Sentencia 2006-00403 de agosto 31 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 11001-31-03-035-2006-00403-01

Magistrada Ponente:

Dra. Ruth Marina Díaz Rueda

(Aprobado y discutido en Sala de 13 de agosto de 2012)

Bogotá, D.C., treinta y uno de agosto de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. Se memora que los actores solicitaron declarar la nulidad del pacto de donación de la nuda propiedad, contra quienes fueron parte de él, con relación al inmueble ubicado en la calle 90 Nº 18-59 de esta ciudad, por falta de insinuación, aspiraciones que el ad quem acogió, al confirmar la providencia de primer grado que accedió a lo pedido.

2. Las sentencias objeto de esta clase de censura extraordinaria arriban a la corporación amparadas de la presunción de legalidad y acierto tanto en su fundamentación jurídica como en la apreciación de los hechos y la ponderación de las pruebas que al respecto haya efectuado el juzgador de instancia.

Empero, dicha “presunción” puede ser desvirtuada si se demuestra que el proveído en cuestión es contraevidente o raya con lo absurdo, bien porque se aparta infundadamente y de manera trascendente de las normas que regulan la materia sometida a composición del Estado por intermedio de sus jueces, ora en la consideración fáctica, ya en la estimación de los elementos de convicción.

En caso de una situación de ese talante, el fallo necesaria y fatalmente tiene que ser aniquilado para en su reemplazo pronunciarse el que concierna a la correcta aplicación de la normatividad pertinente o a la realidad que reflejen los “hechos” o se deduzca de las probanzas obrantes en el plenario, dado que en suma, en eventos como los analizados, la providencia no permite ser definitiva por no constituir un cierre último del debate judicial frente a la verdad que emerge del expediente.

3. En razón a que la acusación examinada está orientada por la vía directa, ha de recordarse que la transgresión de la ley sustancial se puede presentar cuando el sentenciador inaplica el precepto que jurídicamente subsume el litigio, o se apoya en uno que no es el adecuado, o toma en cuenta el que válidamente corresponde, pero le da un alcance distinto.

Al respecto, la Sala ha precisado que la “violación directa de las normas sustanciales, que como motivo de casación contempla la causal primera del artículo 368 ibídem, acontece cuando el sentenciador, al margen de toda cuestión probatoria, deja de aplicar al caso controvertido la disposición sustancial a que debía someterse y, consecuentemente, hace actuar las que resultan extrañas al litigio, o cuando habiendo acertado en la disposición rectora del asunto, yerra en la interpretación que de ella hace, y que, por lo mismo, cuando el ataque en casación se funda en la causal que se comenta, compete al recurrente centrar sus juicios exclusivamente sobre los textos legales que considere inaplicados, indebidamente aplicados o erróneamente interpretados, prescindiendo, desde luego, de cualquier consideración que implique discrepancia con las apreciaciones fácticas del sentenciador, cuestión esta que solo puede abordarse por la vía indirecta” (sent. nov. 1º/2011, Exp. 2006-00092-01)

4. En el plenario se encuentran debidamente acreditados los siguientes hechos que tienen incidencia en la decisión que se está adoptando:

a. Que entre Ernesto García Acero y Elvira García Rodríguez se celebró una negociación recogida en la escritura pública Nº 2637 del 21 de octubre de 2005, otorgada en la Notaría 32 de Bogotá, por medio de la cual, el primero le donó a esta “los derechos de la nuda propiedad, reservándose para sí el usufructo vitalicio” del predio antes descrito, registrándose al folio de matrícula inmobiliaria Nº 50C-188025 (fls. 2 y 45), figurando en la cláusula segunda que “el anterior inmueble donde radican los derechos de nuda propiedad, para efectos fiscales tiene un precio de diez millones de pesos ($ 10.000.000) moneda legal colombiana”.

b. El libelo introductor se presentó por Guillermo y Ernesto García Carvajal, hijos del donante Ernesto García Acero, contra este último y la donataria Elvira García Rodríguez, el 23 de agosto de 2006 (fl. 28).

c. Los convocados se notificaron por conducto de apoderado judicial, el 22 de junio de 2007 (fl. 68).

d. El demandado Ernesto García Acero falleció el 20 de septiembre de 2007, estando en curso el proceso (fls. 100 y 102).

