Sentencia 2006-00782 de abril 10 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACION CIVIL

Ref.: Expediente 11001 31 03 043 2006-00782 01

Magistrada Ponente

Dra. Margarita Cabello Blanco

Bogotá, D.C., diez de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Por sabido se tiene, pues ha sido objeto de multitud de pronunciamientos constantes y uniformes por parte de la Corte, que la providencia opugnada a través del recurso extraordinario de casación arriba a esta corporación valida de la presunción de legalidad y, como este mecanismo impugnativo no constituye una tercera instancia, al censor le corresponde, sin reticencia alguna, aniquilar dicho pronunciamiento, demoler sus bases y, para lograr tal cometido, asume, entre otros, el compromiso de atacar a plenitud el fallo y, si de la vía indirecta de la causal primera se trata, le toca adelantar la labor de cotejar lo que en puridad emana de la probanza correspondiente con la conclusión que de ella, el juzgador haya extractado, por cuanto solo en esa eventualidad, podrá la Corte, dentro del marco de la crítica, anular la sentencia. En tal virtud, fracasar en tal intento, es, concomitantemente, dejar incólume la determinación recurrida, dando, por consiguiente, al traste con la impugnación.

Lo anterior, destácase, sin perjuicio de la independencia del juzgador en la valoración probatoria para tomar la decisión que corresponda, de manera que, sobre los elementos de convicción, en línea de principio, “sus conclusiones al respecto son intocables en este recurso extraordinario”. Por tanto, la providencia “no puede derribarse más que cuando el sentenciador se estrelló violentamente contra la lógica o el buen sentido común, evento en el cual no es nada razonable ni conveniente persistir tozudamente en el mantenimiento de la decisión so pretexto de aquella autonomía” (G.J., T. CCXXXI, pág. 644).

2. En el asunto a desatarse por la Sala, se encuentra que el ad quem avaló —aunque con motivaciones distintas— el proveído del a quo, luego de advertir que no se cumplieron los presupuestos que permiten acceder a la pretensión resolutoria, por cuanto que, es condición inexpugnable en el ejercicio de esa acción, el acatamiento demostrado del clausulado negocial que le era exigible al contratante que pretende hacer uso de ella.

2.1. Para arribar a esa conclusión, se apoyó el sentenciador de segunda instancia, a más de la jurisprudencia de esta Corte invocada en el fallo, de los medios de convicción incorporados al paginario, destacándose las copias de las facturas no canceladas que militan a folios 169 a 263, el contrato objeto de resolución, su anexo comercial y la confesión del representante legal de la actora. Así, dispuso el tribunal que “la notoria infracción de los deberes contractuales por parte de la sociedad Acostel, da al traste con la acción resolutoria contractual por ella impetrada y, consecuencialmente, con la pretensión indemnizatoria subsidiaria, pues como se indicó líneas atrás, la contravención de lo pactado le quita a la accionante el derecho para instar la resolución del contrato”.

2.2. Al recurrente, para desvirtuar ese dictado, no le bastaba con descalificar la evaluación que el tribunal en su soberanía hizo de las documentales aportadas; tampoco podía considerarse como suficiente la distorsión imputada “de las condiciones comerciales” que figuran en el negocio jurídico sub litis, el desconocimiento de los efectos del interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la demandada y de la testifical recaudada, en tanto que, cual lo ha reseñado la Corte, “las simples conjeturas, aunque acompañadas de alguna razón, no son bastantes a la casación, terreno en el que es preciso armarse de razones potísimas. (...) En casación no se triunfa con solo sembrar dudas, sino sobre la certeza del despropósito en que haya incidido el sentenciador de instancia” (Cas. Civil, Sent., mar. 27/2003. Exp. 7537).

3. Al efecto, sea necesario advertir, la necesidad de acometer sólo en lo pertinente, el estudio de las condiciones negociales pactadas, bajo el prisma de las reglas de hermenéutica contractual insertas en los artículos 1618 a 1624 del Código Civil y a partir de ahí establecer si la convocante desatendió sus propios deberes, pues ciertamente la sujeción al negocio jurídico es presupuesto de la acción resolutoria a que alude el artículo 1546 del Código Civil, además que en eso hizo consistir el casacionista su réplica por la ruta de la impugnación extraordinaria, dado que, según su juicio, en la sentencia combatida “se da por probado, sin estarlo, un incumplimiento contractual, error de hecho manifiesto por preterición de prueba”.

