Sentencia 2006-00376 de mayo 26 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 25000-23-25-000-2006-00376-01(AP)

Consejera ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Actor: Daniel Arturo Bermúdez Urrego

Demandado: Transmilenio S.A. y la Alcaldía de Bogotá

Bogotá, D.C., veintiséis de mayo de dos mil once.

Se decide la impugnación interpuesta por el actor, Transmilenio S.A. y la Alcaldía de Bogotá, contra la sentencia de 26 de abril de 2007, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sec. Segunda, Subsección “C”) estimó las pretensiones de la demanda.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones

El artículo 88 de la Constitución Política dispone:

“ART. 88.—La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definan en ella”.

En desarrollo de este precepto constitucional se expidió la Ley 472 de 1998 (ago. 25) cuyo artículo 2º define las acciones populares así:

“ART. 2º—Las acciones populares son los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos.

Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible”.

Ahora, en el caso que nos ocupa, los derechos cuyo amparo se pretende son, ciertamente, derechos colectivos, contemplados en los literales g), j) y m), del artículo 4º de la Ley 472 de 1998 y, en consecuencia, susceptibles de protección mediante la interposición de la acción popular.

6.1. Caso concreto.

En el presente caso, el actor pretende que se amparen los derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas, al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, y a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, los cuales estima vulnerados debido a que los buses alimentadores de Transmilenio S.A., carecen de rampas que faciliten el acceso de personas con discapacidad.

Del material probatorio se destaca:

Copia del Oficio 2006EE4995 suscrito por la jefe oficina asesora jurídica de la Alcaldía de Bogotá y dirigido el 10 de julio de 2006 al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en que pone de presente:

“(...).

A continuación le relaciono los vehículos del servicio de alimentación con sistemas de acceso apropiado para las personas discapacitadas.


Empresa
Móvil
Placa
1
Citimovil
9264
VDV074
2
Citimovil
9265
VDV075
3
Citimovil
9266
VDV076
4
Citimovil
9267
VDV077
5
Citimovil
9268
VDV078
6
Citimovil
9269
VDV079
7
Citimovil
9270
VDV080
8
Citimovil
9271
VDV081
9
Citimovil
9272
VDV082
10
Citimovil
9273
VDV083
11
Citimovil
9279
VDV089
12
Citimovil
9280
VDV091

Empresa
Móvil
Placa
13
ETMA
5031
VDH291
14
ETMA
5033
VDH293
15
ETMA
5035
VDI353
16
ETMA
5040
VDI358
17
ETMA
5042
VDI360
18
ETMA
5046
VDI505
19
ETMA
5048
VDI507
20
ETMA
5061
VDJ402
21
ETMA
5066
VDJ847
22
ETMA
5067
VDJ848

Empresa
Móvil
Placa
23
AL Norte Fase II
2208
VDO065
24
AL Norte Fase II
2211
VDO051
25
AL Norte Fase II
2212
VDO052
26
AL Norte Fase II
2215
VDO055
27
AL Norte Fase II
229
VDO057
28
AL Norte Fase II
2230
VDO081
29
AL Norte Fase II
2232
VDO058
30
AL Norte Fase II
2234
VDO059

Empresa
Móvil
Placa
31
TAO.S.A.
4249
VDO633
32
TAO.S.A.
4250
VDO629
33
TAO.S.A.
4252
VDO622
34
TAO.S.A.
4253
VDO623
35
TAO.S.A.
4254
VDO643
36
TAO.S.A.
4255
VDO624
37
TAO.S.A.
4256
VDO641
38
TAO.S.A.
4257
VDO612
39
TAO.S.A.
4259
VDO614
40
TAO.S.A.
4260
VDO615
41
TAO.S.A.
4261
VDO616
42
TAO.S.A.
4262
VDO642
43
TAO.S.A.
4251
VDO621
44
TAO.S.A.
4258
VDO613