5. Al analizar el artículo 1443 del Código Civil, esta corporación ha aseverado que “la donación entre vivos es contrato, porque exige el concurso de las voluntades de donante y donatario pues sin la aceptación de este la sola voluntad liberal del primero constituye únicamente una oferta y no convenio de gratuidad” (casación de 20 de mayo de 2003, Exp. 6585); por lo que es del caso comenzar por establecer quiénes están legitimados para cuestionar dicho negocio jurídico.

6. Del postulado de la autonomía de la voluntad privada orientado por el principio de la relatividad, se desprende que la convención incumbe y constriñe a quienes fueron sus partícipes y por tanto, en un comienzo, los terceros tienen vedada la posibilidad de atacarla.

Sobre el particular, la jurisprudencia de la Sala ha indicado: “... la ley ha establecido que los contratos válidamente celebrados generan para las partes que concurren a su perfeccionamiento vínculos indisolubles y, solo ellas, salvo las excepciones de ley, por las circunstancias que consideren pertinentes y sean admisibles jurídicamente, pueden ponerles fin (C.C., art. 1602); de ahí que está excluido de toda discusión que los efectos directos de los contratos deben ser pregonados con respecto a las partes; la generación de derechos y obligaciones debe sopesarse, primeramente, frente a quienes los crearon o fueron sus gestores; por tanto, en línea de principio, no es admisible extender sus repercusiones a personas ajenas a su formación y perfeccionamiento (nec prodest nec nocet)” (sent. ene. 25/2010, Exp. 1999-01041-01).

El 25 de abril de 2006, expediente 1997-10347-01, sobre el tema expuso: “En obsequio al principio de la autonomía de la voluntad de las partes, las previsiones legales enseñan que así como el contrato solo concierne y obliga a quienes en él participan, el universo de sus estipulaciones se erige en un reducto cerrado que, en línea de principio, es territorio vedado para quienes están fuera de sus márgenes.

En respeto a esa especie de inmunidad contractual por la cual los contratantes pueden hacer ad nutum todo cuanto no esté prohibido, las libertades de negociación, asociación y empresa, logran cabal realización para que fluya sin estorbo la iniciativa privada.

Consciente el legislador de que la autonomía del individuo no es absoluta, creó de modo excepcional la posibilidad de que terceros ubicados en la periferia del contrato pudieran acusar sus estipulaciones, siempre a condición de que ellas puedan causarles daño. No sobra añadir que esa injerencia de terceros ha de estar expresamente autorizada por el legislador, quien tiene la potestad de autorizar caso por caso la posibilidad de quienes ubicados en las márgenes del contrato puedan discutir su validez o sus efectos.

También es principio medular que gobierna los contratos, el que ellos están llamados a permanecer y a producir efectos, tanto que el paso del tiempo puede purgar las nulidades, la ejecución de las prestaciones debidas, en veces, hace olvidar los vicios, el error para que vicie el consentimiento debe ser esencial y el contrato nulo podrá producir los efectos de un contrato diferente.

En el propósito de preservar la eficacia negocial y de mantener reservado el debate sobre la validez del contrato a las partes que lo celebran, la jurisprudencia ha establecido que aun el juez tiene restricciones para decretar su nulidad absoluta”.

Y, el de 30 de enero del mismo año aseveró: “Es común escuchar que tercero es todo aquel que no es parte contratante. Y parte contratante es la que, prestando su consentimiento, convino en el negocio jurídico; en solo las partes se radican los efectos inmediatos del contrato, convirtiéndose, según el caso, en acreedoras y deudoras. Quien, antes bien, no da asenso en la formación y vida jurídica al negocio, es un tercero; a él, que no es parte, no lo afecta el contrato, ni para bien ni para mal; por consiguiente el contrato celebrado por otros no podrá tornarlo ni en acreedor ni en deudor. Una y otra cosa, en trasunto, habla del afamado principio de la relatividad de los contratos, conocido también con el aforismo res inter allios acta tertio neque nocet neque prodest.