3.1. Pues bien, como se vislumbra, la cláusula primera del contrato rotulado el 21 de mayo de 2006 (fls. 2-15), que disciplinó el objeto del mismo, al igual que la octava, relativa a su observancia dispusieron: “Por el presente contrato las partes se obligan recíprocamente, Colombia Móvil a prestar el servicio de comunicación personal-PCS, a través de equipos terminales fijos y de acuerdo con las condiciones establecidas en los contratos de concesión, en la normatividad vigente, en el presente contrato y conforme a su disponibilidad y capacidad técnica y el cliente por su cuenta ofrecerá y prestará este servicio a usuarios finales en los puntos de venta de servicios autorizados. Dichas obligaciones, con las demás que se estipulan, se sujetan a los términos y condiciones previstos en este documento y sus anexos. (...). Cláusula séptima. Término. 7.1. El presente contrato tendrá una duración de un año, contado a partir de la legalización del mismo, prorrogable automáticamente por períodos sucesivos de (1) año (...) 7.2. Además de la terminación del contrato por expiración del plazo de vigencia contemplado en el numeral 7.1 anterior y del derecho de darlo por terminado en forma anticipado por mutuo acuerdo, cada una de las partes podrá poner término a este contrato por cualquiera de las siguientes causas: 7.2.2. Por iniciativa de Colombia Móvil. Colombia Móvil tendrá derecho a dar por terminado el presente contrato en cualquier momento y hacer cesar los servicios, exigiendo las prestaciones a que hubiere lugar y sin necesidad de declaración judicial, mediante comunicación escrita que será enviada al cliente, con una anticipación no menor a sesenta (60) días, sin que por ello quede obligado a reconocer o pagar multa o indemnización alguna. Igualmente, sin requerimiento privado o judicial Colombia Móvil podrá dar por terminado el presente contrato de inmediato y hacer cesar los servicios (...) Especialmente, sin requerimiento privado o judicial, Colombia Móvil podrá suspender o dar por terminado este contrato,(...) en cualquiera de las siguientes: (...) f. Cuando el cliente incumpla cualquiera de sus deberes y obligaciones derivados de la ley, del contrato, incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de intereses, competencia comercial y ética. (...) La terminación unilateral por iniciativa de Colombia Móvil se efectuará mediante comunicación escrita que permita acreditar su recibo, dirigida al cliente a la dirección registrada en este contrato. (...) Cláusula octava. Incumplimiento del contrato. 8.1. Las penas contempladas en este documento, su imposición y su pago, no extinguen las obligaciones a cargo del cliente, por lo que este no queda eximido de su cumplimiento. Asimismo, dichas penas y su pago, no excluyen el cobro de los perjuicios que hubiere sufrido Colombia Móvil como consecuencia de los incumplimientos del cliente. El cliente quedará en mora por no dar cumplimiento a sus obligaciones, sin necesidad de reconvención adicional, a la cual renuncia expresamente” (resaltado fuera de texto).

Nótese, en lo referido con esa declaración de voluntad, que al menos en lo que a su finalidad negocial atañe, aquella no merece reparo alguno ni tampoco advierte oscuridad en su contenido, lo mismo que las consecuencias fijadas y que resultaren de la contravención al pacto acorde con la previsión de las estipulaciones 7 y 8. De donde, ante lo diáfano del verbo consignado en su texto, no fuerza la realización de mayores elucubraciones para entender la dimensión que las partes le dieron a aquel. Es que, cuando el querer de los extremos de la relación ligacional se ve concretado en un acuerdo jurídico, quedando escritos en cláusulas nítidas, concretas y sin asomo de vaguedad que den lugar a equívocos, tiene que presumirse que las condiciones así concebidas corresponden al genuino pensamiento de aquellos, y por lo mismo, se torna inútil e inoficioso un esfuerzo hermenéutico más allá del expresado fidedignamente en el texto del contrato.

Así lo ha sentado esta corporación al esgrimir: “cuando el pensamiento y el querer de quienes concertaron un pacto jurídico quedan escritos en cláusulas claras, precisas y sin asomo de ambigüedad, tiene que presumirse que estas estipulaciones así concebidas son el fiel reflejo de la voluntad interna de aquellos y que, por lo mismo, se torna inocuo cualquier intento de interpretación (Cas. Civil, jul. 5/83, pág. 14, reiterada en Cas. Civil, ago. 1º/2002. Exp. 6907 y en fallo de 29 de julio de 2009. Exp. 2001-00588-01)” (Cas. Civil, sep. 8/2011, Exp. 2007-00456-01).

