Sentencia 2006-00516 de julio 8 de 2010

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 760011102000200600516 02

Magistrado Ponente:

Dr. Angelino Lizcano Rivera

Aprobado según Acta Nº ochenta y dos (82) de la fecha

Ref.: Funcionario en apelación

Investigado: Elsa Amparo Uribe Sánchez. Juez 8º de Familia de la ciudad de Cali

Quejoso: Elizabeth González Galvis

Primera instancia: sanción suspensión de un mes - falta artículo 153 numeral 3º de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.

Decisión: revoca y absuelve.

Bogotá, D. C., ocho de julio de dos mil diez.

1. Asunto a tratar:

Procede esta Sala a resolver el recurso de apelación instaurado por el defensor de la investigada contra la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2009, mediante la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca(1), impuso sanción de un (1) mes de suspensión en el ejercicio del cargo, a la doctora Elsa Amparo Uribe Sánchez, en su condición de Jueza 8ª de Familia de Santiago de Cali, Valle del Cauca, como responsable de incurrir en la falta disciplinaria descrita en el numeral 3º del artículo 153 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.

2. La queja:

El 4 de abril de 2006, la señora Elizabeth González Galvis, presentó queja disciplinaria contra la Jueza 8ª de Familia de Santiago de Cali, en la que relata que se presentó al concurso que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura convocó a efecto de llenar vacantes en el poder judicial, y una vez finiquitadas todas las etapas conducentes, fue incluida en varias listas del registro seccional de elegibles, entre ellas la correspondiente al Juzgado 8º de Familia de Cali, en el cargo de escribiente grado 7, del cual es titular la doctora Elsa Amparo Uribe Sánchez, quien procedió a nombrarla en propiedad mediante la Resolución 001 del 11 de enero de 2005 y citada a la respectiva posesión, lo que derivó a que el 17 de febrero de 2005 oficiara a dicha funcionaria aceptando tal designación.

Adujo la quejosa, que la referida jueza, el día 1º de abril de 2005 profiere la Resolución 03-05, en la que decreta la nulidad de su nombramiento, teniendo en cuenta que el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, dictó la Resolución 332 de marzo 15 de 2005, donde le modificó su puntaje y negó su solicitud de reclasificación. Esta determinación fue recurrida el 8 de abril de 2005 por su apoderado judicial, doctor Tomás A. Fajardo Hernández E., y la jueza 8ª de familia en cuestión, el 11 de abril siguiente emite la Resolución 004 de 2005, mediante la cual concede el recurso de reposición, en consecuencia queda sin efectos la Resolución 03-05 de abril 1º de 2005 y fija el 12 de abril de esa anualidad para celebrar la posesión de su cargo como escribiente grado 7, comenzando a trabajar en esa fecha, y aunque no poseía ninguna clase de experiencia en la rama jurisdiccional, le impusieron una carga laboral muy alta, dándole a tramitar, entre otros, procesos de sucesiones, ejecutivos de alimentos, separación de bienes, peticiones de herencia y ese mismo día la doctora Elsa Amparo Uribe Sánchez emite la Resolución 005 adoptando un nuevo manual de funciones específicas del Juzgado 8º de Familia de Cali.

Agregó, que por parte de su jefe era objeto constantemente de malos tratos verbales y sicológicos, “... cuando llega al despacho solamente saluda cuando ya ha pasado de mi sitio de trabajo... (...), “... en ocasiones en reuniones con el grupo de trabajo se refleja la mala voluntad que ella me tiene, utilizando insultos tales como ‘sapa’ por el sólo hecho de haberle informado a un usuario sobre el procedimiento a seguir…”, desde el momento en que empezó a desempeñarse como escribiente de ese Estrado judicial dijo “... he estado sometida a una carga de stress muy alta, cada que debo pasar un expediente a su despacho lo pienso dos veces porque se que le buscará algo para devolverlo y eso estaría bien si al tachar el auto me lo corrigiera pero la mayoría de las veces no me dice lo que debo de hacer...”.

Manifestó que idénticas situaciones las sostuvo con los señores Lizbeth Silva y Javier Arteaga, quien “... fue un muchacho que llegó en la lista de elegibles pero cuando se presentó al juzgado la doctora lo trató tan mal que el muchacho asustado se fue y no volvió...”.

Dijo, que en múltiples oportunidades dicha funcionaria convocó al personal para adoptar nuevos manuales de funciones específicas del juzgado, manifestando que la finalidad era descongestionar el cargo bajo su responsabilidad, adicionándole más funciones que el anterior. Finaliza aseverando que la Juez 8ª de Familia de Cali, se ha obsesionado con ella, presentándose un claro entorpecimiento laboral “... pues a toda costa trata de obstaculizar el cumplimiento de mis labores o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio no solo mío como empleada de la justicia sino también en detrimento del estamento como tal ya que es mucho el material que se pierde por la obsesión que la señora juez ha tenido para conmigo...”, conductas que constituyen acoso laboral que trata el artículo 7º de la Ley 1010 de 2006...”.

La señora Elizabeth González Medina aportó con su queja diferentes documentos (fls. 1 a 100 c. o.).

3. Antecedentes procesales:

— Apertura de investigación disciplinaria:

El 12 de junio de 2006, el doctor Víctor Marmolejo Roldán, en su calidad de magistrado sustanciador, ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra la doctora Elsa Amparo Uribe Sánchez, en su condición de Jueza 8ª de Familia de Santiago de Cali, Valle del Cauca (fl. 102 c. o.).

En este auto, se dispuso escuchar en versión libre a la investigada, así como la diligencia de ampliación y ratificación de la queja, e igualmente se ordena la declaración de los señores Javier Rengifo Díaz, Lizbeth Silva, y los empleados judiciales adscritos al Juzgado 8º de Familia de Cali (fl. 102 c. o.).

