Sentencia 2006-00321/43003 de abril 23 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 19001-23-31-000-2006-00321-01 (43.003)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Enrique Rodríguez Navas

Actor: E.O.F.C. y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Referencia: acción de reparación directa

Tema: falla del servicio

Subtema 1: privación injusta de la libertad

Subtema 2: delito político - Subversión - Ley 600 de 2000

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

Bogotá, D.C., veintitrés de abril de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones

3.1. Sobre los presupuestos materiales de la sentencia de mérito.

La Sala es competente para resolver este caso por la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 determinó que la competencia para conocer las controversias suscitadas por error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad corresponde en primera instancia a los Tribunales Administrativos y en segunda al Consejo de Estado, sin consideración a la cuantía(7).

En relación con la vigencia de la acción, el numeral ocho del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo dispone que el término para formular pretensiones en sede de reparación directa es de dos años que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa que originó el daño reclamado. Asimismo, la jurisprudencia(8) señaló que en estos eventos ese lapso inicia el día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que precluyó la investigación o que absolvió al procesado, ya que a partir de ese momento el afectado tiene conocimiento del carácter injusto de la detención.

Sobre esta base, la Sala observa que la Fiscalía 006-003 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Popayán de la Unidad de Delitos contra la Seguridad Pública y otros precluyó la investigación respecto a E.O.F.C. el 24 de junio de 2004(9) y que la resolución cobró ejecutoria el 13 de julio de 2004(10). Por tanto, forzoso es concluir que la demanda interpuesta el 24 de marzo de 2006 fue presentada en término.

De la legitimación en la causa por activa, se constata que las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso son E.O.F.C. como sujeto pasivo de la privación de la libertad y, a su vez, E.R.P., O.E.F.R. y H.D.F.R. acreditaron ser su cónyuge e hijos mediante los respectivos registros civiles de matrimonio y nacimiento(11).

En relación con la representación de la Nación, se pone de presente que el hecho reputado como generador del daño por la parte actora fue la privación de la libertad a la que fue sometido E.O.F.C. como consecuencia de la medida de aseguramiento impuesta por la Fiscalía 006-003 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Popayán de la Unidad de Delitos contra la Seguridad Pública y otros. Por ende, la Nación se encuentra legitimada por pasiva para esta causa y la Fiscalía General de la Nación está llamada a representar a la Nación en este asunto, pues la representación judicial de la Nación le incumbe a la Fiscalía General de la Nación cuando es demandada por un daño atribuido a esta entidad, pues “la Fiscalía General de la Nación representa a la Nación en aquellos asuntos contencioso - administrativos que se susciten con ocasión de sus actuaciones u omisiones(12)”.

Respecto al Ministerio de Defensa - Policía Nacional, la Sala subraya que si bien la Policía Nacional actuó en el proceso penal en ejercicio de sus funciones de policía judicial, esta actuación la desplegó en el marco de lo dispuesto por el artículo 311 del CPP, esto es, bajo la dirección y coordinación del Fiscal General de la Nación y sus delegados, por lo que no correspondía al Ministerio la representación de la Nación en el presente proceso.

3.2. Sobre los hechos probados.

La parte demandante aportó varios documentos en copias simples, entre ellos la investigación Nº 92.069 adelantada por la Fiscalía 006-003 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Popayán de la Unidad de Delitos contra la Seguridad Pública y otros solicitada por la parte demandante.

La colegiatura reitera el criterio recientemente establecido por la Sala Plena de Sección Tercera relativo a que las copias simples adquieren valor como prueba y son idóneas para determinar la convicción del juez frente a los hechos materia de litigio cuando obraron en el plenario a lo largo del proceso y las partes no las tacharon como falsas(13). Por consiguiente, la Sala valorará estos documentos, al constatar que la demandada no señaló que fueran falsos, ni les restó mérito para probar.

3.2.1. De la prueba de los hechos relativos al daño y su imputación a la entidad demandada.

Según la parte demandante, el daño, entendido como el atentado material contra una cosa o persona, consistió en la afrenta al derecho a la libertad padecida por E.O.F.C. en el trámite un proceso penal adelantado en su contra por el delito de rebelión. Los demandantes lo imputaron a la demandada a título de privación injusta de la libertad (daño especial).

Para acreditar los hechos atinentes al daño y su carácter antijurídico, así como la imputación de este a la Nación - Fiscalía General de la Nación, se cuenta con los siguientes hechos y pruebas:

• Investigación Nº 92.069 tramitada por la Fiscalía 006-003 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Popayán de la Unidad de Delitos contra la Seguridad Pública y otros contra E.O.F.C. y otros por la presunta comisión del delito de rebelión.

— Informe de inteligencia Nº 672 SIJIN-DECAU el 15 de diciembre de 2003(14), del que se infiere que la Policía Nacional actuó en el proceso penal en ejercicio de sus funciones de policía judicial, con la finalidad de realizar labores de búsqueda y recolección de información para identificar e individualizar milicianos de las FARC y el ELN en el departamento del Cauca en los sectores de Puracé, Coconuco, Cajibío, Piendamó y Silvia. Que con fundamento en la información recabada con la colaboración de J.E.F.D., reinsertado de la Columna Móvil J.A. de las FARC; E.C., integrante de la red de cooperantes de la Policía Nacional y S.V.C., quien también militó en la Columna Móvil J.A. de las FARC, se elaboró una lista de personas señaladas como miembros de dichos grupos subversivos, incluido E.O.F.C., alias “P.D.G.”.

— Auto de apertura de la investigación previa, de 16 de diciembre de 2003(15).

— Declaración de E.C.(16) haciendo constar que no había colaborado con ningún grupo subversivo, pero que sabía que en departamento del Cauca operaban varios frentes de las FARC, ELN y autodefensas y que trabajó como informante del DAS.

