Sentencia 2006-00482/38191 de noviembre 21 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “C”

Exp.: 38191

Rad.: 25000-23-26-000-2006-000-482-01(38191)

Actor: Omar Hernando Ortega Rojas

Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro

Naturaleza: Acción de reparación directa (D. 01/84)

Tema: Falla en el servicio

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Enrique Rodríguez Navas

Bogotá D.C., veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones

3.1. Ejercicio oportuno de la acción.

Vigencia de la acción. El numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo señala que la acción de reparación directa “caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

El oportuno ejercicio de la acción es el primer asunto que abordará la sala en este caso, toda vez que el a quo declaró que la acción estaba caducada en razón a que la sentencia proferida en segunda instancia dentro del proceso penal en que se ordenó la cancelación de la escritura y la matricula inmobiliaria del bien inmueble adquirido por el hoy demandante, quedó ejecutoriada el diez (10) de octubre de dos mil tres (2003) y la demanda se presentó el veintisiete (27) de enero de dos mil seis (2006).

El demandante por su parte, consideró y centró los argumentos del recurso de apelación, en demostrar que la demanda se había interpuesto dentro del término de los dos años que establece el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que si bien fue presentada el veintisiete (27) de enero de dos mil seis (2006), la sentencia de segunda instancia quedó ejecutoriada el treinta y uno (31) de octubre de dos mil tres (2003) y el término estuvo suspendido durante el trámite de la conciliación prejudicial.

Para la Sala en este caso el computo de la caducidad debe empezar a contarse a partir del día siguiente a la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia —treinta y uno (31) de octubre de dos mil tres (2003)—, proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, fechada veintitrés (23) de septiembre de dos mil tres (2003), que confirmó la condena contra los señores Camilo Quiñonez Quiñonez y Alfonso Quiñonez Quiñonez, por los delitos contra la Fe Pública y el Patrimonio Económico, falsedad material de particular en documento público agravado por uso, en concurso homogéneo y heterogéneo con falsedad por destrucción, supresión y ocultamiento de documento público, falsedad en documento privado y estafa en tentativa—; proceso en el que precisamente, en razón a los hechos por los que se decidió impartir la condena, se ordenó la anulación del folio de matrícula inmobiliaria 50C-1358234 y todas las matriculas que se derivan de éste, entre ellas la que identificaba el bien inmueble adquirido por el hoy accionante.

Ahora, establecido el momento a partir del cual debe empezar a contarse el cómputo para determinar la vigencia de la acción, y como quiera que el a quo declaró la caducidad de ésta y el argumento de inconformidad del apelante —demandante—, se centra precisamente en desvirtuar la caducidad, la Sala encuentra razón en el argumento del recurrente, en cuanto a considerar que el a quo contó mal el computo toda vez que la fecha a partir de la cual se debe iniciar el conteo para establecer si la demanda fue interpuesta dentro del término de dos años contados a partir del día siguiente a este, es el primero (1) de noviembre de dos mil tres (2003)(11) y tenía hasta el primero (1) de noviembre de dos cinco (2005) como fecha límite para presentarla. De acuerdo con el sello de la oficina judicial que obra a folio veinte (20) vuelto del cuaderno del tribunal, la demanda fue presentada el veintisiete (27) de enero de dos mil seis (2006), no obstante, como la parte demandante presentó solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación(12), el día veintiocho (28) de octubre de dos mil cinco (2005), de conformidad con lo establecido en los artículos 20 y 21 de la Ley 640 de 2001 el término de la caducidad quedó suspendido por el término máximo de tres (3) meses o hasta cuando se llevara a cabo la audiencia sea que se llegara a un acuerdo o que se declara fallida, lo que ocurriese primero.

En estos términos, los tres meses vencían el veintiocho (28) de enero de dos mil seis (2006) y la audiencia de conciliación perjudicial se celebró el veintisiete (27) de enero de dos mil seis (2006), esto es, el mismo día que fue presentada la demanda, lo cual quiere decir que la demanda se presentó cuando la acción aún estaba vigente, pues por la suspensión del término de caducidad, la parte tenía hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006) como último día para que presentar la demanda en tiempo. En conclusión, la acción se encontraba vigente para el momento de presentación de la demandan.

3.2. Sobre los presupuestos materiales de la sentencia de mérito.

Competencia.

La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, toda vez que las normas de asignación de competencia que rigen la actuación se encuentran previstas en la Ley 446 de 1998, artículo 37 en concordancia con el 40, y siendo que la cuantía del asunto supera los quinientos (500) S.M.L.M.V., se concluye que esta corporación es competente para conocer del recurso interpuesto.