— Declaraciones:

Javier Rengifo Díaz

El señor Javier Rengifo Díaz, declaró que concursó para el cargo de escribiente nominado del Juzgado 8º de Familia de Cali, y al figurar en la lista de elegibles fue llamado con el fin de posesionarse y al entrevistarse con la juez le comunicó su inexperiencia en el trámite de los procesos conocidos por los juzgados, reponiéndole que ella no disponía de tiempo para enseñarle “... que si no sabía nada de esos trámites debía de elaborar un documento de mi puño y letra en el cual le comunicaba que yo renunciaba a la posesión del cargo, pues yo consideré que ella me estaba presionando y no lo elaboré, en vista de esto yo presenté un escrito explicando lo acontecido a la Presidencia de la Sala Administrativa, luego yo recibí una comunicación en la cual me manifestaron que yo había pasado todos los procesos de valoración y evaluación aprobándolos y que por lo tanto me debía de nombrar, más sin embargo ella ni me citó ni me nombró...” (fl. 123 c. o.).

Genarina Ampudia Moreno

La señora Genarina Ampudia Moreno, trabajadora social del Juzgado 8º de Familia de Santiago de Cali, depone que al referirle a la titular del despacho su desconocimiento de la tramitología de los procesos de familia, ella le contestó “... que eso no era problema de ella, que ella no tenía tiempo para dar capacitación ni inducción ya que esa la debía dar el Consejo Seccional, ella no estaba a gusto con que le impusiera el Consejo las personas que tenía que nombrar y que no teníamos conocimiento acerca de los trámites en el despacho...”. Informa que durante el lapso que se encuentra laborando en ese estrado judicial, en cinco o seis oportunidades se ha variado el manual de funciones, resultando cambio de actividades para cada empleado.

En relación a la señora Elizabeth González Galvis, refiere que del conocimiento que tiene de ella como compañera de trabajo, sabe que está vinculada al juzgado desde el día 12 de abril de 2005 en calidad de escribiente nominado “... yo veo que ella trabaja mucho, porque dedica tiempo extra a su trabajo, por ejemplo al medio día, después de las seis de la tarde, además lleva trabajo para la casa para poder leer y adelantar su trabajo, yo veo que ella es una mujer estudiosa se preocupa por aprender, siempre que no sabe algo pregunta allí a los demás compañeros y fuera del despacho también busca asesoría, yo sé que ella le pagó a una compañera que trabaja en familia para que le enseñara cómo era el manejo de los diferentes procesos en un despacho de familia y así poder desarrollar mejor su labor, el interés de ella es responder por todo lo que se le ha encomendado” (fl. 125 c. o.).

Gustavo Alonso Gómez Hernández

El señor Gustavo Alonso Gómez Hernández expresa que al aprobar el concurso de méritos y aunque nunca se había desempeñado en empleos similares en la rama judicial, fue nombrado desde el 5 de julio de 2005 como citador del Juzgado 8º de Familia de Cali, y al momento de posesionarse la juez no hizo reparo alguno en torno a sus funciones. Enfatiza que en varias ocasiones se varió el manual de funciones del despacho, que conoce a la señora Elizabeth González Galvis, quien ejerce el cargo de escribiente nominada del mismo juzgado ya que “... es una buena persona y que labora en buena forma, hace su trabajo bien hecho...” y finalmente agrega que en relación al horario de trabajo, algunos compañeros utilizan la hora del almuerzo para adelantar sus labores “... anteriormente se iban los sábados y desde hace más o menos lo que va corrido de este año la doctora prohibió la ida los sábados, después de las seis de la tarde se quedan es algo ocasional, la señora Elizabeth se queda algunas veces después de las seis de la tarde y al medio día ella siempre se queda...” (fl. 129 c. o.).

— Versión libre de la funcionaria investigada:

Rinde esta diligencia el día 28 de julio de 2006, que obra a folios 130/132, en la cual argumenta que tanto ella como los empleados del despacho a su cargo, han colaborado para el buen desempeño de la quejosa, enfatizando que la calificó satisfactoriamente y en esta “... se le hace referencia a que debe poner más interés en el desarrollo de sus funciones, sin embargo se le calificó de modo que quedara trabajando en el despacho que dirijo lo que da a entender que no ha sido mi intención prescindir de sus servicios sino por el contrario que aprenda a desempeñarse en el cargo para el cual fue designada no solo para el bien del despacho y en especial de la administración de justicia sino para bien de ella misma considerando que en toda empresa o institución se requiere de un orden y una disciplina para el trabajo, además toda exigencia o corrección que a uno se le haga por el superior debe ser bien recibida porque de los errores se aprende...”.

Adujo que cuando la señora Elizabeth González Galvis, llegó a laborar en su despacho le permitió efectuar una inducción 15 días antes, con la finalidad de que la empleada saliente le explicara la tramitología de los asuntos que le correspondería conocer y debido a que efectivamente ella desconocía los oficios pertinentes, se elaboró un nuevo manual de funciones. Agrega unas carpetas que contienen las actas de reuniones realizadas en el juzgado, las actas de manual de funciones, de autos y sentencias y la calificación de la señora Elizabeth González Méndez.

— El pliego de cargos:

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca(2), mediante providencia proferida el 23 de agosto de 2007, profirió pliego de cargos en contra de la investigada por la presunta incursión en la falta descrita en el numeral 3º del artículo 153 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (fls. 148 a 156 c. o.).