En esa declaración detalló labores de integrantes de las FARC que conocía, no hizo referencia alguna a E.O.F.C., pero sobre alias “P.D.G.”, aseguró lo siguiente:

[…] es un guerrillero activo, es el encargado de transportar a los compañeros de él para los diferentes municipios donde vayan a ir; también es el encargado de cobrar extorsiones ahí en Silvia; siempre lo he visto uniformado por los lados de Jambaló, Tacueyó, La Campana y Toribío, también transporta el estupefaciente que sale de Jambaló a Silvia; estuvo en la última toma que hizo la guerrilla a Jambaló, yo lo vía (sic) uniformado de militar y portando un arma que le dicen La Pategallina, es una ametralladora. Tiene un carro Toyota de color rojo, la placa no se. Tiene casa en Jambaló y en Silvia, en Silvia vive por ahí a la salida para Jambaló por la parte de arriba, la casa de él es color habana, no he entrado, tiene una sola puerta de corlo (sic) café, casa de una planta construida en ladrillo. Él es gordo, de por ahí 1.70 de estatura; cabello liso, se mantiene como con corte militar, el peluquiado (sic) es bajito, labios gruesos, ojos cafés, cabello negro; a veces usa bigote, otras veces se lo rasura; tiene unos 45 años de edad no le conozco la familia. Yo he hablado con él porque también me ha invitado a que ingrese a las FARC para que haga inteligencia, ellos por lo que ven que uno anda por todos los pueblos vendiendo mercancía, le ofrecen a uno que trabaje para la guerrilla haciendo inteligencia.

En ampliación de su declaración(17), manifestó:

“[…] al que le dicen “P.D.G.” se la (sic) E. (sic) a este lo conocí en Jambaló y me invitó que trabajara como miliciano o como informante de la guerrilla, los milicianos también los uniformados para cuando ellos fueran hacer (sic) retenes o tomas que a ellos los llamaban, desde él me decía así es porque ha participado, él se dedica a hacer inteligencia, él tiene una camioneta en la cual anda, pero no sé qué andará haciendo […] P.D.G. es un señor cachetón, de 43 años aproximadamente, tiene por ahí 1.65 o 1.70 de estatura, ojos cafés claros, siempre usa corte militar y es de cabello negro […] Con respecto a E. (sic) O. (sic) F.C. sé que tiene y que transporta guerrilla en el carro de Silvia a Jambaló, lo vi una vez que estaba en Jambaló, lo vi varias veces, él llegaba con unos guerrilleros a ese pueblo en el Congreso Indígena que duró como ocho días varias veces él llegó con guerrilla para que protegieran el Congreso, no sé cómo sea el cuento ahí, si era voluntario u obligado, de todas manera (sic) él transporta guerrilla hay otros transportadores y la mayoría transporta guerrilleros, no sé si les toque, lo que se es que ellos transportan guerrilla […] sí señor lo vi en los retener que hacen los domingos entre Silvia y Jambaló, en esa toma que hicieron en Silvia también lo vi, en otras que por el momento no me acuerdo, en esa vez estaba armado, tenía un fusil. También en la camioneta siempre carga un revólver cuando anda de conductor, esto es lo único que le he visto, que to me acuerde no le he visto nada. Yo no distingo bien entre fusil y ametrallado (sic), no sé cuál es cual, yo de arma no sé sino de revólver. Vuelvo y repito a mí me consta que ha transportado pasta, no sé cómo le llaman ellos, cuando ya lo procesan, él fue quien comentó, todo lo que sé es por boca de ellos, me consta que él traía una sustancia que olía feo, que inclusive esto lo emborrachaba y fue él quien dijo que era la droga.

— Declaración de S.V.C.(18), quien manifestó que se crió en las filas de las FARC porque su padre E.V., alias “M.”, también perteneció a dicho grupo.

Acotó que participó en varias tomas, entre ellas Corinto, Mondomo, Caldono, Silvia, etc., realizó labores de inteligencia a la Policía y Ejército Nacional y operó en municipios de los departamentos del Cauca, Huila, Putumayo y Caquetá.

Describió a algunos miembros del grupo subversivo que conocía y las actividades que llevaron a cabo, incluidos secuestros y homicidios. Puntualmente, aseveró:

“O.F. ALIAS P.D.G., vive en la vereda LA ESTRELLA es agricultor, es miliciano, ha participado en la toma a JAMBALÓ, él recuperó el mortero y cogió a los cuatro bachilleres que luego liberaron, este decía que los mataran, ha participado en tomas y retenes es informante sobre las actividades que hace la Policía de Silvia, él es alto, gordo, barbado, tiene entradas en al frente, tiene bigote, mal encarado, de cara larga”.

En ampliación de su declaración(19), refirió que conoció a E.O.F.C. en Silvia y Pitayó dos años atrás, quien era miliciano, desplegaba labores de inteligencia, participó en la toma de Silvia y Toribío, y se reunió con ella en dos ocasiones cuando subió al campamento. Rememoró que F. C. participó en las tomas a Jambaló, Corinto y Caldono y que tal hecho le constaba porque prestó seguridad. En un principio dijo que no sabía dónde vivía, aunque luego dijo que residía en Silvia con un hermano.

— Declaración rendida por J.E.F.D.(20). Este narró que ingresó a las FARC en el 2001, permaneció dos años en la Columna Móvil J.A. del departamento del Cauca y efectuó labores de inteligencia hasta que huyó y se reinsertó.

Contó que conoció a E.O.F.C., alias “P.D.G.”, dos años atrás en la casa de este localizada en Silvia, que mientras estaba allí llegaron “C.”, “S.” y otros comandantes de la Columna Móvil J.A. y le dijeron que era miliciano, les suministraba información, cobraba extorsiones a comerciantes y participó en homicidios y hostigamientos. Lo describió como originario de Silvia, entre 40 y 45 años de edad, 1,70 m de estatura, trigueño, “acuerpado”, pelo puyoso (sic) negro, bigote, ojos oscuros, cejas pobladas, labios gruesos y boca grande.

En ampliación de su declaración(21), detalló a E.O.F.C., así:

[…] de 1.65 a 1.70 de estatura, indio, piel trigueño, cuando lo conocí el pelo era corto, peluquiado (sic) bajito, puyoso (sic), contextura mediana, cicatrices no le conozco, en el tiempo que lo conocí no sé a qué se dedicaba, lo conocí en el campamento de MOSOCO, no lo conozco personalmente sino por el comandante S. Es miliciano, colaborador, encargado de recoger vacunas a los comerciantes en Piendamó, Silvia, Usenda, personalmente no sé a quién haya extorsionado, encargado de hacer inteligencia a la policía de ahí, de llevar remesa al campamento de el (sic) Peñón, Mosoco, de él no más sé eso, que hablaba con S., P. La verdad no sé dónde viva, lo conocí en los campamentos, si vive en Silvia no sé en qué parte o en alguna vereda, sino no sé.

