Sentencia 2006-00481 de noviembre 20 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente:

Jaime Enrique Rodríguez Navas

Bogotá, D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).

Rad.: 25000-23-26-000-2006-00481-01(36744)

Actor: Omar Hernando Ortega Rojas

Demandado: Nación – Rama Judicial – Fiscalía General

Ref.: Acción de reparación directa

Medio de control de reparación directa (D. 01/84)

Tema: Error judicial

Subtema 1. Cancelación de registro de matrícula inmobiliaria por falsedad.

Subtema 2. Facultad del funcionario de la jurisdicción penal para ordenar la cancelación. Tercero afectado.

Sentencia: Niega pretensiones. Confirma.

EXTRACTOS: «III. CONSIDERACIONES

3.1. Presupuestos materiales de la sentencia de mérito.

3.1.1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación en virtud del artículo 73 de la Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta corporación el nueve (9) de septiembre de dos mil ocho (2008), de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado(15).

El demandante pretende la reparación del daño causado en ejercicio de la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, según el cual, “La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa”.

3.1.2. Legitimación en la causa.

El señor Omar Hernando Ortega Rojas está legitimado en la causa por activa, por ser la persona presuntamente afectada con las decisiones judiciales al ordenarse la cancelación de la inscripción del registro inmobiliario del bien que adquirió de buena fe.

La Nación, Fiscalía General de la Nación y la dirección ejecutiva de dirección judicial, está legitimada en la causa por pasiva, porque ellas adoptaron las decisiones respecto de las cuales se predica la existencia de un error judicial.

3.2 Vigencia de la acción.

El numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo estableció que la acción de reparación directa debe intentarse dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia del hecho, la omisión o la operación administrativa que de origen al perjuicio, pero la jurisprudencia ha considerado que, en algunas ocasiones, cuando el hecho no se hizo visible, el término se cuenta a partir del conocimiento del hecho dañino y no a partir de su ocurrencia(16).

En el presente caso, las pretensiones de la demanda están orientadas al reconocimiento del daño causado al demandante al ordenar las autoridades judiciales la cancelación del folio de matrícula de un inmueble de su propiedad, obtenido lícitamente, dentro del proceso penal adelantado contra José Gabriel Quecán y otro, por los delitos de falsedad en documento público, estafa y otros, en el cual no tuvo oportunidad de intervenir.

La Sala debe señalar que no hay constancia del momento en que el actor tuvo conocimiento de la nulidad del folio de matrícula 50C-1358234 y sus derivados, dentro del cual estaba la matrícula inmobiliaria 50C-1385752 que registró la compra del inmueble a nombre del señor Omar Hernando Ortega, sin embargo, en el poder conferido a su apoderado, el actor indica que los hechos que constituyen falla en el servicio de la administración de justicia quedaron concretados en la sentencia judicial que quedó ejecutoriada el treinta y uno (31) de octubre de dos mil tres (2003)(17).

Es a partir de tal fecha que la Sala revisará la vigencia de la acción, pues el Tribunal Superior de Bogotá resolvió el recurso de apelación el veintitrés (23) de septiembre de dos mil tres (2003), interpuesto contra la decisión del Juez 51 Penal del Circuito de Bogotá, cuya ejecutoria se surtió el treinta y uno (31) de octubre de dos mil tres (2003), según constancia obrante en el proceso(18).

Para la contabilización de los términos debe tenerse en cuenta que el actor presentó solicitud de conciliación prejudicial, el treinta y uno (31) de octubre de dos mil cinco (2005) y la audiencia de conciliación fue celebrada el treinta (30) de enero de dos mil seis (2006), según consta en el acta arrimada al plenario(19), de manera que durante ese tiempo se suspendió el término de caducidad, por lo que la acción hubiera caducado el primero (1) de febrero de dos mil seis (2006). Como la demanda fue presentada el treinta (30) de enero de dos mil seis (2006), se interpuso en tiempo(20).

3.3. Sobre la prueba de los hechos.

Para que se configure la responsabilidad de la administración, de acuerdo con el artículo 90 de la Carta Política, es necesario, primero, que se presente un daño antijurídico y, segundo, que tenga como causa la acción u omisión de la autoridad pública.

En ese orden de ideas, el estudio de los hechos probados se hará en dos grandes apartes, a saber: (i) los hechos relativos al daño y (ii) los hechos relativos a la imputación. Lo anterior, al tenerse en cuenta que en la demanda se hizo relación a los anteriores elementos.

