Sentencia 2006-00761 de agosto 12 de 2010

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Ref.: Expediente 660012331000200600761 01

Nº interno: 1181-2009

Consejero Ponente:

Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila

Actor: Departamento de Risaralda

Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., doce de agosto de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Antes de determinar cuál es el problema jurídico que debe ocupar la atención de la Sala en el sub judice, es pertinente hacer referencia a las pretensiones de la demanda para efectos de establecer los extremos de la controversia y el ámbito de competencia en esta instancia.

La entidad accionante solicita la nulidad de diversos actos, derivando de cada una de dichas declaraciones el restablecimiento del derecho que considera le corresponde. Así, en términos generales, pretende:

a) La revisión de la cuota parte pensional que le fue asignada por Fonprecon para efectos de concurrir en el pago de la pensión post mortem reconocida al señor Fabio Gómez Botero y sustituida a la señora Magdalena Gómez Botero; y,

b) La devolución de las sumas de dinero que debió pagar a Fonprecon dentro del proceso de jurisdicción coactiva surtido por este contra del departamento del Risaralda, y mediante el cual hizo efectivo el cobro de la obligación prestacional adquirida por el ente territorial demandante.

Es decir que en este caso se presenta la figura de la acumulación de pretensiones, cuya adecuada configuración, por remisión expresa del artículo 145 del Código Contencioso Administrativo(4), modificado por el artículo 7º de la Ley 446 de 1998, debe estar precedida de algunos supuestos esenciales previstos por el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, a saber:

“ART. 82.—Acumulación de pretensiones. “Artículo modificado por el artículo 1º, numeral 34 del Decreto 2282 de 1989”. El demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurran los siguientes requisitos:

1. Que el juez sea competente para conocer de todas; sin embargo, podrán acumularse pretensiones de menor cuantía a otras de mayor cuantía.

2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias.

3. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento.

(...).”.

Ahora bien, respecto del proceso de jurisdicción coactiva y la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para intervenir en el mismo, antes de la expedición de la Ley 1066 de 2006(5), esta corporación ha expresado que los actos proferidos en ejercicio de tal potestad son impugnables dentro del mismo proceso ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; sin embargo, no son susceptibles de ser atacados con posterioridad, y en forma separada, a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Esta tesis ha sido esbozada en los siguientes términos(6):

“Para la Sala, la jurisdicción coactiva autorizada en el artículo 68 del Código Contencioso Administrativo es una atribución de carácter jurisdiccional puesta en manos de las autoridades administrativas, quienes podrán tomar las providencias propias del juicio ejecutivo, incluida la sentencia, y contra las cuales procederá el recurso de apelación ante los tribunales y jueces administrativos, según el caso (CCA, arts. 133-2 y 134C-1).

Según lo expuesto, la resolución acusada es un acto jurisdiccional de la asociación, solamente impugnable dentro del proceso ejecutivo por jurisdicción coactiva”.

De acuerdo con la anterior argumentación, en consonancia con el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, en el presente caso se observa una indebida acumulación de pretensiones respecto de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos expedidos por Fonprecon con ocasión del proceso de jurisdicción coactiva, pues la impugnación de los mismos debía surtir un trámite distinto al de nulidad y restablecimiento del derecho, en tanto debieron haber sido impugnados dentro del mismo proceso coactivo, situación que también conlleva a la falta de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer del asunto.

En este orden de ideas, como la acción incoada por la parte actora no era la procedente para obtener la protección de sus intereses y la jurisdicción de lo contencioso administrativo carece de competencia funcional para decidir sobre la legalidad de los actos proferidos por Fonprecon en ejercicio de la jurisdicción coactiva, en este aspecto, la Sala se declarará inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo; situación que también conlleva a un fallo inhibitorio en torno al restablecimiento económico deprecado, como consecuencia de la solicitud de declaratoria de nulidad de los mencionados actos, en los términos solicitados por el ente demandante.