Legitimación para la causa.

De acuerdo con la escritura pública de compraventa y el certificado de libertad y tradición que se aportan al expediente y que obra a folios 2 a 4 y 20 a 22 del cuaderno 2 de pruebas, el señor Omar Hernando Ortega Rojas adquirió el inmueble que corresponde al número de matrícula inmobiliaria que se anuló por orden judicial, por tanto está acreditada la legitimación en la causa por activa.

Igualmente, existe legitimación en la causa por pasiva de la Superintendencia de Notariado y Registro, persona jurídica que fue demanda en el proceso, pues es a esta entidad a la que le son imputados los actos y omisiones en los que la parte demandante fundamenta sus pretensiones.

3.2. Sobre la prueba de los elementos de la responsabilidad.

A partir de la preceptiva del artículo 90 de la Constitución, dos son los elementos constitutivos de la responsabilidad de la administración, a saber, que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública.

La parte demandante, dentro del relato que ofrece en el libelo introductorio como sustento fáctico de sus pretensiones, hace relación a estos dos elementos, para presentar, de un lado, el daño sufrido, su extensión, intensidad y modalidades, y de otro, las actuaciones u omisiones que endilga a las demandadas y en cuya virtud les imputa la responsabilidad que pide, sea declarada en esta sentencia. En torno a estos dos elementos gravita la carga probatoria que esa parte soportaba, y por tanto, el estudio de los hechos probados lo hará la Sala en dos grandes apartes, a saber: hechos relativos al daño, y hechos relativos a la imputación.

3.2.1. Sobre la prueba del daño.

El daño, entendido como el atentado material contra una cosa o persona, lo hace consistir la parte demandante en la pérdida de su inmueble luego de haber sido declarado nulo el folio de matrícula inmobiliario 50C-1358234 y todas las matriculas que se derivaban de este, entre las que se encontraba la del inmueble de propiedad del demandante.

Los hechos en los que concretó la parte actora este daño, pretende acreditarlos con pruebas que fueron aportadas al proceso en copia autentica y de la siguiente manera:

• Copia de la escritura pública de compraventa 1083 de fecha treinta (30) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), otorgada en la Notaría 52 del círculo de Bogotá, en la cual se consigna el desenglobe y la compraventa de parte del bien inmueble identificado con matricula inmobiliaria 50C-1358234 ubicado en la calle 18 Nº 70-06 en la ciudad de Bogotá. En esta aparece como vendedor José Gabriel Quecan García y comprador el señor Omar Hernando Ortega Rojas, del lote de terreno 4 ubicado en la calle 18 Nº 70-06 en la ciudad de Bogotá, que hizo parte del inmueble denominado El Provenir o Franco o El Potrero o Pantano. Así mismo se aporta la copia del a escritura pública 01496 otorgada en la misma notaria el día siete (7) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), por la cual se hace una aclaración a la escritura anterior, en el sentido de dejar consignado que el número de matrícula inmobiliario del lote de mayor extensión antes fue el Nº 050-1358234, y hoy es el Nº 050-1377842(13).

• Copia del certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria 1377842 y de matrícula inmobiliaria 1385752, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá zona centro del diecinueve (19) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), en el que se registran con fecha del treinta (30) de noviembre y nueve (9) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994) las anotaciones relativas al desenglobe y la compraventa, y la aclaración a la escritura del punto anterior(14).

• Dictamen pericial rendido por el Economista —perito auxiliar de la justicia— Juan Carlos Vargas, quien hace un análisis financiero del daño emergente y el lucro cesante en el periodo comprendido entre el primero (1) de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994) y el treinta (30) de noviembre de dos mil cuatro (2004)(15).

• Copia de las sentencias de primera y segunda instancia proferidas en el trámite del proceso penal adelantado contra José Gabriel Quecan García y otros, por los delitos contra la Fe Pública y el Patrimonio Económico, falsedad material de particular en documento público agravado por uso, en concurso homogéneo y heterogéneo con falsedad por destrucción, supresión y ocultamiento de documento público, falsedad en documento privado y estafa en tentativa; proceso en el que precisamente, en razón a los hechos por los que se decidió impartir la condena, se ordenó la anulación del folio de matrícula inmobiliaria 50C-1358234 y todas las matriculas que se derivan de éste, entre ellas la que identificaba el bien inmueble adquirido por el hoy accionante(16).

Con las pruebas relacionadas anteriormente, que fueron aportadas válidamente al proceso, decretadas por el juez de primera instancia y respecto de las cuales se garantizó el derecho de contradicción, la Sala tiene acreditado el daño padecido por demandante.

