Sentencia 2006-00537/42693 de junio 12 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Rad.: 05001-23-31-000-2006-00537-01 (42.693)

Actor: Carlos Wilson Urrego Gómez y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa, Ejército Nacional

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., doce de junio de dos mil diecisiete.

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia del 25 de febrero de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la que se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:

“1. DECLÁRASE a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, administrativamente responsable por los perjuicios ocasionados a los demandantes con ocasión de los hechos narrados en la demanda.

“2. CONDÉNASE a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a pagar a cada uno de los actores, a Jesús María Urrego Montoya, en su condición de padre de la víctima; a Ana Libia Gómez de Urrego en su condición de madre de la víctima; y a Carlos Wilson, Orfa Libia, Flor María, (sic) y Jesus María en su condición de hermanos de la única víctima por la que promovieron demanda, por concepto de los perjuicios morales sufridos como consecuencia de la muerte de José Alberto Urrego Gómez, las siguientes sumas:

“Para el señor Jesús María Urrego Montoya, padre de la única víctima por la que demandó, la suma de cincuenta y tres millones quinientos sesenta mil pesos m/cte. ($53.560.000.00).

“Para la señora Ana Libia Gómez de Urrego, madre de la única víctima por la que demandó, la suma de cincuenta y tres millones quinientos sesenta mil pesos m/cte. ($53.560.000.00).

“Para el señor Carlos Wilson Urrego Gómez, hermano de la única víctima por la que presentó demanda, la suma de veintiséis millones setecientos ochenta mil pesos m/cte. ($26.780.000.00).

“Para la señora Orfa Libia Urrego Gómez, hermana de la única víctima por la que presentó demanda, la suma de veintiséis millones setecientos ochenta mil pesos m/cte. ($26.780.000.00).

“Para la señora Flor María Urrego Gómez, hermana de la única víctima por la que presentó demanda, la suma de veintiséis millones setecientos ochenta mil pesos m/cte. ($26.780.000.00).

“Para el señor Jesús María Urrego Gómez, hermano de la única víctima por la que presentó demanda, la suma de veintiséis millones setecientos ochenta mil pesos m/cte. ($26.780.000.00).

“3. CONDÉNASE a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a pagar al accionante (proceso acumulado r. Nº. 20040440101) señor José Rodolfo Urrego Montoya (sic), en su condición de hermano de las víctimas, los interfectos Jorge Humberto y José Alberto Urrego Gómez, la suma de cincuenta y tres millones quinientos sesenta mil pesos m/cte. ($53.560.000.00).

“4. Todas las sumas así determinadas devengarán intereses comerciales moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia.

“5. DENIÉGANSE las demás súplicas de la demanda”(1).

I. Antecedentes

1. Proceso 2006-537.

  1. 1. Proceso 2006-537.
 

1.1. El 26 de octubre de 2005, a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, los señores Jesús María Urrego Montoya, Ana Libia Gómez de Urrego, Carlos Wilson Urrego Gómez, Orfa Libia Urrego Gómez, Flor María Urrego Gómez y Jesús María Urrego Gómez solicitaron que se declarara la responsabilidad patrimonial de la Nación- Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, por los perjuicios derivados de la muerte de José Alberto Urrego Gómez, en hechos ocurridos el 6 de noviembre de 2003, en el municipio de Caicedo, Antioquia.

Solicitaron que, en consecuencia, se condenara a pagarles, por concepto de perjuicios morales, 1.000 salarios mínimos mensuales para cada uno de los demandantes.

Como fundamento de las pretensiones, narra la demanda que el 6 de noviembre de 2003, aproximadamente a las 11:30 de la mañana, cuando los hermanos Jorge Humberto y José Alberto Urrego Gómez trabajaban en agricultura, fueron retenidos por miembros del Ejército Nacional y llevados en dirección al cerro “Los Juncos”, también llamado “Los Santicos”, en la vereda “La Anocosca” del municipio de Caicedo, donde fueron asesinados.

Aquéllos se encontraban vestidos de civil, con ropa de trabajo y no portaban armas de fuego, únicamente tenían los machetes, pues eran sus instrumentos de trabajo.

Para justificar la masacre, los militares los vistieron de guerrilleros y les pusieron armas de fuego (fls. 16 a 26 del cdno. 1).

1.2. La demanda fue admitida mediante auto del 2 de mayo de 2006, providencia notificada en debida forma a la parte demandada y al Ministerio Público (fls. 52 y 54 del cdno. 1).

1.3. El apoderado del Ejército Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en que Jorge Humberto y José Alberto Urrego Gómez eran “subversivos muertos en combate sin previa retención y sin ninguna variación de las (sic) escena de los hechos”.

Dijo que no podía declararse la responsabilidad del Ejército, pues, si bien se adelantaban investigaciones contra los militares por los hechos relacionados con la muerte de aquéllos, no habían sido hallados responsables disciplinariamente, ni tampoco condenados por el delito de homicidio, de manera que dijo atenerse a los resultados que arrojaran las mencionadas investigaciones (fls. 55 a 57 del cdno. 1).

1.4. Mediante auto del 31 de octubre de 2006 se abrió el proceso a pruebas (fl. 62 del cdno. 1).

2. Proceso 2004-4401 (cdno. 2).

2.1. El 19 de mayo de 2004, a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, el señor José Rodolfo Urrego Gómez solicitó que se declarara la responsabilidad patrimonial de la Nación- Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, por los perjuicios derivados de la muerte de sus hermanos Jorge Humberto y José Alberto Urrego Gómez, en hechos ocurridos el 6 de noviembre de 2003, en el municipio de Caicedo, Antioquia.

Solicitó que, en consecuencia, se condenara a pagarle, por concepto de perjuicios morales, 200 salarios mínimos mensuales.

Como fundamento de las pretensiones, narra la demanda que el 5 de noviembre de 2003, cuando los hermanos Jorge Humberto y José Alberto Urrego Gómez trabajaban en agricultura, en la vereda “La Anocosca” del municipio de Caicedo, fueron retenidos por miembros del Ejército Nacional.

Al día siguiente, fueron encontrados sus cuerpos sin vida en Medellín, vestidos con prendas de uso privativo de las Fuerzas Armadas de Colombia, para hacerlos ver como guerrilleros (fls. 5 a 9 del cdno. 2).

2.2. La demanda fue admitida mediante auto del 9 de junio de 2004, providencia notificada en debida forma a la parte demandada y al Ministerio Público (fls. 21, 22 y 24 del cdno. 2).

2.3. El apoderado del Ejército Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en que el daño antijurídico por el que se demandó no resulta imputable a la institución por acción ni por omisión, pues los responsables de los hechos fueron personas ajenas a ella.

 

Dijo que no es posible atribuir al Ejército Nacional todos los daños que sufran los particulares, so pretexto de reclamar del Estado una protección absoluta (fls. 25 a 28 del cdno. 2).

2.4. Mediante auto del 24 de noviembre de 2004 se abrió el proceso a pruebas (fls. 34 y 35 del cdno. 2).

2.5. En auto del 19 de agosto de 2008, se corrió traslado para alegar de conclusión y rendir concepto, término durante el cual la apoderada del Ejército Nacional reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda y, luego de hacer un recuento del material probatorio obrante en el expediente, agregó que no se acreditó que quienes ejecutaron a los hermanos fueran servidores públicos (fl. 241 y 243 a 247 del cdno. 2).

3. El 25 de marzo de 2009 el Tribunal decretó la acumulación del proceso 2004-4401 al 2006-537 (fls. 171 y 172 del cdno. 1).

4. Mediante auto del 16 de abril de 2009, se corrió traslado para alegar de conclusión y rendir concepto, término en el cual el apoderado de la parte actora hizo un recuento de las pruebas obrantes en el proceso y reiteró lo expuesto en la demanda, a lo cual agregó que el Ejército alteró y falsificó las pruebas, les cambió la indumentaria campesina a las víctimas, quienes no tenían antecedentes penales, y las vistió con prendas militares para hacerlos pasar por guerrilleros.

Agregó que las necropsias evidenciaron que las víctimas fueron ajusticiadas y que no fallecieron en combate (fls. 175 y 177 a 238 del cdno. 1).

Por su parte, la apoderada del Ejército Nacional reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda y agregó que no se desvirtuó la legalidad de la operación militar que permitió dar de baja a Jorge Humberto y José Alberto Urrego Gómez, puesto que dichas muertes obedecieron a la culpa exclusiva de las víctimas, quienes eran guerrilleros que se enfrentaron a la tropa del Ejército que les causó la muerte.

Sostuvo que tampoco se probó la existencia de una falla del servicio imputable al Ejército Nacional, por lo que debían negarse las pretensiones de la demanda (fls. 240 a 243 del cdno. 1).

II. Sentencia de primera instancia

La sentencia del 25 de febrero de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, accedió a las pretensiones de la demanda con fundamento en que se configuró una falla del servicio imputable al Ejército Nacional, por cuanto, el 6 de noviembre de 2003, José Alberto y Jorge Humberto Urrego Gómez fueron retenidos por militares y conducidos públicamente por las vías de la vereda la Anocosca, del municipio de Caicedo (Antioquia) y, posteriormente, ultimados por sus aprehensores (con sus armas de dotación oficial), quienes, para justificar su conducta, pretendieron simular un combate para luego presentar a sus víctimas como guerrilleros dados de baja en combate.

Dijo que no se probó la configuración de alguna de las causales eximentes de responsabilidad del Estado.

Por la muerte de José Alberto Urrego Gómez reconoció, por concepto de perjuicios morales, 100 smlmv a cada uno de los padres y 50 smlmv a cada uno de los hermanos.

Por la muerte de ambos (Jorge Humberto y José Alberto Urrego Gómez) reconoció, por concepto de perjuicios morales, 100 smlmv a José Rodolfo Urrego Gómez (hermano) (fls. 246 a 267 del cdno. ppal.).

III. El recurso de apelación

En el término dispuesto por la ley, el apoderado de la parte demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia anterior, con fundamento en que la investigación disciplinaria iniciada contra los militares por la muerte de Jorge Humberto Urrego Gómez fue archivada definitivamente por no existir mérito para continuar con la investigación y el Juzgado 123 de Instrucción Penal Militar se abstuvo de imponerles medida de aseguramiento, al evidenciar que actuaron en cumplimiento de un deber legal y ante un ataque inminente.

Cuestionó que el Tribunal no le dio credibilidad a los testimonios de los militares, quienes son testigos presenciales de los hechos, pues se encontraban en cumplimiento de la operación 3, que tenía por objeto combatir las organizaciones al margen de la ley, cuando fueron atacados por integrantes de un grupo guerrillero.

Luego de hacer un recuento de las pruebas obrantes en el proceso, aseguró que se acreditó que las víctimas fueron ejecutadas por un tercero sin ninguna relación con los miembros de la demandada, dando lugar a la configuración de la eximente de responsabilidad del hecho de un tercero, pues, en su criterio, y contrario a lo manifestado a lo largo del proceso, no se probó que fueron miembros del Ejército quienes terminaron con la vida de Jorge Humberto y José Alberto Urrego Gómez (fls. 269 a 275 del cdno. ppal.).

IV. Trámite en segunda instancia

El 7 de julio de 2011, se celebró la audiencia de conciliación ante el Tribunal, la cual fracasó por no existir ánimo conciliatorio de la parte demandada y se concedió el recurso de apelación, el cual se admitió en esta Corporación el 30 de enero de 2012 (fls. 288, 289 y 305 del cdno. ppal.).

En el término del traslado común para presentar alegatos de conclusión, la parte demandante solicitó confirmar la sentencia recurrida y reiteró lo expuesto en los alegatos de conclusión de primera instancia (fls. 308 a 321 del cdno. ppal.).

La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio (fl. 332 del cdno. ppal.).

V. Consideraciones

Competencia

Las normas de asignación de competencia que rigen la actuación se encuentran previstas en la Ley 446 de 1998, de allí que, para que el asunto pueda ser tramitado en segunda instancia, la cuantía del proceso debe exceder de $179’000.000(2). Como quiera que la pretensión mayor corresponde a la suma de $358’000.000, reclamada por perjuicios morales, se concluye que esta Corporación es competente para conocer del recurso interpuesto.