— El SS J.A.L.M.(22) atestó que la investigación e identificación de los miembros de la subversión se fundamentó en los testimonios de residentes en los sectores donde operaba las FARC, cuyas identidades no reveló por seguridad, y los relatos de J.E.F.D., E.C. y S.V.C.

— El uniformado repitió esta versión en posterior intervención(23).

— Auto de la Fiscalía 001 de la Unidad de Delios contra la Vida e Integridad Personal de Popayán por el que abrió la instrucción, vinculó mediante indagatoria a E.O.F.C. alias “P.D.G.” o “M.” y otros por la presunta comisión del delito de rebelión y libró orden de captura en su contra el 22 de diciembre de 2003(24).

— La Coordinación de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante los Juzgados Penales del Circuito de Popayán ordenó el allanamiento y registro de unos inmuebles ubicados en el municipio de Silvia con el fin de aprehender, entre otros, a E.O.F.C., cuya residencia se situaba en la vereda La Estrella de aquel, el 22 de diciembre de 2003(25).

— Acta de la diligencia de allanamiento y registro a la vivienda de E.O.F.C. practicada el 23 de diciembre de 2003(26). En esta se consignó que en el curso de la diligencia los atendió la señora E.R.P., quien les indicó que F. no se hallaba en la vivienda porque el día anterior se había marchado a Cali. En esta acta se hizo constar el hallazgo de 42 eslabones para ametralladora ya utilizados, 2 vainillas de 9 mm, 3 vainillas 556 de industria militar, 3 vainillas de 762, una de industria militar y otra “L”, un cartucho 762 en buen estado, respecto a los que E. R. aseveró que sus hijos los encontraron en la vía que conducía a su escuela el domingo de ramos, sitio en el que hubo una emboscada.

— J.H.P. rindió indagatoria(27), aceptó que militó en la Columna Móvil J.A. en el departamento del Cauca durante 7 meses y afirmó que E.O.F.C. se reunía con las milicias de las FARC en la vereda Mariposas y hacía inteligencia con la Policía. Lo describió como alto, gordo, cabello corto, bigote y cara redonda. Indicó que residía en la vereda La Estrella del municipio de Silvia.

— El Comandante de la Estación de Policía de Silvia dejó a disposición del Coronel a E.O.F.C. el 23 de diciembre de 2003(28). Comunicó que el aprehendido se presentó en la estación a las 17:15 horas de ese día porque en la mañana se allanó su residencia. Adjuntó el acta de derechos del capturado de E.O.F.C.(29).

— Boleta de retención Nº 007 del 24 de diciembre de 2003(30) emitida por la Coordinación de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante los Juzgados Penales del Circuito de Popayán por la que se ordenó al Comandante de Guardia Permanente Municipal retener en su dependencia a E.O.F.C. y otros.

— Acta de diligencia de indagatoria rendida por E.O.F.C.(31), en la que dijo tener 38 años y ser agricultor independiente.

Como rasgos físicos el instructor anotó que era un hombre de 1.78 m de estatura, contextura fornida, ojos grandes de iris oscuro, cabello color negro liso, piel trigueña, cejas semipobladas, boca mediana, mentón redondo, sin barba, frente alta y sin señales particulares.

El sindicado negó ser miliciano de las FARC, atestó que todo era un montaje porque E.C. mintió, ya que él no lo conocía y residía en la vereda La Chulica, su casa estaba en obra negra y no sabía disparar un arma.

También negó conocer a S.V., J.E.F.D. y J.H.P., adujo que nunca pertenecería a las FARC porque dicho grupo al margen de la ley asesinó a su hermano J.R.C. y que no conocía la vereda Mariposas ni el municipio de Jambaló.

— La Fiscalía 06.003 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Popayán de la Unidad de Delitos contra la Seguridad Pública y otros impuso medida de aseguramiento de detención preventiva a E.O.F.C. y otros el 8 de enero de 2004(32).

El instructor indicó que los relatos de los supuestos reinsertados no eran concretos en tiempo, espacio y circunstancias porque se limitaron a mencionar genéricamente que los capturados eran milicianos y colaboraban a la guerrilla con información, suministro de víveres, cobros de extorsiones, transporte de guerrilleros, reparación de vehículos, participaciones en secuestros y combates, etc., pero no precisaron circunstancias de tiempo, modo y lugar. Sin embargo, fueron la base de la apertura de la instrucción y la captura de los procesados.

Asimismo, señaló que la narración de E.C. era falsa, absurda e irreal porque no pudo estar en todos los pueblos del Cauca que las FARC atacaron en aquella época. Por ende, compulsó copias para que fuera investigado por falso testimonio.

Indicó que el testimonio del SS J.A.L.M. era de oídas porque repitió lo que le dijeron los declarantes mencionados.

Respecto a J.E.F.D. y S.V.C., precisó que sí pertenecieron a las FARC y sus relatos eran veraces, circunstanciados y sólidos y permitían inferir que conocieron a los sindicados, los identificaron e individualizaron y el móvil de su señalamiento fue “la relación operativa de los procesados con la subversión”.

Recalcó que no era dable exigir a los testigos que documentaran con exactitud todas las actividades desplegadas mientras hicieron parte de la insurgencia, con quienes participaron en cada evento y las funciones de cada uno, pues “la naturaleza de la subversión implica que toda su cotidianidad esté llena de acciones u omisiones que violan el orden Constitucional y legal, Por lo tanto, es un desatino mayúsculo exigir a los ex guerrilleros la comprobación de cada acto de rebelión, máxime cuando los testigos serían su ex compañeros alzados en armas”.

Igualmente, manifestó que los procesados amenazaron de muerte a los familiares de los testigos, situación que mostraba que no eran ajenos a la subversión.

Por último, expuso que “existen señalamientos precisos, específicos, demostrativos de la calidad de subversivos de los procesados. En consecuencia, tratándose de un delito de ejecución permanente se demuestra que los procesados siempre se hallaron en estado de flagrancia en la comisión del delito de rebelión”.

— La Fiscalía 06.003 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Popayán de la Unidad de Delitos contra la Seguridad Pública y otros resolvió el recurso de reposición interpuesto por los procesados, entre ellos, E.O.F.C. y confirmó la providencia que impuso la medida de aseguramiento el 30 de enero de 2004(33).