3.2. El establecimiento de las condiciones del negocio en general, al igual que la concreción de potestades y la generación de obligaciones, por excelencia, deriva del ejercicio del libre gobierno que tienen los ciudadanos para disciplinar sus intereses, designio que ha plasmado la Corte en estos términos: “Como es suficientemente conocido, uno de los principios fundamentales que inspiran el Código Civil es el de la autonomía de la voluntad, conforme al cual, con las limitaciones impuestas por el orden público y por el derecho ajeno, los particulares pueden realizar actos jurídicos, con sujeción a las normas que los regulan en cuanto a su validez y eficacia, principio este que en materia contractual alcanza expresión legislativa en el artículo 1602 del Código Civil que asigna a los contratos legalmente celebrados el carácter de ley para las partes, al punto que no pueden ser invalidados sino por su consentimiento mutuo o por causas legales” (Sent. Civil, mayo 17/95, Exp. 4512).

Naturalmente, en desarrollo de tal prerrogativa o en ejercicio del rol asumido, su titular detenta plena disposición para desligarse del derecho y deber de permanecer atado al vínculo; deshaciendo las cosas en igual manera en que se hicieron, por supuesto y necesariamente, al abrigo de la normatividad vigente y de los dictados de la convención, la que se erige frente a las partes en una verdadera fuente del derecho (C.C., art. 1602), por residir en ellas la soberanía y la garantía que le dispensa el ejercicio de la libre autonomía de la voluntad (C.P., art. 3º). En efecto, con tino se ha dicho que: “la idea del contrato y su obligatoriedad encuentran su fundamento en la idea misma de persona y en el respeto mismo que a ella le es debido. Ello implica el reconocimiento de un poder de autogobierno de los propios fines e intereses o un poder de autoreglamentación de las propias situaciones y relaciones jurídicas al que la doctrina denomina “autonomía privada” o “de la voluntad”(1).

4. Ahora, en el enjuiciamiento que se le hace al proveído de segundo grado, por presunto error de hecho nacido de la falta de apreciación de algunas pruebas y en la defectuosa valoración de otras, llama la atención —porque se echa de menos— que el opugnador en su demanda casacional singularizó el conjunto de probanzas y las dividió en aquellas que fueron inapreciadas y las otras que resultaron indebidamente evaluadas, pero solamente irrumpió en el análisis de las segundas (fls. 29 y ss. del cdno. de la Corte). De manera que frente a lo primero (falta de apreciación de pruebas), por haberse conformado el recurrente con enlistar lo que en su entender fueron los medios de convicción desprovistos de estudio, sin derivar cual era el aporte que cada una de ellos tendría para que se hubiere arribado a una conclusión distinta de la vertida en el fallo, se colige, sin más, que la trascripción de pruebas resultan insuficientes para aniquilar la sentencia.

5. En lo que corresponde al material probativo presuntamente evaluado en forma defectuosa, destacó el ataque: (i) las copias de facturas de venta obrantes a folios 169 a 263 del cuaderno 1; (ii) certificación soporte de cuentas de las facturas (fls. 167-168); (iii) el testimonio de Amparo Jaramillo, que según su juicio constituye un indicio de mentira (fl. 328 cdno. 1); (iv) documento de terminación del contrato que milita a folio 42 del cuaderno 1; (v) interrogatorio de parte rendido por el representante legal de Acostel (fls. 25-28 cdno. 3); (vi) el contrato y el anexo comercial (fls. 2-17 cdno. 1); (vii) derechos de petición (fls. 38, 89 cdno. 1) y los documentos vistos a folios 157 a 161 del cuaderno 1.

5.1. Como se dijo, el fundamento de la decisión combatida, consistió en advertir la infracción de la accionante frente a sus deberes convencionales, concretados en pagar “mensualmente un cargo fijo anticipado equivalente al valor del cupo. Para efectos de la facturación de los consumos no incluidos en el valor del cupo, Colombia Móvil, realizará su registro y tasación y enviará la respectiva factura” (cláusula 3.2), obligación que al cliente se le exigía pagar a la demandada “... dentro del período fijado en la factura como fecha máxima de pago y por los medios de pago establecidos...” (cláusula 3.4), so pena de la causación de intereses que ahí mismo se estipularon.

