Sentencia 2006-000453 de febrero 4 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 11001-3103-042-2006-00453-01

Magistrado Ponente:

Dr. Jesús Vall de Rutén Ruiz

Discutido y aprobado en Sala de catorce de noviembre de dos mil doce

Bogotá, D.C., cuatro de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Al rompe, advierte la Sala la improcedencia del cargo en estudio, en la medida en que el yerro que se le atribuye al tribunal es inexistente.

En efecto, el ad quem desechó las pretensiones de la actora habida cuenta de no encontrar acreditado el concierto simulatorio, o en palabras de dicha colegiatura, la “demostración de que, efectivamente, los contratantes articularon sus voluntades para ocultar un negocio concreto en la apariencia de otro, al que realmente nunca ajustaron su querer” (fl. 29, cdno. 2 inst.); mientras que el casacionista, le endilga la comisión de un desatino consistente en condicionar la declaratoria de la simulación a “una formalidad que en ningún caso puede imponerse”, el “consenso expreso entre las partes” que a todas luces puede ser tácito (fls. 28, 29 y 30, cdno. de la Corte).

Sobre el particular, una vez realizado el estudio de la providencia de segunda instancia en contraste con las censuras planteadas en esta sede, se impone concluir, como se anticipó, que el desacierto aludido no existe, toda vez que en ninguno de los pasajes de la sentencia atacada se exige el “consenso expreso entre las partes”.

Ciertamente el tribunal, para arribar a la citada conclusión, partió de describir el fenómeno de la simulación; con apoyo jurisprudencial, expuso que uno de los elementos de la figura es el concierto simulatorio, y que este debe acreditarse, por cuanto la prosperidad de las pretensiones depende de “que ambas partes intervinientes muestren su apego consciente a dicha apariencia, y que, obviamente, exista prueba de tal concierto volitivo (...)”; pasó a analizar el material probatorio sin encontrar que al margen de “los contratos de suministro para distribución (...) exista algún otro elemento indicativo de que la verdadera intención de los contratantes fue someter sus negociaciones a los efectos de la agencia comercial”, o lo que es igual, halló huérfano de probanza el pacto privado; prosiguió indicando que las evidencias no dan cuenta de la simulación deprecada, por el contrario, llevan al convencimiento de que “entre las partes no hubo acuerdo alguno en el sentido que ahora se invoca; es decir, que sus voluntades no estaban realmente unidas en torno a un mismo fin: el de ocultar un contrato de agencia comercial bajo el ropaje de uno de distribución o suministro”, y finalizó señalando que con independencia de la improsperidad de la pretensión de simulación, de los medios de convicción tampoco se podía extraer la existencia de la agencia (fls. 29, 30 y 32, cdno. 2 inst.).

Así las cosas, como quiera que el juzgador no calificó la forma en que ha de celebrarse —expresa o tácitamente— el acuerdo simulatorio, la impugnación cae en el vacío, pues se hizo girar en torno a esa supuesta exigencia, sin que, se reitera, la providencia debatida haya sugerido siquiera que el concierto simulatorio ha de ser expreso.

2. Por otra parte y haciendo abstracción de lo hasta aquí expuesto, ningún desatino reviste exigir la prueba del convenio para disimular o distraer la verdadera intención de los negociantes, pues no cabe duda que es uno de los elementos integradores de la simulación.

Precisamente, la Corte “con acierto precisó (...) que en ‘la simulación, las partes contratantes, o quien emite una declaración y aquel que la recibe, imbuidas en un mismo propósito, acuden a un procedimiento, anómalo pero tolerado por el derecho, mediante el cual su dicho público se enerva con su dicho privado, creándose así un contraste evidente, no entre dos negocios diversos, pero conexos, sino entre dos aspectos de una misma conducta, constitutivos de un solo compuesto negocial, pasos integrantes necesarios de un iter dispositivo único aunque complejo. Esto es que las partes desean crear una situación exterior, que solamente se explica en razón de otra oculta, única valedera para entre ellas; fases que no pueden ser entendidas sino en su interrelación, funcionalmente como hitos de un mismo designio. En fin, lejos de haber una dualidad contractual, lo cierto es que se trata de una entidad negocial única, de doble manifestación: la pública y la reservada, igualmente queridas y ciertas, cuyas consecuencias discrepan, según los intereses y las disposiciones en juego, con arreglo a los principios generales del derecho; o sea un antagonismo, no entre dos negocios, sino entre dos expresiones de uno solo, que se conjugan y complementan, que es en lo que radica la mencionada anomalía’ (Cas. mayo 16/68, Acta 17, mayo 14/68).

(...).

Por consiguiente, la simulación constituye un negocio jurídico, cuya estructura genética se conforma por un designio común, convergente y unitario proyectado en dos aspectos de una misma conducta compleja e integrada por la realidad y la apariencia de realidad, esto es, la creación de una situación exterior aparente explicada por la realidad reservada, única prevalente y cierta para las partes.

En consecuencia, si de simulación absoluta se trata, inter partes, la realidad impone la ausencia del acto dispositivo exterior inherente a la situación contractual aparente y la permanencia de la única situación jurídica al tenor de lo acordado, y, en caso de la simulación relativa, esa misma realidad precisa, entre las partes, la prevalencia del tipo negocial celebrado, el contenido acordado, la función autónoma que le es inherente, ora los sujetos; a este respecto, lo aparente no está llamado a generar efecto alguno entre las partes y, frente a terceros, in casu, dentro del marco de circunstancias concretas se definirán las diferentes hipótesis que pueden suscitarse entre estos conforme deriven derechos del titular real o del titular aparente en la cual, por principio se privilegia el interés de quien actuó de buena fe con base en la apariencia en preservación de esta, la regularidad y certidumbre del tráfico jurídico y de las relaciones jurídicas negociales.

