Sentencia 2006-00652 de enero 23 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Exp. 2006-00652-01.

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Recurso de apelación contra la sentencia de 27 de octubre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A.

Actores: Belgica Joven de Vargas y otros.

Bogotá, D.C., veintitrés de enero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala:

De la lectura del recurso de apelación, observa la Sala que la discrepancia del apoderado de la parte actora para con la sentencia de primera instancia radica en considerar que los actos cuya declaratoria de nulidad se solicita, contrariamente a lo sostenido por el tribunal, constituyen verdaderos actos administrativos y no simples actos de ejecución, pues contienen decisiones que afectan en forma directa a sus procurados, en la medida en que les desconocen el derecho que alegaron tener en calidad de socios en el proceso de liquidación forzada por orden judicial de las sociedades Inversiones y Representaciones Varjo y Cía. Ltda. e Inversiones Ganaderas La Granja Ltda., en razón a que sus aportes o cuotas de interés social no fueron objeto de la sentencia de carácter penal en que se declaró la nulidad de los contratos societarios.

En consecuencia, para dilucidar el contenido y alcance de las actas finales de liquidación de las referidas sociedades, a continuación se procede a hacer referencia genérica a su contenido, precisando textualmente los aspectos que interesan para el efecto propuesto.

Actas 7 y 15 de 2005.

En ellas se da cuenta de las reuniones de la Asamblea Extraordinaria de Socios de las sociedades Inversiones y Representaciones Varjo y Cía. Ltda. e Inversiones Ganaderas La Granja Ltda. que se llevaron a cabo el 15 de julio de 2005, a las que concurrieron los delegados de la DNE y de la Superintendencia de Sociedades, el Contador, el Revisor Fiscal y el representante legal de la misma, y que en el curso de las mismas se aprobaron por unanimidad las cuentas finales de liquidación, los informes finales del liquidador, el informe final del contador y las notas del revisor fiscal de las sociedades mencionadas.

De igual manera, en ellas se consignan las respuestas a los derechos de petición de los remanentes de las liquidaciones y de los bienes de las mismas, formulados por los apoderados de los actores en este proceso, en los siguientes términos, los cuales son idénticos en ambos documentos.

“5.4. Derechos de petición de remanentes de la liquidación.

El 27 de agosto de 2003 se solicitó por parte del doctor Carlos Acevedo, apoderado de Bélgica Joven de Vargas, José Luis, Sandra, Mayerly y Maglody Vargas Joven, quienes son esposa e hijos de Leonidas Vargas y al mismo tiempo figuraban como socios de las empresas La Granja y Varjo, el reconocimiento de la porción que supuestamente les correspondía en la liquidación como terceros de buena fe. Al respecto existía un claro lineamiento expuesto por la Oficina Jurídica del Ministerio de Justicia y del Derecho, en el sentido de que la sentencia se pronuncia al respecto haciendo extensiva la extinción de dominio a todos los socios, sin embargo en aras de sustentar muy bien la decisión, se ofició el 1º de septiembre a las partes informándoles que su petición sería resulta en su oportunidad, en el acta final de liquidación, como efectivamente lo hacemos ahora.

En relación con los argumentos referentes a los supuestos derechos de los accionistas en las mencionadas sociedades, la parte pertinente de la sentencia del Juez Regional de Medellín de 11 de septiembre de 1995, es suficientemente clara para que en esta liquidación no se acceda a ninguna de las peticiones relacionadas con los eventuales derechos de los que eran accionistas de las sociedades que se disuelven y liquidan; y además por cuanto no presentaron ninguna acreencia que pudiera ser una obligación válida a su favor. Dijo así el juzgado:

(...).

Por su parte, el doctor Juan Fernández Carrasquilla, en su calidad de apoderado especial de la señora Bélgica Joven de Vargas y de sus hijos José Luis, Sandra Mayerly y Maglody Vargas Joven, en escrito presentado el 4 de octubre de 2004 a la D.N.E. solicitó que se suspendiera el proceso de liquidación.

Lo anterior, en razón a la presentación de una demanda de nulidad contra la resolución que nombraba al liquidador, así como aquella que aprobó los inventarios y avalúos por parte de la Superintendencia de Sociedades.

Pidió subsidiariamente que se les entregaran a sus poderdantes por su calidad de socios y a la señora Bélgica Joven de Vargas los gananciales que supuestamente le corresponden.

La solicitud de suspensión no fue aceptada toda vez que la simple presentación de una demanda de nulidad sobre un acto administrativo no genera la obligación para la administración, en este caso la Dirección Nacional de Estupefacientes, de suspender los trámites que se están cumpliendo en desarrollo de aquel.

