Sentencia 2006-00381 de mayo 10 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Radicación: 11001-03-24-000-2006-00381-00

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Actor: Oscar José Dueñas Ruiz

Demandado: Gobierno Nacional

Referencia: Acción de nulidad

Bogotá, D.C., diez de mayo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad del artículo 4º del Decreto 3902 de 3 de noviembre de 2006, “Por el cual se adoptan medidas en relación con la Caja Nacional de Previsión, Cajanal, empresa industrial y comercial del Estado”, que es del siguiente tenor:

“ART. 4º—Mientras se adelantan las actividades a las que se refiere el artículo 1º de este decreto se suspenderá la atención al público desde el 7 de noviembre de 2006 hasta el 5 de marzo de 2007, con los efectos previstos en el artículo 121 del Código de Procedimiento Civil”.

Como bien se puede observar, en la actualidad la norma demandada cumplió su finalidad, toda vez que la suspensión de la atención al público se estableció por un tiempo determinado que ya acaeció.

No obstante lo anterior, tal y como se puso de manifiesto durante la actuación(1), es del caso estudiar la legalidad de la norma citada, ya que por un lado, ésta causó efectos jurídicos y por el otro, continúa amparada por la presunción de legalidad que la protege, pues tal y como lo ha sostenido esta corporación en reiterada jurisprudencia, solamente la declaratoria de nulidad puede hacer desaparecer del mundo jurídico un acto administrativo, no así su pérdida de vigencia, derogatoria o revocatoria, en consecuencia, el juez siempre está obligado a proceder al análisis de fondo, en virtud de los efectos que se hubieran podido producir mientras el acto conservó su vigencia(2).

En este orden de ideas, se procede a analizar la legalidad del artículo 4º del Decreto 3902 de 2006, de conformidad con los cargos de violación invocados por el actor, así:

a) “Violación directa de norma superior al afectar el artículo 4º del Decreto acusado, parámetros constitucionales y legales”.

Encuentra la Sala que le asiste razón al actor cuando fundamenta, en términos generales, que los parámetros de la Carta Política, consagrados en su preámbulo, deben ser acatados por todas las leyes que se expidan en virtud al carácter que ostenta de ser norma superior.

Se observa entonces, que al promulgarse la Constitución Política de 1991, se implantó un nuevo modelo de Estado para Colombia, el Estado social de derecho, el cual se orientó a proteger los derechos sociales y fundamentales de las personas y a fortalecer los servicios públicos esenciales, asimismo le otorgó importancia a la concepción del ser humano frente al Estado, lo cual dio lugar a que se le permitiera al pueblo participar en asuntos de su interés, ejercer control político y administrativo.

Así las cosas, desde ese entonces, se estableció la obligación en cabeza de las autoridades administrativas estar al servicio de los habitantes y obrar de manera rápida, diligente y eficiente en el desempeño de sus funciones, así mismo se otorgaron herramientas a aquellos para mantener comunicación con dichas autoridades administrativas, en aras de garantizar los fines del Estado social de derecho(3).

En este orden de ideas, frente al caso sub examine, la Sala encuentra que evidentemente se trasgredió la Constitución Política a causa de la suspensión de la atención al público por parte de la Caja Nacional de Previsión Social, toda vez que dicha cesación en el servicio obstaculizó la comunicación que debía existir en forma permanente, entre el pueblo y las autoridades administrativas.

De igual forma, al verse afectada la continuidad del servicio de la entidad en mención, se menoscabaron derechos y situaciones jurídicas concretas relativas al derecho de la seguridad social, siendo éste, entre otros derechos, el objetivo primordial de protección en un Estado como lo es el social de derecho.

b) “Violación al derecho a la igualdad”; y,

c) Violación a la “Equidad y dignidad en los derechos prestacionales”.

Estos cargos, también están llamados a prosperar, por lo siguiente:

Como bien lo ha manifestado en reiteradas ocasiones la Corte Constitucional, el derecho a la igualdad se encamina a dar un trato equitativo a todas las personas frente a la ley, en igualdad de condiciones y oportunidades.

Frente a este derecho fundamental, la mencionada corporación judicial en Sentencia T-590 del 5 de noviembre de 1996, magistrado ponente, doctor Antonio Barrera Carbonell, precisó:

“(…).

Del respeto al derecho a la igualdad depende la dignidad y la realización de la persona humana, por eso las normas que otorgan beneficios, imponen cargas u ocasionan perjuicios a las personas en forma injustificada, contrarían el sentido de la justicia y del respeto que toda persona merece.

La discriminación, en su doble acepción de acto o resultado, implica la violación del derecho a la igualdad. Su prohibición constitucional va dirigida a impedir que se coarte, restrinja o excluya el ejercicio de los derechos y libertades de una o varias personas, se les niegue el acceso a un beneficio o se otorgue un privilegio sólo a algunas, sin que para ello exista justificación objetiva y razonable.

