó la responsabilidad civil de los funcionarios por sus actuaciones, siempre que se demostrara su culpa grave o dolo, según se dispuso en sus artículos 198(18) y 201(19).

100. De igual forma, el Decreto 222 de 1983 incluyó disposiciones en ese sentido en sus artículos 290 y siguientes, exigiendo el mismo requisito previsto en la norma anteriormente enunciada, a saber: la actuación dolosa o gravemente culposa de quienes se reputaran responsables.

101. Posteriormente el Código Contencioso Administrativo, adoptado a través del Decreto 1º de 1984, extendió esta responsabilidad al ámbito extracontractual en cabeza de los servidores y agentes por daños causados en el ejercicio de sus funciones y creó la acción de repetición como mecanismo judicial para hacerla efectiva, al indicar en sus artículos 77 y 78 lo siguiente:

“ART. 77.—Sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a la Nación y a las entidades territoriales o descentralizadas, o a las privadas que cumplan funciones públicas, los funcionarios serán responsables de los daños que causen por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones.

“ART. 78.—Los perjudicados podrán demandar, ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo según las reglas generales, a la entidad, al funcionario o a ambos. Si prospera la demanda contra la entidad o contra ambos y se considera que el funcionario debe responder, en todo o en parte, la sentencia dispondrá que satisfaga los perjuicios de la entidad. En este caso la entidad repetirá contra el funcionario por lo que le correspondiere.

102. De la lectura de estas normas puede concluirse que para que la acción de repetición prospere en eventos como el presente es necesario acreditar: (i) la conducta desplegada por el agente estatal, la cual debe ser determinante en la producción de la condena o la conciliación; (ii) la existencia de una condena judicial en contra de la entidad pública, o una conciliación, en la que conste la obligación de pagar una suma de dinero; (iii) el pago realizado por la entidad; y (iv) la calificación de la conducta del agente estatal como dolosa o gravemente culposa(20).

103. Posteriormente el legislador profirió la Ley 678 del 3 de agosto del 2001, en la cual se reguló específicamente la acción de repetición y el llamamiento en garantía de agentes estatales con fines de repetición, se concretaron los conceptos de dolo y culpa grave para efectos de determinar la responsabilidad del agente, y se establecieron algunos requisitos para la procedencia de la acción, así como elementos de procedimiento aplicables a los procesos de este tipo.

104. Sin embargo, dado que la fecha de producción de los hechos que de acuerdo con lo enunciado en la demanda dieron lugar al proceso judicial de índole laboral se produjeron con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 678 del 2001, no podrán ser tenidos en cuenta sus aspectos sustanciales, particularmente las definiciones previstas en sus artículos 5º y 6º acerca del dolo y la culpa grave. Por ende, la conducta del demandado deberá calificarse de acuerdo a las definiciones propias de la normatividad civil, específicamente el artículo 63 del Código Civil(21).

105. Definido lo anterior, la Sala procede a examinar el material probatorio obrante en el proceso para determinar si se acreditó la responsabilidad endilgada al agente estatal demandado en el presente asunto.

106. De acuerdo a lo que se puede inferir del material probatorio recaudado en el proceso, está probada tanto la calidad de agente estatal del señor Hernán Cortés Parada, como la participación en los hechos que derivaron en el proceso judicial de índole laboral. En tal sentido, está demostrado que para la época de los hechos se desempeñaba como director del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte y que fue él quien suscribió la Resolución 159 de 7 de julio de 1993, mediante la cual se declaró insubsistente el nombramiento del señor José Guillermo Hernández Martín —ver párrafo 53—.

107. Respecto del requisito de la existencia de una condena que imponga a la administración la obligación de pagar una suma de dinero como consecuencia de los hechos atribuibles al agente, la Sala también lo encuentra acreditado, dado que se probó que en virtud de lo ocurrido el señor José Guillermo Hernández Martín interpuso una demanda ante la jurisdicción ordinaria que le fue resuelta de forma favorable mediante sentencia dictada por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogotá el 21 de noviembre de 1997, que fue confirmada mediante providencia del 18 de junio de 1999 por la Sala Laboral del tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, la cual quedó ejecutoriada el 28 de marzo del 2000 —ver párrafos 54 a 58—.