Acto seguido, el Tribunal de Cundinamarca, Sección Primera, bajo Rad. 2004-458, mediante auto de 2 de octubre de 2004, niega la suspensión provisional solicitada frente a la resolución mencionada, y por lo tanto nos atuvimos a lo que resolvió el tribunal, negando la petición y siguiendo adelante el con trámite.

Tampoco puede ser aceptada la solicitud de transferencia de los remanentes por la misma razón que negó en el caso precedente y conforme a los inequívocos términos de la sentencia del Juzgado Regional de Medellín, que acaba de copiarse.

En relación con los gananciales, la liquidación de las sociedades no accede a reconocer los eventuales derechos que reclama la señora Bélgica Joven de Vargas, originados en la sociedad conyugal con Leonidas Vargas, por cuanto el Juez 15 de Familia resolvió levantar las medidas cautelares sobre las cuotas sociales, por cuanto la sociedad se encontraba ya bajo la administración de la DNE y en proceso de liquidación por declararse la nulidad del acto de constitución por objeto ilícito.

El abogado de la contraparte apeló la decisión de levantar las mencionadas medidas, la cual fue concedida en el efecto diferido, lesionado los derechos de la sociedad como tercero interviniente dentro del proceso.

El apoderado de las sociedades repuso la decisión ante el mismo funcionario, quien reconsideró y mediante auto de 22 de junio de 2005 otorgó la apelación en el efecto devolutivo. A la fecha de elaboración de la presenta acta y con la participación de los apoderados de las sociedades, se solicitó la expedición, a la mayor brevedad posible, del oficio que levanta las medidas cautelares, ya que por otorgarse la apelación en el efecto mencionado, el auto apelado no pierde su efecto.

La respuesta al derecho de petición presentado por el doctor Fernández Carrasquilla, se desata ampliamente, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la DNE en el punto 8 de la presente acta.

5.5. Derechos de petición en cuanto a los bienes.

De las peticiones presentadas el 27 de agosto de 2003, en la que solicitaban la devolución de elementos “personalísimos”, se dio traslado a la DNE entidad que autorizó el 23 de febrero de 2004 entregarlos a la familia Vargas Joven, y se hizo un acta correspondiente.

Del derecho de petición presentado el 5 de agosto de 2003 por parte del doctor Carlos Acevedo, apoderado de Bélgica Joven de Vargas, José Luis, Sandra, Mayerly y Maglody Vargas Joven, en el que solicitaba la devolución el predio con matrícula inmobiliaria Nº 050N-169047 de Bogotá, se contestó el 11 de agosto de 2003, que no era posible porque la sentencia del 11 de septiembre de 1995 donde se extingue definitivamente el dominio fue clara al aseverar que esta cobija todos los bienes adquiridos por Leonidas Vargas o por las aludidas sociedades con posterioridad al mes de diciembre de 1985” (destacado y subrayas fuera de texto)

Así mismo, en la parte final de las referidas actas, se consigna:

“Se reanudó la reunión y tomó la palabra el Presidente y delegado de la Dirección Nacional de Estupefacientes, doctor Rafael Torres, quien expuso, que la Asamblea aprueba por unanimidad y sin modificaciones la cuenta final de liquidación, el informe final del liquidador, el informe final del contador y notas del revisor fiscal, Igualmente se confirma, con la anuencia unánime de la Asamblea, la respuesta que dio la Dirección Nacional de Estupefacientes, en el sentido de negar todas las peticiones formuladas por el doctor Juan Fernández Carrasquilla, apoderado de la familia Vargas Joven. Por último, se aprueban los honorarios del Liquidador, con el voto favorable de todas las cuotas partes representadas en la asamblea y se confirma la repartición de remanentes aprobada mediante actas 13 para La Granja y 5 para Varjo, ambas de 16 de febrero de 2005” (destacado y subrayas fuera de texto).

Ahora bien, de la atenta lectura de los párrafos precedentes de las actas finales de liquidación de las mencionadas sociedades, para la Sala no existe duda alguna acerca de que si bien la liquidación de las mismas se llevó a cabo por la DNE en cumplimiento de las decisiones que se adoptaron en el proceso penal que se siguió en contra del señor Leonidas Vargas Vargas y para materializar sus efectos jurídicos, por lo que por este aspecto constituirían actos de ejecución, no susceptibles de enjuiciamiento ante la jurisdicción contenciosa administrativa por no contener una manifestación autónoma de voluntad por parte de la administración, sino que darían cumplimiento a una decisión judicial, no lo es menos que en las reuniones de las juntas extraordinarias de socios que dieron origen a dichas actas se adoptaron decisiones distintas a las de la simple liquidación, como lo fueron sin lugar a dudas las de negar todas las peticiones que en el curso del proceso administrativo de liquidación formularon los apoderados de los restantes socios que, distintos al señor Leonidas Vargas Vargas, alegaron tener derecho a participar en dicho proceso, con el argumento de la DNE de que la sentencia penal que se pronunció al respecto hizo extensiva la extinción de dominio decretada a las cuotas sociales de todos los socios de las referidas sociedades.