Empresa
Móvil
Placa
45
SI-03
6008
VDO664
46
SI-03
6009
VDO663
47
SI-03
6030
VDU583
48
SI-03
6032
VDU548
49
SI-03
6033
VDU596
50
SI-03
6036
VDU551
51
SI-03
6038
VDU578
52
SI-03
6039
VDU566
53
SI-03
6075
VDU584
54
SI-03
6076
VDU556
55
SI-03
6077
VDU586
56
SI-03
6078
VDU561
57
SI-03
6079
VDU581
58
SI-03
6031
VDW265
59
SI-03
6034
VDW266
60
SI-03
6035
VDW899
61
SI-03
6037
VDW900

Empresa
Móvil
Placa
62
Al Capital
3047
VDX261
63
Al Capital
3056
VDX253
64
Al Capital
3057
VDX254
65
Al Capital
3058
VDX255
66
Al Capital
3059
VDX256
67
Al Capital
3060
VDX257
68
Al Capital
3061
VDX258
69
Al Capital
3062
VDX259
70
Al Capital
3063
VDX

(…)”.(7)

• Copia del Oficio 2011EE633 suscrito por la jefe de la oficina asesora jurídica de la Alcaldía de Bogotá y dirigido el 3 de febrero de 2011 al Consejo de Estado, en el que pone de presente:

“En atención al asunto de la referencia, me permito dar respuesta a lo solicitado, en cuanto a la relación de flota de buses alimentadores del sistema Transmilenio que tiene plataforma para el manejo de personas con movilidad reducida:


Empresa
Móviles con plataforma
1
ETMA S.A.
5031
2
ETMA S.A.
5033
3
ETMA S.A.
5035
4
ETMA S.A.
5040
5
ETMA S.A.
5042
6
ETMA S.A.
5046
7
ETMA S.A.
5048
8
ETMA S.A.
5061
9
ETMA S.A.
5066
10
ETMA S.A.
5067
11
Al norte S.A.
2208
12
Al norte S.A.
2212
13
Al norte S.A.
2215
14
Al norte S.A.
2217
15
Al norte S.A.
2223
16
Al norte S.A.
2229
17
Al norte S.A.
2230
18
Al norte S.A.
2232
19
Al norte S.A.
2234
20
Al norte S.A.
2235
21
Al norte S.A.
2236
22
Al norte S.A.
2243
23
Al norte S.A.
2248
24
Al norte S.A.
2211
25
Al capital S.A.
3047
26
Al capital S.A.
3052
27
Alcapital S.A.
3053
28
Alcapital S.A.
3054
29
Alcapital S.A.
3055
30
Alcapital S.A.
3056
31
Alcapital S.A.
3057
32
Alcapital S.A.
3058
33
Alcapital S.A.
3059
34
Alcapital S.A.
3060
35
Alcapital S.A.
3061
36
Alcapital S.A.
3062
37
Alcapital S.A.
3063
38
TAO S.A
4249
39
TAO S.A
4250
40
TAO S.A
4251
41
TAO S.A
4252
42
TAO S.A
4253
43
TAO S.A
4254
44
TAO S.A
4255
45
TAO S.A
4256
46
TAO S.A
4257
47
TAO S.A
4258
48
TAO S.A
4259
49
TAO S.A
4260
50
TAO S.A
4261
51
TAO S.A
4262
52
TAO S.A
4265
53
TAO S.A
4267
54
Citimovil S.A.
9264
55
Citimovil S.A.
9265
56
Citimovil S.A.
9266
57
Citimovil S.A.
9267
58
Citimovil S.A.
9268
59
Citimovil S.A.
9269
60
Citimovil S.A.
9270
61
Citimovil S.A.
9271
62
Citimovil S.A.
9272
63
Citimovil S.A.
9273
64
Citimovil S.A.
9279
65
Citimovil S.A.
9280
66
SI 03 S.A
6008
67
SI 03 S.A
6009
68
SI 03 S.A
6030
69
SI 03 S.A
6031
70
SI 03 S.A
6032
71
SI 03 S.A
6033
72
SI 03 S.A
6034
73
SI 03 S.A
6035
74
SI 03 S.A
6036
75
SI 03 S.A
6037
76
SI 03 S.A
6038
77
SI 03 S.A
6075
78
SI 03 S.A
6076
79
SI 03 S.A
6077
80
SI 03 S.A
6078
81
SI 03 S.A
6079

(…)”(8).