Adviértase, que en el caso que ahora ocupa la atención de la Corte en sede de la opugnación extraordinaria, lo cierto es que la foliatura vista en el plenario (fls 169 a 263 cdno. p.), da cuenta de las facturas de venta por concepto de servicios de telefonía celular que, al momento de la presentación de la demanda se encontraban insolutas, lo que se acreditó puesto que fueron arrimadas al expediente con el mismo libelo genitor, a más porque, obra igualmente la certificación emitida por la gerencia de crédito y recaudo de Colombia Móvil S.A. ESP (fls. 167, 168 cdno. p.), según la cual “A 21 de febrero de 2007, la Empresa Acostel con NIT 830081125 tiene una deuda con la compañía de $ 204.832.177. A continuación se relacionan las cuentas de facturación y saldos correspondientes que soportan la deuda total indicada, y se anexan las facturas correspondientes a las cuentas, aclarando que algunos de los saldos reflejados en estas facturas, pueden haber cambiado a razón de intereses o ajustes efectuados”, sumando el integral de las sesenta y cinco (65) facturas un total de doscientos cuatro millones ochocientos treinta y dos mil ciento setenta y siete millones de pesos ($ 204.832.177), constancia respecto de la cual no existe mérito para interpretarla como la fabricación de la propia prueba por parte de la entidad emplazada.

5.2. Es de destacar al respecto, merced a lo establecido en el último inciso de la cláusula tercera del negocio jurídico objeto de resolución, que Colombia Móvil tenía la potestad de rescindirlo, bastando que el cliente, en este caso Acostel, dejara de sufragar dos facturas, una inmediata a la otra. Al efecto, rezaba la señalada estipulación: “... En caso que el cliente deje de cancelar dos facturas consecutivas, Colombia Móvil podrá dar por terminado el contrato” (negrilla fuera de texto). Y en lo referido al asunto que se analiza, esa, la obligación fundamental de la parte actora consistente en pagar las facturas, no se satisfizo, dando lugar a la decisión de la convocada de liquidar el pacto con sujeción a lo dispuesto en él mismo.

5.3. Ciertamente, en el intento del casacionista por demostrar el cargo reprochado al proveído que clausuró la segunda instancia, éste apuntala su crítica en que el ad quem apreció defectuosamente tanto el total de las facturas como también el contrato y el anexo comercial, “recortándole el alcance” y haciendo una lectura “fragmentaria” de aquellos, en el sentido que la facturación estaba sujeta a una condición, consistente en que no fuera objetada o reclamada, dado que el anexo comercial al contrato celebrado entre Colombia Móvil y Acostel señalaba que “Las reclamaciones que por errores en la facturación sean radicadas por el cliente en las dependencias de Colombia Móvil dentro del plazo estipulado, serán atendidas prioritariamente y mientras son aclarados los errores expuestos, se suspenderán los plazos definidos para el pago y por tanto no habrá lugar a cobro de intereses de mora”, lo que se erigía en un complemento al convenio, que había previsto que “los cargos presentados en las facturas de cobro se consideran aceptados por el cliente si no se presenta objeción o reclamación dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo”.

De manera que, según su dicho, se cercenó por el juzgador, el contenido de las trece objeciones a las facturas de cobro realizadas por Acostel. Sin embargo, derechamente refulge que no habiéndose refutado el total de las facturas emitidas, se produjo el incumplimiento del acuerdo. Ahora, pese a que la comunicación con la que se pretendió finiquitar unilateralmente el contrato, como lo hizo la convocada a través de la carta que milita a folio 42 del informativo al enunciar: “En consideración a lo establecido en la cláusula octava del contrato de usuario (incumplimiento del suscriptor de las obligaciones de pago), nos permitimos manifestar que Colombia Móvil ha decidido dar por terminado el mencionado contrato. Nuestro departamento de cartera lo estará contactando para determinar las acciones tendientes a obtener el pago de las sumas debidas”, obsérvese que al menos hasta la fecha en que se presentó la demanda, se continuaron generando facturas, las mismas a que se refiere la gerencia de crédito y recaudo de Colombia Móvil a folios 167 y 168 del cuaderno p.