Oportunidad de la acción 

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa caduca al cabo de 2 años, contados a partir del día siguiente al del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

Como en el presente asunto los actores pretenden la declaratoria de responsabilidad de la demandada por los perjuicios ocasionados con la muerte de los hermanos José Alberto y Jorge Humberto Urrego Gómez, en hechos ocurridos el 6 de noviembre de 2003 en la vereda “La Anocosca” del municipio de Caicedo (Antioquia), se tendrá en cuenta esta fecha a efectos de contar el término de caducidad.

Así, conforme al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la caducidad de la acción operaba el 7 de noviembre de 2005. Como las demandas se presentaron el 19 de mayo de 2004 y el 26 de octubre de 2005, en ambos casos ello ocurrió en término.

Consideraciones previas 

1. Previo a decidir el asunto puesto a consideración de la Sala, resulta pertinente señalar que, en este caso, el demandado tiene la calidad de apelante único; por lo tanto, la Sala no podrá hacer más gravosa su situación, únicamente podrá mejorarla en el evento de que encuentre que hay lugar a ello, de conformidad con las pruebas debidamente decretadas y practicadas en el proceso.

2. Sobre los medios probatorios obrantes en el proceso, concretamente en lo que se refiere a la prueba trasladada, se ha dicho que aquélla que no cumpla con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, o que no haya sido solicitada en el proceso contencioso administrativo por la parte contra quien se aduce, o no haya sido practicada con audiencia de ésta no puede ser valorada en el proceso al que se traslada(3). También ha dicho la Sala que, en los eventos en los cuales el traslado de la prueba rendida dentro de otro proceso lo hayan solicitado ambas partes, dicha prueba puede ser tenida en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aun cuando se haya practicado sin su citación o intervención en el proceso original y no haya sido ratificada en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(4).

En este caso obra:

a) la copia del proceso penal militar 2007-077 del Juzgado 27 de Instrucción Penal Militar ante el Batallón de Infantería 11 “Cacique Nutibara”, adelantado por el homicidio de los hermanos Jorge Humberto y José Alberto Urrego Gómez(5) (remitido mediante oficio 621/MDN-DEJUM-J27IPM-746 del 14 de mayo de 2008(6)), prueba que fue solicitada por la parte demandante(7), coadyuvada por la parte demandada(8) (la cual, además, intervino en la práctica de las pruebas que en ella militan) y decretada por el Tribunal mediante auto del 31 de octubre de 2006(9). En este orden de ideas, dicha prueba se tendrá como tal en este proceso.

b) la copia del proceso penal TS 2390 del Juzgado 27 de Instrucción Penal Militar ante la Cuarta Brigada, adelantado por el homicidio de los hermanos Jorge Humberto y José Alberto Urrego Gómez(10) (remitido mediante oficio del 21 de junio de 2007(11)), prueba que fue solicitada por la parte demandante(12), coadyuvada por la parte demandada(13) (la cual, también intervino en la práctica de las pruebas que en ella militan) y decretada por el Tribunal mediante auto del 31 de octubre de 2006(14). En este orden de ideas, dicha prueba se tendrá como tal en este proceso.

c) la copia de la investigación disciplinaria 008-143223-2006 de la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos, adelantada por la desaparición y muerte de los hermanos Jorge Humberto y José Alberto Urrego Gómez(15) (remitida mediante oficio 3856-2007 del 19 de octubre de 2007(16)), prueba que fue solicitada por la parte demandante(17), coadyuvada por la parte demandada(18) y decretada por el Tribunal mediante auto del 31 de octubre de 2006(19). En este orden de ideas, dicha prueba se tendrá como tal en este proceso.

No obstante lo anterior, es indispensable aclarar, sin embargo, que no se tendrán en cuenta las diligencias de indagatoria rendidas ante el Juzgado 27 de Instrucción Penal Militar, por los militares Juan Carlos Barraza Vargas(20), Alfredo Cabarca Vargas(21), Rubén Beltrán Palacio(22), Carlos Enrique León Soto(23), Jhon Espinosa Pérez(24), Joaquín Miguel Camargo(25) y Ronald Humberto Jaraba González(26), por no encontrarse sometidas a la formalidad del juramento.

En efecto, en relación con la práctica de las diligencias de indagatoria y de versión libre, la Sala ha sostenido que, por regla general, no son objeto de valoración, toda vez que no tienen el alcance de una prueba testimonial ni pueden someterse a ratificación, dado que no se encuentran sujetas a la formalidad del juramento, como sí ocurre con el testimonio; así las cosas, siempre que dentro de este tipo de procesos se quiera hacer valer la declaración de una persona que ha rendido indagatoria o versión libre en un asunto penal, debe ordenarse la práctica de su testimonio(27).

El caso concreto 

1. Jorge Humberto Urrego Gómez y su hermano José Alberto Urrego Gómez fallecieron el 6 de noviembre de 2003, en el municipio de Caicedo (Antioquia), según los registros civiles de defunción 03724056 y 03724057(28) de la Registraduría de esa localidad.

Conforme quedó consignado en la necropsia NC-03.2925(29), realizada el 11 de noviembre siguiente por funcionarios del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente Medellín, Jorge Humberto Urrego Gómez recibió 4 impactos de bala y su muerte “fue consecuencia natural y directa del choque traumático, por heridas múltiples con proyectil de armas de fuego, con un efecto de naturaleza esencialmente mortal”.

Y en la necropsia NC-03.2924(30), realizada esa misma fecha por los mismos funcionarios, consta que José Alberto Urrego Gómez recibió 1 impacto de bala y 1 herida producida por contusión en la cabeza y que su muerte “fue consecuencia natural y directa del choque traumático, por heridas (sic) con proyectil de armas de fuego, con un efecto de naturaleza esencialmente mortal”.

2. Verificada la ocurrencia del daño por el que se demandó, se abordará el análisis de imputación tendiente a establecer si aquél es atribuible o no a la entidad pública demandada.

Lo pretendido en este caso es que se declare la responsabilidad del Ejército Nacional por las muertes de Jorge Humberto y José Alberto Urrego Gómez, ocurridas el 6 de noviembre de 2003, a manos –dicen las demandas— de agentes de esa institución, en Caicedo, Antioquia.

Sobre las circunstancias que rodearon la ocurrencia de los hechos, se tiene que, el 8 de noviembre de 2003, Jesús María Urrego Gómez se presentó ante la inspección de Policía de Caicedo para denunciar el “plagio de sus dos hermanos” de 21 y 30 años, de quienes dijo iban vestidos de civil y de lo cual acusó a miembros del Ejército Nacional, “por que (sic) esta misma Semana (sic) aterrizó un Helicóptero (sic) artillado en la Cabecera (sic) de la Vereda (sic) la Anocozca (sic), donde Yo (sic) estuve con Mi (sic) Papá”(31).

También obra la denuncia que realizó el padre de los jóvenes el 9 de noviembre siguiente, ante la Personería Municipal de Caicedo, en los siguientes términos:

“El día jueves seis de noviembre mis dos hijos Jorge Humberto y JOSE ALBERTO no aparecieron en la casa esa noche, como no tenían papeles yo me madrugué con ellos porque pensé que los habían detenido por falta de papeles. Yo no encontré a nadie, me dijeron algunas personas que los soldados se los habían llevado con moto y todo. Me encontré la moto en el terminal de la carretera de la vereda la Anocozca (sic), seguí para arriba hasta que me encontré unos soldados, les conté el caso y me dijeron que por ahí no habían pasado, que los fuera a buscar a otros cañones, fui y los busqué y no encontré nada. Ayer sábado volví a buscarlos al mismo punto ya me encontré otro centinela distinto y me dijo lo mismo que por ahí no habían pasado y unos de la vereda dicen que son los soldados los que lo (sic) llevaban”(32) (resaltado de la Sala).

Mediante los protocolos de identificación ID.03-2924 e ID.03-2925(33), del 12 de noviembre de 2003 y ante el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Jesús María Urrego Gómez reconoció los cuerpos sin vida de sus dos hermanos Jorge Humberto y José Alberto Urrego Gómez.

En la diligencia de inspección de los cadáveres 2553-2554, realizada por la Fiscalía 55 Local el 6 de noviembre de 2003(34), consta que aquéllos estaban vestidos con prendas camufladas. Obran las actas de la mencionada inspección(35).

Pues bien, la demandada aseguró que les dispararon a los hermanos Urrego Gómez porque eran guerrilleros que atacaron la tropa, como consta en el informe del 6 de noviembre de 2003(36), en el que el Comandante de la compañía “Apache” del Batallón Contraguerrilla 35 sostuvo que:

“… en desarrollo de la operación ‘ANIQUILADOR’, En (sic) el área general del Municipio (sic) de Caicedo … la tercera escuadra se encontraba realizando operación ofensiva de combate siendo las 17:40 horas del día 06-Nov-2003, con los siguientes resultados:

“1. El (sic) sitio antes mencionado la tercera escuadra del primer pelotón de la compañía ‘A’, (sic) fue atacada con armas de fuego por parte de bandidos del 34 frente de las FARC aparentemente.

“2. Mencionada unidad por preservar su integridad física y al ver el peligro inminente de perder sus vidas, se vio (sic) la obligación de responder el fuego de los bandidos, con sus armas de dotación.

“3. los (sic) resultados de los hechos antes mencionados fueron los siguientes.

• Bandidos abatidos en combate sexo masculino

• Camisas camufladas

• Pantalón camuflado

• Fusil AK 47 No CO 128 calibre 5,56 m.m

• Escopeta calibre 20 m.m

• Escopeta calibre 16 m.m

• Munición calibre 5,56 m.m

• Proveedores calibre 5,56 m.m

• Munición calibre 20 m.m

• Munición calibre 16 m.m

“4. de (sic) la munición Cal. 20 mm antes relacionada 02 fueron disparadas y 01 tiene herido el fulminante.

“5. los (sic) heridos abatidos en combate se encontraban con botas negras de caucho, uno se encontraba vestido de camuflado y el otro llevaba una camisa camuflada y un pantalón Jean (sic).

“6. por (sic) encontrarnos en zona denominada de Orden (sic) público y por preservar la integridad de las autoridades competentes, los cuerpos de los bandidos se manipularon para ser transportados del lugar de los hechos al helipuerto, y del helipuerto fueron recogidos por una aeronave” (resaltado de la sala).

En el mismo sentido, en el diario de actividades de la cuadrilla 34 “Alberto Martínez” consta que el 6 de noviembre de 2003, en el municipio de Caicedo, vereda Anocozca (sic), “En desarrollo operación aniquilador en el sitio Alto de Junco … tropas orgánicas de las Fuerza (sic) de Tarea Centauro, Batallón de Contraguerrillas 35, en combate con terroristas de la cuadrilla 34 de la ONT-FARC, dieron de baja a dos integrantes de dicha organización (sic) quienes vestían de uniforme de uso privativo de las fuerzas militaresmaterial incautado fusil AK-47 calibre 5.56 mm 01, Proveedores para el mismo 01, escopeta recortada calibre 20 mm 03”(37), documento que fue anexado con el acta de visita especial realizada por la Procuraduría a las instalaciones del B-2 de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional(38).