Mencionó que la resolución se fundamentó exclusivamente en los testimonios de S.V.C. y J.E.F.D., ya que el relato suministrado por E.C. no merecía credibilidad alguna. Refirió que los relatos de aquellos no podían excluirse por ser generales o no tenían una relación cronológica entre las actividades que desplegaban milicianos y guerrilleros, puesto que ello significaría negar que vivieron esas experiencias mientras pertenecieron a las FARC.

— La Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Popayán confirmó la medida de aseguramiento en sede de apelación el 12 de abril de 2004(34). Precisó que S.V.C. y J.E.F.D. señalaron a los procesados como integrantes de los frentes de las FARC que operaban en varios municipios del departamento del Cauca.

Sostuvo que existían ciudadanos con buenos fundamentos cívicos y morales que no mentían cuando declaraban y que se presumía que un testigo decía la verdad al rendir su testimonio. Por ende, consideró que los relatos de los prenombrados eran veraces porque narraron hechos que vieron y oyeron.

Agregó que si bien en los allanamientos no se hallaron elementos que comprometieran a los sindicados, tal situación no obstaculizaba la comprobación del delito y la responsabilidad de los sindicados porque contaba con otras pruebas de cargo.

Indicó que no se probó que las amenazas a las familias de los testigos provinieran de los procesados y que no se allegó información sobre las tomas guerrilleras realizadas a la población de Silvia.

En relación con E.O.F.C., puntualizó que S.V. lo individualizó como alias “P.D.G.”, quien participó en la toma de Jambaló, Silvia, Toribio, Corinto, Caldono y Puracé, recuperó un mortero, retuvo a cuatro bachilleres que luego liberaron y era informante. Además, se reunió dos veces con él cuando subió al campamento y aseveró que presenció los hechos porque prestaba seguridad en las tomas.

Además, J.E.F., lo señaló como informante y partícipe de la muerte de C.A.J. Sin embargo, el instructor acotó que el declarante se contradijo al sostener que conoció a E.O. en la casa de este para luego decir que fue en el campamento de Mosoco.

Aun así, considero que pese a que J.E.F. se contradijo y era un testigo de oídas, el testimonio de S.V. era contundente al señalar al procesado como miembro de la subversión.

Finalmente, determinó que la conducta de los procesados era típica, antijurídica y culpable y consideró satisfechos los requisitos del artículo 356 del CPP.

— La Fiscalía 06.003 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Popayán de la Unidad de Delitos contra la Seguridad Pública y otros precluyó la investigación en relación con E.O.F.C. el 24 de junio de 2004(35).

El Fiscal consideró que el informe Nº 672 del 16 de diciembre de 2000 no constituía prueba por expreso mandato legal y no medió flagrancia en el asunto, sino que se trataba de un delito de ejecución permanente y tal confusión fue un desatino del funcionario.

Reiteró que las únicas pruebas de cargo fueron los testimonios del SS J.A.L.M., J.E.F.D., E.C. y S.V.C., pero que el de E.C. se descartaba por inverosímil y el del SS L.M. era de oídas porque repitió las versiones que le dieron los reinsertados y cuando la Fiscalía intervino los procesados ya habían sido identificados e individualizados.

Respecto a los señalamientos de J.E.F.D. y S.V.C. subrayó que no existían pruebas que confirmaran sus aseveraciones y existía duda sobre su pertenencia a las FARC porque en el curso de la investigación se enteraron de que la señora V.C. se encontraba en un refugio de las autodefensas y F.D. no fue certificado por el CODA como ex guerrillero, sino que el Estado le dio en una ocasión un incentivo económico como informante.

Destacó que no se tenía certeza si la identidad que suministraron los testigos era real, ya que no conocían dato alguno sobre su entorno personal, social y cultural y según la orden de batalla Nº 4 allegada al proceso se supo que E.V., alias “M.” (supuesto nombre del padre de V.C.), cuarto cabecilla y comandante de la Columna Móvil J.A. apenas tenía 25 años, entonces, no podía ser el padre de S.V., quien al momento de declarar dijo tener 17 años.

Igualmente, varios ex guerrilleros de las FARC que declararon en el proceso y militaron en la Columna Móvil J.A. negaron conocer a F.D. y V.C., no era creíble que unos “simples guerrilleros” tuvieran conocimiento al detalle de información confidencial y los testigos aseveraron que las relaciones de los milicianos se desarrollaban exclusivamente con los comandantes.

Agregado a lo anterior, afirmaron que los procesados tenían caletas en sus residencias pero la policía no las halló en los allanamientos y no proporcionaron datos concretos ubicados en espacio, tiempo y modalidad de actividades delictivas.

Con fundamento en lo expuesto, concluyó que la prueba testimonial se componía de conjeturas, sin circunstancias de tiempo, modo y lugar y sin sustento en otros elementos. Además, el relato de los reinsertados debía ser analizado con beneficio de inventario “por los niveles de ética de estas personas, quienes cansados de delinquir se acogen a la protección Estatal, pero exigiendo prebendas a cambio de reales o supuestas delaciones”.

A la postre, indicó que los procesados estaban amparados por la presunción de inocencia y la Fiscalía General de la Nación, las pruebas de cardo no demostraron el tipo objetivo del delito y el artículo 397 del Código Penal exige como requisito sustancial para dictar resolución de acusación que se demuestre la ocurrencia del hecho. Por consiguiente, no se demostró la ocurrencia del hecho.

— La Fiscalía 003 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Popayán de la Unidad de Delitos contra la seguridad pública y otros emitió boleta de libertad Nº 027 a nombre de E.O.F. nombre de E.O.F.C.(36).

— El director del Establecimiento Carcelario de Popayán informó el 8 de abril de 2010(37) que E.O.F.C. ingresó a las instalaciones el 4 de febrero de 2004 mediante boleta de detención Nº 002 del 8 de enero de 2004 emanada de la Fiscalía 06-003 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Popayán por el delito de rebelión en la causa Nº 92.069 y que recobró la libertad el 25 de junio de 2004.

3.3. Asunto que compete resolver a esta Sala.

Para emitir una decisión de mérito en el proceso de la referencia, la Sala solucionará los siguientes interrogantes:

¿Cabe endilgar responsabilidad patrimonial a la Nación - Fiscalía General de la Nación por el daño ocasionado a una persona sindicada del delito de rebelión y privada de la libertad en una investigación penal que culminó con preclusión porque el hecho no existió?

