Sentencia 2006-00428 de noviembre 20 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: expediente 250002324000200600428 01

Consejero ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Acción: nulidad y restablecimiento del derecho.

Actor: Cóndor S.A. compañía de seguros.

Bogotá, D.C., veinte de noviembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala:

1. Según la potestad que tiene el ad quem para resolver la alzada, de conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso(2), la Sala se limitará a conocer solamente de los puntos o cuestiones a los cuales se contrae el recurso de apelación, pues los mismos, en el caso del apelante único, definen el marco de la decisión que ha de adoptarse en esta instancia, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar el juez de oficio, en los casos previstos por la ley.

2. Cuestión previa

Sea lo primero advertir que el actor demandó los siguientes actos administrativos: i) Fallo de Responsabilidad Fiscal 36 de 26 de abril de 2005, ii) Auto de 11 de agosto de 2005, por el cual se corrige el fallo con responsabilidad; y iii) Auto de 30 de noviembre del mismo año, por el cual se resuelve el recurso de apelación.

Sin embargo, la Sala da cuenta que en el expediente reposa el Auto de 20 de septiembre de 2005(3) proferido por el subdirector del proceso de responsabilidad fiscal de la Contraloría de Bogotá D.C., por el que se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra el Auto de 11 de agosto de 2005, y el cual no fue demandado por la parte actora ante esta jurisdicción.

Al respecto, no sobra anotar que en tratándose de los procesos adelantados en vigencia del anterior Código Contencioso Administrativo, como es el sub examine, esta sección ha señalado reiteradamente que en el supuesto en que no sea demandado el acto por el que se resuelve el recurso de reposición se presenta una falencia en la individualización de las pretensiones en desconocimiento del artículo 138 del Código Contencioso Administrativo, que genera el proferimiento de un fallo inhibitorio(4).

Ahora, pese a que en el 2008 la Sala tenía esa posición, se rectifica y se decide que lo único que se demanda es el recurso de apelación.

Pues bien, sea esta la oportunidad para precisar que en la litis bajo examen, tal omisión procesal no acarrea la consecuencia anotada por cuanto frente al proceso de responsabilidad fiscal existe norma especial que ordena demandar ante esta Jurisdicción solamente el acto con el cual termina el proceso una vez este se encuentre en firme; de forma tal que para los procesos de tal naturaleza no resulta en modo alguno necesario incluir la resolución concerniente al recurso de reposición dentro de las peticiones de la demanda, para que aquellas se entiendan cabalmente individualizadas, puesto que el artículo 59 de la Ley 610 del 2000, establece:

“ART. 59.—Impugnación ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En materia del proceso de responsabilidad fiscal, solamente será demandable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo el acto administrativo con el cual termina el proceso, una vez se encuentre en firme”.

Así las cosas, es del caso dar aplicación preferente a la norma especial transcrita, por lo que esta sección procederá a desarrollar el estudio de la alzada, sin que se advierta vicio alguno que lo impida.

3. Los actos administrativos demandados disponen en lo pertinente de su parte resolutiva, lo siguiente:

Fallo de responsabilidad fiscal proceso de Responsabilidad Fiscal 36100

(…).

RESUELVE:

ART. 1º—Fallar con responsabilidad fiscal el Proceso 36100 en cuantía de cuatrocientos noventa y ocho millones setecientos ochenta y siete mil ciento dieciocho pesos $ 498.787.118,00, adelantado en la Secretaría de Educación en contra de la firma Gustavo Muñoz y Cía. SCA (…) y a la compañía de seguros Cóndor S.A. en calidad de tercero civilmente responsable, por los motivos expuestos en la parte pertinente del presente proveído.

ART. 2º—Notificar el contenido de este fallo a la firma Gustavo Muñoz y Cía. SCA (…) y a la compañía de seguros Cóndor S.A. en calidad de tercero civilmente responsable en cabeza de su representante legal (…) y/o a su apoderado doctor Héctor Mauricio Galvis Alzate (…) de conformidad con los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo.

ART. 3º—Contra el presente fallo proceden los recursos de reposición ante esta subdirección y el de apelación ante el director de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, los cuales deben interponerse ante esta subdirección del proceso de responsabilidad fiscal, por escrito (…) con los requisitos del artículo 52 del Código Contencioso Administrativo.

