Sentencia 2006-00558 de julio 27 de 2010

 

Sentencia 2006-00558 de julio 27 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 11001-3110-019-2006-00558-01

Magistrado Ponente

William Namén Vargas

Bogotá, D.C., veintisiete de julio de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. El cargo acusa la sentencia por no aplicar las normas sustantivas rectoras de la unión marital de hecho, contenidas en 54 de causa de errores de hecho en la apreciación de los testimonios de Gloria Inés Jiménez Serna, Claudia Valencia Villa y Luz Marina García Londoño, de un lado, al cercenar los segmentos probativos de la unión entre las partes y, de otro lado, por alterarlas o distorsionarlas para establecer una simple relación de noviazgo, adoptando así la decisión adversa a las pretensiones de la demanda.

2. En cuanto a los testimonios, delanteramente, advierte, su reseña y síntesis por la sentencia recurrida, incluidos los apartes extrañados por el censor, tal como consta en el compendio de las declaraciones rendidas por Gloria Inés Jiménez Serna (fls. 74-76, cdno. 2) y Claudia Valencia Villa (fls. 77-78, cdno. 2), a propósito de la iniciación de un noviazgo, convivencia, residencia inicial separada, luego conjunta, viajes al exterior, perduración de la relación durante “15 años de los cuales 5 fueron de noviazgo y diez de convivencia” y conservación de un inmueble “para cuando llegaban los hijos de ellos porque era más amplio (…)” (fls. 77-78, cdno. 2).

En torno al testimonio de Luz Marina García, al sintetizarlo, mencionó el noviazgo, adquisición de un apartamento en el mismo edificio, remodelación, proposición del demandado a la actora para vivir juntos “en 2003, que exactamente no sabe si fue a finales, mediados o principios de ese año, que ella conservó su apartamento que quedaba cerca para cuando venían los hijos de él (…)” (fls. 76-77, cdno. 2), y según anota la censura, no mencionó los quince años de la convivencia referidos por la testigo, calculados por ésta, entre 1993 y 2005 (fl. 28, cdno. 2).

Del mismo modo, el ad quem, halló la relación de noviazgo del dicho de Gloria Inés Jiménez Serna “(…) fui testigo desde que empezaron su noviazgo o relación sentimental hasta el día y momento que se fueron a vivir juntos en el mismo techo en el mismo apartamento, porque la relación empezó como un noviazgo donde ella vivía en el apartamento de ella (…)” (fl. 20, cdno. 2)], Claudia Valencia Villa “ellos al principio de una relación fueron novios, Alba se acaba de separar y eran novios y como a los pocos años de la relación que formalizaron un poco más y empezaron a viajar mucho juntos desde l (sic) comienzo de la relación (…)” (fl. 385, cdno. 1) y Luz Marina García Londoño “(…) José Augusto y Alba Lucía les dijo (sic) Tuto y Tuti empezaron una relación de noviazgo hace unos diecinueve años o dieciocho, yo me separé en el año noventa y uno y ellos empezaron esta relación la de novios dos años antes por ahí que yo me separara, ellos (sic) vivía ella en su apartamento y él en su apartamento muy cerca el uno del otro (…).”, por lo cual, no se presenta una adición en la materialidad de estas pruebas con la suposición de un noviazgo.

Con estos lineamientos, después del compendio de los testimonios, interrogatorios de parte y documentos, procedió el tribunal, “a analizar la prueba acabada de relatar”, demostrativa de la “relación sentimental, que perduró cerca de catorce años, en la que salían juntos, estuvieron en paseos, compartieron muchas actividades tanto sociales como recreacionales, el demandado asumió tal como lo confiesa en su interrogatorio muchos de los gastos de la demandante, pero a pesar de ello no se probó que entre estas dos personas, existiera una comunidad de vida permanente y singular”, en tanto, Gloria Inés Jiménez Serna, “no es clara en ubicar la fecha de cuando realmente terminó el noviazgo y cuándo empezó la convivencia”, Claudia Valencia Villa, “a pesar de relatar que las partes tenían una relación de esposos, es clara también en afirmar que Alba Lucía mantenía en su apartamento, su alcoba principal con sus objetos personales”, infiriendo la ausencia de cohabitación permanente, y por tanto, una relación que “no llegó a tener la connotación de marital”, donde la actora “por temporadas pernoctaba en el apartamento del demandado, viajaba con él, tanto en el país como en el exterior, tal y como relatan todos los testigos y lo acepta el demandado en su interrogatorio de parte, pero realmente no se probó en forma fehaciente que la voluntad de las partes haya estado encaminada a tener una unión marital, porque ella siguió habitando su apartamento de su propiedad”.

