SENTENCIA 2006-00534/43422 DE ABRIL 5 DE 2017

 

Sentencia 2006-00534/43422 de abril 5 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A”

Radicación: 05001-23-31-000-2006-00534-01 (43.422)

Actor: Jesús María Urrego Montoya y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Asunto: Acción de reparación directa

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Bogotá D.C., cinco de abril de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

Competencia.

Las normas de asignación de competencia que rigen la actuación se encuentran previstas en la Ley 446 de 1998, de allí que, para que el asunto pueda ser tramitado en segunda instancia, la cuantía del proceso debe exceder de $ 190.750.000(2). Como quiera que la pretensión mayor corresponde a la suma de $ 381.500.000, reclamada por perjuicios morales, se concluye que esta corporación es competente para conocer del recurso interpuesto.

Oportunidad de la acción.

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa caduca al cabo de 2 años, contados a partir del día siguiente al del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

Como en el presente asunto los actores pretenden la declaratoria de responsabilidad de la demandada por los perjuicios ocasionados con la muerte del señor Jorge Humberto Urrego Gómez, en hechos ocurridos el 6 de noviembre de 2003 en la vereda “La Anocosca” del municipio de Caicedo, Antioquia, se tendrá en cuenta esta fecha a efectos de contar el término de caducidad.

Así, conforme al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la caducidad de la acción operaba el 7 de noviembre de 2005. Como la demanda se presentó el 26 de octubre anterior, esto último ocurrió en término.

Consideraciones previas.

1. Previo a decidir el asunto puesto a consideración de la Sala, resulta pertinente señalar que, en este caso, el Ejército Nacional (aquí demandada) tiene la calidad de apelante único; por lo tanto, la Sala no podrá hacer más gravosa su situación, únicamente podrá mejorarla en el evento de que encuentre que hay lugar a ello, de conformidad con las pruebas debidamente decretadas y practicadas en el proceso.

2. Sobre los medios probatorios obrantes en el proceso, concretamente en lo que se refiere a la prueba trasladada, se ha dicho que aquélla que no cumpla con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, o que no haya sido solicitada en el proceso contencioso administrativo por la parte contra quien se aduce, o no haya sido practicada con audiencia de ésta no puede ser valorada en el proceso al que se traslada(3). También ha dicho la Sala que, en los eventos en los cuales el traslado de la prueba rendida dentro de otro proceso lo hayan solicitado ambas partes, dicha prueba puede ser tenida en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aun cuando se haya practicado sin su citación o intervención en el proceso original y no haya sido ratificada en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(4).

En este caso obra:

a) la copia del proceso penal militar 2007-077 del juzgado 27 de instrucción penal militar ante el Batallón de Infantería 11 “Cacique Nutibara”, adelantado por el homicidio de los hermanos Jorge Humberto y José Alberto Urrego Gómez(5) (remitido mediante oficio 621/MDN-DEJUM-J27IPM-746 del 4 de septiembre de 2008(6)), prueba que fue solicitada por la parte demandante(7), coadyuvada por la parte demandada(8) (la cual, además, intervino en la práctica de las pruebas que en ella militan) y decretada por el tribunal mediante Auto del 18 de mayo de 2007(9). En este orden de ideas, dicha prueba se tendrá como tal en este proceso.

b) la copia de la investigación disciplinaria 008-143223-2006 de la procuraduría delegada disciplinaria para la defensa de los derechos humanos, adelantada por la desaparición y muerte de los hermanos Jorge Humberto y José Alberto Urrego Gómez(10) (remitida mediante oficio 3959-2007 del 29 de octubre de 2007(11)), prueba que fue solicitada por la parte demandante(12), coadyuvada por la parte demandada(13) y decretada por el tribunal mediante Auto del 18 de mayo de 2007(14). En este orden de ideas, dicha prueba se tendrá como tal en este proceso.

No obstante lo anterior, es indispensable aclarar, sin embargo, que no se tendrán en cuenta las diligencias de indagatoria rendidas ante el juzgado 27 de instrucción penal militar, por los militares Juan Carlos Barraza Vargas(15), Alfredo Cabarca Vargas(16), Rubén Beltrán Palacio(17), Carlos Enrique León Soto(18), Jhon Espinosa Pérez(19), Joaquín Miguel Camargo(20) y Ronald Humberto Jaraba González(21), y tampoco las de versión libre rendidas ante la Procuraduría General de la Nación, seccional Antioquia, por los militares Jhon Mario Espinosa Pérez(22), Alí Enrique Garay Saleg(23) y Juan David Arango Montealegre(24), por no encontrarse sometidas a la formalidad del juramento.

En efecto, en relación con la práctica de las diligencias de indagatoria y de versión libre, la Sala ha sostenido que, por regla general, no son objeto de valoración, toda vez que no tienen el alcance de una prueba testimonial ni pueden someterse a ratificación, dado que no se encuentran sujetas a la formalidad del juramento, como sí ocurre con el testimonio; así las cosas, siempre que dentro de este tipo de procesos se quiera hacer valer la declaración de una persona que ha rendido indagatoria o versión libre en un asunto penal, debe ordenarse la práctica de su testimonio(25).

3. Aun cuando la parte demandada esgrimió en el recurso de apelación que en el presente caso había operado el fenómeno de la cosa juzgada, por cuanto en el proceso 2006-534 el tribunal profirió sentencia condenatoria en contra del Ejército Nacional por los mismos hechos que aquí se demandaron, lo cierto es que, si bien revisado el software de gestión de esta corporación se advirtió la existencia de otro proceso que se adelantó por esos hechos del 6 de noviembre de 2003, con los mismos demandantes, lo que en este último se reclama es la indemnización de perjuicios como consecuencia de la muerte de José Alberto Urrego Gómez y no de Jorge Humberto Urrego Gómez (víctima en el proceso de la referencia).

Así las cosas, no existe identidad de objeto en ambos procesos, presupuesto necesario para la configuración de ese fenómeno procesal, razón por la cual esta Sala no hará más pronunciamiento al respecto.

El caso concreto.

1. El señor Jorge Humberto Urrego Gómez fue elegido como presidente de la junta de acción comunal de la vereda “La Cortada” del municipio de Caicedo, Antioquia, por la asamblea general de afiliados de aquélla, según consta en el acta 41 de 2001(26).

Dicho señor falleció el 6 de noviembre de 2003, en ese municipio, según el registro civil de defunción 03724057(27) de la registraduría de esa localidad.

Conforme quedó consignado en la necropsia NC-03.2925(28), realizada el 11 de noviembre siguiente por funcionarios del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, regional noroccidente Medellín, el señor Urrego Gómez recibió 4 impactos de bala y su muerte “fue consecuencia natural y directa del choque traumático, por heridas múltiples con proyectil de armas de fuego, con un efecto de naturaleza esencialmente mortal”.

2. Verificada la ocurrencia del daño por el que se demandó, se abordará el análisis de imputación tendiente a establecer si aquél es atribuible o no a la entidad pública demandada.

Lo pretendido en este caso es que se declare la responsabilidad del Ejército Nacional por la muerte de Jorge Humberto Urrego Gómez, ocurrida el 6 de noviembre de 2003, a manos —dice la demanda— de agentes de esa institución, en Caicedo, Antioquia.

Sobre las circunstancias que rodearon la ocurrencia de los hechos, se tiene que, el 8 de noviembre de 2003, Jesús María Urrego Gómez se presentó ante la Inspección de Policía de Caicedo para denunciar el “plagio de sus dos hermanos” de 21 y 30 años, de quienes dijo iban vestidos de civil y de lo cual acusó a miembros del Ejército Nacional, “por que (sic) esta misma Semana (sic) aterrizó un Helicóptero (sic) artillado en la Cabecera (sic) de la Vereda (sic) la Anocozca (sic), donde Yo (sic) estuve con Mi (sic) Papá”(29).

También obra la denuncia que realizó el padre de los jóvenes el 9 de noviembre siguiente, ante la personería municipal de Caicedo, en los siguientes términos:

“El día jueves seis de noviembre mis dos hijos Jorge Humberto y José Alberto no aparecieron en la casa esa noche, como no tenían papeles yo me madrugué con ellos porque pensé que los habían detenido por falta de papeles. Yo no encontré a nadie, me dijeron algunas personas que los soldados se los habían llevado con moto y todo. Me encontré la moto en el terminal de la carretera de la vereda la Anocozca (sic), seguí para arriba hasta que me encontré unos soldados, les conté el caso y me dijeron que por ahí no habían pasado, que los fuera a buscar a otros cañones, fui y los busqué y no encontré nada. Ayer sábado volví a buscarlos al mismo punto ya me encontré otro centinela distinto y me dijo lo mismo que por ahí no habían pasado y unos de la vereda dicen que son los soldados los que lo (sic) llevaban”(30) (destaca la Sala).

Mediante los protocolos de identificación ID.03-2924 e ID.03-2925(31), del 12 de noviembre de 2003 y ante el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Jesús María Urrego Gómez reconoció los cuerpos sin vida de sus hermanos y los reconoció como Jorge Humberto y José Alberto Urrego Gómez.

En la diligencia de inspección de los cadáveres 2553-2554, realizada por la fiscalía 55 local el 10 de noviembre de 2003(32), consta que aquéllos estaban vestidos con prendas camufladas. Obran las actas de la mencionada inspección(33).

Pues bien, la entidad demandada aseguró que les dispararon a los hermanos Urrego Gómez porque eran guerrilleros que atacaron la tropa, como consta en el informe del 6 de noviembre de 2003(34), en el que el comandante de la compañía “Apache” del batallón contraguerrilla 35 sostuvo que:

“... en desarrollo de la operación ‘ANIQUILADOR’, En (sic) el área general del Municipio (sic) de Caicedo ... la tercera escuadra se encontraba realizando operación ofensiva de combate siendo las 17:40 horas del día 06-nov-2003, con los siguientes resultados:

“1. El (sic) sitio antes mencionado la tercera escuadra del primer pelotón de la compañía ‘A’, (sic) fue atacada con armas de fuego por parte de bandidos del 34 frente de las FARC aparentemente.

“2. Mencionada unidad por preservar su integridad física y al ver el peligro inminente de perder sus vidas, se vio (sic) la obligación de responder el fuego de los bandidos, con sus armas de dotación.

“3. los (sic) resultados de los hechos antes mencionados fueron los siguientes.

Bandidos abatidos en combate sexo masculino

• Camisas camufladas

• Pantalón camuflado

• Fusil AK 47 Nº CO 128 calibre 5,56 mm

• Escopeta calibre 20 mm

• Escopeta calibre 16 mm

• Munición calibre 5,56 mm

• Proveedores calibre 5,56 mm

• Munición calibre 20 mm

• Munición calibre 16 mm

“4. de (sic) la munición cal. 20 mm antes relacionada 02 fueron disparadas y 01 tiene herido el fulminante.

“5. los (sic) heridos abatidos en cómbate se encontraban con botas negras de caucho, uno se encontraba vestido de camuflado y el otro llevaba una camisa camuflada y un pantalón jean (sic).