De otro lado, el departamento de Risaralda solicitó la nulidad (i) del Oficio DPE-052 de 30 de enero de 1991, por medio del cual Fonprecon le consultó al secretario administrativo del departamento de Risaralda la cuota parte pensional por el señor Mario José Gómez Botero ; y, (ii) del oficio de 7 de marzo de 1991, expedido por dicho ente, mediante el cual aceptó la asignación de cuota parte pensional. Empero, se observa que los mismos son actos preparatorios, pues el acto administrativo definitivo que creó una situación jurídica concreta es la resolución de reconocimiento pensional y asignación de cuotas partes. En consecuencia, dichos actos no son enjuiciables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por lo cual la Sala se declarará inhibida para estudiar su legalidad.

En este orden de ideas, también es oportuno hacer referencia a la providencia del a quo, toda vez que afirmó que las resoluciones acusadas, por medio de las cuales se reconoció el derecho pensional y se distribuyeron las obligaciones a cargo de las entidades concurrentes, debían demandarse dentro de los 4 meses siguientes a su expedición; sin embargo, esta tesis no puede ser acogida, porque dichas decisiones conciernen al reconocimiento de prestaciones periódicas y, al tenor de lo dispuesto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, “los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados”.

Entre tanto, es preciso aclarar que en este caso no se está controvirtiendo el reconocimiento de la pensión post mortem al señor Fabio Gómez Botero y la sustitución de la misma a la señora Magdalena Gómez Botero, sino la concurrencia para efectuar el pago de la misma y, por lo tanto, en esta instancia no se hará referencia al derecho prestacional propiamente dicho.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, el problema jurídico en la presente controversia se contraerá a determinar si el departamento de Risaralda estaba obligado a asumir la cuota parte pensional en la forma en que le fue asignada por Fonprecon.

Con el objeto de resolver el problema expuesto, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

De la asignación de las cuotas partes pensionales

— El 30 de enero de 1991, el jefe división de prestaciones económicas y la profesional universitaria del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República le remitió a la secretaría de servicios administrativos, división de recursos humanos del departamento de Risaralda el Oficio DPE-052 en los siguientes términos (fl. 17, cdno. 1):

“Ref.: Consulta cuota parte pensional

Señor Mario José Gómez Botero

(Q.E.P.D.) c.c. Nº 1.263701, Belén Umbría

Apreciados señores:

En atención a lo dispuesto en el Decreto 1848 de 1969, Ley 33 de 1985, remitimos a esa dependencia el proyecto de resolución de la referencia, junto con sus anexos que sirvieron de base para la expedición de la misma, a fin de que manifieste dentro del término legal establecido, su aceptación u objeción a la cuota parte correspondiente”.

— El 7 de marzo de 1991, la jefe prestaciones económicas de la Caja de Seguridad Social del departamento de Risaralda, Caseris, mediante oficio sin número dirigido al jefe de división prestaciones económicas de Fonprecon expuso (fl. 18, cdno. 1):

“Ref.: Contestación Oficio DPE-052, cuota parte

Sustitución pensional, Gómez Botero Magdalena.

En atención al asunto de la referencia comedidamente me permito comunicarle, que una vez estudiado el proyecto de resolución mediante el cual esa entidad, pretende reconocer sustitución pensional a la señora Magdalena Gómez Botero, esta entidad lo ha encontrado ajustado a la ley, por lo tanto se acepta la cuota parte consultada.

Una vez emitida la resolución definitiva, sírvase enviarnos copia de la misma”.

— El 21 de marzo de 1991, a través de la Resolución 000158, el director general del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República le reconoció al señor Fabio Gómez Botero su pensión de jubilación post mortem y la sustituyó a la señora Magdalena Gómez Botero, en su condición de hermana inválida y dependiente del causante, en cuantía de $ 219.284 y efectiva a partir del 3 de diciembre de 1988. El reconocimiento prestacional se efectuó teniendo en cuenta el siguiente tiempo de servicios (fls. 3 a 7, cdno. 1):