108. Adicionalmente, se tiene que mediante Resolución 227 de 17 de junio de 2004, la entidad ordenó el pago de la suma de ochenta y siete millones cuatrocientos noventa y siete mil trescientos veintisiete pesos con treinta centavos ($ 87 497 327,30), la cual fue cancelada en su totalidad el 18 de junio de 2004, mediante cheque 16510-9, de conformidad con el comprobante de egreso en el cual obra la constancia de recibido, suscrita por el señor Luis Ángel Torres, apoderado del señor José Guillermo Hernández Martín.

109. De otra parte, en cuanto a la calificación de la conducta del agente estatal demandado como dolosa o gravemente culposa, la Sala recuerda que en virtud de que los hechos ocurrieron antes de la Ley 678 del 2001, no son aplicables los conceptos y presunciones contenidos en ella para la calificación de la culpa o el dolo atribuidos al demandado, por lo que la Sala debe auxiliarse con las definiciones de las normas vigentes para el momento de la ocurrencia de los hechos, es decir, las incluidas en el artículo 63 del Código Civil.

110. Según esta norma el dolo está determinado como “la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”, mientras que la culpa grave “consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios”.

111. Para resolver este punto, advierte la Sala que más allá de la resolución por virtud de la cual se declaró la insubsistencia del nombramiento del señor Hernández, no obran en el plenario elementos adicionales que permitan establecer cuál era la motivación, el ánimo o la voluntad del señor Cortés al momento de expedir el referido acto administrativo, de modo que resulta imposible establecer si actuó con el deliberado propósito de causar un daño a su subalterno, motivo por el cual no puede tenerse por acreditado el dolo en su conducta. Sin embargo, como pasa a explicarse, se considera que sí está acreditada la culpa grave en la que incurrió.

112. Para el efecto, adviértase como de conformidad con los numerales 1º y 2º del artículo 24 del Acuerdo 1º de 1978, al director del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte le correspondía “[d]irigir, coordinar y controlar el personal de la entidad y todas las actividades de la misma, de acuerdo con los estatutos orgánicos y las disposiciones de la Junta Directiva”, así como “[d]ictar los actos, y celebrar los contratos que se requieran para el buen funcionamiento del instituto, de conformidad con los acuerdos del Concejo, los presentes estatutos y las propias reglas que fije la Junta Directiva” (fls. 546-556, cdno. 3). Más explícitamente, según el numeral 18 del artículo 29 de la Resolución de la Junta Directiva 5 de 1992, era deber y potestad suya “(…) nombrar y remover los empleados a su cargo y contratar los trabajadores de conformidad con lo establecido en la ley” (fls. 559-575, cdno. 3).

113. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en las normas precedentes el nombramiento y remoción de los trabajadores del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte era una competencia que se le había asignado en exclusiva al director, para desempeñarla a cabalidad era evidente que al señor Cortés le correspondía conocer en su totalidad el régimen jurídico del personal que tenía a su cargo.

114. Así las cosas, la Sala considera que le correspondía conocer que tanto el artículo 31 del Acuerdo 1º de 1978, como el artículo 34 de la Resolución 5 de 1992 indicaban que todas las personas que prestaban servicios personales al Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte tenían la calidad de trabajadores oficiales, con excepción del director, el secretario general, los subdirectores y los jefes de división, que eran empleados públicos.

115. Adicionalmente, el numeral 6º del artículo 24 de la citada resolución establecía que la potestad del nombramiento de estos últimos cargos no era exclusiva del director, sino que requería previa aprobación de la junta directiva.