“6. por (sic) encontrarnos en zona denominada de orden (sic) público y por preservar la integridad de las autoridades competentes, los cuerpos de los bandidos se manipularon para ser transportados del lugar de los hechos al helipuerto, y del helipuerto fueron recogidos por una aeronave” (destaca la Sala).

En el mismo sentido, en el diario de actividades de la cuadrilla 34 “Alberto Martínez” consta que el 6 de noviembre de 2003, en el municipio de Caicedo, vereda Anocozca (sic), “En desarrollo operación aniquilador en el sitio Alto de Junco ... tropas orgánicas de las Fuerza (sic) de Tarea Centauro, batallón de contraguerrillas 35, en combate con terroristas de la cuadrilla 34 de la ONT-FARC, dieron de baja a dos integrantes de dicha organización (sic) quienes vestían de uniforme de uso privativo de las fuerzas militares ... MATERIAL INCAUTADO fusil AK 47 calibre 5.56 mm 01, proveedores para el mismo 01, escopeta recortada calibre 20 mm 03”(35), documento que fue anexado con el acta de visita especial realizada por la procuraduría a las instalaciones del B-2 de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional(36).

Y en la diligencia de inspección de los cadáveres, realizada por la fiscalía 55 local del 6 de noviembre de 2003(37), quedó consignado que:

“El cabo tercero Jacobo (sic) González Ronal En (sic) la diligencia de inspección de los cadáveres realizada por la fiscalía 55 local del 6 de noviembre de 2003(38) Humberto, (sic) manifestó: A mí me mando (sic) mi capitán (sic) como comandante de la compañía Apache, me mandó a hacer un registro en inmediaciones del Cerro el Jungo (sic) en el Municipio (sic) de Caycedo (sic) ‘registro de control de Arca’ (sic) el viernes pasadoa (sic) eso de las 4-30 horas salí del cerro hacía (sic) arriba, como soy antiexplosivos, a verificar si habia (sic) campos minados, subia (sic) cuando nos dispararon repetidas veces, no hubo soldados lesionados, reaccionamos con nuestras armas de dotación cuando nos dimos cuenta estaban esos dos manes (sic) muertos. La escuedra (sic) esta (sic) compuesta por 9 soldados y yo ... Los cadaveres (sic) no tenian (sic) ningún titpo (sic) de identificación, se les encontró un fisil AK 47 calibre 5.50. - 01 escopeta calibre 16 tipo changón, con nueve cartuchos, uno disparado y uno (no dio fuego). - una escopeta calibre 20 con cuatro cartuchos. - uno vestida (sic) camuflado completo y el otro jean (sic) y camisa camuflada ... Los que nos atacaron eran mas (sic) o menos siete, en ese sector opera el frente 34 FARC”(39) (destaca la Sala).

Del informe 2862 del 26 de noviembre de 2003(40), suscrito por un funcionario del CTI de la Fiscalía respecto de las actas 2553 y 2554, se resalta:

“Primera autoridad que conoció del hecho y su versión: cabo tercero Jaraba González Rolan Humberto, quien manifestó que los occisos habían sido dados de baja en enfrentamientos con miembros del 34 frente de las FARC, en el cerro El Junco del municipio de Caicedo.

“Resumen de los hechos

“Se tiene conocimiento, (sic) que las víctimas pertenecían al 34 frente de las FARC y fueron dados de baja por el Ejército Nacional en enfrentamientos en el cerro El Junco del municipio de Caicedo”(41) (destaca la Sala).

Conforme a lo expuesto hasta este punto y según lo manifiesta el Ejército Nacional, Jorge Humberto Urrego Gómez pertenecía al frente 34 de las FARC y fue abatido por miembros de la compañía “Apache” del batallón contraguerrilla 35 de esa institución, luego de haberles disparado cuando realizaban labores de inspección de la zona.

No obstante y tal como lo sostiene la demanda, obran en el expediente varias pruebas en contrario, tendientes a desvirtuar que Jorge Humberto Urrego Gómez pertenecía a un grupo guerrillero, conforme pasa a exponerse.

Para empezar, se tiene que, el 12 de noviembre de 2003, la coordinación del centro para el desarrollo y la reconciliación del municipio de Caicedo dirigió un escrito a la cadena radial “La Paisa”, de Medellín, con el siguiente contenido:

“Entre los días 07 y 12 en la emisión de noticias de esa cadena radial, se dió (sic) a conocer a la audiencia la muerte de dos subversivos pertenecientes al frente 34 de las FARC, en la vereda La Anocozca (sic), jurisdicción de esta localidad.

“El día 12 los Caicedeños y Caicedeñas, (sic) nos enteramos de que se trataba de los hermanos Jorge Humberto y José Alberto Urrego Gómez, dos campesinos naturales de la vereda La Cortada, desaparecidos desde el día 06 en horas del medio día de la parcela donde cumplían labores de deshierba de un cultivo de frijol, ubicada en la mencionada vereda Anocozca (sic).

“(...)

“La información promulgada carece de veracidad, atenta contra el buen nombre de dos miembros de la población civil, ajenos al conflicto y víctimas del mismo”(42).

En igual sentido, se acreditó que Jorge Humberto Urrego Gómez no tenía antecedentes penales ni contravencionales, ni órdenes de captura vigentes, ni cursaba investigación alguna en su contra, según oficio 071/ACRIM SIJIN DEANT(43) del 10 de febrero de 2005 (suscrito por el jefe seccional de policía judicial de Antioquia) el oficio 634 del 5 de febrero de 2005(44) (suscrito por el director seccional de fiscalías de Antioquia), el oficio DGOP-SIES-GIDE-ARRAJ-97305(45) del 17 de febrero de 2005 (suscrito por el DAS) y el oficio 303/BR4-B2-KARDEX-258(46) del 21 de febrero de 2005 (suscrito por el segundo comandante de la Cuarta Brigada).

Ahora bien, sobre las circunstancias de ocurrencia de la desaparición y muerte de aquél y de su hermano, obran los siguientes testimonios, rendidos ante el juzgado promiscuo municipal de Caicedo(47):

El 6 de enero de 2004, José Miguel Benítez Montoya dijo:

“Ese días (sic) yo estaba trabajando en mi casa haciendo un deserbado (sic), y vi cuando un grupo armado los subía carretera arriba para un filo de Los Santicos (sic), ese grupo armado era el Ejercito (sic) porque no había ningún otro grupo armado por la zona ... ellas tenían más de un mes de estar por la zona y no había ningún otro grupo armado por la zona en esos meses ... Cuando a ellos los subía (sic) los subían con ropa normal no me acuerdo del color de la ropa pero eran de civil, la ropa con que estaban jornaliando (sic)”(48) (destaca la Sala).

El 27 de enero de 2004, Jaime Enrique Gómez Quiroz, tío de las víctimas, sostuvo:

“... estaban trabajando en una finquita que tienen ahí cerquitica (sic) a la mia (sic) ellos estaban ahí solos aporcando frijoles en una frisolera (sic) que tenían, eran como de once y media a doce del día cuando yo bajé a la casa a buscar almuerzo cuando ví (sic) a dos uniformados, yo los ví (sic) a distancia, yo creo que eran soldados, porque en esa región solamente estaban los soldados, vi cuando esos dos uniformados se le acercaron a mis sobrinos, los sacaron a la orilla del trabajadero y conversaron con ellos, yo me fuí (sic) a trabajar otra vez y ya no supe mas (sic) nada ... hay gente de los vecinos que vieron cuando los soldados lo subieron (sic), pero les da miedo venir a declarar ... En la vereda lo que se comenta es que no se sabe porque (sic) se llevaron esos muchachos (sic) ellos eran trabajadores ... Todos en la vereda estamos fundados que los mataron fueron los del Ejército ... había Ejército en esa zona para esa fecha, hacía bastantico (sic) tiempo que estaban ahí, tenían sus campamentos, ahí, llegaban los helicopteros (sic) a traerles provisiones, en una parte que llamamos Los Santicos ... me dijeron que los tenian (sic) uniformados, y me parece muy raro porque cuando se los llevaron ellos tenían ropa de trabajo(49) (destaca la Sala).

El 2 de febrero de 2004, Iván Enrique Benítez Montoya manifestó:

“... yo estaba en la terminal de la carretera de la Anocozca (sic), me encontraba cargando un tomate de árbol yo bajaba en ese momento cuando subía un soldado con los dos muchachos, uno de los muchachos el mayor iba en la moto y el soldado a pie con el otro muchacho, no los llevaban amarrados ni nada de eso cuando yo me acerqué a ellos el soldado voltió (sic) la cara, le vi una pañoleta en la cabeza, iba de camiseta verde y el camuflado, llevaba el arma de dotación de ellos un galil, cuando yo volví a la terminal por otro viaje de tomates los muchachos estaban recostados al lado de la virgen y el soldado estaba retiradito de ellos cuando mé vió (sic) voltió (sic) otra vez la cara sería para que yo no lo reconociera, yo baje (sic) nuevamente con los tomates y cuando volví a subir ya habían subido mas (sic) soldados esos tenían psamontañas (sic) y los (sic) muchachos los tenían en un rancho que hay alla (sic) y estaban conversando con ellos, luego uno de los soldados se devolvió en la moto de uno de los muchachos como a recoger a los compañeros, ellos eran como seis no mas (sic) pero subieron de a uno y de a dos ... ya cogieron camino arriba para el campamento donde elos (sic) estaban con los dos muchachos. En ningún momento los hermanos Urrego Gómez me dijeron nada ni los soldados tampoco, yo me imagine (sic) que los tenían ahí por falta de papeles, pero no dijeron nada ... Si (sic) había Ejército, hacía como dos meses ellos bajaban y subian (sic), (sic) y los helicopteros (sic) iban cada rato, ellos tenian (sic) el campamento para el Morro Pelón, o los Tres Santicos, eso queda arriba de la termina (sic) de la vereda la Anocozca (sic) ... para ese cerro fué (sic) para donde los soldados se llevaron a los hermanos ... el día Que a ellos se los llevaron estaban de cachucha ... ropa de trabajo(50) (destaca la Sala).

Esa misma fecha, Jesús María Urrego Montoya(51), padre de aquéllos, narró:

“... el Ejército ... a lo que iba llegando donde ellos salió uno y me atajó me dijo para donde (sic) va le dije a buscar unos muchachos que se los trajeron ustedes ayer y no han aparecido, si es por falta de los papeles yo los traigo aquí, el (sic) me respondió nosotros no los tenemos ... al otro día volví y me madrugué ya me encontré otro soldado que ha sido conocido mío cuando vinieron a las elecciones ... me dijo lo mismo no se (sic) a que (sic) batallón pertenecian (sic), hacía como dos semanas que estaban por allá yo los vi cuando pasaron por allá, despues (sic) de las elecciones”(52) (destaca la Sala).