Copia del oficio suscrito por la jefe de oficina asesora jurídica de la Alcaldía de Bogotá y dirigido el 14 de febrero de 2011 al Consejo de Estado, en el que pone de presente:

“(...).

En síntesis, nos permitimos informar que en cumplimiento del fallo de Tutela 595 de 2002(*) se han efectuado las siguientes acciones afirmativas para garantizar la posibilidad de acceder al sistema de transporte público básico de una ciudad en condiciones de igualdad, es decir, sin tener que soportar limitaciones que supongan cargas excesivas:

Primero. El Distrito Capital creó el plan maestro de movilidad, el cual define el SITP como el sistema que comprende las acciones para la articulación, vinculación y operación integrada de los diferentes modos de transporte público, las instituciones o entidades creadas para la planeación, la organización, el control del tráfico y el transporte público, así como la infraestructura requerida para la accesibilidad, circulación y el recaudo del sistema.

(...).

Segundo. Como segunda acción afirmativa y teniendo en cuenta que una adecuada accesibilidad brinda a la población en condición de discapacidad seguridad y comodidad en el uso del servicio de transporte público, se previó la contratación de la consultoría de una firma con experiencia a nivel nacional y/o internacional, que defina las mejores alternativas para garantizarle a las personas en condición de discapacidad un servicio en condiciones dignas y equitativas. La consultoría estará encargada de diseñar alternativas para la atención a este tipo de usuarios en el SITP, realizando entre otras, las siguientes actividades: diagnóstico de la situación actual, identificación de la población objetivo en cada zona del SITP, revisión de experiencias exitosas en el mundo, propuestas para la accesibilidad de las personas en condición de discapacidad en el SITP.

(...)”(9) (se resalta).

6.2. Marco normativo.

Existe un conjunto de disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que imponen claros deberes y obligaciones de protección a las autoridades públicas, respecto de todos y cada unos de los habitantes y residentes de Colombia.

En efecto, el artículo 2º de la Constitución Política, dispone que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en el ordenamiento jurídico, señalando en su inciso segundo, que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

De la anterior disposición se desprende el deber general de actuación que obliga a todas las autoridades del Estado a impedir que se concreten amenazas o se produzcan vulneraciones a los derechos de la población.

Respecto de los derechos de los discapacitados, el artículo 13 superior establece que “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados”.

En este sentido, y respecto del acceso al servicio público de transporte de esta población, los artículos 46, 55, 59, 61 y 65 de la Ley 361 de 1997, “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”, establecen:

“ART. 46.—La accesibilidad es un elemento esencial de los servicios públicos a cargo del Estado y por lo tanto deberá ser tenida en cuenta por los organismos públicos o privados en la ejecución de dichos servicios.

El Gobierno reglamentará la proyección, coordinación y ejecución de las políticas en materia de accesibilidad y velará porque se promueva la cobertura nacional de este servicio.

ART. 55.—En todo complejo vial y/o medio de transporte masivo, incluidos los puentes peatonales, túneles o estaciones que se construyan en el territorio nacional, deberá facilitar la circulación de las personas a que se refiere la presente ley, planeando e instalando rampas o elevadores con acabados de material antideslizante que permitan movilizarse de un lugar a otro y deberán contar con la señalización respectiva.

ART. 59.—Las empresas de carácter público, privado o mixto cuyo objeto sea el transporte aéreo, terrestre, marítimo, ferroviario o fluvial, deberán facilitar sin costo adicional alguno para la personas con limitación, el transporte de los equipos de ayuda biomecánica, sillas de ruedas u otros implementos directamente relacionados con la limitación, así como los perros guías que acompañen las personas con limitación visual.

Así mismo se deberán reservar las sillas de la primera fila para las personas con limitación, en el evento de que en el respectivo viaje se encuentre como pasajero alguna persona limitada.