Necesario es precisar, sin embargo, que personas hay que sin ser propiamente las celebrantes del negocio, no pueden ser consideradas como absolutamente extrañas al mismo, y por eso los efectos de aquel, sobrevenidas ciertas circunstancias, se radicarán en ellas. Trátase del fenómeno de la causahabiencia, a cuyo estudio se contrae la Corte, habida cuenta que no es tampoco este el lugar para caer en la ingenua y presuntuosa idea de abrazar uno a uno todos los eventos de los terceros. Así que se colma la necesidad de hoy memorando no más terceros que los causahabientes. Y no bien se mencionan estos, y a punto salta la frase sentenciosa de que quien contrata no solo lo hace para sí sino también para sus sucesores universales. Porque es verdad irrecusable que quien a este título obra, es el continuador del patrimonio del causante, se identifica con él, le recibe todos los elementos patrimoniales transmisibles, y en consecuencia se torna, incluso sin saberlo, en acreedor o deudor de las relaciones patrimoniales de aquel, salvo apenas algunas excepciones.

Vistas desde este ángulo las cosas, entonces, los herederos a ese título no son literalmente terceros, desde luego que sobrevenida la muerte del autor del contrato, inmediatamente ocupan allí su lugar. Entran a derechas en el contrato.

Con todo, cabe una distinción. Recuérdese que el anterior colofón ha partido de una premisa ineluctable cual es la de que se trate de cosas que el heredero ha recibido del causante, o sea de las que pueden ser objeto de transmisión por causa de muerte. Para decirlo en breve, de cosas que vienen en el patrimonio dejado por el causante. Porque hay derechos que surgen de la condición misma de heredero y que, por ende, el causante no ha podido transmitirle. Tal el derecho que él tiene a ciertas asignaciones forzosas. Si un contrato celebrado por su causante —por caso el de donación— hiere su derecho, velando por su interés propio estará tentado a hostigar la eficacia y el alcance de convención semejante. En tal caso no habla en el puesto del causante; habla para sí propio. Sucederá de este modo cuando por ejemplo el testamento, cuyo autor obviamente es el causante, maltrate su derecho. Dirá que esa manifestación de voluntad pasó de largo ante ciertos límites, y que por lo tanto se la considere ineficaz en cuanto a lo suyo. Y así podrían citarse otras eventualidades. Lo importante es resaltar que en ocurrencias semejantes el heredero se coloca no en el contrato sino por fuera del mismo, porque juzga que enturbia sus derechos, perspectiva desde la cual es perfectamente válido afirmar que entonces fungirá de tercero”.

En el último fallo reseñado, al responder interrogantes tales como qué tanto derecho pueden tener los hijos para cuestionar los negocios de sus padres, celebrados cuando aún no eran herederos, la Corte anotó:

“Bien cierto es que en vida del causante nadie puede considerarse heredero. Más aún: si valiéndose de una condición que aún no tiene, pasare por ejemplo a negociar el derecho que de allí emana, considérase un obrar ilícito (C.C. art. 1520). Fuerza es convenir así que por entonces el derecho a la herencia no pasa de ser una expectativa y así es natural que se diga todo lo que en el punto es corriente escuchar. Pero, en adquiriendo esa calidad, el asunto cambia de tonalidad; ha dejado de ser una eventualidad para adquirir ribetes concretos con algunas consecuencias jurídicas. Se ha materializado un derecho a la herencia, a lo menos en cuanto a las asignaciones obligadas”.

7. De otro lado, se observa que de conformidad con el artículo 1741 del Código Civil se produce nulidad absoluta, cuando el acto jurídico comporta objeto o causa ilícita, o en él se omite “algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan. (...) Hay así mismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces”.

Al tenor del precepto 2º de la Ley 50 de 1936 que subrogó el 1742 del Código Civil, “[l]a nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aún sin petición de parte, cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse por todo el que tenga interés en ello; puede así mismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral o de la ley. (...) Cuando no es generada por objeto o causa ilícitos, puede sanearse por la ratificación de las partes y en todo caso por prescripción extraordinaria”.

A partir de la anterior norma se ha señalado que la invocación de irregularidades sustanciales, como la planteada por los actores, normalmente se halla adscrita a quienes fueron parte de la convención cuestionada y, por excepción, tal facultad puede extenderse a los terceros, aunque solo en la medida que ostenten “interés en ello”; si carecen de él, no les es permitido buscar dicha invalidación, ni siquiera pretextando defender el orden jurídico, la moral o las buenas costumbres, dado que en eventos particulares, esa misión le ha sido conferida al juez y de manera general, al ministerio público.