3.2.2. Pruebas de la imputación.

Para el efecto, la imputación o atribuibilidad del daño en un proceso que nos permite dilucidar si éste puede ser imputado a la entidad demandada, no sólo en el orden natural o fáctico, sino en el orden jurídico. En esa línea de acción, en el orden fáctico procede verificar, si el daño puede ser objetivamente atribuido (en el plano material) a la acción u omisión de la demandada, al tanto que en el plano jurídico procede la constatación de la existencia de fundamentos para atribuirles la obligación del resarcimiento.

Para una adecuada imputación fáctica, pasa la Sala a relacionar las pruebas decretadas y practicadas dentro del proceso con el fin de acreditar la relación de causalidad existente entre las acciones y omisiones reprochadas a la demandada, y el daño que refiere el actor, haber padecido:

• Copia del auto de fecha dos (2) de agosto de mil novecientos noventa y seis (1996), emanado de la Fiscalía General de la Nación - Unidad primera delitos contra la fe pública y el patrimonio económico - Fiscalía ochenta y dos, por medio del cual se ordena la anulación del folio de matrícula inmobiliaria 50C-1358234 y todas las matrículas que de él se deriven(17).

• Copia de las sentencias de primera y segunda instancia proferidas en el trámite del proceso penal adelantado contra José Gabriel Quecan García y otros, por los delitos contra la fe pública y el patrimonio económico, falsedad material de particular en documento público agravado por uso, en concurso homogéneo y heterogéneo con falsedad por destrucción, supresión y ocultamiento de documento público, falsedad en documento privado y estafa en tentativa; proceso en el que precisamente, en razón a los hechos por los que se decidió impartir la condena, se ordenó la anulación del folio de matrícula inmobiliaria 50C-1358234 y todas las matriculas que se derivan de éste, entre ellas la que identificaba el bien inmueble adquirido por el hoy accionante(18).

• Copia de los oficios librados para el cumplimento tanto de la orden que dio la fiscalía, como de la orden dada en la sentencia, dirigidos a la Oficina de Instrumentos Públicos zona centro(19).

3.3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala dilucidar si el daño padecido por la parte demandante es antijurídico, y una vez establecido ello, si éste fue generado por el actuar de quienes laboraban al servicio de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos —zona centro— de Bogotá en que se realizó el registro de la compraventa del bien inmueble, anulado por orden judicial.

3.4. Análisis de la Sala.

Para los fines que interesan al derecho, el daño puede ser entendido como la aminoración o alteración negativa de un interés humano objeto de tutela jurídica, en razón del cual, el derecho facilita la reacción de quien lo padece en orden a la reparación o compensación de su sacrificio.

Como puede advertirse, el daño incorpora dos elementos: uno, físico, material, y otro jurídico, formal.

El elemento físico o material, consiste en la destrucción o el deterioro que las fuerzas de la naturaleza, actuadas por el hombre, provocan en un objeto apto para satisfacer una necesidad, tal y como ocurre cuando se lesiona, por ejemplo, la relación del hombre con objetos físicos aptos para satisfacer sus necesidades, cuando se lesionan relaciones que el hombre ha trabado con otros hombres y que le son aptas para satisfacer sus necesidades, cuando se lesiona la propia corporeidad o la existencia misma del hombre, útiles como le resultan para satisfacer necesidades propias. En todos, y en cualquiera de estos casos, se habrá causado un daño en el plano fáctico, pero insuficiente per se, para la configuración del daño, en sentido jurídico.

El segundo elemento, el elemento formal, se verifica en el plano jurídico, sí y solo sí, se acreditan los siguientes supuestos adicionales al elemento material:

a) Que la lesión, recaiga sobre un interés jurídicamente tutelado;

b) Que la lesión no haya sido causada, ni sea jurídicamente atribuible a la propia víctima;

c) Que la lesión tenga consecuencias ciertas, en el patrimonio económico o moral de la víctima

d) Que no exista un título legal conforme al ordenamiento constitucional, que justifique, que legitime la lesión al interés jurídicamente tutelado (en abstracto), esto es, que la víctima no esté jurídicamente obligada, en las condiciones particulares y concretas en que sufrió la lesión, a soportar sus consecuencias.

Así las cosas, en orden a la reparación, no basta con la acreditación de la lesión material de un interés en el plano fáctico. Tampoco basta con la demostración de la lesión de un interés jurídicamente protegido, pues en tal caso, se habrá configurado un mero daño evento. Se hace necesario, que el daño produzca efectos personales y ciertos en los intereses jurídicamente tutelados de la víctima; que tal daño no tenga causa, o autoría en la víctima; y que no existe un título legal que conforme al ordenamiento constitucional, legitime la lesión al interés jurídicamente tutelado, esto es, que la víctima no esté obligada a soportar sus consecuencias.