116. De otro lado, considera la Sala evidente que antes de apresurarse a dictar el acto administrativo que declaró insubsistente el nombramiento del señor Hernández, el ahora demandado debió revisar el modo en que este fue vinculado a la entidad, habiendo podido comprobar de este modo que para ese fin se celebró un contrato de trabajo a término indefinido en el cual expresamente se señaló que ingresaba en la calidad de trabajador oficial y que su terminación se encontraba sujeta a lo dispuesto al respecto en la convención colectiva de trabajo —ver párrafo 51—.

117. Finalmente, era preciso que tuviera en cuenta que la citada Convención Colectiva de Trabajo, celebrada el 24 de febrero de 1993, indicaba en su artículo 27, lo siguiente: “(…) El Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, solo podrá dar por terminado unilateralmente un contrato de trabajo, cuando se presente una de las justas causas previstas en la legislación laboral. El mismo Contrato Individual y el Reglamento Interno de trabajo del Instituto o el Estatuto que haga sus veces”, a la vez que en su artículo 28 estableció un proceso disciplinario previo a fin de garantizar el debido proceso del trabajador oficial cuyo despido se pretendía (fls. 480-504, cdno. 3).

118. En ese entendido, considera la Sala que si el señor Hernán Cortés Parado hubiera tenido en cuenta los anteriores supuestos previo a la expedición de la Resolución 159, esto es, si hubiera cumplido sus funciones con cuidado meridiano, es decir, el que habría adoptado un funcionario público que no fuera excepcionalmente diligente, habría podido advertir que el señor José Guillermo Hernández Martín no podía ser declarado insubsistente, por no ser un empleado público sino un trabajador oficial que estaba amparado por los beneficios y garantías que la convención colectiva consagraba a su favor.

119. Ahora bien, podría pensarse que el señor Cortés Parada consideró, de buena fe, que su subalterno tenía la calidad de empleado público de libre nombramiento y remoción, de modo que podía ser desvinculado(22) del servicio mediante la expedición de un acto administrativo, sin necesidad de que este fuera motivado.

120. Dicha suposición pudo estar fundada en lo dispuesto en el artículo 5º del Decreto 3135, según el cual las personas que prestan sus servicios en establecimientos públicos son empleados públicos —como lo es el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte—, salvo que trabajen en la construcción y sostenimiento de obras públicas. Sin embargo, dicha disposición para la época de los hechos también autorizaba a que en los estatutos de los establecimientos públicos se precisaran cuáles de sus funciones podían ser prestadas por trabajadores oficiales, facultad de la que precisamente se hizo uso en la expedición de Acuerdo 1º de 1978.

121. Ahora bien, con lo anterior no se pretende desconocer que dicha facultad fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-484 de 1995(23), bajo el entendido de que dicha disposición usurpaba funciones reservadas para el legislador. Sin embargo, lo cierto es que dicha providencia se expidió con posterioridad a los hechos sin que produjera efectos ex tunc.

122. Pero incluso, aun cuando para el momento de los hechos ya se hubiera expedido esa sentencia e incluso se hubiera declarado la nulidad de lo establecido al respecto en los estatutos de la entidad, esa circunstancia no le permitía al demandante desconocer sin más los derechos adquiridos del señor José Guillermo Hernández, habida cuenta de que él fue efectivamente vinculado al proceso como trabajador oficial.

123. Proceder de otro modo, constituiría una violación de su derecho al debido proceso, pues si hubieran motivos para considerar que el señor Hernández, a pesar de su “irregular” vinculación era en realidad un empleado público, lo procedente era proceder a crear el respectivo cargo en la planta de personal de la entidad y proceder a trasladarlo allí antes de declararlo insubsistente, o, al menos, motivar el acto administrativo proferido con el fin de explicar por qué el señor Hernández no era, como se creía, un trabajador oficial.

124. En ese entendido, se advierte que no existen circunstancias para justificar el proceder del señor Hernán Cortés sino que, por el contrario, se advierte que su conducta fue, a todas luces, gravemente culposa. En ese entendido, se encuentran debidamente acreditados la totalidad de los requisitos establecidos por la ley para la procedencia de la acción de repetición.