¿Estuvo determinada la privación de la libertad, en el presente caso, por el hecho de un tercero que funge como eximente de responsabilidad estatal?

3.4. Análisis de la Sala sobre la responsabilidad.

El artículo 90 constitucional dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. La responsabilidad del Estado emerge cuando se configura un daño antijurídico, entendido como aquel que quien lo sufre no tiene el deber jurídico de soportarlo(38).

Con el fin de establecer el régimen de responsabilidad procedente, es preciso recordar que el fundamento legal de la responsabilidad a cargo del Estado por daños causados por la privación injusta de la libertad estaba constituido por el contenido del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, que preveía:

Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiese sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

Posteriormente, el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 dispuso que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado en reparación de perjuicios”. Esta regla no impide abordar la responsabilidad estatal con fundamento en el criterio previamente referido, ni excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución para derivar el derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación judicial legítima del Estado que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto estas no tengan el deber jurídico de soportarlos.

La jurisprudencia unificada de la corporación(39) sostiene que la privación injusta de la libertad genera responsabilidad patrimonial del Estado cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no constituía conducta punible o fue absuelto en aplicación del principio de in dubio pro reo, sin consideración a que en la imposición de la restricción a la libertad se cumplieron las exigencias legales.

Para esta judicatura, en las anteriores hipótesis procede el juicio de imputación bajo el título de daño especial. La antijuridicidad del daño deviene de la absolución posterior del detenido, hecho que implica que no estaba en el deber de soportar la detención, pues en un Estado social de derecho la presunción de inocencia envuelve que la privación de la libertad solo debe ser consecuencia de una sentencia condenatoria.

Conforme a lo expuesto, la responsabilidad patrimonial del Estado colombiano por la privación de la libertad del procesado es esencialmente de carácter objetivo. Sin embargo, si se demuestra que la decisión restrictiva de la libertad fue ilegal opera un título de imputación subjetivo.

La Sección Tercera asumió esta postura en la sentencia de unificación aludida. Explicó que el régimen objetivo previsto para la mayoría de los casos no implica una restricción al alcance de la cláusula general de responsabilidad del Estado contenida en el artículo noventa de la Constitución Política, lo que posibilita que cuando concurran los elementos necesarios para declarar la responsabilidad de aquel por falla en el servicio, error jurisdiccional o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, el caso pueda ser resuelto en aplicación del régimen objetivo o subjetivo de responsabilidad, “pues el contenido admonitorio y de reproche que para la entidad pública reviste la condena con base en este último título de imputación —además de la ilicitud del proceder de la entidad en el caso concreto— determina y aconseja que el fallo se sustente en la falla en el servicio y no el régimen objetivo que hubiere resultado aplicable”.

Por último, siempre ha de atenderse a lo reglado por el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, que prevé:

El daño se entenderá como culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado.

Puesto en relación el marco normativo precedente con las circunstancias fácticas acreditadas en el proceso, la Sala observa que se probó el daño, esto es, la privación de la libertad que padeció E.O.F.C. a consecuencia de la detención preventiva decretada por la Fiscalía General de la Nación en el marco de un proceso penal cursado por el delito de rebelión. También se demostró que el ente acusado precluyó la investigación porque el hecho no existió. Entonces, forzoso es concluir que este ciudadano sufrió un daño que en principio no estaba obligado a soportar.

En lo concerniente al juicio de imputación, las pruebas aportadas sobre las circunstancias que rodearon la medida de aseguramiento y posterior absolución de E.O.F.C. evidenciaron que no obstante el fundamento de la decisión fue que el hecho no existió, situación que en principio implicaría analizar el caso bajo el régimen objetivo de daño especial, la Sala considera que, en atención a la prueba que obra en el expediente, el estudio de la imputación del daño sufrido por F. debe realizarse bajo un título subjetivo.

En efecto, los artículos 355 y 356 de la Ley 600 de 2000 contemplaban la detención preventiva como la única medida de aseguramiento existente en el proceso penal. Asimismo, indicaban que esta procedía cuando concurrieran por lo menos dos indicios graves de responsabilidad contra el sindicado, inferidos de las pruebas legalmente producidas en el proceso. Por último, señalaban que su finalidad era garantizar la comparecencia del posible autor de la conducta pueble al proceso, la ejecución de la pena privativa de la libertad, impedir su fuga, la continuación de la actividad delictual o las labores que emprendiera para ocultar, destruir, deformar o entorpecer la práctica de pruebas importantes para la instrucción.

La Fiscalía que resolvió la situación jurídica provisional de E.O.F.C. infirió los dos indicios graves de responsabilidad exigidos por el artículo 356 de la Ley 600 de 2000(40) de las declaraciones de los testigos S.V.C. y J.E.F.D., la captura en flagrancia del sindicado y el hecho de que familiares de los testigos fueron amenazados de muerte.

Pues bien, el instructor no probó la existencia de las aludidas amenazas y, de haber sido ciertas, no determinó su procedencia, contra quiénes se profirieron y cuándo. Cabe resaltar que el proceso contaba con quince sindicados y el fiscal solo refirió en la providencia que “si los procesados fueren inocentes, ajenos a la subversión, entonces, porque (sic) se acude al expediente (sic) de amenazar de muerte a los familiares de los testigos, en el entendido que aquellos no tiene nada que ver en la decisión autónoma de quien decidió colaborar con la justicia”. Por ende, las supuestas amenazas contra los familiares de los testigos no podían configurar un hecho indicador, pues no se probaron.

Del mismo modo, el actor fue capturado el 23 de diciembre de 2003 cuando se presentó voluntariamente en la Estación de Policía de Silvia para indagar sobre el allanamiento a su residencia que tuvo lugar en horas de la mañana de ese día, mientras él estaba en otro lugar. Entonces, es diáfano que no hubo flagrancia, dado que el artículo 345 del CPP disponía que esta figura operaba en los siguientes eventos:

1. La persona es sorprendida y aprehendida al momento de cometer una conducta punible.

2. La persona es sorprendida al momento de cometer la conducta punible y aprehendida inmediatamente después por persecución o voces de auxilio.

3. La persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas que permitan inferir fundadamente que momentos antes cometió una conducta punible o participó en ella.

Por su parte, la jurisprudencia(41) explicó que la flagrancia está ligada al sorprendimiento, es decir, la captura debe estar ligada a la inmediatez en la comisión del delito y la posibilidad de predicar la identificación y consecuente autoría del aprehendido respecto al delito.