Reunidos los dos elementos, y acreditados los supuestos del elemento jurídico, puede decirse que se encuentra probado el daño antijurídico.

En primer lugar, en cuanto a la antijuridicidad del daño, la Sala advierte que efectivamente el demandante no estaba en la obligación de soportarlo, en razón a que había adquirido el inmueble por contrato de compraventa —negocio jurídico válido— suscrito entre éste y José Gabriel Quecan García, y como quiera que se determinó que Quecan García había incurrido en una conducta punible, la autoridad competente ordenó la anulación de las escrituras y los folios de matrícula que correspondían al inmueble objeto del punible, sin que el hoy demandante hubiese cometido alguna actuación irregular que condujera a ello; circunstancia que afectivamente término(sic) por afectar su patrimonio.

Ahora, en cuanto a si este daño antijurídico es imputable a la entidad demandada, encuentra la Sala que es necesario para el efecto, hacer referencia a las funciones de la Superintendencia de Notariado y Registro y a los alcances de ésta, para posteriormente entrar a establecer la participación de dicha entidad, en los hechos que generaron el daño, como quiera que el régimen aplicable en este caso, es el de la falla del servicio.

3.4.1. De la función registral.

El Decreto 3346 del 28 de diciembre de 1959, creó la Superintendencia Nacional de Notariado y Registro, como dependencia del Ministerio de Justicia. Posteriormente, en 1962, se erigió como establecimiento público, con personería jurídica y patrimonio propio.

El Decreto 577 de 1974, estableció que la Superintendencia de Notariado y Registro era un órgano con la naturaleza jurídica y las funciones que le señalaron los decretos leyes 950, 1250, 1260, 1347, 2156, 2158, 2163 y 2165, todos de 1970, la Ley 26 de 1973 y demás disposiciones legales que los adicionaran o reformaran.

Ahora, la función registral que cumple el Registrador de Instrumentos Públicos y Privados, en materia de inscripción respecto de la situación jurídica de los inmuebles, está reglamentada en Colombia por el Decreto 1250 de 1970, específicamente en los artículos 1º, 2º, 18 al 30 y sus normas concordantes.

De la normativa referida se infiere la naturaleza pública de la entidad, tanto como la naturaleza pública del servicio a su cargo y su razón de ser, materializada en la realización del principio de publicidad de los actos jurídicos relacionados con bienes inmuebles. El registro se limita a organizar y mantener información pública confiable y oportuna que derive de todo acto jurídico válido, contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre bienes raíces.

En otros términos la función registral se subsume en la anotación exacta de los títulos, actos jurídicos o decisiones judiciales en las que se constituyen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas referidas a un determinado bien sujeto a registro. Es así, que la función registral además de ser un servicio público, es la actividad dirigida a publicitar o a divulgar las diversas situaciones jurídicas que rodean a un determinado inmueble mediante “anotaciones fieles”, que le permitan al público en general y a quienes tienen interés en las circunstancias que rodean a uno o varios inmuebles, conocer con confianza dichas situaciones jurídicas.

Entonces, las oficinas de registro de instrumentos públicos, únicamente pueden realizar anotaciones exactas y fieles. Se dicen fieles las anotaciones que evidencian la realidad de la situación jurídica de un bien inmueble y que encuentran respaldo en el negocio o acto jurídico válido, o en la sentencia judicial que constituya, extinga, modifique o disponga de un derecho real sobre un bien sujeto a registro, por lo general, bienes inmuebles.

Surge de lo anterior, que el Registrador de Instrumentos Públicos no puede inscribir, registrar o anotar un acto jurídico distinto al expresado por el titular del derecho o por el juez, y que conste en el documento que el interesado aporte para el protocolo respectivo, como soporte de la anotación registral.

Ahora, el fin o el propósito que justifica la existencia de la función registral es el de otorgar fe y confianza, valores que generan “bienestar, seguridad y orden” a la comunidad que recibe la información, la cual es compilada y recogida, y no puede suministrarse de cualquier manera sino con sus respectivos soportes de la situación jurídica real de los bienes raíces.

De aquí que, existan unas etapas o pasos que se realizan en las oficinas de registro de instrumentos públicos para el debido y cabal registro de un instrumento público. Tales etapas se encuentran taxativamente relacionadas en el artículo 22 Decreto Ley 1250 de 1970 y son: radicación, calificación, inscripción y constancia de haberse efectuado ésta. De faltar la ejecución de cualquiera de estas etapas, el registro no se considera legalmente realizado.