Esta aseveración concuerda con el testimonio de César Eugenio Aristizábal Murcia (fls. 390-394, cdno. 1), no atacado en casación, conforme al cual la relación entre las partes fue sólo un noviazgo y no una unión marital de hecho. Este testigo, aunque tachado por la demandante por su dependencia laboral respecto del demandado, no probó el motivo de la tacha, reconoce ser socio con aquél en una sociedad anónima donde son miembros de la junta directiva, además ejercen la representación legal de otra sociedad, han tenido amistad, compartió con frecuencia actividades sociales con las partes, cuyo trato era la de una pareja de novios, viajaban unas veces en forma conjunta, otras individualmente, pero no le consta su cohabitación o convivencia, pues cada uno tenía en Bogotá su propio apartamento con su respectivo equipamiento para poder habitarlo, al igual que una empleada del servicio.

Por esta razón, la omisión de los apartes antes citados del testimonio de Luz Marina García Londoño en los cuales afirma que las partes convivieron durante doce o quince años, y no dos como lo asevera en otra de sus respuestas y lo entendió el sentenciador, no modifica esa apreciación, y por ende, como se indicó, resulta intrascendente.

Bajo estos lineamientos, distinto del yerro imputado, es la conclusión del tribunal respecto del valor de convicción de las probanzas, y en particular, la carencia probativa de la conversión del noviazgo en una unión material de hecho, por no existir prueba contundente de la comunidad de vida permanente y singular, para su configuración, según exige el artículo 1º de la Ley 54 de 1990.

Justamente, el entendimiento del tribunal, encuentra respaldo en el análisis razonable de los testimonios, lo cual, excluye de suyo los desaciertos probatorios, más aún, si en hipótesis como la de la litis, son ambivalentes, poco precisos y pueden conducir a conclusiones diferentes, dentro de éstas las adoptadas por el juzgador fundado en su análisis conjunto y en otra declaración, donde el “acogimiento de unas de ellas por el sentenciador, así sea implícitamente, no da pie para estructurar un reproche en casación que exige, respecto del error de hecho en la apreciación probatoria, que la equivocación aparezca de modo manifiesto o palmario, lo que no sucede cuando, como aquí, no se vislumbra que haya debido hacerse una estimación enteramente distinta como la que propone el censor, quien, en esa medida, no alcanzó a demostrar la existencia de un yerro evidente, ni por lo dicho trascendente…Tanto más se avala la última conclusión, si los hechos que quiere traducir en su favor la demandante no son absolutamente inequívocos…, pues, como ha dicho esta corporación ‘si un hecho admite una o más interpretaciones que no pugnan con la evidencia, la circunstancia de que el tribunal elija la que en el sentir del recurrente y aún en el de la Corte, no sea la más atendible, no sería constitutiva de error evidente pues el requisito de la evidencia excluye toda argumentación que se fundase en las probabilidades y no en la certidumbre’ (CXLII, pág. 245 y CXXVI, pág. 136)” (cas. civ., sent. dic. 16/2004, exp. 7281; se resalta); “a lo que cabe agregar que cuando se está frente a dos grupos de pruebas, el juzgador de instancia no incurre en error evidente de hecho al dar prevalencia y apoyar su decisión en uno de ellos con desestimación del restante, pues en tal caso su decisión no estaría alejada de la realidad del proceso” (cas. civ., sent. sep. 18/98, exp. 5058), pues tiene dicho la Sala, de vieja data, que “cuando militan pruebas en diversos sentidos, el acogimiento por el sentenciador de las que le ofrezcan mayores bases de credibilidad con desestimación de otras, no conforma yerro…” (se resalta) excepto cuando se “incurra en absurdos o que la apreciación del fallador riña con la lógica” (cas. civ., sent. dic. 5/90 y oct. 7/92).

3. En el sub examine, el tribunal apreció los testimonios enunciados en la acusación, según las directrices de la sana crítica ex artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, o sea, de acuerdo con las reglas de la lógica y de la experiencia, en ejercicio de su discreta autonomía, y no incurrió en los errores de hecho imputados.