ART. 4º—En firme esta providencia presta mérito ejecutivo y se hará cumplir por Jurisdicción Coactiva de conformidad con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 610 del 2000.

ART. 5º—Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta providencia, el responsable fiscal podrá consignar el valor fijado en el artículo primero (…)

(…)

ART. 7º—En firme esta decisión y transcurridos los 10 días hábiles subsiguientes a la firmeza, remitir el fallo junto con las constancias de ejecutoria y el cuaderno de las medidas cautelares si las hubiere a la subdirección de jurisdicción coactiva para lo de su cargo.

(…)

“Auto por el cual se corrige el fallo con responsabilidad

Proceso de Responsabilidad Fiscal 36100 —11 de agosto de 2005—.

(…)

RESUELVE:

ART. 1º—Corregir el Fallo con Responsabilidad 36 del 26 de abril de 2004, en el sentido que la compañía de seguros Cóndor S.A. con NIT 860.068.443-2, en calidad de tercero civilmente responsable, responderá por los amparos de cumplimiento general del contrato, por valor de $ 62.920.000.00 y buen manejo del Anticipo por valor de $ 157.300.000.00, para un total de $ 220.220.000.00, de acuerdo con la póliza 2251489, con base en lo expuesto en la parte motiva del presente auto.

ART. 2º—Notificar el contenido de este auto a la firma Gustavo Muñoz y Cía. SCA (…) y a la compañía de seguros Cóndor S.A. (…) de conformidad con el artículo 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo.

ART. 3º—Contra el presente auto proceden los recursos de reposición ante esta subdirección y el de apelación ante el director de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, los cualesdebeninterponerse (…) cumpliendo con los requisitos del artículo 52 del Código Contencioso Administrativo.

ART. 4º—En firme esta providencia presta mérito ejecutivo y ser hará cumplir por jurisdicción coactiva de conformidad con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 610 del 2000. Transcurridos los 10 días hábiles subsiguientes a la firmeza, remitir el fallo adjunto con las constancias de ejecutoria y el cuaderno de las medidas cautelares si las hubiere a la subdirección de jurisdicción coactiva para lo de su cargo.

ART. 5º—Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta providencia, los responsables fiscales, conforme a lo visto, podrán consignar el valor fijado en el artículo primero en la tesorería distrital, debiendo acreditar tal situación ante esta subdirección”.

“Auto por el cual se resuelve un recurso de apelación

Proceso de Responsabilidad Fiscal 36100 —30 de noviembre 2005—.

RESUELVE:

ART. 1º—Confirmar en todas y cada una de sus partes el Auto del 11 de agosto de 2005, por medio del cual se corrigió el fallo con Responsabilidad Fiscal 36 del 26 de abril de 2005, en contra de la compañía de seguros Cóndor S.A., identificada con el NIT 890.300.465-8, conforme a la suscripción de la póliza 2251489 y a lo expuesto en la parte motiva.

ART. 2º—Notificar el contenido del presente auto al señor Germán Ricardo Galeano Sotomayor (…), actuando como apoderado de la compañía de seguros Cóndor S.A. (…) conforme al artículo 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo.

ART. 3º—Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso en vía gubernativa.

ART. 4º—Remitir las presentes diligencias a la subdirección de jurisdicción coactiva de esta contraloría para lo de su competencia”.

3. Aun cuando el escrito de apelación se aprecia considerablemente extenso y disperso en la exposición de sus planteamientos contra la sentencia de primera instancia, es posible establecer que el razonamiento esencial contra aquella, estriba en que el tribunal se equivocó al admitir la ocurrencia de la prescripción del contrato de seguro prevista en el artículo 1081 del Código de Comercio, toda vez que, en su entender, esta norma no resulta aplicable en el proceso de responsabilidad fiscal cuando se vincula al garante como tercero civilmente responsable, en los términos permitidos por el artículo 44 de la Ley 610 del 2000. Al respecto, plantea que los plazos de caducidad y prescripción concernientes al caso obedecen fundamentalmente a lo previsto en el artículo 9º ibídem(5), por lo que esta última figura procesal se contabiliza, por un lado, a partir del auto de apertura de investigación hasta la decisión de fondo; y, por el otro, desde el fallo de responsabilidad fiscal hasta el cobro ejecutivo de la póliza, sugiriendo, en este último evento, el término estipulado en el artículo 2536 del Código Civil, en ausencia de norma expresa que regule la prescripción del cobro de la póliza en los procesos de responsabilidad fiscal. En este punto, agrega, no obstante, que la actuación de la Contraloría frente a la aseguradora versa sobre el cobro ejecutivo de la póliza, pues en relación con el garante no existe responsabilidad fiscal alguna, sino civil para efectos de la ejecución del seguro.