En cuanto a la etapa de radicación mediante la anotación en el libro radicador, esta se hace del instrumento público a registrar, indicando la fecha y hora de recibido, número de orden sucesivo anual, naturaleza del título, fecha y lugar de origen —art. 23 ibídem—.

La radicación garantiza el principio de prioridad o rango, ya que todos los registros se harán en el orden riguroso de su anotación en el aludido libro radicador —art. 27 ibídem—. Así, la radicación constituye la “puerta de entrada” del proceso de registro, el eslabón inicial del mismo, su omisión tiene necesariamente que conducir a la inexistencia de una inscripción realizada sin radicación previamente. En tales casos el registrador debe excluir mediante resolución motivada, un asiento efectuado en estas circunstancias.

La calificación se compone de dos momentos: uno, el examen del instrumento público tendiente a comprobar las formalidades de ley, razón por la cual obliga al acompañamiento de copia con destino al archivo de la oficina y con anexión de la boleta fiscal; y dos, el correspondiente análisis jurídico, momento en el que se determina si el instrumento se ajusta al principio de legalidad, y si, en consecuencia, procede su calificación, o por el contrario su devolución. En esta etapa, el funcionario designado para ello, determinará la procedencia del documento sometido al registro, de encontrar que es legalmente inadmisible, rechazará la inscripción, mediante nota devolutiva, indicando la causal y su fundamento legal. —art. 37 Decreto Ley 1250 de 1970—.

Las causales que aplican para la devolución del documento sometido a registro son las siguientes: que el inmueble se encuentra ubicado en circunscripción perteneciente a otra oficina de registro —art. 3º ibídem—; que no se acompañe de una copia especial y auténtica, destinada al archivo de la oficina de registro —art. 18 ibídem—; si se trata de la hipoteca y el patrimonio de familia cuando la inscripción se solicite después de los noventa (90) días hábiles siguientes a su otorgamiento —art. 32 ibídem—; cuando en el documento a inscribir no se indique la procedencia inmediata del dominio o del derecho respectivo mediante la cita del título antecedente (último título registrado) con los datos de su registro —art. 52 ibídem—, entre otras más que están señaladas en la Ley 70 de 1931, Ley 9ª de 1989, 3ª de 1991 y demás normas que rigen la materia.

Luego de surtida la calificación y la radicación, se procede a la anotación o asiento en el respectivo folio de matrícula siguiendo las indicaciones dadas por el calificador en el correspondiente formulario de calificación —arts. 26 y 27 ibídem—, para posteriormente, extender la constancia de haberse realizado la inscripción. Esta constancia, conocida con el nombre de “notas de registro” o “sello de registro”, formulario de calificación, se debe colocar tanto en el ejemplar del documento registrado que se devuelve al interesado como en la copia que se destina al archivo de la oficina.

De otra parte, en lo que tiene que ver con las correcciones, que es un asunto que atañe al caso en estudio, tenemos que el artículo 35 del Decreto Ley 1250 de 1975 señala lo siguiente:

“Los errores en que se haya incurrido al realizar una inscripción, se corregirán subrayando y encerrando entre paréntesis las palabras, frases o cifras que deban suprimirse o insertando en el sitio pertinente y entre líneas las que deban agregarse y salvando al final lo corregido, reproduciéndolo entre comillas e indicando si vale o no vale lo suprimido o agregado. Podrá hacerse la corrección enmendando lo escrito o borrándolo y sustituyéndolo y así se indicará en la salvedad que se haga. Las salvedades serán firmadas por el registrador o su delegado. Sin dichos requisitos no valdrán las correcciones y se tendrán por verdaderas las expresiones originales”.

Los errores a que se refiere la norma en cita, son los que se cometen al momento de realizar la anotación respectiva, en la máquina si se trata de folio real o en la digitación si es en folio magnético —errores de forma—. Puede ser que al transcribir en el folio de matrícula, se escriba en forma errada un nombre, un número, una fecha, una letra, una palabra, una frase, la naturaleza jurídica del acto.

Esta clase de errores no requiere de actuación administrativa que culmine con resolución; es suficiente con que se corrijan empleando las alternativas establecidas en el citado artículo, es decir subrayando y encerrando entre paréntesis las palabras, frases o cifras que deben suprimirse o insertando en el sitio pertinente y entre líneas las que deban agregarse. Lo corregido debe salvarse colocando nota al respecto en el recuadro del folio destinado a “Autorización de corrección de errores en el registro”.