3.3.1. Sobre la prueba de los hechos relativos al daño.

La parte actora pretendió acreditar los hechos en los que fundamentó este daño de la siguiente manera:

• Copia autenticada dela providencia del dos (2) de agosto de mil novecientos noventa y seis (1996), mediante la cual la Fiscalía 82 Seccional de la Unidad de Delitos Contra la Fe Pública y el Patrimonio Económico ordenó la cancelación del folio de matrícula inmobiliaria Nº 50C 1358234 y todos los derivados de éste(21). Oficio 385 del seis (6) de agosto de mil novecientos noventa y seis (1996), en que la Fiscalía comunicó la decisión al Registrador Público y copia de la anotación efectuada en el registro.

• Copia autenticada de la escritura pública 1083, suscrita el treinta (30) de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994) en la Notaría 52 del Circuito de Bogotá, mediante la cual el señor José Gabriel Quecán García vendió un lote de terreno ubicado en la calle 18 Nº 70-06 de Bogotá al señor Omar Hernando Ortega Rojas por valor de $ 100.000.000(22).

• Copia autenticada de la escritura pública 01496 del siete (7) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994) de la Notaría 52 del Circuito de Bogotá, aclaratoria de la escritura pública Nº 1083(23).

• Copia autenticada del folio de matrícula inmobiliaria 1377842, correspondiente al inmueble arriba relacionado, donde consta que de ese registro se abrieron otros registros, entre esos el 1385752(24).

• Copia autenticada de la providencia proferida por el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, el tres (3) de septiembre de dos mil dos (2002), en la que se condenó al señor José Gabriel Quecán García y otros por los delitos de falsedad en documento público, estafa y otros(25), decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, el veintitrés (23) de septiembre de dos mil tres (2003)(26).

• Solicitud de conciliación prejudicial presentada el treinta y uno (31) de octubre de dos mil cinco (2005) ante la Procuraduría General de la Nación(27) y acta 18 del treinta (30) de enero de dos mil seis (2006), donde consta que no se logró acuerdo entre las partes por falta de ánimo conciliatorio(28).

• Certificación emitida por el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, en la que consta que en el proceso penal adelantando contra José Gabriel Quecán García y otros, el señor Omar Hernando Ortega Rojas no fue citado ni escuchado en declaración(29).

• Copias autenticadas de las escrituras públicas 0988 del catorce (14) de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994) y 0989 de la misma fecha, mediante las cuales el señor Quecán García adquirió el inmueble ubicado en la calle 18 Nº 70-06 de la ciudad de Bogotá(30).

• Oficio DR-183 del treinta y uno (31) de octubre de dos mil siete (2007), suscrito por la registradora principal de la Oficina de Registros Públicos de Bogotá, a través del cual informó que dicha oficina no está facultada para anular los folios de matrícula inmobiliaria, porque no ejerce funciones de carácter jurisdiccional sino que se limita a cumplir las órdenes judiciales o a adelantar diligencias preliminares respecto de los folios que presentan inconsistencias en su tradición, con el fin de establecer si hay mérito para dar inicio a la actuación administrativa correspondiente(31).

• De igual modo reseñó el trámite seguido con el registro del folio de matrícula inmobiliario perteneciente al inmueble objeto del proceso, que finalizó con la orden de anulación proferida por la Fiscalía 82 de Bogotá. Se anexaron copias auténticas de cada uno de los documentos que sirvieron de soporte para anular los folios de matrícula y de las anulaciones efectuadas(32).

Valorados los anteriores medios probatorios, la Sala estima que se encuentra demostrado el daño padecido por la parte demandante; esto es, el consistente en la cancelación de la matrícula inmobiliaria del inmueble adquirido por compra a José Gabriel Quecán García y, por otra parte, que no fue citado al proceso penal que se siguió en contra de aquel.

3.3.1.1. Prueba relacionada con los perjuicios materiales.

• Dictamen pericial aportado por el demandante, que estableció que los perjuicios materiales por daño emergente y lucro cesante actualizados ascienden a $ 363.090.307 y $ 400.773.506, respectivamente, por la pérdida del bien inmueble del demandante, para un total de $ 763.863.812. Se adjuntan los soportes del mismo(33).

• Concepto del tres (3) de octubre de dos mil cinco (2005), emitido por el señor Juan Carlos Vargas, sobre la cuantía del daño emergente y lucro cesante por la pérdida del inmueble(34).

La Sala advierte que los medios de prueba relacionados con anterioridad fueron solicitados con la demanda, decretados en el auto de pruebas de primera instancia y allegados al proceso dentro de periodo probatorio. Es decir, de manera oportuna y regular, por ende, conforme al precedente de esta Subsección, serán valorados teniendo en cuenta los principios que conforman la sana crítica.