ART. 61.—El Gobierno Nacional dictará las medidas necesarias para garantizar la adaptación progresiva del transporte público, así como los transportes escolares y laborales, cualquiera que sea la naturaleza de las personas o entidades que presten dichos servicios.

En todo caso, el plazo para cumplir con lo dispuesto en este artículo, no podrá ser superior a cinco años contados a partir de la vigencia de la presente ley.

ART. 65.—El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte, en coordinación con las alcaldías municipales y las distritales incluido el Distrito Capital, serán los encargados de dictar y hacer cumplir las normas del presente capítulo, en especial las destinadas a facilitar el transporte y el desplazamiento de todas las personas a quienes se les aplica la presente ley. Para estos efectos, el Gobierno compilará en un solo estatuto orgánico, todas las normas existentes relativas a lo regulado por este capítulo, y así mismo establecerá un régimen especial de sanciones por su incumplimiento” (se resalta).

Por su parte, en lo que respecta a la accesibilidad en los modos de transporte, conforme lo establece el artículo 9º del Decreto 1660 de 2003, corresponde a los medios de transporte público colectivo “reservarse el espacio físico necesario para que se puedan depositar aquellas ayudas como bastones, muletas, sillas de ruedas y cualquier otro aparato o mecanismo que constituya una ayuda técnica para una persona con discapacidad, sin que esto represente costo adicional para dichas personas”; y según el artículo 14 idem, a partir del 1º de julio de 2005, el 20% de los automotores que ingresen al servicio deberán ser accesibles para discapacitados, porcentaje que deberá ser incrementado como lo establece su parágrafo 2º al disponer que “el porcentaje establecido en el presente artículo será incrementado en un veinte por ciento (20%), cada año, hasta llegar al cien por ciento (100%) de accesibilidad en los vehículos que ingresen por primera vez al servicio”(10).

A su turno, la Resolución 3636 de 2005, expedida por el Ministro de Transporte, dispuso que los vehículos de transporte colectivo terrestre automotor de pasajeros debían adoptar las especificaciones técnicas contenidas la norma técnica colombiana NTC 4407, acerca de los parámetros técnicos mínimos que deben poseer los vehículos de transporte colectivo terrestre automotor para ser considerado como accesible.

No obstante, la Resolución 3636 de 2005 fue suspendida por el Ministro de Transporte mediante Resolución 5515 de 2006, habida cuenta de que la adecuación de los vehículos de transporte colectivo de pasajeros existentes en el país a la norma técnica colombiana 4407 resultaba muy costosa y presentaba barreras técnicas difíciles de superar. En consecuencia, se dispuso que hasta tanto se modifique el alcance de la norma técnica colombiana NTC-4407, los vehículos destinados a la prestación del servicio público de transporte masivo en las rutas alimentadoras, debían seguir cumpliendo con los parámetros establecidos en la norma técnica colombiana NTC-4901-1.

Ahora bien, respecto al espacio para discapacitados en sillas de ruedas, la norma técnica NTC 4901-1 en el numeral 3.1.8.85. Señala que “se debe ubicar en el primer cuerpo y lo más cercano a la puerta de acceso un espacio destinado, diseñado y marcado específicamente para discapacitados en silla de ruedas. Esta área debe tener un espacio mínimo de 900 mm por 1.400 mm y el eje de simetría de la silla debe ser paralelo con el eje longitudinal del autobús. También debe haber pasamanos en este espacio para facilitar la entrada y salida y deben contar con un sistema de comunicación con el conductor (por ejemplo, un timbre). La persona discapacitada en la silla de ruedas debe viajar firmemente asegurada por medio de un mecanismo que esté anclado a un elemento estructural del autobús. El mecanismo debe tener un sistema sencillo y rápido de operar y que permita utilizar el área como un espacio libre cuando no use por discapacitados”.