6. De similar manera, sea del caso acotar que, pareciese, las consecuencias del contrato materia de debate se prolongaron en el tiempo; de ahí que, se continuaran generando facturas aun después de la carta de cesación de efectos de septiembre 30 de 2004 (fl. 42). Baste ver que los importes de las facturas arrimadas obrantes a folios 168 a 233, son del año 2005 en adelante; a más que ninguna otra explicación tiene, que el ad quem al ratificar lo dispuesto por el a quo, no lo hizo por las razones que esa agencia judicial consignó, esto es, la imposibilidad de suplicar la resolución de un contrato ya finalizado unilateralmente, sino por, como se asentó, el desconocimiento de las propias obligaciones del demandante consistentes en pagar las antedichas facturas.

7. Ahora, el tribunal cumplió su laborío de valorar las probanzas, e incluso, sobre el alcance de la “condición” alegada en el recurso de casación, consistente en que no fueran rebatidos por Acostel dentro de los diez días siguientes a su recibo, precisó que en lo que corresponde al pago de las facturas, ninguna significación tiene la no entrega de soportes magnéticos enrostrados a la demandada, “pues ... su objeto de facilitar la verificación de los cobros efectuados a la entidad accionada, bien pudo suplirse con los soportes físicos recibidos por los asociados de Acostel que, en sus propias palabras, incluso le permitieron efectuar reclamaciones por errores en la facturación”.

7.1. Igualmente explicó el tribunal, refiriéndose a la disposición contractual en que funda el recurrente su ataque, que “tal estipulación, por sí misma, no basta para justificar el incumplimiento de la obligación de pago a cargo de Acostel, pues nótese que no existe prueba en el plenario que dé cuenta sobre algún reclamo relacionado con indebida facturación o el cobro injustificado de sumas de dinero directamente vinculadas con las facturas no canceladas que dieron lugar a la decisión de la empresa de telefonía celular de terminar el contrato de prestación de servicios”.

Y tan esto último es verdad, que las “objeciones” y “reclamos” en que estribaron la censura, no eran pretexto suficiente para abstenerse de acatar su obligación fundamental: pagar el importe de las cuentas vencidas. Obsérvese que varias de las pruebas que describe el impugnante, como las relacionadas a folio 20 de su escrito y que fueron el basamento de su recurso, versan sobre documentales en las que la parte actora manifestó diversos puntos de vista, quejas e inconformidades respecto del contrato y su ejecución, contenidas entre otros, en derechos de petición y solicitudes de acaecimiento del silencio administrativo positivo —los que en todo caso no eran aplicables por no tratarse de un contrato de condiciones uniformes— inadvirtiendo, además, que solamente unos muy pocos de los trece documentos especifican una objeción puntual sobre las facturas emitidas por OLA, Colombia Móvil, como se desprende por ejemplo, de aquellos que se aprecian a folios 38, 340, 351 y 400.

7.2. No ocurre lo mismo, empero, con el oficio visto en las páginas 391 y 392 del informativo, concerniente a la respuesta de 13 de junio de 2005 en el que se pronunció la demandada sobre una solicitud de acaecimiento del silencio administrativo positivo, cuando —para destacar la inaplicabilidad de la referida figura— en una actuación gubernativa análoga, adelantada por la Superintendencia de Industria y Comercio (fls. 234 y 235), la entidad archivó un trámite sancionatorio seguido por Acostel como quejoso contra Colombia Móvil, luego de que precisara: “Que el silencio administrativo positivo previsto en el artículo 158 de la ley 142 de 1994, sólo es aplicable en aquellos eventos en que las pretensiones contenidas en la petición, queja, reclamo o recurso de reposición sean susceptibles de ser tramitados bajo el procedimiento en sede de empresa contemplado en el (...), tal como lo prevé la circular única de esta superintendencia”. Idéntica prédica ha de realizarse en relación con el memorial de abril 16 de 2005 (fls. 405, 406) contentivo de un recurso de reposición y subsidiario de apelación frente al oficio de 21 de marzo de ese mismo año, referencia 02-611280841-0.

7.3. Y qué decir de la solicitud de reunión a que se refiere el oficio de 10 de febrero de 2005 (fl. 349), a efectos de tratar las “inconsistencias que se han venido presentando...”. Incluso, de esos diversos reparos que la crítica denomina “objeciones”, la documental lo que demuestra es igualmente una respuesta por parte de Acostel, en la que refuta la decisión de terminación unilateral que en su momento realizó la demandada. Así, a folio 45 se encuentra el texto que el casacionista insiste en apuntalarlo como una verdadera “objeción” a la factura cuando realmente este señala lo que sigue: “Por medio de la presente, me dirijo a usted como ejecutiva de cuenta designada para atender lo pertinente al contrato suscrito entre las partes, para ratificarle nuevamente nuestra inconformidad con la medida tomada en forma unilateral y arbitraria por parte de esa entidad al cancelarnos el contrato y suspendernos el servicio de las líneas asignadas a los planes OLA fijos a partir del pasado 4 de octubre, con el consiguiente perjuicio económico y comercial que está afectando día a día a cada uno de nuestros centros de telecomunicaciones (...).