125. Para ese efecto, debe precisarse, finalmente, que el daño causado a la entidad, esto es, el verse obligada al pago de las costas procesales causadas durante la primera instancia del proceso laboral adelantado, sí le es imputable al demandado Hernán Cortés Parada, teniendo en cuenta que la procedencia de dicha condena, en la jurisdicción ordinaria, no está sujeta a la conducta procesal asumida por la defensa de la entidad, como sí ocurre en los procesos que se tramitan bajo la égida del Código Contencioso Administrativo(24), sino que opera, de forma objetiva, siempre que la entidad fuere vencida en juicio(25).

126. En consecuencia, habida cuenta de la caducidad de las demás pretensiones invocadas, se modificará la providencia de primera instancia en el sentido de condenar al señor Cortés Parada a pagar, únicamente, los perjuicios que devienen del pago realizado el 18 de junio de 2004, los cuales se liquidarán a continuación.

IV. Liquidación de la condena.

127. Como se indicó con anterioridad, el monto debido por costas procesales causadas en la primera instancia, fue pagado efectivamente por el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte el 17 de junio de 2004. La suma cancelada ascendió a ochenta y siete millones cuatrocientos noventa y siete mil trescientos veintisiete pesos con treinta centavos ($ 87 497 327,30), por lo que la condena en esta oportunidad será esa suma actualizada al momento de expedición de la presente sentencia, con el objeto de que este dinero mantenga su valor adquisitivo. Se liquida, entonces, de la siguiente forma:

FORMULAS-00314-A
 

FORMULAS-00314-B
 

Va = $ 145 187 026

128. Ahora bien, se reitera que el señor Hernán Cortés era el único responsable en la expedición del acto administrativo, teniendo en cuenta que como bien lo señaló el tribunal era la persona que tenía la potestad de decidir sobre la continuidad de los funcionarios de la entidad, en sus respectivos cargos.

129. Si bien es cierto que el señor Amado, en su calidad de secretario también suscribió el acto administrativo, también lo es que actuó por estar obligado a ello, según lo que al respecto disponía la Resolución 005 de 1992 expedida por la Junta Directiva del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, sin que exista prueba alguna que señale que participó en la proyección o elaboración del documento. Por tal razón, se condenará al demandante al pago de la totalidad de la suma arriba estipulada.

V. Costas

47. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

MODIFICAR la sentencia del 28 de octubre de 2010 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.

1. DECLARAR patrimonialmente responsable al señor Hernán Cortés Parada por haber incurrido en culpa grave, en cuanto a que su conducta dio lugar a la condena impuesta al Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca mediante sentencia proferida el 18 de junio de 1999.

2. En su lugar, CONDENAR al señor Hernán Cortés Parada a pagar al Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte la suma de ciento cuarenta y cinco millones ciento ochenta y siete mil veinte seis pesos (145 187 026), por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente decisión.

3. DECLARAR la caducidad de las pretensiones referentes al presunto perjuicio causado a la demandante por el pago de las acreencias laborales y de seguridad social debidas al señor Hernández Martínez y el pago de la condena en costas impuesta en la segunda instancia del proceso laboral adelantado en contra del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDRD.

4. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5. Sin condena en costas.

6. Esta sentencia deberá cumplirse en los estrictos términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo y 15 de la Ley 678 de 2001. Al demandado le corresponderá pagar la suma debida dentro del término de 18 meses contados a partir de la ejecutoria del presente fallo.

7. Por secretaría, EXPEDIR copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales deberán ser entregadas a quienes vienen actuando como apoderados judiciales.

