Sentencia 2006-00492 de junio 23 de 2010

 

Sentencia 2006-00492 de junio 23 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref. Expediente 1100102030002006-00492-00

Magistrado Ponente:

Dr. César Julio Valencia Copete

Bogotá, D.C., veintitrés de junio de dos mil diez.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Debe señalarse cómo el recurso de revisión es un mecanismo excepcional y único, dotado de características propias, erigido por ministerio de la ley con el fin de subsanar trascendentes errores cometidos al proferir la sentencia llamada a finiquitar el respectivo litigio que, aun cuando se presuma amoldada al ordenamiento jurídico y en firme, por último resulte indudablemente inicua, a condición de que las circunstancias alegadas por el recurrente correspondan a alguno de los específicos motivos contenidos en el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil y se formule por la persona autorizada para hacerlo, antes de vencerse el lapso fijado para que opere su caducidad.

Desde luego que, en tratándose de un medio impugnativo extraordinario, en cuanto habilita anonadar el atributo de intocable que ostentan los fallos con autoridad de cosa juzgada, su viabilidad es restricta y rigurosa su exigencia en lo tocante con la comprobación de las particulares situaciones de hecho abarcadas por los supuestos considerados por el legislador con tal propósito, dado que su espacio ni por imaginación equivale a una nueva instancia que conceda la posibilidad de adelantar otra contienda judicial ni en pro de corregir el comportamiento observado por las partes en el curso del proceso.

2. En relación con la excepción de falta de legitimación, es del caso precisar que por el hecho de haber sido Bogotá, Distrito Capital, —Secretaría de Educación Distrital— uno de los contendientes en el proceso reivindicatorio dentro del cual se profirió la sentencia cuestionada por vía del recurso de revisión, también lo debe ser en este trámite, de conformidad con lo previsto en el ordinal 2º, artículo 382 del Código de Procedimiento Civil, según el cual es necesario indicar en la demanda el nombre y domicilio de las personas que fueron parte en el proceso en que se dictó la sentencia, “para que con ellas se siga el procedimiento de revisión”, pues dicha disposición así lo prevé con nitidez, mayormente si la causal aquí aducida tiene que ver con la falta de aportación de documentos que habrían variado la decisión adoptada.

3. Tal y como se acotó, en el presente asunto la parte recurrente invocó la causal 1ª del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, es decir, “haberse encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.

4. Ha de verse que para la cabal demostración del referido motivo, como condición sine qua non determinante del éxito del recurso de revisión, es indispensable probar de modo fehaciente: a) que las pruebas documentales de que se trate hayan sido localizadas con posterioridad al momento en que fue dictado el fallo, pues “la prueba de eficacia en revisión y desde el punto de vista que se está tratando, debe tener existencia desde el momento mismo en que se entabla la acción (...) de donde se sigue que no constituyendo esa pieza documental —bien por su contenido o por cualquier otra circunstancia— una auténtica e incontestable novedad frente al material probatorio recogido en el proceso, la predicada injusticia de esa resolución no puede vincularse causalmente con la ausencia del documento aparecido” (Sent. 237 de jun. 1º/88); b) que el alcance del mérito persuasivo de tales probanzas habría variado la decisión contenida en ese proveído, por cuanto “el documento nuevo, per se, debe ser decisivo y por tanto tener la suficiente fuerza como para determinar un cambio sustancial de la sentencia recurrida”; y c) que no pudieron allegarse oportunamente, debido a fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria, razón por la que “no basta que la prueba exista para que la revisión sea viable, sino que es necesario para ello que haya sido imposible aducirla, o por un hecho independiente de las partes, o por un hecho doloso de la parte favorecida” (G.J., t. LI bis, pág. 215).

5. En la situación propuesta dentro de este asunto, encuentra la Corte que no están demostrados tales requisitos, en especial, el tercero de los mismos, como pasa a verse.