3.4. Asuntos a resolver por la Sala.

La Sala deberá establecer si la decisión de la Fiscalía General de la Nación y la del juez 51 Penal del Circuito de Bogotá, confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá, de anular la matrícula inmobiliaria de un bien de propiedad del actor sin que se le hubiera convocado al proceso penal constituye un error judicial.

3.5. Análisis de la Sala.

3.5.1 El error jurisdiccional y la responsabilidad del Estado.

La administración de justicia puede ser responsable bajo tres supuestos o escenarios de responsabilidad, todos consagrados en la Ley 270 de 1996: i) el error jurisdiccional, ii) la privación injusta de la libertad y iii) el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

El error jurisdiccional está previsto en el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 que lo define como aquel “cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley”.

La Sala ha establecido que el error jurisdiccional, como título de imputación, se presenta siempre que “una providencia judicial en firme, y con independencia de si fue proferida con culpa o sin ella, pero que es equivocada porque no se ajusta a la realidad procesal o a la ley, se causa un daño antijurídico que debe ser reparado”(35).

Se tiene entonces, que el error judicial debe ser cometido por una autoridad jurisdiccional en ejercicio de sus funciones, dentro de un proceso judicial, que se materialice en una providencia judicial contraria a la ley, que sea determinante y que la víctima no esté en el deber de soportar.

El artículo 67 de la ley estatutaria indica que para que proceda la responsabilidad patrimonial por el error jurisdiccional es necesario que concurran los siguientes requisitos(36): (i) que el afectado interponga los recursos de ley, y (ii) que la providencia contentiva del error se encuentre en firme(37).

De acuerdo con estos presupuestos y al recurso propuesto, se revisará el caso concreto.

3.5.2 Sobre el daño y su antijuridicidad.

Para los fines que interesan al Derecho, el daño puede ser entendido como la aminoración o alteración negativa de un interés humano objeto de tutela jurídica, en razón del cual, el derecho facilita la reacción de quien lo padece en orden a la reparación o compensación de su sacrificio(38).

Como puede advertirse, el daño incorpora dos elementos: uno, físico, material, y otro jurídico, formal.

El elemento físico o material, consiste en la destrucción o el deterioro que las fuerzas de la naturaleza, actuadas por el hombre, provocan en un objeto apto para satisfacer una necesidad, tal y como ocurre cuando se lesiona, por ejemplo, la relación del hombre con objetos físicos aptos para satisfacer sus necesidades, cuando se lesionan relaciones que el hombre ha trabado con otros hombres y que le son aptas para satisfacer sus necesidades, cuando se lesiona la propia corporeidad o la existencia misma del hombre, útiles como le resultan para satisfacer necesidades propias. En todos, y en cualquiera de estos casos, se habrá causado un daño en el plano fáctico, pero insuficiente per se, para la configuración del daño, en sentido jurídico.

El segundo elemento, el elemento formal, se verifica en el plano jurídico, sí y solo sí, se acreditan los siguientes supuestos adicionales al elemento material:

a) Que la lesión, recaiga sobre un interés jurídicamente tutelado;

b) Que la lesión no haya sido causada, ni sea jurídicamente atribuible a la propia víctima(39);

c) Que la lesión tenga consecuencias ciertas, en el patrimonio económico o moral de la víctima

d) Que no exista un título legal conforme al ordenamiento constitucional, que justifique, que legitime la lesión al interés jurídicamente tutelado (en abstracto), esto es, que la víctima no esté jurídicamente obligada, en las condiciones particulares y concretas en que sufrió la lesión, a soportar sus consecuencias.

Así las cosas, en orden a la reparación, no basta con la acreditación de la lesión material de un interés en el plano fáctico. Tampoco basta con la demostración de la lesión de un interés jurídicamente protegido, pues en tal caso, se habrá configurado un mero daño evento. Se hace necesario, que el daño produzca efectos personales y ciertos en los intereses jurídicamente tutelados de la víctima; que tal daño no tenga causa, o autoría en la víctima; y que no existe un título legal que conforme al ordenamiento constitucional, legitime la lesión al interés jurídicamente tutelado, esto es, que la víctima no esté obligada a soportar sus consecuencias.

3.6 Caso concreto.

Los liquidadores de la Sociedad Inversiones San Pablo Ltda., como propietarios del predio denominado “El Porvenir de Franco”, instauraron una denuncia penal contra varias personas que pretendían apoderarse del citado inmueble, con maniobras fraudulentas e invasiones y utilizando una escritura y un folio de matrícula falso vendían lotes a los ciudadanos.

El fallo penal expuso que los sindicados utilizaron una escritura pública otorgada en 1953, que no aparecía en la notaría ni el protocolo reposaba en el archivo general para abrir una matrícula inmobiliaria falsa. Adicionalmente, efectuaron un desenglobe del terreno en dos lotes y procedieron a vender uno de ellos utilizando documentos falsos, inmueble adquirido por el aquí demandante Omar Hernando Ortega Rojas.