7(sic). En firme este proveído, devuélvase al Tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

1 “La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de la acción de repetición. Será competente el juez o tribunal ante el que se tramite o se haya tramitado el proceso de responsabilidad patrimonial contra el Estado de acuerdo con las reglas de competencia señaladas en el Código Contencioso Administrativo. Cuando la reparación patrimonial a cargo del Estado se haya originado en una conciliación o cualquier otra forma permitida por la ley para solucionar un conflicto con el Estado, será competente el juez o tribunal que haya aprobado el acuerdo o que ejerza jurisdicción territorial en el lugar en que se haya resuelto el conflicto”.

2 “Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 18 de agosto de 2009, Exp. 2008-00422 (C), C.P. Héctor J. Romero Díaz.

3 [3] “[3] Cfr. autos citados”.

4 [4] “[4] Cfr. auto de 11 de diciembre de 2007, Exp. 2007 00433 00, C.P. doctor Mauricio Torres Cuervo”.

5 [5] “[5] Para el 2007, fecha de presentación de la demanda, el salario mínimo legal mensual era $433.700, por lo que para ese año la cuantía estaba en $ 216.850.000”.

6 [6] “[6] Conforme a la Ley 678 de 2001 [7] [pár. 1], el Consejo de Estado conoce privativamente y en única instancia de las acciones de repetición que se ejerzan contra el Presidente o el Vicepresidente de la República o quien haga sus veces, Senadores y Representantes, Ministros del despacho, directores de departamentos administrativos, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Defensor del Pueblo, Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Superior de la Judicatura, de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial, de los Tribunales Administrativos y del Tribunal Penal Militar”.

7 [7] “[7] En lo pertinente, conforme a esta disposición, la cuantía de la demanda de repetición se fija por el valor total y neto de la condena impuesta al Estado más el valor de las costas y agencias en derecho si se hubiere condenado a ellas, sin tomar en cuenta los intereses que se llegaren a causar”.

8 López Blanco, Hernán Fabio, “Procedimiento civil”, “Tomo I. Parte general”, Dupré editores, Bogotá, D.C., 2005, pág. 882.

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 12 de diciembre de 2014, Exp. 1999-00555 (27604), C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

10 De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 168 del Decreto 1º de 1984, en los procesos contencioso administrativos son aplicables las normas del Código de Procedimiento Civil sobre la validez de los medios de prueba, la forma de practicarlas y los criterios de valoración. La Sala valorará los documentos presentados en copia simple, de acuerdo con lo dispuesto por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2013, expediente 25022, C.P. Enrique Gil Botero, en la cual se estableció que las copias simples serían valoradas en “(…) los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v.gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho), salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas”.

11 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-832 de 8 de agosto de 2001, Exp. D-3388, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Ver también: Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-394 de 22 de mayo de 2002, Exp. D-3773, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

12 Ibídem.

13 [6] “De acuerdo con la posición de la Sección Tercera los requisitos que debe acreditar la entidad demandante son los siguientes: i) La calidad de agente del Estado y su conducta determinante en la condena; ii) La existencia de una condena judicial, una conciliación, una transacción o de cualquier otra forma de terminación de conflictos que genere la obligación de pagar una suma de dinero a cargo del Estado; iii) El pago efectivo realizado por el Estado; iv) La cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el Estado, como dolosa o gravemente culposa”.

14 [7] “Sentencia de 27 de noviembre de 2006, expediente: 22099; 6 de diciembre de 2006, expediente: 22056; 3 de octubre de 2007, expediente: 24844; 26 de febrero de 2009, expediente: 30329; 13 de mayo de 2009, expediente: 25694; 28 de abril de 2011, expediente: 33407; 9 de mayo de 2010, expedientes: 26044 y 30328; entre otras”.