En declaración rendida el 20 de marzo de 2004, ante la personería municipal de Caicedo, Jesús María Urrego Gómez, hermano de las víctimas, dijo:

“PREGUNTADO: Sírvase precisar la fecha y el lugar, donde fueron retenidos sus hermanos. RESPONDE: El día 06 de noviembre, eso fue en la frisolera (sic) al lado de debajo (sic) de la carretera en la finca El Salado de la Vereda (sic) la Anocozca (sic). PREGUNTADO: Manifieste al despacho si (sic) para el día de los hechos, personal del Ejercito (sic) Nacional hacía presencia en el lugar donde se verificó la retención ... RESPONDE: ... yo sé que era el Ejército. PREGUNTADO: Sírvase manifestar porque (sic) está seguro de que se trataba de personal adscrito al Ejército y no de un grupo ilegalmente armado. RESPONDE: Porque eran los mismos que había acá en las elecciones, porque yo me los encontré esa misma semana en la vuelta de la oreja y ellos voltearon para allá, yo me los encontré el lunes 3 de noviembre ... subimos a una parte que le dicen el Alto de Los Santicos, nos encontramos con el Ejército y nos dijeron que no los tenían, que nos asomáramos para otro cañón a ver quién los tenía. Entonces ya nos metimos para ese cañón y no vimos nada, y a (sic) mi papá que se quedó buscándolos ya no lo dejaron pasar(53) (destaca la Sala).

Y, esa misma fecha y ante la misma autoridad, Jaime Enrique Gómez Quiroz narró:

“Un grupo armado los sacó del trabajadero y se los llevó. Eso fue el 6 de noviembre. Yo de lejos de la casa mía vi la gente, vi que conversaron con ellos y baje (sic) a la casa a buscar el almuerzo que estaba cerquita, ya me fui a trabajar y no me di cuenta que (sic) mas (sic) pasó con ellos, ya al otro día me di cuenta que se los habían llevado. PREGUNTADO: Sírvase manifestar que (sic) grupo armado fue el autor de esa retención y de la muerte de los hermanos Urrego Gómez. RESPONDE: Únicamente decimos que fue el Ejército porque estaba en la zona, estaban para allá pa (sic) la Anocozca (sic) arriba, pal Alto de Los Santicos que llamamos ... el día que se los llevaron esa misma tarde, estaba yo en mi casa regando un frisolito (sic) cuando escuche (sic) unos disparos, yo sentí dos explosiones allá arriba en el Alto de Los Santicos donde estaban los del Ejército. Ya al otro día que me dí (sic) cuenta que ellos estaban desaparecidos sentí temor de que era que habían matado a los muchachos allá”(54) (destaca la Sala).

Gabriel Garcés Álvarez, el 12 de febrero de 2005, ante la Procuraduría dijo:

“Ese día estaba yo trabajando ahí cerquita de los trabajaderos donde ellos estaban trabajando, en ese momento estaba yo en la Vereda (sic) que llama (sic) la Anocozca (sic), cuando le (sic) cogieron la moto los soldados, estabamos (sic) a una distancia por ahí (sic) a unos doscientos metros, pero estabamos (sic) al frente, ellos estaba trabajando y la (sic) parqueaban la moto al frente de donde ellos trabajaban, los soldados le (sic) cogieron la moto y se la trajeron para una Vereda (sic) que llama (sic) Los Sauces, ellos se quedaron trabajando; luego, volvieron a regresar donde ellos estaban y ya los sacaron del trabajadero, los montaron en la moto y se los llevaron. se (sic) comenta que se los llevaron para la terminal de la carretera donde termina la carretera, donde ya no hay sino monte en la Vereda (sic) Anocozca (sic)”(55) (destaca la Sala).

Luego, 1º de junio de 2007 y ante el juzgado promiscuo municipal(56), Jaime Enrique Gómez Quiroz dijo:

“Yo sentí dos explosiones en forma de disparos, eso fue mas (sic) bien tarde de cinco y media de la tarde para arriba, los disparos provenían como del morro de allá del Alto de los Santitos (sic) que llamamos ... divisé a los soldados de (sic) mi casa, estaban uniformados, yo alcance (sic) a ver dos en ese momento no pasaban sino dos por la carretera, ellos estaban acampando para el lado del morro de Los Santicos, llevaban varios días por ahí ... Los soldados eran los únicos que estaban por ahí para esa época, por allá han pasado grupos armados pero para la ocasión de lo de los muchachos no estaban sino los soldados por allá ... yo me afirmo que es el Ejército que estaba en esa zona, a ellos se los llevaron en helicóptero para Medellín, cuando los delincuentes matan una persona por ahí nunca se la llevan en helicóptero para Medellín, los cuerpos de ellos los tenía el Ejército”(57) (destaca la Sala).

El 4 de junio de 2007, ante esa misma autoridad, Iván Enrique Montoya Benítez sostuvo:

“... sentimos algo en esa parte, como una explosión, porque los animales que había salieron corriendo, provenía de ese cerro ... Para mi concepto esos (sic) muchachos los mataron ese mismo día que se los llevaron porque al papá no le dieron ninguna razón y lo despistaron y no dejaban subir a nadie allá, decían que de pronto había otra gente por ahí y por ahí no estaba sino el Ejército, por ahí no había mas (sic) gente ... En esa época no había sino Ejército, hacia (sic) como dos meses que estaban en ese filo, por ahí guerrilla no había, después de que mataron los muchachos por ese mismo filo se fueron(58) (destaca la Sala).

El 6 de junio de 2007 ante ese mismo juzgado, Pedro Luis Benítez Montoya aseguró:

“Yo no escuché nada. Sólo el rumor de la gente que habían disparado en ese filo ... ‘En esos días estaba el Ejército, hacía como tres meses que estaban para ese filo de Los Santicos(59) (destaca la Sala).

Ya en el proceso contencioso administrativo de la referencia y ante el juzgado promiscuo municipal de Caicedo (por comisión del Tribunal Administrativo de Antioquia), el 20 de abril de 2009, Iván Enrique Benítez Montoya dijo:

“PREGUNTA: Díganos si sabe o le consta (sic) las circunstancias en que murieron estos dos muchachos? CONTESTA: Si, conocí la (sic) circunstancias, el Ejército se los llevó, ellos estaban en la vereda La Anocozca (sic) sembrando fríjol, de ahí se los llevaron, yo me encontré ese día, (sic) tres veces en la terminal con ellos, los dos hermanos, (sic) estaban al pie de una virgen que hay ahí, yo pase (sic) por junto (sic) de ellos, ellos a mi (sic) no me dijeron nada, pensaba que era de pronto por falta de los documentos, pero ellos a mi (sic) no me hicieron ninguna seña. Ellos estaban con el Ejército y la moto, que era del mayor de los hermanos, ahí dejaron la moto y se los llevaron hacia la cordillera donde estaba el otro grupo de (sic) Ejército, yo viendo que ellos se los habían llevado, (sic) yo me imagine (sic) que era falta de los documentos, yo le avise (sic) al papá don Jesús María Urrego, le avise (sic) que a los muchachos se los había llevado el Ejército, podía ser por falta de los documentos, al día siguiente subió el papá, cogió el filo se encontró con el centinela (sic) preguntó por los hijos, le dijeron que ellos no los tenían, que sería otro grupo armado que se los había llevado para otra cañada, el (sic) se devolvió a buscarlos a las otras cañadas, al no encontrar nada, vinieron aquí al pueblo, ya al día siguiente en las horas de la tarde aterrizó un helicóptero en el filo, alzaron a los dos hermanos y los descargaron en Medellín, allá fueron recogidos por los mismos familiares ... PREGUNTA: Díganos tiene usted la seguridad de que quienes mataron a esto (sic) muchachos fue el Ejército y no la guerrilla? CONTESTA: Si (sic), porque el Ejército subió por la vereda de nosotros (sic) conversaron con las personas y dijeron que ellos que rían (sic) ver las veredas buenas y sacar esa gente que era la que estaba haciendo el mal. PREGUNTA: Díganos como (sic) era la conducta de los hermanos Urrego Gómez? CONTESTA: Excelente, eran muy buenos trabajadores, desde que apuntaba (sic) el sol trabajaba (sic), eran excelentes, el mayor de los Urregos (sic) era el presidente de la junta de acción comunal y tengo entendido que era el fontanero (sic) el que le daba mantenimiento al acueducto de la (sic) Cortada ... PREGUNTA: Después de que se llevaron a los hermanos Urrego, el Ejército les dijo o los previno de algo? CONTESTA: Después de eso esa compañía que se hacía pasar como Apaches (sic), se fue, después de eso vino otro (sic) compañía del Ejército y ya nos preguntaron que si nosotros sabíamos de los hechos que habían ocurrido en Morro Pelón que así se denomina eso allá, nosotros les dijimos que si (sic), nos dijeron que esa compañía iba a ser castigada, nos dijo un comandante del Ejército, que porque habían hecho una cosa muy mal hecha, eso nos dijeron ... PREGUNTA: Díganos cuánto hace que conoce esa familia y en razón de qué? CONTESTA: Esa familia la conozco lo que hace que yo me conozco (sic)... esos muchachos porque iban a trabajar a la vereda ... Trabaje (sic) en una finca, trabaje (sic) con tres hermanos y el papá, son los dos muertos ... el papá y otro ... PREGUNTA: Retomando los hechos ocurridos el 6 de noviembre (sic), cuando vio usted por última vez a los hermanos Urrego Gómez, cuántos soldados vio usted con los citados hermanos? CONTESTA: Siete ... PREGUNTA: Díganos usted porque (sic) sabe que eran del Ejército Nacional? CONTESTA: Por el camuflado y por el arma de dotación ... lo que pasó fue muy sencillo, estando ellos en la terminal de la vereda La Anocozca (sic) los soldados a (sic) pie de esa virgen, se largó un aguacero, ahí esperaron los soldados y los dos hermanos o sea los siete soldados y los dos hermanos a que escampara, se (sic) fue si como a la una de la tarde, cogieron el cerro los soldados y los dos hermanos, yo iba a encerrar unos terneros y estaba pendiente porque se me hacia (sic) raro, yo me pase (sic) hacia el otro lado a la finca a encerrar, ya no estaban en la termina (sic) los soldados v los dos hermanos, estaba la moto, entonces mire así, porque se divisa el morro o los tres santicos que llamamos, allá arriba subían los soldados con los dos hermanos, por eso digo cogieron el cerro ... PREGUNTA: Díganos si lo recuerda como (sic) estaban vestidos los hermanos Urrego? CONTESTA: Con ropa sucia, de cachucha, con botas pantaneras, estaban sembrando frijol en lo de ellos”(59)(sic) (destaca la Sala).