Aunque la policía judicial anotó en el acta de la diligencia de allanamiento y registro que hallaron 42 eslabones para ametralladora ya utilizados, 2 vainillas de 9 mm, 3 vainillas 556 de industria militar, 3 vainillas de 762, una de industria militar y otra “L”, un cartucho 762 en buen estado en la residencia del accionante, la señora E.R.P. aseveró en ese momento que sus hijos recogieron esos objetos en la vía que conducía a su escuela el domingo de ramos y que allí se presentó una emboscada. En todo caso, la Fiscalía no indagó nada al respecto, no preguntó a F.C. en su indagatoria sobre el asunto e incluso no se hizo alusión alguna a tales objetos en la providencia, pues simplemente comentó que “tratándose de un delito de ejecución permanente se demuestra que los procesados siempre se hallaron en estado de flagrancia en la comisión del delito”.

Lo anterior muestra que el ente acusador confundió dos conceptos totalmente disímiles. La flagrancia atañe la captura de un sujeto derivada del sorprendimiento en la consumación de un delito y la ejecución permanente de una conducta punible implica que esta se prolonga en el tiempo mientras el sujeto activo persista en el comportamiento que vulnera el bien jurídico(42). Aunque la rebelión es un delito de ejecución permanente, dado que la naturaleza, finalidades y actividades desarrolladas en un grupo al margen de la ley se prolongan en el tiempo, tal característica concierne principalmente la aplicación de la ley en el tiempo, pero no es un hecho indicador del que se pueda construir un indicio de responsabilidad, como erradamente lo hizo el ente acusador.

En lo relativo a las declaraciones de S.V.C. y J.E.F.D., la Sala subraya que el instructor planteó la existencia de vacíos en la información suministrada en su versión, vacíos que debían provocar la duda en el investigador, pero que este se limitó a soslayar arguyendo que no era dable exigir a los testigos que documentaran con exactitud todas las actividades desplegadas mientras hicieron parte de la insurgencia, con quienes participaron en cada evento y las funciones de cada uno, pues “la naturaleza de la subversión implica que toda su cotidianidad esté llena de acciones u omisiones que violan el orden Constitucional y legal, Por lo tanto, es un desatino mayúsculo exigir a los ex guerrilleros la comprobación de cada acto de rebelión, máxime cuando los testigos serían su ex compañeros alzados en armas”.

La Sala no encuentra que estos testigos hubieran suministrado relatos concretos en tiempo, espacio y circunstancias, lo que no impidió que el Fiscal concluyera que merecían toda credibilidad al ser una exposición “veraz, circunstanciada, con conocimiento de causa” que denotaba que sí conocían a los sindicados y sus nexos con la subversión.

Por su parte, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Popayán reconoció que no se probaron las supuestas amenazas proferidas a los familiares de los testigos, no medió flagrancia y que el testimonio de J.E.F.D. era discordante en varios aspectos sustanciales, como la forma en que conoció a E.O.F.C. Sin embargo, confirmó la medida de aseguramiento con base en su declaración y la de S.V.C., al presumir que ambos decían la verdad y que todavía había personas que actuaban correctamente ante los tribunales.

La Sala recuerda que el artículo 277 del CPP establecía los criterios para apreciar un testimonio y ordenaba que debían tenerse en cuenta “los principios de la sana crítica y, especialmente, lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió, a la personalidad del declarante, a la forma como hubiere declarado y las singularidades que puedan observarse en el testimonio”. De ahí que la prueba testimonial debía analizarse conforme a la sana crítica para medir su fuerza demostrativa, pues no se presumía su veracidad.

Estas falencias, observadas por el fiscal que precluyó la investigación, le permitieron afirmar que esta se adelantó de forma irregular, pues “la Coordinación de Fiscalías entendió que se debía capturar para investigar y no a la inversa como es el derecho”. Acotó que los señalamientos de J.E.F.D. y S.V.C. carecían de soporte probatorio y consistían en relatos generales e indefinidos (sin datos concretos ubicados en espacio, tiempo y modalidad de actividades delictivas) y contradictorios que debieron ser analizados con rigurosidad al tratarse de reinsertados. Además, en el decurso del proceso se comprobó que nunca pertenecieron a las filas de las FARC, es decir, que faltaron a la verdad en sus declaraciones.

La Sala recalca que las deficiencias contenidas en el relato de los supuestos reinsertados eran evidentes. Aparte de los vacíos respecto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar de sus relatos, estos eran contradictorios en aspectos esenciales, por ejemplo, S.V.C. señaló al señor F.C. como un miliciano que hacía inteligencia a la Policía y al Ejército Nacional, pero también dijo que participaba como combatiente en las tomas guerrilleras a varios municipios y en secuestros y que no sabía dónde vivía o si tenía familia, pero comentó que residía en la vereda La Estrella del municipio de Silvia y que se había reunido en varias ocasiones con él.

Igualmente, J.E.F.D. primero aseguró haber conocido al accionante en la casa de este, luego dijo que fue en el campamento de Mosoco, después en “los campamentos” y finalmente indicó que supo de él por el comandante “Silvestre”. Además, sostuvo que F.C. era miliciano, pero más tarde aseveró que se encargaba de recoger vacunas, extorsionar, asesinar, llevar remesas a los campamentos y, por último, manifestó que residía en el municipio de Silvia, luego atestó que era a las afueras de Piendamó y ulteriormente que no sabía exactamente el sitio de su residencia.

A más de las contradicciones de los relatos de los prenombrados testigos, sus narraciones no coincidían entre sí cuando narraron las supuestas actividades desplegadas por E.O.F.C. en el grupo al margen de la ley, situaciones que mostraban que faltaron a la verdad, como lo reconoció el ente acusador cuando precluyó la investigación.

De la misma manera, la Sala verifica que la resolución que impuso la medida de aseguramiento obvió el cumplimiento de los elementos que debe contener la providencia que impone la medida de aseguramiento(43). La Fiscalía refirió los hechos que se investigaban, la calificación jurídica de la conducta y los elementos probatorios que a su juicio sustentaban la adopción de la medida cautelar al inferir de ellos los dos indicios graves de responsabilidad, pero la exposición se hizo de forma general e indiscriminada para los quince procesados, sin delimitar la conducta desplegada por cada uno de ellos y, además, señaló en la providencia que confirmó la medida que estaba probado que la conducta de todos los procesados era típica, antijurídica y culpable, análisis que debía realizar el juez al emitir la sentencia.