En punto de la prueba de la simulación es menester su demostración con medios probatorios idóneos, pues, todo negocio jurídico al obedecer a una función práctica o económica social reconocida por el legislador, se presume celebrado en atención a intereses serios, dignos de tutela y de reconocimiento legal” (Sent. Cas. Civ. jul. 30/2008, Exp. 00363-01).

3. Adicionalmente, existen otros motivos para descartar la prosperidad del cargo, por la forma en que se estructuró:

El primero de ellos, radica en que a pesar de denunciar la vulneración directa de la ley sustancial, la impugnación incurre en ataques y argumentaciones propias de la vía indirecta, al dedicar buena parte de la argumentación en que se funda, a plantear un entorno fáctico por completo divergente del acogido por el tribunal (fl. 31, cdno. Corte) para concluir que: “la vulneración fue fehaciente, en la medida en que el ad quem no dio por demostrada la simulación, estándola debidamente acreditada” (fl. 31, cdno. de casación); el segundo, referente a que la censura no combate todos y cada uno de los pilares fundamentales de la decisión de segunda instancia, habida cuenta de que se enfoca única y exclusivamente en lo manifestado por el tribunal en torno a la inexistencia de la simulación, dejando de lado que, haciendo abstracción de tal figura consideró también carentes de prueba algunos elementos esenciales del contrato de agencia comercial, y en particular, el encargo de promoción y la actuación por cuenta (fl. 35, cdno. Corte).

En ese contexto, los defectos resaltados riñen abiertamente con los postulados legales y jurisprudenciales del recurso extraordinario de casación, pues no solo desatienden la precisión exigida a los cargos efectuados en esta sede, sino que también omiten atacar a plenitud las bases relevantes de la providencia opugnada.

Al punto, recuérdese que la precisión comporta la indicación de “la vía y la clase de yerro que se atribuye al ad quem y no abandonar en su desarrollo el camino escogido” (Auto feb. 19/2010, reiterado en providencia de jul. 8 del mismo año, Exp. 03455), teniendo en cuenta que “los ataques por vía directa constituyen exclusivamente una disputa entre la interpretación, aplicación o ausencia de ella, que de una norma jurídica haga el ad quem, sin debatir las apreciaciones que de los elementos probatorios elabore o las conclusiones fácticas a las que arribe; mientras que la vía indirecta, comprensiva del error de hecho (sobre las probanzas la demanda y su contestación) y de ‘derecho por violación de una norma probatoria’ (CPC, art. 368, num. 1º, inc. 2º), se erige sobre la alteración de la litis en términos probatorios. En síntesis, la vía directa se soporta en la censura por deficitario al criterio y entendimiento jurídico del juzgador, en tanto en cuanto en la indirecta se le reprocha es el carecer de capacidad observadora del expediente en cuanto a las pruebas (Sent. Cas. Civ. 169, sep. 20/2000), sin que sea posible en un solo cargo hacer una imprecisa conjunción de ellos; esto es, cuando el cargo comporta un ataque por la vía directa, se presupone la imposibilidad para el recurrente de apartarse de las conclusiones fácticas del juzgador, centrando el debate en la correcta o incorrecta aplicación o inaplicación de la norma jurídica que se hizo operar en el asunto que se desata, pues ‘(...) la actividad dialéctica del impugnador tiene que realizarse necesaria y exclusivamente en torno a los textos legales sustanciales que considere no aplicados, o aplicados indebidamente, o erróneamente interpretados; pero en todo caso con absoluta prescindencia de cualquier consideración que implique discrepancia con el juicio que el sentenciador haya hecho en relación con las pruebas’ (Sent. mar. 20/73, G.J. CXLVI)” (Sent. Cas. Civ. jun. 18/2009, Exp. 00341).

De igual manera, “por vía de la causal primera de casación no cualquier cargo puede recibirse, ni puede tener eficacia legal, sino tan solo aquellos que impugnan directa y completamente los fundamentos de la sentencia o las resoluciones adoptadas en esta; de allí que haya predicado repetidamente que los cargos operantes en un recurso de casación únicamente son aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, con el objeto de desvirtuarlas o quebrarlas, puesto que si alguna de ellas no es atacada y por sí misma le presta apoyo suficiente al fallo impugnado este debe quedar en pie, haciéndose de paso inocuo el examen de aquellos otros desaciertos cuyo reconocimiento reclama la censura” (Sent. Cas. Civ. 27, jul. 27/99; resaltado fuera de texto), por lo que la prosperidad de la censura dependerá de “que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcción jurídica sobre la cual se asienta la sentencia” (Sent. Cas. Civ. 2, ene. 25/2008) y “exista completa ‘armonía de la demanda de casación con la sentencia en cuanto a la plenitud del ataque, es decir, porque aquella combate todas y cada una de las apreciaciones jurídicas y probatorias que fundamentan la resolución’ (Auto 34, mar. 12/2008, Exp. 00271)” (Autos ene. 15 y jul. 29/2010 y mayo 9/2011).

4. Por lo expuesto, el cargo no prospera.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 18 de marzo de 2011, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario promovido por Hincapié y Compañía Ltda., contra la Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A.

Costas de casación a cargo del recurrente. En su liquidación inclúyase la cantidad de seis millones de pesos ($6.000.000) por concepto de agencias en derecho.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo pertinente».