EntidadPeriodoA.M.D.
Belén de Umbría - municipio 01-09-1956 a 15-10-1956 - 1 15
Rama jurisdiccional 25-01-1963 a 29-11-1963 - 10 4
01-12-1963 a 15-01-1964 - 1 15
Ministerio de Trabajo 12-02-1964 a 17-03-1965 1 1 5
22-05-1965 a 01-11-1965 - 5 9
Municipio de Pereira 01-11-1965 a 31-08-1968 2 9 23
Departamento de Risaralda 28-02-1969 a 06-06-1972 3 3 9
14-06-1972 a 13-06-1973 1 - -
Beneficencia departamento de Risaralda 13-06-1973 a 17-08-1970 7 2 4
Departamento de Risaralda - Secretaría de Hacienda 18-06-1984 a 07-03-1985 - 8 19
Asamblea departamental del Risaralda - Ley 48 de 1962 01-10-1985 a 30-11-1985 1 - -
Senado de la República - Ley 48 de 1962 16-09-1986 a 16-12-1986 - 7 11
23-09-1987 a 16-12-1987 - 5 23
04-10-1988 a 2-12-1988 - 4 24
Total 20 1 11

 

A su turno, la concurrencia de las entidades en el pago de la prestación se distribuyó así:

EntidadA.M.D.T. D.
Belén de Umbría – municipio de Risaralda - 1 15 45
Caja Nacional de Previsión Social 2 6 3 903
Municipio de Pereira 2 9 23 1.013
Departamento de Risaralda 13 2 2 4.742
Fondo de Previsión Social del Congreso 1 5 28 538
Total 20 1 1 7.241

 

— El 11 de marzo de 1998, mediante la Resolución 000111, la directora general del Fondo de Previsión Social del Congreso reajustó el beneficio pensional reconocido a la señora Magdalena Gómez Botero en cuantía del 75% del ingreso mensual promedio que devengaba un congresista en 1992, esto es $ 2.178.278.53, con efectos fiscales a partir de 1 de enero de 1992. Igualmente, se observa que las entidades concurrentes en el pago de la prestación asumirían sus obligaciones en proporción a las cuotas partes previamente asignadas a través del acto administrativo que reconoció el derecho pensional, es decir que no hubo variación respecto de los días laborados por los cuales cada una de ellas debía hacerse cargo (fls. 8 a 16, cdno. 1).

De la vinculación laboral del señor Fabio Gómez Botero:

— El 14 de julio de 2006, el director de recursos humanos de la gobernación de Risaralda hizo constar que el señor Fabio Gómez Botero prestó sus servicios a dicha entidad territorial en la siguiente forma (fl. 2, cdno. 2):

CargoPeriodoCaja de previsión
Secretario de la Secretaría de Hacienda 01-03-1969 a 30-05-1972 Cajanal
14-06-1972 a 06-12-1973 Cajanal
19-06-1984 a 06-03-1985 Caseris

 

— El 17 de octubre de 2006, el técnico de archivo de la asamblea departamental de Risaralda certificó que el señor Fabio Gómez Botero se desempeñó como diputado en dicha asamblea entre el 1º de octubre de 1985 y el 30 de noviembre de 1985, periodo durante el cual se efectuaron cotizaciones con destino a la Caja de Seguridad Social del departamento de Risaralda (Caseris) (fl. 3, cdno. 2).

— El 17 de octubre de 2006, la gerente de la Lotería del Risaralda informó que el señor Fabio Gómez Botero prestó sus servicios a dicha entidad en la siguiente forma (fl. 4, cdno. 2):

CargoPeriodoCaja de previsión
Gerente 13-06-1973 a 31-01-1977 Cajanal
01-02-1977 a 17-08-1980 Caseris

 

— El jefe de archivo administrativo del Senado de la República certificó que el señor Fabio Gómez Botero se desempeñó como senador suplente así:

• Del 16 de septiembre al 16 de diciembre de 1986.

• Del 23 se septiembre al 25 de noviembre de 1987.

• Del 9 al 16 de diciembre de 1987.

• Del 4 de octubre al 2 de diciembre de 1988.

De las obligaciones prestacionales adquiridas por Cajanal.