Y en la diligencia de inspección de los cadáveres, realizada por la Fiscalía 55 Local del 6 de noviembre de 2003(39), quedó consignado que:

“El Cabo Tercero Jacobo (sic) Gonzalez Ronal en (sic) la diligencia de inspección de los cadáveres realizada por la Fiscalía 55 Local del 6 de noviembre de 2003(40) Humberto, (sic) manifestó: A mi me mando (sic) mi Capitan (sic) como comandante de la Compañía Apache, me mandó a hacer un registro en inmediaciones del Cerro el Jungo (sic) en el Municipio (sic) de Caycedo (sic) ‘registro de control de Arca’ (sic) el viernes pasadoa (sic) eso de las 4-30 horas salí del cerro hacía (sic) arriba, como soy antiexplosivos, a verificar si habia (sic) campos minados, subia (sic) cuando nos dispararon repetidas veces, no hubo soldados lesionados, reaccionamos con nuestras armas de dotación cuando nos dimos cuenta estaban esos dos manes (sic) muertos. Laescuedra (sic) esta (sic) compuesta por 9 soldados y yo … Los cadaveres (sic) no tenian (sic) ningún titpo (sic) de identificación, se les encontró un fisil AK 47 Calibre 5.50. – 01 Escopeta Calibre 16 tipo changón, con nueve cartuchos, uno disparado y uno (no dio fuego). – Una escopeta calibre 20 con cuatro cartuchos. – Uno vestida (sic) camuflado completo y el otro Jean (sic) y camisa camuflada … Los que nos atacaron eran mas (sic) o menos siete, en ese sector opera el frente 34 FARC”(41) (resaltyado de la Sala).

Del informe 2862 del 26 de noviembre de 2003(42), suscrito por un funcionario del CTI de la Fiscalía respecto de las actas 2553 y 2554, se resalta:

Primera autoridad que conoció del hecho y su versión: Cabo Tercero Jaraba Gonzalez Rolan Humberto, quien manifestó que los occisos habían sido dados de baja en enfrentamientos con miembros del 34 Frente de las Farc, en el cerro el Junco del municipio de Caicedo.

Resumen de los hechos

“Se tiene conocimiento, (sic) que las víctimas pertenecían al 34 frente de las Farc y fueron dados de baja por el Ejército Nacional en enfrentamientos en el cerro el Junco del municipio de Caicedo”(43) (subrayas de la sala).

Conforme a lo expuesto hasta este punto y según lo manifiesta el Ejército Nacional, Jorge Humberto y José Alberto Urrego Gómez pertenecían al frente 34 de las Farc y fueron abatidos por miembros de la compañía “Apache” del Batallón Contraguerrilla 35 de esa institución, luego de que los hermanos les dispararan a los militares cuando realizaban labores de inspección de la zona.

Al respecto y tal como lo sostienen las demandas, obran en el expediente varias pruebas en contrario de lo sostenido por la institución demandada, tendientes a desvirtuar que Jorge Humberto y José Alberto Urrego Gómez pertenecían a un grupo guerrillero, conforme pasa a exponerse.

Para empezar, se tiene que, el 12 de noviembre de 2003, la Coordinación del Centro para el Desarrollo y la Reconciliación del municipio de Caicedo dirigió un escrito a la cadena radial “La Paisa”, de Medellín, con el siguiente contenido:

“Entre los días 07 y 12 en la emisión de noticias de esa cadena radial, se dió (sic) a conocer a la audiencia la muerte de dos subversivos pertenecientes al Frente 34 de las FARC, en la vereda la Anocozca (sic), jurisdicción de esta localidad.

“El día 12 los Caicedeños y Caicedeñas, (sic) nos enteramos de que se trataba de los hermanos Jorge Humberto y José Alberto Urrego Gomez, dos campesinos naturales de la vereda la Cortada, desaparecidos desde el día 06 en horas del medio día de la parcela donde cumplían labores de deshierba de un cultivo de fríjol, ubicada en la mencionada vereda Anocozca (sic).

“(…).

“La información promulgada carece de veracidad, atenta contra el buen nombre de dos miembros de la población civil, ajenos al conflicto y víctimas del mismo”(44).

Por otra parte, se acreditó que José Alberto y Jorge Humberto Urrego Gómez no tenían antecedentes penales ni contravencionales, ni órdenes de captura vigentes, ni cursaba investigación alguna en su contra, según el oficio 079/ACRIM SIJIN DEANT(45) del 15 de febrero de 2005 (suscrito por el Jefe Seccional de Policía Judicial de Antioquia), el oficio DGOP-SIES-GIDE-ARRAJ-97305(46) del 17 de febrero de 2005 (suscrito por el Das) y el oficio 303/BR4-B2-KARDEX-258(47) del 21 de febrero de 2005 (suscrito por el Segundo Comandante de la Cuarta Brigada).

Ahora bien, sobre las circunstancias de ocurrencia de la desaparición y muerte de aquellos hermanos, obran los siguientes testimonios, rendidos ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Caicedo(48):

— El 6 de enero de 2004, José Miguel Benítez Montoya dijo:

“Ese días (sic) yo estaba trabajando en mi casa haciendo un deserbado (sic), y vi cuando un grupo armado los subía carretera arriba para un filo de los santicos (sic), ese grupo armado era el ejercito (sic) porque no había ningún otro grupo armado por la zona … ellos tenían más de un mes de estar por la zona y no había ningún otro grupo armado por la zona en esos meses … Cuando a ellos los subía (sic) los subían con ropa normal no me acuerdo del color de la ropa pero eran de civil, la ropa con que estaban jornaliando (sic)”(49) (subrayas de la sala).

— El 27 de enero de 2004, Jaime Enrique Gómez Quiroz, tío de las víctimas, sostuvo:

“… estaban trabajando en una finquita que tienen ahí cerquitica (sic) a la mia (sic) ellos estaban ahí solos aporcando frijoles en una frisolera (sic) que tenían, eran como de once y media a doce del día cuando yo bajé a la casa a buscar almuerzo cuando ví (sic) a dos uniformados, yo los ví (sic) a distancia, yo creo que eran soldados, porque en esa región solamente estaban los soldados, vi cuando esos dos uniformados se le acercaron a mis sobrinos, los sacaron a la orilla del trabajadero y conversaron con ellos, yo me fuí (sic) a trabajar otra vez y ya no supe mas (sic) nada … hay gente de los vecinos que vieron cuando los soldados losubieron (sic), pero les da miedo venir a declarar … En la vereda lo que se comenta es que no se sabe porque (sic) se llevaron esos muchachos (sic) ellos eran trabajadores … Todos en la vereda estamos fundados que los mataron fueron los del ejército … había ejército en esa zona para esa fecha, hacía bastantico (sic) tiempo que estaban ahí, tenían sus campamentos, ahí llegaban los helicopteros (sic) a traerles provisiones, en una parte que llamamos los Santicos … me dijeron que los tenian (sic) uniformados, y me parece muy raro porque cuando se los llevaron ellos tenían ropa de trabajo(50) (resaltas de la Sala).

El 2 de febrero de 2004, Iván Enrique Benítez Montoya manifestó:

 

“… yo estaba en la terminal de la carretera de la Anocozca (sic), me encontraba cargando un tomate de árbol yo bajaba en ese momento cuando subía un soldado con los dos muchachos, uno de los muchachos el mayor iba en la moto y el soldado a pie con el otro muchacho, no los llevaban amarrados ni nada de eso, cuando yo me acerqué a ellos el soldado voltió (sic) la cara, le vi una pañoleta en la cabeza, iba de camiseta verde y el camuflado, llevaba el arma de dotación de ellos un galil, cuando yo volví a la terminal por otro viaje de tomates los muchachos estaban recostados al lado de la virgen y el soldado estaba retiradito de ellos cuando me vió (sic) voltió (sic) otra vez la cara sería para que yo no lo reconociera, yo baje (sic) nuevamente con los tomates y cuando volví a subir ya habían subido mas (sic) soldados esos tenían psamontañas (sic) y los (sic) muchachos los tenían en un rancho que hay alla (sic) y estaban conversando con ellos, luego uno de los soldados se devolvió en la moto de uno de los muchachos como a recoger a los compañeros, ellos eran como seis no mas (sic) pero subieron de a uno y de a dos … ya cogieron camino arriba para el campamento donde elos (sic) estaban con los dos muchachos. En ningún momento los hermanos Urrego GOMEZ me dijeron nada ni los soldados tampoco, yo me imagine (sic) que los tenían ahí por falta de papeles, pero no dijeron nadaSi (sic) había ejército, hacía como dos meses ellos bajaban y subian (sic), (sic) y los helicopteros (sic) iban cada rato, ellos tenian (sic) el campamento para el Morro Pelón, o los tres Santicos, eso queda arriba de la termina (sic) de la vereda la Anocozca (sic) … para ese cerro fué (sic) para donde los soldados se llevaron a los hermanos … el día que a ellos se los llevaron estaban de cachucha … ropa de trabajo(51) (resalta de la Sala).

— Y, el 20 de marzo de 2004, ante la Personería Municipal de Caicedo, Jaime Enrique Gómez Quiroz narró:

Un grupo armado los sacó del trabajadero y se los llevó. Eso fue el 6 de noviembre. Yo de lejos de la casa mía vi la gente, vi que conversaron con ellos y baje (sic) a la casa a buscar el almuerzo que estaba cerquita, ya me fui a trabajar y no me di cuenta que (sic) mas (sic) pasó con ellos, ya al otro día me di cuenta que se los habían llevado. PREGUNTADO: Sírvase manifestar que (sic) grupo armado fue el autor de esa retención y de la muerte de los hermanos Urrego Gomez. RESPONDE: Únicamente decimos que fue el Ejército porque estaba en la zona, estaban para allá pa (sic) la Anocozca (sic) arriba, pal alto de los Santicos que llamamos … el día que se los llevaron esa misma tarde, estaba yo en mi casa regando un frisolito (sic) cuando escuche (sic) unos disparos, yo sentí dos explosiones allá arriba en el Alto de los Santicos donde estaban los del Ejército. Ya al otro día que me dí cuenta que ellos estaban desaparecidos sentí temor de que era que habían matado a los muchachos allá”(52) (resaltas de la Sala).

— Gabriel Garcés Álvarez, el 12 de febrero de 2005, ante la Procuraduría dijo:

“Ese día estaba yo trabajando ahí cerquita de los trabajaderos donde ellos estaban trabajando, en ese momento estaba yo en la Vereda (sic) que llama (sic) la Anocozca (sic), cuando le (sic) cogieron la moto los soldados, estabamos (sic) a una distancia por ahi (sic) a unos doscientos metros, pero estabamos (sic) al frente, ellos estaba trabajando y la (sic) parqueaban la moto al frente de donde ellos trabajaban, los soldados le (sic) cogieron la moto y se la trajeron para una Vereda (sic) que llama (sic) los Sauces, ellos se quedaron trabajando; luego, volvieron a regresar donde ellos estaban y ya los sacaron del trabajadero, los montaron en la moto y se los llevaron. se (sic) comenta que se los llevaron para la terminal de la carretera donde termina la carretera, donde ya no hay sino monte en la Vereda (sic) Anocozca (sic)”(53) (subrayas de la sala).

— Luego, 1º de junio de 2007 y ante el Juzgado Promiscuo Municipal(54), Jaime Enrique Gómez Quiroz dijo:

Yo sentí dos explosiones en forma de disparos, eso fue mas (sic) bien tarde de cinco y media de la tarde para arriba, los disparos provenían como del morro de allá del alto de los Santitos (sic) que llamamos … divisé a los soldados de (sic) mi casa, estaban uniformados, yo alcance (sic) a ver dos en ese momento no pasaban sino dos por la carretera, ellos estaban acampando para el lado del morro de los Santicos, llevaban varios días por ahí … Los soldados eran los únicos que estaban por ahí para esa época, por allá han pasado grupos armados pero para la ocasión de lo de los muchachos no estaban sino los soldados por allá … yo me afirmo que es el ejército que estaba en esa zona, a ellos se los llevaron en helicóptero para Medellín, cuando los delincuentes matan una persona por ahí nunca se la llevan en helicóptero para Medellín, los cuerpos de ellos los tenía el ejército”(55) (subrayas de la sala).

— El 4 de junio de 2007, ante esa misma autoridad, Iván Enrique Benítez Montoya sostuvo:

“… sentimos algo en esa parte, como una explosión, porque los animales que había salieron corriendo, provenía de ese cerro … Para mi concepto esos (sic) muchachos los mataron ese mismo día que se los llevaron porque al papá no le dieron ninguna razón y lo despistaron y no dejaban subir a nadie allá, decían que de pronto había otra gente por ahí y por ahí no estaba sino el ejército, por ahí no había mas (sic) gente … En esa época no había sino ejército, hacia (sic) como dos meses que estaban en ese filo, por ahí guerrilla no había, después de que mataron los muchachos por ese mismo filo se fueron”(56) (resaltado de la Sala).