La investigación penal fue adelantada por la Fiscalía 82 de la Unidad Primera de Delitos contra la Fe Pública y el Patrimonio Económico de Bogotá, ante la cual el apoderado de la parte civil (Sociedad Inversiones San Pablo Ltda.) solicitó la anulación del folio de matrícula inmobiliaria 50C-1358234 y todas las matrículas que de él se derivaran, así como las escrituras públicas 988 y 989 del 14 de septiembre de 1994, por cuanto estaba probada penalmente la tipicidad de la Falsedad de dicho documento.

La solicitud del apoderado fue acogida por el fiscal a cargo de la investigación, quien ordenó la anulación el dos (2) de agosto de mil novecientos noventa y seis (1996) y fue acatada por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá el veintisiete (27) de agosto de ese mismo año.

Culminada la investigación, la etapa de juzgamiento se surtió ante el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, quien profirió sentencia condenatoria el día tres (3) de septiembre de dos mil dos (2002) y dispuso lo siguiente:

“Pese a que no fueron tasados los perjuicios materiales causados con las infracciones penales por las que se juzga a los aquí procesados, fácil es colegir que la Sociedad Inversiones San Pablo Limitada, propietaria del terreno objeto de investigación, hubo de constituirse en parte civil en esta causa a efectos de devolverle su statu quo frente a los embates de los prenombrados, lo cual le significó erogaciones económicas que necesariamente deben ser resarcidas a través de esta sentencia, y como quiera que no se determinaron pericialmente, la tasará el Juzgado de manera prudencial en el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que los encausados pagarán solidariamente a favor de quien o quienes se consideren con derecho a reclamar dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente decisión.(subraya fuera del texto)

[...] 

Como consecuencia de la presente decisión, se procede a decretar la anulación de la escritura pública número 1746 del 19 de agosto de 153 (sic) de la Notaría 5ª del Círculo de Bogotá, espuria, al igual que el folio de matrícula inmobiliaria número 1358234 del 23 de marzo de 1994, igualmente espurio, y demás escrituras públicas y matrículas inmobiliarias cuyas aperturas tuvieron como base los referidos documentos apócrifos. Ofíciese a las respectivas autoridades para los fines legales consiguientes”.

El señor Ortega Rojas consideró que la anterior decisión fue adoptada sin observancia del derecho fundamental al debido proceso y defensa, porque nunca fue citado al proceso para ser escuchado, pese a ser propietario y poseedor de buena fe, exenta de culpa, de un lote de terreno adquirido mediante escritura pública 1083 del treinta (30) de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), aclarada con escritura 1496 del siete (7) de diciembre del mismo año, compraventa que fue registrada al folio de matrícula inmobiliaria número 50C-1385752, que luego fue cancelado por orden de la Fiscalía 82 de Bogotá, al derivarse del folio número 50C-1358234, que fue anulado por falsedad.

Lo anterior, como se expuso en el planteamiento a resolver, a diferencia de lo consignado en el fallo objeto de apelación, lo invocado por el demandante para sustentar sus pretensiones, no es su condición de víctima del delito, sino de tercero afectado con la decisión, por lo que aduce, no podía constituirse en parte civil en el proceso penal, pero sí tenía derecho a ser escuchado y a hacer valer su condición de adquirente de buena fe.

En ese contexto se analizarán los presupuestos enunciados al inicio de este acápite.

Sin duda, el presupuesto de autoridad judicial se cumple, porque la primera decisión sobre el folio de matrícula inmobiliaria fue tomada de manera preventiva por la Fiscalía General de la Nación y con carácter definitivo por el Juzgado 51 Penal el Circuito de Bogotá, confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá. Providencia ejecutoriada del treinta y uno (31) de octubre de dos mil tres (2003), lo que confirma la existencia del segundo requisito.

En lo que se refiere a la responsabilidad patrimonial del Estado por el error jurisdiccional, su estructura se concreta además de la presencia del error, en la materialización de un daño antijurídico. De manera que la sola presencia del error no basta para que se configure la responsabilidad del Estado, sino que debe observarse la vulneración de un bien jurídico tutelado por parte del demandante, que tenga, además, las demás características del daño resarcible, esto es, que sea personal, cierto y directo; sin que para la configuración de dicha responsabilidad se requiera verificar la antijuridicidad de la conducta del juzgador, pues como lo ha precisado la jurisprudencia de esta corporación, la responsabilidad por error jurisdiccional se predica de “(...) una providencia judicial en firme, y con independencia de si fue proferida con culpa o sin ella, pero que es equivocada porque no se ajusta a la realidad procesal o a la ley, se causa un daño antijurídico que debe ser reparado(...)”(40).