— El 8 de mayo de 1967 la Caja Nacional de Previsión Social y el departamento de Risaralda suscribieron un contrato “sobre el establecimiento de los servicios médico asistenciales y el reconocimiento y pago de prestaciones económicas por parte de dicha institución para los trabajadores de ese departamento”, mediante el cual se estableció (fls. 16 a 18, cdno. 2):

“Cláusula primera: la finalidad esencial de este contrato es la de obtener por primera vez en el país, la integración de la seguridad social a escala nacional, departamental y municipal; evitar la multiplicidad de organismos y funciones para un mismo fin mediante una acertada planeación y financiación; lograr por parte del Estado la oportuna y eficaz atención de todas las prestaciones económicas y médico-asistenciales que corresponden al servidor público y extender a la provincia colombiana los mutuos beneficios que en este acuerdo se convienen para así llegar a un tratamiento igualitario para todos los trabajadores oficiales.

(...).

Cláusula decimotercera. Duración del contrato. De común acuerdo se fija como término de duración del presente contrato el de cinco (5) años contados a partir del 1º de febrero de 1967. Parágrafo. Las partes contratantes acuerdan establecer prórrogas automáticas de dicho término, salvo que dentro del lapso de noventa (90) días anteriores a su vencimiento, una de las dos haga saber a la otra, por escrito, su voluntad de no prorrogarlo”.

— El jefe oficina jurídica Cajanal EPS (sic), a través de oficio de 13 de noviembre de 2001, le manifestó al profesional especializado, Fondo Territorial de Pensiones “Fotep”, gobernación de Risaralda que (fls. 30 a 31, cdno. 2):

“El 8 de mayo de 1967, se suscribió el contrato interadministrativo entre la Caja Nacional de Previsión Social y el departamento de Risaralda, para la prestación y reconocimiento de las prestaciones económicas y médico-asistenciales de los trabajadores de ese departamento, con una duración de cinco (5) años contados a partir del 1º de febrero de 1967”.

En cuanto a las prórrogas en la cláusula décima tercera del contrato determina que: “las partes contratantes acuerdan establecer prórrogas automáticas de dicho término, salvo que dentro del lapso de noventa (90) días anteriores a su vencimiento, una o las dos hagan saber a la otra, por escrito, su voluntad de no prorrogarlo” (resalto).

En los archivos de la empresa no aparece documento alguno en el que conste la voluntad de no prorrogar el contrato tal como lo prevee (sic) la cláusula pretrascrita, razón por la cual el contrato se prorrogó automáticamente hasta el 31 de enero de 1977.

En las condiciones anotadas la vigencia del mencionado contrato va desde el 1º de febrero de 1967 hasta el 31 de enero de 1977, cubre el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas y médico-asistenciales, de los trabajadores vinculados al departamento de Risaralda durante esta época”.

De conformidad con el anterior acervo probatorio, procede la Sala a desatar la controversia teniendo en cuenta el marco normativo y jurisprudencial que desarrolla la concurrencia de las diferentes entidades de previsión y/o empleadores en el pago de las pensiones; y, el consecuente procedimiento para la asignación de las cuotas partes respectivas.

i) De la concurrencia en el pago de las pensiones.

En primer término, es preciso aclarar que el sub judice se analizará al tenor de lo dispuesto por la normatividad vigente al momento de causarse la prestación respecto de la cual el ente demandante solicita la revisión de la cuota parte pensional que le fue asignada.

Ahora bien, “(E)n el régimen de seguridad social del sector público anterior a la Ley 100, se creó la institución de las cuotas partes pensionales como un mecanismo que permitía a la última entidad oficial empleadora o a la última entidad de previsión, que hubiera reconocido una pensión, repartir el costo de la misma entre las demás entidades públicas empleadoras o cajas de previsión, mediante el cobro a estas de la “cuota parte” respectiva, en proporción al tiempo de servicios o aportes a cada una de ellas”(7).

En el presente caso, se encuentra acreditado que el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, mediante la Resolución 000158 de 21 de marzo de 1991, le reconoció al señor Fabio Gómez Botero su pensión de jubilación post mortem y la sustituyó a la señora Magdalena Gómez Botero, en su condición de hermana inválida y dependiente del causante, efectiva a partir del 3 de diciembre de 1988.