— Esa misma fecha y ante ese mismo juzgado, Pedro Luis Benítez Montoya aseguró:

“Yo no escuché nada. Sólo el rumor de la gente que habían disparado en ese filo … En esos días estaba el ejército, hacía como tres meses que estaban para ese filo de los Santicos(57) (resaltado de la Sala).

— Ya en el proceso contencioso administrativo de la referencia y ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Caicedo (por comisión del Tribunal Administrativo de Antioquia), el 12 de febrero de 2007, Iván Enrique Benítez Montoya dijo:

“PREGUNTA: Díganos que (sic) conocimiento tiene usted acerca de los hechos en los cuales perdieron la vidad (sic) Jorge Humberto y Jose Alberto Urrego Gomez?. CONTESTA: Ese día bajaron 7 soldados de esa cordillera muy de la (sic) mañana carretera abajo, ya los muchachos habían llegado al trabajadero, estabn (sic) sembrando frijol a orilla de carretera, el mayor tenía una moto … llegaron al trabajadero y se los llevaron a ellos con moto y todo, yo estaba cargando un tomate de arbol (sic), lo estaba cargando de la terminal de la Anocozca (sic), me encontre (sic) 3 veces con ello (sic) y a mi no me preguntaron nada, ellos estaban en toda la terminal al pie de una virgen y tenían a los dos hermanos y yo los vi ahi (sic) conversando normalmente y ellos me vie_ron (sic) a mi (sic) pero no me dijeron nada ni me hicieron señas de nada … Yo por la tarde le conte (sic) al papá de los muchachos … que a los muchachos se los había llevado el Ejercito (sic), que si era que ellos no tenían los papelas (sic) de identidad, que se los llevara que depronto (sic) los tenían retenidos por eso, entonces don Jesus Maria subió al otro día en la mañana con el señor Gabriel Garces y llegaron donde el centinela y no los dejo (sic) pasar, le dijeron que ellos no sabían nada … al día siguiente por las horas de la tarde llego (sic) el helicóptero y se los llevo (sic) … ellos, el Ejercito (sic) estaban en un filo, ellos se hacían conocer como de una compañía apache (sic) del Ejercito(sic), entonces ellos bajaron de un filo y bajaron buscando varias personas pero no las encontraron y luego que volvieron a subir y al pasar por donde los muchachos estaban trabajando se los llevaron … PREGUNTA … Dígale al Despacho como (sic) estaban vestidas las personas que aprehendieron a Jorge Humberto Y Jose Alberto Urrego Gomez?. CONTESTA: Estaban vestido (sic) de camuflado, el uniforme del Ejercito (sic), ellos se identificaron del Ejercito (sic), portaban sus armas, ellos eran como 7 soldados … solo se (sic) que el Ejercito (sic) se los llevo (sic) y luego aparecieron muertos … Nosotros no sabemos o no nos explicamos porque (sic) los mataron … ellos no eran de problemas y en la Anocozca (sic) no tenían ningun (sic) problema … Díganos si recuerda Usted (sic) que (sic) ropa vestían Jorge Humberto y Jose Alberto Urrego Gomez el día que fueron aprehendidos por miembros del Ejercito (sic) Nacional? CONTESTA: Ellos tenían ropa de trabajo, ropa mugrosa y cachucha … ellos jamás portaron armas, el hermano mayor era hasta el presidente de la Junta de Accion (sic) comunal de la vereda la Cortada y era hasta el fontanero de toda la vereda”(58) (resaltado de la Sala).

— La misma fecha y ante el mismo juzgado, Jaime Enrique Gómez Quiroz narró:

“PREGUNTA: Díganos que (sic) conocimiento tiene usted acerca de los hechos en los cuales perdieron la vidad (sic) Jorge Humberto y Jose Alberto Urrego Gomez?. CONTESTA: Ellos pertenecían a la Vereda (sic) la Cortada y tenían fianca (sic) en la Anocozca (sic), ellos estaban trabajando en la Anocozca (sic) cuando llego (sic) el Ejercito (sic) y de los llevo (sic), no se (sic) porque (sic) motivo los mataron … se los llevo (sic) el Ejército del trabajadero … PREGUNTA: … Dígale al despacho como (sic) estaban vestidas las personas que aprehendieron a Jorge Humberto y Jose Alberto Urrego Gomez?. CONTESTA: Ellos estaban vestidos asi (sic) como se viste el Ejercito (sic) … si (sic) se (sic) que fue el Ejercito que estaba por ahi (sic) … si (sic) se (sic) que estaban el (sic) la zona, estaban en la cabecera de la Anocozca (sic) hasta el morro de los santicos … en esa época el único grupo armado era el Ejercito (sic) que fue el único que yo vi … ellos tenían su ropa de trabajo la que uno usa en el campo, yo los divise (sic) normalmente ese día trabajando en su terreno y era todo normal … No les conocí armas de fuego nunca”(59) (subrayas de la sala).

— Y el 31 de agosto de 2005, el mismo señor Gómez Quiroz dijo también:

“fué (sic) una tropa de soldados que se los llevaron, los llevaron para arriba para el alto de los Santicos y ahí sabemos que en ese lugar llegaban los helicopteros (sic) del ejército (sic) y el día que llegó el helicoptero (sic) allá, ese día lo entregaron en Medellín. A ellos se los llevaron por la Terminal(60).

— El 31 de agosto de 2005, Cipriano Gómez Quiroz dijo ante ese mismo juzgado que:

“Ellos los sacaron del trabajadero, ellos estaban desyerbando un frisolito (sic), a ellos los sacó un grupo de soldados, eso fue entre la mañana y el medio día, y se los llevaron para alla (sic) para el alto para donde ellos estaban, yo vi que uno entró al trabajadero y salió con mis sobrinos y cogieron carretera arriba, a mi me hicieron devolver que no fuera a trabajar , yo no pude hablar con mis sobrinos a ver a ver que (sic) era lo que pasaba … PREGUNTA: … Díganos como (sic) estaban vestidos (sic) las personas que aprehendieron a Jorge Humberto y Jose Alberto Urrego Gomez? CONTESTA: Estaban vestidos así con el uniforme de los del se viste el ejército (sic) … ello siempre utilizaban ropa de trabajo como los campesinos normalmente(61).

— Finalmente, Eduardo Alonso Rodríguez Molina, en testimonio rendido el 31 de octubre de 2005 ante el Juzgado Segundo Civil Municipal de Bello, por comisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, dijo:

“… soy nativo de Caicedo Antioquia y tuve la oportunidad de ser Alcalde Popular e (sic) el período 92/94… PREGUNTADO: Sírvase decirno (sic) cuáles fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en que ocurrió la m erte (sic) de los mismo. CONTESTO: … en noviembre 6 me llamaron a mi casa, un primo de ellos, de nombre Norberto Urrego, y me dijo que l s (sic) ayudara a buscar a Jorge Humberto y a Jorge (sic) Alberto, porque ellos habían sido sacados del trabajadero de la Anocosca, una vereda de Caicedo, del trabajadero, (sic) le dije, (sic) que por favor informara a la Personería y al Juzgado y que me mantuviera informado de dicha situación, eso fue un viernes (sic) al día domingo llamé a Caicedo y averigüé y me dijeron que aún no habían aparecido losm (sic) muchachos, el 11 de noviembre por la noche, me llamó nuevamente Norberto y me dijo que por favor le ayudara a que le entregaran los cuerpos de Jorge Humberto y Jose Alberto que se encontraban en la morgue y fue así como efectivamente el 12 de noviembre en la mañana, lo acompañé a la morgue para que le fueran entregaods (sic) los cuerpos sin vida … Jorge Humberto y José Alberto fueron sacados de su trabadero por los soldados del ejército (sic), dados de baja por los mismos y reportados aquí en Medellín como si hubieran sido dos guerrilleros … los muchachos … estaban trabajando en un cultivo de fríjol, aporcando el fríjol .. pero … habían pensado que depronto (sic) eran (sic) para wue (sic) Jorge Humberto les hiciera alguna diligencia en la moto porque él tenía la moto allá, pero cuando al otro día no aparecieron los muchachos, se inició la búsqueda de ellos, hasta dar con el paradero de ellos aquí en Medellín en la morgue … Estos muchachos vivían … con sus padres Jesús María (sic) Urrego Montoya y Ana Libia Gómez de Urrego, eran agricultores, muchachos muy sanos, muy trabajadores, qui nes (sic) le ayudaban al papá a llevar la obligación ya que es una pe sona (sic) de edad avanzada y muy enfermo, Jorge Humberto además, era un gran líder comunal, pertenecía a la Junta de Acción comunal de la vereda, era el encargado del acueducto veredal, eran unos muchachos sanos, transparentes, honrados … Me consta que estos muchachos jamás portaron ningún tipo de armas … Jamás conocí que hubieran tenido algún vínculo con grupos al margen de la ley”(62) (resaltado de la Sala).

De otro lado, se tiene que el 2 de febrero de 2004, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Caicedo, Jesús María Urrego Montoya(63), padre de aquellos hermanos, narró:

“… el ejército … a lo que iba llegando donde ellos salió uno y me atajó me dijo para donde (sic) va le dije a buscar unos muchachos que se los trajeron ustedes ayer y no han aparecido, si es por falta de los papeles yo los traigo aquí, el (sic) me respondió nosotros no los tenemos … al otro día volví y me madrugué ya me encontré otro soldado que ha sido conocido mío cuando vinieron a las elecciones … me dijo lo mismo … no se (sic) a que (sic) batallón pertenecian (sic), hacía como dos semanas que estaban por allá yo los vi cuando pasaron por allá, despues (sic) de las elecciones”(64) (resalta de la Sala).

Y en declaración rendida el 20 de marzo de 2004, ante la Personería Municipal de Caicedo, Jesús María Urrego Gómez, hermano de las víctimas, dijo:

“PREGUNTADO: Sírvase precisar la fecha y el lugar donde fueron retenidos sus hermanos. RESPONDE: El día 6 de noviembre, eso fue en la frisolera (sic) al lado de debajo (sic) de la carretera en la finca el Salado de la Vereda (sic) la Anocozca (sic). PREGUNTADO: Manifieste al Despacho si (sic) para el día de los hechos, personal del Ejercito (sic) Nacional hacía presencia en el lugar donde se verificó la retención … RESPONDE: … yo sé que era el Ejército. PREGUNTADO: Sírvase manifestar porque (sic) está seguro de que se trataba de personal adscrito al Ejército y no de un grupo ilegalmente armado. RESPONDE: Porque eran los mismos que habían acá en las elecciones, porque yo me los encontré esa misma semana en la vuelta de la oreja y ellos voltearon para allá, yo me los encontré el lunes 3 de noviembre … subimos a una parte que le dicen el Alto de los Santicos, nos encontramos con el Ejército y nos dijeron que no los tenían, que nos asomáramos para otro cañón a ver quién los tenía. Entonces ya nos metimos para ese cañón y no vimos nada, y a (sic) mi papá que se quedó buscándolos ya no lo dejaron pasar(65) (subrayas de la sala).

De todos los medios de prueba analizados en su conjunto resulta claro que:

Los hermanos Urrego Gómez eran unos campesinos que vivían con sus padres en la vereda La Cortada del municipio de Caicedo, Antioquia, localidad en la que Jorge Humberto pertenecía a la Junta de Acción Comunal, por lo que era ampliamente conocido por los vecinos.

El 6 de noviembre de 2003, los hermanos Urrego Gómez desaparecieron en la vereda La Anocosca, donde se encontraban trabajando en una finca cultivando fríjol.

Según las versiones de los testigos, unos militares se les acercaron cuando aquéllos estaban en su lugar de trabajo, conversaron con ellos, los sacaron de ese sitio y los condujeron hasta la terminal de la carretera de esa vereda, utilizando la motocicleta de uno de los hermanos. En ese lugar, al lado de una Virgen, permanecieron por un rato, conversando. Luego, los militares tomaron camino arriba de la montaña con los dos hermanos Urrego Gómez y con rumbo al Alto de los Santicos, momento en el que esos hermanos fueron vistos con vida por última vez.