Así las cosas, no es atendible el argumento de la empresa Transmilenio S.A. al señalar que no está obligada al cumplimiento de los artículos 13 y 20 del Decreto 1660 de 2003 por haber sido suspendida transitoriamente la vigencia de la Resolución 3636 de 2005, pues la Resolución 5515 de 2006 ordena seguirse a lo dispuesto por la norma técnica NTC 4901-1 que también contempla una serie de medidas tendientes a garantizar el adecuado acceso de personas con discapacidad o movilidad reducida.

Tampoco es de recibo el argumento según el cual Transmilenio S.A., al ser una empresa que administra la infraestructura por donde transitan los vehículos, no está obligada al cumplimiento de las normas de accesibilidad, pues los artículos 5º y 34 del Decreto 1660 de 2003 señalan lo siguiente “las empresas y entes públicos administradores de los terminales, estaciones, puertos y embarcaderos, así como las empresas de carácter público, privado o mixto, cuyo objeto sea el transporte de pasajeros, capacitarán anualmente a todo el personal de información, vigilancia, aseo, expendedores de tiquetes, conductores, guías de turismo y personal afín, en materias relacionadas con la atención integral al pasajero con discapacidad, para lo cual podrán celebrar convenios con instituciones públicas o privadas de reconocida trayectoria en la materia, en función del número de pasajeros y de las características operacionales” y “las empresas o entes encargados de la administración y operación de los terminales de transporte terrestre, de las estaciones de Metro, de trenes de pasajeros y de transporte masivo urbano, de los puertos, terminales, muelles, embarcaderos, o similares de transporte fluvial y marítimo y los aeropuertos que no cumplan con lo establecido en la presente norma, en cuanto a la señalización y adecuación apropiada de sus instalaciones para el desplazamiento de personas con discapacidad, serán sancionadas con multa que oscilan entre cincuenta (50) y cien (100) salarios mínimos diarios legales vigentes”.

Adicionalmente, los oficios allegados como pruebas por la Alcaldía Distrital de Bogotá (visibles a fls. 277 a 279 y 399 a 402), dan cuenta de que entre los años 2006 a 2011, el parque automotor de buses alimentadores de Transmilenio S.A. aumentó en 106 vehículos, pero en el mismo periodo, solo 12 vehículos fueron adaptados para facilitar el acceso al sistema de personas discapacitadas o con movilidad reducida. En efecto, en el año 2006, de 410 vehículos alimentadores, 70 garantizaban accesibilidad, es decir, el 17%, mientras que en el año 2011, de 516 vehículos, solo 82 contaban con rampas de acceso para discapacitados, es decir, el 15.8%.

Lo anterior da cuenta de que aun cuando desde el año 2002 (ver oficio suscrito por la jefe de la oficina asesora jurídica de la alcaldía y dirigido al C.E. de feb. 14/2011), presuntamente se vienen adelantando medidas para garantizar la accesibilidad al sistema de transporte público (incluido aquel prestado por Transmilenio), transcurridos 9 años, aún no ha sido posible aumentar en un porcentaje significativo el número de rutas alimentadoras que faciliten a las personas discapacitadas hacer uso adecuado del principal sistema de transporte masivo de Bogotá. Situación que indudablemente afecta los derechos colectivos invocados por el actor popular, y en consecuencia debe llevar a que se adopten las medidas necesarias para superarla.

Es inexcusable que a la fecha la población discapacitada no tenga acceso a todos los buses alimentadores de Transmilenio, pues es claro que para el año 2008, y tras un incremento gradual de cobertura, en razón del 20% anual, fijado desde el año 2002(11), el 100% de estos vehículos debía haber sido acondicionado para suplir las necesidades de esta población vulnerable.

La Sala advierte a las entidades demandadas que deben cumplir en estricto rigor lo establecido en la Ley 361 de 1997 y en el Decreto 1660 de 2003, en aras de garantizar los derechos de la población discapacitada.

6.3. Incentivo.

En cuanto al incentivo, la Sala reitera(12), que no obstante que mediante la Ley 1425 de 2010 (dic. 29)(13) fueron derogados los artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998, en el caso sub examine la ley posterior no es aplicable, pues su aplicación se enmarca dentro de las excepciones a la aplicación inmediata de la ley procedimental, consagradas en los artículos 164 de la Ley 446 de 1998 y 40 de la Ley 153 de 1887, coligiéndose entonces que únicamente podría habérsele dado aplicación a la ley posterior, por indicación expresa del legislador respecto de su retroactividad(14).