7.4. Todas esas “reclamaciones” y “objeciones”, al ser desconocidas e indebidamente ponderadas presuntamente por el tribunal, dieron lugar a lo que el recurrente denominó: “la presencia de un hecho indiciario”, que “existen elementos serios e idóneos para construir un indicio de mentira”, de donde “se infieren unas consecuencias”, expresiones que no resultan diamantinas o concluyentes para la estructuración del yerro denunciado y por tanto no son suficientes dentro del ámbito de excepción propio de la casación, debido a que es esta, bien se sabe y como parece olvidarse, un vehículo impugnativo que aparte de sus técnicos rasgos característicos, limita los medios que son legítimos utilizar para revisar la sentencia de que se trata; por eso ha dicho Carnelutti que aquella “suscita fundamentalmente un solo problema que técnicamente consiste en encontrar los límites dentro de los cuales es lícito admitir, después de la apelación, una renovación del proceso, con el fin de garantizar la justicia de sus resultados, limitación que se traduce en la necesidad de no declarar viable el recurso más que cuando existen determinados motivos que hagan posible y más grave la injusticia de la sentencia”(2).

Se hizo la acotación antepuesta por cuanto, como lo que reclama aquí el casacionista es que se hubiera echado de menos la prueba indiciaria, recuérdese que sobre este medio, a voces del artículo 248 de enjuiciamiento civil, para que un hecho pueda considerarse como indicio, “deberá estar debidamente probado en el proceso”, el mismo que según el canon 250 ibídem se apreciará en conjunto con otros y “teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso”.

No son, entonces, las acusaciones del recurrente, en punto a lo que él considera una prueba de indicio, lo precisamente claras para derivar en ella la entidad del supuesto que se desconoce.Tiene dicho la Sala sobre este medio probativo que: “Naturalmente, los indicios por si mismos carecen de entidad, como que a partir de algo conocido y por virtud de una operación apoyada en las reglas de la lógica y en las máximas de experiencia, se establece la existencia de una cosa desconocida. Por eso, si del hecho indiciario no se tiene un convencimiento pleno, la deducción viene a ser ‘contraevidente, siendo menester determinar la proximidad entre el ‘factum probandum y el factum probans’, tanto ‘más ceñida a la lógica y a las máximas de la experiencia se vea la inferencia, mayor será la significación probatoria del indicio’ y, por consiguiente, la concurrencia o simultaneidad de inferencias o conclusiones diversas generan duda y restan mérito al indicio” (resaltado fuera de texto) (Cas. Civil, Sent., mar. 12/92), (Cas. Civil, jun. 30/2008, Exp. 1998 00363).

Es por eso que aquí, debe nuevamente recordarse, no es suficiente replantear el debate probatorio, para intentar darle a las pruebas un alcance distinto al otorgado por la justicia de las instancias, ya que, insistentemente lo ha advertido la Sala, “la discusión asume otros perfiles, porque aquella reconstrucción histórica que hace el tribunal en relación con los hechos debatidos, ha de prevalecer sobre la que intentan hacer las partes en el estrado de la Corte, en tanto que según se ha dicho desde antaño, se predica del fallo la presunción de acierto y, por lo mismo, se da por averiguado que las pruebas fueron correctamente contempladas (...)” (Cas. Civil, mayo 25/2010 Exp. 1998 00467).

Igualmente desatinado fue pretender que se acreditara el indicio en cuanto al supuesto “error manifiesto del sentenciador, (...) al negar la existencia clara, concreta y precisa del hecho indicador (hecho ilícito de Colombia Móvil violar el contrato y la ley), y abstenerse de extraer de este la inferencia que lógicamente corresponde; construye una premisa contra evidente, y es que traslada (...) la carga de la prueba a Acostel (...)”; en tanto que se desconoció el derecho de la convocante a presentar reclamaciones a la facturación dentro de los diez días siguientes al recibo. Obsérvese además, que adicionalmente a la jurisprudencia del Consejo de Estado, invocara el casacionista una normativa apenas en “proyecto” que la “CRT inició en el mes de agosto de 2006” acorde con la cual el artículo 2º de aquella, establece el principio de favorabilidad en beneficio del suscriptor en todas sus relaciones con el operador; alegato que amen de no venir al caso, llama la atención se invoque por ser una disposición desprovista de eficacia jurídica al no haberse agotado respecto de ella la totalidad del trámite legislativo.