Esta Subsección(41) ha señalado que el juez de lo contencioso administrativo, al adelantar el juicio de responsabilidad por error judicial debe sopesar el ámbito de autonomía e independencia que la constitución ha otorgado a los jueces para interpretar los hechos y normas puestos bajo su consideración. Por consiguiente, siempre que una decisión judicial sea jurídicamente justificada, es decir, de las consideraciones se verifique una correcta utilización del sistema de fuentes de derecho y haya verificación acuciosa del fundamento fáctico y probatorio del caso, se podrá inferir la ausencia de un error judicial.

Entonces, el juicio asignado al juez de lo contencioso administrativo dista del puesto a consideración del juez cuya decisión se endilga de error, que ha hecho tránsito a cosa juzgada y “se torna inatacable y fatalmente sus efectos serán inmutables”(42). Ello atendiendo a que a este primero corresponderá el juicio sobre la razonabilidad y justificación de la decisión censurada de error, sin entrar a resolver el problema jurídico planteado en la providencia de la que se endilga el daño antijurídico, escenario donde se sustituirían a los jueces de instancia.

Bajo ese entendido, la Sala procederá a determinar si la decisión adoptada en las providencias que se acusan de haber incurrido en error judicial, esto es, la decisión del Fiscal 82 de la Unidad de Delitos contra la Fe Pública y de las sentencias proferidas por los jueces que culminaron con la decisión del Tribunal Superior de Bogotá el veintitrés (23) de septiembre de dos mil tres (2003); obedecieron a unas consideraciones jurídicamente razonables o, en su defecto, incurrió en un error al omitir convocar al demandante para que hiciera valer sus derechos como tercero afectado.

Para empezar el estudio debe precisarse que la norma procesal vigente al momento en que se profirió la providencia objeto de cuestionamiento, era la Ley 600 de 2000, que en términos similares a los consagrados en el artículo 61 del Decreto 2700 de 1991, disponía lo siguiente:

“ART. 66.—Cancelación de registros obtenidos fraudulentamente. En cualquier momento de la actuación, cuando aparezcan demostrados los elementos objetivos del tipo penal que dio lugar a la obtención de títulos de propiedad o de gravámenes sobre bienes sujetos a registro, el funcionario que esté conociendo el asunto ordenará la cancelación de los títulos y registros respectivos.

También se ordenará la cancelación de la inscripción de títulos valores sujetos a esta formalidad y obtenidos fraudulentamente.

Si estuviere acreditado que con base en las calidades jurídicas derivadas de los títulos cancelados se están adelantando procesos ante otras autoridades, el funcionario pondrá en conocimiento la decisión de cancelación, para que tomen las decisiones correspondientes.

Las anteriores previsiones, sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe, quienes podrán hacerlos valer en trámite incidental.

El funcionario judicial ordenará, si fuere procedente, el embargo de los bienes, sin necesidad de requisitos especiales, por el tiempo que sea necesario”.

En relación con esta facultad, aunque referida al artículo 101 de la Ley 906 de 2004, la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado acerca de los derechos de la víctima en relación con los derechos de los terceros de buena fe que igualmente se ven perjudicados por la cancelación de los registros, así:

“Y es que, en relación con la prevalencia del restablecimiento del derecho que le asiste a la víctima sobre los terceros de buena fe, esta corporación, en reciente pronunciamiento, reiteró su postura, así:

[l]a Sala se ha referido en no pocas oportunidades a la tensión que surge entre los derechos de la víctima del delito y los de terceros que resultan afectados patrimonialmente a consecuencia de la medida de restablecimiento del derecho que se concreta, cuando de bienes sometidos a registro se trata, en la cancelación de los títulos y registros obtenidos fraudulentamente, donde de manera consistente y pacífica ha mantenido el criterio según el cual, sin excepción, prevalecen los derechos de aquella sobre los del tercero adquirente de buena fe”(43).

En igual sentido, en la sentencia con radicación 35675 del treinta (30) de mayo de dos mil once (2011), que se transcribe in extenso, por ser el tema medular del asunto, dijo lo siguiente:

“A conclusión diferente no puede llegar la Corte en esta oportunidad, habida cuenta que asumir que le asiste la razón a la casacionista, con el argumento que su representado es tercero adquirente de buena fe y, por lo tanto, debe salvaguardarse su derecho a la propiedad, conduciría a darle efectos al múltiple proceder delincuencial que precede la adquisición del bien y, más grave aún, a desconocer los derechos de la víctima. 