Al respecto, cabe indicar que esta corporación excepcionalmente ha admitido la posibilidad de que algunos actos de ejecución sean objeto de juzgamiento en procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando quiera que la administración, al cumplir lo dispuesto por la autoridad judicial que dictó la respectiva sentencia, rebase los alcances precisos de la misma o contengan nuevas o distintas disposiciones a las del fallo y tomadas por cuenta de la misma administración. Es así como en sentencia proferida el 9 de agosto de 1991, expresó:

“Todo acto que se limite a generar el cumplimiento de la sentencia es un acto de ejecución. No obstante, si la administración al proferir el acto de ejecución se aparta del alcance del fallo, agregándole o suprimiéndole algo, resulta incuestionable que en el nuevo temperamento no puede predicarse que el acto sea de simple ejecución, pues nace un nuevo acto administrativo, y por lo mismo controvertible judicialmente...”(7).

En consonancia con lo anterior, en providencia de fecha 4 de septiembre de 1997, Expediente 4598, de la cual fuera ponente el Consejero de Estado doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz, la Sala sostuvo:

“[...] aún cuando a primera vista podría pensarse que por contener el acto administrativo acusado la decisión de dar cumplimiento a una providencia judicial pudiera estar enmarcado dentro de los actos de ejecución, no susceptibles de enjuiciamiento ante esta jurisdicción, habida cuenta que de tal acto se predica en la demanda que no se limitó a dar cumplimiento a una decisión judicial sino que, además, impuso obligaciones a la sociedad actora no previstas en la sentencia a ejecutar que le sirvió de fundamento, ni en norma legal alguna, en cuanto a este aspecto se refiere no puede considerarse el mismo como un simple acto de ejecución, razón por la cual es posible de enjuiciamiento a través de la acción instaurada. (...)”(8).

En este orden de ideas, para la Sala es claro que al haberse adoptado en los actos de liquidación de las referidas sociedades decisiones adicionales a la liquidación de las mismas que crearon situaciones jurídicas nuevas, como lo fue la de negar la intervención de quienes se creyeron con derecho a participar en los respectivos procesos liquidatorios, en esa medida deben considerarse como actos definitivos que pusieron fin a una actuación administrativa, que por su naturaleza y alcance no es posible sustraer del conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

De consiguiente, habida cuenta de que la jurisprudencia ha admitido la procedencia de control jurisdiccional de los actos de ejecución cuando la administración desborda, va más allá o da un alcance diferente a la decisión judicial impartida, porque creó un nuevo acto administrativo al ser una situación diferente a la ordenada en el fallo judicial, que es lo que se alega en la demanda, la Sala considera que en el presente caso, en garantía del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, se impone la revocatoria de la sentencia recurrida para disponer, en su lugar, que el a quo se pronuncie de fondo respecto de las pretensiones de la demanda, conforme se ha dispuesto en similares situaciones.

En efecto, la Sala en sentencia de 26 de abril de 2013 (Exp. 2006-01004-01, C.P. María Elizabeth García González), que en esta oportunidad se reitera, sostuvo que en tratándose de recursos de apelación respecto de fallos inhibitorios injustificados, como ocurre en el sub lite, se debe devolver el expediente al a quo para que estudie los cargos de la demanda que no realizó, pues resolver de fondo la controversia en segunda instancia, equivaldría a convertirla en única instancia, privando de esta manera a la parte desfavorecida del derecho fundamental de ejercer legítimamente su defensa, íntimamente ligado al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia de 27 de octubre de 2011, proferida por la Sección Primera, Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para disponer, en su lugar, que el a quo se pronuncie de fondo respecto de las pretensiones de la demanda.

Tiénese a la doctora Diana Lucía Adrada Córdoba como apoderada de la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación, de conformidad con el poder y los documentos anexos, obrantes a folios 33 a 38 del cuaderno del recurso.

En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

(7) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Julio César Uribe Acosta, sentencia de 9 de agosto de 1991, Exp. 3939.

(8) Posición jurisprudencial reiterada en la sentencia de 3 de junio de 1999, C.P. Juan Alberto Polo Figueroa, Exp. 3939.