Alega que estos términos no se han de calcular desde la declaración del siniestro por parte de la entidad asegurada, como erróneamente estimó el a quo, y hace énfasis en el carácter autónomo de la responsabilidad fiscal para defender su tesis.

De otra parte, el recurrente formula otros argumentos en la alzada dirigidos a responder los cargos propuestos contra los actos acusados en la demanda, pero que no fueron evaluados por el a quo en razón de que este declaró su nulidad con fundamento en la prescripción de la póliza de seguro.

Así las cosas, la Sala ha de abordar los reparos expuestos en la alzada comenzando por el asunto referente a la prescripción de la póliza reconocida por el tribunal, dado que fue dicha temática la que sustentó su decisión de anular los actos acusados; para luego, y en caso tal que aquella no prospere, emitir un pronunciamiento en relación con los demás razonamientos formulados en el recurso.

4. Pues bien, en lo que respecta a la aplicación del artículo 1081 del Código de Comercio, para efectos de calcular el término de prescripción atinente a la responsabilidad civil de la compañía de seguros, en los términos del artículo 44 de la Ley 610 del 2000, la Sala reitera que dicha norma sí es pertinente al tema, acudiendo a lo señalado por la jurisprudencia de esta sección en Sentencia de 18 de marzo de 2010, expediente 2004-00529-01, M.P. Dr. Rafael Ostau de Lafont Pianeta, cuyos razonamientos se prohíjan en esta oportunidad así:

Aplicabilidad del artículo 1081 del Código de Comercio al sub lite. Despachar esta imputación implica precisar si esa norma es aplicable o no en caso de vinculación del garante como civilmente responsable en un proceso de responsabilidad fiscal, según el artículo 44 de la Ley 610 de 2000, debiéndose responder que sí, puesto que tal vinculación no es a título de acción por responsabilidad fiscal, sino por responsabilidad civil, esto es, por razones inherentes al objeto del contrato de seguros, esto es, derivada únicamente del contrato que se ha celebrado, que por lo demás es de derecho comercial, y no de gestión fiscal alguna o conducta lesiva del erario por parte del garante, de allí que la responsabilidad que se llegue a declarar es igualmente civil o contractual, y nunca fiscal. La misma entidad apelante así lo reconoce al manifestar en la sustentación del recurso, que se debe aclarar que la vinculación no se hace mediante acción fiscal, sino como tercero civilmente responsable. Téngase en cuenta que según el artículo 1º de la citada ley, “El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado.” (Subrayado y negrilla fuera de texto).

De lo expuesto en la sentencia en cita es claro, entonces, que es el artículo 1081 del Código de Comercio el que ha de servir de parámetro jurídico a fin de determinar si el ente de control fiscal ejerció en oportunidad el derecho previsto en el artículo 44 de la Ley 610 del 2000, consistente en comprometer a la compañía aseguradora como tercero civilmente responsable en el proceso de responsabilidad fiscal. El mencionado artículo 1081 establece:

“La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.

La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.

La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho”.

Estos términos no pueden ser modificados por las partes”.