En efecto, de acuerdo con lo que viene de plantearse, es claro que incumbe al revisionista aducir y probar de modo concluyente que los documentos hallados después de la sentencia no pudo incorporarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria, de suerte que sin satisfacer esa carga procesal no podrá ser despachada en forma favorable la pretensión anulativa del fallo proferido por el ad quem, merced a que “[e]n general, por fuerza mayor o caso fortuito debe entenderse ‘el imprevisto que no es posible resistir, como el naufragio, el terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercido por un funcionario público, etc.’ (L. 95/1890, art. 1º); es claro que estos hechos o actos, u otros semejantes, que enuncia el legislador, requiere que sean imprevisibles o irresistibles, significando lo primero, un acontecer intempestivo, excepcional o sorpresivo; y lo segundo, imposible, fatal, inevitable de superar en sus consecuencias (sent. de revisión de dic. 2/87, G. J., t. CLXXXVIII, pág. 332).

Y, en esa misma sentencia, refiriéndose la corporación a esta especie de asuntos, destacó cómo cabía “precisar que en cuanto a la aportación de documentos, refiriéndose la Corte a este mismo tema, dijo que la fuerza mayor o el caso fortuito implican una verdadera imposibilidad de aducirlos; y no una simple dificultad, así ella se manifieste grande (CLXI, pág. 156). Y en lo atinente a que no hubiera sido posible allegarlo por maniobras del contrincante, tal requisito requiere de dos presupuestos: la presencia del documento que hubiera podido servir de medio de prueba en manos o bajo el dominio de la parte contraria durante o antes de la tramitación del proceso revisado, y la participación de dicha parte en la retención de dicha prueba. Desde luego, corresponde al recurrente la carga probatoria tendiente a demostrar que fue caso fortuito o fuerza mayor o conducta de su adversario lo que le impidió aducir al proceso esta especie de prueba, pues si no empieza por probar estos extremos, inexorablemente el recurso interpuesto está llamado al fracaso” (se destaca).

6. En este asunto, es ostensible que la parte recurrente en revisión no expuso, en concreto, cuál de los mencionados eventos tuvo la virtud de impedirle aportar los certificados de tradición y libertad, las cédulas catastrales y las escrituras públicas demostrativas de que el terreno objeto de la acción de dominio estaba sobrepuesto o traslapado en su totalidad en uno de propiedad de la Nación y que, en consecuencia, al no ser los demandantes los verdaderos dueños, no podían prosperar sus pretensiones dirigidas a la reivindicación del bien, pues en la demanda básicamente arguye que cuando compareció al proceso ya había precluido el término probatorio, que desconocía para entonces la existencia de esos elementos de convicción, mientras que en el alegato de conclusión dijo, sin más, que no haberlos anexado como prueba constituía una fuerza mayor, al haber sido un hecho por completo imprevisto e irresistible, ya que la parte actora jamás los adujo al proceso ni era imperioso para el Distrito Capital allegarlos.

Muestra ostensible ambivalencia esa postura de la parte recurrente al exponer circunstancias que no encajan con la fuerza mayor o caso fortuito o con maniobras de la parte demandante en reivindicación, como quiera que, en principio, funda la imposibilidad de agregarlos en que cuando concurrió al proceso ya estaba vencido el término para ello, luego en que “desconocía” la existencia de aquellas probanzas, así como al limitarse a señalar más adelante que la falta de aducción constituía la fuerza mayor, a lo cual añadió que la parte demandante no los invocó, ni era imperioso para el Distrito Capital anexarlos al expediente.

Lo cierto del caso es que, como se desprende de lo anterior, la falta de aportación de los referidos documentos no se debió a la actividad de quienes demandaron la reivindicación acogida en la sentencia objeto de la revisión ni a la presencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito que le hubieran impedido a Bogotá, Distrito Capital, —Secretaría de Educación Distrital— incorporarlos al expediente, sino a la falta de cuidado, diligencia y esmero de dicha parte demandada, mayormente si se trataba de documentación existente en una de sus dependencias, el Departamento Administrativo de Catastro Distrital, en la oficina de registro de instrumentos públicos y en notarías o en el archivo nacional, oficinas públicas a las cuales pudo ocurrir y obtener copia de la misma para allegarla y hacerla valer en pro de los derechos controvertidos en esa causa. Aparte de ello, destaca la Corte, es palmario que alcanzó a intervenir en el proceso y, por tanto, tuvo la posibilidad de anexarlos en la inspección judicial practicada el 22 de marzo de 2002 (fl. 218) o pedir que se decretaran en segunda instancia, acorde con lo previsto en los artículos 246 y 361 del Código de Procedimiento Civil y, en general, anunciarlos e incorporarlos en alguna audiencia o diligencia, o solicitar inclusive que se incorporaran ex officio.