Al respecto, la Sala en el citado fallo de 25 de abril de 2006 dijo: “... los terceros extraños al contrato no podrán asumir la tarea que la ley confió al Ministerio Público —y cuando hay proceso al juez—, ya que no es cierto que los particulares puedan andar por ahí cual Quijote al cuidado del ordenamiento jurídico, demandando la nulidad absoluta de cualquier acto en que nada tienen que ver, pues de ese modo irrumpirían en el territorio reservado a las partes, al juez, a los terceros con interés(1) y al Ministerio Público. Piénsese por un momento en el alud de demandas y de medidas cautelares eventuales, si cualquiera por entero ajeno al contrato pudiera solicitar la declaración de nulidad absoluta, enfrentando precisamente a las partes que no quieren, tanto que no la han pedido, tal vez a la espera del paso del tiempo, de la ratificación o del cumplimiento de las obligaciones nacidas del acto, aunque fuere nulo”.

Es que inclusive, según ha quedado visto, a menos que se presenten determinadas circunstancias, el juez se halla impedido para declarar oficiosamente la nulidad absoluta de un contrato, pues “ese poder excepcional que al fin de cuentas comporta un control de legalidad en torno a la actividad negocial, está sujeto o limitado por los condicionamientos que la propia norma consagra y que la corporación ha identificado así: ‘... 1ª. Que la nulidad aparezca de manifiesto en el acto o contrato, es decir, que a la vez que el instrumento pruebe la celebración del acto o contrato, demuestre o ponga de bulto por sí solo los elementos que configuran el vicio determinante de la nulidad absoluta; 2ª. Que el acto o contrato haya sido invocado en el litigio como fuente de derecho u obligaciones para las partes; y 3ª. Que al pleito concurran, en calidad de partes, las personas que intervinieron en la celebración de aquel o sus causahabientes, en guarda del principio general que enseña que la declaración de nulidad de un acto o contrato en su totalidad no puede pronunciarse sino con audiencia de todos los que lo celebraron’” (sent. mar 11/2004, Exp. 7582).

8. En punto del referido “interés”, es del caso precisar que la estructuración del mismo, para que legitime al tercero en la petición de “nulidad absoluta” de un pacto en el cual no intervino, a más de económico, debe de ser serio, concreto, actual y ostentar una determinada relación sustancial de la que aquel haga parte, e igualmente que en tal nexo tenga incidencia tanto el contrato cuestionado, como la sentencia que deba emitirse en el juicio de invalidez.

Al estudiar el sentido del canon 1742, anteriormente transcrito y en particular el significado de “la expresión ‘interés’, como fundamento legitimante de los terceros”, la Corte en fallo de 18 de agosto de 2002 indicó:

“La doctrina y la jurisprudencia chilena al examinar texto similar al colombiano (C.C. chileno, art. 1683), han estado de acuerdo en que la norma se refiere a quienes tienen un interés económico o patrimonial en la declaración de nulidad absoluta, o sea a quien derive de la satisfacción de la pretensión un beneficio pecuniario, quedando excluido, según lo dice Claro Solar, el interés puramente moral porque este es el que motiva la declaración por parte del ministerio público.

Esta corporación, también ha precisado que el interés que legitima al tercero es un interés económico que emerge de la afección que le irroga el contrato impugnado (...). Desde luego que el ‘interés’ al cual se refiere el artículo inicialmente citado, no es distinto al presupuesto material del interés para obrar que debe exhibir cualquier demandante, entendiendo por este el beneficio o utilidad que se derivaría del despacho favorable de la pretensión, el cual se traduce en el motivo o causa privada que determina la necesidad de demandar, que además de la relevancia jurídico sustancial, debe ser concreto, o sea existir para el caso particular y con referencia a una determinada relación sustancial; serio en tanto la sentencia favorable confiera un beneficio económico o moral, pero en el ámbito de la norma analizada restringido al primero, y actual, porque el interés debe existir para el momento de la demanda, descartándose por consiguiente las meras expectativas o las eventualidades, tales como los derechos futuros (Cas. Civil. sent. 031 de ago. 2/99)”(2).