También resulta claro que los hermanos Urrego Gómez no fueron forzados a hacer el mencionado recorrido, por cuanto los testigos dan cuenta de que se encontraban tranquilos conversando con los militares y que no hicieron ningún llamado o señal a sus vecinos.

Así mismo, varios testigos coinciden en que, al momento de su retención, los hermanos se encontraban vestidos de civil, con ropa de trabajo, así:

“…ellos tenían su ropa de trabajo la que uno usa en el campo, yo los divise (sic) normalmente ese día trabajando en su terreno y era todo normal” (Jaime Enrique Gómez Quiroz).

“…Ellos tenían ropa de trabajo, ropa mugrosa y cachucha” (Iván Enrique Benítez Montoya).

“Cuando a ellos los subía (sic) los subían con ropa normal no me acuerdo del color de la ropa pero eran de civil, la ropa con que estaban jornaliando” (José Miguel Benítez Montoya).

Ahora, respecto de la certeza con la que los testigos afirmaron que los hombres armados que se llevaron a los hermanos Urrego Gómez eran miembros del Ejército Nacional, se tiene que todos coincidieron en que era el único grupo armado que operaba en la zona para esa época, en los siguientes términos:

“… Ellos estaban vestidos asi (sic) como se viste el Ejercito (sic) … si (sic) se (sic) que fue el Ejercito que estaba por ahi (sic) … si (sic) se (sic) que estaban el (sic) la zona, estaban en la cabecera de la Anocozca (sic) hasta el morro de los santicos … en esa época el único grupo armado era el Ejercito (sic) que fue el único que yo vi” … “fué (sic) una tropa de soldados que se los llevaron, los llevaron para arriba para el alto de los Santicos” (Jaime Enrique Gómez Quiroz).

“…Estaban vestido (sic) de camuflado, el uniforme del Ejercito (sic), ellos se identificaron del Ejercito (sic), portaban sus armas, ellos eran como 7 soldados … solo (sic) se (sic) que el Ejercito (sic) se los llevo (sic) y luego aparecieron muertos” (Iván Enrique Benítez Montoya).

“… yo sé que era el Ejército … Porque eran los mismos que habían acá en las elecciones, porque yo me los encontré esa misma semana en la vuelta de la oreja y ellos voltearon para allá, yo me los encontré el lunes 3 de noviembre” (Jesús María Urrego Gómez).

Lo anterior cobra fuerza si se tiene en cuenta que el padre de las víctimas, el señor Jesús María Urrego Montoya, da cuenta de que, al conocer las versiones de los vecinos sobre la desaparición de sus hijos, se dirigió hacia el alto de los Santicos (donde los vieron por última vez), camino al cual fue detenido por varios militares que le preguntaron hacia dónde se dirigía, a lo que él respondió que iba en busca de sus hijos que habían sido llevados por uniformados hacia ese lugar, ante lo cual los militares le respondieron que no los tenían y le impidieron continuar. Al día siguiente regresó de madrugada, pero obtuvo la misma respuesta, situación que deja claro, sin duda alguna, la presencia de los miembros del Ejército Nacional en ese lugar en el que los hermanos desaparecieron.

Adicionalmente, uno de los testigos, Jaime Enrique Gómez Quiroz, aseguró ante distintas autoridades que “el día que se los llevaron esa misma tarde, estaba yo en mi casa regando un frisolito (sic) cuando escuche (sic) unos disparos, yo sentí dos explosiones allá arriba en el Alto de los Santicos donde estaban los del Ejército”, “Yo sentí dos explosiones en forma de disparos, eso fue mas (sic) bien tarde de cinco y media de la tarde para arriba, los disparos provenían como del morro de allá del alto de los Santitos (sic) que llamamos”.

Y otro de ellos, Jaime Enrique Benítez Montoya, dijo: “Para mi concepto esos (sic) muchachos los mataron ese mismo día que se los llevaron porque al papá no le dieron ninguna razón y lo despistaron y no dejaban subir a nadie allá”.

Por los hechos que vienen de mencionarse, el 12 de febrero de 2004 la Procuraduría Provincial de Santa Fe de Antioquia inició indagación preliminar(66) con fundamento en queja contra miembros del Ejército Nacional, por la presunta desaparición y muerte de Jorge Humberto y José Alberto Urrego Gómez, interpuesta por la Personera Municipal de Caicedo.

El 23 de marzo de 2004, la Personera Municipal de Caicedo, en respuesta a la comisión 145/881/2004, le informó a la Procuradora Provincial que “los hermanos Urrego GOMEZ, (sic) fueron retenidos en la vereda la Anocozca (sic), finca el Salado, propiedad de su padre, Jesús María Urrego Montoya, y sus cuerpos encontrados en Medicina Legal de la ciudad de Medellín. (sic) Traslados (sic) allí por personal del Ejército. Al respecto (sic) anexo noticia extractada de la página de internet del Ejército Nacional el día 07 de noviembre de 2003, un día después de la retención de los hermanos Urrego GOMEZ. En esta (sic) el Ejército Nacional da cuenta de la muerte de dos subversivos en jurisdicción de este Municipio (sic), por parte del Batallón de Contraguerrilla Nº 35”(67).

Con lo expuesto hasta aquí se acreditó que, conforme lo sostiene la parte demandante, el señor Jorge Humberto Urrego Gómez y su hermano José Alberto Urrego Gómez eran campesinos y fueron retenidos por miembros del Ejército Nacional y llevados, al parecer con engaños, al Alto de los Santicos, donde les quitaron la vida y donde posteriormente fueron recogidos sus cuerpos sin vida por un helicóptero de esa institución que los transportó hasta Medellín. También se observa, sin dificultad alguna, que los hermanos no eran guerrilleros y que no existió el combate invocado por la parte demandada o, al menos, no hay prueba de lo contrario, salvo el dicho del demandado, dicho que no goza de respaldo en prueba alguna otra y que, en cambio, sí se ve desmentido con las otras pruebas hasta acá revisadas.

A lo anterior, se suma el informe evaluativo del 28 de marzo de 2005(68), realizado por la Procuraduría General de la Nación, Seccional Antioquia, dirigido a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de ese organismo, en el que se sugiere decretar la apertura de investigación disciplinaria en contra de los militares que participaron en el “operativo” en el que perdieron la vida los hermanos Urrego Gómez, por el homicidio de éstos. En ese informe consta que:

“A pesar de lo expresado por los miembros del Ejército Nacional en los diferentes Informes (sic) y documentos, sobre las circunstancias en que se produjo la muerte de los hermanos Urrego Gomez, esto es, producto de un combate con miembros de la Guerrilla de las FARC, fue posible recolectar pruebas que hasta el momento permitirían señalar, en principio, que tal enfrentamiento no existió y que por ende la muerte de los prenombrados no ocurrió en combate y menos aún, que ellos en realidad pertenecieran a dicho grupo armado ilegal(69).

Como consecuencia del informe en cita, el 29 de agosto de 2005 la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la Nación dispuso la apertura de investigación disciplinaria por esos hechos(70).

Aunque acá se ignora cuál fue la decisión final del proceso disciplinario y, en el penal, el Juzgado 27 de Instrucción Penal Militar ante la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, mediante providencia del 10 de septiembre de 2007(71), se abstuvo de proferir medida de aseguramiento en contra de los militares investigados por la muerte de los hermanos Urrego Gómez, se encuentra acreditado también que estos últimos manipularon los cuerpos sin vida de las víctimas, que no se les realizó la diligencia de levantamiento por autoridad competente (lo que impide conocer cómo estaban al momento de la muerte), según ellos, por razones de orden público y de seguridad de la tropa, y que tuvieron que movilizarlos hasta el helipuerto donde serían recogidos para llevarlos a Medellín, tal como ellos mismos lo admitieron en el informe del 6 de noviembre de 2003(72), suscrito por el Comandante de la compañía “Apache” del Batallón Contraguerrilla 35.

No obstante lo anterior, la grave situación de orden público a la que hicieron referencia los militares en el citado documento no se acreditó en el proceso, pues, por el contrario, lo que se probó fue que para la época de los hechos no había presencia guerrillera en esa zona y sólo estaba el Ejército.

Por las mismas razones, tampoco resultan creíbles el diario de actividades de la cuadrilla 34 “Alberto Martínez”, en el que consta que las víctimas fueron dadas de baja en combate con la cuadrilla 34 de las Farc, ni la diligencia de inspección de los cadáveres realizada por la Fiscalía 55 Local del 6 de noviembre de 2003, por cuanto en ella quedó consignada la misma versión rendida por uno de los militares que participó en la “operación”.

Así las cosas, quedó acreditado, sin ningún asomo de duda, que Jorge Humberto y José Alberto Urrego Gómez: i) el 6 de noviembre de 2003, fueron llevados por miembros del Ejército Nacional, de la finca en la que se encontraba trabajando en labores de agricultura, vestidos de civil, hacia el cerro Los Santicos de la vereda La Anocosca, del municipio de Caicedo, Antioquia, lugar al que sus familiares no pudieron tener acceso entonces, pues los militares les impidieron el paso, ii) aparecieron muertos y vestidos de guerrilleros en la morgue de Medellín, sin que nadie distinto a los militares hubiera tenido contacto con ellos luego de que éstos los sacaron de su sitio de labor y los llevaron con ellos en dirección al lugar donde luego el helicóptero recogió sus cuerpos sin vida y iii) no se probó que hayan disparado arma alguna, ni muchos menos la hay de que pertenecieran a las Farc, aspectos estos últimos que, por el contrario, resultan desmentidos por varios de los testigos (Iván Enrique Benítez Montoya y Eduardo Alonso Rodríguez Molina, entre otros) y por el informe de la Procuraduría General del 28 de marzo de 2005 (ver pág. 28 de esta sentencia).

El Ejército Nacional alegó a lo largo del proceso que la muerte de los hermanos Urrego Gómez se produjo en un combate que libraron con la guerrilla de las Farc, en el que aquéllos les dispararon, situación ante la cual reaccionaron inmediatamente disparándoles también, afirmaciones éstas que –se reitera- resultaron desvirtuadas y que llevan a la inequívoca conclusión de que los militares los asesinaron con sus armas de dotación y planearon todo para hacerlos ver como guerrilleros de las Farc dados de baja en combate.

En este punto, resulta del caso indicar que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, el manejo de armas de fuego comporta una actividad peligrosa, razón por la cual la parte demandante está obligada a demostrar el daño sufrido y la relación de causalidad entre éste y la actuación de la Administración, supuestos que en el presente caso se encuentran acreditados en el plenario, conforme viene de exponerse.

La misma jurisprudencia también ha señalado que, para exonerarse de responsabilidad, la demandada debe acreditar la presencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, el hecho exclusivo y determinante de un tercero o la culpa también exclusiva y determinante de la víctima, nada de lo cual se acreditó en este caso.

Si bien lo anterior resulta suficiente para declarar la responsabilidad de la demandada con fundamento en el título jurídico de riesgo excepcional, lo cierto es que, a juicio de la Sala, el comportamiento de los uniformados que participaron en el “operativo” en el que perdieron la vida Jorge Humberto y José Alberto Urrego Gómez denota la configuración de una falla en la prestación del servicio, por cuanto aquéllos hicieron uso injustificado de sus armas de dotación.

En el presente asunto, resulta obvio que los disparos que recibieron aquéllos fueron injustificados, pues tal proceder vulnera las obligaciones constitucionales y legales atribuidas a las autoridades públicas, como quiera que éstas fueron instituidas para proteger en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades a todas las personas residentes en Colombia y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y, por lo mismo, las autoridades públicas que incumplan las cargas impuestas por el ordenamiento jurídico y, adicionalmente, atenten contra los derechos de las personas, comprometen su responsabilidad y están obligadas a resarcir los perjuicios que causen con su comportamiento irregular.