Desde luego que “no basta con que se haya encontrado los documentos a ultranza, si el recurrente no demuestra que ‘no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria’; es él quien debe asumir la carga probatoria de que se presentó alguna de estas circunstancias; de allí que la causal de revisión tampoco puede alcanzar éxito si, por el contrario, ellos no se adujeron por falta de diligencia del interesado o por no averiguar dónde reposaban, o porque no se aprovecharon debidamente las oportunidades probatorias propias de las instancias. Dicho en otras palabras, debe constatarse, por fuera de cualquier género de duda, que para el litigante perjudicado no fue posible aportar oportunamente los documentos que trae a propósito de la impugnación, no obstante haber agotado con la debida diligencia todos los medios a su alcance; no basta, por lo tanto, que se le haya presentado una dificultad, por grave que esta pueda ser, siendo superable de algún modo” (sent. de revisión de 22 de sep./99, Exp. 6946).

7. Aparte de ello, mírese ahora cómo en procura de establecer objetivamente, in situ, y con la ayuda de los conocimientos técnicos de rigor la existencia del traslape o superposición establecidos, según la entidad recurrente con las documentos hallados después de la sentencia, se decretó la práctica de inspección judicial con intervención de perito, pero la parte que solicitó esta probanza no asistió en la primera oportunidad señalada para llevar a cabo dicho examen ni participó cuando efectivamente se realizó ni suministró los gastos de la pericia, motivo por el cual el funcionario comisionado tuvo por desistido el peritaje.

Dicha conducta constituye prueba fidedigna de la pasividad y pigricia de Bogotá, Distrito Capital, —Secretaría de Educación Distrital— en la defensa de sus derechos e intereses, pues a pesar de las expeditas e indiscutibles oportunidades y términos que tuvo tanto en el proceso de reivindicación como en el adelantamiento del recurso de revisión formulado, los dejó transcurrir con pasmosa indiferencia, comportamiento al cual, por supuesto, son atribuibles los resultados adversos que ha obtenido y obtendrá aquí, mas no a la gestión de la contraparte o al proceder de los funcionarios judiciales.

8. En suma, examinados en conjunto los medios probativos acopiados, se convence la Sala de que no están colmadas las exigencias aludidas para que pueda despacharse en forma favorable el recurso de revisión estudiado.

III. Decisión

Por mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. Declarar INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Bogotá, Distrito Capital, —Secretaría de Educación Distrital— contra la sentencia de 16 de marzo de 2004, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que decidió la consulta del fallo de 10 de febrero de 2003 del Juzgado Trece Civil del Circuito de esta ciudad, en el proceso ordinario reivindicatorio de María Emma Cortés de Sampedro, Dora Cecilia, Fabio, Luz Stella, Myriam Rocío, Claudia Lucía, Guillermo, Luis Enrique, Gloria, Jorge Enrique, Patricia y Jaime Sampedro Cortés contra el citado recurrente.

2. Condenar al recurrente a pagar a los demandados en el trámite de este recurso, las costas y los perjuicios causados, para cuya solución se hará efectiva la caución prestada. Tásense las primeras. Liquídense los segundos mediante incidente, según lo previsto en el artículo 384 in fine del Código de Procedimiento Civil.

Oportunamente entérese lo aquí resuelto a la compañía aseguradora garante para efectos del pago respectivo. Ofíciese.

3. Cancelar la inscripción de la demanda. Ofíciese.

4. Cumplido lo anterior, devuélvase el expediente al juzgado de origen, a excepción de la actuación relativa al recurso de revisión. Ofíciese.

5. Archivar, en su momento, el expediente aquí formado.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».