Finalmente, la demandada enunció como eximente de responsabilidad el hecho exclusivo y determinante de un tercero porque la medida de aseguramiento se basó en las declaraciones de varios testigos. De acuerdo con los artículos 354 a 356 de la Ley 600 de 2000 compete a la Fiscalía General de la Nación definir la situación jurídica del sindicado e indicar si hay lugar o no a imponer medida de aseguramiento de detención preventiva, es decir, es el encargado de valorar las pruebas legalmente obtenidas para decidir sobre la captura y viabilidad de la medida cautelar. Por ende, no se presentó el hecho exclusivo de un tercero como eximente de responsabilidad.

En conclusión, la colegiatura observa que la medida de aseguramiento impuesta al señor E.O.F. en el trámite del proceso penal cursado por el delito de rebelión no cumplió con los parámetros legales exigidos por la Ley 600 de 2000.

3.5. Análisis de la Sala sobre los perjuicios.

3.5.1. Perjuicios inmateriales.

3.5.1.1. Perjuicios morales.

La Sección Tercera del Consejo de Estado(44) determinó en sentencia de unificación que la reparación del perjuicio moral emanado de la privación injusta de la libertad se estima en salarios mínimos mensuales vigentes a partir de cinco niveles que se configuran según el parentesco o la cercanía afectiva existente entre la víctima directa y quienes acuden a la justicia en calidad de perjudicados y la duración de la privación de la libertad. La jurisprudencia también indicó que la calidad alegada se demuestra con la prueba del estado civil, la convivencia de los compañeros o de la relación afectiva, así:

 NIVEL 1NIVEL 2NIVEL 3NIVEL 4NIVEL 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertadVíctima directa, cónyuge o compañero(a) permanente y parientes en el 1º de consanguinidadParientes en el 2º de consanguinidadParientes en el 3º de consanguinidadParientes en el 4º de consanguinidad y afines hasta el 2ºTerceros damnificados
Término de privación injusta en meses 50% del porcentaje de la víctima directa35º del porcentaje de la víctima directa25% del porcentaje de la víctima directa15º del porcentaje de la víctima directa
 SMLMVSMLMVSMLMVSMLMVSMLMV
Superior a 18 meses10050352515
      
Superior a 12 e inferior a 18904531,522,513,5
      
Superior a 9 e inferior a 128040282012
      
Superior a 6 e inferior a 9703524,517,510,5
      
Superior a 3 e inferior a 6502517,512,57,5
      
Superior a 1 e inferior a 33517,512,258,755,25
      
Igual e inferior a 1157,55,253,752,25

Los demandantes solicitaron la suma de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno y acreditaron que E.O.F.C. compareció al proceso como víctima directa de la privación injusta de la libertad y E.R.P., O.E.F.R. y H.D.F.R. son su cónyuge e hijos, respectivamente.

Del mismo modo, demostraron que E.O.F.C. estuvo privado de la libertad injustamente desde el 23 de diciembre de 2003 hasta el 25 de junio de 2004, esto es, por un lapso de seis meses y dos días, lo que daría lugar a una indemnización de setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los demandantes.

No obstante, la sentencia de primera instancia condenó a la demandada a pagar cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes a la víctima directa y veinticinco para su cónyuge y cada uno de sus hijos y en esta instancia no es posible aumentar estas cifras en aplicación de la jurisprudencia citada sin trasgredir el principio de la no reformatio in pejus, dado que la Nación - Fiscalía General de la Nación funge como apelante único.

3.5.1.2. Afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados.

La parte actora solicitó el pago de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes para los señores E.O.F.C., E.R.P., O.E.F.R. y H.D.F.R., por la alteración de sus condiciones de vida, que mencionaron como “daño a la vida de relación”.

Este tipo de daño se conoce actualmente por la denominación de afectación a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, definido por la Jurisprudencia unificada de esta corporación(45) en los siguientes términos:

Cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta corporación(46).

La citada jurisprudencia refirió también que se reconocerá de oficio o solicitud de parte si su padecimiento es concreto y sea menester su reparación integral. Además, se privilegia la compensación a través de una reparación no pecuniaria para la víctima directa y a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero(a) permanente, parientes hasta el primer grado de consanguinidad, relaciones derivadas del parentesco civil y “de crianza”, aunque en casos excepcionales, cuando no sean suficientes o posibles para consolidar la reparación integral, podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, a través de un monto de hasta cien salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre y cuando la indemnización no esté comprendida en el daño a la salud.

Para acreditar esta afectación se recepcionaron varias declaraciones en el proceso, veamos:

— R.R.(47) dijo conocer a E.O.F.C. desde el año 2000 porque su esposa era la tía de este y coincidieron en un curso de apicultura en el corregimiento de Usenda. Contó que debido a E.O. le cambió la vida luego de su detención porque la gente lo empezó a tildar de “guerrillero y que eso también generó un impacto negativo en su núcleo familiar.

— C.A.C.F.(48) comentó que conocía a F.C., la privación de la libertad perjudicó su vida familiar porque todos se dedicaban a la agricultura y mientras estuvo preso se dañó la siembra. También refirió que los hijos de aquel sufrieron traumas psicológicos.

— J.C.M.C.(49) sostuvo que E.O.F.C. era primo de su esposa y fue detenido cuando se presentó ante las autoridades.

— D.A.F.(50) relató que E.O.F.C. era su sobrino y que la reclusión lo afectó notablemente, ya que “las visitas eran humillantes. Los muchachos se desmoralizaron y no querían estudiar y les iba mal en el estudio. La esposa sufrió mucho porque no tenía el apoyo de su marido, psicológicamente estuvo muy mal y económicamente también”.

— G.E.V.C.(51) expuso que conoció al accionante porque trabajó con él en un proyecto apícola, sabía que vivía en la vereda La Chulica con su familia y que luego del proceso penal se tuvo que ir de la localidad con su familia, ya que tenían miedo.

— F.D.M.F.(52) indicó ser tía de F.C. y aseguró que después de la privación de la libertad su vida familiar cambió, pues sus hijos no querían estudiar y aquel se tuvo que ir con su esposa a trabajar a Cali, dejarlos en Silvia y visitarlos cada 15 días.