Como se vio, la demandada asumió y desarrolló un comportamiento que no solo sobrepasó el normal cumplimiento de sus deberes, sino que nada tenía que ver con ellos, pues sólo en casos extremos y por excepción la Fuerza Pública está autorizada para hacer uso de las armas de dotación y, si lo hace, debe tomar todas la precauciones que sean necesarias para proteger la vida y la integridad de las personas y mal puede usarlas, como en este caso, para atentar alevemente contra ellas.

Sobre el compromiso del Estado Colombiano con la comunidad internacional de velar por la protección y garantía de los derechos humanos, la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación, en sentencia del 8 de marzo de 2007 (expediente 15.739), dejó claro que:

“… estos derechos no solo se reconocen como inviolables en el ordenamiento jurídico interno, sino también en instrumentos de derecho internacional sobre derechos humanos que, al ser aprobados por el Congreso colombiano, de conformidad con el artículo 93 C.P., prevalecen en el orden interno. (sic) Por lo tanto, si son quebrantados por el Estado a través de sus diferentes órganos, por acción o por omisión, las conductas infractoras constituyen per se un incumplimiento de las obligaciones que el Estado colombiano asumió frente a la comunidad internacional y (sic) por tanto, pueden llegar a comprometer su responsabilidad, no solo en el ámbito interno, sino también a nivel internacional.

“(…)

“Se debe poner de presente que estos derechos están protegidos también por la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual Colombia es Estado Parte y que consagra la obligación de los estados miembros de respetar el derecho a la vida —art. 4º C.A.D.H.—, el derecho a la integridad personal —art. 5º Ibídem— (…)”.

Por su parte, la Corte Constitucional, en sentencia C-225 del 18 de mayo de 1995, sostuvo:

“En el caso colombiano, estas normas humanitarias tienen además especial imperatividad, por cuanto el artículo 214 numeral 2º (sic) de la Constitución dispone que ‘en todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario’. Esto significa que, como ya lo señaló esta Corporación, en Colombia no sólo el derecho internacional humanitario es válido en todo tiempo sino que, además, opera una incorporación automática del mismo ‘al ordenamiento interno nacional, lo cual, por lo demás, es lo congruente con el carácter imperativo que, según ya fue explicado, caracteriza a los principios axiológicos que hacen que este cuerpo normativo integre el ius cogens’. Por consiguiente, tanto los integrantes de los grupos armados irregulares como todos los funcionarios del Estado, y (sic) en especial todos los miembros de la Fuerza Pública (sic) quienes son destinatarios naturales de las normas humanitarias, están obligados a respetar, en todo tiempo y en todo lugar, las reglas del derecho internacional humanitario, por cuanto no sólo éstas son normas imperativas de derecho internacional (ius cogens) sino, además, porque ellas son reglas obligatorias per se en el ordenamiento jurídico y deben ser acatadas por todos los habitantes del territorio colombiano. Y no podía ser de otra manera, pues las normas de derecho internacional humanitario preservan aquel núcleo intangible y evidente de los derechos humanos que no puede ser en manera alguna desconocido, ni siquiera en las peores situaciones de conflicto armado. Ellos encarnan aquellas ‘consideraciones elementales de humanidad’, a las cuales se refirió la Corte Internacional de Justicia, en su sentencia de 1949 sobre el estrecho de Corfú. No se puede entonces excusar, ni ante la comunidad internacional, ni ante el ordenamiento jurídico colombiano, la comisión de conductas que vulneran claramente la conciencia misma de la humanidad, como los homicidios arbitrarios, las torturas, los tratos crueles, las tomas de rehenes, las desapariciones forzadas, los juicios sin garantías o la imposición de penas ex-post facto” (se resalta)(73).

Para la Sala, el homicidio injustificado de los hermanos Urrego Gómez configura una vulneración grave y flagrante de derechos humanos, pues se trataba de dos humildes campesinos ajenos al conflicto armado y en estado de indefensión que fueron vilmente asesinados, uno, con 4 disparos y, el otro, con un disparo y un golpe en la cabeza con elemento contundente(74), propinados por un grupo de personas lamentablemente vinculadas o pertenecientes al Ejército Nacional.

Así, resulta evidente que los militares que participaron en los hechos en que perdieron la vida los señores Urrego Gómez desconocieron sus obligaciones, desviaron y pervirtieron de manera deliberada y voluntaria el servicio que les fue encomendado por la Constitución y la ley, ya que, como se vio, ejecutaron extrajudicialmente a dichos señores y pusieron descaradamente junto a sus cuerpos armas y municiones y los vistieron con prendas camufladas, con el único propósito de mostrar falsamente que se trataba de guerrilleros dados de baja en combate, hecho que no admite justificación alguna y que, sin duda, merece el máximo de los reproches, pues el daño irrogado no tuvo origen en el ámbito privado, personal, ni aislado por completo del servicio, sino que se produjo en desarrollo de una operación militar en la que participaron uniformados en servicio activo.

La muerte infame de los citados señores se enmarca dentro del fenómeno conocido como “falso positivo” y, desde el punto de vista jurídico, corresponde a lo que técnicamente se denomina o conoce como “ejecución extrajudicial u homicidio en persona protegida”, constitutiva de una muy grave violación de derechos humanos, pues se trató de la muerte de dos civiles que, como se dejó dicho, no eran partícipes de hostilidad alguna y se hallaban en situación de inferioridad y aun así recibieron disparos. Tal conducta delictual es sancionada punitivamente por el artículo 135 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), según el cual, “el que, con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, ocasione la muerte de persona protegida(75) conforme a los Convenios Internacionales sobre Derecho Humanitario ratificado por Colombia, incurrirá en prisión de treinta (30) a cuarenta (40) años”.

Comportamientos como los asumidos por los uniformados que participaron en la muerte de Jorge Humberto y José Alberto Urrego Gómez no se acompasan de ninguna manera con la finalidad del Ejército Nacional, pues –se reitera- éste fue instituido para proteger la vida, bienes y honra de los habitantes del territorio nacional y para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, a fin de generar un ambiente de paz, seguridad y desarrollo que garanticen el orden constitucional de la nación, no para atentar miserablemente contra las personas que está llamado a proteger.

Si bien es cierto que el Estado puede hacer uso legítimo de la fuerza y, por lo tanto, recurrir a las armas para su defensa, también es cierto que esta potestad sólo puede ser utilizada como último recurso, luego de haber agotado todos los medios a su alcance y que representen un menor daño, pues lo contrario implicaría legitimar el restablecimiento del orden en desmedro de la vida y demás derechos fundamentales de las personas.

En relación con los parámetros en el uso de la fuerza estatal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha puntualizado(76):

“74. El artículo 4.1 de la Convención estipula que ‘nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente’. La expresión ‘arbitrariamente’ excluye, como es obvio, los procesos legales aplicables en los países que aún conservan la pena de muerte. Pero, en el caso que nos ocupa, el análisis que debe hacerse tiene que ver, más bien, con el derecho del Estado a usar la fuerza, aunque ella implique la privación de la vida, en el mantenimiento del orden, lo cual no está en discusión. Hay abundantes reflexiones en la filosofía y en la historia sobre cómo la muerte de individuos en esas circunstancias no genera para el Estado ni sus oficiales responsabilidad alguna. Sin embargo, como aparece de lo expuesto con anterioridad en esta sentencia, la alta peligrosidad de los detenidos en el Pabellón Azul del Penal San Juan Bautista y el hecho de que estuvieren armados, (sic) no llegan a constituir, en opinión de esta Corte, elementos suficientes para justificar el volumen de la fuerza que se usó en éste y en los otros penales amotinados y que se entendió como una confrontación política entre el Gobierno y los terroristas reales o presuntos de Sendero Luminoso (supra párr. 52), lo que probablemente indujo a la demolición del Pabellón, con todas sus consecuencias, incluida la muerte de detenidos que eventualmente hubieran terminado rindiéndose y la clara negligencia en buscar sobrevivientes y luego en rescatar los cadáveres.

“75. Como ya lo ha dicho esta Corte en casos anteriores,

“…está más allá de toda duda que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad. Tampoco puede discutirse que toda sociedad padece por las infracciones a su orden jurídico. Pero, por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral. Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana (Caso Velásquez Rodríguez, supra 63, párr. 154 y Caso Godínez Cruz, supra 63, párr. 162)” (resalta la Sala).

Por su parte, el Consejo de Estado ha defendido la inviolabilidad del derecho a la vida en los términos que se transcriben a continuación(77):

“Con esta perspectiva, nuestra Constitución Política de 1991 en su artículo 11 señala en forma nítida que el derecho a la vida es inviolable y agrega que ‘no habrá pena de muerte’. (sic) Inviolabilidad que se introdujo en el debate en la Comisión Primera de la ANAC, donde se dejó en claro que este derecho era ‘el único inviolable, porque cuando es violado desaparece el sujeto del derecho (…) es el único esencial porque si se viola de ninguna manera se pueden desarrollar los demás’(78).

“Este precepto constitucional retoma el viejo mandato contenido en el artículo 29 de la Constitución de 1886, correspondiente al artículo 3º del Acto Legislativo No. 003 de 1910, que estableció que el legislador no podía imponer la pena capital en ningún caso. (sic) Prohibición que desde entonces ya era absoluta(79) en tanto se trata del primer derecho y el supuesto de todos los derechos(80), según lo precisó el guardián de la Constitución de esa época. (sic) Canon prohibitivo que no admitía excepción alguna para el legislador y por lo mismo cobijaba a las demás ramas del poder público. Esta preceptiva fundamental era interpretada por nuestra jurisprudencia constitucional en armonía con el artículo 16 de la Carta de 1886, disposición que a su turno obligaba a todas las autoridades a proteger la vida y, por lo mismo, era concebida como un principio rector de toda la Constitución(81).

“No hay que olvidar que, también en vigencia de la Constitución anterior, el Consejo de Estado dedujo la responsabilidad de la administración, en múltiples casos en que para reprimir desórdenes públicos se optó por utilizar medios desproporcionados que pusieron en peligro la vida. Así en 1967 esta corporación judicial condenó al Estado por el proceder brutal de una tropa de soldados que disparó indiscriminadamente contra una manifestación de estudiantes de la Universidad Nacional el 9 de junio de 1954, proceder desviado del buen servicio que terminó con un fatal desenlace en la carrera 7ª con calle 13 en Bogotá:

“En definitiva, en el derecho colombiano la inviolabilidad del derecho a la vida en su doble dimensión (i) no admite excepción alguna y (ii) ostenta carácter absoluto(82) y, por lo mismo, ha supuesto de antaño la imposibilidad de transgredirlo toda vez que constituye una de las normas básicas de los estados de derecho de estirpe demoliberal, como el nuestro.

“De ahí que no sorprende que haya sido ubicado en el artículo 11, a la cabeza del capítulo I del Título II de la Carta de 1991, dedicado justamente a los derechos fundamentales (tal y como sucede en otras latitudes)(83).

“Si se trata del fundamento de los demás derechos(84), o ‘el punto de arranque’ o ‘prius lógico y ontológico para la existencia y especificación de los demás derechos, en tanto, (sic) constituye el derecho fundamental esencial y troncal en cuanto es el supuesto ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible’(85), para usar la terminología de la jurisprudencia constitucional española, es inadmisible pensar en su suspensión por ningún motivo, habida cuenta que configura prerrequisito de los demás derechos, los cuales -se insiste- sólo adquieren sentido si se garantiza la vida(86).

“A diferencia del caso colombiano, la aparición de un derecho autónomo a la vida sólo se produjo a nivel internacional recientemente, tras la Segunda Guerra Mundial(87).

“Numerosos instrumentos internacionales prohíben el atentado directo contra la vida humana y por ello obligan al Estado a ejercer un control efectivo sobre las autoridades en general, y en particular las Fuerzas Militares, para evitar el uso excesivo o indiscriminado de la fuerza. En tal virtud, para hacer cumplir sus cometidos constitucionales y legales el uso de la fuerza es excepcional y debe realizarse estrictamente bajo un doble prisma: necesidad y proporcionalidad de las medidas, por cuanto el derecho a la vida ostenta el status de dispositivo normativo integrante del ius cogens que no admite acuerdo en contrario (art. 53 Convención de Viena).

