Sentencia 2006-00342 de noviembre 26 de 2009

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: 050012331000 2006 00342 01 (16668)

Consejero Ponente:

Dr. William Giraldo Giraldo

Actor: Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social S.A. IPS

Impuesto de industria y comercio

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil nueve (2009)

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del tribunal que decidió inhibirse de resolver de fondo el asunto, por considerar que la demanda fue inepta, dado que no fue correctamente individualizado el acto que contenía la liquidación oficial del impuesto.

De acuerdo con los términos de la apelación, debe decidirse, si el a quo incurrió en un exceso de formalismo y por tanto dejó de lado el artículo 228 de la Constitución Política, teniendo en cuenta, que la administración le dio una fecha equivocada a la liquidación oficial y el tribunal admitió la demanda sin advertir el error.

Para resolver, debe tenerse en cuenta que el artículo 229 de la Carta garantiza el derecho de acceso a la administración de justicia, lo que implica la posibilidad de cualquier persona de acudir a los jueces competentes para lograr la protección o el restablecimiento de los derechos que consagran la Constitución y la ley. Para lograr estos fines, el legislador ha establecido una serie de procedimientos que deben procurar ser idóneos y efectivos en la protección de los derechos de las partes que intervienen en los litigios que se plantean ante la jurisdicción.

El artículo 228 de la Constitución prevé la prevalencia del derecho sustancial sobre la forma, lo que significa que la interpretación de las normas procesales se haga en el sentido que resulte más favorable al logro y realización del derecho sustancial, consultando en todo caso el verdadero espíritu y finalidad de la ley(2).

Pero, como ha señalado la Corte Constitucional(3), el derecho de acceso a la administración de justicia no puede entenderse como absoluto, pues en aras de garantizarlo, el legislador tiene la potestad de establecer límites y condicionamientos para su ejercicio, como lo son, los términos para accionar y en general las cargas que se les imponen a los sujetos procesales para el adecuado ejercicio de las acciones.

De esta manera, los artículos 137 y 138 del Código Contencioso Administrativo contienen las siguientes exigencias para acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa:

ART. 137.Contenido de la demanda. Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al tribunal competente y contendrá:

(...).

2. Lo que se demanda.

ART. 138.Subrogado. D.E. 2304/89, artículo 24. Individualización de las pretensiones. Cuando se demande la nulidad del acto se le debe individualizar con toda precisión.

(...).

Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero sí fue revocado, solo procede demandar la última decisión.

Del numeral 2º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, se desprende que uno de los requisitos de la demanda es el señalamiento claro y expreso del acto, hecho, operación u omisión administrativa que es objeto de la respectiva acción contenciosa administrativa. Tratándose de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, se refiere al acto administrativo particular que contiene una decisión definitiva.

A su vez, el artículo 138 ib. exige que los actos demandados se individualicen con toda precisión, para que se delimite la actuación, de manera que el juzgador pueda basar su decisión en forma congruente con lo solicitado en forma expresa en el libelo(4). Cuando se demanda un acto administrativo definitivo como lo es la liquidación oficial de revisión, se deben demandar esta y el acto que la confirma, y solo cuando la resolución que resuelve el recurso la revoca, se debe demandar este último acto.

Debe demandarse el acto definitivo que tiene consecuencias jurídicas, así como el que lo modifica o confirma, porque de otra manera, como ha advertido la jurisprudencia(5), de anular solo el acto definitivo, los actos que resuelven los recursos se mantendrán vigentes, y de accederse a la nulidad solamente de los actos expedidos en vía gubernativa, el acto que creó, modificó o extinguió una relación jurídica seguirá siendo obligatorio. Lo anterior en virtud del principio de congruencia de la sentencia, contenido en los artículos 170 del Código Contencioso Administrativo, y 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil; que supone la concordancia entre la decisión judicial con las pretensiones de la demanda.

En el presente caso, la demanda se dirigió contra la Resolución SH 15-250 de 21 de julio de 2005, mediante la cual se resolvió el recurso de reconsideración y la Resolución 3272 de 3 de diciembre de 2004, que corresponde al requerimiento especial. Como lo advirtió el tribunal, no se demandó, ni se anexó el acto administrativo definitivo que contiene la liquidación oficial de revisión 3272 de febrero 25 de 2004 (sic).

En tales condiciones, es evidente que la demanda no identificó ni se dirigió contra el acto que modificó la declaración del impuesto de industria y comercio presentada por la actora y por tanto, en virtud del principio de congruencia, no puede ser anulada por el juzgador. La imposibilidad de pronunciarse respecto de la legalidad de la liquidación oficial, implica que este acto mantenga su vigencia y obligatoriedad.

Si bien es cierto, la liquidación oficial fue fechada por la administración con el año 2004, siendo lo correcto el 2005, ello no impedía al demandante individualizar dicho acto administrativo, como tardíamente lo hizo en la apelación. Así mismo, es claro que se trata de una falencia que debió ser advertida por el tribunal antes de admitir la demanda, pero este hecho, que también merece el reproche de la Sala, no releva al actor de la carga procesal de solicitar la nulidad del acto administrativo que lo perjudica, dado el carácter rogado de esta jurisdicción.

La decisión del tribunal de inhibirse de resolver, no se basó en un mero formalismo, toda vez que no le era posible, de manera oficiosa, ni con base en una pretendida interpretación de la demanda, variar los términos en que esta se formuló, para reemplazar las pretensiones y así cobijar otros actos cuya nulidad no fue demandada expresamente, porque la sentencia no puede ir más allá ni fuera de las peticiones de la demanda(6).

Toda vez que no es posible un fallo de fondo, sin vulnerar el principio de congruencia de la sentencia, se impone confirmar la sentencia de primera instancia.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley.

FALLA:

CONFÍRMASE la Sentencia del 1º de marzo de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase. Devuélvase al tribunal de origen.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(2) Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(3) Al respecto pueden consultarse, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional, Sala Plena, C-652 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-662 de 2004, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes y C-183 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Vargas.

(4) Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 12 de noviembre de 2003, expediente 13294, M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.

(5) Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 28 de octubre de 1999, expediente 5502, M.P. Juan Alberto Polo Figueroa. Sección Cuarta, Sentencia del 11 de diciembre de 2008, expediente 16380, M.P. Ligia López Díaz.

(6) Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 13 de abril de 2005, expediente 14140, M.P. Ligia López Díaz.