El delito, se reitera, no puede ser fuente válida de derechos en este tipo de eventos, tal como lo sostuvo la Corte Constitucional en la Sentencia C-245 del 24 de junio de 1993, al declarar la exequibilidad del artículo 61 del Decreto 2700 de 1991, el cual consagraba la todavía vigente facultad del instructor de cancelar los registros obtenidos de manera fraudulenta. 

Para esa corporación, la Constitución Política no extiende la protección que se establece en favor de la propiedad privada y demás derechos y bienes que no sean adquiridos con justo título y de conformidad con las leyes civiles, pues, el delito por sí mismo no puede ser fuente de derechos.  

Ahora bien, no puede la Sala dejar de reconocer que la decisión que afecta el derecho a la propiedad privada de quien adquiere bienes de buena fe, necesariamente genera una tensión irreconciliable entre sus derechos y los de la víctima del injusto, quien tiene a su favor la garantía del restablecimiento del derecho. 

Pero en este enfrentamiento correlativo de derechos, esta Corte ha sido del criterio que al ponderarlos se han de preferir los intereses de la víctima sobre los del tercero incidental, pues además de que el delito no puede ser fuente lícita de derechos, es forzoso dar alcance a los principios de justicia y reparación, como se reconoció en los fallos de casación del 30 de mayo de 2011, radicado Nº 35.675, y del 16 de enero de 2012, radicado Nº 35.438.  

Esa tesis, que ahora se ratifica, no es más que la conclusión de las poderosas razones que aquí se han expuesto sobre la protección constitucional especial que el sistema dispensa a las víctimas del delito y la obligación legal que tienen los funcionarios judiciales de tomar las medidas necesarias para el restablecimiento del derecho, con el fin de que cesen los efectos creados por la comisión de la conducta punible, las cosas vuelvan al estado anterior y se indemnicen los perjuicios causados con ella. 

De esa manera, aunque los intereses del tercero de buena fe se verán contrariados con la medida, ello es consecuencia de la materialización de ese principio toral, derivado como obligación ineludible para el funcionario judicial, de restablecer el derecho de las víctimas o, en otras palabras, volver las cosas al estado original.  

Por lo demás, cabe señalar que la anterior conclusión no significa que el tercero se halle desamparado o vea desatendidos sus derechos, pues en la mayoría de los casos, quedará latente la posibilidad de que por los procedimientos legales pertinentes, obtenga la indemnización del daño causado.” 

Se concluye, entonces, que el restablecimiento del derecho y, por contera, las medidas que en su aplicación se adopten, como la prevista en el artículo 101 de la Ley 906 de 2004, atendida su consagración constitucional y legal como principio rector del procedimiento penal, (i) es de obligatorio cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales que tienen a su cargo el proceso; (ii) procede su aplicación en cualquier fase de la actuación a condición de que se cumplan las previsiones del citado precepto y las consignadas en la Sentencia C-060 de 2008 de la Corte Constitucional; y, (iii) en todos los casos, sin excepción, prima el derecho de la víctima del delito a que se privilegie el título obtenido justamente, sobre el del tercero a que se mantenga un título derivado de un acto fraudulento, sin importar su condición, vale decir, si es de buena o mala fe, exenta o no de culpa(44) (subrayado fuera del texto).

Ahora bien, en la providencia que viene de citarse, la Sala también tuvo la oportunidad de precisar que la falta de comparecencia del tercero de buena fe al proceso penal, de encontrarse acreditado lo espurio del título que sirvió para el registro de negocios posteriores a la comisión del ilícito, en nada impide que el funcionario judicial proceda a su cancelación y que el tercero adquirente acuda a otros mecanismos judiciales, si su pretensión se encuentra encaminada a obtener la indemnización de perjuicios o indemnizaciones:  

(...) desde antaño el máximo Tribunal Constitucional ha sostenido que si bien la Carta Política consagra en su artículo 58 la protección en favor de la propiedad privada, aquella sólo ampara a los bienes y demás derechos adquiridos con justo título y de conformidad las leyes civiles, por tanto “el delito por sí mismo no puede ser fuente de derechos”. 

En la Sentencia C-245 de 1993 que menciona el casacionista, la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad del artículo 61 del Decreto 2700 de 1991, que en esa codificación regulaba la medida de cancelación de títulos y registros obtenidos fraudulentamente, sobre el tema expuso:  

“Desde otro punto de vista, la Carta Política no extiende la protección que se establece en favor de la propiedad privada y demás derechos adquiridos en el artículo 58 a los bienes y derechos que no sean adquiridos con justo título y de conformidad con las leyes civiles; por tanto no existe por este aspecto vicio de constitucionalidad, ya que se trata de una decisión de carácter judicial que se debe adoptar dentro de los ritos propios del debate procesal penal y que surge del deber básico del juez de administrar justicia conforme al debido proceso legal.  