8. En lo que atañe al presunto error del tribunal al abstenerse de apreciar los hechos 17, 18 y 19 de la contestación de la demanda, que según el libelista develan una confesión (fl. 240 cdno. 1), la versión señaló: “No es cierto. Colombia Móvil si respondió algunas de esas peticiones presentadas por Acostel, sin tener la obligación legal de hacerlo, pues como ya lo hemos precisado entre Colombia Móvil y Acostel no se suscribió un contrato de condiciones uniformes o de usuario, sino un contrato de reventa de minutos, por lo tanto, los mencionados derechos de petición y recursos administrativos presentados por la demandante no eran pertinentes, ni necesarios en este caso particular”. Y de esa atestación, plantea el memorialista que fue despreciada la revelación que hizo la parte emplazada, equivocación del juzgador ad quem por ignorar nuevamente la presencia de un “indicio”, en el sentido de que la postura de no contestar a su contraparte las objeciones va contra el contrato y la ley, trasladando por consiguiente la carga de la prueba de la obligación a Colombia Móvil S.A.

Sea suficiente indicar que en cuanto a la configuración del “indicio”, los argumentos se hallan como se precisó en líneas precedentes, igualmente desprovistos de la acreditación de la entidad del supuesto desconocido para arribar a aquel. Además, cómo decir que se incumplió un contrato cuando no se respondieron todas las peticiones elevadas respecto al monto de las facturas sí, en primer lugar, los institutos gubernativos, también como se zanjó anteriormente, no son propios de una convención de reventa de minutos, sino del pacto de condiciones uniformes o de usuario. En segundo lugar, la posibilidad de objetar las facturas bien derivaba del contrato, pero ya se expresó cómo, la mayoría de las críticas que el actor denominó “objeciones” y “reclamaciones” no revestían tal connotación.

No se demostró tampoco, que las facturas del contrato hayan sido incorrectamente generadas o se estuvieran cobrando valores injustificados, encontrándose vigente la obligación que sobrevenía, esto es, pagar su importe, lo que evidentemente no aconteció.

9. Habida cuenta de lo reseñado, y estando probado el incumplimiento contractual por parte de Acostel, al no pagar las facturas militantes en el expediente, tenía razón el tribunal en ratificar lo dispuesto por el primer grado, no importa que se esgrimieran razones distintas, por cuanto lo que se arguyó por el a quo fue que no se satisfizo un presupuesto de la acción de resolución prevista en el canon 1546 sustantivo civil: la inexistencia misma del contrato, distinto al argumento que soportó la sentencia enjuiciada: la infracción de la convocante para observar sus propios deberes. Es una manera de abrirle paso al principio general del derecho, formulado de tiempo atrás por los jurisconsultos romanos conocido como “nemo auditur propriam turpitudinem allegans”, dado que los ciudadanos que con desconocimiento del citado postulado pretendan acudir a la judicatura, “son indignos de ser escuchados por la justicia” (Sent. Cas. Civil, jun. 23/58. G.J. LXXXVIII, 232). Así, en el punto materia de examen, nada más constitutivo de una culpa propia para intentar acudir al artículo 1546, que infringir el proporcionado deber de lealtad al pacto, relacionado con la sujeción a la obligación principalísima que asumió la aquí accionante.

A su turno, ha expresado la Corte a propósito de la demanda de resolución: “según los preceptos civiles se tiene que en un contrato bilateral en que una de las partes está libre de incumplimiento de las obligaciones de su cargo, por cuanto ha cumplido con las suyas o ha estado dispuesto a cumplirlas, tiene el derecho alternativo para pedir la resolución del contrato o el cumplimiento del mismo, en ambos casos con indemnización de perjuicios, lo cual se traduce en que el titular de las acciones alternativas de resolución o cumplimiento, por el aspecto activo lo es el contratante cumplido o que se ha allanado a cumplir con las obligaciones que le corresponde (...)” (Cas. Civil, mar. 4/91), posición igualmente reiterada cuando se precisó: “... no hay lugar a la resolución de este linaje en provecho de la parte que sin motivo también ha incurrido en falta y por tanto se encuentra a su vez en situación de incumplimiento jurídicamente relevante...” (Cas. Civil, dic. 1º/93).