El acto discriminatorio es la conducta, actitud o trato que pretende consciente o inconscientemente - anular, dominar o ignorar a una persona o grupo de personas, con frecuencia apelando a preconcepciones o prejuicios sociales o personales, y que trate como resultado la violación de sus derechos fundamentales. El acto de discriminación no sólo se concreta en el trato desigual e injustificado que la ley hace de personas situadas en igualdad de condiciones. También se manifiesta en la aplicación de la misma por las autoridades administrativas cuando, pese a la irrazonabilidad de la diferenciación, se escudan bajo el manto de la legalidad para consumar la violación del derecho a la igualdad…” (resaltado fuera del texto).

En virtud de lo anterior, es evidente que mediante el artículo 4º del Decreto 3902 de 2006, se dio un trato discriminatorio a los usuarios de la Caja Nacional de Previsión Social (en liquidación), pues como lo manifestó el actor, al suspenderse la atención al público se coartó el derecho que tenían los usuarios de solicitar ante dicha entidad cualquier información relativa a sus derechos, lo cual otorgó un tratamiento diferente en relación con los usuarios de las demás entidades que para la época atendían asuntos similares o iguales a los manejados por la citada entidad de previsión social, toda vez que tales entidades sí prestaron la referida atención.

Se observa entonces, que el trato discriminatorio e inequitativo, en el caso sub lite se configuró durante el 7 de noviembre de 2006 hasta el 5 de marzo de 2007, pues los usuarios de Cajanal (en liquidación) se vieron privados de solicitar información y/o de acceder al derecho de la seguridad social.

Al resultar quebrantado el mencionado derecho de la seguridad social, también se vulneró, en conexidad, el derecho fundamental a la dignidad humana, debido a las cuestiones fundamentales que aquél comprende, por ejemplo el derecho a la pensión, cuya mesada en la mayoría de los casos se constituye en el único sustento de subsistencia del pensionado, quien por lo general es una persona de la tercera edad y en algunas situaciones cabeza de familia.

En efecto, la Corte Constitucional ha señalado en forma reiterada, que la seguridad social, asume el carácter de derecho fundamental, cuando su desconocimiento puede conllevar la violación de otros derechos y principios fundamentales, como la vida, la integridad física, el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana(4).

d) Violación al “Derecho de petición”.

De igual forma, este cargo está llamado a prosperar, pues evidentemente al suspenderse la atención al público, la Caja Nacional de Previsión Social coartó el derecho que tienen los administrados de presentar peticiones o solicitudes respetuosas, así mismo, se quebrantó el derecho a obtener una respuesta de las mismas dentro del término de ley, el cual se interrumpió indebidamente, vale decir, por un lapso de casi cuatro meses, dentro del mencionado período comprendido entre el 7 de noviembre de 2006 y el 5 de marzo de 2007.

e) Violación de la “Garantía a los derechos fundamentales”.

Estima la Sala que este cargo está llamado a prosperar en concordancia con los argumentos expuestos en los demás cargos de violación, pues el Estado social de derecho tiene como fin primordial proteger, entre otros, los derechos fundamentales de los asociados, dentro de los cuales está el derecho de petición, el derecho a la igualdad y en algunas ocasiones el de la seguridad social, cuando éste se invoca en conexidad con algún derecho fundamental.

Por consiguiente, la Sala encuentra que le asiste razón al actor cuando señala que al suspenderse la atención al público, igualmente se quebrantó la “garantía a los derechos fundamentales”, por cuanto éstos se amparan a través del mecanismo constitucional de la acción de tutela cuyos términos son perentorios, por lo que al haberse suspendido la atención al público, los usuarios de la entidad de previsión no pudieron reclamar ante Cajanal el cumplimiento de la orden proferida por el juez de tutela, debido al rompimiento de comunicación entre la administración y el pueblo.

Así las cosas, es evidente que el artículo 4º del Decreto 3902 de 2006 es contrario a derecho, pues en resumidas cuentas, tal y como quedó dicho, vulneró derechos fundamentales, que revisten un grado de suprema importancia para el Estado social de derecho, toda vez que son inherentes a la persona en razón de su dignidad humana, son imprescindibles para el desarrollo y la libertad, y, constituyen el núcleo básico e irrenunciable del estatuto jurídico de todo individuo.

Cabe resaltar que las violaciones antes enunciadas fueron advertidas por la Sala en proveído de 19 de julio de 2007 (fls. 20 a 35, cdno. 1) y de 4 de septiembre de 2008 (fls. 121 a 127, ibíd.), a través de los cuales se decretó la medida perentoria de suspensión provisional.

En este orden de ideas, la Sala declarará la nulidad del artículo 4º del Decreto 3902 de 2006, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad del artículo 4º del Decreto 3902 de 2006, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. DEVUÉLVASE al actor la suma de dinero depositada para gastos ordinarios del proceso que no fue utilizada.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(1) Auto del 4 de septiembre de 2008, mediante el cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la suspensión provisional decretada dentro del proceso de la referencia.

(2) Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 14 de enero de 1991 expediente S-157, Consejero Ponente doctor Carlos Gustavo Arrieta Padilla. Zarate.

(3) Corte Constitucional, Sentencia C-542 del 24 de mayo de 2005, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.

(4) Corte Constitucional, Sentencia T-827 de 1999.