Indicó la Sala a quo, que es inevitable arribar a la conclusión que el trato dispensado por la operadora judicial frente a aquellas personas que accedieron a la lista de elegibles para ocupar cargos vacantes en la rama jurisdiccional del poder público, mediante el concurso de méritos convocado por el Consejo Superior de la Judicatura, no fue el más digno, lo que ha conllevado a los subalternos a poner en conocimiento de la Sala Administrativa de este Consejo Seccional y a esta Sala, tales irregularidades y, pese a los requerimientos de la primera incluso, ha hecho caso omiso a ellos.

Notó que la quejosa tuvo que recurrir la resolución por medio de la cual se le negaba su posesión, para poder acceder al cargo que había alcanzado a través del concurso de méritos, lo que en sentir de la funcionaria no bastaba pues, exigencias de su estirpe colocó para frenar la posesión de los mismos.

Es más, de las piezas probatorias arrimadas al proceso se advirtió reiteradas y sucesivas modificaciones al manual de funciones, a efectos de entrabar la labor que cada una de estas personas que por ser nuevas en la rama judicial y carecer de los conocimientos sobre la materia, se vieran presionados al punto de renunciar a sus cargos. En otras palabras, hubo coacción de su parte para que estos no permanecieran en sus puestos de trabajo al no compartir del sistema que implementó el Consejo Superior de la Judicatura para ocupar las vacantes existentes en los despachos judiciales del país.

Indicó, que dicha conducta fue particularmente adoptada por muchos jueces de la República, quienes pretendían mantener en sus cargos en provisionalidad al personal de sus afectos, lo que ha dado lugar a numerosas sanciones por el superior.

Expresó que “De relevancia es el cambio reiterado del manual de funciones pues, si bien el funcionario es autónomo en su despacho, no es una facultad ilimitada ya que, conforme a lo expresado por la unidad de la carrera judicial del Consejo Superior de la Judicatura y para el concurso de méritos que se implementó últimamente, se publicó el cuadro donde se resumía la denominación, funciones y salarios para los cargos de empleados de tribunales y centros de servicios, con base en varios acuerdos expedidos por el citado Consejo Superior que datan desde año 1992 hasta la presente anualidad, pues conocido fue por quienes participaron en el mismo lo hicieron sobre tales funciones y de contera por quienes laboran al servicio de la rama judicial. Y es que si se lee detenidamente las resoluciones por las cuales adoptada repetidamente un manual de funciones, se advierte que ni siquiera expone la norma que le permita hacer uso de tal facultad, luego la misma es restringida y no puede tomarse a su arbitrio como forma de manipular al empleado y causar la mala relación interpersonal que va en detrimento de la buena marcha de la administración de justicia y perjudica tanto al empleado como a la funcionaría, pues aquel y ella podría verse menguada en su estadística al implementar todas estas maniobras que carecen de una finalidad sustancial”.

En esa oportunidad procesal, la conducta de la funcionaría se consideró provisionalmente como “grave”, de conformidad con el artículo 43 numerales 1º, 2º y 3º de la Ley 734 de 2002, y cometida a título de “dolo” ya que, la operadora judicial por su especialidad, conocía perfectamente de su actuar contrario a la ley y sin observar el cuidado que merecen sus actuaciones procedió en la forma en que lo hizo, comportamiento por el cual hoy se la recrimina disciplinariamente y que se encuentra tipificada en el numeral 3º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 pues, que es del siguiente tenor: “3. Obedecer y respetar a sus superiores, dar un tratamiento cortés a sus compañeros y a sus subordinados y compartir sus tareas con espíritu de solidaridad y unidos de propósito”.

“Lo anterior, como se dijo, por el mal trato psicológico dado a sus colaboradores, ejerciendo presión sobre estos a efecto de conseguir la renuncia a sus puestos lo que se traduce ciertamente en un acoso laboral, que vino a definirse como tal en el sector público a través de la Ley 1010 del 23 de enero del año 2006”.

4. Descargos del defensor de oficio:

La doctora Astrid Gómez Posso, en su condición de defensora de la funcionaria investigada, solicitó la absolución de esta, argumentando que según el principio de lesividad (art. 5º) que se estructura como una garantía adicional a favor de los destinatarios de la ley disciplinaría que enseña que la falta cometida por el sujeto disciplinable solo se imputará antijurídica, es decir, contraria a derecho, cuando afecte el deber funcional de la administración de justicia, sin justificación alguna, sin explicación o causal eximente de responsabilidad. Es decir, que si la falta no afecta el decoro (honor, respeto a la administración, recato u honestidad) de la administración o del servicio público o con el logro de los objetivos de ella, esto es la eficacia, no sería falta disciplinaria.

Adujo, que si la formulación de cargos, descansa en el cumplimiento de un deber consagrado en el numeral 3º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 y no existiendo desobediencia o irrespeto a sus superiores, sino una dilación a la aplicación de la prescripción disciplinaria, no es procedente juzgarla por los mismos hechos, a los que se les ha dado una denominación diferente, como tampoco existe prueba de un tratamiento descortés hacia sus compañeros o subordinados , en especial a la señora Elizabeth González y menos aún, un maltrato psicológico para obtener la renuncia, pues no existe prueba suficiente, aceptable y contundente de ello, ya que en ningún momento se aportó al menos una calificación de la historia de medicina laboral evaluación sicológica que así lo diagnosticara, haciéndose forzoso entonces solicitar el archivo del proceso disciplinario.

5. Alegatos de conclusión de la investigada:

La doctora Astrid Gómez Posso, en su condición de defensora de la funcionaria investigada, presentó alegatos de conclusión, en donde advirtió que la actuación disciplinaria debe desarrollarse con la observancia plena de los principios, preceptos y directrices establecidos en la ley disciplinaria (art. 21) y complementados con los indicados en el artículo 3º del Código Contencioso Administrativo, que se pueden resumir en economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción.