En este caso, la Sala comparte el criterio esbozado por el tribunal, atinente a que los accionantes no demostraron el padecimiento de este perjuicio. Los testigos únicamente indicaron que la privación de la libertad perjudicó la vida del actor y le ocasionó problemas económicos, eventos comprendidos por los perjuicios morales y materiales, pero no acreditaron la afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados.

3.5.2. Perjuicios materiales.

3.5.2.1. Daño emergente.

La parte actora requirió el reembolso de $ 4.000.000 que E.R.P. gastó en honorarios del abogado defensor de E.O.F.C. y desplazamientos a Popayán para visitar a su cónyuge, pero no aportó prueba alguna de tales erogaciones. Por ende, se confirmará la negativa de su reconocimiento.

3.5.2.1. Lucro cesante.

El señor E.O.F.C. instó al pago de la suma equivalente a seis salarios mínimos legales mensuales vigentes derivados de la actividad laboral que desempeñaba (agricultor independiente) y que dejó de recibir a causa de la detención.

La Sala observa que el a quo no tasó correctamente este rubro, pues incluyó como período indemnizable los 8,75 meses que se presume tarda una persona en conseguir un nuevo empleo(53) y el actor era un trabajador independiente, por lo tanto, se corregirá dicho yerro, así:

La parte actora demostró que E.O.F.C. se ejercía como agricultor independiente. Este hecho que fue sostenido a lo largo del proceso penal y reiterado en las declaraciones practicadas en esta actuación, que ya fueron reseñadas.

No obstante, el accionante no acreditó el monto de los ingresos percibidos. De ahí que la Sala equitativamente liquidará el perjuicio con base en el salario mínimo legal actual ($ 781.242) por ser superior al vigente al inicio de la privación de la libertad en el año 2003 ($ 332.000). Como período indemnizable se tomarán los 6,06 meses que se prolongó la privación de la libertad.

S= Ra (1+i)n-1

i

S= $ 781.242 (1+0.004867)6,06-1

0.004867

S= $ 4.793.008

En este orden de ideas, corresponde a E.O.F.C. la suma de cuatro millones setecientos noventa y tres mil ocho pesos ($ 4.793.008) por concepto de lucro cesante.

3.5. Costas.

Esta colegiatura considera que no hay lugar a la imposición de costas debido a que no se evidenció en el caso concreto actuación temeraria de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para proceder de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca el veintitrés (23) de junio de dos mil once (2011). En su lugar:

1. CONDENAR a la Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación, a pagar cuatro millones setecientos noventa y tres mil ocho pesos ($ 4.793.008) a E.O.F.C. a título de lucro cesante.

2. CONFIRMAR la sentencia en sus demás aspectos.

3. Sin condena en costas.

4. Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, Rad. 2008-00009.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de marzo de 1993, rads. 7407-7399; auto del 2 de febrero de 1996, Rad. 11.425; auto del 14 de agosto de 1997, Rad. 13.258; auto del 24 de septiembre de 1998, Rad. 13.626; sentencia del 18 de octubre de 2000, Rad. 12.228; auto del 2 de noviembre de 2000, Rad. 17.964 y sentencia del 13 de septiembre de 2001, Rad. 13.392, entre otras.

9 Fls. 48 a 77. C.2 y 13 C.3.

10 Fl. 176. C.8.

11 Fls. 2 a 4. C.2

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —en pleno—, auto del 25 de septiembre de 2013, Rad. 20.420.

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022.

14 Fls. 15 a 72. C.3.

15 Fl. 73. C.3.

16 Fls. 74 a 77. C.3.

17 Fls. 299 a 305. C.3

18 Fls. 78 a 83. C.3.

19 Fls. 241 a 249. C.3.

20 Fls. 84 a 91. C.3.

21 Fls. 6 a 13. C.5.

22 Fls. 92 a 93. C.3.

23 Fls. 244 a 255. C.6.

24 Fls. 94 a 95. C.3.

25 Fls. 113 a 114. C.3.

26 Fl. 115. C.3.

27 Fls. 152 a 154. C.3.

28 Fl. 155. C.3.

29 Fl. 156. C.3.

30 Fls. 162. C.3.

31 Fls. 204 a 205. C.3.

32 Fls. 19 a 47. C.2. y 112 a 142. C.5.

33 Fls. 100 a 109. C.6.

34 Fls. 118 a 156. C.7.

35 Fls. 48 a 77. C.2. y 106 a 136. C.8.

36 Fl. 145. C.8.

37 Fl. 9. C.3.

38 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de agosto de 2008, Rad. 17.042.

39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 17 de octubre de 2013, Rad. 23.354.

40 “Artículo 356. Requisitos. Solamente se tendrá como medida de aseguramiento para los imputables la detención preventiva.

Se impondrá cuando aparezcan por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso.

No procederá la medida de aseguramiento cuando la prueba sea indicativa de que el imputado pudo haber actuado en cualquiera de las causales de ausencia de responsabilidad”.

41 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 30 de noviembre de 2006, Rad. 25.135.

42 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 23 de marzo de 2006, Rad. 24.300.

43 Al analizar la constitucionalidad del artículo 356 del CPP, la Corte Constitucional manifestó en Sentencia C--774 de 2001 que en aras de preservar el derecho al debido proceso, “las medidas de aseguramiento deben someterse al cumplimiento de las estrictas exigencias que determinan su legalidad. Estas reglas son de dos clases, a saber: los requisitos formales, es decir, la obligación de su adopción mediante providencia interlocutoria que deberá contener: los hechos que se investigan, la calificación jurídica y los elementos probatorios que sustentan la adopción de la medida; y los requisitos sustanciales consistentes en los indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso”.

44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad. 36.149.

45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias del 28 de agosto de 2014, rads. 32.988 y 26.251.

46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias del 14 de septiembre de 2011, rads. 19.031 y 38.222.

47 Fls. 73 a 74. C.4.

48 Fls. 74 a 75. C.4.

49 Fls. 75 a 76. C.4.

50 Fl. 76. C.4.

51 Fl. 77. C.4.

52 Fl. 78 a 79. C.4.

53 Uribe G., José Ignacio y Gómez R., Lina Maritza, “Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003”, en Serie Documentos Laborales y Ocupacionales, No 3, Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA - Dirección General de Empleo y Trabajo, Bogotá, junio de 2005, pág. 22 y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Rad. 13.168.