Lo anotado, a su turno, evidencia que no es procedente acudir al artículo 9º ibídem para contabilizar términos de prescripción a favor del garante, dado que su participación en el mismo es de naturaleza civil, y por ende, la normativa que le resulta aplicable corresponde a las normas de derecho comercial que rigen el respectivo contrato de seguro, y no las de responsabilidad fiscal, en razón, se reitera, a que no es esta última la calidad en virtud de la cual aquel es llamado al proceso. Vale la pena transcribir lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley 610 del 2000 a fin de clarificar la condición en que la compañía aseguradora es vinculada por el ente de control fiscal:

“Vinculación del garante. Cuando el presunto responsable, o el bien o contrato sobre el cual recaiga el objeto del proceso, se encuentren amparados por una póliza, se vinculará al proceso a la compañía de seguros, en calidad de tercero civilmente responsable, en cuya virtud tendrá los mismos derechos y facultades del principal implicado.

La vinculación se surtirá mediante la comunicación del auto de apertura del proceso al representante legal o al apoderado designado por éste, con la indicación del motivo de procedencia de aquella”. (Subrayado fuera de texto).

De otro lado, el argumento del apelante referente a que la actuación de la Contraloría frente a la compañía de seguros es meramente de cobro ejecutivo a partir del fallo de responsabilidad fiscal que integra la póliza(6), tampoco es de recibo, según se explica con suficiencia en el pronunciamiento antes referenciado así:

Como quiera que el legislador ha derivado del contrato de seguro y solo de él la vinculación del garante como tercero civilmente responsable, es claro que tal vinculación es una forma de acción especial para hacer efectivo el amparo contratado, que bien puede considerarse como acción paralela a la de responsabilidad fiscal, aunque se surta en el mismo proceso, pues tiene supuestos, motivos y objetos específicos. Cabe decir que el titular primigenio de esa acción es la entidad contratante, quien tiene en principio la facultad e incluso el deber de declarar la ocurrencia del siniestro como resultas de esa acción, cuando éste tiene lugar y, en consecuencia ordenar hacer efectiva la póliza de seguro respectiva, por el monto que corresponda (…).

(…) Al respecto, se ha de advertir que la acción tendiente a declarar la ocurrencia del siniestro y hacer efectiva la póliza, en la que se encuadra la vinculación del garante autorizada en el artículo 44 de la Ley 610 de 2000, no es una acción ejecutiva o de cobro coactivo, pues antes de que ella culmine no hay título que ejecutar; sino declarativa y constitutiva, toda vez que ella se ha surtir justamente para constituir el título ejecutivo, que lo conformará la póliza y el acto administrativo en firme (…) Solamente después de constituido así dicho título es que se abre la posibilidad y empieza a correr el término señalado en el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo, para adelantar la acción de cobro coactivo del mismo. De suerte que la entidad de control tiene una craza confusión sobre esas dos acciones, y sirva la oportunidad para dejar en claro que si bien están entrelazadas, son totalmente diferentes, de las cuales una debe surtirse primero para que sea posible la otra, incluso con sujeción a regulaciones procesales distintas. Por no tratarse, entonces, de una vinculación por responsabilidad fiscal ni de una acción de cobro coactivo, sino una acción derivada del contrato de seguros, es aplicable la prescripción del artículo 1081 del Código de Comercio y no el término de caducidad previsto en el artículo 9º de la Ley 610 de 2000, como tampoco el señalado en el artículo 66, numeral 3º, del Código Contencioso Administrativo, para vincular al garante como civilmente responsable”. (Subrayado fuera de texto).

La anterior precisión es necesaria toda vez que el recurrente, en su esfuerzo por descartar la ocurrencia de que aun cuando no es de aplicación el artículo 1081 a los procesos de responsabilidad fiscal, en el presente caso, acepta que habría una remota posibilidad de admitir el acudir a dicha norma, pero sólo en lo que respecta a la prescripción extraordinaria de 5 años para incoar el cobro ejecutivo a partir del fallo de responsabilidad fiscal, la cual, incluso, advierte, debe obedecer al artículo 2536 del Código Civil a falta de norma especial que la regule.