Sin duda alguna, el delito por sí mismo no puede ser fuente de derechos, y la Constitución no autoriza romper el principio de la proscripción de la causa ilícita de los mismos; por tanto, la ley no puede patrocinar la protección de aquellos títulos, ni la de los registros de aquellos en contra de los derechos del titular, mucho menos cuando se adelanta la actuación de los funcionarios judiciales encargados de poner en movimiento las competencias punitivas del Estado.  

En verdad se trata de una resolución judicial que afecta los vínculos obligacionales que nacen viciados por una causa ilícita y punible y, además, paraliza con una medida eficaz de origen judicial, la continuidad del delito y su extensión en una cadena de nuevos títulos y de nuevos registros, una vez comprobada la tipicidad de la conducta frente a la leyes penales. 

Obviamente, se parte de la base de que se adelanta un proceso penal bajo el conocimiento de una autoridad judicial, dentro del cual se debaten los derechos del sindicado y de los terceros de buena fe, dentro de las oportunidades y siguiendo los ritos debidos conforme a la ley (Cfr. arts. 150 a 155 del CPP); en este sentido se advierte que la expresión “en cualquier momento del proceso en que aparezca demostrada la tipicidad del hecho punible”, significa nada menos que se trata de aquella etapa procesal en la que se haya comprobado judicialmente la ocurrencia de la conducta sancionable penalmente, y en la que dicha tipicidad sea atribuible al sindicado autor o interesado en el título o en el registro espurio, ilícito, falso o apócrifo. No pasa por alto la Corte que contra este tipo de actuaciones de carácter eminentemente formal y escrito (auto interlocutorio), proceden los recursos correspondientes a la naturaleza sustancial de la medida que se adopta, para efectos de controlar su legalidad y el respeto de los derechos constitucionales de los interesados. 

(...) 

En ese entendido, demostrada la tipicidad objetiva de la conducta punible que da origen a la expedición de los títulos espurios y que a su vez posibilita la fraudulenta inscripción en el registro, el derecho del tercero a que se mantenga su titularidad sobre determinado bien, desaparece y, por ende, pierde cualquier relevancia frente al que le asiste a la víctima del injusto de que cesen los efectos producidos por el delito y las cosas vuelvan al estado anterior, esto es, a como se encontraban antes de cometerse aquél. 

Por ello, concurra o no al proceso penal el tercero de buena fe, si la Fiscalía acredita la falsedad del título que sirvió de fundamento al registro de negocios jurídicos posteriores al delito, procede la cancelación de uno y otro, subsistiendo en el tercero adquirente la posibilidad de acudir a la justicia civil a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios e indemnizaciones a que haya lugar por parte de quien le enajenó el bien, o, si es su deseo, intervenir en el incidente de reparación integral con el exclusivo fin de que el penalmente responsable le repare el daño causado con la conducta punible” (subrayado y negrilla fuera del texto).

La tesis de la Corte Suprema de Justicia itera como premisa general, que el delito no es fuente de derechos y que, no obstante, se causan perjuicios a un tercero de buena fe, al ponderar los derechos de la víctima. Frente a ese tercero ha de preferirse los intereses de la víctima, dando alcance a los principios de justicia y reparación.

En esa línea de pensamiento, cabe precisar que en casos como el que aquí se estudia, cuando se prueba el delito, concurra o no el tercero afectado al proceso, la anulación del título o títulos es consecuencial.

La Sala no desconoce que toda decisión que tenga consecuencias negativas para una persona, sea directa o indirecta, debe adoptarse garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Sin embargo, en el sub lite no es suficiente afirmar que ellos fueron conculcados, pues se omitió su comparecencia al proceso penal, porque el tercero es quien debe hacerse parte dentro del mismo a través de un incidente para que sea oído y se le resuelva sobre sus derechos, lo que significa que no es una decisión oficiosa del juez, sino una obligación del tercero. Se conculcan si los derechos de defensa y debido proceso cuando el tercero quiere ser oído y no le es permitido.

Ahora, si el tercero no se incluye como parte del trámite incidental, dispone de otros escenarios, como el civil, para hacer valer sus derechos para obtener el reconocimiento de los perjuicios causados por el acto ilegal, como lo ha reiterado el máximo tribunal penal, de contera, que no queda desprotegido ni abandonado por la justicia material.

En el caso bajo estudio, la decisión, tanto de la Fiscalía —provisional—, como de las autoridades penales —definitiva— estuvo ajustada a los planteamientos propios del proceso penal y de su objetivo, que era definir la responsabilidad penal de José Gabriel Quecán García y Angelino Moreno, quienes resultaron condenados por varios delitos en concurso, sumado a la toma de medidas necesarias para restablecer los derechos vulnerados, como fue, entre otras, la anulación de la matrícula inmobiliaria 50C-1358234 y sus derivados.