Así mismo, el artículo 87 preceptúa: “motivación de las decisiones disciplinarias y término para adoptar decisiones”. Al respecto se puede observar que el proveído que ordena la apertura de investigación disciplinaría contra la Jueza 8ª de Familia de Cali carece de motivación, lo cual constituye una vía de hecho, aunado a esto, el término que se tomó esta decisión superó el establecido por la ley, lo que constituye una flagrante violación del principio del debido proceso que nuestra Constitución Política consagra en el artículo 29 y se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. A más de lo anterior, se observa que el proveído mediante el cual se formula “pliego de cargos” y tipifica la conducta de la operadora judicial, se profirió bajo los parámetros del numeral 3º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 y no plantea en su parte considerativa un análisis probatorio de las pruebas obrantes en el expediente y apunta a encausar la falta disciplinaría a la no aplicación en debida forma de la lista de elegibles implementada por el Consejo Superior, y manifiesta que esta conducta fue adoptada por muchos jueces que ocasionó numerosas sanciones.

Manifestó, que no se logró recaudar la prueba decretada de oficio, y las que se pudieron llevar a feliz término, esto es los testimonios de los señores Genarina Ampudia y Gustavo Alonso Gómez, no aportan nada en relación con los hechos esbozados por la quejosa, referentes al maltrato del que se acusa a su poderdante toda vez que se limitan a hablar del cambio del manual de funciones, considerando que estos se hacían para descongestionar el juzgado, pero no prueban que la conducta que se dice asumió la investigada patrocinada tenga las características de dolosa y grave como se calificó, pues no existen pruebas que así lo demuestren.

Se desprende de todo lo expuesto, que son más las pruebas presentadas por mi defendida que demuestran su buena fe y buena intención de no causar daño a la señora Elizabeth González Galvis, con los cambios del manual de funciones, así estos no hubieran indicado la normatividad en que se sustentaban: otra prueba la da las calificaciones que se le han otorgado a partir de la fecha de su posesión que de manera comedida solicito se revisen y estudien detenidamente y finalmente el hecho de que la quejosa no se hubiera vuelto a presentar al Consejo a manifestar su deseo de traslado del despacho que dirige la investigada.

Por último, obra en el expediente la historia clínica de la quejosa que da cuenta que durante el tiempo en que sucedieron los supuestos hechos por ella narrados, no consultó al médico para un “tratamiento de estrés”, lo que da a entender que faltó a la verdad en la exposición de los hechos que motivaron este disciplinario. La única consulta médica se dio en junio de la presente anualidad y por una depresión de origen desconocido.

Expresó que “Efectuadas las anteriores disertaciones, de manera muy respetuosa solicito a su honorable despacho, se orden el archvo (sic) del expediente por falta total de pruebas en los cargos imputados. Y considere los fines consignados en los diferentes manuales de funciones, así como las calificaciones conferidas por mi poderdante a la señora Elizabeth González Galvis, como un punto determinante de la intención de mi representada, desvirtuando con ello el dolo que se le endilga, además y como otro punto a favor de ésta se tiene el hecho de que la quejosa continúa laborando en el despacho”.

6. Identificación de la funcionaria investigada:

Se adelantó la presente investigación contra la doctora Elsa Amparo Uribe Sánchez, en su condición de Jueza 8ª de Familia de Santiago de Cali, Valle del Cauca, identificada con la cédula de ciudadanía Nº 32.482.348.

7. Sentencia apelada:

La Sala a quo, mediante fallo dictado el 19 de noviembre de 2009, encontró demostrada la responsabilidad de la investigada por la infracción calificada como grave, a título de dolo, por lo cual procedió a sancionarla con suspensión de un mes en el ejercicio del cargo, al encontrarla responsable de incurrir en la falta descrita en el numeral 3º del artículo 153 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (fls. 256 a 277 c. o.).

Consideró la Sala de primera instancia en su decisión, lo siguiente:

“Y tal como se ha establecido, la actitud asumida por la doctora Elsa Amparo Uribe Sánchez, debió ser seria, apacible y sosegada para no perder el control y no ir en contravía de sus deberes, lo que se desprende de las exposiciones rendidas por sus propios colaboradores, debiendo guardar la mesura que como funcionaria era su obligación y contrario sensu, con el comportamiento asumido no solo con la quejosa, sino de igual manera con Lizbeth Silva, Javier Rengifo Díaz y Javier Arteaga, confluyen a concluir que profirió maltrato psicológico a estas personas, quienes al concursar y aprobar los citados concursos, consiguieron merecidamente integrar e ingresar a la rama judicial y además, ejerciendo presión con miras a que renunciaron a sus puestos, presentándose un acoso laboral, siendo pertinente transcribir lo que dispone la Ley 1010 de 2006 que dice:

“ART. 2º—Definición y modalidades de acoso laboral. Para efectos de la presente ley se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo”.

“En el contexto del inciso primero de este artículo, el acoso laboral puede darse, entre otras, bajo las siguientes modalidades: 1. Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, ... o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral, 2. Persecución. Toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir a la renuncia del empleado o trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral. 3. Discriminación laboral... 4. Entorpecimiento laboral. Toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado... 5. Inequidad laboral. Asignación de funciones a menosprecio del trabajador. 6. Desprotección laboral. Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes y asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad y seguridad para el trabajador”.

Por lo anterior, discurrimos con meridiana claridad que la doctora Elsa Amparo Uribe Sánchez, en su calidad de Juez Octava de Familia, con su actuar trasgredió el deber consagrado en el numeral 3º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, con consagra; “... Obedecer y respetar a sus superiores, dar un tratamiento a compañeros y a sus subordinados y compartir sus tareas espíritu de solidaridad y unidad de propósito…”.