“(…) Igualmente, en el VIII Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, celebrado en 1990, se adoptaron los Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. El quinto principio pone de relieve el carácter excepcional del uso de la fuerza y subraya que cuando el recurso a las armas de fuego sea inevitable, dichos funcionarios deberán ejercer moderación y actuar en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo perseguido, debiéndose en consecuencia reducir al mínimo los daños y lesiones y respetando y protegiendo la vida humana. A su turno, el principio noveno establece que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una amenaza seria para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a la autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos, por lo que en cualquier caso sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida(88) (se resalta).

“Más recientemente, fue incorporado al derecho interno el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos destinado a abolir la pena de muerte, mediante la Ley 297 de 1996(89), el cual pone de presente en su artículo 6º que dicha prohibición incluso no puede ser suspendida en estados de excepción, ratificando así lo dispuesto por el artículo 4.2 del Pacto de San José, el artículo 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 214.2 CN y el artículo 4º de la Ley 137 de 1994, Estatutaria de Estados de Excepción.

“Síguese de todo lo anterior que no son admisibles las ejecuciones extrajudiciales y por ello en varias oportunidades, no sólo esta Corporación —como ya se indicó—- sino también la Comisión Interamericana ha declarado responsable al Estado Colombiano por actuaciones de esta naturaleza, por parte de miembros del Ejército Nacional(90).

“No debe perderse de vista que el artículo 11 Superior contempla a la vida como un derecho intangible en tanto fundamento, sustento y —por lo mismo— primero de los derechos inherentes a la persona. Se trata sin duda de la más importante motivación política de nuestro orden constitucional que irradia —por supuesto— el resto de la Carta y su primacía es reconocida por el artículo 5º C.N. junto con los demás derechos inalienables de la persona.

“En consonancia con estos mandatos, el artículo 2 Constitucional —en perfecta armonía con el Preámbulo de la Carta— dispone que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, en su dimensión bifronte de derecho fundamental y principio superior(91) que inspiró al constituyente en el diseño del ordenamiento constitucional y por lo mismo es uno de los pilares de nuestra democracia.

“Fines del Estado que encuentra (sic) una de sus concreciones más caracterizadas en el principio de exclusividad de la fuerza pública, previsto en el artículo 216 Superior (sic) como que uno de los rasgos esenciales del poder público lo configura justamente el monopolio del ejercicio de la coacción del Estado.

“(…) Fuerza que, huelga decirlo, debe desplegarse dentro de los precisos linderos del marco jurídico (preámbulo constitucional) y sobre la base que el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona (art. 5º C.P.), por manera que los militares escoltas, como servidores públicos, son responsables por la extralimitación en el ejercicio de tan delicadas funciones.

“Y el ejercicio constitucional (sic) la fuerza pública supone el reconocimiento del carácter inalienable -y por lo mismo inderogable- del perentorio mandato erga omnes de la prohibición de la pena de muerte, como norma integrante del ius cogens. A este respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado, en criterio que esta Sala prohíja, que:

“De lo que se deja dicho se desprende que indudablemente los miembros de las Fuerzas Militares, en el marco del respeto de la dignidad humana (C.P. art. 1º)(92) y de los derechos fundamentales, en especial la vida, sólo pueden utilizar la fuerza cuando ello sea estrictamente necesario y están facultadas para hacerlo con el objeto de asegurar la captura para que el presunto infractor del orden jurídico sea conducido ante las autoridades judiciales competentes. La fuerza pública debe, pues, escoger dentro de los medios eficaces aquellos que causen menor daño a la integridad de las personas y de sus bienes, más aún cuando cumplen la delicada misión de escoltar a personas.

“En definitiva, en un Estado de derecho como el nuestro no son admisibles las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Y por ello, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente, salvo que se haga bajo una de las causales de justificación (v. gr. legítima defensa o estado de necesidad). Evento en el cual la amenaza individualizada, grave, actual e inminente contra la vida del uniformado o de un tercero, debe revestir tal entidad que sólo mediante el uso extremo y subsidiario de la fuerza (ultima ratio) pueda protegerse ese mismo bien jurídico [la vida, en este caso de las víctimas o de los uniformados].

“Deberán entonces evaluarse las condiciones de la amenaza real —que no hipotética— para que, sólo si razones de necesidad y proporcionalidad lo imponen, pueda llegarse a esa situación extrema. Todo lo demás, (sic) desborda el limitado espacio que brindan las normas disciplinarias y penales a los agentes del orden.

“Así las cosas, cuando se infringe este deber de usar la fuerza guiado por los principios de necesidad y proporcionalidad y si la conducta es atribuible a un agente del Estado en ejercicio de sus funciones se compromete la responsabilidad patrimonial de este último frente a las eventuales víctimas, por uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del Estado” (negrillas, subrayado y cursivas del original).

Como se desprende de los anteriores planteamientos, el uso de la fuerza y, concretamente, la necesidad de segar vidas humanas se establece como un criterio de ultima ratio, es decir, se trata del último recurso al cual debe acudir la fuerza pública para neutralizar o repeler un delito o agresión; por lo mismo, no puede ser usado de manera arbitraria, caprichosa y contraria a todo postulado, principio o norma legal protectores del derecho supremo a la vida y menos en contra de personas desarmadas y, por ende, indefensas, que están llamadas, por el contrario, a gozar de la protección del Estado, no a ser sus víctimas. No debe perderse de vista que el artículo 2º de la Carta Política asigna a las autoridades públicas la protección genérica de la vida, honra y bienes de todos los asociados, inclusive de aquellos que puedan ser catalogados como delincuentes.

Frente a episodios de naturaleza similar a la del presente asunto, esta corporación ha reflexionado desde una perspectiva humanística y jurídica, que bien vale la pena recordar, así:

“La fuerza pública, tanto más quienes asumen la defensa judicial de sus actos, deben eliminar el discurso maniqueista que clasifica a los muertos en buenos y malos, para justificar la muerte de los segundos con el argumento de la defensa social o del bien que se hace a la comunidad con la desaparición física de determinadas personas. El derecho a la vida no puede ser reivindicado según el destinatario, pues su respeto debe ser absoluto. Tal vez la única vulneración tolerable sea aquella que ocurre en ejercicio de las causales de justificación o de inculpabilidad que las normas penales consagran, a pesar de lo cual en algunas de esas ocasiones la no (sic) responsabilidad del agente no libera a su vez de responsabilidad al Estado.

“En numerosas oportunidades la Sala ha hecho una verdadera apología de la vida, exaltando las hermosas palabras del inmolado Tomás y Valiente: ‘No hay nada en la creación más importante ni más valioso que el hombre, que todo hombre, que cualquier hombre’. Y lo seguirá haciendo, (sic) cada vez que encuentre, como en el presente caso, que se sigue aplicando en el país la pena de muerte, proscrita por la Carta Fundamental desde hace más de un siglo.

“La vida de cualquier hombre es digna de respeto, aún se trate del peor de los delincuentes. Dijo en alguna ocasión Eca de Queiroz: ‘El Niágara, el monte de cristal color de rosa de Nueva Zelandia, las selvas del Amazonas son menos merecedoras de nuestra admiración consciente que el hombre más sencillo’. Y Federico Hegel resaltó: ‘El pensamiento más malvado de un criminal es más sublime y más grandioso que todas las maravillas del cielo’.

“La muerte injusta de un hombre no podrá considerarse más o menos admisible dependiendo de la personalidad, de la identidad, de la influencia o de la prestancia de ese hombre. La muerte injusta de una persona con antecedentes delictivos, continúa siendo injusta a pesar de los antecedentes que registre y lo será tan injusta, tan insoportable y tan repudiable como la del hombre bondadoso de irreprochable conducta”(93).

Resulta obvio, entonces, que casos como el acá debatido no sólo configuran una falta totalmente reprochable y lamentable, en la medida en que soslayan el ordenamiento jurídico y vulneran derechos constitucionalmente protegidos, generando desconfianza e incertidumbre en la ciudadanía, sino que, además, ponen en entredicho y tela de juicio la imagen y credibilidad del Ejército Nacional y la condición humana de sus miembros, pues tales conductas evidencian una absoluta ignorancia y falta de respeto por las disposiciones de orden convencional, constitucional y legal que consagran el respeto por la vida y, peor aún, por la vida misma, que si merecen reproche cuando su autor es un particular común y corriente, más repudio merecen cuando las cometen servidores públicos seleccionados precisamente para combatirlas.

Desafortunadamente casos como éste se volvieron reiterados en nuestro territorio, al punto que son numerosas las condenas penales contra los miembros de la Fuerza Pública involucrados en ellos, así como también son numerosas las condenas patrimoniales contra el Estado colombiano, con ocasión de fallas en la prestación del servicio por las actuaciones irregulares de los servidores encargados de proteger y defender los derechos y las libertades públicas, circunstancia que pone de presente una sistemática y estructural comisión de violaciones graves a derechos humanos y/o al derecho internacional humanitario por parte de la Fuerza Pública del Estado colombiano, aunada a la ausencia de un riguroso control dentro de la institución militar, tanto en el proceso de incorporación a la institución, como en la permanencia y en el ejercicio de funciones por parte de sus integrantes, falencias que, sin duda, la debilitan y dificultan su adecuado accionar en pos de cumplir el cometido que le es propio, con lo cual, de paso, ella pierde legitimidad y se compromete la estabilidad misma del Estado y de la sociedad(94).

En un Estado social de derecho como el colombiano no son admisibles bajo ningún punto de vista las muertes selectivas, extrajudiciales o arbitrarias, pues la vida es un derecho fundamental de primer orden y, por tanto, nadie puede ser privado de ella, salvo que ocurra bajo causales de justificación, como en casos de legítima defensa o estado de necesidad, pues el uso de la fuerza y, concretamente, la posibilidad de atentar contra la integridad física de una persona se establece —se insiste— como un criterio de ultima ratio, esto es, como último recurso al que debe acudir la Fuerza Pública para neutralizar o repeler un delito o agresión, para lo cual deben evaluarse las condiciones reales de amenaza, a fin de que, sólo si razones de necesidad y proporcionalidad lo imponen, pueda llegarse a esa situación extrema, pues la Constitución Política asigna a las autoridades públicas la protección genérica de la vida, honra y bienes de todos los asociados, sin distinciones de ninguna clase.

Pues bien, teniendo en cuenta que no se demostró que la vida de los uniformados involucrados en los hechos hubiera corrido peligro, el uso que éstos hicieron de sus armas de fuego contra Jorge Humberto y José Alberto Urrego Gómez fue excesivo, arbitrario, abusivo, premeditado, injustificado y desproporcionado por completo y ello evidencia –se insiste- la presencia de una falla grave en la prestación del servicio, que constituye una grave violación a los derechos humanos, la cual resulta imputable a la demandada, de modo que se confirmará la sentencia apelada, que la condenó por los hechos debatidos en este proceso.

Liquidación de perjuicios

Perjuicios morales

Por la muerte de José Alberto Urrego Gómez, la sentencia de primera instancia reconoció 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de Jesús María Urrego Montoya y Ana Libia Gómez de Urrego (cada uno de sus padres) y 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para Carlos Wilson Urrego Gómez, Orfa Libia Urrego Gómez, Flor María Urrego Gómez y Jesús María Urrego Gómez (cada uno de sus hermanos).

Y por la muerte de Jorge Humberto y José Alberto Urrego Gómez, la sentencia de primera instancia reconoció 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de José Rodolfo Urrego Gómez (hermano de aquéllos).

Como quiera que se acreditaron tales parentescos de los demandantes con la víctima(95) y este aspecto no fue objeto de apelación, se impone confirmar la mencionada condena; sin embargo, como la parte resolutiva de la sentencia recurrida impuso esta última en pesos, se modificará ese aspecto para dejarlo en salarios mínimos.