Al respecto, el artículo 164 de la Ley 446 de 1998, establece:

“ART. 164.—Vigencia en materia contencioso administrativa. En los procesos iniciados ante la jurisdicción contencioso administrativa, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones y citaciones que se estén surtiendo se regirán por la ley vigente cuando se interpuso el recurso, se decretaron las pruebas, empezó a correr el término, se promovió el incidente o principió a surtirse la notificación” (se resalta).

En un mismo sentido, el artículo 40 de la Ley 153 de1887, dispone:

“ART. 40.Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y las diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”.

Este último artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-200 de 2002, en la cual se concluye:

“En lo que se refiere a los términos que hubiesen empezado a correr, y las actuaciones y las diligencias que ya estuvieren iniciadas, la norma es clara en establecer que estas se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación (...)” (C. Cons., Sent. mar. 19/2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis).

De otro lado, en la Sentencia C-619 de 2001, a que se hace referencia en el anterior fallo, la Corte Constitucional manifestó:

“Sobre este tema la jurisprudencia de esta Corte, como también la de la honorable Corte Suprema de Justicia y del honorable Consejo de Estado, han expresado:

“El principio de la irretroactividad de la ley tiene plena aplicación en el ordenamiento jurídico colombiano y ha sido desarrollado por una abundante jurisprudencia de la honorable Corte Suprema de Justicia, del honorable Consejo de Estado y de esta misma Corte Constitucional.

Una nueva ley, dispone tal principio fundamental para la seguridad jurídica en el Estado social de derecho, no puede regular las situaciones jurídicas del pasado que ya se han definido o consolidado, y que por tanto resultan incólumes en sus efectos jurídicos con la fuerza que les presta la ley bajo la cual se constituyeron.

(...).

De acuerdo con lo aquí expuesto, la norma general que fija la ley es el efecto general inmediato de las nuevas disposiciones procesales, salvo en lo referente a los términos que hubiesen empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, las cuales continúan rigiéndose por la ley antigua. Esta norma general, en principio, no resulta contraria a la Constitución pues no tiene el alcance de desconocer derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, que es lo que expresamente prohíbe el artículo 58 superior (...)”. (Cfr. C. Cons., Sent. jun. 14/2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).

En el mismo sentido la jurisprudencia del Consejo de Estado, a través de sus diferentes secciones, se ha pronunciado señalando el principio de irretroactividad de la ley la cual rige hacia el futuro y precisando que las normas procedimentales son de orden público y de aplicación inmediata, “con la excepción prevista en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, respecto de los términos que hubieren empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas evento en el cual los procedimientos aplicables para hacer efectivas las normas sustanciales son las vigentes en la época en que estos se adelanten (...)” (Cfr. C.E, Sec. Cuarta, Sent. Exp. 8982, sep. 11/98, M.P. Julio Enrique Correa).

Reiterando esta jurisprudencia, la misma Sección se pronunció sobre el particular:

“Otra es la situación respecto de las normas procedimentales o instrumentales que regulan trámites, términos, recursos y competencias y que tienen el carácter de orden público (CPC, art. 6º), pues estas son de aplicación inmediata y prevalecen sobre las anteriores a partir de su entrada en vigencia, con la excepción prevista en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, respecto de los términos que hubieren empezado a correr y las actuaciones y diligencias para hacer efectivas las normas sustanciales son los vigentes en la época en que estos se adelanten” (Crf. C.E., Sec. Cuarta, Sent. Exp. 1997-3983, mar. 15/2002, M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié).