En idénticas circunstancias, Jaime Enrique Gómez Quiros (sic) narró:

“Lo que se (sic) es que el Ejército se los llevó, (sic) y ellos aparecieron muertos. Se los llevó de ahí de las (sic) finquita de La Anocozca (sic), donde ellos trabajaban que linda con la finquita mía ... ya bajé de la casa y los vi que estaban conversando con el Ejército, ya yo me vine a dar cuenta al otro día que estaban desaparecidos porque arrimó ala (sic) casa un señor Gabriel Garcés y me dijo que los muchachos estaban desaparecidos ... Me doy cuenta que el señor Gabriel Garcés y don Jesús María Urrego que es el papá subieron a cierta parte donde había como un retencito que no dejaron pasar al señor Jesús María de ahí, sabiendo que ellos los tenían, porque más arriba del retén que tenía el Ejército fue donde ellos resultaron muertos ... PREGUNTA: Díganos si usted vio cuando estos muchachos estaban detenidos por el Ejército? CONTESTA: Estaban en el trabajaderito (sic) de ellos, detrás de la casa mía, vi que los tenían, estaban conversando ahí nunca creí que era una detención, yo me fui a trabajar y ya hasta el otro día que (sic) me vine a dar cuenta que ellos estaban desaparecidos ... PREGUNTA: Díganos si usted recuerda como (sic) estaban vestidos sus sobrinos ese día? CONTESTA: ... estaban mugrositos con la vestimenta que nos ponemos los campesinos ... PREGUNTA: Díganos si ese día que dice que vio por última vez a los Hermanos (sic) Urrego, notó usted la presencia de algún helicóptero sobrevolando y que (sic) zona. CONTESTA: ... el helicóptero asentó en esa zona, alzó los muchachos y alzó vuelo, yo vi, en la parte donde yo vivo se divisa el Morro de Los Santicos y yo vi todo(60) (destaca la Sala).

Igualmente, en la misma diligencia, José Miguel Benítez Montoya contó:

“... en esos días el Ejército era el que estaba por allá en ese filo, hay gente que lo llama Morro Pelón y otros el Cerro de Los Santicos, y el seis de noviembre (sic), el Ejército bajo (sic) por ahí de (sic) para bajo (sic) por la mañana, mas (sic) o menos a las doce yo estaba trabando (sic) en un araito (sic) en una siembra de maíz cuando vi que los subían por ahí a los dos muchachos, en la terminal de la carretera que hay una virgencita ahí los dejaron, no se (sic) cuanto (sic) tiempo ... ya de ahí se llevaron los muchachos para ese filo de Los Santicos, la gente se preguntaba que (sic) había pasado que porque (sic) se habían llevado esos muchachos, ya al otro día la gente preguntaba que porque (sic) si era que no tenían papeles, la gente decía que se los habían llevado para Medellín que habían aparecido muertos que se los habían llevado en helicóptero ... esos muchachos eran buena gente, nunca le (sic) oí que tuvieran problemas, inclusive que el mayor era el presidente de la junta de acción comunal de La Cortada ... el papá y la mamá que los conocí que subían por allá a trabajar en esa finca, ellos al (sic) trabajar con el papá en la misma finca era porque les ayudaban a ellos para el hogar ... en la vereda La Anocozca (sic) eran unos muchachos que no se metían con nada, eran de una conducta bien. PREGUNTA: Díganos porque (sic) sabe usted que fue el Ejército que les dio muerte a ellos y no otro grupo armado? CONTESTA: Porque el Ejército era el único grupo que había en ese filo, si era el Ejército el que estaba allá como (sic) va uno a decir que fue otro grupo ... PREGUNTA: Si lo recuerda díganos como (sic) estaban vestidos los hermanos Urrego Gómez, la última vez que usted los vio vivos? CONTESTA: Estaban vestidos de ropa de civil, de ropa de trabajo ... de ropa normal como todo campesino ... los llevaba el Ejército ... PREGUNTA: Si lo recuerda, díganos con cuántos del Ejército estaban los hermanos Urrego Gómez, la última vez que usted los vio a ellos? CONTESTA: ... eran siete soldados que yo los conté a ellos, iban siete soldados ... dejaron la moto en la termina (sic) y a ellos se los llevaron para ese filo ... PREGUNTA: Díganos usted notó si los hermanos Urrego en ese momento, (sic) hubieran estado obligados a caminar, estuvieren esposados, o bajo la presión de las armas amenazantes? CONTESTA: No, yo vi que los hermanos Urrego iban caminando normal, iban caminando en el medio del grupo de los uniformados ... se (sic) que el Helicóptero (sic) los recogió allá en ese filo de los Tres Santicos o Morro Pelón, el helicóptero los recogió al otro día de habérselos llevado”(61) (destaca la Sala).

Finalmente, Eduardo Alonso Rodríguez Molina, en testimonio rendido el 22 de noviembre de 2007 ante el juzgado segundo civil municipal de Caicedo, por comisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, dijo:

“... en el año 92 al 94 tuve la oportunidad de ser alcalde poular (sic) de ese muchicipio (sic) ... el 6 de noviembre del 2003, me llamó a mi casa un pri o (sic) de ellos de nombre Norberto Urrego, (sic) y me dijo ... ayudenos (sic) a buscar a Jorge Alberto y José Alberto, por que (sic) fueron sacados de un trabajadero (sic) que ellos tienen en la (sic) Anocosta (sic) vereda del municipio de Caicedo, y yo le dige (sic) que quien (sic) los habia (sic) sacado del trabajadero (sic), él me dijo que el Ejercito (sic), le dige (sic) a Norberto que por favor denunciara en la personería (sic) en el juzgado y a derechos humanos, y que (sic) mantuviera informado de dicha situación, al (sic) domingo llamé a Caicedo y me digeron (sic) que los muchachos aún no hbián (sic) aparecido, el 11 de noviembre del 2003, me llamó Norberto Urrego a mi casa y me dijo que la (sic) ayudara para que le entregaron (sic) los muchachos que estaban muertos en la morgue de Medellín, y efectivamente el doce de noviembre (sic) de 2003, (sic) lo acompañé hacer (sic) todas las diligencias pertinentes ... se me informó que en esos mismos días estos muchachos, (sic) habian (sic) sido sido (sic) sacados de su trabajadero (sic) por unos soldados del Ejercito (sic), y que habia (sic) sido el Ejercito (sic) quien los habia (sic) asesinado, esto lo sé por información que recibí de los señores Iván Enrique Benítez, Calos (sic) Enrique Benítez, ... Jaime Gómez, Siprianito (sic) Gómez y Daniel Gómez entre otros, todos ellos vecinos y residentes en la vereda La Anocosa (sic) ... las personas antes narradas (sic) han recibido amenazas y no quieren declarar enel (sic) proceso y ello lo sé por la cercanía que tengo a (sic) los campesinos y por cuanto en la actualidad soy alcalde electo para el pierodo (sic) 2008 y 2011 del municipio de Caicedo, ellos temen por sus vidas y me han dicho que haga algo ... Los muchachos Jorge Humberto y José Alberto, (sic) bajaron por la mañana de la verda (sic) La Cortada y se fueron ensu (sic) moto para La Nocosa (sic) a trabajar en un cultivo de fríjol, que (sic) en la mañana la comunidad vio bajar unos soldados y que dos de ellos bajaban en la moto de Jorge Humberto, y que a eso de las dos de la tarde vieron que los sacaron del trabajadero y se os (sic) Ilevaronhacia (sic) arriba a un punto denominado la terminal de Nocosa (sic), y que la comunidad pensó que de pronto los necesitaban para que le (sic) hicieran algún tipo de vuelta en lamoto (sic), pero cuando al día siguiente los muchachos no aparecieron a su casa, el papd (sic) don Jesús María Urrego, (sic) se fue a buscarlos y no los encontró, y el Ejercito (sic) no lo dejo (sic) salir hacia arriba en un camino que vá (sic) hacia Abriaquí, él iba a llevarles la (sic) cédulas por que (sic) generalmente el campesino no carga para el trabajadero los documentos de identidad ... PREGUNTADO: Diganos (sic) a que (sic) se dedicaban los hermanos muertos y donde (sic) vivían. CONTESTO: Vivían con sus padres don Jesús María y doña Ana Libia, en la vereda La Cortada del municipio de Caicedo, (sic) y se dedicaban a las labores agrícolas, eran muchachos muy sanos, honestos, trabajadores, respetuosos con todo mundo, Jorge Humberto era un gran líder comunitario, que pertenecia (sic) a la junta de acción comunal de la vereda La Cortada, (sic) y era quien administraba el acueducto veredal, por ello hoy no salgo del asombro y del dolor que ese hecho averrante (sic) ha causado en el municipio de Caicedo, no solo a su familia sino a la comunidad en general y a quienes como yo tuvimos la oportunidad de compartir y departir con jovenes (sic) de tanta calidad humana ... se dedicaban a trabajar permanentemente, para ayudarle a llevar a su padrela (sic) obligación ... PREGUNTADO: D (sic) Digale (sic) al despacho si llegó a tener conocimieno (sic) de que Jorge H. (sic) José Alberto partaran (sic) armas de fuego. CONTTO (sic): Nunca, muchachos sanos, honrados, trabajadores y sin ningún tipo de vicio de ninguna naturaleza. PREGUNTADO: Sabe ud. si estas personas pertenecian (sic) algún (sic) grupo al margen de la ley. CONTETO (sic): Estoy absolutamente seguro, (sic) que nunca pertenecieron a ningún grupo al margen de la ley ... los vehía (sic) en el pueblo de caicedo (sic) con su papá y su mamá en la Eucaristía (sic), mercado, sacando los productos, montando acaballo (sic) y en sus labores de campo”(62) (destaca la Sala).

De todos estos testimonios analizados en su conjunto resulta claro que:

Los hermanos Urrego Gómez eran unos campesinos que vivían con sus padres en la vereda La Cortada del municipio de Caicedo, Antioquia, localidad en la que Jorge Humberto pertenecía a la junta de acción comunal, por lo que era ampliamente conocido por los vecinos.

El 6 de noviembre de 2003, los hermanos Urrego Gómez desaparecieron en la vereda La Anocosca, donde se encontraban trabajando en una finca cultivando fríjol.

Según las versiones de los testigos, unos militares se les acercaron cuando aquéllos estaban en su lugar de trabajo, conversaron con ellos, los sacaron de ese sitio y los condujeron hasta la terminal de la carretera de esa vereda, utilizando la motocicleta de uno de los hermanos. En ese lugar, al lado de una virgen, permanecieron por un rato, conversando. Ahí, dejaron la moto y los militares tomaron camino arriba de la montaña con los dos hermanos Urrego Gómez y con rumbo al Alto de Los Santicos, momento en el que esos hermanos fueron vistos con vida por última vez.

También resulta claro que los hermanos Urrego Gómez no fueron forzados a hacer el mencionado recorrido, por cuanto los testigos dan cuenta de que se encontraban tranquilos conversando con los militares y que no hicieron ningún llamado o señal a sus vecinos.

Así mismo, varios testigos coinciden en que, al momento de su retención, los hermanos se encontraban vestidos de civil, con ropa de trabajo, así:

“Cuando a ellos los subía (sic) los subían con ropa normal no me acuerdo del color de la ropa pero eran de civil, la ropa con que estaban jornaliando” (José Miguel Benítez Montoya).

“... cuando se los llevaron ellos tenían ropa de trabajo” (Jaime Enrique Gómez Quiroz).

“... el día que a ellos se los llevaron estaban de cachucha, ropa de trabajo” ... “con ropa sucia; de cachucha, con botas pantaneras” (Iván Enrique Benítez Montoya).