Esta colegiatura enfatiza que en el caso que nos ocupa confluyen contundentemente todos y cada uno de los requerimientos citados en precedencia, pues se tiene que las pruebas allegadas al informativo demuestran de manera fehaciente la existencia de la falta y responsabilidad enrostrada a la doctora Elsa Amparo Uribe Sánchez, pues se ha colegido, sin hesitación alguna que no dio tratamiento cortés a sus compañeros y subalternos, trasgrediendo con su actuar el deber dispuesto en el artículo 153-3 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.

Con relación a la calificación de la falta formulada a la doctora Elsa Amparo Uribe Sánchez, conforme a lo resuelto en el pliego de cargos, considera esta Sala Dual que con su conducta vulneró la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, al no haber cumplido dentro de la órbita de su competencia con nuestra Carta Magna y la ley, transgrediendo, se repite, el deber consagrado en el artículo 153 numeral 3º, falta que debe catalogarse como grave en atención a los criterios establecidos en el artículo 43 numerales 1º, 2º, y 3º de la Ley 734 de 2002 a título de dolo, pues fue su voluntad actuar como lo hizo con su colaboradora hasta el punto que esta enfermó por estrés laboral, lo que es confirmado por la historia clínica de la señora Elizabeth González Galvis, circunstancia que conllevó a una devaluable prestación esencial del servicio de la administración de justicia, debiéndose imponer una sanción de conformidad a lo normado en el artículo 50 y el inciso 2º del artículo 46 del Código Disciplinario Único, sería la de suspensión de un (1) mes en el ejercicio de su cargo, de forma coherente a lo reglado en el inciso 2º del artículo 46 ibídem.

De suerte que por lo antes esbozado, presentamos nuestro respetuoso disenso con los esforzados planteamientos emitidos por la doctora Astrid Gómez Posso, en calidad de defensora de la disciplinada”.

8. El recurso de apelación:

El doctor Gonzalo Alberto Torres Salazar, en su condición de defensor de la doctora Elsa Amparo Uribe Sánchez, interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2009, bajo los siguientes argumentos:

En primer lugar, bajo el análisis de la situación fáctica - no configuración del acoso laboral, pues es de tener en cuenta que la señora Elizabeth González Galvis, presentó queja ante el Consejo Seccional de la Judicatura Sala Disciplinaria, por el presunto “acoso laboral”, lo cual según lo narrado en esta, no es un acoso laboral, sino que son los requisitos que se deben cumplir cuando una persona natural asume su cargo de funcionario.

Adujo, que en su escrito de queja la funcionaria demostró que no estaba capacitada para desempeñar ese cargo, ya que si concursó como lo estipula ella, debió estar preparada al momento de recibir su cargo, como se puede notar dicha quejosa está demostrando que lo que la juez investigada estaba cumpliendo con su función de directora del despacho de tenerlo al día, y con ello lograr que siga siendo un juzgado que tiene todo al día como es su deber.

Sobre el punto 9 de la queja, el apelante indicó “este punto es de tener en cuenta honorables magistradas que la quejosa está diciendo que le borraron sus archivos en ningún momento dice que fue la juez quien se los borró cómo hablar de acoso laboral con este punto si ella no entiende que hay veces que por bajones de energía, por virus del computador se puede perder información”.

Adujo, lo que se evidencia con claridad luego de escuchar las manifestaciones de la quejosa es que si bien es cierto las funciones del cargo que venían desempeñando eran cambiadas por la juez, de los mismos siempre se le notificó en debida forma y además que con ello solo se tenía la intención de favorecerla en cuanto a la labor que debía desarrollar en el despacho disminuyendo su carga laboral; en razón a ello cómo se puede hablar de acoso laboral si la quejosa no observa que la juez lo que está haciendo es ayudándole para que tenga mejores aspiraciones futuras y no observa que la juez lo que esté haciendo es incrementándole a sus compañeros la carga laboral.

De otra parte, pregunta en qué momento los magistrados no le han solicitado a sus funcionario que corrijan un auto, “se lo rayan”, y nunca le dice es que debe de decir esto y lo otro, “cuantas veces ustedes de manera inconciente (sic) le han levantado la voz a su asistente y eso no es un acoso laboral es simplemente el querer que ese funcionario salga adelante o tenga otras aspiraciones y no se quede en un solo puesto o cargo”.

En relación a la competencia de los hechos expuestos por la quejosa, manifestó que de conformidad con el artículo 9º de la Ley 1010 de 2006, esta debió de presentar su queja atendiendo a los requerimientos de prevención y promoción que manifiesta la norma en mención, debiéndose generar antes de una queja ante lo disciplinario un ánimo de conciliación entre las partes que evite que se generen roses de esta dimensión y sólo a través de las vías del dialogo se aclaren situaciones como las aquí mencionadas donde lo que simplemente se puede vislumbrar es que existen inconformidades de caracteres, pero de ninguna forma atentados violentos de manera verbal o física en contra de la integridad de alguna persona a tal punto que llegasen a denigrar a alguien.

Así las cosas, encontramos que era un deber de la administración de justicia reglamentar lo contenido en el artículo 9º numeral 2º de la Ley 1010 de 2006 dentro del término concedido por ella misma “los empleadores deberán adaptar el reglamento de trabajo a los requerimientos de la presente ley, dentro de los tres (4) meses siguientes a su promulgación, y su incumplimiento será sancionado administrativamente por el Código Sustantivo del Trabajo, el empleador deberá abrir un escenario para escuchar las opiniones de los trabajadores en la adaptación de que trata este parágrafo, sin que tales opiniones sean obligatorias y sin que eliminen el poder de subordinación laboral”, reglamentación que se hizo de manera morosa a través del Acuerdo PSAA08-4437 de 2008, en el cual se manifiesta:

“... Que la Ley 1010 de 2006, adoptó medidas tendientes a prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo, buscando la protección de bienes jurídicos tales como el trabajo en condiciones dignas y justas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud mental de los trabajadores, la armonía entre quienes comparten un mismo ambiente laboral y el buen ambiente de la empresa”.