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 30 de enero de 2013, Exp. 2005-11423 (41281), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

16 Para la época del proceso adelantado, el citado artículo disponía lo siguiente: “Las costas serán liquidadas en el tribunal o juzgado de la respectiva instancia o recurso, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que las imponga o la de obedecimiento a lo resuelto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: 1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al magistrado ponente o al juez aprobarla u ordenar que se rehaga. // 2. La liquidación incluirá el valor de los impuestos de timbre, los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado ponente o el juez, aunque se litigue sin apoderado. // 3. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquéllas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá además en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. // Sólo podrá reclamarse la fijación de agencias en derecho mediante objeción a la liquidación de costas. // 4. Elaborada por el secretario la liquidación, quedará a disposición de las partes por tres días, dentro de los cuales podrán objetarla. // 5. Si la liquidación no es objetada oportunamente, será aprobada por auto que no admite recurso alguno. // 6. Formulada objeción, el escrito quedará en la secretaría por dos días en traslado a la parte contraria; surtido éste se pasará el expediente al despacho, y el juez o magistrado resolverá si reforma la Liquidación o la aprueba sin modificaciones. // Cuando en el escrito de objeciones se solicite un dictamen de peritos sobre las agencias en derecho, se decretará y rendirá dentro de los cinco días siguientes. El dictamen no requiere traslado ni es objetable, y una vez rendido se pronunciará la providencia pertinente de conformidad con el dictamen, excepto que el juez o el magistrado ponente estime que adolece de error grave, en cuyo caso hará la regulación que considere equitativa. El auto que apruebe la liquidación será apelable, respecto a las agencias en derecho, en el efecto diferido por el deudor de ellas y en el devolutivo por el acreedor”.

17 Teniendo en cuenta que la misma se notificó por conducta concluyente, de conformidad con el memorial incoada por la parte actora el 8 de septiembre del 2000

18 “Cuando dentro del proceso en que hubiese sido demandada únicamente la entidad contratante, apareciere clara la responsabilidad de un funcionario o ex funcionario, de oficio o a solicitud de la Procuraduría General de la Nación, se ordenará su comparecencia y se fallará conforme a lo que resultare probado”.

19 “La responsabilidad a que se refieren los artículos anteriores, se deducirá exclusivamente en los casos de culpa grave o dolo”.

20 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencias del 25 de marzo de 2010, Exp. 36489, C.P. Myriam Guerrero de Escobar; 22 de julio del 2009, Exp. 25659, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; 10 de junio del 2009, Exp. 19487, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

21 “Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. // Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. // El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. // Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. // El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”.

22 “La declaratoria de insubsistencia de un empleado de libre nombramiento y remoción, como la demandante, es procedente de forma inmotivada, sin procedimientos o condiciones, y goza de presunción de legalidad. // No obstante lo anterior, por ser presunción legal, es susceptible de ser desvirtuada presentando pruebas que tiendan a infirmarla, es decir, tal presunción no es un dispositivo inexpugnable. // Tal presunción surge de la aplicación del principio de legalidad, en virtud del cual las autoridades en el ejercicio de sus funciones están sometidas a la Constitución, la Ley y los Reglamentos, y “opera en el quehacer de la administración pública imponiendo una determinada modalidad de obrar ajustada a las reglas jurídicas y políticas, de legitimidad o juridicidad estricta y de oportunidad o conveniencia”. // Por tratarse de una presunción de legalidad, que surge de la naturaleza del acto mismo, para efectos de su anulación el demandante tiene la carga probatoria de demostrar los hechos en los cuales apoya el cargo aducido como causal de anulación (artículos 84 y 85 del CCA, en concordancia con los artículos 176 y 177 del C.P.C., aplicables al asunto por remisión de los artículos 168 y 267 del CCA)”. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 1 de noviembre de 2007, C.P. Jesús María Lemos Bustamante.

23 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-484 de 30 de octubre de 1995, Exp. D-916, M.P. Fabio Morón Díaz.

24 ART. 171—“Condena en costas. En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil”.

25 Artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, previo a la modificación introducida por las leyes 794 de 2003 y 1395 de 2010: “En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquéllos en que haya controversia, la condenación en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, a la que pierda el incidente o los trámites especiales que lo sustituyen, señalados en el numeral 4 del artículo 351, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este Código (…)”.