Ahora, respecto de la certeza con la que los testigos afirmaron que los hombres armados que se llevaron a los hermanos Urrego Gómez eran miembros del Ejército Nacional, se tiene que todos coincidieron en que era el único grupo armado que operaba en la zona para esa época, en los siguientes términos:

“... un grupo armado los subía carretera arriba para un filo de los santicos (sic), ese grupo armado era el Ejercito (sic) porque no había ningún otro grupo armado por la zona” (José Miguel Benítez Montoya).

“... cuando ví (sic) a dos uniformados, yo los ví (sic) a distancia, yo creo que eran soldados, porque en esa región solamente estaban los soldados”, “Todos en la vereda estamos fundados que los mataron fueron los del Ejército”, “el Ejército se los llevó, y ellos aparecieron muertos”, “Únicamente decimos que fue el Ejército porque estaba en la zona, estaban para allá pa (sic) la Anocozca (sic) arriba, pal Alto de Los Santicos”, “más arriba del retén que tenía el Ejército fue donde ellos resultaron muertos” (Jaime Enrique Gómez Quiroz).

“... se los llevaron hacia la cordillera donde estaba el otro grupo de (sic) Ejército, yo viendo que ellos se los habían llevado, yo me imagine (sic) que era falta de los documentos”, “En esa época no había sino Ejército, hacia (sic) como dos meses que estaban en ese filo, por ahí guerrilla no había” (Iván Enrique Montoya Benítez).

“... yo sé que era el Ejército porque eran los mismos que habían acá en las elecciones, porque yo me los encontré esa misma semana en la vuelta de la oreja y ellos voltearon para allá, yo me los encontré el lunes 3 de noviembre” (Jesús María Urrego Gómez).

Lo anterior cobra fuerza si se tiene en cuenta que el padre de las víctimas, el señor Jesús María Urrego Montoya, da cuenta de que, al conocer las versiones de los vecinos sobre la desaparición de sus hijos, se dirigió hacia el Alto de Los Santicos (donde los vieron por última vez), camino al cual fue detenido por varios militares que le preguntaron hacia dónde se dirigía, a lo que él respondió que iba en busca de sus hijos que habían sido llevados por uniformados hacia ese lugar, a lo que los militares le respondieron que no los tenían y le impidieron continuar. Al día siguiente regresó de madrugada, pero obtuvo la misma respuesta, situación que deja claro, sin duda alguna, la presencia de los miembros del Ejército Nacional en ese lugar en el que los hermanos desaparecieron.

Adicionalmente, uno de los testigos, Jaime Enrique Gómez Quiroz, aseguró ante distintas autoridades que “el día que se los llevaron esa misma tarde, estaba yo en mi casa regando un frisolito (sic) cuando escuche (sic) unos disparos, yo sentí dos explosiones allá arriba en el Alto de Los Santicos donde estaban los del Ejército”, “Yo sentí dos explosiones en forma de disparos, eso fue mas (sic) bien tarde de cinco y media de la tarde para arriba, los disparos provenían como del morro de allá del Alto de Los Santitos (sic) que llamamos ... Para mi concepto esos (sic) muchachos los mataron ese mismo día que se los llevaron porque al papá no le dieron ninguna razón y lo despistaron y no dejaban subir a nadie allá”.

Por los hechos que vienen de mencionarse, el 12 de febrero de 2004 la Procuraduría Provincial de Santa Fe de Antioquia inició indagación preliminar(63) con fundamento en queja contra miembros del Ejército Nacional, por la presunta desaparición y muerte de Jorge Humberto y José Alberto Urrego Gómez, interpuesta por la personera municipal de Caicedo.

El 23 de marzo de 2004, la personera municipal de Caicedo, en respuesta de la comisión 145/881/2004, le informó a la procuradora provincial que “los hermanos Urrego Gómez, (sic) fueron retenidos en la vereda La Anocozca (sic), finca El Salado, propiedad de su padre, Jesús María Urrego Montoya, y sus cuerpos encontrados en medicina legal de la ciudad de Medellín. (sic) Traslados (sic) allí por personal del Ejército. Al respecto (sic) anexo noticia extractada de la página de internet del Ejército Nacional el día 07 de noviembre de 2003, un día después de la retención de los hermanos Urrego Gómez. En esta (sic) el Ejército Nacional da cuenta de la muerte de dos subversivos en jurisdicción de este nunicipio (sic), por parte del batallón de contraguerrilla Nº 35”(64).

Con lo expuesto hasta aquí se acreditó que, conforme lo sostiene la parte demandante, el señor Jorge Humberto Urrego Gómez y su hermano José Alberto Urrego Gómez eran campesinos y fueron retenidos por miembros del Ejército Nacional y llevados, al parecer con engaños, al Alto de Los Santicos; donde les quitaron la vida y donde posteriormente fueron recogidos sus cuerpos sin vida por un helicóptero de esa institución que los transportó hasta Medellín. También se observa sin dificultad alguna, que los hermanos no eran guerrilleros y que no existió el combate invocado por la parte demandada.

A lo anterior, se suma el informe evaluativo del 28 de marzo de 2005(65), realizado por la Procuraduría General de la Nación, seccional Antioquia, dirigido a la dirección nacional de investigaciones especiales de esa entidad, en el que se sugiere decretar la apertura de investigación disciplinaria, en contra de los militares que participaron en el “operativo” en el que perdieron la vida los hermanos Urrego Gómez por el homicidio de éstos. En ese informe consta que:

“A pesar de lo expresado por los miembros del Ejército Nacional en los diferentes Informes (sic) y documentos, sobre las circunstancias en que se produjo la muerte de los hermanos Urrego Gómez, esto es, producto de un combate con miembros de la guerrilla de las FARC, fue posible recolectar pruebas que hasta el momento permitirían señalar, en principio, que tal enfrentamiento no existió y que por ende la muerte de los prenombrados no ocurrió en combate y menos aún que ellos en realidad pertenecieran a dicho grupo armado ilegal”(66).

Como consecuencia del informe en cita, el 29 de agosto de 2005 la dirección nacional de investigaciones especiales de la unidad de derechos humanos de la Procuraduría General de la Nación dispuso la apertura de investigación disciplinaria por esos hechos(67).

Aunque acá se ignora cuál fue la decisión final del proceso disciplinario y en el penal (abierto el 25 de octubre de 2004(68)) el juzgado 27 de instrucción penal militar ante la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, mediante providencia del 10 de septiembre de 2007(69), se abstuvo de proferir medida de aseguramiento en contra de los militares investigados por la muerte de los hermanos Urrego Gómez(70), se encuentra acreditado también que estos últimos manipularon los cuerpos sin vida de las víctimas y que no se les realizó la diligencia de levantamiento por autoridad competente (lo que impide conocer cómo estaban al momento de la muerte), según ellos, por razones de orden público y de seguridad de la tropa, y que tuvieron que movilizarlos hasta el helipuerto donde serían recogidos para llevarlos a Medellín, tal como ellos mismos lo admitieron en el informe del 6 de noviembre de 2003(71), suscrito por el comandante de la compañía “Apache” del batallón contraguerrilla 35.

No obstante lo anterior, la grave situación de orden público a la que hicieron referencia los militares en el citado documento no se acreditó en el proceso, pues, por el contrario, lo que se probó fue que para la época de los hechos no había presencia guerrillera en esa zona.

Por las mismas razones, tampoco resultan creíbles el diario de actividades de la cuadrilla 34 “Alberto Martínez”, en el que consta que las víctimas fueron dadas de baja en combate con la cuadrilla 34 de las FARC, ni la diligencia de inspección de los cadáveres realizada por la fiscalía 55 local del 6 de noviembre de 2003, por cuando en ella quedó consignada la misma versión rendida por uno de los militares que participó en la “operación”.

Así las cosas, quedó acreditado, sin ningún asomo de duda, que Jorge Humberto Urrego Gómez: i) el 6 de noviembre de 2003, fue llevado por miembros del Ejército Nacional, de la finca en la que se encontraba trabajando en labores de agricultura, vestido de civil, hacia el cerro Los Santicos de la vereda La Anocosca del municipio de Caicedo, Antioquia, lugar al que sus familiares no pudieron tener acceso entonces, pues los militares les impidieron el paso, ii) a partir de ese día estuvo desaparecido, iii) allí apareció muerto y vestido de guerrillero, sin que nadie distinto a los militares hubiera tenido contacto con él luego de que éstos lo sacaron de su sitio de labor y lo llevaron con ellos en dirección al lugar donde luego el helicóptero recogió su cuerpo sin vida, con destino a Medellín y iv) no disparó el arma que supuestamente tenía en su poder al momento de la muerte, pues ninguna prueba se aportó de que sí lo hubiera hecho, ni muchos menos la hay de que perteneciera a las FARC.

El Ejército Nacional alegó a lo largo del proceso que la muerte del señor Jorge Humberto Urrego Gómez se produjo en un combate que libró con la guerrilla de las FARC, en el que éste y su hermano les dispararon, situación ante la cual reaccionaron inmediatamente disparándoles también, afirmaciones éstas que —se reitera— resultaron desvirtuadas y que llevan a la inequívoca conclusión de que lo asesinaron con sus armas de dotación y planearon todo para hacerlo ver como un guerrillero de las FARC dado de baja en combate.

En este punto, resulta del caso indicar que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, el manejo de armas de fuego comporta una actividad peligrosa, razón por la cual la parte demandante está obligada a demostrar el daño sufrido y la relación de causalidad entre éste y la actuación de la administración, supuestos que en el presente caso se encuentran acreditados en el plenario, conforme viene de exponerse.

La misma jurisprudencia también ha señalado que, para exonerarse de responsabilidad, la demandada debe acreditar la presencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, el hecho exclusivo y determinante de un tercero o la culpa también exclusiva y determinante de la víctima, es decir, la entidad estatal puede ser declarada no responsable de los hechos imputados, cuando el daño causado se origine en la actuación de la propia víctima, situación que no ocurrió en el caso concreto.

Si bien lo anterior resulta suficiente para declarar la responsabilidad de la demandada con fundamento en el título jurídico de riesgo excepcional, lo cierto es que, a juicio de la Sala, el comportamiento de los uniformados que participaron en el “operativo” en el que perdió la vida Jorge Humberto Urrego Gómez denota la configuración de una falla en la prestación del servicio, por cuanto aquellos hicieron uso injustificado de sus armas de dotación.

En el presente asunto, resulta obvio que los 4 disparos que recibió aquél fueron injustificados, pues tal proceder vulnera las obligaciones constitucionales y legales atribuidas a las autoridades públicas, como quiera que éstas fueron instituidas para proteger en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades a todas las personas residentes en Colombia y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y, por lo mismo, las autoridades públicas que incumplan las cargas impuestas por el ordenamiento jurídico y, adicionalmente, atenten contra los derechos de las personas, comprometen su responsabilidad y están obligadas a resarcir los perjuicios que causen con su comportamiento irregular.

Como se vio, la demandada asumió y desarrolló un comportamiento que sobrepasó. el normal cumplimiento de sus deberes, pues sólo en casos extremos y por excepción la Fuerza Pública está autorizada para hacer uso de las armas de dotación y, si lo hace, debe tomar todas la precauciones que sean necesarias para proteger la vida y la integridad de los ciudadanos.