9. El trámite en segunda instancia:

Remitido el expediente el 22 de febrero de 2010, para surtirse el recurso de apelación, pasó el proceso a este despacho por reparto el 18 de marzo de 2010 (fls. 3 y 4 cdno. Sª instancia).

Mediante auto proferido el 24 de marzo de 2010, se dispuso comunicar a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y Policía Judicial la existencia de este proceso que se encuentra en trámite de segunda instancia (fl. 5 cdno. Sª instancia).

También, se pidió que se certificara, si por estos mismos hechos cursaba investigación disciplinaria contra la funcionaria investigada.

El doctor Carlos Arturo Ramírez Vásquez, en su calidad de Procurador Delegado para la Vigilancia Judicial y la policía judicial, fue notificado de forma personal el 23 de abril de 2010 (fl. 9 cdno. Sª instancia).

La Secretaría Judicial de esta Sala, informó que contra la doctora Elsa Amparo Uribe Sánchez, en su condición de Jueza 8ª de Familia de Santiago de Cali, Valle del Cauca, identificada con la cédula de ciudadanía Nº 32.482.348, no cursan otros procesos en esta Sala por los mismos hechos (fl. 16 cdno. de Sª instancia).

Según constancia secretarial del 24 de marzo de 2010, pasó nuevamente el expediente a este despacho (fl. 17 adverso - cdno. de Sª instancia).

— Escrito presentado en segunda instancia:

En esta instancia, el defensor de la funcionaria investigada solicitó que se allegara un expediente relacionado con una queja por acoso laboral.

Consideraciones

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer y decidir el recurso de apelación de conformidad con el mandato establecido en el artículo 256 numeral 3º de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 112 numeral 4º de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en armonía con los artículos 194 y 208 del Código Disciplinario Único.

Establecida la calidad de funcionaria judicial de la investigada, procede esta Sala a adoptar la decisión que en derecho corresponda, no evidenciándose irregularidad alguna que pueda viciar de nulidad la presente actuación disciplinaria.

Los artículos 4º, 13, 27, 42, 193 y 196 del Código Disciplinario Único, informan que los funcionarios judiciales son destinatarios de la ley disciplinaria, cuando en ejercicio de sus funciones o con ocasión de las mismas, incurran en falta disciplinaria, por acción u omisión, en forma dolosa o culposa, en orden al incumplimiento de los deberes, el abuso o extralimitación de los derechos y funciones, impedimentos, inhabilidades y conflictos de intereses, comportamientos que, por las circunstancias anotadas, pueden ser gravísimos, o calificados como graves o leves.

La conducta de los funcionarios que administran justicia, frente a las normas supuestamente infringidas, se debe adecuar en los tipos establecidos en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, por ser especial y de superior jerarquía, acorde con lo establecido en el artículo 195 del Código Disciplinario Único.

La investigada como funcionaria judicial, conforme al fallo sancionatorio, incurrió en la falta disciplinaria contenida en el numeral 3º del artículo 153 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia:

“ART. 153.—Deberes. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:

3. Obedecer y respetar a sus superiores, dar un tratamiento cortés a sus compañeros y a sus subordinados y compartir sus tareas con espíritu de solidaridad y unidad de propósito”.

De modo, que siendo la administración de justicia el ejercicio de un servicio a la sociedad, esencial e imprescindible, el incumplimiento de los deberes y obligaciones que lo constituyen afecta negativa y directamente su prestación, lesiona indiscutiblemente la imagen de la justicia, su credibilidad y eficacia, constituyendo descrédito para la misma, pues la afrenta no solo es contra de uno de los pilares del Estado social de derecho sino también, contra los usuarios de este servicio a quienes se les debe respeto y efectividad en el mismo.

Por lo tanto, como se le endilgó a la doctora Elsa Amparo Uribe Sánchez, no haber dado un tratamiento cortés a sus subalternos, comoquiera que “con el comportamiento asumido no solo con la quejosa, sino de igual manera con Lizbeth Silva, Javier Rengifo Díaz y Javier Arteaga, confluyen a concluir que profirió maltrato psicológico a estas personas, quienes al concursar y aprobar los citados concursos, consiguieron merecidamente integrar e ingresar a la rama judicial y además, ejerciendo presión con miras a que renunciaran a sus puestos, presentándose un acoso laboral, siendo pertinente transcribir lo que dispone la Ley 1010 de 2006:…”.

Ahora bien, los regímenes disciplinarios especiales, como el previsto constitucionalmente para los funcionarios judiciales, hacen parte del derecho disciplinario general, el cual concierne a la facultad constitucional que tienen las Salas Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Seccionales y Superior de la Judicatura de imponer a los funcionarios que integran la rama judicial sanciones previamente definidas en la ley, quienes, en esta condición, están sometidos al Estado mediante una relación de especial sujeción, es decir, que esta potestad disciplinaria fue establecida para lograr los fines del Estado, y particularmente, con el propósito de asegurar el cumplimiento de los principios que rigen la administración de justicia, cuales son, el de acceso a la justicia, derecho de defensa, celeridad, autonomía e independencia de la rama judicial, gratuidad, eficiencia y alternatividad y respeto de los derechos de conformidad con los artículos 2º a 9º de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, Ley 270 de 1996.