Acerca de este tema la Sala, ha destacado de modo uniforme la autonomía del juzgador de instancia en la apreciación del contenido o materialidad de las pruebas, de modo que debe mantenerse, con fundamento en la presunción de legalidad y acierto de su decisión, mientras no incurra en un error notorio, ostensible, evidente o protuberante “cuando su sólo planteamiento haga brotar que el criterio del sentenciador fue totalmente desenfocado, que está por completo divorciado de la más elemental sindéresis; si se quiere, que repugna al buen juicio…Ocurre, verdaderamente, cuando el fallador está convicto de contraevidencia; o, como la propia ley lo dice, cuando incurre en yerro ‘que aparezca de manifiesto’…” (cas. civ sents. jul. 11/90 y ene. 24/92), y naturalmente, trascendente, o sea, de tal connotación que por su inteligencia, la decisión sería otra.

A este particular, tiene sentado la Sala que “(…) la discreta autonomía de que se encuentran dotados los juzgadores para el desarrollo de su compleja misión, apareja que el debate alrededor de la apreciación y valoración de las pruebas quede, en línea de principio, cerrado definitivamente en las instancias, sin que, por ende, sea posible reabrirlo con ocasión de un recurso extraordinario, a menos que, en casos excepcionales, los yerros denunciados, a más de trascendentes, puedan ser calificados de notorios, palmarios o manifiestos, es decir, que su individualización y prueba aflore sin mayores esfuerzos, raciocinios o elucubraciones, al punto que resulte francamente inocultable para cualquiera e imponga el quiebre de una decisión judicial” (exp. 1997-09327), “sólo cuando la tesis que expone la censura es la única admisible es procedente abrirle paso al recurso” (cas. civ. sentencia de 31 de enero de 2005, exp. 7872; se subraya), en cuanto el fallo judicial “no se puede socavar mediante una argumentación que se limite a esbozar un nuevo parecer, por ponderado o refinado que sea, toda vez que, in abstracto, tanto respeto le merece a la Sala el criterio que en esos términos exponga la censura, como el que explicitó el fallador para soportar su decisión judicial” (cas. civ. sentencia de 5 de febrero de 2001, exp. 5811).

4. Análogamente, la unión marital de hecho no se configura por simples relaciones casuales, ocasionales, efímeras, transitorias, esporádicas, o azarosas, sino en virtud de la unión de personas no casadas entre sí que conviven more uxorio, hacen comunidad de vida estable y permanente plasmada en las relaciones sexuales, la ayuda, el socorro mutuo y la affectio marital (cas. civ. sent. mar. 11/2009, exp. 85001-3184-001-2002-00197-01), esto es, resulta de “elementos fácticos objetivos como la convivencia, la ayuda y el socorro mutuos, las relaciones sexuales y la permanencia, y subjetivos otros, como el ánimo mutuo de pertenencia, de unidad y la affectio maritales” (cas. civ. dic. 12/2001, exp. 6721), cuya carga probatoria corresponde al demandante.

Tampoco, la simple convivencia periódica ni las relaciones amorosas, sexuales o el noviazgo, configuran per se una unión marital de hecho.

Es menester, la convivencia o comunidad de vida singular, permanente y estable, a punto que la unión marital de hecho “no nace, sino en cuanto que se exprese a través de los hechos, reveladores de suyo de la intención genuina de mantenerse juntos los compañeros” (sent. sep. 10/2003, exp. 7603).

La comunidad, ha expresado la Corte, “por definición implica compartir la vida misma formando una unidad indisoluble como núcleo familiar, ello además de significar la existencia de lazos afectivos obliga el cohabitar compartiendo techo; y de carácter permanente, lo cual significa que la vida en pareja debe ser constante y continua (…), reflejando así la estabilidad que ya reconoció como aspecto fundamental de la relación, reduciendo a la condición de poco serias las uniones esporádicas o efímeras que no cumplen con tal requisito” (cas. civ. sent. sep. 20/2000, exp. 6117). La singularidad atañe a la identidad específica, “que sea solo esa, sin que exista otra de la misma especie” (cas. civ. sep. 20/2005, exp. 1999-0150-01), y la permanencia toca “con la duración firme, la constancia, la perseverancia y, sobre todo, la estabilidad de la comunidad de vida, y excluye la que es meramente pasajera o casual” (cas. civ. sent. sep. 20/2000, exp. 6117).

En este contexto, acertado estuvo el ad quem, al no tener la simple relación de noviazgo, aún por largo tiempo, como constitutiva de la unión marital de hecho, por no encontrar la probanza de íntegros sus elementos o presupuestos normativos.

5. El cargo no prospera.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 11 de diciembre de 2008 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia, en el proceso ordinario de la recurrente contra José Augusto Siluan Londoño.

Las costas del recurso corren a cargo de la demandante recurrente. Tásense.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo pertinente.»