Entre tanto, los artículos 72 y 75 del Decreto 1848 de 1969 prescribieron:

“ART. 72.—Acumulación del tiempo de servicios. Los servicios prestados sucesiva o alternativamente a distintas entidades de derecho público, establecimientos públicos, empresas oficiales y sociedades de economía mixta, se acumularán para el cómputo del tiempo requerido para la pensión de jubilación, En este caso, el monto de la pensión correspondiente se distribuirá en proporción al tiempo servido en cada una de aquellas entidades, establecimientos, empresas o sociedades de economía mixta.

(...).

ART. 75.—Efectividad de la pensión.

(...).

3. En los casos de acumulación de tiempo de servicios a que se refiere el artículo 72 de este decreto, la entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de aquellas.

En este caso, se procederá con sujeción al procedimiento señalado al efecto en el Decreto 2921 de 1948 y, si transcurrido el término de quince (15) días del traslado a que se refiere el artículo 3º del citado decreto la entidad obligada a la cuota pensional no ha contestado, o lo ha hecho oponiéndose sin fundamento legal, se entenderá que acepta el proyecto y se procederá a expedir la resolución definitiva de reconocimiento de la pensión.

El expresado término comenzará a correr desde la fecha en que la entidad correspondiente reciba el proyecto de reconocimiento de la pensión”.

Asimismo, el artículo 2º de la Ley 33 de 1985 preceptuó:

“ART. 2º—La caja de previsión obligada al pago de pensión de jubilación, tendrá derecho a repetir contra los organismos no afiliados a ellas, o contra las respectivas cajas de previsión, a prorrata del tiempo que el pensionado hubiere servido o aportado a ellos. El proyecto de liquidación será notificado a los organismos deudores, los que dispondrán del término de quince (15) días para objetarlo, vencido el cual se entenderá aceptado por ellos.

(...).”.

De las precitas disposiciones se infiere que las cajas de previsión o los empleadores deben concurrir en el pago de las pensiones a prorrata del tiempo laborado o aportado por el beneficiario o causante de la prestación en cada una de ellas. Asimismo, se instituyó un procedimiento para efectos de que tales sujetos pasivos de la obligación aceptaran o presentaran objeciones frente a la cuota parte en la cual deberían concurrir, previendo que en caso de no hacer pronunciamiento alguno operaría el silencio administrativo positivo, es decir que se presumiría la anuencia del consultado.

Al respecto esta corporación ha sentado los siguientes lineamientos interpretativos(8):

“En cuanto las normas se refieren a la cuota parte pensional(9) es para significar que a la entidad de previsión social o a la que le corresponda asumir la totalidad de la obligación pensional, tendrá derecho a repetir contra las demás entidades a las que estuvo afiliado el empleado o a las que se hicieron los respectivos aportes para cubrir ese específico riesgo, si los servicios laborales se prestaron en diferentes entidades de derecho público o de naturaleza privada, caso en el cual el monto de la pensión se distribuirá en proporción al tiempo servido y al salario o remuneración devengado en cada una de ellas.

Significa entonces que la entidad obligada al pago de la pensión de jubilación, de retiro por vejez o de invalidez, conforme a las normas legales que gobiernan la materia, no solo deberá exhortar a las otras entidades para que dentro del término allí previsto (15 días) se pronuncien sobre el proyecto de liquidación pensional sino para que procedan al reembolso de la cuantía proporcional que les corresponda, en consideración obviamente, se repite, al periodo de servicios prestados en esas entidades, pues ellas se constituyen igualmente en deudoras de aquella obligación, en la medida en que para el cómputo del tiempo como presupuesto para reconocerse la prestación se tiene en cuenta el acumulado en esos organismos”.

En estas condiciones, se logra el reconocimiento de las pensiones teniendo en cuenta los tiempos de servicios laborados por los servidores públicos en distintas épocas y entidades y a la vez que la entidad encargada de reconocer la prestación no vea afectado su patrimonio por no haber recibido los aportes durante el término de vinculación con otros entes.

ii) Del caso concreto.

Descendiendo al presente caso, se observa que el 30 de enero de 1991, Fonprecon consultó al departamento de Risaralda la cuota parte en que debía concurrir por el señor “Mario José Gómez Botero” (sic), indicando que anexaba el proyecto de resolución del reconocimiento prestacional.