No sobra memorar que la posición arriba trasuntada, ya depurada entre nosotros, es la misma que se observa en ordenamientos foráneos similares al patrio, donde su doctrina ha enseñado: “Con la celebración de un contrato sinalagmático se establece un determinado equilibrio entre las obligaciones contrapuestas de las partes que intervienen en él, y en la preservación de tal equilibrio desempeña papel relevante la fidelidad de ambos contratantes al principio de la ejecución de buena fe que consagra el artículo 1160 del Código Civil venezolano. (...) Por lo tanto, el contratante que invoca el incumplimiento de su cocontratante para que se sancione a este con la pérdida de los beneficios que le deparaba el contrato, debe, por su parte, haber permanecido él mismo leal al contrato. (...)(3) (resaltado fuera de texto).

10. Por último, a propósito de la deponencia rendida por el señor César Enrique Serrano Yepes, en calidad de representante legal de la actora, aquel manifestó en el interrogatorio de parte visto a folio 26 que “... desde que ingresé el 1º de diciembre de 2004, Acostel tenía vigente el contrato con Colombia Telecomunicaciones Telecom y tengo entendido que cada asociado sacaba planes de telefonía móvil con los operadores Movistar o Bell South en su momento y Comcel”. Frente a esta, el tribunal consideró que la manifestación antedicha revelaba un abierto desconocimiento de la prohibición incorporada en la cláusula 2.6 del acuerdo, que le impedía a las empresas controladas por Acostel “contratar servicios iguales o similares a los servicios objeto del presente contrato, a otra persona, natural o jurídica, que preste servicios de comunicaciones móviles en Colombia”, pero consideró el opugnador que “tozudamente al ad quem” tomó como cierto algo que no sucedió por cuanto mutiló la declaración “aceptando lo desfavorable y ocultando lo favorable”.

Sin embargo, y en gracia de aceptarse como cierta la crítica en este aspecto, con la documental analizada, de todas maneras, se vislumbra la inobservancia de la fidelidad debida al contrato, de ahí que el convencimiento del tribunal acerca de aquella no devino única y exclusivamente del alcance conferido a la versión del representante de Acostel, sino, también, y fundamentalmente, de las facturas que no se cancelaron y que, iterase, fueron la base para que el extremo pasivo terminara unilateralmente el convenio, como se observa a folio 42 del cuaderno 1, tornándose el cargo intrascendente, aunque igualmente se hayan seguido generando facturas.

En este orden de ideas, por no haberse arrasado todos los pilares del fallo, ni siquiera el elemental con que se fundamentó el proveído objeto de la crítica, consistente en que Acostel mal podía acudir a la justicia a términos del artículo 1546 del Código Civil, cuando ni siquiera cumplió el objeto toral del negocio: pagar las facturas según concluyó la sentencia acusada, es necesario recordar “que en tratándose de la causal primera de casación, cuando la sentencia atacada se apoya en varios puntales, es necesario y adicionalmente imprescindible, que se combatan todos ellos para poder invalidarla, ya que si el ataque no involucra el grueso de los sustentos que le sirven de basamento, o si aún haciéndolo queda por lo menos uno que sea suficiente para respaldar el fallo, este no puede ser quebrado (...)” (Cas. Civil, Auto, nov. 8/2011, Exp. 2005-00501-01, entre otros). Y aquí, entonces, repítase, no se derruyeron todos los argumentos en que se fundamentó el fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.

Puestas así las cosas, el ataque no se abre paso.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NO CASARla sentencia proferida el 5 de agosto de 2011, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario de resolución de contrato identificado en el prefacio de esta providencia.

Se condena en costas del recurso de casación al recurrente. Por concepto de agencias en derecho inclúyase la suma de seis millones de pesos ($ 6.000.000) m/cte.

Notifíquese.»

(1) Diez-Picazo, Luís. Fundamentos del derecho civil patrimonial. Tomo I. Introducción teoría del contrato. Editorial, Civitas. Madrid. 1996. Pág. 127.

(2) Citado por De la Plaza, Manuel. La Casación Civil. Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid. Págs. 39 y 40.

(3) Orsini Mélich, José. La resolución del contrato por incumplimiento. Editorial Temis, Bogotá-Caracas 1982, segunda edición. Pág. 220.