Y en sentencia anterior expresó que ‘en los casos en que la ley habla del interés jurídico para el ejercicio de una acción, debe entenderse que ese interés venga a ser la consecuencia de un perjuicio sufrido o que haya de sufrir la persona que alega el interés’; y que con ese perjuicio ‘... es preciso que se hieran directa, real y determinadamente, los derechos del que se diga lesionado, ya porque puedan quedar sus relaciones anuladas, o porque sufran desmedro en su integridad’, añadiendo que ‘el derecho de donde se derive el interés jurídico debe existir, lo mismo que el perjuicio, al tiempo de deducirse la acción, porque el derecho no puede reclamarse de futuro... en las acciones de esa naturaleza tales principios sobre el interés para obrar en juicio se concretan en el calificativo de legítimo o jurídico, para significar, en síntesis, que al intentar la acción debe existir un estado de hecho contrario al derecho’ (G. J. LXII P. 431).

Existe, además de la jurisprudencia de la Corte, una sólida corriente doctrinal nacional y extranjera que sostiene que el interés que legitima a los terceros para impetrar la nulidad absoluta de los actos o contratos debe ser pecuniario. Así, entre otros, además de Luis Claro Solar, citado anteriormente por la Corte, Arturo Alessandri Besa indica que ‘Se tiene interés en solicitar la declaración de nulidad absoluta cuando haya de obtenerse un provecho patrimonial con la anulación del acto o contrato; por consiguiente las meras expectativas no constituyen el interés que el artículo 1683 (C.C. 1742) exige para poder deducir la acción de nulidad’. En el plano nacional, Ospina Fernández y Ospina Acosta señalan: ‘... la doctrina tiene declarado que tal interés debe ser el propio de quien alega la nulidad por vía de acción o de excepción, porque el acto impugnado le irroga un perjuicio económico cierto’. Georges Lutzesco afirma que ‘por cuanto a los terceros, también pueden prevalerse de la nulidad absoluta, tanto por vía de acción como por vía de excepción. Pero si pretenden invocar la nulidad deberán necesariamente probar la existencia de un interés legítimo. Esto no es todo. Debe también por una parte, demostrarse que este interés está protegido por la ley es decir, que es susceptible de poner en movimiento una acción judicial; y por otra, que la acción de nulidad no ha sido intentada por otro derechohabiente’”.

9. Lo anterior pone de presente que en el sub lite, el ad quem incurrió en el yerro de iure endilgado por el casacionista, dado que halló legitimados a los accionantes para reclamar la nulidad absoluta del negocio jurídico celebrado por los demandados, cuando el “interés” de aquellos no reúne las condiciones requeridas para reconocerles esa especial circunstancia, pues conforme a lo plasmado, el citado beneficio no se mostraba concreto, serio, ni actual, al momento de presentarse la demanda.

En efecto, es incontrastable que los promotores del litigio, al incoar la acción eran ajenos al convenio cuya invalidez reclaman, ya que se encuentra demostrado su celebración entre los accionados Ernesto García Acero y Elvira García Rodríguez; por tanto, en principio, en virtud de la autonomía de la voluntad privada y la relatividad que envuelven los contratos, solo a ellos les concernía el que recogió la donación en comento. Es más, los demandantes no acreditaron cuál era el motivo o causa privada determinante de la necesidad que los asistía para efectuar la impugnación, lo cual se tornaba imperativo para legitimarse; y de interpretarse que el beneficio o utilidad requeridos por la ley lo ligaban a su calidad de descendientes del “donante” convocado, no hay duda de que ese “interés”, el de la herencia, al ser una mera expectativa, no es el tutelado por el ordenamiento, dado que, como lo dijo la jurisprudencia transcrita “en vida del causante nadie puede considerarse heredero” (fallo de ene. 30/2006, Exp. 1995-29402-02).

Si bien es verdad que los sucesores, como continuadores de la personalidad jurídica y receptores del patrimonio del causante, se hallan facultados para cuestionar la validez de los negocios celebrados por este, igualmente lo es que esa “legitimidad” sobreviene con la muerte del mismo; mientras esta no ocurra, aquellos, frente a tales convenios, seguirán siendo terceros “sin interés” y por tanto, carentes de la aludida condición sustancial.