De tal manera, que el límite a esta potestad sancionadora se encuentra en la afectación, o amenaza de afectación del servicio público de la administración de justicia, de modo que si esta situación no se produce, no hay lugar a endilgar responsabilidad disciplinaria. Por eso, para determinar dicha responsabilidad no es suficiente verificar la infracción de la norma, sino que se hace necesario valorar la afectación del servicio o la función pública.

Ahora, es necesario recordar que el régimen disciplinario especial aplicable a los funcionarios judiciales, lo es, precisamente, porque consagra una serie de faltas disciplinarias, que se diferencian de aquellas que pueden ser impuestas a los servidores públicos en general, y que encuentran su justificación precisamente en la especial función que le corresponde cumplir a la administración de justicia, es por eso, que existe la consagración de unas faltas especiales en las que pueden incurrir los funcionarios judiciales, precisamente debido a la funciones que les fueron conferidas constitucionalmente, y que naturalmente no se identifican con las de ningún otro ente del Estado, no obstante, que el procedimiento aplicable es el mismo que está consagrado para los demás servidores públicos, es decir bajo los mismos principios rectores del proceso disciplinario, como es el debido proceso, el principio de legalidad, el principio de favorabilidad, la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley, el reconocimiento de la dignidad humana, la resolución de la duda a favor del disciplinado, entre otros.

Ahora bien, para que esta Sala, proceda a realizar el estudio del recurso de apelación del fallo proferido contra la doctora Elsa Amparo Uribe Sánchez, es indispensable reiterar los conceptos de motivación, del cual se establece que “Toda decisión de fondo deberá motivarse”, y de la prueba para sancionar, el que dispone que “No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado”, pues al parecer estos no se cumplen en este fallo.

Lo anterior, en virtud a los argumentos expuestos por la Sala de primera instancia, esto es, que la funcionaria judicial profirió un maltrato psicológico no sólo a la quejosa, sino a todos los empleados judiciales adscritos a su despacho, que fueron citados a estas diligencias como testigos, y además los presionó para que renunciaran a sus cargos, no obstante que habían concursado y aprobado el mismo, por lo cual se encontraban inscritos en la carrera judicial; de modo que con las pruebas recaudadas es evidente que no existe dicha certeza del maltrato psicológico, ni de la presión que ejerció sobre la quejosa para que presentara renuncia a su cargo, por lo tanto, la conducta de la funcionaria no puede llegar a configurar una conducta sancionable disciplinariamente.

Así las cosas, siguiendo las orientaciones de la sana crítica que se impone dentro del proceso disciplinario al calificar la prueba, y teniendo en cuenta que al operador disciplinario le está prohibido acudir a sus condiciones morales y a su conciencia, imponiéndose su discernimiento, su raciocinio, su análisis crítico y el necesario apoyo de la ciencia y la técnica en la lógica dialéctica de las reglas concernientes a la experiencia, entra esta Sala a realizar un análisis de las pruebas recaudadas dentro de esta investigación.

El fundamento inicial de la decisión de primera instancia, lo constituyen las declaraciones de los empleados adscritos al despacho de la jueza investigada, es decir, de los señores Javier Rengifo Díaz, Genarina Ampudia Moreno y Gustavo Alonso Gómez Hernández, en donde informaron cómo había sido su ingreso a la carrera judicial, y la forma como los recibió la juez titular del despacho como directora del mismo, y por ende como superior jerárquica de estos, pero ninguno manifestó un trato descortés hacia la quejosa, pues el simple hecho que la funcionaria les haya preguntado sí tenían experiencia en la rama judicial, en especial en la tramitación de procesos de la jurisdicción ordinaria en la especialidad de familia, y ante la negativa de estos, ella les indicara que no tenía tiempo para instruirlos o capacitarlos, no podría deducirse de esas afirmaciones que la investigada les haya dado un tratamiento descortés.

En efecto, estas pruebas testimoniales, de acuerdo a la sana crítica de ninguna manera constituyen, crean o prueban la existencia del hecho, y mucho menos de la responsabilidad de la juez investigada, ya que de ninguna de las declaraciones se establece con certeza un acoso laboral a la luz de lo señalado en la Ley 1010 del 2006, sino unas situaciones administrativas en relación al nombramiento de la quejosa, y de uno de los declarantes, circunstancia que fue debidamente debatida ante las autoridades administrativas y judiciales correspondientes.

De otra parte, las modificaciones al manual interno de funciones del despacho a cargo de la juez investigada, tampoco permiten inferir que tuvieran la finalidad de darle un trato descortés a la quejosa, pues estas instrucciones o modificaciones siempre se hicieron de manera escrita, y con el pleno conocimiento de todos los empleados del juzgado.

De ese modo, para esta Sala resulta inaceptable el análisis probatorio de la primera instancia, por ausencia de discernimiento y análisis crítico de la prueba recaudada, por lo que se considera que no están dados los presupuestos del artículo 142 del Código Disciplinario Único (L. 734/2002), pues de los documentos allegados a estas diligencias, y los testimonios recibidos, como pruebas legal y oportunamente producidas que permitieron fundamentar el fallo apelado, no se desprende prueba alguna que conduzca a la certeza sobre la existencia del tratamiento descortés de parte de la funcionaria investigada hacia la quejosa, y mucho menos a los otros empleados adscritos a su despacho que rindieron su declaración en este proceso, del cual pueda inferirse la presencia de un acoso laboral.