Entre tanto, la entidad demandante, mediante oficio sin número de 7 de marzo de 1991, aceptó la cuota parte consultada referenciando que se trataba de una sustitución pensional en cabeza de la señora Magdalena Gómez Botero.

Sin embargo, el departamento de Risaralda en el transcurso del proceso ha manifestado su discrepancia con dicha aceptación, al considerar que su obligación es menor frente a la que le fue imputada a través del acto de reconocimiento prestacional, argumentando que antes de haberse creado la Caja de Previsión Social del departamento se celebró un contrato con Cajanal en virtud del cual esta entidad tendría a cargo el reconocimiento de los derechos médico-asistenciales y prestacionales de los empleados del departamento, el cual se suscribió por un término de 5 años contados a partir del 1º de febrero de 1967 y se prorrogó por 5 años más, es decir que tuvo una vigencia comprendida entre el 1º de febrero de 1967 y el 31 de enero de 1977.

Siendo ello así, la entidad accionante no tenía la obligación de concurrir en el pago de la prestación por los periodos laborados por el causante con anterioridad al 31 de enero de 1977, porque para ese entonces Cajanal estaba recibiendo los aportes por concepto de seguridad social y, por lo tanto, debía hacerse cargo de las obligaciones que de la misma se derivan.

Al respecto, se encuentra acreditado en el expediente que el departamento de Risaralda y Cajanal celebraron un contrato encaminado a cubrir, entre otras, las prestaciones sociales de los trabajadores vinculados a dicho ente territorial, el cual comenzó a tener efectividad a partir del 1º de febrero de 1967, previendo una vigencia de 5 años prorrogable por 5 años más si las partes no acordaban darlo por terminado antes de ocurrir dicha prórroga. Asimismo, obran en el proceso diversos documentos emanados de Cajanal mediante los cuales se afirma que en los archivos de dicha caja no se encuentra escrito alguno “en el que conste la voluntad de no prorrogar” dicho negocio jurídico, “razón por la cual el contrato se prorrogó automáticamente hasta el 31 de enero de 1977”.

En estas condiciones, le asiste razón a la parte actora en el sentido que esta celebró un contrato con Cajanal cuya vigencia empezó el 1º de febrero de 1967 y culminó el 31 de enero de 1977, el cual cubre el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas y médico-asistenciales, de los trabajadores vinculados al departamento de Risaralda durante dicho lapso.

Entre tanto, Fonprecon afirma que dicho acuerdo no le es oponible y que si la parte actora considera que está asumiendo el pago de una obligación que no le corresponde debe adoptar las medidas que considere necesarias con el objetivo de obtener el reembolso del pago indebidamente efectuado. Sin embargo, este argumento no es suficiente para mantener la presunción de legalidad de los actos que asignaron las cuotas partes pensionales, pues aunque en principio el negocio jurídico es de conocimiento de las partes, las consecuencias del mismo pueden ser conocidas con un mínimo de diligencia, toda vez que los aportes efectuados deben constar en la entidad que los recibió independientemente del contrato que dio lugar a ello y así debe certificarlos.

Además, la concurrencia en el pago de las pensiones, así como el procedimiento para su imposición y monto, es una competencia regulada por el legislador y, por lo tanto, no puede ser desconocida por argumentos como el anteriormente expuesto.

Entonces, teniendo en cuenta que el departamento de Risaralda no está obligado a asumir el total de la cuota parte pensional que le fue asignada, y de conformidad con la normatividad aplicable en materia de cuotas partes pensionales, es válido concluir que la entidad demandada debe modificar los actos que efectuaron la distribución de las mismas y, por lo tanto, como el proveído impugnado negó esta petición debe revocarse parcialmente en este sentido.

En este orden de ideas, para efectos de garantizar la protección del derecho pensional reconocido, el cual no se encuentra en controversia, se decretará la nulidad parcial y no total de las resoluciones 000158 de 21 de marzo de 1991 y 000111 de 11 de marzo de 1998, en cuanto asignaron la cuota parte pensional en forma desproporcionada a las obligaciones adquiridas por Cajanal y el departamento de Risaralda. Esta determinación se ajusta en mejor medida al caso concreto en contraste con la normatividad aplicable en materia de concurrencia en el pago de las pensiones.