En el mismo sentido, se pronunció esta Sección en sentencia de 19 de julio de 2007(15) y la Sala Plena de la corporación en providencia 7 de junio de 2005 de la misma consejera ponente, al decidir, con base en idénticos fundamentos normativos, que era imperativo resolver todos los recursos extraordinarios de súplica que hubieren sido interpuestos antes de la entrada en vigencia de la Ley 954 de 2005, bajo los presupuestos consagrados en el artículo 194 del Código Contencioso Administrativo, es decir, cumpliendo los requisitos de forma y de oportunidad allí señalados, y que estos deberían decidirse en la forma consagrada en la ley vigente a la fecha de interposición del recurso, esto es, en el artículo 194 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 57 de la Ley 446.

De lo expuesto, encuentra la Sala que procede reconocer el incentivo al actor, toda vez que la acción popular interpuesta el 24 de febrero de 2006 por Daniel Bermúdez Urrego, fue, sin lugar a dudas, determinante para la protección de los derechos colectivos invocados. Las pruebas indicadas demuestran la diligencia debida del actor popular, en aras de obtener la protección de los intereses colectivos invocados en la demanda, lo cual explica que el tribunal haya concedido el incentivo de que trata el artículo 39 de la Ley 472 de 1998.

6.3.1. Cuantía.

Ahora bien, en lo que respecta a la cuantía del incentivo, en casos similares, la Sala ha considerado que la suma de diez (10) salarios mínimos legales mensuales, es suficiente y ajustada a la ley, por encontrarse dentro de los mínimos y máximos previstos en la norma para el otorgamiento del citado reconocimiento económico.

La Sala estima que no hay lugar a tasar el incentivo en 150 salarios mínimos, puesto que en múltiples ocasiones ha considerado el monto de diez (10) salarios mínimos legales mensuales, como suficientes. En efecto, mediante sentencia de 17 de febrero de 2011 (M.P. Marco Antonio Velilla Moreno), la Sección estableció:

“Por lo tanto, la Sala concluye que en efecto existe omisión por parte de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá que amenaza los derechos colectivos enunciados por el actor popular, al no realizar todas y cada unas de las actuaciones necesarias para la protección de los mismos, lo que conduce a la Sala a confirmar la sentencia apelada. No obstante, se modificará lo relacionado con el incentivo económico reconocido a favor de la parte actora, en cuanto la Sala estima que son suficientes de acuerdo con las actuaciones de la misma la suma de diez (10) salarios mínimos legales vigentes”(16).

Por lo anterior, se confirmará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada.

2. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(7) Folios 277 a 279.

(8) Folios 399 a 402.

(*) N. del D.: Publicada en la revista "Tutela Acciones Populares y de Cumplimiento" Nº 35 de novimbre de 2002, págs. 2211 y ss.

(9) Folios 403 a 417.

(10) Auto de 29 de abril de 2010, Radicado 1100103240002009 00431 00, actores: Jesús María Sánchez Bedoya y otros, M.P. María Claudia Rojas Lasso (E). Por el cual se suspendieron provisionalmente los efectos de la expresión “o exigir un mínimo porcentaje de vehículos de esta naturaleza”, consagrada en el artículo 1º de la Resolución 004659 de 2008 (nov. 10), por la cual el Ministro de Transporte adoptó “unas medidas en materia de accesibilidad a los sistemas de transporte público masivo municipal, distrital y metropolitano de pasajeros”.

(11) Artículo 14 del Decreto 1660 de 2003.

(12) Sentencia de 18 de mayo de 2011, actora: Rocío Meza Jaimes, Radicado 54001-23-31-000-2005-00232-01, M.P. María Claudia Rojas Lasso.

(13) Publicado en el Diario Oficial 47.937 de 2010.

(14) Sentencia de 30 de octubre de dos mil tres (2003), Radicado 85001-23-31-000-1999-2909-01 (17213), actor: Construca S.A., M.P. María Elena Giraldo Gómez.

(15) C.P. Camilo Arciniegas Andrade. AP 2005-01567-01 (AP). Actora: Olga Patricia Londoño.

(16) Sentencia de 17 de febrero de 2011, Radicado 15001-23-31-000-2003-02013-01, Actor: Javier Giovanni Fúquene Cuadrado, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.