Para la Sala a quo, “… la actitud asumida por la doctora Elsa Amparo Uribe Sánchez, debió ser seria, apacible y sosegada para no perder el control y no ir en contravía de sus deberes, lo que se desprende de las exposiciones rendida por sus propios colaboradores, debiendo guardar la mesura que como funcionaría era su obligación y contrario sensu, con el comportamiento asumido no solo con la quejosa, sino de igual manera con Lizbeth Silva, Javier Rengifo Díaz y Javier Arteaga, confluyen a concluir que profirió maltrato psicológico a estas personas, quienes al concursar y aprobar los citados concursos, consiguieron merecidamente integrar e ingresar a la rama judicial y además, ejerciendo presión con miras a que renunciaron a sus puestos, presentándose un acoso laboral, siendo pertinente transcribir lo que dispone la Ley 1010 de 2006 que dice:…”.

Esta Sala se aparta de la conclusión a que llegó el Seccional de primera instancia, para sancionar, en el sentido de dar por probado, que comoquiera que, la juez investigada tuvo algunos inconvenientes de tipo administrativo para realizar el nombramiento de la quejosa, y de otra parte, que como directora del despacho le ha hecho algunas recomendaciones sobre su desempeño, como las correcciones a los autos proyectados para su firma, y con las diversas distribuciones de funciones al interior del despacho; ese solo hecho generara un tratamiento descortés, y que con ocasión de ello, la disciplinada vulneró el contenido del artículo 153 numeral 3º de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.

Las razones y fundamentos jurídicos de la disidencia, están dados en la medida en que, en primer lugar se debe hacer claridad respecto de qué debe entenderse por un tratamiento cortés, entendiéndose que debe ser atento, comedido, afable, urbano en su relación laboral, pero indiscutiblemente como superior jerárquico, como lo prevé el artículo 153 numeral 3º de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, por lo que mal puede concluirse o afirmarse como lo hace la Sala a quo, que en virtud de las exigencias efectuadas por la juez, fue descortés con la quejosa, pero va más allá en afirmar que les profirió un maltrato psicológico, para concluir que había incurrido en un acoso laboral, circunstancia que no puede deducirse del material probatorio recaudado dentro de las diligencias.

El artículo 142 del Código Disciplinario Único —Ley 734 de 2002— consagra expresamente: “prueba para sancionar. No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado”, por lo que en estas diligencias disciplinarias, no aparece prueba alguna legal y oportunamente aportada o producida dentro de las mismas, que conduzca a la certeza de que la juez investigada, incurrió con su conducta en una violación del régimen de deberes previsto en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, por lo que de la apreciación en conjunto de las pruebas recaudadas, acorde con las reglas de la sana crítica del material probatorio obrante en el expediente, no puede deducirse con certeza responsabilidad disciplinaria en contra de la investigada, contrario a lo afirmado por el fallador de instancia por lo que la Sala revocará dicha decisión, para en su lugar absolverla de los cargos formulados, en aplicación del principio constitucional de la presunción de inocencia que en materia disciplinaria consagró el legislador en el artículo 9º de la Ley 734 de 2002.

“ART. 9º—Presunción de inocencia. A quien se atribuya una falta disciplinaria se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado. Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla.

Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla

Ahora, toda duda razonable debe resolverse a favor de la juez investigada, en razón a que no existen las pruebas idóneas, conducentes y pertinentes para sostener la sanción impuesta por la Sala a quo, ya que de hacerlo se estaría vulnerando el debido proceso en detrimento de las garantías procesales y la observancia de la Constitución Política y la ley, no obstante que dentro del análisis jurídico de la calificación que se le impute a un funcionario judicial por los hechos objeto de investigación, se debe hacer el correspondiente análisis probatorio para la demostración no solo de los factores objetivos del hecho disciplinariamente reprochable, sino también de la imputación subjetiva del mismo.

De modo, que en este caso, los señalamientos efectuados contra la funcionaria judicial no prosperaron, porque existe duda sobre la existencia de la conducta reprochada, conforme a lo anteriormente expresado por esta Sala, porque no existe prueba suficiente que permita advertir la responsabilidad de la jueza investigada.

Por lo tanto, se insiste, que el artículo 142 del Código Disciplinario Único, Ley 734 de 2002, es claro en precisar, que no se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza de sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del implicado. Esto es, que para imponer sanción a la investigada, deben darse dos supuestos, el primero de ellos es la existencia de la falta que vulnere el buen funcionamiento de la administración de justicia, el cual dentro de este proceso disciplinario no existe, porque no está establecido el trato descortés con la quejosa como subalterna suya, o con los demás empleados judiciales adscritos a su despacho.

El segundo supuesto que debe darse, es la responsabilidad subjetiva de la investigada en un acto como hecho voluntario de su conducta, lo que vale decir, demostrar la autoría del hecho, el cual dentro de este caso no se presentó, precisamente porque no existe la certeza del trato descortés por parte de la jueza hacía los empleados adscritos a su despacho.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2009, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, objeto de apelación, para en su lugar absolver a la doctora Elsa Amparo Uribe Sánchez, en su condición de Jueza 8ª de Familia de Santiago de Cali, Valle del Cauca, de incurrir en la falta disciplinaria descrita en el numeral 3º del artículo 153 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, conforme a las consideraciones de este fallo.

2. Por la Secretaría Judicial, líbrense las comunicaciones pertinentes.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Julia Emma Garzón de Gómez, Presidenta—Henry Villarraga Oliveros—José Ovidio Claros Polanco—Angelino Lizcano Rivera—María Mercedes López Mora—Jorge Armando Otálora Gómez—Pedro Alonso Sanabria Buitrago.

Yira Lucía Olarte Avila, Secretaria Judicial.

(1) Integrada por las doctoras Amparo Cardona Echeverry —M. P.— y Carlina Mireya Varela Lorza.

(2) Integrada por los doctores Víctor Marmolejo Roldán —M. P.— y Ruth Patricia Bonilla Vargas.