10. Ahora, mal podría aceptarse que el deceso del convocado Ernesto García Acero en el decurso procesal, saneó la falencia enrostrada a los actores, dado que, se reitera, al momento de instaurar la acción, aquel gozaba de existencia y ha quedado visto que en asuntos como el que se estudia, el derecho no puede reclamarse si no se ha consolidado, pues como se reiteró en la ya citada sentencia de 25 de abril de 2006, “el interés debe existir para el momento de la demanda, descartándose por consiguiente las meras expectativas o las eventualidades, tales como los derechos futuros”, o en la de 18 de agosto de 2002, expediente 6888, respecto de que “el derecho de donde se derive el interés jurídico debe existir, lo mismo que el perjuicio, al tiempo de deducirse la acción, porque el derecho no puede reclamarse de futuro”.

En relación con la calidad de que se viene hablando, téngase en cuenta lo comentado en fallo de 14 de octubre de 2010, expediente 2001-00855-01, al indicar que “[l]a legitimación en la causa, o sea, el interés directo, legítimo y actual del ‘titular de una determinada relación jurídica o estado jurídico’ (...), tiene sentado la reiterada jurisprudencia de la Sala, ‘es cuestión propia del derecho sustancial y no del procesal, por cuanto alude a la pretensión debatida en el litigio y no a los requisitos indispensables para la integración y desarrollo válido de este’ (...), en tanto, ‘según concepto de Chiovenda, acogido por la Corte, la ‘legitimatio ad causam’ consiste en la identidad de la persona del actor con la persona a la cual la ley concede la acción (legitimación activa) y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acción (legitimación pasiva) (...), por lo cual, ‘el juzgador debe verificar la legitimatio ad causam con independencia de la actividad de las partes y sujetos procesales al constituir una exigencia de la sentencia estimatoria o desestimatoria, según quien pretende y frente a quien se reclama el derecho sea o no su titular’...”.

11. Lo expuesto deja en evidencia la transgresión de la ley sustancial por parte del tribunal, tornándose trascendente el reproche, porque si no hubiera incurrido en la violación reseñada, habría detectado que cuando los accionantes gestionaron el litigio, carecían de interés y en consecuencia, no podían demandar la invalidación del citado acto jurídico, por ausencia de legitimidad.

12. Corolario de lo expuesto, es que se casará el fallo impugnado.

Sentencia sustitutiva

1. Adicional a la argumentación expuesta en precedencia, es claro que la falta de “legitimación” en la causa de los actores conduce a la improsperidad de las pretensiones de la demanda.

2. Así las cosas, la Corte revocará la decisión del a quo, declarará sin efecto los “actos procesales” dirigidos al cumplimiento de la determinación acusada y le ordenará a este que adopte las medidas necesarias para las restituciones a que haya lugar, como lo dispone el artículo 376 del Código de Procedimiento Civil; así mismo impondrá a los accionantes las costas de ambas instancias, sin que haya lugar a ellas respecto de la censura extraordinaria, dado que la misma prosperó, de conformidad con el inciso final del canon 375 ibídem.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia que el 25 de noviembre de 2010 profirió la “Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá”, dentro de la acción ordinaria promovida por Guillermo y Ernesto García Carvajal contra Ernesto García Acero y Elvira García Rodríguez.

En sede de segunda instancia, RESUELVE:

1. Revocar el fallo que en este mismo asunto emitió el Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogotá el tres (3) de junio de 2009.

2. Negar, por falta de legitimidad de los actores, las pretensiones por ellos elevadas en la demanda génesis de este proceso.

3. Cancelar la inscripción de la demanda dispuesta por el juzgador de primer grado en proveído de 22 de enero de 2007.

4. Dejar sin efecto los “actos procesales” que se hayan desarrollado a efectos de cumplir la sentencia, para lo cual, de ser el caso, el a quo adoptará las medidas a que haya lugar con miras a las concernientes restituciones. La secretaría comunicará lo pertinente.

5. Condenar en costas de ambas instancias a los accionantes e incluir en la liquidación que se haga de las de segunda, la suma de $ 15.000.000 como agencias en derecho.

6. No imponer “costas” en casación, por la prosperidad del recurso.

7. Devolver la actuación surtida al tribunal de origen.

Cópiese y notifíquese».

(1) Subraya del texto original.

(2) El subrayado corresponde al texto original.