También podrían darse los errores de fondo como por ejemplo: por omisión (actos no registrados); por anotación indebida (acto registrado); por interpretación errónea (acto registrado) y por calificación ilegal (acto registrado). Y, otras son las falencias físicas, que se presentan en el ámbito registral cuando existen dos folios de matrícula para un solo inmueble, cuando se asigna un mismo número de matrícula para predios diferentes, cuando hay señales de deterioro en folio real o cartulina y por la pérdida de folio real.

3.4.2. De la imputación en este caso.

Corresponde a la Sala en este caso entrar a establecer si el daño causado al demandante fue generado por las actuaciones de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Bogotá en que se realizó el registro de la compraventa del bien inmueble, anulado por orden judicial; circunstancia a la que el demandante endilga la falla en el servicio registral.

Como pruebas para demostrar la responsabilidad de la entidad de la demandada, la parte aportó Copia del auto de fecha dos (2) de agosto de mil novecientos noventa y seis (1996), emanado de la Fiscalía General de la Nación - Unidad primera delitos contra la fe pública y el patrimonio económico - Fiscalía ochenta y dos, por medio del cual se ordena la anulación del folio de matrícula inmobiliaria 50C-1358234 y todas las matrículas que de él se deriven. Así como la copia de las sentencias de primera y segunda instancia proferidas en el trámite del proceso penal adelantado contra José Gabriel Quecan García y otros, por los delitos contra la fe pública y el patrimonio económico, falsedad material de particular en documento público agravado por uso, en concurso homogéneo y heterogéneo con falsedad por destrucción, supresión y ocultamiento de documento público, falsedad en documento privado y estafa en tentativa; proceso en el que precisamente, en razón a los hechos por los que se decidió impartir la condena, se ordenó la anulación del folio de matrícula inmobiliaria 50C-1358234 y todas las matriculas que se derivan de éste, entre ellas la que identificaba el bien inmueble adquirido por el hoy accionante .

Además, se aportó la copia de los oficios librados para el cumplimento tanto de la orden que dio la fiscalía, como de la orden dada en la sentencia, dirigidos a la Oficina de Instrumentos Públicos zona centro.

En este orden de ideas, la Sala encuentra especial significado en la sentencia proferida dentro del proceso penal de primera instancia, acto dentro del cual se tomaron en consideración las siguientes circunstancias emergentes del material probatorio:

a) Que con poder presuntamente otorgado por Gertrudis Ortiz vda. de Cárdenas a María Jaramillo, el diecinueve (19) de agosto de mil novecientos cincuenta y tres (1953), y la copia de la promesa de compraventa en la que ésta enajena a Angelino Hernández Moreno con el propósito de pagar supuestamente el trabajo que durante el término de cinco (5) años había realizado éste en su hacienda, éstos procedieron en la Notaría 5ª de Bogotá a suscribir la escritura pública 17346, en la que la primera enajenó a favor de éste último, una parte o fracción de la hacienda “El Provenir” o “Franco” llamada “el Potrero” o “El Pantano” con una extensión aproximada de 12 hectáreas.

b) Que en la diligencia de inspección judicial practicada al pasaporte de Julia Jaramillo de Jaramillo, se logró constatar que ésta había salido del país el dieciocho (18) de agosto de mil novecientos cincuenta y tres (1953) con destino a los Estados Unidos, circunstancia que imposibilitaba la presencia física en la notarial para firmar la escritura al día siguiente. De igual manera, se evidenció que en la escritura además de quedar mal la cédula de ciudadanía de Julia Jaramillo, los linderos con los que se identificaba el inmueble tampoco correspondían. Escritura esta que ingresó al tráfico jurídico en el mismo momento en que fue presentada ante la Oficina de Instrumentos Públicos —zona centro— de Bogotá, donde se consiguió al presentarla, que esta entidad dispusiera la apertura de la matrícula inmobiliaria 50 C 1358234.

c) Que en razón a la prueba pericial practicada a los libros y documentos que obraban en la Oficina de Instrumentos Públicos en que se registró la escritura, se logró evidenciar una serie de irregularidades como tachones, enmendaduras y correcciones que condujeron a establecer que existían alteraciones en el historial de la tradición del bien inmueble. Y en un aparte de esta dice textualmente, lo siguiente:

“Tal como lo acotó la Fiscalía, segunda instancia, al confirmar la resolución de acusación, la falsificación de la escritura pública 1746 del diecinueve (19) de agosto de mil novecientos cincuenta y tres (1953) para su inscripción en la Oficina de Instrumentos Públicos conllevó mutaciones en el tomo de matrícula inmobiliaria 352, página 270 “donde se visualiza su plural número de adulteraciones y enmendaduras, apreciándose entre estas la anotación de fecha septiembre 26 y el Nº 302 a 5066 con tintas diferentes, el nombre Gertrudis con letras repisadas con tintas de otro color, el nombre que se lee como Argelino no coincide con el de la persona que se pretende hacer aparecer, de quien se sabe el de pila es ANGELINO, que como se aprecia en el material fotográfico visto en el cuaderno original Nº 3, corresponde a trazos escriturales diferentes y con tinta de otro color… si nos remitimos a la inspección judicial practicad en la oficina de instrumentos públicos, visible a los folios 208 a 213 del c. p., comprobamos irrefutablemente que se alteró o se mutó en columna de tradición de dominio en que aparece “inscripción 1953, sobre 26, libro 1º página 362 Nº 15066 por escritura 1746 de agosto 19 de 1953, Notaría 5ª de Bogotá, venta Gertrudis vda. de Cárdenas a Angelino Hernández M…”, puesto que se reitera, en su página 270 se constata la existencia de varias alteraciones y el tomo de matrícula 362 en su página 270 no coincide con la inscripción que refleja el libro primero (…)”

De otra parte, a diferencia de la sentencia penal de primera instancia, la Sala observa con base en la copia de la sentencia penal de segunda instancia, que en esta no se hace alusión alguna a lo que tiene que ver con lo que nos atañe, sino que, despacha los argumentos expuestos en el recurso de apelación que presentaron dos de los procesados y que se relacionan con el debido proceso de estos y la valoración probatoria para efectos de endilgar responsabilidad penal.

Del análisis de las providencias penales concluye la sala que, las actuaciones objeto de investigación que motivaron la orden de cancelación de la escritura pública 1746 fechada diecinueve (19) de agosto de mil novecientos cincuenta y tres (1953), del folio de matrícula inmobiliario 1358234 de la Oficina de Instrumentos Públicos —zona centro— de Bogotá, y de todos los documentos que de los mismos se hubieren creado, no tuvieron origen en las actuaciones de registro, razón por la cual ninguna de las personas procesadas penalmente tenía vínculo laboral o de servicios con la oficina de instrumentos públicos. Emerge sí de las consideraciones de la sentencia penal de primera instancia y como resultado de la inspección realizada a la oficina de instrumentos públicos, que tales documentos acusaban algunas irregularidades referentes a las anotaciones en la tradición del inmueble objeto del ilícito. Es esta circunstancia el elemento jurídico que estudiará la Sala a fin de examinar la imputabilidad del daño antijurídico padecido por el demandante.

En este orden de ideas, interesa connotar que al expediente contencioso administrativo no se ha traído prueba diferente a la copia de las sentencias ya referenciadas, razón por la cual resulta imposible el análisis de las irregularidades que acusaban los documentos y menos realizar conclusiones sobre la connotación de dichos errores en la perspectiva de la invocada falla del servicio registral. Lo anterior porque, en primer lugar, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Decreto 1250 de 1970, es posible que las oficinas de registro procedan a realizar correcciones cuando se ha incurrido en alguna clase de error en la inscripción, y en segundo lugar, porque en ningún aparte de estas providencias se señala que se haya analizado que dichas correcciones no se ajusten a lo dispuesto en la norma referida, o que corresponda a actuaciones delictivas de alguno de los empleados de la oficina de registro. De igual manera, en tales providencias no se advierte que lo consignado en el registro de instrumentos públicos, sea distinto a lo que el título que se presentó —escritura pública 1746 del diecinueve (19) de agosto de mil novecientos cincuenta y tres (1953)—, que contenía la voluntad de las partes que celebraron en ese momento el negocio jurídico, así la autoridad judicial con posterioridad haya advertido la falsedad que precisamente llevó a que se condenara penalmente a quien le enajenó el bien al hoy demandante.

Por tanto, la función registral es un servicio que presta el Estado y su razón de ser es la publicidad fiel de los actos jurídicos referidos a bienes inmuebles, registro que se limita a organizar y mantener información pública confiable y oportuna que derive de todo acto jurídico válido, contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre bienes raíces.

Entonces, las oficinas de registro de instrumentos públicos, únicamente puede realizar anotaciones fieles. Se llaman fieles las anotaciones que evidencian la realidad de la situación jurídica de un bien inmueble y que encuentran respaldo en el modo y título del negocio o acto jurídico válido, o en la sentencia judicial que constituya, extinga, modifique o disponga de un derecho real sobre un bien sujeto a registro, por lo general, bienes inmuebles.