Sobre el compromiso del Estado colombiano con la comunidad internacional de velar por la protección y garantía de los derechos humanos, la jurisprudencia de la sección tercera de esta corporación, en Sentencia del 8 de marzo de 2007 (Exp. 15.739), dejó claro que:

“... estos derechos no solo se reconocen como inviolables en el ordenamiento jurídico interno, sino también en instrumentos de derecho internacional sobre derechos humanos que, al ser aprobados por el Congreso colombiano, de conformidad con el artículo 93 C.P., prevalecen en el orden interno. (sic) Por lo tanto, si son quebrantados por el Estado através de sus diferentes órganos, por acción o por omisión, las conductas infractoras constituyen per se un incumplimiento de las obligaciones que el Estado colombiano asumió frente a la comunidad internacional y (sic) por tanto, pueden llegar a comprometer su responsabilidad, no solo en el ámbito interno, sino también a nivel internacional.

“(...)

“Se debe poner de presente que estos derechos están protegidos también por la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual Colombia es Estado parte y que consagra la obligación de los estados miembros de respetar el derecho a la vida —art. 4º CADH—, el derecho a la integridad personal —art. 5º Ibídem— (...)”.

Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia C-225 del 18 de mayo de 1995, sostuvo:

“En el caso colombiano, estas normas humanitarias tienen además especial imperatividad, por cuanto el artículo 214 numeral 2 (sic) de la Constitución dispone que ‘en todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario’. Esto significa que, como ya lo señaló esta corporación, en Colombia no sólo el derecho internacional humanitario es válido en todo tiempo sino que, además, opera una incorporación automática del mismo ‘al ordenamiento interno nacional, lo cual, por lo demás, es lo congruente con el carácter imperativo que, según ya fue explicado, caracteriza a los principios axiológicos que hacen que este cuerpo normativo integre el ius cogens’. Por consiguiente, tanto los integrantes de los grupos armados irregulares como todos los funcionarios del Estado, y (sic) en especial todos los miembros de la Fuerza Pública (sic) quienes son destinatarios naturales de las normas humanitarias, están obligados a respetar, en todo tiempo y en todo lugar, las reglas del derecho internacional humanitario, por cuanto no sólo éstas son normas imperativas de derecho internacional (ius cogens) sino, además, porque ellas son reglas obligatorias per se en el ordenamiento jurídico y deben ser acatadas por todos los habitantes del territorio colombiano. Y no podía ser de otra manera, pues las normas de derecho internacional humanitario preservan aquel núcleo intangible y evidente de los derechos humanos que no puede ser en manera alguna desconocido, ni siquiera en las peores situaciones de conflicto armado. Ellos encarnan aquellas ‘consideraciones elementales de humanidad’, a las cuales se refirió la Corte Internacional de Justicia, en su Sentencia de 1949 sobre el Estrecho de Corfú. No se puede entonces excusar, ni ante la comunidad internacional, ni ante el ordenamiento jurídico colombiano, la comisión de conductas que vulneran claramente la conciencia misma de la humanidad, como los homicidios arbitrarios, las torturas, los tratos crueles, las tomas de rehenes, las desapariciones forzadas, los juicios sin garantías o la imposición de penas ex post facto” (se resalta)(72).

Para la Sala, el homicidio injustificado de Jorge Humberto Urrego Gómez configura una vulneración grave y flagrante de derechos humanos, pues se trataba de un humilde campesino ajeno al conflicto armado y en estado de indefensión que fue vilmente asesinado con 4 disparos en su humanidad, propinados por un grupo de personas lamentablemente vinculadas o pertenecientes al Ejército Nacional.

Así, resulta evidente que los militares que participaron en los hechos en que perdió la vida el señor Urrego Gómez desconocieron sus obligaciones, desviaron y pervirtieron de manera deliberada y voluntaria el servicio que les fue encomendado por la Constitución y la ley, ya que, como se vio, ejecutaron extrajudicialmente a dicho señor y pusieron descaradamente junto a su cuerpo un arma y municiones y lo vistieron con prendas camufladas, con el único propósito de mostrar falsamente que se trataba de un guerrillero dado de baja en combate, hecho que no admite justificación alguna y que, sin duda, merece el máximo de los reproches, pues el daño irrogado no tuvo origen en el ámbito privado, personal, ni aislado por completo del servicio, sino que se produjo en desarrollo de una operación militar en la que participaron uniformados en servicio activo.

La muerte infame del citado señor se enmarca dentro del fenómeno conocido como “falso positivo” y, desde el punto de vista jurídico, corresponde a lo que técnicamente se denomina o conoce como “ejecución extrajudicial u homicidio en persona protegida”, constitutiva de una muy grave violación de derechos humanos, pues se trató de la muerte de un civil que, como se dejó dicho, no era partícipe de hostilidad alguna y se hallaba en situación de inferioridad y aun así recibió 4 disparos. Tal conducta delictual es sancionada punitivamente por el artículo 135 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), según el cual, “el que, con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, ocasione la muerte de persona protegida(74) (sic) conforme a los convenios internacionales sobre derecho humanitario ratificado por Colombia, incurrirá en prisión de treinta (30) a cuarenta (40) años”.

Comportamientos como los asumidos por los uniformados que participaron en la muerte de Jorge Humberto Urrego Gómez no se acompasan de ninguna manera con la finalidad del Ejército Nacional, pues —se reitera— éste fue instituido para proteger la vida, bienes y honra de los habitantes del territorio nacional y para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, a fin de generar un ambiente de paz, seguridad y desarrollo que garanticen el orden constitucional de la nación, no para atentar miserablemente contra las personas que está llamado a proteger.

Si bien es cierto que el Estado puede hacer uso legítimo de la fuerza y, por lo tanto, recurrir a las armas para su defensa, también es cierto que esta potestad sólo puede ser utilizada como último recurso, luego de haber agotado todos los medios a su alcance y que representen un menor daño, pues lo contrario implicaría legitimar el restablecimiento del orden en desmedro de la vida y demás derechos fundamentales de las personas.

En relación con los parámetros en el uso de la fuerza estatal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha puntualizado(75):

“74. El artículo 4.1 de la Convención estipula que ‘nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente’. La expresión ‘arbitrariamente’ excluye, como es obvio, los procesos legales aplicables en los países que aún conservan la pena de muerte. Pero, en el caso que nos ocupa, el análisis que debe hacerse tiene que ver más bien, con el derecho del Estado a usar la fuerza, aunque ella implique la privación de la vida, en el mantenimiento del orden, lo cual no está en discusión. Hay abundantes reflexiones en la filosofía y en la historia sobre cómo la muerte de individuos en esas circunstancias no genera para el Estado ni sus oficiales responsabilidad alguna. Sin embargo, como aparece de lo expuesto con anterioridad en esta sentencia, la alta peligrosidad de los detenidos en el Pabellón Azul del Penal San Juan Bautista y el hecho de que estuvieren armados, (sic) no llegan a constituir, en opinión de esta Corte, elementos suficientes para justificar el volumen de la fuerza que se usó en éste y en los otros penales amotinados y que se entendió como una confrontación política entre el gobierno y los terroristas reales o presuntos de Sendero Luminoso (supra párr. 52), lo que probablemente indujo a la demolición del pabellón, con todas sus consecuencias, incluida la muerte de detenidos que eventualmente hubieran terminado rindiéndose y la clara negligencia en buscar sobrevivientes y luego en rescatar los cadáveres.

“75. Como ya lo ha dicho esta Corte en casos anteriores,

“...está más allá de toda duda que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad. Tampoco puede discutirse que toda sociedad padece por las infracciones a su orden jurídico. Pero, por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral. Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana (Caso Velásquez Rodríguez, supra 63, párr. 154 y Caso Godínez Cruz, supra 63, párr. 162)” (resalta la Sala).

Por su parte, el Consejo de Estado ha defendido la inviolabilidad del derecho a la vida en los términos que se transcriben a continuación(76):

“Con esta perspectiva, nuestra Constitución Política de 1991 en su artículo 11 señala en forma nítida que el derecho a la vida es inviolable y agrega que ‘no habrá pena de muerte’. (sic) Inviolabilidad que se introdujo en el debate en la comisión primera de la ANAC, donde se dejó en claro que este derecho era ‘el único inviolable, porque cuando es violado desaparece el sujeto del derecho (...) es el único esencial porque si se viola de ninguna manera se pueden desarrollar los demás’(77).

“Este precepto constitucional retoma el viejo mandato contenido en el artículo 29 de la Constitución de 1886, correspondiente al artículo 3º del Acto Legislativo 003 de 1910, que estableció que el legislador no podía imponer la pena capital en ningún caso. (sic) Prohibición que desde entonces ya era absoluta(78) en tanto se trata del primer derecho y el supuesto de todos los derechos(79), según lo precisó el guardián de la Constituciónde esa época. (sic) Canon prohibitivo que no admitía excepción alguna para el legislador y por lo mismo cobijaba a las demás ramas del poder público. Esta preceptiva fundamental era interpretada por nuestra jurisprudencia constitucional en armonía con el artículo 16 de la Carta de 1886, disposición que a su turno obligaba a todas las autoridades a proteger la vida y, por lo mismo, era concebida como un principio rector de toda la Constitución(80).

“No hay que olvidar que, también en vigencia de la Constitución anterior, el Consejo de Estado dedujo la responsabilidad de la administración, en múltiples casos en que para reprimir desórdenes públicos se optó por utilizar medios desproporcionados que pusieron en peligro la vida. Así en 1967 esta corporación judicial condenó al Estado por el proceder brutal de una tropa de soldados que disparó indiscriminadamente contra una manifestación de estudiantes de la Universidad Nacional el 9 de junio de 1954, proceder desviado del buen servicio que terminó con un fatal desenlace en la carrera 7º con calle 13 en Bogotá:

“En definitiva, en el derecho colombiano la inviolabilidad del derecho a la vida en su doble dimensión (i) no admite excepción alguna y (ii) ostenta carácter absoluto(81) y, por lo mismo, ha supuesto de antaño la imposibilidad de transgredirlo toda vez que constituye una de las normas básicas de los estados de derecho de estirpe demoliberal, como el nuestro.

“De ahí que no sorprende que haya sido ubicado en el artículo 11, a la cabeza del capítulo I del título II de la Carta de 1991, dedicado justamente a los derechos fundamentales (tal y como sucede en otras latitudes)(82).

“Si se trata del fundamento de los demás derechos(83), o ‘el punto de arranque’ o ‘prius lógico y ontológico para la existencia y especificación de los demás derechos, en tanto, (sic) constituye el derecho fundamental esencial y troncal en cuanto es el supuesto ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible’(84), para usar la terminología de la jurisprudencia constitucional española, es inadmisible pensar en su suspensión por ningún motivo, habida cuenta que configura prerrequisito de los demás derechos, los cuales —se insiste— sólo adquieren sentido si se garantiza la vida(85).

“A diferencia del caso colombiano, la aparición de un derecho autónomo a la vida sólo se produjo a nivel internacional recientemente, tras la segunda guerra mundial”(86).