Nótese, entonces, que tal planteamiento no es pertinente al objeto de la presente Litis, toda vez que los actos acusados no versan sobre el proceso de cobro coactivo de la póliza, sino que conciernen a la vinculación que de la Compañía Aseguradora efectúa la Contraloría de Bogotá en el fallo de responsabilidad fiscal para integrar el título ejecutivo, que a su turno, habría de resultar ejecutado con posterioridad. Ello, desde luego, supone que la intervención de la Compañía de Seguros en los procesos en comento, implica dos actuaciones diversas para la Contraloría cuales son, por un lado, la que corresponde a la vinculatoriedad y declaratoria de responsabilidad civil de la aseguradora derivada del artículo 44 de la Ley 610 del 2000, pero aplicando a esta las normas pertinentes del contrato de seguro; y otra, referente al proceso de jurisdicción coactiva de la póliza, lo cual, se recalca, no hace parte del presente asunto.

Así las cosas, es respecto de la declaratoria de responsabilidad civil de la aseguradora emanada del artículo 44 de la Ley 610 del 2000 que se habrá de establecer la ocurrencia de la prescripción del seguro(7), acudiendo para el efecto a lo dispuesto en el artículo 1081 del Código de Comercio.

Pues bien, en este punto, sostiene el recurrente que no hay lugar a prescripción alguna; primero, porque los términos que aluden a la declaración del siniestro por parte de la entidad contratante, o asegurada, no son procedentes en virtud de la autonomía que se predica del proceso de responsabilidad fiscal; y además, en razón de que a partir de la apertura del proceso hasta la decisión de fondo transcurrió un término inferior a los 5 años previstos en el artículo 9º de la Ley 610 del 2000.

Para la Sala, ninguna de las argumentaciones así formuladas por el apelante cuenta con opción de prosperar, pues en lo que hace a la aplicación del artículo 9º mencionado se reitera lo explicado anteriormente, en el sentido que como el llamamiento de la aseguradora se efectúa a título civil y con sujeción al contrato de seguro, la normativa referente a la responsabilidad fiscal no le resulta aplicable.

Por su parte, la consideración atinente a la ocurrencia del siniestro en los términos del artículo 1072 del Código de Comercio(8), resulta de vital importancia, pues al contrario de lo sugerido por el recurrente, aquella constituye el punto de partida jurídico para ejercer cualquier derecho derivado de la póliza de seguro.

Así, en el presente caso, es claro que el siniestro fue reconocido formalmente por la entidad contratante, Secretaría de Educación Distrital, como le correspondía hacerlo según se indicó en la jurisprudencia en cita, y por disponer el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 que aquel consiste en la declaratoria de la caducidad, tal como sucedió en el sub lite. Ahora, esta norma es de innegable aplicación por haberse generado el perjuicio patrimonial en el marco de un contrato estatal incumplido y garantizado por la parte demandante. La disposición legal, que dicho sea de paso, reviste la calidad de especial frente a la configuración del siniestro en cuestión, establece, en lo pertinente, lo siguiente:

“ART. 18.—De la caducidad y sus efectos. La caducidad es la estipulación en virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre.

Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley.

(…).

La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento”. (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Ahora bien, obra en el expediente que la caducidad del contrato se declaró mediante la Resolución 790 de 1º de marzo de 1999(9), confirmada por la Resolución 1730 de 4 de junio de 1999(10), y ejecutoriada el 30 de junio de 1999, según certificación emitida por la Secretaría de Educación Distrital(11). Por su parte, al expedirse el fallo de responsabilidad fiscal que declaró a la Aseguradora como civilmente responsable y que configura el título ejecutivo para el posterior cobro de la póliza, el 26 de abril de 2005, con notificación del Auto de 30 de junio de 2005, con el que culminó la vía gubernativa, el 12 de diciembre de 2005(12); no cabe duda de que aquella prescribió pues había transcurrido un término incluso mayor al de los 5 años que prevé el artículo 1081 del Código de Comercio, desde la ocurrencia del siniestro, como acertadamente concluyó el a quo.

No sobra anotar que en similar sentido se decidió el asunto objeto de la sentencia de esta sección, antes citada, al pronunciarse sobre la prescripción de la póliza bajo el siguiente razonamiento(13):

“En ese orden, se observa que el acto administrativo objeto del sub lite tuvo como motivos o causa, hechos y conductas que se dieron de manera reiterada o repetida hasta 2001, pero la póliza tuvo vigencia hasta 1º de mayo de 1998, por lo tanto solo procede considerar los hechos que tuvieron ocurrencia hasta esa fecha (…).