Surge de lo anterior, que el Registrador de Instrumentos Públicos no puede inscribir, registrar o anotar un acto jurídico distinto al expresado por el titular del derecho o por el juez, y que conste en el documento que el interesado aporte para el protocolo respectivo, como soporte de la anotación registral. Y, es precisamente ello lo que se evidencia que realizó la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos —zona centro— de Bogotá, en la que se registró la escritura pública 1746 del diecinueve (19) de agosto de mil novecientos cincuenta y tres (1953), celebrada entre María Jaramillo —quien para ese momento actuaba con poder presuntamente válido y en representación de la señora Gertrudis Ortiz vda. de Cárdenas— y Angelino Hernández Moreno, siendo éste quien posteriormente le vendió a Quecan García el lote Nº 1 que hacía parte del predio de mayor extensión, lote Nº 1 del que Quecan García vendió el lote Nº 4 al hoy demandante, hechos por los que fueron condenados tanto Hernández Moreno como Quecan García, pues como lo dijo el juez penal:

“El procesado Angelino Hernández Moreno, con la participación directa de sus compañeros de causa, no solo obtuvo de manera espuria la escritura pública 1746 del diecinueve (19) de agosto de mil novecientos cincuenta y tres (1953), por cuanto establecido quedó a través de la respectiva inspección judicial que la auténtica que debía reposar en el correspondiente libro de protocolo y registrada en el índice año 1953, de la Notaría 5ª de Bogotá, sus folios fueron arrancados y mutilados mediante sistema manual, sino que logró igualmente la apertura espuria de la matrícula inmobiliaria 1359234 del 23 del veintitrés (23) de marzo de mil novecientos noventa y cuatro (1994) en la Oficina de Instrumentos Públicos —zona norte— de esta ciudad”(20).

Ahora, cuando se presenta el acto jurídico a registrar ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, en la etapa anterior al asiento en el respectivo folio de matrícula, es decir, en la etapa de calificación, lo que corresponde verificar a la oficina jurídica de dicha dependencia es que el inmueble no se encuentra ubicado en circunscripción perteneciente a otra oficina de registro; que se acompañe de una copia especial y auténtica, destinada al archivo de la oficina de registro; si se trata de la hipoteca y el patrimonio de familia que la inscripción se solicite antes del vencimiento de los noventa (90) días hábiles siguientes a su otorgamiento; que en el documento a inscribir se indique la procedencia inmediata del dominio o del derecho respectivo mediante la cita del título antecedente (último título registrado) con los datos de su registro —conforme lo dispone el Decreto 1250 de 1970—, entre otras más que están señaladas en la Ley 70 de 1931, Ley 9ª de 1989, 3ª de 1991 y demás normas que rigen la materia; pero en ninguna de estas normas se le asigna la función de verificar si la escritura pública que se presentó para el respectivo registro, era falsa o apócrifa, pues, ello sería como entender que las oficinas de registro e instrumentos públicos están autorizadas u obligadas a desconocer el principio constitucional de la buena fe. Una vez realizada la calificación y verificado que no se haya dado alguna de las cúsales de devolución, procede la anotación o asiento en el respectivo folio de matrícula siguiendo las indicaciones dadas por el calificador en el correspondiente formulario de calificación. Lo anterior, conduce a la Sala a concluir que no se probó la falla del servicio alegada por el demandante, por tanto se denegaran las pretensiones de la demanda.

Así las cosas, la Sala revocará el numeral primero de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, de fecha veintinueve (29) de octubre de dos mil nueve (2009), en el que declaró la caducidad de la acción; por lo demás, y pese a que una vez declarada la caducidad de la acción, se entiende que no era procedente que el tribunal entrara a estudiar de fondo el asunto, pero lo hizo; como esta Sala consideró que no estaba caducada la acción, lo cual quiere decir que el a quo sí tenía competencia por el factor temporal para entrar a estudiar el fondo del asunto, y en esta instancia se hizo análisis del caso, concluyendo que no habrían de prosperar las pretensiones de la demanda, se confirmará el numeral segundo que negó las pretensiones de la demanda.

3.5. Costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE el numeral primero de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección tercera, Subsección A, del veintinueve (29) de octubre de dos mil nueve (2009), en el que declaró la caducidad de la acción.

2. NIÉGUENSE las pretensiones de la demanda.

3. Sin condena en costas

4. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

11 Folio 93 C2 pruebas.

12 Folio 97 C2 pruebas.

13 Folios 2 a 4 y 17 y 18, C.1.

14 Folios 20 a 22, C2 pruebas.

15 Folios 106 a 115, C2 pruebas.

16 Folios 40 a 87, C2 pruebas.

17 Folio 114 C2 pruebas.

18 Folios 40 a 87, C 2 pruebas.

19 Folios 96 y 116 C2 pruebas.

20 Folio 69, cuaderno de pruebas.