“Numerosos instrumentos internacionales prohíben el atentado directo contra la vida humana y por ello obligan al Estado a ejercer un control efectivo sobre las autoridades en general, y en particular las Fuerzas Militares, para evitar el uso excesivo o indiscriminado de la fuerza. En tal virtud, para hacer cumplir sus cometidos constitucionales y legales el uso de la fuerza es excepcional y debe realizarse estrictamente bajo un doble prisma: necesidad y proporcionalidad de las medidas, por cuanto el derecho a la vida ostenta el status de dispositivo normativo integrante del ius cogens que no admite acuerdo en contrario (art. 53 Convención de Viena).

“(...) Igualmente, en el VIII Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, celebrado en 1990, se adoptaron los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. El quinto principio pone de relieve el carácter excepcional del uso de la fuerza y subraya que cuando el recurso a las armas de fuego sea inevitable, dichos funcionarios deberán ejercer moderación y actuar en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo perseguido, debiéndose en consecuencia reducir al mínimo los daños y lesiones y respetando y protegiendo la vida humana. A su turno, el principio noveno establece que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una amenaza seria para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a la autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos, por lo que en cualquier caso sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida(87) (se subraya).

“Más recientemente, fue incorporado al derecho interno el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte, mediante la Ley 297 de 1996(88), el cual pone de presente en su artículo 6º que dicha prohibición incluso no puede ser suspendida en estados de excepción, ratificando así lo dispuesto por el artículo 4.2 del Pacto de San José, el artículo 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 214.2 CN y el artículo 4º de la Ley 137 de 1994, estatutaria de estados de excepción.

“Síguese de todo lo anterior que no son admisibles las ejecuciones extrajudiciales y por ello en varias oportunidades, no sólo esta corporación —como ya se indicó— sino también la Comisión Interamericana ha declarado responsable al Estado colombiano por actuaciones de esta naturaleza, por parte de miembros del Ejército Nacional(89).

“No debe perderse de vista que el artículo 11 superior contempla a la vida como un derecho intangible en tanto fundamento, sustento y —por lo mismo— primero de los derechos inherentes a la persona. Se trata sin duda de la más importante motivación política de nuestro orden constitucional que irradia —por supuesto— el resto de la Carta y su primacía es reconocida por el artículo 5º CN junto con los demás derechos inalienables de la persona.

“En consonancia con estos mandatos, el artículo 2º Constitucional —en perfecta armonía con el Preámbulo de la Carta— dispone que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, en su dimensión bifronte de derecho fundamental y principio superior(90) que inspiró al constituyente en el diseño del ordenamiento constitucional y por lo mismo es uno de los pilares de nuestra democracia.

“Fines del Estado que encuentra (sic) una de sus concreciones más caracterizadas en el principio de exclusividad de la fuerza pública, previsto en el artículo 216 superior (sic) como que uno de los rasgos esenciales del poder público lo configura justamente el monopolio del ejercicio de la coacción del Estado.

“(...) Fuerza que, huelga decirlo, debe desplegarse dentro de los precisos linderos del marco jurídico (preámbulo constitucional) y sobre la base que el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona (art. 5º C.P.), por manera que los militares escoltas, como servidores públicos, son responsables por la extralimitación en el ejercicio de tan delicadas funciones.

“Y el ejercicio constitucional (sic) la fuerza pública supone el reconocimiento del carácter inalienable —y por lo mismo inderogable— del perentorio mandato erga omnes de la prohibición de la pena de muerte, como norma integrante del ius cogens. A este respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado, en criterio que esta Sala prohíja, que:

“De lo que se deja dicho se desprende que indudablemente los miembros de las Fuerzas Militares, en el marco del respeto de la dignidad humana (art. 1º C.P.)(91) y de los derechos fundamentales, en especial la vida, sólo pueden utilizar la fuerza cuando ello sea estrictamente necesario y están facultadas para hacerlo con el objeto de asegurar la captura para que el presunto infractor del orden jurídico sea conducido ante las autoridades judiciales competentes. La fuerza pública debe, pues, escoger dentro de los medios eficaces aquellos que causen menor daño a la integridad de las personas y de sus bienes, más aún cuando cumplen la delicada misión de escoltar a personas.

“En definitiva, en un Estado de Derecho como el nuestro no son admisibles las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Y por ello, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente, salvo que se haga bajo una de las causales de justificación (vgr. legítima defensa o estado de necesidad). Evento en el cual la amenaza individualizada, grave, actual e inminente contra la vida del uniformado o de un tercero, debe revestir tal entidad que sólo mediante el uso extremo y subsidiario de la fuerza (ultima ratio) pueda protegerse ese mismo bien jurídico [la vida, en este caso de las víctimas o de los uniformados].

“Deberán entonces evaluarse las condiciones de la amenaza real —que no hipotética— para que, sólo si razones de necesidad y proporcionalidad lo imponen, pueda llegarse a esa situación extrema. Todo lo demás, desborda el limitado espacio que brindan las normas disciplinarias y penales a los agentes del orden.

“Así las cosas, cuando se infringe este deber de usar la fuerza guiado por los principios de necesidad y proporcionalidad y si la conducta es atribuible a un agente del Estado en ejercicio de sus funciones se compromete a Ia responsabilidad patrimonial de este último frente a las eventuales víctimas, por uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del Estado” (negras, subrayado y cursivas del original).

Como se desprende de los anteriores planteamientos, el uso de la fuerza y, concretamente, la necesidad de segar una vida humana se establece como un criterio de ultima ratio, es decir, se trata del último recurso al cual debe acudir la fuerza pública para neutralizar o repeler un delito o agresión. No debe perderse de vista que el artículo 2º de la Carta Política asigna a las autoridades públicas la protección genérica de la vida, honra y bienes de todos los asociados, inclusive de aquellos que puedan ser catalogados como delincuentes.

Frente a episodios de naturaleza similar a la del presente asunto, esta corporación ha reflexionado desde una perspectiva humanística y jurídica, que bien vale la pena recordar, así:

“La fuerza pública, tanto más quienes asumen la defensa judicial de sus actos, deben eliminar el discurso maniqueísta que clasifica a los muertos en buenos y malos, para justificar la muerte de los segundos con el argumento de la defensa social o del bien que se hace a la comunidad con la desaparición física de determinadas personas. El derecho a la vida no puede ser reivindicado según el destinatario, pues su respeto debe ser absoluto. Tal vez la única vulneración tolerable sea aquella que ocurre en ejercicio de las causales de justificación o de inculpabilidad que las normas penales consagran, a pesar de lo cual en algunas de esas ocasiones la no (sic) responsabilidad del agente no libera a su vez de responsabilidad al Estado.

“En numerosas oportunidades la Sala ha hecho una verdadera apología de la vida, exaltando las hermosas palabras del inmolado Tómas y Valiente: ‘No hay nada en la creación más importante ni más valioso que el hombre, que todo hombre, que cualquier hombre’. Y lo seguirá haciendo, (sic) cada vez que encuentre, como en el presente caso, que se sigue aplicando en el país la pena de muerte, proscrita por la Carta Fundamental desde hace más de un siglo.

“La vida de cualquier hombre es digna de respeto, aún se trate del peor de los delincuentes. Dijo en alguna ocasión Eca de Queiroz: ‘El Niágara, el monte de cristal color de rosa de Nueva Zelandia, las selvas del Amazonas son menos merecedoras de nuestra admiración consciente que el hombre más sencillo’. Y Federico Hegel resaltó: ‘El pensamiento más malvado de un criminal es más sublime y más grandioso que todas las maravillas del cielo’.

“La muerte injusta de un hombre no podrá considerarse más o menos admisible dependiendo de la personalidad, de la identidad, de la influencia o de la prestancia de ese hombre. La muerte injusta de una persona con antecedentes delictivos, continúa siendo injusta a pesar de los antecedentes que registre y lo será tan injusta, tan insoportable y tan repudiable como la del hombre bondadoso de irreprochable conducta”(92).

Resulta obvio, entonces, que casos como el acá debatido no sólo configuran una falta totalmente reprochable y lamentable, en la medida en que soslayan el ordenamiento jurídico y vulneran derechos constitucionalmente protegidos, generando desconfianza e incertidumbre en la ciudadanía, sino que, además, ponen en entredicho y tela de juicio la imagen y credibilidad del Ejército Nacional y la condición humana de sus miembros, pues tales conductas evidencian una absoluta ignorancia sobre las disposiciones de orden convencional, constitucional y legal que consagran el respeto por la vida.

Desafortunadamente casos como éste se volvieron reiterados en nuestro territorio, al punto que son numerosas las condenas penales contra los miembros de la Fuerza Pública involucrados en ellos, así como también son numerosas las condenas patrimoniales contra el Estado colombiano, con ocasión de fallas en la prestación del servicio por las actuaciones irregulares de los servidores encargados de proteger y defender los derechos y las libertades públicas, circunstancia que pone de presente una falla sistemática y estructural en la comisión de violaciones graves a derechos humanos y/o al derecho internacional humanitario por parte de la Fuerza Pública del Estado colombiano, aunada a la ausencia de un riguroso control dentro de la institución militar, tanto en el proceso de incorporación a la institución, como en la permanencia y en el ejercicio de funciones por parte de los miembros de dicha institución, falencias éstas que, sin duda, debilitan la institución militar y dificultan su adecuado accionar en pos de cumplir el cometido que le es propio, con lo cual, de paso, ésta pierde legitimidad y se compromete la estabilidad misma del Estado y de la sociedad(92) (sic).

En un Estado Social de Derecho como el colombiano no son admisibles bajo ningún punto de vista las muertes selectivas, extrajudiciales o arbitrarias, pues la vida es un derecho fundamental de primer orden y, por tanto, nadie puede ser privado de ella, salvo que ocurra bajo causales de justificación, como en casos de legítima defensa o estado de necesidad, pues el uso de la fuerza y, concretamente, la posibilidad de atentar contra la integridad física de una persona se establece como un criterio de ultima ratio, esto es, como último recurso al que debe acudir la Fuerza Pública para neutralizar o repeler un delito o agresión, para lo cual deberán evaluarse las condiciones reales de amenaza, a fin de que, sólo si razones de necesidad y proporcionalidad lo imponen, pueda llegarse a esa situación extrema, pues la Constitución Política asigna a las autoridades públicas la protección genérica de la vida, honra y bienes de todos los asociados, sin distinciones de ninguna clase.

Pues bien, teniendo en cuenta que no se demostró que la vida de los uniformados involucrados en los hechos hubiera corrido peligro, el uso que éstos hicieron de sus armas de fuego contra Jorge Humberto Urrego Gómez fue excesivo, abusivo, premeditado y desproporcionado por completo y ello evidencia —se insiste— la presencia de una falla grave en la prestación del servicio, falla que por supuesto resulta imputable a la demandada, de modo que se confirmará la sentencia apelada, que la condenó por los hechos acá debatidos.

Liquidación de perjuicios.

Perjuicios morales.

Por la muerte de Jorge Humberto Urrego Gómez, la sentencia de primera instancia reconoció 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de cada uno de sus padres y 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los hermanos de aquél.