(…) De modo que para contar la prescripción planteada, se ha de empezar a contar el término a partir de esa fecha, asumiendo que en ella ocurrió el último acto o hecho por el cual procedía vincular a la actora al proceso de responsabilidad fiscal bajo estudio y que en esa fecha la entidad apelante debió conocerlo por su carácter de órgano vigilante del manejo de los recursos y bienes del Estado, (…) Para ese fin, se tiene que el acto que declaró civilmente responsable a la actora, fallo de 22 de julio 2003, le fue notificado a ella el 2 de septiembre de 2003, que confrontado con la fecha atrás indicada (1º de mayo de 1998), pone de presente que el término de dos años previsto en el artículo 1081 del Código de Comercio se había vencido con creces, como quiera que habían transcurrido más de cinco (5) años cuando se produjo dicha notificación”. (Subrayado fuera de texto).

Lo señalado otorga razones más que suficientes para concluir que el recurrente no logró desvirtuar los planteamientos del a quo para declarar la nulidad de los actos acusados en lo que respecta a Cóndor S.A., Compañía de Seguros, por lo que no resulta necesario el adentrarse en otros cuestionamientos de la alzada que ni siquiera constituyeron el fundamento de la decisión de la primera instancia(14).

Así las cosas, la Sala habrá de confirmar la sentencia recurrida en apelación, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMESE la sentencia recurrida en apelación.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Equivalente al artículo 357 del anterior Código de Procedimiento Civil.

(3) Folios 104 a 109 del cuaderno principal del expediente.

(4) Léanse las sentencias de 29 de agosto de 2013, expediente 2003- 00458, M.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala; 4 de abril de 2013, expediente 2007-00179, M.P. Dra. María Elizabeth García; 9 de agosto de 2012, expediente 2003-00237, M.P. Dr. Marco Antonio Velilla, entre otras.

(5) Esta norma dispone en lo pertinente:

“Caducidad y prescripción. La acción fiscal caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio público, no se ha proferido auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Este término empezará a contarse para los hechos o actos instantáneos desde el día de su realización, y para los complejos, de tracto sucesivo, de carácter permanente o continuado desde la del último hecho o acto.

La responsabilidad fiscal prescribirá en cinco (5) años, contados a partir del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, si dentro de dicho término no se ha dictado providencia en firme que la declare (…)”.

(6) El artículo 92 de la Ley 42 de 1993, señala dentro de los títulos que prestan mérito ejecutivo, en su numeral 3º, “Las pólizas de seguros y demás garantías a favor de las entidades públicas que se integren a fallos con responsabilidad fiscal”.

(7) En el presente caso, obra a folio 74 del cuaderno de anexos de la demanda la póliza 2251489 emitida por Cóndor S.A., cuyo asegurado es el Distrito Capital Secretaría de Educación. Sus amparos son: buen manejo/correcta inversión el anticipo, cumplimiento y prestaciones sociales, con vigencias desde el 12/09/1997 hasta el 12/01/1999.

(8) “Se denomina siniestro la realización del riesgo asegurado”.

(9) Folios 75 a 77 del cuaderno de anexos de la demanda del expediente.

(10) Folios 84 a 90 ibídem.

(11) Folio 81 ibídem.

(12) Folio 41 ibídem.

(13) Se debe tener en cuenta, no obstante, que en dicho proceso la entidad contratante no declaró la caducidad y de ahí que se tuviere en cuenta la fecha de vigencia de la póliza para contabilizar la prescripción.

(14) Al respecto, vale la pena citar la Sentencia de 30 de mayo de 2013, expediente 2004-00928-01, M.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala, en la que se indicó:

“La Sala confirmará la sentencia recurrida en atención a que los cargos propuestos en el recurso no conducen a la revocatoria de la decisión de primera instancia. En ese sentido, adviértase que luego de estudiar los fundamentos del fallo dictado por el Tribunal Administrativo de Bolívar así como los fundamentos de la alzada, se advierte que estos últimos en nada contradicen la decisión objeto del recurso de apelación. (…) de manera que los argumentos del recurso devienen impertinentes e inconducentes, razón por la cual la Sala se ve llamada indefectiblemente a confirmar la sentencia apelada”.