Así las cosas, al amparo de los mandatos del artículo 170 del Código Contencioso Administrativo(10), se ordenará a la entidad accionada proceder a la reliquidación de las cuotas partes asignadas a Cajanal y al departamento de Risaralda, en proporción al tiempo efectivamente aportado a cada una de ellas, teniendo en cuenta que los periodos laborados por el causante de la prestación al servicio del ente territorial accionante, antes del 31 de enero de 1977, deben ser asumidos por Cajanal.

Decisión

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Revócase parcialmente la sentencia de 16 de abril de 2009, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, que negó las súplicas de la demanda incoada por el departamento de Risaralda contra el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República. En su lugar,

Declárase inhibida la Sala para decidir sobre la legalidad (i) del Oficio DPE-052 de 30 de enero de 1991, emanado de la entidad demandada; (ii) del oficio de 7 de marzo de 1991, suscrito por el ente territorial accionante; y, (iii) de los actos acusados que fueron proferidos dentro del proceso de jurisdicción coactiva, iniciado por Fonprecon contra el departamento de Risaralda, y los demás derivados del mismo, al igual que del restablecimiento económico reclamado con ocasión de su expedición, según lo expuesto en la parte motiva.

Declárase la nulidad parcial del artículo tercero de la Resolución 000158 de 21 de marzo de 1991 y del artículo cuarto de la Resolución 000111 de 11 de marzo de 1998, proferidas por el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, en cuanto asignaron en forma desproporcionada las cuotas partes en que debían concurrir el departamento de Risaralda y la Caja Nacional del Previsión Social en el pago de la pensión reconocida.

Ordénase al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República modificar la cuota parte pensional asignada al departamento de Risaralda y a la Caja Nacional de Previsión Social con el objetivo de que cada una concurra en el pago de la pensión de conformidad con el tiempo efectivamente aportado a ellas, teniendo en cuenta que los tiempos laborados por el causante de la pensión al servicio de entidad territorial accionante, con anterioridad al 31 de enero de 1977, deben ser asumidos por Cajanal, tal como quedó expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Confírmase el proveído impugnado en cuanto negó las demás pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese, publíquese en los anales del Consejo de Estado y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión».

(4) “ART. 145.—Acumulación de pretensiones y de procesos en materia contencioso administrativa. En todos los procesos contencioso administrativos procederá la acumulación de pretensiones en la forma establecida en el Código de Procedimiento Civil, así como la acumulación de procesos a instancia de cualquiera de las partes o de oficio, en los casos establecidos por el mismo código”.

(5) Es oportuno mencionar que en este caso no se estudia el alcance de la Ley 1066 de 2006, la cual, en su artículo 5º, prescribió que las entidades públicas que tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor “deberán seguir el procedimiento descrito en el estatuto tributario”, toda vez que la actuación ahora demandada se surtió con anterioridad a la expedición del mencionado precepto normativo.

(6) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejero ponente: doctor Camilo Arciniegas Andrade, auto de 25 de octubre de 2007, Radicación 05001-23-31-000-2005-00524-01, actor: municipio de Turbo.

(7) Arenas Monsalve, Gerardo, El derecho colombiano de la seguridad social, segunda edición, Legis, Bogotá, 2007, Pág. 430.

(8) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente: doctor Alfonso Vargas Rincón, sentencia de 26 de junio de 2008, Radicación: 25000-23-25-000-2004-06108-01 (1049-07), actora: Gloria Pinto Pacheco.

(9) Ley 6ª de 1945, artículo 29; Ley 72 de 1947, artículo 21; Decreto 2921 de 1948, artículo 9º; Decreto 3135 de 1968, artículo 28; Decreto 1848 de 1969, artículos 72 y 75; Ley 33 de 1985, artículo 2º.

(10) “ART. 170.—Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. Debe analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones con el objeto de resolver todas las peticiones. Para restablecer el derecho particular, los organismos de lo contencioso administrativo podrán estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, y modificar o reformar estas”.