De otro lado, dada la gravedad de los hechos, la Sala, de oficio y a título de medida de reparación integral, ordenará al Ejército Nacional que ofrezca disculpas a los demandantes, por escrito y dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, por haber causado la muerte de Jorge Humberto y José Alberto Urrego Gómez.

Adicionalmente, a título de medida de no repetición, se ordenará al Ejército Nacional divulgar la presente sentencia en la página web de la entidad donde deberá permanecer por lo menos durante seis meses e internamente, entre todos y cada uno de sus integrantes, por el medio que considere más eficaz.

Costas

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenarlas en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCANSE los ordinales segundo y tercero de la sentencia del 25 de febrero de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, los cuales quedarán así:

“2. CONDÉNASE a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a pagar, por la muerte de José Alberto Urrego Gómez, por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas a favor de:

 

Jesús María Urrego Montoya (padre)100 smlmv
Ana Libia Gómez de Urrego (madre)100 smlmv
Carlos Wilson Urrego Gómez (hermano)50 smlmv
Orfa Libia Urrego Gómez (hermana)50 smlmv
Flor María Urrego Gómez (hermana)50 smlmv
Jesus María Urrego Gómez (hermano)50 smlmv

 

“3. CONDÉNASE a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a pagar, por la muerte de Jorge Humberto y José Alberto Urrego Gómez, por concepto de perjuicios morales, 100 smlmv a favor de José Rodolfo Urrego Gómez (hermano)”.

2. Como medidas de justicia restaurativa, ORDÉNASE a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional que realice las siguientes actuaciones: i) que ofrezca a los demandantes disculpas, por escrito y dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, por haber causado la muerte de Jorge Humberto y José Alberto Urrego Gómez, ii) que, una vez ejecutoriada, publique la presente sentencia en la página web del Ejército Nacional, donde deberá permanecer por lo menos durante seis meses y iii) la divulgue internamente, entre todos y cada uno de sus integrantes, por el medio que considere más eficaz.

3. DÉSE cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Para tal efecto, el Tribunal de primera instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

4. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Hernán Andrade Rincón—Marta Nubia Velásquez Rico—Carlos Alberto Zambrano Barrera.

1 Folio 266 del cuaderno 1.

2 En virtud de que en la fecha de presentación de la primera demanda (mayo 19/2004) era necesario que la pretensión mayor individualmente considerada superara los 500 salarios mínimos legales, es decir, $179’000.000, valor que se obtiene de multiplicar el valor del salario mínimo de 2004 ($358.000), por 500.

3 Sentencia de julio 7 de 2005, expediente 20.300.

4 Sentencia de febrero 21 de 2002, expediente 12.789.

5 Cuaderno 4.

6 Folio 1 del cuaderno 4.

7 Folios 30 y 31 del cuaderno 1.

8 Folio 57 del cuaderno 1.

9 Folios 62 y 63 del cuaderno 1.

10 Cuaderno 4

11 Folios 1 a 3 del cuaderno 3

12 Folio 30 del cuaderno 1

13 Folio 57 del cuaderno 1

14 Folios 62 y 63 del cuaderno 1

15 Cuadernos 5 a 8

16 Folio 2 del cuaderno 5

17 Folios 36 y 37 del cuaderno 1

18 Folio 57 del cuaderno 1

19 Folios 62 y 63 del cuaderno 1

20 Folios 72 a 76 del cuaderno 4

21 Folios 77 a 81 del cuaderno 4

22 Folios 82 a 87 del cuaderno 4

23 Folios 92 a 97 del cuaderno 4

24 Folios 103 a 108 del cuaderno 4 y 573 a 576 del cuaderno 7

25 Folios 128 a 136 del cuaderno 4 y 750 a 753 del cuaderno 8

26 Folios 162 a 164 del cuaderno 4

27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 29 de enero de 2009, expediente 16.319

28 Folios 10 y 11 del cuaderno 1

29 Folios 107 y 108 del cuaderno 1 y 40 y 41 del cuaderno 2

30 Folios 109 y 110 del cuaderno 1 y 38 y 39 del cuaderno 2

31 Folio 148 del cuaderno 5 y 631 del cuaderno 3.

32 Folios 170 del cuaderno 3 y 151 y 152 del cuaderno 5.

33 Folios 156 y 157 del cuaderno 3 y 137 y 138 del cuaderno 5.

34 Folios 151 a 153 del cuaderno 3 y 132 a 134 del cuaderno 5.

35 Folios 154 y 155 del cuaderno 3 y 135 y 136 del cuaderno 5.

36 Folios 282 y 283 del cuaderno 6 y 300 y 301 del cuaderno 3.

37 Folio 104 del cuaderno 3 y 85 del cuaderno 5

38 Folios 102 y 103 del cuaderno 3 y 81 y 82 del cuaderno 5

39 Folios 617 a 619 del cuaderno 3

40 Folios 144 a 146 del cuaderno 3

41 Folios 145 a 146 del cuaderno 3

42 Folios 173 a 176 del cuaderno 3 y 154 a 157 del cuaderno 5

43 Folio 168 del cuaderno 3

44 Folio 19 del cuaderno 3 y 27 del cuaderno 5

45 Folio 289 del cuaderno 3

46 Folio 313 del cuaderno 6 y 333 del cuaderno 3

47 Folio 317 del cuaderno 6

48 Despacho comisionado en la investigación penal 2390 de la Fiscalía Seccional Delegada por el Juzgado Penal del Circuito de Urrao (Antioquia), que los remitió mediante oficio del 21 de junio de 2007 (folios 1 a 3 del cuaderno 3), conforme se indicó en la página 11 de esta sentencia.

49 Folios 169 y 170 del cuaderno 5 y 188 y 189 del cuaderno 3

50 Folios 163 a 165 del cuaderno 5 y 182 a 184 del cuaderno 3

51 Folios 165 a 167 del cuaderno 5 y 184 a 186 del cuaderno 3

52 Folios 25 y 26 del cuaderno 3 y 25 y 26 del cuaderno 5

53 Folio 180 del cuaderno 3 y 199 del cuaderno 3

54 Comisionado en el proceso penal militar 2007-077 del Juzgado 27 de Instrucción Penal Militar del Batallón de Infantería 11 “Cacique Nutibara”, remitido mediante oficio 621/MDN-DEJUM-J27IPM-746 del 14 de mayo de 2008 (folio 1 del cuaderno 4), conforme se indicó en la página 10 de esta sentencia.

55 Folios 121 y 122 el cuaderno 4

56 Folios 122 y 123 el cuaderno 4

57 Folios 124 y 125 el cuaderno 4

58 Folios 84 y 85 del cuaderno 1

59 Folio 85 del cuaderno 1

60 Folio 150 del cuaderno 2

61 Folio 151 del cuaderno 2

62 Folios 156 y 157 del cuaderno 2

63 Se tienen en cuenta estas versiones del padre y del hermano (aquí demandantes), valoradas en conjunto con los demás medios de prueba obrantes en el expediente, por cuanto se trata de un tema de derechos humanos.

64 Folio 168 del cuaderno 5 y 187 del cuaderno 3

65 Folios 15 y 16 del cuaderno 3

66 Folios 9 y 10 del cuaderno 3 y 7 y 8 del cuaderno 5

67 Folios 12 y 13 del cuaderno 3 y 18 y 19 del cuaderno 5

68 Folios 360 a 385 del cuaderno 3

69 Folio 374 del cuaderno 3

70 Folios 371 a 375 del cuaderno 6 y 629 a 632 del cuaderno 8

71 Folios 169 a 183 el cuaderno 4

72 Folios 282 y 283 del cuaderno 6 y 300 y 301 del cuaderno 3

73 M.P., Alejandro Martínez Caballero.

74 Conforme consta en las necropsias realizadas por funcionarios del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a los cuerpos sin vida de aquéllos, obrantes a folios 107 a 110 del cuaderno 1.

75 De acuerdo con el parágrafo de la norma en cita, se entiende por personas protegidas conforme al derecho internacional humanitario, entre otras: i) los integrantes de la población civil y ii) las personas que no participan en hostilidades.

76 Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corteidh), caso Neira Alegría y otros vs. Perú, sentencia del 19 de enero de 1995.

77 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de febrero de 2009, exp. 17318, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

78 Delegatario Zalamea Costa, Alberto: Comisión primera de la ANAC, 16 de abril de 1991.

79 A juicio del otrora juez constitucional, cuando la Carta Política de 1886 prohibió en forma absoluta al legislador imponer la pena capital, “se refiere a la pena de muerte en su sentido natural y obvio, o sea, a la extinción de la vida humana” (Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, sentencia de 16 de mayo de 1974).

80 Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, sentencia de 30 de octubre de 1978, M.P. Luis Carlos Sáchica Aponte.

81 Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, sentencia de 4 de agosto de 1981, M.P. Mario Latorre Rueda.

82 VERGÉS RAMÍREZ, Salvador. “Derechos Humanos: Fundamentación”, Ed. Tecnos, Madrid, 1997, p. 197 y ss.

83 En España, por ejemplo, el valor jurídico fundamental de la dignidad de la persona está consignado en el artículo 10 de la C.N. de 1978, “situado a la cabeza del título destinado a tratar los derechos y deberes fundamentales”, mientras que el derecho a la vida está previsto en el artículo 15 “a la cabeza del capítulo donde se concretan estos derechos” (STC 53/1985, FJ 3º).

84 Comisión Interamericana de derechos humanos, Informe 86/99, Caso 11.589, Armando Aljendre y otros vs. Cuba, 29 de septiembre de 1999.

85 Tribunal Constitucional Español, sentencia STC 53/1985 FJ 3º.

86 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Villagrán Morales y otros vs. Guatemala, sentencia de 19 de septiembre de 1999.

87 Vid. Diez-Picazo, Luis María: “Sistema de derechos fundamentales”, Thomson-Civitas, Madrid, 2003, pág. 189 y ss. Este autor destaca que “la única excepción notable es la cláusula de due process of law, de las enmiendas 5º y 14º de la Constitución de los Estados Unidos”.

88 Vid. Naciones Unidas: “La administración de justicia y los derechos humanos de los detenidos”, 1991, págs. 84 y ss. y 110 y ss.

89 Revisión de constitucionalidad, sentencia C-144 de 1997.

90 Vid. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe 32, caso 10545 (Colombia), en www.cidh.org.

91 Cfr. Corte Constitucional, sentencias C 013 de 1997, M.P. Hernández Galindo y C 239 de 1997, M.P. Gaviria.

92 La Sala ha señalado que “El artículo primero de la Constitución, al definir al Estado Colombiano como Social de Derecho, dispuso que nuestro régimen político está fundado en ‘el respeto de la dignidad humana’; ello significa -y así lo ha entendido la jurisprudencia constitucional- que la dignidad del hombre irradia toda la Carta, al constituirse en ‘el valor supremo en toda constitución democrática’, puesto que se trata a la vez del fundamento del poder político y de un concepto límite al ejercicio del mismo (C.P. art. 5º), al tiempo que legitima todo el catálogo de derechos fundamentales, como valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico y razón de ser del mismo. A este respecto Peces-Barba resalta que ‘la raíz de los derechos fundamentales está en la dignidad humana, que se puede explicar racionalmente como la expresión de las condiciones antropológicas y culturales del hombre que le diferencian de los demás seres’, en otras palabras, ser digno significa ‘que la persona humana por el hecho de tener ontológicamente una superioridad, un rango, una excelencia, tiene cosas suyas que, respecto de otros, son cosas que le son debidas’. El principio de la dignidad humana como base indispensable de toda estructura jurídica constitucional y principio orientador de toda interpretación jurídica está íntimamente vinculado con el derecho a la integridad personal” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, sentencia de 17 de junio de 2004, radicación: 50422-23-31-000-940345-01, actor: Fabián Alberto Madrid Carmona y otros, demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, expediente: 15.208).
93 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de abril de 1997, expediente 10.138.

94 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia proferida el 27 de abril del 2016 (expediente 50.231).
95 Folios 44 a 46 del cuaderno 2 y 4 a 9 del cuaderno 1