No obstante lo dicho, aún si se aceptara que el demandante no tuvo oportunidad de hacer valer sus derechos en el proceso penal, debe resaltarse que el juez, de manera previsiva y diligente, al momento de proferir la sentencia, condenó a los sindicados al pago de “el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que los encausados pagarán solidariamente a favor de quien o quienes se consideren con derecho a reclamar dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente decisión”,(subraya fuera del texto) con lo cual no solo favoreció a la parte civil, sino también a cualquier afectado con los hechos que demostrara su derecho a reclamar.

En ese contexto, si bien no fue citado al proceso ni se hizo parte como era su derecho y obligación en un trámite incidental, indirectamente, fue objeto de una indemnización conforme lo dispuso el juez y fue confirmado por el tribunal, sujeto, eso sí, a su actividad judicial.

Conforme a lo señalado, si bien la parte actora demostró el daño antijurídico sufrido con la anulación definitiva del folio de matrícula tantas veces citado, no probó la existencia de un error judicial por parte de la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por lo cual se rompe el elemento “imputación” (fáctica y jurídica) como presupuesto necesario de la responsabilidad(45), pues las autoridades actuaron dentro del marco legal y constitucional, y conforme a la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, además, porque, como se vio, el juez definió una condena a la que podía acceder sin detrimento de las acciones civiles a su disposición.

Se confirmará, entonces, la sentencia de primera instancia que deniegan las pretensiones de la demanda, pero por las razones aquí expuestas.

3.7. Condena en costas.

Según lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia del ocho (8) de octubre de dos mil ocho (2008), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, por la cual se denegaron las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en esta providencia.

2. Sin condena en costas.

En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Presidente de la Sala—Guillermo Sánchez Luque, aclaración de voto Cfr. A.V. 36146-15 #1—Jaime Enrique Rodríguez Navas».

15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Exp. 2008-00009. En este sentido véase también, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto de 9 de diciembre de 2010, Exp. 39085, C.P. Ruth Stella Correa; Auto de 21 de octubre de 2009, Exp. 36913, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; y Auto de 28 de marzo de 2012, Exp. 42864, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

16 Consejo de Estado.

17 Fls. 1-2 del cdno. del tribunal.

18 Fls. 67 a 79, cdno. pruebas.

19 Fls. 104 a 107, cdno. pruebas.

20 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2010, Rad. 37410, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

21 Fls. 33 a 37 del cdno. 1 de la actuación.

22 Fls. 2 a 8 del cdno. de pruebas.

23 Fls. 10 a 12 del cdno. de pruebas.

24 Fls. 14 a 16 del cdno. de pruebas.

25 Fls. 20 a 65 del cdno. de pruebas.

26 Fls. 67 a 77 del cdno. de pruebas.

27 Fls. 91 a 99 del cdno. de pruebas.

28 Fls. 106 y 107 del cdno. de pruebas.

29 Fl. 120 del cdno. de pruebas.

30 Fls. 125 a 139 del cdno. de pruebas.

31 Fls. 144 y 145 del cdno. de pruebas.

32 Fls. 144 a 200.

33 Fls. 120 a 131 del cdno. 1 de la actuación.

34 Fls. 80 a 89 del cdno. de pruebas.

35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 23 de abril de 2008, Exp. 16271.

36 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 11 de mayo de 2011, Exp. 22322.

37 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 4 de septiembre de 1997, Exp. 10285, del 27 de abril de 2006, Exp. 14837; y del 13 de agosto de 2008, Exp. 17412.

38 DE CUPIS, Adriano. El daño. Teoría general de la responsabilidad civil. Bosch, Casa editorial S.A., Barcelona, 1975, págs. 107- 127.

39 Pues al derecho sólo le interesan las relaciones intersubjetivas

40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 23 de abril de 2008, Exp. 16271.

41 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 22 de junio de 2107, Rad. 41001-23-31-000-2005-01181-01(38512).

42 Hernán Fabio López Blanco, Código General del Proceso, 675 (Bogotá: Dupré Editores, 2016).

43 Corte Suprema de Justicia, sentencia del 11 de diciembre de 2013, Rad. 42.737.

44 CSJ AP, Dic. 11 de 2013, Rad. 42.737.

45 En relación con la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización”, erigiéndola como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación e interés. Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, este concepto tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por la acción, como por la omisión, bien sea bajo los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional u otro.

En los anteriores términos, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura una vez se ha demostrado el daño antijurídico y la imputación (desde el ámbito fáctico y jurídico).