Como quiera que se acreditaron tales parentescos de los demandantes con la víctima, esto es, de Jesús María Urrego Montoya y Ana Libia Gómez de Urrego(93), así como de Carlos Wilson Urrego Gómez(94), Orfa Libia Urrego Gómez(95), Flor María Urrego Gómez(96)y Jesús María Urrego Gómez(97) y este aspecto no fue objeto de apelación, se impone confirmar la mencionada condena.

De otro lado, dada la gravedad de los hechos, la Sala, de oficio y a título de medida de reparación integral, ordenará al Ejército Nacional que ofrezca disculpas a los demandantes, por escrito y dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, por haber causado la muerte de Jorge Humberto Urrego Gómez.

Adicionalmente, a título de medida de no repetición, se ordenará al Ejército Nacional divulgar la presente sentencia en la página web de la entidad, donde deberá permanecer por lo menos durante seis meses.

Costas.

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenarlas en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la Sentencia del 10 de octubre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

2. Como medidas de justicia restaurativa, ORDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional que realice las siguientes actuaciones: i) que ofrezca a los demandantes disculpas, por escrito y dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, por haber causado la muerte de Jorge Humberto Urrego Gómez y ii) que, una vez ejecutoriada, publique la presente sentencia en la página web del Ejército Nacional, donde deberá permanecer por lo menos durante seis meses.

3. DÉSE cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Para tal efecto, el tribunal de primera instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

4. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) En virtud de que en la fecha de presentación de la demanda (26 de octubre de 2005) era necesario que la pretensión mayor individualmente considerada superara los 500 salarios mínimos legales, es decir, $ 190.750.000, valor que se obtiene de multiplicar el valor del salario mínimo de 2005 ($ 381.500), por 500.

(3) Sentencia de julio 7 de 2005, Exp. 20.300.

(4) Sentencia de febrero 21 de 2002, Exp. 12.789.

(5) Folios 5 a 187 del cuaderno 4.

(6) Folio 3 del cuaderno 4.

(7) Folio 67 del cuaderno 1.

(8) Folio 82 del cuaderno 1.

(9) Folios 106 y 107 del cuaderno 1.

(10) Folios 3 a 824 del cuaderno 3.

(11) Folio 2 del cuaderno 3.

(12) Folio 67 del cuaderno 1.

(13) Folio 82 del cuaderno 1.

(14) Folios 106 y 107 del cuaderno 1.

(15) Folios 73 a 77 del cuaderno 4.

(16) Folios 78 a 82 del cuaderno 4.

(17) Folios 83 a 88 del cuaderno 4.

(18) Folios 93 a 98 del cuaderno 4.

(19) Folios 104 a 109 del cuaderno 4.

(20) Folios 128 a 136 del cuaderno 4.

(21) Folios 162 a 164 del cuaderno 4.

(22) Folios 587 a 590 del cuaderno 3.

(23) Folios 650 a 655 del cuaderno 3.

(24) Folios 785 y 787 del cuaderno 3.

(25) Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia de 29 de enero de 2009, Exp. 16.319.

(26) Folio 146 del cuaderno 4.

(27) Folio 12 del cuaderno 1.

(28) Folios 145 y 146 del cuaderno 1 y 346 y 347 del cuaderno 3.

(29) Folio 160 del cuaderno 3.

(30) Folios 163 del cuaderno 3 y 634 del cuaderno 2.

(31) Folios 149 y 150 del cuaderno 3.

(32) Folios 144 a 146 del cuaderno 3.

(33) Folios 147 y 148 del cuaderno 3.

(34) Folios 294 y 295 del cuaderno 3.

(35) Folio 97 del cuaderno 3.

(36) Folios 93 y 94 del cuaderno 3.

(37) Folios 144 a 146 del cuaderno 3.

(38) Folios 144 a 146 del cuaderno 3.

(39) Folios 145 a 146 del cuaderno 3.

(40) Folios 166 a 169 del cuaderno 3.

(41) Folio 168 del cuaderno 3.

(42) Folio 32 del cuaderno 3.

(43) Folio 215 del cuaderno 3.

(44) Folio 245 del cuaderno 3.

(45) Folio 328 del cuaderno 3.

(46) Folio 332 del cuaderno 3.

(47) Comisionado en la investigación disciplinaria 008-143223-2006 de la procuraduría delegada disciplinaria para la defensa de los derechos humanos, remitida mediante oficio 3959-2007 del 29 de octubre de 2007 (folio 2 del cuaderno 3), conforme se indicó en la página 9 de esta sentencia.

(48) Folios 181 y 182 del cuaderno 3.

(49) Folios 175 a 177 del cuaderno 3.

(50) Folios 177 a 179 del cuaderno 3.

(51) Se tienen en cuenta este testimonio del padre y la declaración del hermano relacionada a continuación (aquí demandantes), valorados en conjunto con los demás medios de prueba obrantes en el expediente, por cuanto se trata de un tema de derechos humanos.

(52) Folio 180 del cuaderno 3.

(53) Folios 25 y 26 del cuaderno 3.

(54) Folios 30 y 31 del cuaderno 3.

(55) Folio 191 del cuaderno 3.

(56) Comisionado en el proceso penal militar 2007-077 del juzgado 27 de instrucción penal militar del Batallón de Infantería 11 “Cacique Nutibara”, remitido mediante oficio 621/MDN-DEJUM-J27IPM-746 del 4 de septiembre de 2008 (folio 3 del cuaderno 4), conforme se indicó en la página 8 de esta sentencia.

(57) Folios 122 y 123 el cuaderno 4.

(58) Folios 123 y 124 el cuaderno 4.

(59) Folios 125 y 126 el cuaderno 4.

(59) (sic) Folios 434 a 436 del cuaderno 1.

(60) Folios 436 y 437 del cuaderno 1.

(61) Folios 437 a 439 del cuaderno 1.

(62) Folios 138 y 139 del cuaderno 1.

(63) Folios 20 y 21 del cuaderno 3.

(64) Folio 23 del cuaderno 3.

(65) Folios 354 a 379 del cuaderno 3.

(66) Folio 368 del cuaderno 3.

(67) Folios 385 a 389 del cuaderno 3.

(68) Folio 306 del cuaderno 3.

(69) Folios 169 a 183 el cuaderno 4.

(70) En la investigación abierta en providencia del 25 de octubre de 200470, por el juzgado 24 de instrucción penal militar ante la Cuarta Brigada del Ejército Nacional.

(71) Folios 294 y 295 del cuaderno 3.

(72) M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(74) (sic) De acuerdo con el parágrafo de la norma en cita, se entiende por personas protegidas conforme al derecho internacional humanitario, entre otras: i) los integrantes de la población civil y ii) las personas que no participan en hostilidades.

(75) Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corteidh), caso Neira Alegría y otros vs. Perú, Sentencia del 19 de enero de 1995.

(76) Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 11 de febrero de 2009, Exp. 17318, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(77) Delegatario ZALAMEA COSTA, Alberto: Comisión primera de la ANAC, 16 de abril de 1991.

(78) A juicio del otrora juez constitucional, cuando la Carta Política de 1886 prohibió en forma absoluta al legislador imponer la pena capital, “se refiere a la pena de muerte en su sentido natural y obvio, o sea, a la extinción de lavida humana” (Corte Suprema de Justicia, Sala plena, Sentencia de 16 de mayo de 1974).

(79) Corte Suprema de Justicia, Sala plena, Sentencia de 30 de octubre de 1978, M.P. Luis Carlos Sáchica Aponte.

(80) Corte Suprema de Justicia, Sala plena, Sentencia de 4 de agosto de 1981, M.P. Mario Latorre Rueda.

(81) VERGÉS RAMÍREZ, Salvador. “Derechos Humanos: Fundamentación”, Ed. Tecnos, Madrid, 1997, pp. 197 y ss.

(82) En España, por ejemplo, el valor jurídico fundamental de la dignidad de la persona está consignado en el artículo 10 de la Constitución Nacional de 1978, “situado a la cabeza del título destinado a tratar los derechos y deberes fundamentales”, mientras que el derecho a la vida está previsto en el artículo 15 “a la cabeza del capítulo donde se concretan estos derechos” (STC 53/1985, FJ 3).

(83) Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Nº 86/99, caso 11.589, Armando Aljendre y otros vs. Cuba, 29 de septiembre de 1999.

(84) Tribunal Constitucional Español, Sentencia STC 53/1985 FJ 3.

(85) Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Villagrán Morales y otros vs. Guatemala, Sentencia de 19 de septiembre de 1999.

(86) Vid. DIEZ-PICAZO, Luís María: “Sistema de derechos fundamentales”, Thomson-Civitas, Madrid, 2003, pp. 189 y ss. Este autor destaca que “la única excepción notable es la cláusula de due process of law, de las enmiendas 5ª y 14ª de la Constitución de los Estados Unidos”.

(87) Vid. Naciones Unidas: “La administración de justicia y los derechos humanos de los detenidos”, 1991, pp. 84 y ss. y 110 y ss.

(88) Revisión de constitucionalidad, Sentencia C-144 de 1997.

(89) Vid. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Nº 32, caso 10545 (Colombia), en www.cidh.org.

(90) Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-013 de 1997, M.P. Hernández Galindo y C-239 de 1997, M.P. Gaviria.

(91) La Sala ha señalado que “El artículo primero de la Constitución, al definir al Estado colombiano como Social de Derecho, dispuso que nuestro régimen político está fundado en ‘el respeto de la dignidad humana’; ello significa —y así lo ha entendido la jurisprudencia constitucional— que la dignidad del hombre irradia toda la Carta, al constituirse en ‘el valor supremo en toda constitución democrática’, puesto que se trata a la vez del fundamento del poder político y de un concepto límite al ejercicio del mismo (art. 5º C.P.), al tiempo que legitima todo el catálogo de derechos fundamentales, como valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico y razón de ser del mismo. A este respecto Peces-Barba resalta que ‘la raíz de los derechos fundamentales está en la dignidad humana, que se puede explicar racionalmente como la expresión de las condiciones antropológicas y culturales del hombre que le diferencian de los demás seres’, en otras palabras, ser digno significa ‘que la persona humana por el hecho de tener antológicamente una superioridad, un rango, una excelencia, tiene cosas suyas que, respecto de otros, son cosas que le son debidas’. El principio de la dignidad humana como base indispensable de toda estructura jurídica constitucional y principio orientador de toda interpretación jurídica está íntimamente vinculado con el derecho a la integridad personal” (Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia de 17 de junio de 2004, rad. 50422-23-31-000-940345-01, actor: Fabián Alberto Madrid Carmona y otros, demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Exp. 15.208).

(92) Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 10 de abril de 1997, Exp. 10.138.

(92) (sic) Consejo de Estado, sección tercera, subsección A, sentencia proferida el 27 de abril del 2016 (Exp. 50.231).

(93) Folio 9 del cuaderno 1.

(94) Folio 8 del cuaderno 1.

(95) Folio 5 del cuaderno 1.

(96) Folio 6 del cuaderno 1.

(97) Folio 3 del cuaderno 1.